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Corte Constitucional - Control de Constitucionalidad

Contiene corte constitucional - autos y sentencias expedidas por la entidad seleccionada, organizadas por orden cronológico.

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Control de Constitucionalidad

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2021

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-119 de 2021

Sentencia de Control de Constitucionalidad de la Ley 1997 de 2019, "por medio del cual se establece un régimen especial y excepcional para adquirir la nacionalidad colombiana por nacimiento, para hijos e hijas de venezolanos en situación de migración regular o irregular, o de solicitantes de refugio, nacidos en territorio colombiano, con el fin de prevenir la apatridia" - [Resumen automatizado: El problema jurídico planteado es si la expresión demandada es contraria a las citadas disposiciones constitucionales, al otorgar a favor de las hijas e hijos de personas venezolanas, migrantes o solicitantes de refugio, nacidas en Colombia entre el 1 de enero de 2015 y el término de vigencia de la Ley 1997 de 2019, un tratamiento preferente respecto de aquellas otras cuyos padres y madres no comparten este origen nacional, para efectos del reconocimiento de la nacionalidad colombiana por nacimiento, como medida para evitar el riesgo de apatridia. || En primer lugar, persigue una finalidad constitucional imperiosa al precaver el riesgo de apatridia que enfrentan las hijas e hijos de personas venezolanas solicitantes de refugio o en situación migratoria regular o irregular, que han nacido en territorio colombiano entre el año 2015 y el término de vigencia de la Ley 1997 de 2019. || En segundo lugar, es idónea o efectivamente conducente, ya que al presumir la residencia y ánimo de permanencia en Colombia de las personas de nacionalidad venezolana migrantes o solicitantes de refugio, cuyos hijos e hijas hubiesen nacido en territorio colombiano en el término de vigencia de la ley demandada5, facilita el reconocimiento de la nacionalidad por nacimiento a favor de estas niñas y niños, de manera compatible con el literal a) del numeral 1 del art.]

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2014

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-267 de 2014

Exequible la Ley 1605 de diciembre 21 de 2012, por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de entre la República de Colombia y la Organización para la prohibición de las de armas químicas sobre privilegios e inmunidades de la OPAQ" - [Resumen automatizado: En razón a la vacancia judicial, en enero 11 de 2013 la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República remitió a esta corporación, en cumplimiento de lo ordenado en el numeral 10° del artículo 241 de la Constitución, copia auténtica de la Ley 1605 de diciembre 21 de 2012 “Por medio de la cual 'se aprueba el 'Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización para la prohibición de las armas químicas sobre privilegios e inmunidades de la OPAQ', hecho en La Haya el 12 de septiembre de 2006”. || El Gobierno Nacional remitió a esta corporación en enero 11 de 2013, copia auténtica de la Ley 1605 de diciembre 21 de 2012, “Por medio de la cual se aprueba el 'Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización para la prohibición de las armas químicas sobre privilegios e inmunidades de la OPAQ', hecho en La Haya el 12 de septiembre de 2006”, para su control constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 241 numeral 10° de la carta política, dentro del término de los seis días siguientes a su sanción, previsto en la citada disposición.]

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2013

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-910 de 2013

Sentencia de Control de Constitucionalidad de la Ley 1604 de 2012, "por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre Municiones en Racimo", hecha en Dublín, República de Irlanda, el treinta (30) de mayo de dos mil ocho (2008)" - [Resumen automatizado: Dicho control se caracteriza por ser�(i)�previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental;�(ii)�automático, pues debe ser enviado directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental;�(iii)�integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional;�(iv)�tiene fuerza de cosa juzgada;�(v)es una condición�sine qua non�para la ratificación del correspondiente acuerdo; y�(vi)�cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano. || En el análisis material de la Convención sobre Municiones en Racimo, la Sala hizo un recuento de sus antecedentes, resaltando su proceso de construcción a través de múltiples conferencias mundiales y regionales, en las que los Estados resaltaron la importancia de este instrumento, como un medio para lograr la erradicación de un tipo de arma que genera graves violaciones a los derechos de la población civil, tanto en tiempo de paz como en el marco de un conflicto.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-622 de 2013

Sentencia de Control de Constitucionalidad de la Ley 1588 de 2012, "por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre el Estatuto de los Apátridas", adoptada en Nueva York, el 28 de septiembre de 1954 y la "Convención para reducir los casos de Apatridia", adoptada en Nueva York, el 30 de agosto de 1961" - [Resumen automatizado: La Corte encuentra que se ajusta a los postulados constitucionales relativos a la integración con otros Estados, a la soberanía nacional y a la autodeterminación, el deber del Estado garantizar el respeto por la dignidad humana, la solidaridad de las personas que la integran, el deber de las autoridades de proteger a todas las personas residentes en Colombia, de garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales, así como la protección de los derechos de los extranjeros y de las normas sobre la nacionalidad, a la facultad del Presidente de la República de dirigir las relaciones internacionales, a la potestad de configuración legislativa en materia de contribuciones fiscales, a la función de aprobar o improbar los tratados que celebre el Gobierno Nacional con otros Estados y a la efectividad de los principios y derechos consagrados en la Constitución, así como con el deber de protección de la vida de todos las personas residentes en Colombia.]

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2012

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-944 de 2012

Sentencia de Control de Constitucionalidad de la Ley 1573 de 2012, aprobatoria de la "Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales", adoptada por la Conferencia negociadora en París, el 21 de noviembre de 1997 - [Resumen automatizado: La Ley 1573 de 2012 “Por medio de la cual se aprueba la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales”, adoptada en la ciudad de París, el 21 de noviembre de 1997 cumplió con el trámite necesario para su aprobación y es plenamente compatible con la Constitución Política de Colombia, constituyendo además un instrumento muy importante para la lucha contra la corrupción y la tutela de intereses fundamentales para el Estado colombiano como son los principios de la función pública, la transparencia, la imparcialidad, la objetividad y la libre competencia. || Señala que la "Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales" y su ley aprobatoria fueron remitidas de manera oportuna a la Corte Constitucional, pues la Ley 1573 fue sancionada por el Presidente de la República el dos (2) de agosto de 2012 y enviada el 3 de agosto a esta Corporación, es decir, dentro de los seis (6) días hábiles siguientes a la sanción de la ley, tal como ordena el numeral 10º del artículo 241 de la Constitución Política.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-767 de 2012

Sentencia de Control de Constitucionalidad de la Ley 1516 de 2012, "por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales", firmada en París el 20 de octubre de 2005" - [Resumen automatizado: Con base en lo dispuesto en el artículo 241-10 de la Carta Política, mediante oficio radicado en la Secretaría General de esta Corporación el 8 de febrero de 2012, la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República remitió copia auténtica de la Ley 1516 del 6 de febrero de 2012, "por medio de la cual se aprueba la Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales", firmada en París el 20 de octubre de 2005", para efectos de su revisión constitucional. || El Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitó a la Corte declarar la exequibilidad de la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, aprobada en París, en la 33ª sesión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, el día 20 de octubre de 2005, y de la Ley 1516 de 2012 que la aprueba.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-316 de 2012

Sentencia de Control de Constitucionalidad de la Ley 1460 de 2011, "por medio de la cual se aprueba la "Convención Interamericana para facilitar la asistencia en casos de desastre", adoptada en Santiago, Chile, el 7 de junio de 1991" - [Resumen automatizado: En nombre del Gobierno Nacional, y en cumplimiento de los artículos 150 numeral 16; 189, numeral 2 y 224 de la Constitución Política de Colombia, presentamos a consideración del honorable Congreso de la República, el proyecto de ley, por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana para Facilitar la Asistencia en Casos de Desastre”, adoptada en Santiago, Chile, el 7 de junio de 1991. || El control de constitucionalidad de los tratados públicos y de las leyes que los aprueban, presenta las siguientes características[2]: “(i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano.”]

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2011

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-620 de 2011

Revisión de constitucionalidad de la Ley 1418 del 1o. de diciembre de 2010, por medio de la cual se aprueba "la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas", adoptada en Nueva York el 20 de diciembre de 2006 : Exequible - [Resumen automatizado: Parte de unas consideraciones previas en las que reconoce el tipo de violación de derechos humanos que constituye la desaparición forzada, el interés del Estado colombiano por desarrollar mecanismos para garantizar la prevención, sanción y erradicación de tal delito, manifiesto entre otras en la suscripción de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. || Se introduce su exposición señalando que el instrumento internacional incorporado en el derecho interno por dicha ley "obliga a los Estados partes de él a investigar, juzgar y sancionar el delito de desaparición forzada de personas, otorga garantías a quienes han sido víctimas (directas o indirectas) de dicho delito, y establece un órgano especializado encargado de interpretar y aplicar la Convención", lo cual resulta conforme con las disposiciones de la Constitución y con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia que hacen parte del bloque de constitucionalidad. || Este régimen es constitucional no sólo por lo establecido en la sentencia C- 580 de 2002, donde la Corte analizó la constitucionalidad de la imprescriptibilidad de la acción penal frente al delito de desaparición forzada de personas prevista en la Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas, sino también porque "es compatible con las obligaciones internacionales del Estado y con los principios y derechos fundamentales reconocidos en nuestra CP."]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-399 de 2011

Inexequible Ley 1410 de 2010, aprobatoria del "Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte", por incurrirse en un vicio de forma en la aprobación de la ley - Falta de anuncio previo - [Resumen automatizado: La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, mediante oficio recibido el 16 de septiembre del año en curso, remitió a esta Corporación copia auténtica de la Ley 1410 de 2010 “Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte”, adoptado en Asunción (Paraguay), el 8 de junio de 1990 en vigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos OEA”, para que de conformidad con lo previsto en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución, la Corte decida sobre la exequibilidad del tratado internacional y su ley aprobatoria.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-187 de 2011

Sentencia de Control de Constitucionalidad de la Ley 1411 de 2010, "por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo en Materia de Informes Anuales sobre Derechos Humanos y Libre Comercio entre la República de Colombia y Canadá", hecho en Bogotá el día 27 de mayo de 2010 - [Resumen automatizado: "Segundo.- Por Secretaría General, SOLICITAR a los Secretarios Generales de Senado y Cámara de Representantes respectivamente que, en el término de cinco (5) días contados a partir de la recepción de la respectiva comunicación, envíen a esta Corporación copias auténticas del expediente legislativo del proyecto que culminó con la expedición de la ley 1411 de 2010, "Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo en materia de informes anuales sobre derechos humanos y libre comercio entre la República de Colombia y Canadá hecho en Bogotá el veintisiete (27) de mayo de 2010", y se sirvan, adicionalmente, a : i) certificar con exactitud cada uno de los quórum deliberatorios y decisorios con los cuales fue aprobada en cada uno de los debates la mencionada Ley; ii) certificar el partido político, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos al que pertenecen (o pertenecían) los ponentes escogidos para la realización de cada una de las ponencias; iii) enviar, en medio magnético y por escrito indicando en este último caso las páginas correspondientes-, las Gacetas del Congreso donde aparezcan publicados los anuncios de que trata el Acto Legislativo 01 de 2003; iv) enviar, en medio magnético y por escrito indicando en este último caso las páginas correspondientes-, las ponencias de cada debate y los textos aprobatorios de las mismas; v) de ser pertinente, remitir, en medio magnético y por escrito indicando en este último caso las páginas correspondientes-, los textos conciliados y sus respectivas aprobaciones en plenarias.]

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2010

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-293 de 2010

Sentencia de Control de Constitucionalidad de la Ley 1346 de 2009, "por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad", adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006" - [Resumen automatizado: El día 11 de agosto de 2009 el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República remitió a esta corporación, en cumplimiento de lo ordenado en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución, copia auténtica de la Ley 1346 de julio 31 de 2009, “Por medio de la cual se aprueba la 'Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad' adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006”. || Los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan con arreglo a la definición del artículo 2o de la presente Convención, entre ellas: || En Colombia, si bien existen normas anteriores a 1991 que podrían ser entendidas como acciones afirmativas, este concepto gana espacial notoriedad sobre todo a partir de la entrada en vigencia de la nueva Constitución Política, cuyo artículo 13 resalta el deber del Estado de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas a favor de los grupos discriminados o marginados.]

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2009

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-638 de 2009

Sentencia de Control de Constitucionalidad de la Ley 1282 de 2009, "por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la Obtención de pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial", hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970" - [Resumen automatizado: El convenio cuya aprobación se formaliza mediante la Ley 1282 de 2009 fue suscrito en su momento sin la participación del Estado colombiano, razón por la cual procedería la eventual adhesión de éste, de conformidad con lo previsto en el mismo convenio y en las normas internacionales sobre la materia, particularmente la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, siendo impartida su aprobación ejecutiva y ordenado someterlo a consideración del Congreso para su aprobación, por parte del Presidente de la República, acto que tiene el efecto de expresar la intención y el interés del Presidente de la República, en adherir a este convenio multilateral a cuya suscripción no concurrió el Estado colombiano. || El convenio tiene por objeto, contribuir a la eficacia de la cooperación entre autoridades judiciales de distintos países en materia de derecho civil y comercial, facilitando el envío y ejecución de cartas rogatorias, siendo su propósito general el de ofrecer a los ciudadanos y personas residentes de los Estados signatarios, mecanismos que simplifican la práctica de pruebas en casos que involucran personas, bienes y/o legislaciones de distintos Estados, en el que las instituciones previstas funcionan dentro de un marco de equidad, mutua reciprocidad y respeto a la soberanía de los Estados signatarios, y las ventajas que de él resultan podrán ser aprovechadas, en plena igualdad de condiciones, tanto por ciudadanos colombianos como por nacionales de otros países, que en uno u otro caso hayan establecido relaciones jurídicas que deban regirse, total o parcialmente, por el derecho colombiano.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-615 de 2009

Sentencia de Control de Constitucionalidad de la Ley 1214 de 2008, "por medio de la cual se aprueba el Acuerdo para el Desarrollo Integral y Asistencia Básica de las Poblaciones Indígenas Wayúu de la República de Colombia y de la República de Venezuela, firmado en Caracas a los tres (3) días del mes de mayo de mil novecientos noventa (1990)" - [Resumen automatizado: El tema de la realización de la consulta previa a las comunidades indígenas en materia de leyes aprobatorias de tratados internacionales es novedoso en la jurisprudencia constitucional colombiana, y dado el carácter complejo y el proceso de incorporación que comprende las etapas de: (i) negociación del tratado a cargo Jefe de Estado o su representante; (ii) suscripción del instrumento internacional; (iii) aprobación congresional; (iv) control de constitucionalidad sobre la ley aprobatoria y el tratado a cargo de la Corte; (v) ratificación; (vi) entrada en vigencia en el orden internacional; y (vii) entrada en vigor en el orden interno mediante la publicación de la ley en el Diario Oficial, requiriéndose, a veces, de la posterior adopción de medidas administrativas o legislativas internas, a efectos de ejecutar los compromisos internacionales asumidos, medidas que son de simple ejecución, no pudiendo modificar las obligaciones internacionales originalmente contraídas, siendo además susceptibles de ser controladas de conformidad con las vías procesales pertinentes, por lo que, con base en los principios de buena fe y de eficacia que debe orientar la realización de la consulta, y con propósito de que se pueda realmente adelantar un verdadero diálogo intercultural, se puede afirmar que ésta debe llevarse a cabo antes del sometimiento del instrumento internacional, por parte del Presidente de la República, al Congreso de la República, pudiendo entonces realizarse o bien durante la negociación, mediante la creación por ejemplo de mesas de trabajo, caso en el cual las comunidades indígenas podrán aportar insumos a la discusión del articulado del instrumento internacional o manifestar sus preocupaciones frente a determinados temas que los afectan; o ya cuando se cuente con un texto aprobado por las Partes, es decir, luego de la firma del tratado, caso en el cual, la consulta podría llevar a la necesidad de renegociar el tratado.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-379 de 2009

Sentencia de Control de Constitucionalidad de la Ley 1206 de 2008, "por medio de la cual se aprueban las "Enmiendas a la Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM", adoptadas mediante Resolución número 997 (LXXVI) del Consejo de la Organización Internacional para las Migraciones, aprobada en su 421ª Sesión, en Ginebra, Suiza, el 24 de noviembre de 1998" - [Resumen automatizado: Desde el punto de vista formal la Ley 1206 de 2008 cumplió el procedimiento legislativo previsto en la Carta Política y en la Ley 5ª de 1992, toda vez que conforme el artículo 154 CP, el proyecto de ley inició su trámite en el Senado; se respetaron los términos constitucionales de 8 y 15 días entre debates a que se refiere el artículo 160 CP; se dio cumplimiento a la obligación de realizar la publicación oficial por el Congreso del proyecto y de la ponencia antes de darle curso en la comisión respectiva, a que se refiere el numeral 1 del artículo 157 CP; las votaciones se dieron por mayoría o por unanimidad estando reunido el quórum requerido, conforme la exigencia constitucional y se cumplió el requisito del anuncio previo de que trata el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003. || En cuanto al cumplimiento de los requisitos de trámite que deben cumplir tanto el tratado como la ley aprobatoria, el Procurador General de la Nación afirma que éstos se cumplieron a cabalidad: Las enmiendas fueron adoptadas conforme al procedimiento previsto en la Constitución de la OIM, el Presidente impartió la aprobación ejecutiva, el proyecto inició el trámite por el Senado de la República, el proyecto de ley y las ponencias fueron publicados en la Gaceta del Congreso, los anuncios para votación se hicieron conforme al artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, la votación del proyecto se produjo en la sesión señalada en el anuncio previo, los términos entre debates se respetaron y el proyecto de ley aprobado fue sancionado dentro de los términos constitucionales.]

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2008

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-799 de 2008

Sentencia de Control de Constitucionalidad de la Ley 1156 de 2007, "por medio de la cual se aprueba el "Protocolo adicional al Acuerdo entre la República de Colombia y el Organismo Internacional de Energía Atómica para la aplicación de salvaguardias en relación con el tratado para la proscripción de las armas nucleares en la América Latina", hecho en Viena a los 11 días del mes de mayo de 2005" - [Resumen automatizado: El protocolo adicional al Acuerdo entre la República de Colombia y el Organismo Internacional de Energía Atómica para la aplicación de salvaguardias en relación con el tratado para la proscripción de las armas nucleares en la América Latina se inscribe dentro de los valores, principios y normas rectoras de la actividad estatal, establecidos en el Preámbulo y en la Constitución Política, y constituye un instrumento que asiste al Estado colombiano en el deber de prevenir el uso indiscriminado de armas nucleares dentro de un ambiente internacional caracterizado por los esfuerzos para impedir toda forma de conflicto bélico. || En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remitió a esta Corporación copia del protocolo adicional al acuerdo entre la República de Colombia y el organismo internacional de energía atómica para la aplicación de salvaguardias en relación con el tratado para la proscripción de las armas nucleares en la América Latina, hecho en Viena a los 11 días del mes de mayo de 2005, así como la Ley 1156 del 20 de septiembre de 2007, aprobatoria del mismo.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-534 de 2008

Sentencia de Control de Constitucionalidad de la Ley 1072 de 2006, "por medio de la cual se aprueba "la enmienda al artículo 1º de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados", adoptada en la Segunda Conferencia de Examen de los Estados Parte en la Convención, el veintiuno (21) de diciembre de dos mil uno (2001) en Ginebra, Suiza" - [Resumen automatizado: Tal como se señaló en los antecedentes de esta providencia, una vez sometida al control de constitucionalidad, la Ley 1072 de 2006, “Por medio de la cual se aprueba 'La Enmienda al artículo 1º de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados' adoptada en la segunda conferencia de examen de los Estados Parte en la convención, el veintiuno (21) de diciembre de dos mil uno (2001), en ginebra, Suiza”, fue devuelta al Congreso de la República mediante el Auto No. 119 de nueve (09) de mayo de dos mil siete (2007), al encontrar esta Corporación que se incurrió en un vicio de forma durante el tercer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes,“consistente en no haberse cumplido con el requisito de anuncio previsto en el artículo 160 de la Constitución Política”. || “PRIMERO.- Por Secretaría General de esta Corporación, DEVUÉLVASE a la Presidencia de la Cámara de Representantes la Ley número 1072 del 31 de julio de 2006, “Por medio de la cual se aprueba 'La Enmienda al artículo 1º de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados' adoptada en la segunda conferencia de examen de los Estados Parte en la convención, el veintiuno (21) de diciembre de dos mil uno (2001), en ginebra, Suiza”, con el fin de que subsane el vicio de procedimiento señalado en esta providencia.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-121 de 2008

Sentencia de Control de Constitucionalidad de la Ley 1077 de 2006, "por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la Marcación de Explosivos Plásticos para los fines de detección", hecho en Montreal, el primero (1o.) de marzo de mil novecientos noventa y uno (1991)" - [Resumen automatizado: Por lo anterior, mediante auto A-118 de 2007 del nueve (9) de mayo de 2007[1], la Sala Plena resolvió devolver a la Presidencia de la Cámara de Representantes la Ley 1077 de 2006 “Por medio de la cual se aprueba el 'Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para fines de detección', hecho en Montreal, el primero (1º) de marzo de mil novecientos noventa y uno (1991)”, con el fin de que dentro de los 30 días siguientes a la notificación de dicho auto se anunciara nuevamente la discusión y votación por la Plenaria de la Cámara de Representantes de la ponencia para segundo debate del proyecto de Ley 178 de 2005 -Cámara- y 249 de 2005 -Senado-, señalando que la Plenaria de la Cámara de Representantes dispondría hasta el 16 de diciembre de 2007 para cumplir las etapas posteriores del proceso legislativo, y una vez subsanado el vicio y sancionado el proyecto con el mismo número de la ley devuelta, el Presidente del Congreso la remitiera nuevamente a la Corte para decidir sobre su exequibilidad.]

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2007

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-812 de 2007

Revisión oficiosa de la Ley 1130 de 2007, por medio de la cual se aprueba el "segundo protocolo de la convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, hecho en La Haya el 26 de marzo de 1999". Exequible. Modifican en lo pertinente la Convención de la Haya con un fin específico: mejorar y actualizar los niveles de protección de los bienes mencionados. SV : Defecto procedimental al no dar plena aplicación a la exigencia de los anuncios de la votación del proyecto. Discrepa en cuanto excluye como delitos políticos, para fines de extradición o de asistencia judicial, las violaciones al protocolo contempladas por el artículo 15 de la misma ley. - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados, doctores Rodrigo Escobar Gil -quien la preside-, Jaime Araujo Rentería, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Catalina Botero Marino, Marco Gerardo Monroy Cabra, Nilson Pinilla Pinilla, Humberto Antonio Sierra Porto y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia en la revisión oficiosa de la Ley 1130 de 2007, por medio de la cual se aprueba el “segundo protocolo de la convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, hecho en La Haya el 26 de marzo de 1999”. || En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 241 de la C.P., el 22 de febrero de 2007, el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República remitió a la Corte Constitucional copia auténtica de la Ley 1130 de 2007, por medio de la cual se aprueba el “segundo protocolo de la convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, hecho en La Haya el 26 de marzo de 1999”.]

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2006

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-649 de 2006

Sentencia de Control de Constitucionalidad de la Ley 992 de 2005, "por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo para el Desarrollo Integral y Asistencia Básica de las Poblaciones Indígenas Wayúu de la República de Colombia y de la República de Venezuela", firmado en Caracas a los tres (3) días del mes de mayo de mil novecientos noventa (1990)" - [Resumen automatizado: Revisión constitucional de la Ley 992 de 2005 “por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo para el desarrollo integral y asistencia básica de las poblaciones indígenas Wayuu de la República de Colombia y de la República de Venezuela", firmado en Caracas a los tres (3) días del mes de mayo de mil novecientos noventa (1990)". || En el proceso de Revisión de la Ley 992 de noviembre 2 de 2005, por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo para el Desarrollo Integral y Asistencia Básica de las Poblaciones Indígenas Wayuu de la República de Colombia y de la República de Venezuela", firmando en Caracas a los tres (3) días del mes de mayo de mil novecientos noventa (1990). || El día 8 de noviembre de 2005, el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República remitió a esta Corporación, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución, fotocopia auténtica de la Ley 992 del 2 de noviembre de 2005 “por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo para el desarrollo integral y asistencia básica de las poblaciones indígenas Wayuu de la República de Colombia y de la República de Venezuela", firmado en Caracas a los tres (3) días del mes de mayo de mil novecientos noventa (1990)".]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-322 de 2006

Sentencia de Control de Constitucionalidad de la Ley 984 de 2005, "por medio de la cual se aprueba el "Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer", adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el seis (6) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999)" - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Manuel José Cepeda Espinosa -quien la preside-, Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia, en la revisión oficiosa de la Ley 984 de 2005, “por medio de la cual se aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el seis (6) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999).” || En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 241 de la C.P., el 24 de agosto de 2005 la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República remitió mediante oficio a la Corte Constitucional, copia auténtica de la Ley 984 de 2005, “por medio de la cual se aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el seis (6) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999).”]

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2005

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-400 de 2005

Sentencia de Control de Constitucionalidad de la Ley 899 de 2004, "por medio de la cual se aprueba el "Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado" hecho en La Haya el veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999)" - [Resumen automatizado: Al estudiar el trámite del mencionado proyecto de ley en el Congreso de la República, resulta notorio que en el procedimiento de expedición de la ley aprobatoria del Segundo Protocolo de la Convención de la Haya de 1954, hubo vicios de inconstitucionalidad, por infracción del último inciso del artículo 160 de la Carta Política, ya que no se cumplió con los anuncios previos que debían darse, en los términos de certeza señalados por dicha norma, tanto a los congresistas como a la ciudadanía en general, respecto a la fecha de las sesiones en que se iban a llevar a cabo las votaciones correspondientes a los diferentes debates. || La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, atendiendo lo previsto en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución, envió fotocopia auténtica de la Ley 899 de julio 21 de 2004, “Por medio de la cual se aprueba el ´Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado´, hecho en La Haya el veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999)”.]

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2004

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-912 de 2004

Revisión de constitucionalidad de la "Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores", suscrita en Montevideo, Uruguay, el 15 de julio de 1989, en la Cuarta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado, y de la Ley 880 de 2004, por medio de la cual se aprueba dicho tratado - [Resumen automatizado: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 241, numeral 10, de la Constitución Política, el día 20 de enero de 2004, la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República remitió a esta Corporación copia auténtica de la Ley 880 del 19 de enero de 2004, "por medio de la cual se aprueba LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, suscrita en Montevideo, Uruguay, el quince (15) de julio de mil novecientos ochenta y nueve (1989), en la Cuarta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado", para efectos de su revisión constitucional. || En cuanto al contenido de la Convención, estima que el objeto de la misma, -el de asegurar la pronta restitución de menores que tengan residencia habitual en uno de los Estados Parte cuando hayan sido trasladados ilegalmente o retenidos ilegalmente en otro Estado Parte, así como hacer respetar el derecho de visita y el derecho de custodia o guarda- conserva la filosofía del Convenio sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños suscrito en la Haya el 25 de octubre de 1980, el cual fue aprobado por la Ley 173 de 1994 y entró en vigor para Colombia desde el primero de marzo de 1996.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-863 de 2004

Revisión de constitucionalidad de la "Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado", hecha en Nueva York, el día nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994) - [Resumen automatizado: El Presidente de la República remitió a esta Corporación el 13 de enero de 2004, copia de la Ley 877 de 2 de enero de 2004, "por medio de la cual se aprueba "la Convención sobre la Seguridad Personal de las Naciones Unidas y el personal asociado, hecha en Nueva York el 9 de diciembre de 1994 para su control constitucional de conformidad con el artículo 241 numeral 10 de la Constitución. || En nombre del Gobierno Nacional y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 150 numeral 16 y 189 numeral 2 de la Constitución Política de la República de Colombia, tengo el honor de someter a su consideración el Proyecto de ley por medio de la cual se aprueba la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado, hecha en Nueva York, el día nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994).]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-644 de 2004

Sentencia de Control de Constitucionalidad de la Ley 846 de 2003, "por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional al Acuerdo de Cartagena "Compromiso de la Comunidad Andina por la Democracia", hecho en Oporto, Portugal, el diecisiete (17) de octubre de mil novecientos noventa y ocho (1998)" - [Resumen automatizado: Es indiscutible que a partir del carácter universal y expansivo de los principios democráticos, ellos resultan exigibles y deben tener plena operatividad, no sólo en la estructura y acción del Estado colombiano en su interior, sino también en el manejo de las relaciones internacionales, razón por la cual, el proceso de integración del Estado colombiano a la Comunidad Andina o Latinoamericana de Naciones se encuentra presidido por los valores y principios propios de la democracia. || 1. Esta Corporación es competente para efectuar la revisión constitucional del Protocolo Adicional al Acuerdo de Cartagena 'Compromiso de la Comunidad Andina por la Democracia' y de la Ley que lo aprueba, de conformidad con el artículo 241, numeral 10 de la Constitución Política. || 2. El Acuerdo objeto de revisión, fue suscrito en nombre de la República de Colombia por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Guillermo Fernández de Soto, quien de conformidad con lo dispuesto en la Ley 406 de 1997, aprobatoria de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, no tiene la obligación de acreditar la existencia de plenos poderes para suscribir convenios internacionales en representación del Estado Colombiano, pues en atención a la naturaleza de su cargo, ellos se presumen (ius repraesentationis omnimodae)[1].]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-405 de 2004

Revisión constitucional de la "Convención Internacional Contra la Toma de Rehenes" y de la Ley 837 del 10 de julio de 2003, por medio de la cual se aprueba la misma - [Resumen automatizado: Revisión constitucional de la "Convención Internacional Contra la Toma de Rehenes", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el diecisiete (17) de diciembre de mil novecientos setenta y nueve (1979) y de la Ley 837 del 10 de julio de 2003, por medio de la cual se aprueba la misma. || En nombre del Gobierno Nacional y en cumplimiento de los artículos 150 numeral 16 y 189 numeral 2 de la Constitución Política de Colombia, presentamos a consideración del honorable Congreso de la República el proyecto de ley por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el diecisiete (17) de diciembre de mil novecientos setenta y nueve (1979). || · La Convención contiene en el artículo 12 una cláusula de salvaguardia con respecto a la aplicación del Derecho Internacional Humanitario (DIH), mediante la cual se establece que si los instrumentos del DIH son aplicables (es decir, si existe una situación de conflicto armado como las que se definen en ellos) y los Estados Partes estén obligados en virtud de esos convenios a procesar o entregar al autor de la toma de rehenes, se aplican de preferencia las disposiciones de los mismos.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-309 de 2004

Sentencia de Control de Constitucionalidad de la Ley 831 de 2003, "por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre la Marcación de Explosivos Plásticos para los fines de Detección, hecho en Montreal, el primero (1°) de marzo de mil novecientos noventa y uno (1991)" - [Resumen automatizado: La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, atendiendo lo previsto en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución, envió fotocopia auténtica de la Ley número 831 de julio 10 de 2003, por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre la Marcación de Explosivos Plásticos para los Fines de Detección”, hecho en Montreal, el primero (1°) de marzo de mil novecientos noventa y uno (1991). || 1. Esta Corporación es competente para efectuar la revisión constitucional del Convenio sobre la Marcación de Explosivos Plásticos para los Fines de Detección y de la Ley que lo aprueba, de conformidad con el artículo 241, numeral 10 de la Constitución Política. || La Presidencia indica a la Secretaría dar lectura al título del proyecto de ley número 222 de 2002 Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre la Marcación de Explosivos Plásticos para los Fines de Detección, hecho en Montreal, el primero (1°) de marzo de mil novecientos noventa y uno (1991). || (...) Proyecto de ley número 222 de 2002 Senado, por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre la Marcación de Explosivos Plásticos para los Fines de Detección, hecho en Montreal, el primero (1°) de marzo de mil novecientos noventa y uno (1991).]

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2003

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-401 de 2003

Sentencia de Control de Constitucionalidad de la Ley 762 de 2002, "por medio de la cual se aprueba la "Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad", suscrita en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el siete (7) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999)" - [Resumen automatizado: El Gobierno Nacional, por conducto de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, allegó a esta Corporación, el día 5 de agosto de 2002, fotocopia auténtica de la Ley 762 del 31 de julio del año 2002 “POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA “CONVENCION INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”, suscrita en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el siete (7) de junio de mil novecientos noventa y nueve”. || Igualmente manifiesta que los compromisos adquiridos por los Estados parte en el Instrumento que se revisa, entre ellos la adopción de medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, para promover la erradicación de la incapacidad, su prevención temprana y la sensibilización de la población a través de todos los medios necesarios con el fin de lograr su entendimiento sobre el derecho de las personas a ser iguales, son compatibles con los principios, derechos y obligaciones establecidos en los artículos 1º, 2º, 5º, 11 y 13 de la Constitución.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-318 de 2003

Revisión constitucional de la Ley 765 de 2002, "por medio de la cual se aprueba el 'Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía', adoptado en Nueva York, el veinticinco (25) de Mayo de dos mil (2000) - [Resumen automatizado: Revisión constitucional de la Ley 765 de 2002, “por medio de la cual se aprueba el 'Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía', adoptado en Nueva York, el veinticinco (25) de Mayo de dos mil (2000)”. || Considerando que para asegurar el mejor logro de los propósitos de la Convención sobre los Derechos del Niño y la aplicación de sus disposiciones y especialmente de los artículos 1o., 11, 21, 32, 33, 34, 35 y 36, sería conveniente ampliar las medidas que deben adoptar los Estados Partes a fin de garantizar la protección de los menores contra la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, || Asevera que conforme a lo dispuesto en el Art. 226 superior el Estado debe promover la internacionalización de las relaciones políticas y sociales, entre otras, por lo cual es válida la suscripción del protocolo para cumplir los mandatos de la Constitución, particularmente los de su Art. 44, en relación con la venta de niños, la prostitución infantil y su utilización en la pornografía.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-255 de 2003

Sentencia de Control de Constitucionalidad de la Ley 767 de 2002, "por medio de la cual se aprueba el Tratado de Cooperación para la asistencia en materia humanitaria entre la Soberana Orden de Malta y el Gobierno de la República de Colombia" - [Resumen automatizado: El día dos (2) de agosto de dos mil dos (2002), la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República remitió a esta Corporación, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política, fotocopia auténtica de la Ley 767 del 31 de julio de 2002 “Por medio de la cual se aprueba el Tratado para la Asistencia en materia Humanitaria entre La Soberana Orden de Malta y el Gobierno de la República de Colombia”, firmado en Roma el 30 de septiembre de 1999. || De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el Tratado de Cooperación para la Asistencia en Materia Humanitaria entre la Soberana Orden de Malta y el Gobierno de la República de Colombia, firmado en Roma, el 30 de septiembre de 1999, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.]

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2002

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-673 de 2002

Sentencia de Control de Constitucionalidad de la Ley 728 de 2001, "por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre la protección física de los materiales nucleares", firmada en Viena y Nueva York el 3 de marzo de 1980" - [Resumen automatizado: Convencidos de la necesidad de la cooperación internacional para poder establecer medidas efectivas para la protección física de los materiales nucleares, de conformidad con la legislación nacional de cada Estado Parte y con las disposiciones de la presente Convención, || Agrega que la convención y su ley aprobatoria son constitucionales en la medida en que desarrolla varios principios consagrados en la Carta "tendientes a proteger la vida y la salud de sus habitantes, de trabajadores cuya actividad está relacionada con el uso de materiales nucleares, la ecología y el medio ambiente en general, adoptando las medidas necesarias para evitar los efectos nocivos que puede producir la posesión, el uso, la transferencia, la alteración, la evacuación o dispersión y el transporte indebidos o inadecuados de los materiales nucleares; y lo que es más importante, que permite sancionar penalmente tales conductas." Igualmente, la Convención es respetuosa del debido proceso "que se debe observar en los juicios penales contra quienes se encuentran incursos en tales punibles" y garantiza la protección de un ambiente sano, por lo cual dicho instrumento es conforme con los artículos 29, 35, 79, 150-16, 189-2, 226 de la Constitución.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-535 de 2002

Sentencia de Control de Constitucionalidad de la Ley 704 de 2001, "por medio de la cual se aprueba el "Convenio 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación", adoptado por la Octogésima Séptima (87a.) Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, O.I.T., Ginebra, Suiza, el diecisiete (17) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999)" - [Resumen automatizado: Revisión constitucional de la Ley 704 de 2001, "por medio de la cual se aprueba el 'Convenio 182 sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación', adoptado por la Octogésima Séptima (87ª) Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo OIT, Ginebra Suiza, 17 de Junio de 1999. || en el proceso de revisión de la Ley 704 de 2001, "por medio de la cual se aprueba el 'Convenio 182 sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación', adoptado por la Octogésima Séptima (87ª) Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo OIT, Ginebra Suiza, 17 de Junio de 1999. || Visto el texto del "Convenio 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación", adoptado por la Octogésima Séptima (87ª) Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo-O.I.T., Ginebra, Suiza, el diecisiete (17) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999), que a la letra dice:]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-287 de 2002

Sentencia de Control de Constitucionalidad de la Ley 660 de 2001, "por medio de la cual se aprueba el "Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares", adoptado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el diez (10) de septiembre de mil novecientos noventa y seis (1996)" - [Resumen automatizado: Lista de los Estados miembros de la Conferencia de Desarme, al 18 de junio de 1996, que participaron oficialmente en la labor del período de sesiones de 1996 de la Conferencia y que figuran en el cuadro 1 de la edición de abril de 1996 de "Nuclear Power Reactors in the World", del Organismo Internacional de Energía Atómica y de los Estados miembros de la Conferencia de Desarme, al 18 de junio de 1996, que participaron oficialmente en la labor del período de sesiones de 1996 de la Conferencia y que figuran en el cuadro 1 de la edición de diciembre de 1995 de "Nuclear Research Reactors in the World", del Organismo Internacional de Energía Atómica: Alemania, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Colombia, Egipto, Eslovaquia, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Hungría, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Israel, Italia, Japón, México, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Perú, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, República Popular Democrática de Corea, Rumania, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania, Vietnam y Zaire.]

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2001

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-951 de 2001

Sentencia de Control de Constitucionalidad de la Ley 620 de 2000, "por medio de la cual se aprueba la "Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores", suscrita en Montevideo, Uruguay, el quince (15) de julio de mil novecientos ochenta y nueve (1989), en la Cuarta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado" - [Resumen automatizado: En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 241, numeral 10, de la Carta, el día 26 de octubre de 2000, la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República remitió a esta Corporación copia auténtica de la Ley 620 de octubre de 2000, "por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana sobre restitución internacional de menores" suscrita en Montevideo, Uruguay, el quince (15) de julio de mil novecientos ochenta y nueve (1989), en la cuarta conferencia especializada interamericana sobre derecho internacional privado", para efectos de su revisión constitucional. || El magistrado ponente a quien correspondiese el conocimiento de la constitucionalidad de la ley, Marco Gerardo Monroy Cabra, se declaró impedido para participar en el análisis de la constitucionalidad de esta ley y del tratado que ella aprueba, con fundamento en lo previsto en el artículo 25 del Decreto 2067 de 1991, por "haber intervenido en su expedición" dada su participación en la negociación y firma de la mencionada Convención. || Son competentes para conocer de la solicitud de restitución de menores a que se refiere esta Convención, las autoridades judiciales o administrativas del Estado Parte donde el menor tuviere su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o de su retención.]

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2000

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-1333 de 2000

Sentencia de Control de Constitucionalidad de la Ley 559 de 2000, "por medio dela cual se aprueba la "Convención sobre prerrogativas e inmunidades del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina (Opanal)", hecho en laciudad de México, D.F., el veintitrés (23) de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve (1969)" - [Resumen automatizado: De la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República se recibe fotocopia auténtica de la Ley Nº 519 de 2000, por medio de la cual se aprueba la "CONVENCIÓN SOBRE PRERROGATIVAS E INMUNIDADES DEL ORGANISMO PARA LA PROSCRIPCIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES EN LA AMÉRICA LATINA (OPANAL)", hecha en ciudad de México, D.F., el veintitrés (23) de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve (1969), proceso que fue radicado con el No L.A.T.-171. || ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el (sic) "CONVENCIÓN SOBRE PRERROGATIVAS E INMUNIDADES DEL ORGANISMO PARA LA PROSCRIPCIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES EN LA AMÉRICA LATINA (OPANAL)", hecho (sic) en ciudad de México, D.F., el veintitrés (23) de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve (1969, que por el artículo primero de esta Ley se aprueba, obligará al País a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-1137 de 2000

Revisión constitucional de la ley 540 de diciembre 15 de 1999, "Por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana contra la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos y otros materiales relacionados", adoptada en Washington D.C. el catorce (14) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997). - [Resumen automatizado: En consecuencia, ante el incumplimiento de la orden dada por esta Corporación en el auto de mayo diez y siete (17), habrá de declararse la inexequibilidad de la ley 540 de diciembre 15 de 1999 "Por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana contra la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos y otros materiales relacionados", adoptada en Washington D.C. el catorce (14) de noviembre de mil novecientos 1997, por cuanto al momento de surtirse su aprobación en el Congreso de la República, este órgano omitió tramitar y aprobar el anexo que hace parte integral del mencionado instrumento internacional.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-991 de 2000

Sentencia de Control de Constitucionalidad de la Ley 554 de 2000, "por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción", hecha en Oslo el dieciocho (18) de septiembre de mil novecientosnoventay siete (1997)" - [Resumen automatizado: La reserva no es un derecho absoluto sino relativo, cuyo ejercicio depende de los acuerdos alcanzados por las partes en el respectivo instrumento internacional o de la materia sobre la cual éste se refiera; de ahí que, su prohibición no apareja una violación de los derechos de los Estados que intervienen en su formación o posteriormente se adhieren a él, ni un desconocimiento a los principios de soberanía nacional y autodeterminación de los pueblos para llevar a cabo sus relaciones exteriores. || Con excepción de lo dispuesto en el Artículo 3, cada Estado Parte se compromete a destruir, o a asegurar la destrucción de todas las existencias de minas antipersonal que le pertenezcan o posea, o que estén bajo su jurisdicción o control, lo antes posible, y a más tardar en un plazo de 4 años, a partir de la entrada en vigor de esta Convención para ese Estado Parte.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-328 de 2000

Revisión de la Ley 525 de 1999 "Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción", hecho en París el trece (13) de enero de mil novecientos noventa y tres (1993)". - [Resumen automatizado: Finalmente, considera que el tratado en cuestión constituye un último eslabón en materia de derecho internacional humanitario (aunque señala que todavía está pendiente la aprobación por parte del Congreso colombiano de la Convención de Ottawa relacionada con minas antipersonales), pues desarrolla los mismos principios que los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra, "la Convención de 1954 sobre Protección de Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado y la Convención de 1980 sobre Prohibiciones o Restricciones en el Empleo de Ciertas Armas Convencionales (las denominadas armas "inhumanas") y sus cuatro protocolos", existiendo, por lo tanto, una clara relación con el artículo 214 de la Carta. || El artículo 3, relativo a las declaraciones que deben hacer los Estados partes, no desconoce precepto constitucional alguno, pues las obligaciones se enderezan a que se informe a la Organización y a la Comunidad internacional sobre la tenencia o producción de armas químicas y respecto de las instalaciones habilitadas para tal fin. || En cuanto a la obligación contenida en el literal e) del numeral 1, sobre declaración de los agentes de represión de disturbios utilizados en el país, la Corte estima que ella, en tanto busca que se tenga conocimiento sobre las sustancias químicas utilizadas para tales efectos y evitar que, por ésta vía, se soslaye las prohibiciones contenidas en el artículo 1°, no desconoce la Carta.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-288 de 2000

Sentencia de Control de Constitucionalidad de la Ley 521 de 1999, "por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo sobre planificación de asentamientos humanos en los pasos de frontera entre la República de Colombia y la República del Ecuador", firmado en Santa Fe de Bogotá el diecisiete (17) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1996)" - [Resumen automatizado: Revisión constitucional del "Acuerdo de Planificación de Asentamientos Humanos en los Pasos de Frontera entre la República de Colombia y el Gobierno del Ecuador" firmado en Santafé de Bogotá, D.C., el diecisiete (17) de diciembre de 1996 y de la Ley Nº 521 del 4 de agosto de 1999, por medio de la cual se aprueba dicho Acuerdo. || En cumplimiento de lo previsto en el artículo 241-10 de la Carta, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remitió el día seis (6) de agosto de 1999, a esta Corporación, la Ley 521 del 4 de agosto de 1999, "Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Planificación de Asentamientos Humanos en los Pasos de Frontera entre la República de Colombia y el Gobierno del Ecuador" firmado en Santafé de Bogotá, el diecisiete (17) de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996), proceso que fue radicado con el No L.A.T. 157. || ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el "Acuerdo de Planificación de Asentamientos Humanos en los Pasos de Frontera entre la República de Colombia y el Gobierno del Ecuador" firmado en Santafé de Bogotá, D.C., el diecisiete (17) de diciembre de 1996, que por el artículo primero de esta Ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.]

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1999

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-275 de 1999

Sentencia de Control de Constitucionalidad de la Ley L. 467 de 1998, "por la cual se aprueba la "enmienda del artículo 8º de la Convención Internacional de 1966 sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial", adoptada en Nueva York el 15 de enero de 1992" - [Resumen automatizado: La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, atendiendo lo dispuesto en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución Política, envió fotocopia auténtica de la Ley 467 del 4 de agosto de 1998, "Por medio de la cual se aprueba la Enmienda al artículo octavo de la Convención Internacional de 1966 sobre la Eliminación de todas las formas de la Discriminación racial", adoptada en Nueva York el 15 de enero de 1992. || El Procurador General de la Nación, mediante concepto No. 1710 del 15 de diciembre de 1998, solicita declarar la constitucionalidad de la Ley 467 del 4 de agosto de 1998, "Por medio de la cual se aprueba la enmienda al artículo octavo de la Convención Internacional de 1966 sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial", adoptada en Nueva York el 15 de enero de mil novecientos noventa y dos. || La Ministra de Relaciones Exteriores, para esa época, doctora María Emma Mejía, en nombre del Gobierno Nacional, presentó ante la Secretaría General del Senado de la República, el proyecto de ley por medio del cual se aprueba la "Enmienda al artículo 8° de la Convención Internacional de 1996 sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial" adoptada en Nueva York e 15 de enero de 1992.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-185 de 1999

Sentencia de Control de Constitucionalidad de la Ley 468 de 1998, "por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo sobre asistencia a la niñez entre la República de Colombia y la República de Chile", hecho en Santa Fe de Bogotá a los dieciseis (16) días del mes de julio de mil novecientos noventa y uno (1991)" - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional integrada por su Presidente Eduardo Cifuentes Muñoz y por los Magistrados Alfredo Beltrán Sierra, Antonio Barrera Carbonell, , Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Marta Victoria Sáchica Méndez, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa || Además, tal instrumento internacional permite a Colombia estrechar las relaciones con Chile mediante el intercambio, el estudio compartido y la realización conjunta de proyectos en beneficio de la infancia de los dos países, labores que se llevarán a cabo por intermedio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Menores de Chile, entidades que tienen a su cargo funciones de esa índole, todo ello sobre bases de igualdad, equidad y reciprocidad, como lo ordena el artículo 226 de la Carta. || Además, tal instrumento internacional permite a Colombia estrechar las relaciones con Chile mediante el intercambio, el estudio compartido y la realización conjunta de proyectos en beneficio de la infancia de los dos países, labores que se llevarán a cabo por intermedio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Menores de Chile, entidades que tienen a su cargo funciones de esa índole, todo ello sobre bases de igualdad, equidad y reciprocidad, como lo ordena el artículo 226 de la Carta.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-156 de 1999

Revisión oficiosa de la Ley 469 del 5 de agosto de 1998, "por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados", hecha en Ginebra, el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (1980) y sus cuatro (4) Protocolos". - [Resumen automatizado: Revisión oficiosa de la Ley 469 del 5 de agosto de 1998, "por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados", hecha en Ginebra, el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (1980) y sus cuatro (4) Protocolos". || En cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política, el Gobierno Nacional, por conducto de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, remitió a esta Corporación el día once (11) de agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998), copia auténtica de la Ley 469 del cinco (5) de agosto de ese mismo año, "por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados" y de sus cuatro (4) Protocolos�:]

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1998

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-710 de 1998

Sentencia de Control de Constitucionalidad de la Ley 438 de 1998, "por la cual se aprueba el "Convenio entre la República de Colombia y la Universidad para la Paz para la creación de un Centro Mundial para Investigación y Capacitación para la Solución de Conflictos", suscrito en Bogotá el 30 de julio de 1986" - [Resumen automatizado: Es preciso concluir que el Convenio que se revisa, celebrado entre el Gobierno de Colombia y la Universidad para la Paz, crea un "centro mundial de investigación y capacitación para la solución de conflictos", el cual se constituye en sujeto de derecho internacional, y en consecuencia, debe ser objeto del control constitucional por esta Corporación, de conformidad con la nueva posición jurisprudencial aquí adoptada por la Corte Constitucional. || En cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política, el Gobierno Nacional, por conducto de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, remitió a esta Corporación el día 14 de abril de 1998, copia auténtica de la Ley 438 del 25 de marzo de 1998 "por medio de la cual se aprueba el "Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y la Universidad para la paz para la creación de un centro mundial de investigación y capacitación para la solución de conflictos", suscrito en Bogotá, el 30 de julio de 1986.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-351 de 1998

Revisión de constitucionalidad de la Ley 409 del 28 de octubre de 1997, "Por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura", suscrito en la ciudad de Cartagena de Indias el 9 de diciembre de 1985. - [Resumen automatizado: La prevención de la tortura, su investigación y la imposición de castigos por la comisión de dicho delito, constituyen obligaciones para las autoridades del Estado colombiano que emanan de las normas de su ordenamiento superior y se concretan en su legislación, pues las mismas se tipifican en el código penal como hechos punibles, cuya investigación incluso procede de oficio, obligaciones que se reafirman al suscribir el instrumento multilateral que se revisa, cuyas disposiciones cobran prevalencia al incorporarse al ordenamiento interno. || El día 21 de noviembre de 1997, el Magistrado Sustanciador, a través de auto de la misma fecha, asumió la revisión de la Ley 409 del 28 de octubre de 1997 y de la convención que la misma aprobó, para lo cual ordenó la práctica de las siguientes pruebas: solicitó a las Secretarías Generales de la Cámara de Representantes y del Senado de la República, el envío de la copia del correspondiente expediente legislativo, y ordenó que una vez cumplido lo anterior, por Secretaría General, se procediera a la fijación en lista del negocio y a practicar el traslado correspondiente al Despacho del señor Procurador General de la Nación, para efectos de recibir el concepto de su competencia.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-268 de 1998

Sentencia de Control de Constitucionalidad de la Ley 405 de 1997, "por la cual se aprueba "la enmienda al párrafo 7º del artículo 17 y al párrafo 5º del artículo 18 de la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes", adoptada en Nueva York el 8 de septiembre de 1992" - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por su Presidente Vladimiro Naranjo Mesa y por los Magistrados Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Carmenza Isaza de Gómez, Alejandro Martínez Caballero, y Fabio Morón Díaz || En el proceso de revisión de la Ley 405 de 1997 "Por medio de la cual se aprueba la 'Enmienda al párrafo 7 del artículo 17 y al párrafo 5 del artículo 18 de la Convención sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes' adoptado en Nueva York el 8 de septiembre de 1992 ". || 1.- Mediante oficio S.J.2200 de octubre 2 de 1997, la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, remitió a la Corte Constitucional copia auténtica de la Ley 405 de 1997 "Por medio de la cual se aprueba 'La Enmienda al párrafo 7 del artículo 17 y al párrafo 5 del artículo 18 de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes', adoptada en Nueva York el 8 de septiembre de mil novecientos noventa y dos (1992)".]

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1997

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-467 de 1997

Revisión constitucional de "Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado", el "Reglamento para la aplicación de la Convención" y el "Protocolo para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado", firmados en La Haya el 14 de mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro 1954 y de la Ley aprobatoria No 340 del 26 de diciembre de 1996, por medio de la cual se aprueba dicho Protocolo. - [Resumen automatizado: A petición de la Alta Parte Contratante interesada, podrá efectuarse bajo protección especial el transporte exclusivamente destinado al traslado de bienes culturales, tanto en el interior de un territorio como en dirección a otro, en las condiciones previstas por el Reglamento para la aplicación de la presente Convención. || A este efecto, cada una de las Potencias protectoras podrá, a petición de una de las partes o del Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o por propia iniciativa, proponer a las partes en conflicto una reunión de sus representantes, y en particular, de las autoridades encargadas de la protección de los bienes culturales, que podrá celebrarse eventualmente en un territorio neutral que resulte conveniente escoger al efecto. || Cualquiera de las Altas Partes Contratantes podrá en el momento de la ratificación o de la adhesión, o en cualquier otro momento ulterior, declarar mediante notificación dirigida al Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que la presente Convención se hará extensiva al conjunto o a uno cualquiera de los territorios de cuyas relaciones internacionales sea responsable.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-251 de 1997

Sentencia de Control de Constitucionalidad de la Ley 319 de 1996, "por la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988" - [Resumen automatizado: La Corte Constitucional de la República de Colombia, integrada por su Presidente Antonio Barrera Carbonell y por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa || Esta interdependencia y unidad de los derechos humanos tiene como fundamento la idea de que para proteger verdaderamente la dignidad humana es necesario que la persona no sólo tenga órbitas de acción que se encuentren libres de interferencia ajena, como lo quería la filosofía liberal, sino que además es menester que el individuo tenga posibilidades de participación en los destinos colectivos de la sociedad de la cual hace parte, conforme a las aspiraciones de la filosofía democrática, y también que se le aseguren una mínimas condiciones materiales de existencia, según los postulados de las filosofías políticas de orientación social. || Esta interdependencia y unidad de los derechos humanos tiene como fundamento la idea de que para proteger verdaderamente la dignidad humana es necesario que la persona no sólo tenga órbitas de acción que se encuentren libres de interferencia ajena, como lo quería la filosofía liberal, sino que además es menester que el individuo tenga posibilidades de participación en los destinos colectivos de la sociedad de la cual hace parte, conforme a las aspiraciones de la filosofía democrática, y también que se le aseguren una mínimas condiciones materiales de existencia, según los postulados de las filosofías políticas de orientación social.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-176 de 1997

Sentencia de Control de Constitucionalidad de la Ley 303 de 1996, "por medio de la cual se aprueban las "Enmiendas al Tratado de Tlatelolco", adoptadas en México D.F. el 3 de julio de 1990, 10 de mayo de 1991 y 26 de agosto de 1992" - [Resumen automatizado: La Corte Constitucional de la República de Colombia, integrada por su Presidente Antonio Barrera Carbonell y por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa || De la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República se recibió fotocopia auténtica de la Ley 303 del 5 de agosto de 1996, por medio de la cual se aprueban las "Enmiendas al Tratado de Tlatelolco, adoptadas en México D.F. el 3 de Julio de 1990, 10 de Mayo de 1991 y 26 de Agosto de 1992 ", proceso que fue radicado con el Nº L.A.T.-085. || Colombia 14 feb 1967 4 ago 1972 6 sep 1972 || También en la misma nota se envía la información respecto a la relación de firmas y ratificaciones, concernientes a la segunda enmienda al Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina (Tratado de Tlatelolco), dispuesta por la Resolución 268 (XII), adoptada en la ciudad de México, D.F., el 10 de mayo de 1991 que sustituye el párrafo 2 del artículo 25 del Tratado con la siguiente redacción:]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-144 de 1997

Sentencia de Control de Constitucionalidad de la Ley 297 de 1996, "por la cual se aprueba el "Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinados a abolir la pena de muerte" adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1989" - [Resumen automatizado: La Corte Constitucional de la República de Colombia, integrada por su Presidente Antonio Barrera Carbonell, y por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa. || De la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República se recibió fotocopia auténtica de la Ley 297 del 17 de julio de 1996, por medio de la cual se aprueba el "Segundo Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de Diciembre de 1989", proceso que fue radicado con el número L.A.T.-084. || Pues bien, dentro del expediente legislativo se observa que el día 1º de septiembre de 1995, el Ejecutivo presentó al Senado, a través del Ministro de Relaciones Exteriores, Rodrigo Pardo García Peña el proyecto de ley Nº 82 de 1995 por la cual se aprueba el "Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte", adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1989".]

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1996

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-383 de 1996

Sentencia de Control de Constitucionalidad de la Ley 265 de 1996, "por la cual se aprueba el "Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional", suscrito en La Haya el 29 de mayo de 1993" - [Resumen automatizado: El Convenio contiene un conjunto de normas destinadas a regular las adopciones internacionales, para que éstas tengan en consideración el interés superior del niño y el respeto a sus derechos fundamentales, a instaurar un sistema de cooperación entre los Estados que asegure el respeto de dichas garantías y, en consecuencia, prevenga la sustracción, venta y tráfico de niños, y a asegurar el reconocimiento en todos los Estados contratantes de las adopciones que se realicen conforme al mismo. || El Convenio se ajusta completamente a los principios y valores de la Constitución Política, en lo que concierne con el reconocimiento y respeto por los derechos de los niños, incluyendo a los adoptados o a quienes son sujetos de un proceso de adopción, cuando fija una serie de normas para regular los diferentes aspectos que regulan la adopción internacional, en lo que tiene que ver con la garantía del desarrollo armónico de la personalidad del niño en un medio familiar adecuado, en la necesidad de proporcionarle una familia adecuada, cuando falta o falla la de origen, de garantizar sus intereses superiores y el respeto de sus derechos fundamentales y, de prevenir toda forma de atentados contra éstos, como su sustracción, venta, tráfico, etc., e igualmente, la adopción de procedimientos que constituyen garantía del respeto de los aludidos derechos.]

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1995

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-225 de 1995

Revisión constitucional del "Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II)" hecho en Ginebra el 8 de junio de 1977, y de la Ley 171 del 16 de diciembre de 1994, por medio de la cual se aprueba dicho Protocolo. - [Resumen automatizado: Además, incluso en aquellos casos en los cuales no exista norma escrita, las víctimas de los conflictos armados no internacionales se encuentran protegidas por los principios de humanidad, según se desprende no sólo de la Cláusula Martens sino del artículo 94 de la Carta, el cual expresa la misma filosofía de esta cláusula pues precisa que "la enunciación de derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos."]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-104 de 1995

Sentencia de Control de Constitucionalidad de la Ley 145 de 1994, "por la cual se aprueba el "Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe", suscrito en Madrid el 24 de julio de 1992" - [Resumen automatizado: El día 15 de julio de 1994, el señor Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Dr. Juan Pablo Cárdenas Mejia, remitió a la Corte Constitucional copia auténtica de la Ley Aprobatoria No. 145 del 13 de julio de 1994, "por medio de la cual se aprueba el Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe", suscrito en Madrid el 24 de julio de 1992, así como del mencionado Convenio. || El día 13 de agosto de 1993, el Gobierno Nacional a través de la señora Viceministra de Relaciones Exteriores, Dra. Vilma Zafra Turbay y del señor Ministro de Gobierno, Dr. Fabio Villegas Ramírez, presentó ante el Congreso, para los efectos previstos en los artículos 150 numeral 16 y 224 de la Constitución Política, el proyecto de ley por medio del cual se aprueba el "Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe", suscrito en Madrid el 24 de julio de 1992, el cual fue radicado en el Senado de la República bajo el número 57 de 1993.]

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1993

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-88 de 1993

Sentencia de Control de Constitucionalidad de la Ley 11 de 1992, "por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra el 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo O), adoptado en Ginebra, el 8 de junio de 1977" - [Resumen automatizado: Tanto el Congreso como el Presidente de la República desbordaron sus competencias constitucionales al pretender expedir -el primero- y sancionar -el segundo- leyes sobre materias que, sustraídas expresamente de los procedimientos ordinarios de actuación de tales poderes, el Constituyente sometió a un especialísimo proceso de gestación, tal como el previsto en el artículo 58 transitorio respecto de los tratados y convenios internacionales que, al momento de entrar a regir la nueva Carta Política ya hubiesen sido aprobados por una de las dos Cámaras. || Mediante oficio S.J. 24102, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió a esta Corte copia de la ley 11 de 1992, por medio de la cual el Congreso de la República aprobó el 21 de julio de 1992 el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), así como copia del texto de este instrumento certificada por el jefe encargado de la División de Asuntos Jurídicos, para su revisión constitucional.]

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1992

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-574 de 1992

[Resumen automatizado: 8. Además de las categorías de personas mencionadas en el artículo 13 de los Convenios I y II, todos los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en un conflicto, tal como se definen en el artículo 43 del presente Protocolo, tendrán derecho a la protección concedida en virtud de esos Convenios si están heridos o enfermos o, en el caso del II Convenio, si son náufragos en el mar o en otras aguas. || 1. No obstante cualquier otra disposición de los Convenios o del presente Protocolo, el miembro de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto que caiga en poder de una Parte adversa mientras realice actividades de espionaje no tendrá� derecho al estatuto de prisionero de guerra y podrá� ser tratado como espía.]

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