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Corte Constitucional - Control de Constitucionalidad

Contiene corte constitucional - autos y sentencias expedidas por la entidad seleccionada, organizadas por orden cronológico.

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Control de Constitucionalidad

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2023

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-461 de 2023

La expresión "por escrito, que debe registrarse en la hoja de vida" contenida en la definición de la sanción de amonestación -Num. 4 del artículo 10 de la Ley 2094 de 2021 "por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones" (Mod. Art. 49 L. 1952 de 2019)-, no reprodujo el mismo contenido normativo "por escrito" que había sido expulsado del ordenamiento jurídico en la mencionada Sentencia C-1076 de 2002. La Corte concluyó que no existía identidad con lo definido previamente en la Sentencia C-1076 de 2002 y, por tanto, la disposición se ajustaba a la Carta Política - [Resumen automatizado: LA CORTE DECLARÓ QUE LA EXPRESIÓN “POR ESCRITO, QUE DEBE REGISTRARSE EN LA HOJA DE VIDA” CONTENIDA EN ARTÍCULO 10 DE LA LEY 2094 DE 2021, ES CONSTITUCIONAL AL NO VULNERAR LA COSA JUZGADA || Un ciudadano demandó la expresión “por escrito, que debe registrarse en la hoja de vida” contenida en el artículo 10 de la Ley 2094 de 2021 por considerar que vulnera el artículo 4 de la Constitución Política de 1991. || En su criterio, el Legislador reprodujo materialmente la misma expresión que había sido declarada inexequible en la Sentencia C-1076 de 20021 y, por tanto, debía excluirse del ordenamiento jurídico al contrariar la cosa juzgada constitucional. || Para definir reiteró la jurisprudencia sobre la cosa juzgada constitucional y, al analizar el caso concreto, estableció el alcance del artículo 10 de la Ley 2094 de 2021 a partir del cual concluyó que no existía identidad con lo definido previamente en la Sentencia C-1076 de 2002 y, por tanto, la disposición se ajustaba a la Carta Política.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-427 de 2023

INEXEQUIBLE la expresión "o hayan sido afectados por resolución de acusación o su equivalente, debidamente ejecutoriada, excepto por delitos políticos o culposos" del numeral 4° del artículo 85 del Decreto Ley 262 de 2000 por vulnerar el derecho fundamental consagrado en el artículo 40 de la Constitución Política\ La causal de inhabilidad generada por la resolución de acusación a pesar de perseguir un fin imperioso, la medida no es completamente adecuada para alcanzarlo y la inhabilidad no es necesaria para lograr esos fines, debido a que no es indispensable, pues existen otros medios adecuados para determinar la idoneidad de una persona para desempeñarse en un cargo en la Procuraduría General de la Nación. Además, es una medida que es desproporcionada al afectar otras garantías constitucionales, como, por ejemplo, el derecho a la presunción de inocencia. Por esto, al afectar intensamente el derecho al ejercicio a cargos públicos, se torna desproporcionada y afecta gravemente otras garantías constitucionales\ S.V - [Resumen automatizado: La Sala Plena abordó, en primer lugar, unas cuestiones preliminares: (i) determinó que el cargo por violación del derecho a la igualdad no cumplió con los requisitos exigidos en la jurisprudencia constitucional; (ii) realizó una integración de la unidad normativa con la expresión que le sigue a la demandada, es decir «debidamente ejecutoriada, excepto por delitos políticos o culposos», por considerar que estas situaciones se predican de la resolución de acusación y su equivalente; (iii) estableció que no existía cosa juzgada material respecto de las sentencias C-558 de 1994 y C-176 de 2017, toda vez que se trata de disposiciones jurídicas consagradas en contextos normativos diferentes, cuyos destinatarios también difieren; y (iv) concluyó que la norma atacada se encuentra vigente y genera efectos jurídicos para los procesos adelantados bajo la Ley 600 de 2000. || El magistrado Ibáñez Najar salvó su voto y señaló que, contrario a lo sostenido por la mayoría de la Sala Plena, a la luz de las importantes funciones de Ministerio Público -como la vigilancia superior de la conducta de quienes desempeñan funciones públicas, así como las que corresponden al ejercicio del poder preferente disciplinario que cumple la Procuraduría General de la Nación para prevenir, controlar y sancionar la corrupción, era necesario, razonable y, por lo tanto, constitucional, establecer en la ley que quienes sean objeto de una resolución de acusación conforme a la Ley 600 de 2000, o su equivalente, como la formulación de imputación según la Ley 906 de 2004, están inhabilitados para ocupar y desempeñar cargos en ese órgano de control.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-350 de 2023

Fallo inhibitorio contra enunciadas en los artículos 45, 91 y 118 de la Ley 1862 de 2017, "por la cual se establecen las normas de conducta del Militar colombiano y se expide el Código Disciplinario Militar."\ Para el demandante tales normas desconocen el principio de igualdad, pues prevén un trato más desfavorable para los miembros de la fuerza pública, comparados con los demás servidores del Estado, en la medida en que aquellos no tienen la garantía de que las tareas de investigar y la de juzgar, en el contexto del proceso disciplinario, sean ejercidas por funcionarios diferentes - [Resumen automatizado: El competente con atribuciones disciplinarias podrá designar como funcionarios de instrucción a los oficiales y suboficiales en servicio activo, que se encuentren dentro de su estructura organizacional, siempre y cuando sean más antiguos que el investigado. || INHIBIRSE de pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas enunciadas en las expresiones: “deberá ser investigado y juzgado”, “la facultad para investigar y sancionar que tienen los competentes” y “El competente con atribuciones disciplinarias podrá designar como funcionarios de instrucción”, contenidas en los artículos 45, 91 y 118 de la Ley 1862 de 2017, “por la cual se establecen las normas de conducta del Militar colombiano y se expide el Código Disciplinario Militar”, por ineptitud sustantiva de la demanda.” || Correspondió a la Sala Plena de la Corte Constitucional estudiar una demanda de inconstitucionalidad dirigida en contra de normas enunciadas en los artículos 45, 91 y 118 de la Ley 1862 de 2017, “por la cual se establecen las normas de conducta del Militar colombiano y se expide el Código Disciplinario Militar.” || En cuanto a lo segundo, se argumenta que las normas legales en comento vulneran la garantía de juez natural, en tanto en el proceso disciplinario aplicable a los miembros de la fuerza pública corresponde al mismo funcionario adelantar las tareas de instrucción y juzgamiento.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-305 de 2023

Fallo inhibitorio en relación con el cargo formulado contra el parágrafo del artículo 225a de la Ley 1952 de 2019, adicionado por el artículo 40 de la Ley 2094 de 2021 (Código General Disciplinario) - [Resumen automatizado: En esa misma providencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7º del Decreto 2067 de 1991, el despacho también ordenó: (i) fijar en lista la norma acusada para garantizar la intervención ciudadana; (ii) correr traslado a la Procuradora General de la Nación para lo de su competencia; (iii) comunicar el inicio de este proceso al presidente de la República, al presidente del Congreso, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Departamento Administrativo de la Función Pública; y (iv) invitar a participar a organizaciones civiles y académicas para que, de considerarlo pertinente, se pronunciaran sobre la constitucionalidad de la norma demandada. || En segundo lugar, el interviniente argumentó que la norma demandada es conforme a la Constitución porque, de una lectura integral y sistemática de la Ley 1952 de 2019 (Código Disciplinario Único), se concluye que las garantías del debido proceso y del derecho a la defensa son idénticas y deben respetarse tanto en los procedimientos verbales como en los ordinarios.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-30 de 2023

Inexequible la asignación de funciones jurisdiccionales a la PGN mediante la Ley 2094 de 2021 (Arts. 1, 54, 73 y 74 que modificaron los artículos 2, 238A, 265 de la Ley 1952 de 2019). La imposición definitiva de las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores públicos de elección popular, en ejercicio del cargo, requiere de la intervención de un juez. […] No obstante, las normas analizadas implicaron la habilitación amplia, general, exclusiva y extensa de la PGN como órgano investido de jurisdicción para el ejercicio de la acción disciplinaria y la imposición de sanciones, inclusive las de destitución, suspensión e inhabilidad contra servidores públicos de elección popular, en ejercicio del cargo.\ las disposiciones anunciadas no satisfacen uno de los presupuestos esenciales del inciso tercero del Art. 116 superior, consistente en que el ejercicio de funciones judiciales por parte de la autoridad que ejerce funciones administrativas investida para tales efectos obedezca al traslado de una competencia originalmente asignada a los jueces. En efecto, previo a la sanción de la Ley 2094 de 2021, la potestad disciplinaria que ella regula no estaba en cabeza de la Rama Judicial, sino de la misma PGN, por expreso mandato de los Arts. 118, 277.6 y 278.1 de la carta. \ Las funciones disciplinarias que ejerce la PGN son de naturaleza administrativa y no jurisdiccional, en este sentido condicionada la exequibilidad de los artículos 13, 16 y 17 de la Ley 2094 de 2021 (que modificaron los artículos 92 y 101 de la Ley 1952 de 2019) \ Condiciona el Art. 54 (238A) : El recurso extraordinario de revisión operará solamente cuando se impongan sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores públicos de elección popular, por ministerio de la ley, de manera automática e inmediata. En todo caso el disciplinado podrá ejercer todas las actividades procesales que estime pertinentes a su defensa propias del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Las sanciones impuestas a los funcionarios de elección popular se suspenderán en su ejecución durante el trámite judicial de revisión, el cual finiquitará con una sentencia que determinará de manera definitiva la sanción aplicable\ El derecho administrativo sancionador y el derecho administrativo disciplinario\ Principio democrático y naturaleza y alcance de los derechos políticos\ Garantía internacional de los derechos políticos. Principales pronunciamientos de la Corte IDH - [Resumen automatizado: La Corte arribó a dicha conclusión con fundamento en las siguientes razones: i) la interpretación evolutiva y dinámica del artículo 23.2 de la CADH; ii) el plexo de garantías reconocido a los servidores públicos de elección popular ante las sanciones expuestas es amplio y expansivo y tiene su origen en la Constitución, así como consulta el estándar internacional en el marco del bloque de constitucionalidad; iii) la configuración de dicha protección reforzada tuvo en cuenta los estándares establecidos en el fallo Petro Urrego vs Colombia y las posibilidades jurídicas y fácticas de la institucionalidad constitucional del Estado, para la adecuación de buena fe de aquellos, conforme a los criterios desarrollados por la sentencia C-146 de 2021. || Recordó que dicha normativa hace parte del bloque de constitucionalidad y que en desarrollo del principio de armonización entre el orden nacional e interamericano en materia de protección de derechos (sentencia C-101 de 2018), se entiende por esta Corporación que la aplicación de aquel, como lo hizo el Congreso de la República al expedir la Ley 2094 de 2021, implica la garantía de que las sanciones disciplinarias de destitución, suspensión e inhabilidad contra servidores de elección popular, solo pueden imponerse con intervención de un juez, según la atribución de competencias que se determine en ley, de conformidad con el artículo 277.6 de la Constitución.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-9 de 2023

Fallo inhibitorio sobre los artículos 30, 31, 32, 33, 34, 35 36, 37, 38 y 39 de la Ley 1123 de 2007, por ineptitud sustantiva de la demanda, en relación con los cargos de vulneración del principio de legalidad porque, en criterio del demandante, las faltas disciplinarias no determinaban ni identificaban la sanción que se debe imponer por incurrir en cada una de ellas. En particular, no establecían el castigo ni señalaban los criterios para su tasación. Cosa juzgada en relación con el Art. 40. - [Resumen automatizado: Constituyen faltas de lealtad con el cliente: a) No expresar su franca y completa opinión acerca del asunto consultado o encomendado; b) Garantizar que de ser encargado de la gestión, habrá de obtener un resultado favorable; c) Callar, en todo o en parte, hechos, implicaciones jurídicas o situaciones inherentes a la gestión encomendada o alterarle la información correcta, con ánimo de desviar la libre decisión sobre el manejo del asunto; d) No informar con veracidad la constante evolución del asunto encomendado o las posibilidades de mecanismos alternos de solución de conflictos; e) Asesorar, patrocinar o representar, simultánea o sucesivamente, a quienes tengan intereses contrapuestos, sin perjuicio de que pueda realizar, con el consentimiento de todos, gestiones que redunden en provecho común; En esta falta también pueden incurrir los miembros de una misma firma o sociedad de abogados que representen intereses contrapuestos; f) Revelar o utilizar los secretos que le haya confiado el cliente, aun en virtud de requerimiento de autoridad, a menos que haya recibido autorización escrita de aquel, o que tenga necesidad de hacer revelaciones para evitar la comisión de un delito; g) Adquirir del cliente directa o indirectamente todo o parte de su interés en causa, a título distinto de la equitativa retribución de los servicios y gastos profesionales; h) Callar las relaciones de parentesco, amistad o interés con la parte contraria o cualquiera otra situación que pueda afectar su independencia o configurar motivo determinante para interrumpir la relación profesional, i) Aceptar cualquier encargo profesional para el cual no se encuentre capacitado, o que no pueda atender diligentemente en razón del exceso de compromisos profesionales.]

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2022

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-440 de 2022

Los enunciados contenidos en el inciso 2º del artículo 102 y en el inciso 4º del artículo 106 de la Ley 1123 de 2007, "por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado", en virtud de las cuales se establece que, en el marco de la actuación disciplinaria que se adelante contra los abogados en ejercicio, el magistrado al que corresponda por reparto la queja o informe llevará a cabo la instrucción a lo largo de la primera instancia hasta el momento en que se profiera sentencia por la sala plural respectiva, mismo funcionario que registrará el proyecto de fallo dentro de un término de cinco días; no desconocen la garantía de juez disciplinario imparcial como parte del debido proceso.\ La Corte enfatizó que la garantía de imparcialidad, como elemento axial del debido proceso, no resulta afectada en su dimensión objetiva por el simple hecho de que en un mismo funcionario concurran funciones de instrucción y juzgamiento.\ S.V - [Resumen automatizado: En segundo lugar, consideraron que la Corte debió concentrar su análisis en determinar si era contrario a la garantía de imparcialidad objetiva que consagra el derecho fundamental al debido proceso (Art. 29, CP), armonizado con esa misma garantía judicial interamericana (Art. 8.1, CADH), que el Legislador haya previsto para los procesos jurisdiccionales disciplinarios que se adelantan contra los abogados en ejercicio de la profesión, que un magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial respectiva sea el encargado de asumir el caso desde el reparto hasta antes de dictar sentencia, realizando la formulación de cargos y adelantando la audiencia de juzgamiento, para después proceder a elaborar el fallo y participar en la sala plural que emite la decisión primera instancia disciplinaria. || Por su parte, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar se apartó de la decisión adoptada por la mayoría de la Sala Plena, por cuanto, en su criterio, la Corte debió declarar la inexequibilidad o la exequibilidad condicionada de las normas demandadas con el objeto de garantizar la aplicación del principio de imparcialidad y con él, el derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, debiéndose separar la etapa de instrucción e investigación de la de juzgamiento, de manera que el funcionario que instruya e investiga no participe del juzgamiento y por lo mismo de la adopción de la decisión judicial disciplinaria, con fundamento en las siguientes razones.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-354 de 2022

Las sanciones que, a juicio del Tribunal Ético Profesional, pueden interponerse contra las faltas a la ética odontológica, no desconocen el principio de legalidad derivado del derecho fundamental al debido proceso puesto que los tribunales de ética odontológica cuentan con criterios orientadores al momento de imponer sanciones disciplinarias\ Exequible el artículo 79 de la Ley 35 de 1989, "Sobre ética del odontólogo colombiano"\ Inepta demanda contra el Art. 80 de la misma norma - [Resumen automatizado: En ese contexto, la Sala formuló el siguiente problema jurídico: ¿el artículo 79 de la Ley 35 de 1989 que dispone que a juicio del Tribunal Ético Profesional contra las faltas a la ética odontológica, según la gravedad o reincidencia, proceden cuatro tipos de sanciones a) amonestación privada, b) censura (en las modalidades escrita y privada, escrita y pública y verbal y pública), c) suspensión del ejercicio de la odontología hasta por seis meses y d) suspensión del ejercicio de la odontología hasta por cinco años sanciones, desconoce el derecho al debido proceso, específicamente el principio de legalidad, previsto en el artículo 29 de la Constitución Política? || Dicho esto, el magistrado Ibáñez Najar destacó que, al tenor de la jurisprudencia constitucional y con fundamento en los mandatos que se desprenden del artículo 29 de la Constitución Política, los Códigos de ética profesional que permiten la imposición de sanciones por parte de tribunales de dicha naturaleza, no solo deben definir parámetros de comportamiento deseables, sino que también están llamados establecer, en estricto sentido, cuáles son las conductas que constituyen faltas disciplinarias susceptibles de ser sancionadas.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-40 de 2022

INEXEQUIBLES los numerales 5, 7 y 8 del artículo 15 del Decreto Ley 953 de 1997, "por el cual se dicta el Reglamento de Disciplina para el Personal de Cuerpos de Bomberos".\ Las prohibiciones demandadas desconocen las garantías de tipicidad y certeza propias del derecho al debido proceso, pues presentan redacciones ambiguas y con una vaguedad insuperable que permitan la interpretación arbitraria de los operadores acerca de su verdadero alcance - [Resumen automatizado: LA CORTE DECLARO INEXEQUIBLES PROHIBICIONES DEL REGIMEN DE DISCIPLINA DE LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS POR RESULTAR EXCESIVAMENTE INDETERMINADAS, DESCONOCIENDO MINIMOS EN MATERIA DE TIPICIDAD Y CERTEZA. || Declarar INEXEQUIBLES los numerales 5, 7 y 8 del artículo 15 del Decreto Ley 953 de 1997, “Por el cual se dicta el Reglamento de Disciplina para el Personal de Cuerpos de Bomberos”. || Correspondió a la Corte estudiar una demanda de inconstitucionalidad contra los numerales 5, 7 y 8 del artículo 15 del Decreto Ley 953 de 1997, “Por el cual se dicta el Reglamento de Disciplina para el Personal de Cuerpos de Bomberos”, en la que se formuló un solo cargo por violación del artículo 29 de la Constitución. || Con base en estos elementos de la demanda, la Corte se ocupó de determinar si las prohibiciones previstas en las normas demandadas estaban dotadas de una indeterminación constitucionalmente admisible a la luz del derecho fundamental del debido proceso, sin quebrantar las garantías reconocidas en el artículo 29 de la Constitución Política. || Con esto en cuenta, se analizaron las tres prohibiciones demandadas y se determinó que desconocían las garantías de tipicidad y certeza propias del derecho al debido proceso, pues presentaban redacciones ambiguas y con una vaguedad insuperable que permitía la interpretación arbitraria de los operadores acerca de su verdadero alcance.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-31 de 2022

Fallo inhibitorio en relación con los cargos contra el literal j) (parcial) del artículo 1° de la Ley 61 de 1993 "por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para dictar normas sobre armas, municiones y explosivos, y para reglamentar la vigilancia y seguridad privadas", así como los artículos 76 y 77 del Decreto Ley 356 de 1994 "por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada" por inepta demanda; sobre si el Legislador transgredió el alcance constitucional del otorgamiento de facultades extraordinarias al presidente de la República \ No existe una norma del bloque de constitucionalidad que prohíba la delegación del Legislador al Presidente para regular asuntos sancionatorios de carácter administrativo.\ Las normas demandadas versan sobre un tema que no está prohibido regular mediante decretos-leyes - [Resumen automatizado: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE SE EXIGEN DE UNA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD, NO LE PERMITIO A LA CORTE CONSTITUCIONAL EMITIR UNA DECISION DE FONDO SOBRE LA FACULTAD SANCIONATORIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA REGULADA MEDIANTE DECRETO LEY || De conformidad con el ordinal 10 del artículo 150 de la Constitución Política revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de seis (6) meses, contados a partir de la vigencia de la presente ley, para los siguientes efectos: || Propuso examinar si el Legislador transgredió el alcance constitucional del otorgamiento de facultades extraordinarias al presidente de la República, tras haberlo autorizado a adoptar un régimen sancionatorio mediante decreto-ley. || De otro lado, si bien el objetivo puntual del ciudadano demandante era que la Corte evaluara la conformidad constitucional del otorgamiento de las facultades extraordinarias al presidente, sus razones confundían dos fenómenos: de un lado la presunta inconstitucionalidad de la habilitación legislativa al Ejecutivo para regular normas con contenido sancionatorio y de otro el carácter integral de dicha regulación que aludiría a otra prohibición constitucional, cual es la de expedir códigos mediante decretos extraordinarios.]

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2021

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-379 de 2021

INEXEQUIBLE el numeral 8 del artículo 78 de la Ley 1862 de 2017 "Por la cual se establecen las normas de conducta del Militar Colombiano y se expide el Código Disciplinario Militar"/ Estableces como falta leve "[n]o guardar la confidencialidad o discreción impuestos, diferentes a asuntos relacionados con el servicio", vulnera el artículo 6 de la Constitución Política, toda vez que el legislador excedió su facultad de configuración, dado que incorporó al precepto acusado conceptos indeterminados, ambiguos y vagos que no permiten determinar las reglas de responsabilidad de los destinatarios del régimen disciplinario militar, ni a los operadores jurídicos tener certeza y claridad de la conducta reprochada - [Resumen automatizado: LA CORTE CONSTITUCIONAL DE MANERA UNÁNIME DECLARÓ LA INEXEQUIBILIDAD DEL NUMERAL 8 DEL ARTÍCULO 78 DEL CÓDIGO DISCIPLINARIO MILITAR QUE SANCIONABA COMO FALTA LEVE AL MILITAR QUE, POR FUERA DE LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO, NO GUARDARA EL SECRETO O DISCRECIÓN, TODA VEZ QUE EL LEGISLADOR EXCEDIÓ SU FACULTAD DE CONFIGURACIÓN NORMATIVA AL INCORPORAR AL PRECEPTO ACUSADO CONCEPTOS INDETERMINADOS, AMBIGUOS Y VAGOS QUE NO PERMITEN DETERMINAR LAS REGLAS DE RESPONSABILIDAD DE LOS DESTINATARIOS DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO MILITAR; LA TIPIFICACIÓN DE LA FALTA POR ASUNTOS NO RELACIONADOS CON EL SERVICIO CARECE DEL ELEMENTO DE ILICITUD SUSTANCIAL PROPIO DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS; Y, LA NORMA ACUSADA ADOLECE DE JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL AL TIPIFICAR COMO FALTA UNA CONDUCTA QUE NO GUARDA RELACIÓN CON LOS FINES Y FUNCIONES QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LE IMPONE A LAS FUERZAS MILITARES. || Mediante el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, se solicitó de la Corte declarar la inexequibilidad del numeral 8 del artículo 78 de la Ley 1862 de 2017, “Por la cual se establecen las normas de conducta del Militar Colombiano y se expide el Código Disciplinario Militar”, el cual contemplaba como falta leve “No guardar la confidencialidad o discreción impuestos, diferentes a asuntos relacionados con el servicio” por considerar que el mismo vulnera el artículo 6 de la Constitución Política, al haber consagrado el legislador una falta disciplinaria carente de ilicitud sustancial.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-370 de 2021

La prohibición para el militar de llevar de la mano a la pareja, en sitios no autorizados y al portar el uniforme, es una medida prevista en pro de la disciplina militar constitucionalmente inadmisible, pues afecta en forma desproporcionada los derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad del ciudadano que hace parte de la institución castrense\ Inexequible la expresión "Llevar de la mano o" contenida en el numeral 21 del artículo 22 de la Ley 1862 de 2017 - [Resumen automatizado: Explicó que, en su criterio, la medida (i) persigue una finalidad legítima, pues pretende encauzar la disciplina a la ética militar durante la prestación del servicio, bajo el entendido de que esta última puede resultar afectada por “ciertas expresiones o demostraciones de afecto o eróticas en público”[46]; (ii) es adecuada para lograr ese fin, porque la conducta no se restringe en “todos los escenarios de la vida del militar, sino que está supeditada a que: (a) se afecte en menor grado el servicio o la disciplina, (b) se realice en lugares o eventos no autorizados, y (c) se concrete portando el uniforme, como elemento distintivo para la ciudadanía de la prestación del servicio”[47]; (iii) es necesaria, en tanto que un medio correctivo es de carácter pedagógico y no constituye una sanción disciplinaria, de modo que no hay consecuencia con el mismo grado de persuasión que sea menos lesiva de los derechos del militar; y, (iv) es proporcional, porque “si bien prohibir ciertas expresiones o demostraciones de afecto o eróticas en público durante la prestación del servicio se (sic) puede llegar a impactar el libre desarrollo de la personalidad y algunas dimensiones del derecho a la intimidad, (…) se trata de una afectación leve que busca procurar la mejor prestación de las labores (…) sin impedir que (…), cuando no estén ejerciendo sus funciones, desarrollen de forma libre y autónoma su voluntad en todos los aspectos de su vida, siempre que no afecten los derechos de otros”[48].]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-325 de 2021

Responsabilidad fiscal y disciplinario cuando se trata de servidores de elección popular. Nuevos modelos de investigación y juzgamiento en los procesos que adelantan la Contraloría y la Procuraduría reemplazaron los contenidos en la Ley 734 de 2002 y de la Ley 1952 de 2019\ Fallo inhibitorio en relación al cargo por desconocimiento de los artículos 23 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 93 de la Carta, en los términos en los que fue decidido el caso Petro Urrego vs Colombia de la CIDH, contra los artículos 38, 44, 45 y 46 (parciales) de la Ley 734 de 2002 -Código Disciplinario Único-, y de los artículos 42, 48 y 49 (parciales) de la Ley 1952 de 2019 -Código General Disciplinario, por ineptitud sobreviniente a la admisión de la demanda.\ Durante el trámite surtido ante esta Corporación, fueron promulgadas las Leyes 2080 y 2094 ambas de 2021. Aquellas, a pesar de que no derogaron los artículos parcialmente demandados, sí cambiaron su alcance y el sistema normativo relacionado con el ejercicio y la imposición de sanciones e inhabilidades disciplinarias y fiscales que adelantan la Procuraduría y la Contraloría. En tal sentido, el Legislador estableció nuevos modelos de investigación y juzgamiento en los procesos que adelantan las mencionadas autoridades.\ En ese escenario, insistió en que la norma identificada por los ciudadanos y la Sala Plena fue reemplazada por otros contenidos normativos. En ese punto, las nuevas regulaciones modificaron directa, sustancial y estructuralmente los procesos de responsabilidad fiscal y disciplinaria. De esta suerte, los nuevos contenidos normativos no podrían integrarse porque no guardan identidad con la norma inicialmente acusada y, por lo tanto, los argumentos de la demanda no son predicables de aquellos porque, la Sala insiste en que se trata de nuevos modelos de investigación y sanción fiscal y disciplinaria - [Resumen automatizado: POR INEPTITUD SUSTANTIVA SOBREVINIENTE DE LA DEMANDA, CORTE SE INHIBE PARA PRONUNCIARSE SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA SERIE DE NORMAS QUE ESTABLECEN INHABILIDADES PARA DESEMPEÑAR CARGOS PÚBLICOS POR SANCIONES DISCIPLINARIAS O FISCALES || Quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado durante los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente. || Quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado durante los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente. || De esta manera, indicó que, si bien los textos legales acusados están vigentes porque no fueron modificados o derogados por las leyes del 2021, la norma jurídica que fue identificada por los ciudadanos y la Sala Plena fue reemplazada por nuevos contenidos normativos. || Luego de reiterar la importancia del control constitucional basado en el ejercicio del derecho de acción y su naturaleza rogada y, los requisitos de aptitud de la demanda como límite a cualquier forma de juicio oficioso por parte de este Tribunal, la Sala consideró que acaeció una forma de ineptitud sobreviniente sobre el único cargo formulado.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-321 de 2021

INEXEQUIBLES el numeral 12 del artículo 77 y el numeral 7o del artículo 78 de la Ley 1862 de 2017, "por la cual se establecen las normas de conducta del Militar Colombiano y se expide el Código Disciplinario Militar; por vulnerar el debido proceso, por desconocer el principio de legalidad, en su componente de tipicidad, al emplear conceptos indeterminables, que por su ambigüedad y vaguedad no permitían determinar la certeza de la conducta sancionable, lo que a su vez rompía la vinculación entre la falta y el deber funcional que esta busca proteger.\ la Sala resaltó que la disciplina es condición esencial para la existencia de las Fuerzas Militares, como expresamente lo señala el artículo 3o de la Ley 1862 de 2017, por lo que es legítimo que el Legislador tipifique como faltas los comportamientos que atenten contra dicho valor, pero dentro de las limitaciones constitucionales a dicha potestad configurativa. \ El comportamiento constitutivo de falta disciplinaria debe estar dirigido a reprochar el incumplimiento de un deber funcional del servidor público, pues no de otra manera podría considerarse la ilicitud sustancial de la conducta. \ S.V

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-146 de 2021

La inhabiladad establecida como "o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión" para ser elegido concejal, alcalde, diputado o gobernador, contenida en los artículos 43.1 y 95.1 de la Ley 136 de 1994, 30.1 y 33.1 de la Ley 617 de 2000, no vulneran los artículos 93 de la Constitución Política y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) \la Sala reiteró su jurisprudencia sobre el derecho político a ser elegido y las inhabilidades como limitaciones a este derecho. Así mismo, la Sala (i) se refirió al proceso de pérdida de la investidura y a la exclusión del ejercicio de una profesión, (ii) explicó en qué consiste el control de convencionalidad a la luz de la jurisprudencia de la Corte IDH, (iii) reiteró su jurisprudencia sobre el bloque de constitucionalidad, (iv) diferenció el control de convencionalidad y el bloque de constitucionalidad, (v) reiteró su jurisprudencia sobre el control de convencionalidad y el contenido y alcance del artículo 23 de la CADH y (vi) sintetizó la decisión de la Corte IDH en el caso Petro Urrego Vs. Colombia y la sentencia del Consejo de Estado de 15 de noviembre de 2017, sobre el alcance del referido artículo convencional \ Así, la Sala Plena consideró que las disposiciones demandadas prevén inhabilidades que operan por ministerio de la ley, como consecuencia de haber sido sancionado previamente con pérdida de la investidura o con exclusión del ejercicio de la profesión. No se trata entonces de inhabilidades que imponga como sanción la autoridad que declaró la pérdida de investidura ni la que decidió la exclusión de la profesión. También resaltó que estas inhabilidades persiguen fines constitucionales y su imposición no depende, de ningún modo, de la voluntad del gobernante de turno y, por tanto, cumplen con el fin del artículo 23.2 de la CADH - [Resumen automatizado: 1. Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas. || 1. Quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas. || 1. Quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-120 de 2021

INEXEQUIBLES el parágrafo 1 del artículo 93 de la Ley 1952 de 2019 y el parágrafo 1 del artículo 76 de la Ley 734 de 2002, éste último con efectos a partir del 13 de enero de 2021, fecha en que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial inició su funcionamiento/ La función atribuida a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación de conocer y fallar las investigaciones contra los empleados judiciales de la entidad y establecer que la segunda instancia fuera de competencia del nominador o de quien este delegue, desconoce lo previsto en el artículo 257A de la Constitución, que atribuye una competencia exclusiva y excluyente a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para ejercer la función disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la rama judicial, función que, en virtud de dicha disposición, es de naturaleza jurisdiccional, lo cual excluye, así mismo, el poder preferente de la Procuraduría General de la Nación respecto de dichos servidores/ Jurisprudencia constitucional sobre el alcance del artículo 257A C.P - [Resumen automatizado: EL EJERCICIO DEL CONTROL DISCIPLINARIO DE LOS EMPLEADOS JUDICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN CORRESPONDE A LA COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL || En este proceso la Corte examinó si el legislador podía atribuir a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación la función de conocer y fallar las investigaciones contra los empleados judiciales de la entidad y establecer que la segunda instancia fuera de competencia del nominador o de quien este delegue, sin desconocer lo previsto en el artículo 257A de la Constitución, según el cual la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la rama judicial. || En efecto, el artículo 257A atribuye una competencia exclusiva y excluyente a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para ejercer la función disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la rama judicial, función que, en virtud de dicha disposición, es de naturaleza jurisdiccional, lo cual excluye, así mismo, el poder preferente de la Procuraduría General de la Nación respecto de dichos servidores.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-64 de 2021

El carácter opcional de defensa técnica en el proceso ético disciplinario médico no desconoce el derecho al debido proceso. En lugar de afectar el derecho al debido proceso de las personas, les permite seleccionar la naturaleza de su defensa, sin que de ello se siga una limitación injustificada o arbitraria de su derecho fundamental a la defensa técnica que solo y únicamente en el ámbito penal resulta irrenunciable. Ley 23 de 1981 "Por la cual se dictan normas en materia de ética médica"; Art. 77 la expresión "podrán" : Exequible - [Resumen automatizado: Esta posición ha sido reiterada por el Consejo de Estado y también por la Corte Constitucional; iii) en gran variedad de escenarios procesales el ejercicio de la defensa y el respeto por el debido proceso “no implica necesariamente, ni en todos los casos, la defensa técnica por parte de un abogado titulado” y iv) las decisiones proferidas por el Tribunal Nacional de Ética Médica y por el Ministerio de Salud en respuesta a los recursos de apelación pueden demandarse ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, escenario en el que se ejerce control judicial a través de un debate técnico de naturaleza jurídica que debe ser ejercido por conducto de un abogado titulado que cuente con derecho a postulación, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 73 del Código General del Proceso. || En atención a lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala se contrae a establecer si es contrario al artículo 29 superior y a los artículos 14 y 8º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana de Derechos Humanos, respectivamente, que en el marco de los procesos disciplinarios seguidos contra los profesionales de la medicina, la defensa técnica tal como se desprende de la expresión “podrán” contemplada en el artículo 77 de la Ley 23 de 1981 “Por la cual se dictan normas en materia de ética médica” tenga un carácter facultativo, esto es, que el médico investigado pueda optar por acudir a un abogado para la defensa o renunciar a esta posibilidad.]; Art. 77 la expresión "podrán" : Exequible

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-29 de 2021

En las actuaciones disciplinarias, sobre la contabilización de plazos a partir del día siguiente a la entrega en la oficina de correo de la comunicación, para que se entienda cumplida la comunicación, el interesado tiene la posibilidad de demostrar que no recibió la comunicación en el término señalado en la norma; para que a partir de esta fecha se contabilizará el término señalado en las normas parcialmente acusadas. La Corte CONDICIONA los incisos segundos de los Arts. 127, 129 y 225 de la Ley 1952 de 2019, "por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario\ El derecho al debido proceso administrativo en materia disciplinaria, el principio de publicidad y los derechos de defensa y contradicción \La libertad de configuración legislativa en materia disciplinaria y sus límites\ las reglas jurisprudenciales sobre notificaciones a través del correo postal de los actos administrativos del procedimiento disciplinario - [Resumen automatizado: Por lo expuesto, el Procurador considera que se configura la cosa juzgada material respecto del aparte acusado, dado que: (i) la Sentencia C-293 de 2008 “(…) juzgó una disposición con idéntico contenido normativo y efectos jurídicos a la que es objeto de demanda”[19]; (ii) los cargos analizados en ambos casos se refieren al principio de publicidad y a los derechos al debido proceso y de defensa; (iii) los parámetros constitucionales que fundamentaron la anterior decisión no han sido objeto de reforma; y, (iv) no se evidencia “(…) un cambio relevante en el contexto de aplicación de la norma”. || Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará los siguientes asuntos: (i) el derecho al debido proceso administrativo en materia disciplinaria, el principio de publicidad y los derechos de defensa y contradicción; (ii) la libertad de configuración legislativa en materia disciplinaria y sus límites; (iii) las reglas jurisprudenciales sobre notificaciones a través del correo postal de los actos administrativos del procedimiento disciplinario; y, finalmente, (iv) el análisis de constitucionalidad de las normas acusadas, en relación con el cargo propuesto.]

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2020

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-452 de 2020

INEXEQUIBLE la expresión "que tengan más de siete años", contenida en el inciso segundo del artículo 194 de la Ley 1862 de 2017, Código Disciplinario Militar, y en el inciso segundo del artículo 164 de la Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario. Para la Sala la expresión "que tengan más de siete años" contenida en las disposiciones antes señaladas, priva a los menores de siete de años de la facultad de rendir testimonio en los procedimientos disciplinarios, y vulnera su derecho prevalente a la verdad y a la justicia disciplinarias cuando son sujetos procesales en razón de su condición de víctimas, desconociendo que los niños y niñas tienen derecho a expresar libremente su opinión y a que esta sea tenida en cuenta en función de su edad y madurez, en los términos de los artículos 44 constitucional y 12 de la Convención de los Derechos del Niño\ Fallo inhibitorio sobre el tercero del artículo 194 de la Ley 1862 de 2017, Código Disciplinario Militar - [Resumen automatizado: LA CORTE DECLARÓ INEXEQUIBLES LAS NORMAS QUE LIMITABA A LOS MENORES DE EDAD QUE TUVIEREN MÁS DE SIETE AÑOS EL DEBER DE RENDIR TESTIMONIO EN PROCESOS DISCIPLINARIOS, POR VULNERAR EL DERECHO PREVALENTE A LA VERDAD Y A LA JUSTICIA DISCIPLINARIAS CUANDO SON SUJETOS PROCESALES EN RAZÓN DE SU CONDICIÓN DE VÍCTIMAS, DESCONOCIENDO QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS TIENEN DERECHO A EXPRESAR LIBREMENTE SU OPINIÓN Y A QUE ESTA SEA TENIDA EN CUENTA || Los menores de edad que tengan más de siete años podrán rendir testimonio, diligencia que solo podrá ser recibida por el Defensor de Familia, en su despacho o a través de audio y video cuando las circunstancias así lo determinen. || Para la Sala la expresión “que tengan más de siete años” contenida en las disposiciones antes señaladas, priva a los menores de siete de años de la facultad de rendir testimonio en los procedimientos disciplinarios, y vulnera su derecho prevalente a la verdad y a la justicia disciplinarias cuando son sujetos procesales en razón de su condición de víctimas, desconociendo que los niños y niñas tienen derecho a expresar libremente su opinión y a que esta sea tenida en cuenta en función de su edad y madurez, en los términos de los artículos 44 constitucional y 12 de la Convención de los Derechos del Niño.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-427 de 2020

Declara exequible, por el cargo de violación al principio de consecutividad, el artículo 140 que prorroga al Código Disciplinario Único- de la Ley 1955 de 2019 "por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022. 'Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad'". \ La Sala Plena concluyó que la norma era exequible, porque: (i) es válido que durante el Primer Debate ante las Comisiones Económicas Conjuntas se incorporen normas no contenidas en el proyecto inicialmente presentado por el Gobierno nacional; (ii) contrario a lo señalado por la accionante, la norma demandada sí fue incluida en el proyecto para Segundo Debate ante las Plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes; y (iii) el hecho de que la Plenaria del Senado haya acogido el texto aprobado por la Plenaria de la Cámara de Representantes, no necesariamente implica una renuncia al debate legislativo - [Resumen automatizado: LA PRÓRROGA DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO CONTENIDA EN LA LEY DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, FUE ADOPTADA DE CONFORMIDAD CON EL PRINCIPIO DE CONSECUTIVIDAD AL CUAL ESTÁ SUJETO EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO || Correspondió a la Corte pronunciarse respecto de una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 140 de la Ley 1955 de 2019, ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo, el cual dispuso prorrogar la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019 “Código General Disciplinario”, por violación a los principios de consecutividad y de unidad de materia. || Por último, la Corte concluyó que, respecto del cargo por violación del principio de unidad de materia por falta de conexidad entre la norma acusada y los propósitos generales consagrados en las bases del Plan, era necesario estarse a lo resuelto en la sentencia C-095 de 2020, por existir cosa juzgada constitucional.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-93 de 2020

La restricción consistente en ser nombrado o ascendido a un cargo público, mientras que la persona tenga una multa impuesta en el marco del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y ésta no se haya pagado dentro de los seis (6) meses siguientes a su imposición -establecida en el Num. 2 del Art. 183 de la Ley 1801 de 2016-, es constitucionalmente razonable pues: (a) su fin no se circunscribe al simple recaudo, sino a garantizar los principios de la función pública, especialmente la sujeción y respeto de la ley; (b) es idónea para alcanzar el fin propuesto; (c) no constituye un requisito para postularse o ingresar al concurso, sino para ser nombrado o ascendido; y, (d) no es restricción absoluta, puesto que, si la persona paga el valor adeudado, podrá realizarse el respectivo nombramiento, es decir, contiene un límite temporal o modal - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Alberto Rojas Ríos, quien la preside, Carlos Bernal Pulido, Diana Fajardo Rivera, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Cristina Pardo Schlesinger y José Fernando Reyes Cuartas, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto Ley 2067 de 1991, ha proferido la siguiente || Sobre el primer aspecto, refirió que el legislador cuenta con un margen de configuración legislativa, para crear mecanismos que impongan sanciones frente a determinadas conductas que son descritas "y que derivan en ciertas limitaciones a derechos o libertades en aras de garantizar las finalidades de aquella sanción"[14] y que, por tanto, el artículo 183 numeral 2º demandado sanciona los actos que contrarían la sana convivencia y la paz para que el infractor cumpla con sus deberes frente a la administración, así que la limitación al derecho de acceder a cargos públicos es una atribución del legislador para determinar qué "calidades" debe tener la persona para acceder a un cargo público, tal cual "como sucede con las inhabilidades e incompatibilidades que la misma ley consagra"[15].]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-15 de 2020

El artículo 217 de la Ley 1952 de 2019, que permite la suspensión provisional de los funcionarios de elección popular durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento por faltas calificadas como gravísimas o graves, no requería trámite de ley estatutaria (artículos 152 y 153 de la Constitución) - [Resumen automatizado: La suspensión provisional como medida cautelar o preventiva no afecta de manera directa el núcleo esencial de alguno de los derechos políticos del ciudadano consagrado en el artículo 40 de la Constitución Política, pues dicha restricción o limitación para desempeñar cargos de elección popular obedece a conductas derivadas del ejercicio mismo de la función y no a la posibilidad de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos de elección popular, materia que sí se encuentra sujeto a trámite especial de Ley estatutaria. || "corresponde a este tribunal establecer si la norma contenida en los artículos 157 de la Ley 734 de 2002 y 217 de la Ley 1952 de 2019, en tanto faculta al operador que adelanta el proceso disciplinario para suspender provisionalmente al servidor público, incluso si es de elección popular, es compatible con la norma superior prevista en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos" ¿El artículo 217 de la Ley 1952 de 2019 desconoció los artículos 152 y 153 de la Constitución, al permitir que una autoridad administrativa suspenda provisionalmente a los empleados públicos elegidos popularmente, disposición que, según las demandantes, tiene reserva de ley estatutaria, debido a que interfiere de manera desproporcionada el núcleo del derecho fundamental a ejercer el derecho político a ocupar cargos públicos?]

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2019

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-570 de 2019

INEXEQUIBLE el inciso final del artículo 153 de Código Disciplinario Militar, por vulnera el derecho al debido proceso, al permitir que la notificación se haga 'por cualquier medio de comunicación' si la persona está en un área de operaciones militares\ CONDICIONALMENTE exequibles apartes del Art. 159 del Código Disciplinario Militar (Ley 1862 de 2017) y el Art. 122 del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019), al establecer que se entienda que la persona investigada disciplinariamente, ha sido notificada personalmente en la fecha en la que el correo electrónico ha sido enviado y no cuando ha sido recibido, bajo el entendido de que debe existir evidencia de que la recepción del mensaje electrónico efectivamente se dio. \ Sancionar como falta gravísima el 'demandar explicaciones al superior sobre el fundamento de una orden', en ejecución o conducción de operaciones militares, o cuando la orden en tales condiciones se incumple o se cambia sin autorización (Art. 76 Num. 18 CDM) no vulnera la libertad de conciencia. No establecer la posibilidad de cuestionamiento de órdenes ilegítimas que violen derechos humanos, el derecho internacional humanitario o el derecho internacional de los derechos humanos, es contrario a la libertad de conciencia y a la defensa de la dignidad humana. El principio de obediencia debida nunca puede ser entendido como un principio de obediencia ciega. No obstante, la Corte resolvió no declarar la norma exequible de manera condicionada, teniendo en cuenta que una interpretación sistemática del Código Disciplinario Militar permite hacer una aplicación de la regla legal acorde a la Constitución Política.\ Sancionar como falta gravísima demandar las explicaciones sobre el fundamento de una orden en el área de operaciones, el Legislador (Art. 76 Num. 18 CDM) no viola el principio de obediencia debida. Con la norma se prohíbe que un subalterno cuestione a un superior y le exija que explique el sustento de una orden, en el desarrollo de operaciones militares. Esta restricción no impide hacer preguntas con el fin de aclarar y comprender una orden, para poder cumplirla - [Resumen automatizado: ¿Viola el Legislador la libertad de conciencia (Art. 18, CP) al sancionar como falta gravísima (con la eventual salida de la institución castrense) el 'demandar explicaciones al superior sobre el fundamento de una orden', en ejecución o conducción de operaciones militares, o cuando la orden en tales condiciones se incumple o se cambia sin autorización, a pesar (1) del concepto mismo de orden militar que exige que sea legítima y (2) del régimen disciplinario que contempla la exclusión de responsabilidad, cuando se actuó así para salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del deber, en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad? || Uno de los precedentes más relevantes que debe la Sala tener en cuenta en esta oportunidad es la Sentencia C-431 de 2004, en la que se analizó la constitucionalidad de varias normas legales, entre ellas, el numeral 19 del Artículo 60 del Código Disciplinario Militar anterior (Ley 836 de 2003), de acuerdo con el cual era un falta leve 'demandar explicaciones al superior sobre el fundamento de una orden, reconvención u observación'.[47] El principio de obediencia debida contemplado por la Constitución (Art. 91, CP) supone "una disciplina estricta y [que] se respete el orden jerárquico, pero se reitera que la 'obediencia debida no equivale a obediencia ciega o irreflexiva', por lo cual, sostuvo la Corte que "en ciertas circunstancias el militar subalterno puede sustraerse al cumplimiento de la orden superior." Al respecto añadió lo siguiente,]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-560 de 2019

INEXEQUIBLE de la expresión "de la Contraloría", contenida en el artículo 101 de la Ley 1952 de 2019 (CGD), que regula la competencia especial de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, al no haberse determinado de manera cierta el órgano competente para adelantar el proceso, desconociendo la garantía del juez natural y, por ende, el debido proceso, y la igualdad. \ Calificar como "grave" la lesión a la integridad física o mental de los miembros del grupo, en el contexto del genocidio, cuando se trata de la infracción al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, es incompatible con la prohibición prevista en el artículo 243 de la Constitución y, además, desconoce el principio de supremacía de la Constitución. La Corte declaró estarse a lo resuelto por cuanto el texto había sido reproducido de la norma anterior y declarado inexequible mediante la C-181-02 (expresión "grave", contenida en el artículo 52 de la Ley 1952 de 2019 (CGD)) - [Resumen automatizado: La configuración de la cosa juzgada constitucional material, que se predica respecto de la norma demandada del artículo 52 del CGD, se afirma a partir de la verificación de los cuatro requisitos aplicables, así: 1) el contenido normativo ya fue declarado inexequible en las Sentencias C-181 y C-1076 de 2002; 2) el contenido declarado inexequible es igual al demandado ahora; 3) la declaración de inconstitucionalidad se hizo por razones de fondo y no de forma; y 4) las normas constitucionales en las cuales se fundó dicha declaración (artículos 12 y 29), continúan vigentes. || 2) si la norma enunciada en la expresión "y el tercer inciso del artículo 178 A", contenida en el artículo 66 del CGD, al aludir a una norma constitucional que fue declarada inexequible, al regular las causales de mala conducta, es compatible con las normas constitucionales previstas en los artículos 4 y 243 de la Carta, relativos a la supremacía de la Constitución y a la prohibición de reproducir el contenido material de actos jurídicos declarados inexequibles por razones de fondo;]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-536 de 2019

Tipificar como falta disciplinaria asistir al trabajo en estado de embriaguez o bajo los efectos de estupefacientes es legítima, razonable y proporcional, dado que busca el adecuado ejercicio de la función y labor pública. Sin embargo, con base en la jurisprudencia de esta Corte, precisó que el fragmento censurado del numeral 2 del artículo 55 de la ley 1952 de 2019 debe ser aplicado siempre que el consumo de alcohol o estupefacientes afecte el ejercicio del cargo, función o servicio público, dado que ahí radica la antijuridicidad del ilícito disciplinario. Dicha interpretación de la disposición demandada garantiza que los poderes de dirección y de disciplina del empleador se restrinjan a la función pública. Con ello, quedan protegidos el derecho al trabajo y el adecuado ejercicio de la función pública, además se asegura que los poderes de dirección y de disciplina del Estado se ejerzan dentro de los límites de las garantías constitucionales. \ Ley 1952 de 2019, "por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011 relacionadas con el derecho disciplinario"; Art. 55, Num. 2 parcial - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado, Carlos Bernal Pulido, Diana Fajardo Rivera, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, José Fernando Reyes Cuartas, Cristina Pardo Schlesinger y Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, previo cumplimiento de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto Ley 2067 de 1991, ha proferido la siguiente || El numeral 2 del artículo 55 de la Ley 1952 de 2019 es una disposición que está compuesta por varias normas, las cuales pueden identificarse desde los siguientes elementos jurídicos: i) la conducta tipificada: consumo de sustancias prohibidas que produzcan dependencia física o síquica, así como colocarse en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes; ii) el lugar de la comisión: se refiere al sitio de trabajo o lugares públicos; iii) la reincidencia en la acción: frecuente -tres ves o más- o esporádica menos de tres veces -, lo cual constituye un factor para determinar si la falta será gravísima o grave, respectivamente; y iv) elemento negativo del tipo: exige una ilicitud sustancial para la consumación de la falta grave, puesto que requiere verificar que la conducta de consumir sustancias prohibidas en lugares públicos debe incidir en el correcto ejercicio del cargo, función o servicio.]; Art. 55, Num. 2 parcial

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-495 de 2019

INEXEQUIBLE la expresión ""cuando no haya modo de eliminar la responsabilidad"" prevista en el artículo 14 de la Ley 1952 de 2019-Código General Disciplinario-. La condición para aplicar la presunción de inocencia en las actuaciones disciplinarios a "cuando no haya modo de eliminar la responsabilidad", vulnera la presunción de inocencia prevista en el artículo 29 de la Constitución, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque al ordenar que las dudas razonables se resuelvan en favor del disciplinado "cuando no haya modo de eliminar la responsabilidad", en realidad no está presumiendo la inocencia, sino su opuesto, es decir, la responsabilidad - [Resumen automatizado: Le corresponde a la Corte Constitucional resolver el siguiente problema jurídico: ¿El artículo 14 de la Ley 1952 de 2019, vulnera la presunción de inocencia prevista en el artículo 29 de la Constitución, el artículo 8 de la C.A.D.H. y el artículo 14 del P.I.D.C.P., al disponer que durante la actuación disciplinaria, toda duda razonable se resolverá a favor del sujeto disciplinable, “cuando no haya modo de eliminar la responsabilidad”? || A pesar de que la norma constitucional disponga que “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”, en una redacción equivalente a la del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la prevista en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[20], ambos ratificados por Colombia[21], la presunción de inocencia es una garantía fundamental que es igualmente exigible en los procedimientos administrativos[22], como lo reconoce expresamente el inciso primero del artículo 29 de la Constitución colombiana y que entraña las siguientes consecuencias: (i) corresponde al Estado la carga de desvirtuar la inocencia, a través de la prueba de los distintos elementos de la responsabilidad, incluida la culpabilidad[23].]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-430 de 2019

La Corte Constitucional declaro la exequibilidad de la expresión "incluso con la entrega de la propia vida cuando sea necesario" contenida en el artículo 1º de la Ley 1862 de 2017, como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corporación, ese deber de disposición permanente para defender a Colombia, resulta acorde con la misión constitucional asignada a las fuerzas militares por el artículo 217 de la Constitución que, en conjunto con otros principios y preceptos, determina el carácter especial de esta institución y de sus miembros, encargados de la defensa de la soberanía nacional, de la independencia e integridad del territorio nacional y del orden constitucional. Para el cumplimiento de esos cometidos constitucionales, se les confiere el monopolio de la fuerza y la autorización del porte de armas, lo que, al mismo tiempo lleva consigo, la restricción de otros derechos, como el derecho al voto, el derecho de petición, el derecho de reunión y de intervenir en actividades o debates de partidos y movimientos políticos, a fin de garantizar neutralidad política (art. 219 C.P.). A su vez, la especialidad de las funciones constitucionales que competen a las fuerzas militares y el alto riesgo que implica su ejercicio, determina la sujeción a un régimen disciplinario especial y una jurisdicción penal militar, como también, a un régimen pensional propio - [Resumen automatizado: Los ciudadanos Ángela María Chávez Barrera, Eva Daniela Díaz Jiménez, Valeria Merchán Castro, Yulieth Fernanda Mogollón Cuenca, José David Giraldo Chavarro y Luis Alfredo Quezada, ilustran sobre la diferencia entre los militares conscriptos y los voluntarios para, a partir de dicha diferencia, solicitar la declaratoria de la exequibilidad condicionada de la norma impugnada “en el sentido que el militar por su honor, defienda la patria “incluso con la entrega de la propia vida cuando sea necesario”, toda vez que, como se indica a lo largo del escrito, esta no resulta procedente frente a las personas que prestan su servicio militar de forma obligatoria, es decir, los conscriptos, pues de ser así, se les está imponiendo una carga que no están en el deber de soportar debido a su situación”. || La disposición de la que forma parte establece, en estricto sentido, una norma de conducta propia de la condición del militar y de sus valores, en particular del honor, cuyo acatamiento lo hace consistente con la esencia de su ser y de los principios, valores y virtudes que ha prometido defender, respetar y acatar, dada la trascendental función pública que la Constitución les confía, como lo es la defensa del orden constitucional, la soberanía, la independencia y la integridad del territorio.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-393 de 2019

La inhabilidad establecida por el literal g) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994 para ser elegido personero municipal, por el hecho de haber celebrado durante el año anterior a su elección, contratos con entidades públicas de cualquier naturaleza, por sí o interpuesta persona en favor propio o de terceros, o contratos con entidades públicas del sector central o descentralizado de cualquier nivel administrativo que deban ejecutarse en el respectivo municipio, no configura una limitación del derecho de acceso a cargos públicos. En criterio de la Corte, esta inhabilidad es una medida razonable en tanto persigue finalidades constitucionalmente legítimas e importantes al (i) evitar una confusión entre intereses públicos y privados y (ii) salvaguardar el principio de igualdad de oportunidades en la elección del personero municipal. En segundo lugar, encontró que se trata de una medida proporcional porque resulta adecuada y necesaria para alcanzar las mencionadas finalidades constitucionales \ La elección de personeros por concurso de méritos no es incompatible con la inhabilidad dispuesta en la norma demandada - [Resumen automatizado: El 6 de octubre siguiente, el magistrado sustanciador: (i) admitió la acción pública de inconstitucionalidad por la presunta vulneración al derecho de acceso a cargos públicos y al principio de igualdad[4]; (ii) ordenó comunicar el inicio del proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso y al Ministerio del Interior; (iii) invitó a participar a varias entidades y organizaciones; (iv) dio traslado al Procurador General de la Nación; (v) fijó en lista el proceso, con el fin de permitir a los ciudadanos defender o impugnar la norma demandada; y (vi) ordenó suspender los términos del proceso según lo dispuesto en el Auto 305 de 2017, proferido por la Corte Constitucional. || Por otro lado, argumentaron que la inhabilidad contenida en la disposición demandada no vulnera el principio a la igualdad pues (i) la demanda no identifica un criterio de comparación claro; (ii) el demandante no precisa "frente a quienes o porqué surge la desigualdad"[18]; y (iii) en cualquier caso, la diferencia de trato está justificada pues tiene como propósito "enervar ventajas que pudieran haber adquirido los aspirantes al cargo de personero, al tener vínculo siquiera contractual con entidades del orden público que puedan tener injerencia en las decisiones municipales".]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-392 de 2019

La expresión "hechos de corrupción", contenida en una falta disciplinaria gravísima relacionada con la moralidad pública, no quebrantaba el principio constitucional de tipicidad (Art. 29 de la C.P.). La expresión acusada hace de la infracción disciplinaria demandada un tipo en blanco, compatible con la Constitución, debido a que lleva a cabo un reenvío normativo cierto, que permite determinar inequívocamente el alcance de la conducta, pues diversas normas jurídicas prohíben o sancionan conductas que el Legislador ha considerado constitutivas de corrupción. Ley 1952 de 2019, "por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario"; Art. 62, Num. 10 (parcial) : Exequible - [Resumen automatizado: De igual forma, con el objeto de que emitieran concepto técnico según el artículo 13 del Decreto 2067 de 1991, invitó a participar en el proceso a las senadoras Angélica Lozano Correa (AV), Paloma Valencia Laserna (CD), Aida Avella (LD) y Victoria Sandino Simanca (FARC); a los senadores Rodrigo Lara Restrepo (CR), Luis Fernando Velasco Cháves (PL), Roy Leonardo Barreras Montealegre (PU), David Alejandro Barguil Assis (PC) y Jorge Enrique Robledo Castillo (PD); a la organización Transparencia por Colombia y a la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, Red Ver. Con los mismos fines, convocó a las facultades de derecho de las universidades Libre, Santo Tomás, Eafit, Industrial de Santander, del Norte y Surcolombiana, así como a la Academia Colombiana de Jurisprudencia. || Conforme a lo anterior, la acusación se centra en el argumento de que la falta disciplinaria en cuestión incorpora un concepto cuyo sentido no es claro y tampoco puede ser identificado a partir de otras normas del sistema jurídico, por lo cual no hay certeza en cuanto a los que podrían catalogarse como "hechos de corrupción".]; Art. 62, Num. 10 (parcial) : Exequible

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-331 de 2019

Inepta demanda contra la expresión "conflicto de intereses" contenida en el numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 - Código Disciplinario Único-, por violación del numeral 7 del artículo 40 de la Constitución. \ Para la Corte, no es exacto que, como lo sostienen los demandantes, la norma esté sancionando "un comportamiento con sustento en un perjuicio a la administración que ni siquiera se ha configurado". La norma no da cuenta de presupuestos que tengan ocurrencia en el futuro o que se trate de probables conflictos que "puedan" generarse en ejercicio de la función a desempeñar cuyo conocimiento se concretó en el sujeto activo de la falta a futuro, de allí que la conjugación del verbo no es concurriere, sino que es en tiempo presente "concurra", de modo que el conflicto de intereses debe ser actual y conocido por el disciplinable. En este sentido, los demandantes le otorgan a la norma un alcance que esta no tiene y extraen reglas que no son las establecidas por el Legislador, sino que, por el contrario, parten de una particular y subjetiva forma de interpretación - [Resumen automatizado: 1. Los ciudadanos Juan José Gómez Urueña y Jaime Andrés Salamanca Mojica, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, presentaron demanda contra el numeral 17 parcial del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 que tipifica como falta gravísima "[n]ombrar, designar, elegir, postular o intervenir en la postulación de una persona en quien concurra causal de [...] conflicto de intereses". || 1. En criterio de los demandantes el contenido normativo referenciado vulnera el numeral 7º del artículo 40 de la Constitución Política por cuanto "constituye una limitación irrazonable y desproporcionada del derecho constitucional a acceder a cargos públicos", al establecer como "falta gravísima nombrar, designar, elegir, postular o intervenir en el nombramiento de una persona que, eventualmente, se pueda encontrar incursa en un conflicto de intereses"[2]. || Dicho de otro modo, la Corte "no puede llegar al extremo de suplantar al actor en la formulación de los cargos, ni de determinar por sí misma (...) el concepto de la violación de las normas que ante ella�se acusan�como infringidas,�pues ésta es una carga mínima que se le impone al ciudadano para hacer uso de su derecho�político a ejercer la acción de inconstitucionalidad".]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-111 de 2019

Para la Corte, la terminación de la relación del servidor público de elección, como una consecuencia de la destitución o inhabilidad que puede imponer la Procuraduría General de la Nación, no es contrario al artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos / La Corte reiteró las reglas que ha sentado sobre el alcance del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y acerca de la competencia de la Procuraduría General de la Nación para sancionar e inhabilitar servidores públicos de elección popular/ Ley 734 de 2002, "por el cual se expide el Código Único Disciplinario"; Art. 45 Num. 1 Lit A) ; Ley 1952 de 2019; ; Art. 459Num. 1 Lit A) (parcial): Exequible - [Resumen automatizado: Universidad Externado de Colombia La norma es exequible porque (I) la Corte ha declarado la exequibilidad de las competencias de la PGN para sancionar funcionarios públicos de elección popular, y (II) los demandantes hacen una errada interpretación del artículo 23 de la CADH al restringir la posibilidad de limitar derechos políticos únicamente al juez penal. || Al respecto la Corte ha sostenido que la norma acusada no desconoce el artículo 93 de la Constitución, ni el artículo 23 de la CADH por las siguientes tres razones: (i) el artículo 23 de la CADH debe interpretarse de manera coherente y sistemática con (a) la Constitución, (b) toda la Convención y (c) otros tratados internacionales[23]; (ii) la restricción del ejercicio de derechos políticos que provenga de una autoridad distinta a un juez penal, es válida siempre y cuando se respeten las garantías del debido proceso; (iii) la PGN ofrece suficientes garantías para cumplir con la finalidad de proteger los derechos y libertades de los funcionarios públicos elegidos popularmente porque (a) es una autoridad independiente e imparcial, (b) su proceso de imposición de sanciones asegura las garantías judiciales establecidas en la CADH y (c) sus actos son judicialmente controlables de una manera efectiva.]; Art. 459Num. 1 Lit A) (parcial): Exequible

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-86 de 2019

La norma contenida en los artículos 157 de la Ley 734 de 2002 y 217 de la Ley 1952 de 2019, en tanto faculta al operador que adelanta el proceso disciplinario para suspender provisionalmente al servidor público, incluso si es de elección popular, es compatible con la norma superior prevista en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos\ Reiteración de la interpretación del artículo 23 de la CADH por este tribunal - [Resumen automatizado: Se apoya en tres fundamentos: 1) haberse constatado que la norma demandada es la misma, en tanto y en cuanto en ambos casos es el mismo contenido normativo: "la competencia de las autoridades disciplinarias para imponer, como consecuencia de comisión de faltas gravísimas cometidas con dolo o culpa gravísima, la sanción de inhabilidad general"; 2) haberse verificado que el cargo es materialmente equivalente: la vulneración de los artículos 23 de la CADH y 40 de la Constitución, al restringirse los derechos políticos por una decisión tomada por una autoridad diferente a un juez, en un acto distinto a la condena y por fuera de un proceso penal; y 3) haberse advertido que sobre la compatibilidad entre dicho contenido normativo y tales parámetros de juzgamiento, ya se había pronunciado este tribunal.]

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2018

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-118 de 2018

Si bien todos los actos jurídicos, contratos y actuaciones necesarias para administrar y desarrollar el objeto social de SATENA S.A., una vez constituida como sociedad de economía mixta, se regirán por las reglas del derecho privado, estos deben estar en armonía con los principios de la función administrativa de lo contrario desconocería los principios de la función administrativa previstos en los artículos 209 y 210 Superior (Art. 5) \ Por otro lado la Corte concluyó que la fijación del régimen laboral de particulares para los empleados y trabajadores de SATENA S.A. corresponde a la regulación de uno de los diversos aspectos que atañen a la relación de los trabajadores con dicha entidad, pero no comporta una alteración de su condición de servidores públicos. En particular, la Sala indicó que el Legislador no desconoció la categorización de rango constitucional prevista en el artículo 123 de la Carta Política y, en el marco de su amplio margen de configuración, estableció un régimen laboral específico -regido por el Código Sustantivo del Trabajo- que concilia los intereses públicos y privados que concurren en la sociedad en mención. En efecto, los trabajadores y empleados de SATENA: (i) están sujetos al régimen laboral del Código Sustantivo del Trabajo; (ii) son objeto de control disciplinario por parte de la Procuraduría General de la Nación; y (iii) mantienen su condición de servidores públicos, razón por la que están sujetos a las previsiones expresas, de raigambre constitucional, dirigidas a dichos servidores (Art. 6). Ley 1427 de 2010, "por la cual se modifica la naturaleza jurídica de la empresa Servicio Aéreo a Territorios Nacionales (Satena) y se dictan otras disposiciones"; Art. 5 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible. Art. 6 (parcial) Exequible - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, Carlos Bernal Pulido, Diana Fajardo Rivera, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Cristina Pardo Schlesinger, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las previstas en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política, cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente: || 7.- Los demandantes precisaron, de forma preliminar, que en el presente caso no se configuró el fenómeno de la cosa juzgada en relación con dos decisiones de esta Corporación, de un lado, la sentencia C-728 de 2015[38], en la que la Sala Plena se inhibió de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de los artículos 5º y 6º de la Ley 1427 de 2010 por ineptitud sustancial de la demanda; y, de otro lado, la sentencia C-722 de 2007[39], que declaró la exequibilidad de los artículos 6º y 7º de la Ley 1118 de 2006, en los que se previó que la actividad de Ecopetrol S.A., como sociedad de economía mixta, se regiría exclusivamente por las reglas del derecho privado y que la totalidad de sus servidores públicos tendrían el carácter de trabajadores particulares.]; Art. 5 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible. Art. 6 (parcial) Exequible

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-101 de 2018

La inhabilidad para desempeñar cargos públicos por responsabilidad fiscal, así como el deber de abstención de nombrar o dar posesión a quienes estén reportados en el boletín de responsables fiscales, aplica a todos los servidores públicos. La constitucionalidad de una proposición jurídica que establezca restricciones de acceso a cargos públicos, especialmente a los de Presidente de la República y de Congresista, depende de si se afecta o no la intangibilidad de la estructura y funcionamiento de los órganos constitucionales, de tal forma que se proteja el principio de separación de poderes y la garantía del adecuado funcionamiento democrático del sistema orgánico derivado del mismo. \ Se concluyó que las normas demandadas no violan el régimen de inhabilidades consagrado por el Constituyente para las ramas Ejecutiva y Legislativa, puesto que los apartes demandados contienen un requisito general para el acceso al ejercicio de la función pública, aplicable a todas las personas que aspiran a ser servidores públicos en igualdad de condiciones \ El bloque de constitucionalidad exige que tanto la Constitución como la Convención Americana sean interpretadas en clave de las lógicas evolutivas de los contextos constitucionales locales, del margen de apreciación nacional y de las necesidades cambiantes de las sociedades, por lo que un entendimiento literal no es suficiente para determinar su alcance \ La regulación general de la inhabilidad no excluye el control de legalidad y de constitucionalidad de la sanción derivada de un fallo de responsabilidad fiscal. La decisión adoptada en el proceso fiscal puede ser revisada mediante los mecanismos judiciales que el sistema normativo ofrece para tales fines, bien sea para cuestionar la legalidad a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho o su constitucionalidad en concreto, por medio de la acción de tutela \Ley 734 de 2002, Art. 38 Num. 4 y Par. 1º. Ley 610 de 2000, Art. 60 Inc. 3º.: Exequibles - [Resumen automatizado: Conforme a lo expuesto, la Sala considera que la demanda presentada por el actor reúne los requisitos mínimos de aptitud necesarios para un pronunciamiento de fondo, en atención a que los 4 cargos de inconstitucionalidad por presunto desconocimiento de los artículos 1º, 2º 40, 93, 94, 179, 197 y 293 de la Carta y 23, 29 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, superan los requisitos de: i) claridad ya que presentó un hilo conductor en la justificación de la supuesta violación de los derechos a elegir y a ser elegido, de acceso al ejercicio de función pública, así como el presunto desconocimiento de las competencias del Legislador en materia de fijación de inhabilidades para ejercer los cargos de Presidente de la República y de Congresista; ii) la demanda es cierta, pues recae sobre proposiciones jurídicas reales y existentes como son las disposiciones acusadas, las cuales regulan, de una parte, las condiciones para acceder a cargos públicos, específicamente por la declaratoria de responsabilidad fiscal, y de otra, la supuesta aplicación de dicha restricción a quienes aspiren a la Presidencia de la República y al Congreso; iii)especificidad: expuso de manera concreta y determinada la forma en que eventualmente las normas objeto de reproche constituyen una limitación desproporcionada e irrazonable a los derechos mencionados previamente, al igual que restringen la posibilidad de aspirar a los cargos de Presidente de la República y de Congresista; iv) pertinencia: en el entendido que las razones esbozadas fundamentan el desconocimiento del texto Superior; y v) suficiencia: al presentar todos los elementos de juicio, con la entidad suficiente para generar una duda mínima y razonable sobre la inconstitucionalidad de las normas objeto de censura.]; Art. 60 Inc. 3º.: Exequibles

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-101 de 2018

La inhabilidad para desempeñar cargos públicos por responsabilidad fiscal, así como el deber de abstención de nombrar o dar posesión a quienes estén reportados en el boletín de responsables fiscales, aplica a todos los servidores públicos. La constitucionalidad de una proposición jurídica que establezca restricciones de acceso a cargos públicos, especialmente a los de Presidente de la República y de Congresista, depende de si se afecta o no la intangibilidad de la estructura y funcionamiento de los órganos constitucionales, de tal forma que se proteja el principio de separación de poderes y la garantía del adecuado funcionamiento democrático del sistema orgánico derivado del mismo. \ Se concluyó que las normas demandadas no violan el régimen de inhabilidades consagrado por el Constituyente para las ramas Ejecutiva y Legislativa, puesto que los apartes demandados contienen un requisito general para el acceso al ejercicio de la función pública, aplicable a todas las personas que aspiran a ser servidores públicos en igualdad de condiciones \ El bloque de constitucionalidad exige que tanto la Constitución como la Convención Americana sean interpretadas en clave de las lógicas evolutivas de los contextos constitucionales locales, del margen de apreciación nacional y de las necesidades cambiantes de las sociedades, por lo que un entendimiento literal no es suficiente para determinar su alcance \ La regulación general de la inhabilidad no excluye el control de legalidad y de constitucionalidad de la sanción derivada de un fallo de responsabilidad fiscal. La decisión adoptada en el proceso fiscal puede ser revisada mediante los mecanismos judiciales que el sistema normativo ofrece para tales fines, bien sea para cuestionar la legalidad a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho o su constitucionalidad en concreto, por medio de la acción de tutela \Ley 734 de 2002, Art. 38 Num. 4 y Par. 1º. Ley 610 de 2000, Art. 60 Inc. 3º.: Exequibles - [Resumen automatizado: Conforme a lo expuesto, la Sala considera que la demanda presentada por el actor reúne los requisitos mínimos de aptitud necesarios para un pronunciamiento de fondo, en atención a que los 4 cargos de inconstitucionalidad por presunto desconocimiento de los artículos 1º, 2º 40, 93, 94, 179, 197 y 293 de la Carta y 23, 29 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, superan los requisitos de: i) claridad ya que presentó un hilo conductor en la justificación de la supuesta violación de los derechos a elegir y a ser elegido, de acceso al ejercicio de función pública, así como el presunto desconocimiento de las competencias del Legislador en materia de fijación de inhabilidades para ejercer los cargos de Presidente de la República y de Congresista; ii) la demanda es cierta, pues recae sobre proposiciones jurídicas reales y existentes como son las disposiciones acusadas, las cuales regulan, de una parte, las condiciones para acceder a cargos públicos, específicamente por la declaratoria de responsabilidad fiscal, y de otra, la supuesta aplicación de dicha restricción a quienes aspiren a la Presidencia de la República y al Congreso; iii)especificidad: expuso de manera concreta y determinada la forma en que eventualmente las normas objeto de reproche constituyen una limitación desproporcionada e irrazonable a los derechos mencionados previamente, al igual que restringen la posibilidad de aspirar a los cargos de Presidente de la República y de Congresista; iv) pertinencia: en el entendido que las razones esbozadas fundamentan el desconocimiento del texto Superior; y v) suficiencia: al presentar todos los elementos de juicio, con la entidad suficiente para generar una duda mínima y razonable sobre la inconstitucionalidad de las normas objeto de censura.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-99 de 2018

Declara cumplida la exigencia del artículo 167 de la Constitución Política, y lo ordenado en las sentencias C-284 de 2016 y C-704 de 2017, en cuanto a los numerales 1º y 3º del artículo 55 y 1º del 58 del Proyecto de Ley 055 de 2014 Senado - 195 de 2014 Cámara, "Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario y se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el Derecho Disciplinario". En consecuencia, declarar EXEQUIBLE el Proyecto de Ley rehecho e integrado en relación con las objeciones analizadas en esta sentencia - [Resumen automatizado: De acuerdo con los antecedentes previamente reseñados, corresponde a esta Corte determinar si el Congreso de la República rehízo, integró y corrigió el Proyecto de Ley 055 de 2014 Senado 195 de 2014 Cámara, "Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario y se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el Derecho Disciplinario",�de conformidad con lo dispuesto por el artículo 167 de la Constitución Política y las Sentencias C-284 de 2016 y C-704 de 2017. || Para cumplir con este objetivo, la Sala asumirá, en primer término, el estudio constitucional del trámite legislativo adelantado por el Congreso para rehacer e integrar el Proyecto de Ley. Una vez superado este análisis, estudiará la exequibilidad material del texto rehecho corregido respecto de las disposiciones que en su momento fueron objetadas y declaradas inexequibles y parcialmente inexequibles por esta Corporación, de conformidad con lo consagrado en el artículo 167 Superior y lo determinado por las Sentencias C-284 de 2016 y C-704 de 2017.]

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2017

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-704 de 2017

Estudio constitucional del procedimiento legislativo relacionado con la discusión y aprobación del texto rehecho e integrado del Proyecto de Ley 055 de 2014 Senado - 195 de 2014 Cámara, "Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario y se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el Derecho Disciplinario". Devuelve con el fin de que rehaga e integre el proyecto de conformidad con la Sentencia C-284 de 2016, en los términos del inciso 4º del artículo 167 de la Constitución - [Resumen automatizado: En cumplimiento de lo ordenado en el numeral 5º de esa Sentencia, la Secretaría General de esta Corporación, por medio de oficio del 9 de junio de 2016[4], remitió al Presidente del Senado de la República copia del fallo, así como el original del expediente legislativo, que en su momento fue enviado a la Corte, con el fin de que, una vez oído el Ministro del ramo, procediera a rehacer e integrar las disposiciones afectadas en términos concordantes con la providencia. || De acuerdo con los antecedentes previamente reseñados, corresponde a esta Corte determinar si el Congreso de la República rehízo e integró el Proyecto de Ley 055 de 2014 Senado 195 de 2014 Cámara, "Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario y se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el Derecho Disciplinario",�de conformidad con lo dispuesto por el inciso 4º del artículo 167 de la Constitución Política, y la Sentencia C-284 de 2016, que decidió sobre las objeciones gubernamentales.]

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2016

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-452 de 2016

¿Se violan los derechos a la honra y al buen nombre cuando la normatividad disciplinaria de la Policía Nacional tipifica como falta el acto de proferir expresiones injuriosas o calumniosas contra la Institución, servidor público o particular, restringiéndolo a aquellas manifestaciones realizadas en público? Esta restricción es constitucional, por cuanto afecta el adecuado funcionamiento de la institución policial cuando uno de sus integrantes formula en el ámbito público, expresiones injuriosas o calumniosas contra la institución, contra los demás servidores públicos o contra particulares. Esto, debido a que tales imputaciones inciden desfavorablemente en la actividad de la seguridad y convivencia ciudadana, puesto que deslegitimarían la acción de la Policía Nacional, al desviarla de su función para convertir a sus miembros en protagonistas de debates y litigios ajenos a la misión asignada en el artículo 218 de la Constitución. Las expresiones realizadas en privado, son simples opiniones que están constitucionalmente protegidas tanto por la libertad de expresión como por el derecho a la intimidad, las cuales no tienen la capacidad de incidir en el ejercicio de la actividad policial. Ley 1015 de 2006, "por la cual se expide el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional"; Art. 35 Num. 3 : Exequible - [Resumen automatizado: Esto debido a que tales imputaciones inciden desfavorablemente en la actividad de preservación de la seguridad y la convivencia ciudadana, puesto que deslegitimarían la acción de la Policía Nacional, al desviarla de su función para convertir a sus miembros en protagonistas de debates y litigios por completo ajenos a la actividad prevista por el artículo 218 C.P. En segundo lugar, se ha señalado que las opiniones que se hagan en privado están cobijadas tanto por la libertad de expresión como por el derecho a la intimidad y que las mismas tendrán significación para el derecho sancionador únicamente cuando sean realizadas en público, pues solo en esa circunstancia existe un soporte material para la presunta afectación del derecho a la honra y al buen nombre. || En términos de la demanda, la expresión acusada "va en contravía de la Constitución, porque si el derecho fundamental a la honra se afecta por la información errónea, opiniones manifiestamente tendenciosas respecto a la conducta privada o sobre la persona en sí misma, no necesariamente o si y solo si, se afecta la honra por una manifestación pública, porque el derecho fundamental a la honra también se afecta cuando las manifestaciones se realizan en privado." Resalta que la Corte ha avalado la constitucionalidad de las normas penales que sancionan la injuria y la calumnia, precisamente porque advierte que los derechos mencionados deben ser protegidos de la manera más amplia posible, incluida la regulación disciplinaria.]; Art. 35 Num. 3 : Exequible

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-284 de 2016

Objeciones por inconstitucionalidad formuladas por el Gobierno Nacional al Proyecto de Ley 055 de 2014 Senado- 195 de 2014 Cámara "Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario y se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el Derecho Disciplinario" - [Resumen automatizado: Analizadas las dos objeciones de inconstitucionalidad que se encuentran pendientes de resolución, de entre aquellas que en su momento propuso el Gobierno Nacional en relación con el proyecto de nuevo Código General Disciplinario, remitido por el Congreso de la República para su sanción, la Corte ha determinado lo siguiente: Que la primera objeción, relacionada con el artículo 67 de este proyecto, que establece la prevalencia de las reglas que califiquen una determinada conducta sancionable como falta gravísima, resulta infundada en razón al incorrecto entendimiento que en este caso se hizo del principio de favorabilidad, que por tal razón resulta improcedente frente a esta norma, mientras que el principio de especialidad, que la regla objetada pretende aplicar, resulta plenamente acorde con la preceptiva constitucional. || Debe la Corte precisar que la presentación de objeciones frente al contenido de los proyectos de ley enviados al Gobierno Nacional para su sanción, es una atribución constitucional propia de éste, que de suyo supone desacuerdo frente a lo aprobado por el órgano legislativo, y que además de los temas de posible inconstitucionalidad, puede versar incluso (aun cuando la Corte carezca de competencia para decidir al respecto) sobre aspectos de mera conveniencia, esto es, incluir juicios eminentemente subjetivos, sin que en ningún caso ello pueda ser catalogado como invasivo o desconocedor de la autonomía legislativa.]

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2015

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-721 de 2015

Establecer como falta disciplinaria gravísima, la no resolución oportuna de los recursos establecidos en el CPACA, desconoce el principio de proporcionalidad. Castigar con la máxima sanción que se puede imponer, sin ninguna graduación, por un vencimiento de términos legales que no afecte otros bienes jurídicos, implicaría consecuencias muy graves respecto de los derechos políticos y laborales del servidor público, tal como lo señaló la Corte en sentencia C-951-94, sobre una norma análoga. A su juicio, en cada caso concreto, la autoridad disciplinaria deberá definir si la falta tiene la entidad de ser leve o grave, de acuerdo con los criterios legales contemplados en el artículo 43 de la Ley 734 de 2002. Ley 1437 de 2011, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"; Art. 86 (parcial) : INEXEQUIBLE - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados María Victoria Calle Correa -quien la preside-, Myriam Ávila Roldán, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes, || Consideran que se vulnera el principio de buena fe contemplado en el artículo 83 de la Constitución, pues la consagración de esta falta gravísima presume que el servidor público actuó de mala fe y con dolo cuando no resuelve un recurso en el término establecido por la Ley. En virtud de lo anterior, manifiestan que no cabría ningún tipo de excusa o la posibilidad de desvirtuar la mala fe con la cual supuestamente actuó el servidor público, configurándose así una vulneración expresa de la presunción de buena fe que tienen todas las actuaciones de los servidores públicos.]; Art. 86 (parcial) : INEXEQUIBLE

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-532 de 2015

¿Vulnera el legislador el derecho constitucional al debido proceso, desde la perspectiva de la garantía de la imparcialidad, al establecer en el procedimiento disciplinario verbal la posibilidad de fallar en primera o en única instancia, sin que se haya decidido el recurso de apelación del auto que rechaza la recusación del funcionario disciplinador? La medida establecida en el procedimiento disciplinario verbal que autoriza fallar en primera o en única instancia, permitiendo cuestionar en la misma audiencia y a través del recurso de apelación el auto que rechaza la recusación del funcionario que adelanta la investigación disciplinaria, no contraría el debido proceso en su faceta de imparcialidad del funcionario. El inciso 5º del artículo 59 de la Ley 1474 de 2011 constituye un precepto que viene a corregir el posible error interpretativo que puede generarse con la lectura aislada del inciso segundo, pues da claridad acerca de la competencia del funcionario ad quem para decidir el recurso de apelación contra el auto que rechaza la recusación y para revocar y devolver el proceso para que se tramite por el funcionario que sea designado, en caso de encontrar procedente la solicitud presentada por el disciplinado. Ley 1474 de 2011, "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Art. 59 (Mod. Art. 180 de la Ley 734 de 2002) (parcial) : Exequible - [Resumen automatizado: En este orden de ideas, sostiene que los apartes acusados del artículo 59 de la Ley 1474 de 2011, en cuanto establecen que el recurso de reposición y el de apelación en contra del auto que niega o rechaza la recusación deben presentarse y sustentarse una vez proferido el fallo, no vulneran el debido proceso, ni los principios de igualdad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad y, por el contrario, dicha medida resulta racional y proporcionada toda vez que dentro del contexto del procedimiento disciplinario verbal, el legislador cuenta con un amplio margen de configuración y ha determinado que sea desarrollado bajo el cumplimiento de los principios de celeridad, eficacia, economía procesal y oralidad como principales características procesales. || La Corporación declaró la exequibilidad del inciso 2º del artículo 59 de la Ley 1474 de 2011, por el cargo de violación al debido proceso, al considerar que la Constitución Política le otorga al legislador la potestad de establecer que el recurso de apelación del auto que niega la práctica de pruebas en un procedimiento disciplinario verbal se resuelva una vez proferido el fallo de primera instancia, sin que ello constituya una vulneración del derecho fundamental, pues, con esta norma, el legislador busca garantizar que no se dilate injustificadamente el procedimiento, el cual tiene como finalidad proferir una decisión con celeridad, agilidad y eficacia, respetando el derecho de defensa de la persona disciplinada, porque establece garantías adicionales que permiten la controversia de la prueba y de las decisiones adoptadas.]; Art. 59 (Mod. Art. 180 de la Ley 734 de 2002) (parcial) : Exequible

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-328 de 2015

¿Las normas acusadas, en cuanto atribuyen al Magistrado ponente del Consejo Seccional de la Judicatura la competencia para tramitar en primer instancia y hasta la sentencia el proceso disciplinario de los abogados, dejando en cabeza de la Sala respectiva únicamente la determinación de proferir el fallo, desconocen la garantía del juez natural, reconocida en el artículo 2º y 29 de la Constitución Política y 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos? La cuestionada regulación, antes que desconocer o contrariar el Estatuto Superior, resulta acorde con él, no sólo porque la misma se inscribe en el ámbito de la potestad de configuración legislativa para regular la competencia judicial, como factor que integra el debido proceso. Ley 1123 de 2007, "por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado"; Art. 102 y 106 (parciales) : Exequibles - [Resumen automatizado: La Corte encuentra que las normas impugnadas, por el hecho de atribuirle el impulso del proceso disciplinario de los abogados al magistrado sustanciador o ponente, dejando en cabeza de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Seccionales de la Judicatura, de la cual hace parte ese mismo magistrado, la sentencia por adoptar, no desconoce la garantía reconocida a toda persona a ser juzgada ante juez o tribunal competente, consagrada en los artículos 2º y 29 de la Constitución Política y 8º de la Convención Americana de derechos Humanos. || Según el actor, el hecho de que las normas acusadas le asignen al Magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura que le haya correspondido en reparto, la competencia para tramitar en primera instancia y hasta la sentencia el proceso disciplinario, dejando en cabeza de la Sala Plural respectiva sólo la determinación de proferir el fallo, desconoce la garantía consagrada en los artículos 2º y 29 de la Constitución Política y 8º de la Convención Americana de derechos Humanos, que le reconoce a toda persona el derecho a ser juzgada por juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad en la ley.]; Art. 102 y 106 (parciales) : Exequibles

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-227 de 2015

Inepta demanda contra la norma en relación con el inciso primero (1º) del artículo 25 de la Ley 734 de 2002 "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único", en cuanto incluye como sujeto disciplinable por parte de la Procuraduría al Alcalde Mayor de Bogotá, quien según adujo el actor, solo puede ser destituido por el Presidente de la República - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados María Victoria Calle Correa -quien la preside-, Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Martha Victoria Sáchica Méndez y Luis Ernesto Vargas Silva en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente sentencia con fundamento en los siguientes: || Lo anterior, dice la interviniente, ya que el actor no da una explicación clara y contundente de cómo la norma demandada entra en contradicción con la Convención, de igual forma, tampoco es claro en determinar si la norma riñe solo con la disposición acusada o con otro precepto constitucional y si la demanda se encamina a determinar si es el Presidente de la República o el Procurador General de la Nación quien posee la facultad de destituir al Alcalde Mayor, que de ser así tampoco es íntegro con normas como el artículo 278 de la Constitución, por ejemplo.]

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2014

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-879 de 2014

¿Al excluir injustificadamente a los docentes de universidades oficiales de la prohibición de ejercer la profesión de abogacía, vulnera el derecho a la igualdad, al restringirlo solo a los docentes de "universidades oficiales"? La excepción prevista en la norma demandada, en cuanto permite a los docentes de "universidades oficiales" ejercer la abogacía resulta legítimo en el entendido que la excepción a que ella alude comprende también a los abogados que sean profesores en Instituciones Técnicas Profesionales, Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas de carácter oficial o estatal. Ley 1123 de 2007 "por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado" Art. 29 Par. (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible - [Resumen automatizado: Frente a la sentencia C-819 de 2010, explica que el reproche constitucional se basó en que el "parágrafo del numeral 1 del artículo 29 de la Ley 1123 de 2007 que permite a los abogados que ejercen la docencia universitaria y en algunos casos a los miembros de las Corporaciones de elección popular ejercer la abogacía...significa una competencia desleal respecto a los abogados particulares, al otorgar la prerrogativa y ventaja de concertar negocios con el respaldo de salarios derivados de su paralela y simultánea vinculación laboral, en tanto que los abogados deben subsistir por el mero ejercicio particular sin ningún tipo de apoyo económico adicional del Estado..." En su criterio, la acusación se limita a resaltar la desigualdad que se presenta en el ejercicio de la profesión entre servidores públicos y docentes de universidades oficiales. || Frente al particular, indica que "la simple comparación entre los cargos aducidos en la demanda que se estudia y aquellos analizados por la Corte Constitucional en las dos sentencias citadas se infiere que ellos son diferentes, lo cual lleva al Jefe del Ministerio Público a afirmar que no existe cosa juzgada absoluta sino que con relación a la norma demanda se presenta es un caso de cosa juzgada relativa implícita, pues si bien el parágrafo del numeral 1 del artículo 29 de la Ley 1123 de 2007 fue declarado exequible en ocasiones anteriores, allí la Corte se limitó a confrontarlo a algunas normas constitucionales y exclusivamente por ciertas razones, sin realizar la comparación de la misma con la totalidad del ordenamiento superior ni contemplar absolutamente todos los vicios constitucionales posibles."]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-794 de 2014

¿La tipificación como falta gravísima, al utilizar el cargo para participar "en las controversias políticas", resulta contraria a la libertad de expresión de los servidores públicos al impedirles opinar sobre temas que al hacer parte de la agenda pública resulten de interés para la ciudadanía, y el ejercicio de sus derecho de participación política? La tipificación de esta conducta como falta disciplinaria está directamente relacionada con el contenido del artículo 127 de la Constitución Política que regula, entre otros asuntos, las condiciones en que los servidores públicos de las distintas ramas del poder público pueden participar en política. Las restricciones a la participación en política de los servidores públicos, como la contenida en la norma acusada, pretenden resguardar importantes valores constitucionales, entre ellos la imparcialidad y la moralidad en el ejercicio de la función pública, la prevalencia del interés general sobre el particular y la igualdad tanto entre los ciudadanos como entre los partidos y movimientos políticos, todos los cuales podrían verse seriamente afectados si tales ciudadanos pusieran el ejercicio de sus cargos al servicio de sus preferencias e intereses políticos. L a expresión controversias políticas, que enmarca las actividades cuya realización se considera falta, ha de entenderse en un sentido restringido, como referida a las actividades de tipo partidista o que ocurren en relación con procesos electorales, y no a la simple intervención en deliberaciones o discusiones sobre temas públicos de interés general. Ley 734 de 2002, "por la cual se expide el Código Disciplinario Único"; Art. 48 Num. 39 (parcial)S.V - [Resumen automatizado: La Corte debe declarar la exequibilidad de la disposición acusada "en el entendido que los servidores públicos destinatarios de este tipo disciplinario, y eventualmente, objeto de sanción disciplinaria por hacer parte de "controversias políticas" son exclusivamente los que se desempeñen en la Rama judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad"; mientras para los demás servidores públicos no comprendidos en la anterior clasificación les está garantizado el ejercicio de sus derechos políticos de participación, como regla general de conformidad con el estándar de protección de la Convención Americana de Derechos Humanos, hasta tanto no sea expedida la ley estatutaria que regule la materia." || Adicionalmente el acto legislativo referido (iii) dispuso una nueva redacción del inciso tercero al prescribir que a los miembros de la fuerza pública en servicio activo les son aplicables las limitaciones del artículo 219 de la Constitución[2] y, pese a que conservó la regla de participación en política de los funcionarios públicos no cubiertos por la prohibición, (iv) varió su texto al señalar que solo pueden participar en dichas actividades y controversias en las condiciones en que lo disponga la ley estatutaria.]; Art. 48 Num. 39 (parcial)S.V

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-634 de 2014

¿La atribución de la facultad disciplinaria sobre funcionarios de la DIAN, la UGPP y COLJUEGOS a la agencia ITRC es contraria al artículo 29 superior? Para la Corte no resulta contraria ni resulta lesiva del debido proceso, por cuanto tal atribución deja a salvo el poder disciplinario preferente del Procurador General de la Nación y se enmarca dentro de una de las posibilidades previstas en el artículo 269 de la Carta, en lo relativo a la organización del control interno, que según lo prevé esa norma, bien puede ser encomendado a una entidad externa. Con la expedición de los artículos demandados, tampoco se excedió el marco de las facultades que le fueron otorgadas por el artículo 18 de la Ley 1444 de 2011. Decreto 4173 de 2011, "por el cual se crea la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC, se fija su estructura y se señalan sus funciones" Arts. 1, 2 y 4 : exequibles - [Resumen automatizado: 7. Sin perjuicio del control preferente de la Procuraduría General de la Nación, asumir, mediante decisión motivada, la competencia de la Oficina de Control Disciplinario Interno de las entidades de que trata el artículo�2o del presente decreto, por otras conductas y faltas disciplinarias que atenten contra la integridad de la administración de tributos, aduanas, control del régimen cambiario de importaciones y exportaciones a cargo de la DIAN, contribuciones parafiscales a cargo de la UGPP y rentas de la Nación a cargo de la entidad administradora del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, cuando resulte necesario para la defensa de los recursos públicos.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-500 de 2014

Para la Corte la competencia de la Procuraduría General para imponer la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general a los servidor público no desconoce: i) los artículos 277.6 y 278.1 de la Constitución Política que no la prevén de manera expresa y en cabeza del procurador (no de sus delegados); (ii) el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y al artículo 93 de la Constitución, al privar a las personas de un recurso judicial efectivo para cuestionar tal competencia o para debatir la validez de las decisiones adoptadas en ejercicio de dicha competencia; (iii) los artículos 2 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos y al artículo 93 de la Constitución, al desconocer la obligación de seguir los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular el adoptado en el caso "López Mendoza vs. Venezuela". Ley 734 de 2002, "por la cual se expide el Código Disciplinario Único"; Art. 44 Num. 1 (parcial) : Exequible y cosa juzgada - [Resumen automatizado: El segmento demandado del numeral 1 del artículo 44 de la Ley 734 de 2002 desconoce (i) el artículo 2 de la Convención conforme al cual los Estados Parte tienen la obligación de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que se requieran para hacer efectivos los derechos reconocidos en ella; en efecto, la disposición que se acusa permite -a pesar de lo dispuesto en el artículo 23 de la Convención Americana de derechos Humanos- que mediante un procedimiento diferente al penal, el Procurador establezca una sanción de inhabilidad a quienes desempeñan funciones públicas, incluyendo funcionarios elegidos popularmente como son los congresistas, los diputados, los concejales, los alcaldes y los gobernadores. || La Corte Interamericana, aunque se había pronunciado previamente respecto del artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, fija en el caso que se menciona una regla más estricta conforme a la cual no es posible que los ordenamientos de los Estados "permitan que la inhabilidad impuesta para el ejercicio de cargos públicos por vía de sanción sea adoptada por una autoridad administrativa, que no cumpla las condiciones de ser (i) juez competente, (ii) adoptar la decisión mediante condena, y (iii) que ella sea resultado de un proceso penal." Así las cosas, la Corte Constitucional se encuentra autorizada para adelantar un nuevo examen con el propósito de establecer si las expresiones que se cuestionan se oponen a la Constitución y al artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos.]; Art. 44 Num. 1 (parcial) : Exequible y cosa juzgada

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2013

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-914 de 2013

i) El Congreso difirió al reglamento la definición de elementos básicos de la estructura de las juntas de calificación de invalidez. Con ello se vulneró el artículo 150-7 de la Constitución, que establece una reserva legal que comprende el deber de definir el modo de designación de sus miembros y órganos de dirección principales. En consecuencia, declaró inexequibles los segmentos normativos acusados del artículo 16 de la Ley 1562 de 2012. ii) ¿La facultad en cabeza del Ministerio del Trabajo de imponer multas a los miembros de las juntas de calificación de invalidez por el incumplimiento de las normas del sistema de riesgos profesionales (Art. 20), vulnera el principio non bis in ídem? La Corte determinó que la competencia del Ministerio del Trabajo no es incompatible con la conferida al Ministerio Público, sin perjuicio de que cuando la Procuraduría adelante una investigación disciplinaria por las mismas actuaciones de un miembro de las juntas de calificación de invalidez, avoque de manera preferente dicha investigación desplazando al Ministerio del Trabajo. Ley 1562 de 2012, por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional; Arts. 16 y 19 (parciales) : INEXEQUIBLES. Art. 20 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible. Inepta demanda sobre otros apartes en los Arts. 16, 17 y 19 - [Resumen automatizado: Violación al principio non bis in ídem, pues la facultad otorgada por el artículo 20 de la Ley 1562 de 2012 al Ministerio del Trabajo para imponer multas a los miembros de las juntas por violar las normas del sistema de riesgos profesionales, podría generar un doble procesamiento y la imposición de sanciones concurrentes por hechos previstos como faltas disciplinarias en el Código Disciplinario Único. || Incompatibilidad con el principio non bis in ídem, pues la facultad otorgada por el artículo 20 de la Ley 1562 de 2012 al Ministerio del Trabajo para imponer multas a los miembros de las juntas por violar las normas del sistema de riesgos profesionales, podría generar un doble procesamiento y la imposición de sanciones concurrentes por hechos previstos como faltas disciplinarias en el Código Disciplinario Único. || Incompatibilidad con el principio non bis in ídem, pues la facultad otorgada por el artículo 20 de la Ley 1562 de 2012 al Ministerio del Trabajo para imponer multas a los miembros de las juntas por violar las normas del sistema de riesgos profesionales, podría generar un doble procesamiento y la imposición de sanciones concurrentes por hechos previstos como faltas disciplinarias en el Código Disciplinario Único.]; Arts. 16 y 19 (parciales) : INEXEQUIBLES. Art. 20 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible. Inepta demanda sobre otros apartes en los Arts. 16, 17 y 19

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-908 de 2013

La "responsabilidad personal" del funcionario que decreta la suspensión provisional se refiere a la responsabilidad disciplinaria originada en la infracción de cualquier deber funcional por mal uso de la facultad de la autoridad competente de suspender provisionalmente al disciplinado antes del acto administrativo que culmine con la investigación disciplinaria, bien por infracción de la Constitución o la ley, extralimitación de funciones u omisión de las mismas". Marco constitucional y legal de la responsabilidad de los servidores públicos. Ley 734 de 2002 , por la cual se expide el Código Disciplinario Único; Art. 157 (parcial) : Exequible - [Resumen automatizado: Indica que otra posible interpretación llevaría al lector de la norma a concluir que la medida amplía el ámbito de responsabilidad de los servidores públicos, pues al hacer uso en genérico del término "responsabilidad personal" supone la inclusión de todas las clases de responsabilidad existentes, esto es, la penal, disciplinaria, fiscal y patrimonial, introduciendo en el ordenamiento jurídico, lo que considera es, una evidente limitación a la cláusula general de responsabilidad estatal establecida en el artículo 90 superior. || En su opinión, en el evento en que la expedición del mencionado auto de suspensión provisional genere responsabilidad patrimonial, tal como la puede generar cualquier actuación de un funcionario, entonces se transgrede la previsión constitucional del artículo 90, según la cual es el Estado quien responde patrimonialmente por los daños derivados de la acción u omisión de las autoridades, y no de manera personal los mismos funcionarios. || Indica que otra posible interpretación llevaría al lector de la norma a concluir que la medida amplía el ámbito de responsabilidad de los servidores públicos, pues al hacer uso en genérico del término "responsabilidad personal" supone la inclusión de todas las clases de responsabilidad existentes, esto es, la penal, disciplinaria, fiscal y patrimonial, introduciendo en el ordenamiento jurídico, lo que considera es, una evidente limitación a la cláusula general de responsabilidad estatal establecida en el artículo 90 superior, tal como lo indica la demanda.]; Art. 157 (parcial) : Exequible

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-757 de 2013

Inepta demanda en relación con los apartes demandados de del parágrafo 2 del artículo 23 y del numeral 5 del artículo 54 de la Ley 1015 de 2006, por medio de la cual se expide el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional - [Resumen automatizado: En consecuencia la ley 1015 de 2006 en su artículo 23 parágrafo 2º (parcial) y artículo 54, numeral 5 (parcial), se constituye sic- en normas contrarias al postulado constitucional del artículo 29 de juez natural, pues se está dando la competencia a un juez disciplinario para investigar y sancionar a unas personas que no tienen las calidades de servidores públicos, por la misma razón enunciada anteriormente; además la condición de estudiante como lo ha señalado la propia Corte Constitucional en sentencia que se indicará más adelante, indicó que los estudiantes no hacen parte de la jerarquía policial y por tanto no están escalafonados" folio 8-." || Por otra parte, indicó que la Corte Constitucional en sentencia C-1214 de 2001, sostuvo que los estudiantes no pertenecen a la jerarquía policial y por ende no ejercen funciones públicas, pero ello no quiere decir que los estudiantes no tengan un régimen jurídico, pues el Decreto 1791 del 2000, "Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional.", establece en sus artículos 6, 73, 74, 75, 76, 77 y siguientes, la regulación respecto a la condición, nombramiento, retiro, plan de estudios, causales de retiro, partida de alimentación, bonificación mensual entre otros.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-663 de 2013

Objeciones al Proyecto de Ley número 91 de 2011 Senado, 047 de 2010 Cámara, "por la cual se modifica la Ley 11 de 1979, se adopta el Código de Ética de la Profesión de Bibliotecología y se dictan otras disposiciones", Inexequibles los artículos 17, 18 y 19 al modificar, con la creación del Tribunal Nacional de Ética de la Bibliotecología, la estructura de la administración nacional sin la aquiescencia del Gobierno - [Resumen automatizado: De la redacción de dichos artículos, se crea a instancias del Consejo Nacional de Bibliotecología, el Tribunal Nacional de Ética de la Bibliotecología para cumplir funciones de investigación y sanción de las conductas desplegadas por los bibliotecólogos, facultad que, requería del aval del Ejecutivo, toda vez que conllevan una modificación de la estructura de la administración, al crear un nuevo organismo que tiene la naturaleza de entidad del orden nacional con funciones públicas y se adscribe al Ministerio de Educación por su vinculación al mencionado Consejo. || Esta Corporación es competente para conocer de las objeciones gubernamentales por inconstitucionalidad presentadas por el Presidente de la República contra el proyecto de ley No. 091 de 2011 Senado-, 047 de 2010 Cámara-, “por el cual se modifica la Ley 11 de 1979, se adopta el Código de Ética de la Profesión de Bibliotecología y se dictan otras disposiciones”, de conformidad con lo previsto en los artículos 167 y 241-8 de la Constitución Política.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-612 de 2013

¿La inhabilidad, para ejercer al cargo de Registrador de Instrumentos Públicos, al abogado por haber sido sancionado disciplinariamente, resulta desproporcionada constitucionalmente? La Corte condiciona su exequibilidad a que se entienda que esa inhabilidad no cubre sanciones de multa o censura por faltas no graves impuestas de manera autónoma a los abogados, de acuerdo con la Ley 1123 de 2006. Razonabilidad y proporcionalidad como límites a la configuración legal de inhabilidades. Ley 1579 de 2012, "por la cual se expide el estatuto de registro de instrumentos públicos"; Art. 79 Lit. e) (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible - [Resumen automatizado: Del recuento normativo constitucional y la jurisprudencia que lo desarrolla, sobre los límites del legislador al consagrar el régimen de inhabilidades se puede concluir que: i) Las inhabilidades pueden encontrase señaladas en la Constitución o en la ley y en éste último evento, existe libertad de configuración legislativa; ii) la consagración legal de inhabilidades puede conllevar a la restricción, entre otros derechos, de acceso al ejercicio de cargos y funciones públicas; iii) Esta libertad de configuración normativa no es absoluta por cuanto está supeditada a la forma como la Constitución ha establecido ciertas inhabilidades y a criterios de razonabilidad y proporcionalidad a efectos de no afectar sin justificación el núcleo esencial del derecho de acceder a cargos públicos hasta anularlo; iv) de lo anterior se desprende que son incompatibles con la Constitución las causales de inhabilidad irrazonables y desproporcionadas a los fines constitucionales pretendidos; y v) las inhabilidades derivadas de cualquier tipo de sanción disciplinaria, resultan desproporcionadas en cuanto incorporan como hecho inhabilitante haber sido sancionado aún con medidas menores por faltas leves y de poca trascendencia y lesividad.]; Art. 79 Lit. e) (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-401 de 2013

Un efecto devolutivo del recurso de apelación contra el auto que niega el decreto de pruebas y la autorización para que se puedan decretar de oficio en segunda instancia, no constituye una limitación desproporcionada del derecho de defensa. Decretar pruebas de oficio no solo no desvirtúa el principio de imparcialidad del juez, sino que aboga por una defensa en igualdad de condiciones de las partes. Ley 1474 de 2011, "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Art. 58 Incs. 2o. y 6o. (Mod. Art. 180 de la ley 734 de 2002) : Exequibles. S.V - [Resumen automatizado: La medida de resolver el recurso de apelación del auto que negó la práctica de pruebas, una vez proferido el fallo de primera instancia del proceso verbal disciplinario, es constitucional porque: (i) el juez de primera instancia tiene la autonomía judicial suficiente para fallar con base en las pruebas que considere conducentes, pertinentes o relevantes, mediante auto motivado; (ii) el derecho de defensa del disciplinado en el trámite del proceso en primera instancia no se limita a que le sean aceptadas sus pruebas, pues también puede presentarse acompañado de un abogado, presentar descargos expresando libremente las razones por las cuales considera que no es responsable de la conducta que se le atribuye, controvertir las pruebas obrantes dentro del proceso, intervenir en todas las etapas del proceso, presentar alegatos de conclusión, recurrir el auto que niega pruebas y la sentencia de primera instancia; (iii) el recurso de apelación si va a tener una segunda instancia imparcial, la cual resolverá el asunto planteado; y (iv) con todo, el disciplinado cuenta con la jurisdicción contenciosa administrativa para cuestionar la validez jurídica del acto administrativo que resolvió su investigación disciplinaria.]; Art. 58 Incs. 2o. y 6o. (Mod. Art. 180 de la ley 734 de 2002) : Exequibles. S.V

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-257 de 2013

La extensión en el tiempo - de uno a dos años- de la prohibición de los ex servidores públicos para gestionar intereses privados- configura un exceso en la libertad de configuración del legislador? Si bien establece un régimen más estricto que el anterior, se enmarca dentro del grado de libertad de configuración que la Corte ha deferido al legislador en materia de prohibiciones e inhabilidades de los ex empleados del Estado y no tienen la envergadura para ser consideradas como manifiestamente desproporcionadas o irrazonables. (ii) ¿La inhabilidad para contratar, directa o indirectamente, a quienes hayan ejercido cargos en el nivel directivo en entidades del Estado, viola el derecho a la personalidad jurídica, y es excesiva frente a los beneficios buscados? Reitera que el legislador goza en esta materia de una amplia libertad de configuración. Para la Corte es claro que esta prohibición no aplica respecto de aquellos tipos societarios en donde la forma de vinculación de los socios hace imposible un control directo y efectivo sobre su ingreso y sobre las calidades personales de los mismos. Esta hipótesis es distinta, se aclara, a la del ex servidor público que tiene la condición de directivo o representante legal de este tipo de sociedades y pretende en nombre de aquella contratar con la entidad a la cual estuvo vinculado y cuyo objeto tenga relación con las funciones públicas que desempeñó. Ley 1474 de 2011 "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Art. 3 Inc. 1o. (Mod Art. 22 Ley 734 de 2002) : CONDICIONALMENTE exequible; Art. 4 (Adic. al Art. 8 de la Ley 80 de 1993) : Exequible - [Resumen automatizado: .- En segundo lugar, la primera prohibición, además, resulta desproporcionada, excesiva e irrazonable y desconoce los límites (no afectación de derechos) señalados por la jurisprudencia constitucional en materia de inhabilidad y prohibiciones porque (i) no se limita a asuntos que conoció en ejercicio de sus funciones, sino que se extiende a "asuntos relacionados con las funciones propias del cargo, frente a la entidad respectiva", término de suyo indeterminado;(ii )deja de lado el hecho de que en la estructura del Estado es común que las entidades y cargos son de gran amplitud y se encuentran relacionados con varios temas, lo cual implica que se excluye cualquier tipo de actuación por indirecta que sea la relación con las funciones del cargo desempeñado; (iii) la Prohibición por el término de dos ( 2) años resulta irrazonable si se toma en cuenta que la norma anterior establecía un (1) año y no es de recibo como justificación del cambio el incremento o no disminución de las tasas de corrupción en el país máxime si no se ponderó con las dificultades para conseguir empleo; (iv) la sentencia C-194 de 1995 constituye un precedente relevante pues estableció que la prohibición a los ex servidores públicos de ejercer actividades no puede ser absoluta y "no puede hacerse sin distinciones que la tornen razonable y proporcionada"; (v)impide que la persona se desempeñe en las áreas de su conocimiento y experiencia adquiridos en su paso por el servicio público por un término prolongado que afecta su dignidad y el derecho a una remuneración mínima, vital y móvil violando los principios previstos en el artículo 53 de la Carta y que el legislador laboral debe respetar, según lo estableció la Corte en la Sentencia C-093 de 2001.]; Art. 4 (Adic. al Art. 8 de la Ley 80 de 1993) : Exequible

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-84 de 2013

(1) ¿Las prohibiciones consagradas en el numeral 4) del artículo 11 y el artículo 133 de la Ley 1474 de 2011, son contrarios a los principios de identidad flexible y consecutividad? Desde la presentación del proyecto de ley, el propósito fue combatir el fenómeno de la corrupción en todas sus manifestaciones, para lo cual propuso medidas administrativas, penales y disciplinarias para sancionar actos corrupción públicos y privados. (2) ¿La conducta penal establecida en el artículo 22 respeta el principio de estricta legalidad? Tanto el sujeto como la conducta están claramente definidos en la norma. Sin embargo, observó que no toda omisión en el cumplimiento de los mecanismos de control para prevenir el fraude tipifican la conducta, porque el tipo penal descrito contienen además un elemento subjetivo: tal conducta debe realizarse "con el fin de ocultar o encubrir un acto de corrupción". Se trata por lo tanto de una conducta dolosa, que requiere de un incumplimiento voluntario, no de uno que haya sido fruto de un error o culpa. (3) ¿Trasladar la responsabilidad de una persona jurídica a su representante legal o a los miembros de la junta directiva vulnera el debido proceso? No es válido trasladar la responsabilidad de una persona jurídica a su representante legal o a los miembros de la junta directiva, habida consideración que la responsabilidad penal y disciplinaria es siempre subjetiva. Condicionó la exequibilidad del precepto a que se entienda que la falta le fuere imputable al representante legal o miembro de la junta directiva por el incumplimiento de los deberes funcionales. Ley 1474 de 2011, "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Arts. 11 Num 4, 133 (Mod Art. 106 Ley 1438 de 2011), 22 (Adc. Art. 325B a la Ley 599 de 2000). Art. 44 Inc. Final (Mod. Art. 53 Ley 734 de 2002) : CONDICIONALMENTE exequible. S.V - [Resumen automatizado: Recuerdan que la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-1076 de 2002 declaró la exequibilidad condicionada del artículo 53 de la Ley 734 de 2002, cuyo texto es idéntico al que se demanda en esta oportunidad, precisamente, bajo el argumento de que en el caso de las personas jurídicas la responsabilidad penal no puede ser objetiva, sino que debe estar articulada al incumplimiento de los deberes funcionales de los representantes legales y los miembros de la junta directiva y solo procede una vez se agoten las exigencias probatorias de cualquier atribución de responsabilidad disciplinaria personal, incluida la culpa o el dolo. || [3] En la sentencia C-702 de 1999 (MP Fabio Morón Díaz SPV Antonio Barrera Carbonell, Carlos Gaviria Díaz, y Fabio Morón Díaz; Álvaro Tafur Galvis; José Gregorio Hernández Galindo; SV Eduardo Cifuentes Muñoz y Vladimiro Naranjo Mesa), la Corte consideró que en el segundo debate de cada Cámara puede modificarse o adicionarse el proyecto, pero sí se ha aprobado un texto en el primer debate en la Comisión Constitucional Permanente.]; Arts. 11 Num 4, 133 (Mod Art. 106 Ley 1438 de 2011), 22 (Adc. Art. 325B a la Ley 599 de 2000). Art. 44 Inc. Final (Mod. Art. 53 Ley 734 de 2002) : CONDICIONALMENTE exequible. S.V

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2012

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-713 de 2012

¿Al describirse las conductas que vulneran el sistema general de seguridad social en salud, utilizando la figura de tipos en blanco, sin hacer las remisiones normativas expresas y sin especificar el sujeto respecto del cual se predica cada una de ellas, se vulneran los principios de tipicidad y legalidad? Los sujetos que pueden ser objeto de las sanciones previstas en la norma acusada, se encuentran expresamente enunciados en el inciso primero de la disposición acusada y en el art. 121 de la misma norma. Por otro lado las sanciones que han de imponerse a quienes incurran en las conductas reprochables, están determinadas expresamente por la Ley 1438 de 2011, en primer término, por el mismo artículo 130, y por los artículos 131, 132, 133 y 134 de la misma ley. La tipificación de las conductas sancionables en el derecho administrativo sancionador no tienen la misma exigencia que en el derecho penal. Ley 1438 de 2011, "por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones"; Art. 130 : Exequible - [Resumen automatizado: Encuentra la Corte que los argumentos aducidos por el demandante sobre la vulneración del debido proceso administrativo en su componente del principio de legalidad, al no establecer el sujeto respecto del cual se predica cada conducta contenida en los 14 numerales, no prescribir los elementos básicos de las conductas típicas utilizando la técnica de tipos en blanco y no realizar las remisiones normativas precisas, resultan desestimados: no obstante la mayor flexibilidad que se admite en la tipificación de las conductas en materia sancionatoria administrativa, según el cual es posible la definición de conductas indeterminadas y la utilización de la técnica de tipos en blanco, esta Corporación encuentra que las conductas enumeradas en el artículo 130 de la Ley 1438 de 2011, se hallan claramente determinadas o son determinables, en la medida que la norma impugnada realiza las remisiones normativas correspondientes.]; Art. 130 : Exequible

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-370 de 2012

Dentro del proceso verbal disciplinario la citación a audiencia, en cualquier estado de la actuación, hasta antes de proferir pliego de cargos, es constitucional. También lo es el término para iniciar la audiencia, en el entendido que este término solamente comenzará a correr a partir de la notificación del auto que ordena el proceso verbal. Ley 1474 de 2011, "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública". Art. 57 (parcial) : Exequible. Art. 58 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible (Mod. Los Arts. 175 y 177 de la Ley 734 de 2002) - [Resumen automatizado: La Corte Constitucional ha señalado en múltiples ocasiones la libertad de configuración del legislador para regular en su totalidad los procedimientos judiciales y administrativos y dentro de ellos aspectos como: (i) el establecimiento de los recursos y medios de defensa que pueden intentar los administrados contra los actos que profieren las autoridades, -esto es, los recursos de reposición, apelación, u otros -, así como los requisitos y las condiciones de procedencia de los mismos; (ii) las etapas procesales y los términos y formalidades que se deben cumplir en cada uno de los procesos; (iii) la radicación de competencias en una determinada autoridad judicial, siempre y cuando el constituyente no se haya ocupado de asignarla de manera explícita en la Carta; (iv) los medios de prueba; y (v) los deberes, obligaciones y cargas procesales de las partes, del juez y aún de los terceros intervinientes, sea para asegurar la celeridad y eficacia del trámite, o para proteger a las partes o intervinientes, o para prevenir daños o perjuicios en unos u otros procesos. || La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo quien la preside , María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo, Adriana Guillén Arango, Jorge Iván Palacio Palacio, Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Humberto Antonio Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-315 de 2012

¿Desconoció el Legislador los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, al haber establecido en el inciso 2 del artículo 59 de la Ley 1474 de 2011 que el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia deberá sustentarse verbalmente en la misma audiencia, una vez proferido y notificado el fallo en estrados? Este procedimiento resulta proporcionado, en la medida que no debe mirarse de manera aislada sino dentro de todo el contexto del proceso disciplinario abreviado, durante el cual el disciplinado ha tenido la oportunidad de controvertir las pruebas con base en las cuales se cita a audiencia, de solicitar nuevas pruebas, de presentarse acompañado de un abogado, de expresar libremente las razones por las cuales considera que no es responsable de la conducta que se le atribuye y de intervenir en todas las etapas del proceso o sustentar las razones por las cuales controvierte una decisión adversa. De tal manera, que cuando se dicta el fallo, este es el resultado de las pruebas y argumentos que se han presentado y debatido en las etapas previas rodeadas de todas las garantías. Adicionalmente, el inciso séptimo del artículo 59 dispone que antes de proferir el fallo, se dará traslado por dos (2) días a las partes, contados a partir del día siguiente a la notificación por estado, para presentar alegatos de conclusión. Como se observa, la norma le concede al sujeto disciplinado otro lapso de tiempo para mostrar los defectos jurídicos o fácticos de la decisión de primera instancia, dado que esta decisión debe guardar congruencia con los argumentos y pruebas que se han debatido a lo largo del proceso. Ley 1474 de 2011, "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública" ; Art. 59, Inc. 2o. (Mod. el Art. 180 de la Ley 734 de 2002) : Exequible - [Resumen automatizado: En esas providencias, la Corte en el contexto del derecho punitivo sometido al procedimiento verbal, tanto en materia disciplinaria como en materia penal, ha encontrado ajustado a la Constitución el hecho que el legislador establezca como oportunidad y término para interponer el recurso de apelación contra el fallo sancionador de primera instancia, la misma audiencia en la cual se profiere el fallo, dadas las características propias de este proceso, donde el investigado o su apoderado han tenido la oportunidad de seguir de manera directa e inmediata la secuencia de todas las etapas procesales, en las que se ha ejercido el derecho de defensa y se han conocido las razones de la sentencia que se impugna, dentro de un trámite ágil y concentrado, en el que los principios de oralidad y publicidad adquieren especial importancia y el investigado no es sorprendido con la decisión. || Por lo tanto, la Corte Constitucional concentrará su análisis en el cuestionamiento sobre el carácter de garantía meramente formal de la oportunidad procesal prevista en el inciso 2 del artículo 59 de la Ley 1474 de 2011 para apelar y sustentar el recurso de apelación contra la decisión de primera instancia en el proceso disciplinario verbal, que en opinión de los accionantes implica una violación de los derechos al debido proceso, de defensa y a acceder a la justicia.]; Art. 59, Inc. 2o. (Mod. el Art. 180 de la Ley 734 de 2002) : Exequible

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-306 de 2012

¿La posibilidad de que los autos de archivo de la investigación disciplinaria, que hacen tránsito a cosa juzgada, puedan ser revocados de manera directa, de oficio o a petición del quejoso, en situaciones diferentes a las relacionadas con la violación del derecho internacional de los derechos humanos o el derecho internacional humanitario, conforme lo ha establecido esta Corporación y ahora lo establecen las normas demandadas, va en contra del principio de cosa juzgada y la prohibición del non bis in ídem? La Corte señaló que la mitigación de una garantía que protege al ciudadano de la acción del Estado, en pro de la realización de un principio constitucional determinado, sólo podrá considerarse legítima en tanto esta obedezca a una razón concreta y específica de cierta entidad, necesaria para alcanzar un nivel de justicia más alto y a su vez, busque conservar en lo máximo posible, la efectividad de la garantía que se excepciona o debilita. Así, en el presente caso solo habrá de admitirse como válida la restricción a la garantía del non bis in ídem en tanto a través de ella se consiga en un campo específico, una situación de justicia mayor, imposible en caso de no excepcionarla. En todo caso, la revocatoria directa en los procesos disciplinarios, no es una decisión caprichosa que dependa de la mera subjetividad de la autoridad competente y es de esperarse que en el contexto de una ley que persigue sancionar actos de corrupción, debe versar esencialmente, por ejemplo, sobre faltas que puedan constituir un detrimento al patrimonio público, impliquen un favorecimiento ilegal para sí o para un tercero, retarden y obstaculicen la denuncia, la investigación o la acción de las autoridades disciplinarias, fiscales o penales, desatiendan normas relacionadas con el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses, omitan los deberes de vigilancia y supervisión que les competan, favorezcan o promuevan el incumplimiento contractual en perjuicio del Estado, impliquen la utilización del cargo para favorecer o participar en actividades de los partidos y movimientos políticos, o implique circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles. Ley 1474 de 2011, "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Arts. 47, 48, 49 (parciales) (Mod. los Arts. 122, 123 y 14 de la Ley 734 de 2002) : Exequibles - [Resumen automatizado: Cuando se trata de faltas disciplinarias por violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, las víctimas o perjudicados, en reconocimiento de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, "están legitimados para intervenir en el proceso disciplinario en calidad de sujetos procesales y, en consecuencia, para ejercer todas las facultades inherentes a ellos", por lo cual "la imposibilidad que puedan solicitar la revocatoria del fallo absolutorio, o de la decisión de archivo de la actuación que tiene efectos equivalente, o que tal revocatoria sea declarada de oficio, son decisiones legislativas irrazonables". || La lectura adecuada con la Constitución de la norma analizada, expone la cuestión de la adecuación de la ponderación realizada por el Legislador entre los bienes jurídicos de la protección al Estado Social de Derecho, el principio de transparencia en el ejercicio de la función pública e incluso del principio democrático representados por la lucha contra la corrupción, en contra del principio de cosa juzgada y non bis in ídem, situación que de acuerdo con lo dicho anteriormente, sólo admite un control moderado por parte de la Corte Constitucional.]; Arts. 47, 48, 49 (parciales) (Mod. los Arts. 122, 123 y 14 de la Ley 734 de 2002) : Exequibles

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-301 de 2012

¿La exoneración de responsabilidad disciplinaria al abogado que hace revelaciones por la necesidad evitar la comisión de un delito, vulnera el secreto profesional? El establecimiento de eventos en los cuales el profesional no responde penal o disciplinariamente no puede considerarse como una vulneración del secreto profesional. La Corte sostuvo que la revelación del secreto profesional en el supuesto previsto en la norma demandada constituye una forma de estado de necesidad y por lo tanto, debe considerarse como una alusión a esta causal de exclusión de la responsabilidad realizada en el tipo disciplinario. con la disposición acusada no se está desconociendo el secreto profesional, ni el carácter antijurídico de su vulneración, simplemente se está reconociendo que para aplicar una sanción disciplinaria no es suficiente con el incumplimiento del deber de respetar el secreto profesional -lo cual formalmente sigue siendo antijurídico de acuerdo con el numeral 9 del art. 28 de la Ley 1123- sino que además, como en cualquier otra falta o delito, es necesario que sea además culpable y que no incurra en una causal de exclusión de la responsabilidad. Ley 1123 de 2007, "por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado"; Art. 34 Lit f) (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible - [Resumen automatizado: El secreto profesional tiene relación inescindible con el derecho a la intimidad de quien es usuario de los servicios del diplomado (artículo 15 C.P.), toda vez que la única razón para que datos integrantes de la esfera reservada personal o familiar estén siendo transmitidos a otra persona es la necesidad de apoyo inherente a la gestión demandada y la consiguiente confianza que ella implica. || (iii) En materia jurídica, la Corte Constitucional ha señalado que el secreto profesional tiene un alcance especial pues puede afectar también el derecho a la defensa, por lo cual manifestado ha que la inviolabilidad de las comunicaciones es acentuadamente notable en la comunicación del abogado con su representado, por ello su interceptación ilegal debe ser fuertemente sancionada. || La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo quien la preside , María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo, Juan Carlos Henao Pérez, Jorge Iván Palacio Palacio, Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Humberto Antonio Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes]; Art. 34 Lit f) (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-296 de 2012

Cómputo de la experiencia profesional a partir de la expedición de la matrícula de ingeniero, profesiones afines o auxiliares no vulnera los derechos a la igualdad y trabajo. Ley 842 de 2003, "por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones"; Art. 12 : Exequible - [Resumen automatizado: Señalan que el derecho a la igualdad se ve vulnerado en este caso porque en el momento de ser evaluada la experiencia profesional de una persona perteneciente a uno de los 535 grupos de profesiones, que tenga como requisito la inscripción al COPNIA, se toma como fecha de inicio de la experiencia laboral la terminación de materias de acuerdo con el artículo 14 del Decreto 2772 de 2005, mientras que para las personas que ejercen la ingeniería, o sus profesiones auxiliares y afines, se está contabilizando la experiencia laboral conforme a lo establecido en el artículo 12 de la ley 842 de 2003, es decir, a partir de la expedición de la matricula profesional[3]. || Concluyen manifestando que la norma demandada establece un trato diferente no justificado en tanto la experiencia profesional de un ingeniero o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, solo se computa a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional, mientras que otras profesiones como por ejemplo, la medicina y el derecho, las cuales tienen igual o mayor responsabilidad social, la experiencia profesional se cuenta a partir de la terminación de materias conforme al artículo 14 del Decreto 2772 de 2005.]; Art. 12 : Exequible

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-30 de 2012

¿Los deberes y faltas establecidas para los servidores públicos demandadas, desconocen los principios de tipicidad y legalidad en materia disciplinaria? Los principios de legalidad y tipicidad imponen al legislador la obligación de definir previa, taxativa e inequívocamente las conductas consideradas como reprochables disciplinariamente. Así mismo, la jurisprudencia ha señalado que la figura de los tipos disciplinarios en blanco o abiertos, o los conceptos indeterminados en materia disciplinaria son admisibles constitucionalmente, siempre y cuando exista la posibilidad de realizar una remisión normativa, una interpretación sistemática o una determinación de alcance normativo del precepto disciplinario, de manera que el tipo se complemente a partir de otras disposiciones cuya violación o incumplimiento configura la falta disciplinaria de que se trate. En este sentido, la falta no puede configurarse sin que previamente exista en el ordenamiento jurídico otras disposiciones que puedan ser objeto de violación o incumplimiento. Las obligaciones, deberes y prohibiciones generales que prevé la ley, al momento de ser aplicadas, deben ser valoradas e interpretadas por la autoridad disciplinaria de manera sistemática con otras normas que prevean deberes, obligaciones y funciones de los servidores públicos, en la Constitución, la ley y el reglamento. Ley 734 de 2002, "por la cual se expide el Código Disciplinario Único" Exequibles las expresiones "diligencia, eficiencia e imparcialidad", "servicio esencial", "abuso indebido", "respeto, imparcialidad y rectitud" de los numerales 2 y 6 del artículo 34 y las expresiones "negocios incompatibles" y "la institución" contenidas en el numeral 45 del artículo 48, e inexequibles las expresiones "el buen nombre y prestigio de" contenidas en el mismo numeral.S.V - [Resumen automatizado: Los numerales 2 y 6 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 o Código Disciplinario Único, consagran para todos los servidores públicos: un deber general afirmativo relativo al cumplimiento del servicio que le haya sido encomendado con las exigencias de diligencia, eficiencia e imparcialidad; un deber general negativo referido a la abstención de cualquier clase de acto u omisión que origine la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial o el abuso indebido del cargo o de las funciones encomendadas, y una obligación de carácter general de comportarse con respeto, imparcialidad y rectitud en las relaciones interpersonales por razón del servicio público que le haya sido encomendado, deberes y obligaciones que constituyen un desarrollo de las normas constitucionales que son el fundamento de la responsabilidad disciplinaria, sobre los que la Corte encuentra que las expresiones demandadas son fiel desarrollo de mandatos constitucionales y son deberes y obligaciones generales y básicos que están consagrados en la Carta Política o constituyen un desarrollo de postulados de la administración pública y de la responsabilidad disciplinaria; que se encuentran en plena armonía con las finalidades constitucionales propias del derecho disciplinario; que no vulneran en sentido alguno los principios de tipicidad y legalidad rectores del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 Superior, y que no es cierto que estas expresiones constituyan tipos en blanco o conceptos jurídicos indeterminados respecto de los cuales el operador disciplinario no pueda llevar a cabo una remisión normativa o realizar una interpretación sistemática.]

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2011

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-899 de 2011

Al incluir la norma demandada como destinatarios del mismo a los abogados que desempeñen funciones públicas relacionadas con dicho ejercicio, ¿se desconoció la competencia de la Procuraduría General de la Nación, al conferir a los Consejos Seccionales y Superior de la Judicatura para facultad para investigarlos y sancionarlos? ¿esa potestad resulta contraria al principio "non bis in ídem" porque una misma conducta puede ser objeto de investigación disciplinaria bajo el régimen del Código Único Disciplinario (Ley 734 de 2001) y el de la Ley 1123 de 2007, Código Disciplinario del Abogado? Una cosa es la competencia para investigar e imponer las sanciones disciplinarias a los servidores públicos o los particulares que ejercen funciones públicas "por infracción del deber funcional", la cual está asignada de manera preferente al Procurador General de la Nación en el artículo 277, numeral 6 de la Constitución y se cumple por lo general, por intermedio de sus delegados y las oficinas de control interno disciplinario. Y otra, la competencia para imponer sanciones por violación de la normatividad que rige la profesión de abogado. Tampoco prosperó el cargo por violación de la prohibición de non bis in ídem, por cuanto a juicio de la Corte, el inciso segundo del artículo 19 de la Ley 1123 de 2007 debe interpretarse en el sentido según el cual, los abogados que en su condición de servidores públicos deban ejercer la profesión, deben ser disciplinados por las faltas que lleguen a cometer en su ejercicio, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que se desprenda por la infracción de sus deberes funcionales. La posibilidad de investigar disciplinariamente y éticamente a un servidor público o a un particular que desempeñe función pública, que ejerza plenamente su profesión de abogado en desarrollo del vínculo de sujeción con el Estado, responde a objetivos diversos y por lo mismo, no desconoce la prohibición del doble juzgamiento consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política. Ley 1123 de 2007, "por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado"; Art. 19 (parcial) : EXEQUIBLE - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Juan Carlos Henao Pérez -quien la preside-, María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio, Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Humberto Antonio Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes, || El segundo problema que la Sala debe resolver, en el evento en que el anterior sea resuelto a favor de la constitucionalidad, es si cuando la norma parcialmente acusada faculta a los consejos seccionales y superior de la Judicatura para investigar a los abogados "que desempeñen funciones públicas relacionadas con dicho ejercicio" esa potestad resulta contraria al principio del "non bis in ídem", porque una misma conducta puede ser objeto de investigación disciplinaria bajo el régimen del Código Único Disciplinario, Ley 734 de 2002 y el de la Ley 1123 de 2007 que regula el Código Disciplinario del Abogado.]; Art. 19 (parcial) : EXEQUIBLE

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-398 de 2011

La prohibición de ejercer como abogado para quien está privado de la libertad por una medida de aseguramiento, no resulta incompatible con la constitución, respecto de los cargos analizados. Ley 1123 de 2007, "por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado"; Art. 29, Num 3 (parcial) : Exequible - [Resumen automatizado: El análisis de los límites al derecho de escoger profesión u oficio normalmente se efectúa “desde dos perspectivas distintas pero concurrentes”, la primera de las cuales atiende “la facultad reconocida al Congreso para regular el derecho y hacerlo compatible con los demás valores y con el interés general”, mientras que la segunda se basa en “la consideración de que cualquier restricción o limitación a su ejercicio por parte del legislador, debe estar debidamente justificada y amparada en un principio de razón suficiente, sin que resulte constitucionalmente admisible la expedición de una normatividad orientada a hacer nugatorio el precitado derecho, o lo que es igual, dirigida afectar su núcleo esencial”. || Con fundamento en lo anterior señala que “la medida de aseguramiento de privación de la libertad se da respecto de las conductas delictivas más graves y que generan un gran impacto social, lo cual sin duda constituye un fundamento de su aplicación, pero además, fundamento de la consagración de la incompatibilidad para el ejercicio de la abogacía de quien sea objeto de tal medida, si se tiene en cuenta la función social que implica el ejercicio del derecho y la probidad de quien ejerce esta profesión, que no está garantizada mientras el abogado se encuentre privado de la libertad como consecuencia de la imposición de una medida de aseguramiento”.]; Art. 29, Num 3 (parcial) : Exequible

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-338 de 2011

¿La exclusión de las sociedades de economía mixta regidas por el derecho privado, de la aplicación del régimen disciplinario previsto en la Ley 734 de 2002, resulta contraria al artículo 123 de la Constitución Política? El criterio esencial para determinar si un particular puede ser sujeto o no del control disciplinario, lo constituye el hecho de que este cumpla o no funciones públicas. En otras palabras, el control disciplinario fue reservado por el constituyente, para quienes cumplan de manera permanente o transitoria funciones públicas. Las excepciones en materia de responsabilidad de los servidores de las sociedades de economía mixta y el legislador. La excepción al régimen disciplinario de los servidores públicos contemplada en la preceptiva demandada opera siempre y cuando, en atención al objeto social de la sociedad de economía mixta de que se trate, sus servidores desarrollen funciones industriales y comerciales regidas por el derecho privado. Están sujetas a la dirección y control administrativos, así como al control Fiscal por parte de la Contraloría General de la República y al régimen de garantías del patrimonio estatal frente a la propia administración Estado y frente a los particulares. Adicionalmente son objeto del denominado control administrativo de tutela por parte de las entidades a las que se vinculan y en los términos actualmente establecidos en los artículos 41, 98 y 99 de la Ley 489 de 1998, fuera de las maneras de hacer efectiva la responsabilidad conforme al derecho privado y al derecho penal, si fuere el caso. Ley 734 de 2002, "por la cual se expide el Código Disciplinario Único"; Art. 53 (parcial) : Exequible - [Resumen automatizado: Con base en lo anterior indica que “en el libro III Régimen Especial, Título I Régimen de los Particulares de la Ley 734 de 2002 el legislador asimila a particulares a los servidores de las empresas de economía mixta para luego excluirlos del derecho disciplinario, mientras que en el artículo 25 del mismo texto legal (…) se determinó que todos los servidores públicos son disciplinables, al igual que los gerentes de las cooperativas, fundaciones, corporaciones y asociaciones que se creen y organicen por el Estado o con su participación mayoritaria, con lo cual los hace sujetos de la acción disciplinaria”. || Con base en lo anterior aduce la violación del artículo 13 superior, ya que, en su criterio, la expresión tachada de inconstitucionalidad otorga un trato diferente e injustificado al excluir del poder disciplinario estatal a las personas que laboran en las sociedades de economía mixta regidas por el derecho privado, lo cual queda en evidencia cuando se repara en que el artículo 25 de la misma Ley 734 de 2002 hace destinatarios de la ley disciplinaria a los servidores públicos, particulares, indígenas que administren recursos públicos, así como a los gerentes de cooperativas, fundaciones, corporaciones, y asociaciones que se creen y organicen por el Estado o con su participación mayoritaria, lo que le lleva a concluir que con mayor razón deben estar incluidos “los servidores de una sociedad comercial que cuenta con aportes estatales”.]; Art. 53 (parcial) : Exequible

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-258 de 2011

¿La previsión conforme a la cual eludir la responsabilidad disciplinaria constituye un criterio de agravación punitiva, resulta contraria a la garantía constitucional de no ser obligado a declarar contra sí mismo, prevista en el artículo 33 de la Carta? Alcance del derecho a la no autoincriminación. Exequible, en el entendido de que dicha elusión se refiere a las conductas dolosas orientadas de manera positiva a obstruir la investigación. Ley 1015 de 2006, "por medio de la cual se expide el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional ; Art. 40, Num 1, Lit. k) - [Resumen automatizado: El literal k del numeral 1º del artículo 40 de la Ley 1015 de 2006 prevé, en el régimen disciplinario de la Policía Nacional, como criterio para fijar la cuantía de la multa y el término de duración de la suspensión e inhabilidad imponible a los sujetos disciplinados el de eludir la responsabilidad o endilgarla sin fundamento a un tercero, puntualizando que dicha norma está llamada a aplicarse en una instancia del proceso en la que ya se ha establecido la responsabilidad por la falta disciplinaria y se orienta a valorar la conducta desplegada por el disciplinado durante el proceso, habida cuenta que el vocablo eludir, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, no sólo tiene la acepción de “esquivar una dificultad, un problema”, sino, también, “evitar algo con astucia o maña”, por lo que cabría interpretar que eludir la responsabilidad implica, en un primer enfoque, la mera omisión de declararse culpable, o incluso, de declarar dentro de la investigación, y, en un segundo sentido, el despliegue de conductas positivas orientada, o a esquivar la responsabilidad, o a evitarla con astucia o con mañas, y es justamente en este segundo sentido en el que es susceptible de interpretarse la disposición demandada, por cuanto la palabra eludir remite a las conductas desplegadas con maña o con astucia, expresiones que pueden comprender maniobras orientadas a desviar la atención, a ocultar los hechos o a endilgar la responsabilidad a un tercero, con connotaciones claramente fraudulentas u obstructivas, sentido en el cual, tales conductas resultan contrarias al deber de probidad que tienen los funcionarios, a la moralidad pública y a la lealtad procesal y pueden ser susceptibles de valoración al momento de fijar la sanción, sin que en ello se advierta una violación del artículo 33 de la Constitución.]; Art. 40, Num 1, Lit. k)

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-34 de 2011

Particulares disciplinables. Ley 734 de 2002, "por la cual se expide el Código Disciplinario Único"; Art. 53 : Fallo inhibitorio - [Resumen automatizado: Si bien el demandante considera que la expresión, “que ejerzan funciones públicas en lo que tienen que ver con estas”, contenida en el artículo 53 de la Ley 734 de 2002 es inconstitucional por la limitación que supone a la responsabilidad disciplinaria de los particulares que ejercen funciones públicas, los planteamientos expuestos por el accionante no reúnen las mínimas características que permitan realizar el examen de constitucionalidad correspondiente, por cuanto se cuestiona un contenido normativo que no emana de su texto, sino que surge de una interpretación subjetiva, distinta a la que contempla el tenor jurídico atacado, no quedando duda que los argumentos planteados no son claros, específicos, pertinentes ni suficientes, frente al texto real de la disposición que se acusa || Esta corporación, en sentencia C-1052 de octubre 4 de 2001, con ponencia del Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, reunió y sistematizó la jurisprudencia que se ha consolidado sobre el tema, y señaló los criterios mínimos que debe reunir una demanda de inconstitucionalidad, para que pueda ser decidida de fondo: objeto demandado, concepto de violación, y las razones "claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes".]; Art. 53 : Fallo inhibitorio

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2010

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-977 de 2010

¿La separación del cargo de notario por presentar documentos manifiestamente apócrifos, vulnera el debido proceso? La Corte observó que de acuerdo con el mismo texto del artículo 143 acusado, el carácter apócrifo de la certificación o declaración ha de ser "manifiesto", esto es, que la aplicación de la medida no puede tener su causa en una simple apreciación o en el parecer subjetivo del nominador, sino en un motivo serio y capaz de generar un alto grado de convicción sobre la configuración del supuesto que permite proceder a separar de plano a quien de manera irregular haya entrado a ejercer el cargo de notario. No se trata entonces, de un simple rumor, pálpito o sospecha ni de la escueta manifestación verbal o escrita de alguien ante el funcionario que hace la designación, sino de un motivo dotado de la seriedad propia de lo que aparece de bulto, es decir, que es ostensible y se advierte a simple vista, sin necesidad de complejas elaboraciones intelectuales, lo que no significa que quien vaya a imponer la medida esté relevado de la obligación de verificar la cuestión, pues no sobre advertir que la adopción de una medida tan severa compromete la responsabilidad de quien la adopta. Adicionalmente, la Corte advirtió que en todo caso, el acto de separación del ejercicio cargo puede ser controvertido por el afectado ante el mismo funcionario que la adoptó, mediante la solicitud de revocatoria directa. Al mismo tiempo, deberá proseguirse con el posterior proceso disciplinario, en el cual el investigado gozará de todas las garantías previstas en el Código Disciplinario Único. De esta forma, será la autoridad disciplinaria la que en últimas revisará dentro del ámbito de sus facultades, esa actuación del nominador y determinará si amerita decretar la suspensión provisional en el cargo en el marco de dicho proceso, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 157 de la Ley 734 de 2002. Decreto 960 de 1970, "por el cual se expide el estatuto del Notariado"; Art. 143 : Exequible - [Resumen automatizado: Destaca que la suspensión provisional no vulnera el debido proceso, el buen nombre, ni el derecho al trabajo, porque su naturaleza es provisional y precautelar, fuera de lo cual la medida establecida en el precepto demandado es acorde con el contenido del decreto que la contiene y, en especial, con el artículo 144, en cuyo numeral 4º se establece que el cargo de notario se pierde por destitución decretada en providencia en firme y es un “vital elemento de prudencia disciplinaria que busca que sobre la función fedataria recaiga una férrea inspección y vigilancia que se compadece con el bien jurídico superior que tutela la función notarial como es la fe pública”. || Esta conclusión resulta avalada por el hecho de que, según el tenor literal de la disposición acusada, la facultad para separar de plano al notario no está asignada a la autoridad encargada de tramitar el proceso disciplinario, sino a quien haya hecho la designación, debiéndose observar, adicionalmente, que la posibilidad de adoptar esa medida “en cualquier tiempo” no condiciona su imposición a la previa existencia de una actuación disciplinaria, como corresponde a una medida que opera “de plano” y solo sustentada en el carácter “manifiestamente” apócrifo de la certificación o declaración con base en la cual se haya entrado a ejercer el cargo.]; Art. 143 : Exequible

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-819 de 2010

¿La incompatibilidad de los servidores públicos para el ejercicio de la abogacía, vulnera los derechos de autonomía personal, igualdad, trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio? La norma busca proteger la función pública y asegurar condiciones objetivas de igualdad. De un lado, se busca la transparencia en el ejercicio profesional, evitando que el servidor público utilice los poderes derivados de su cargo en su ejercicio profesional y se logra una mayor igualdad entre los litigantes y los justiciables, ya que impide que la función pública, se traduzca en tratos discriminatorios entre las personas. De otro lado, la disposición preserva la función pública pues garantiza su moralidad, imparcialidad y eficacia, ya que asegura que el empleado oficial se dedique esencialmente al cumplimiento de los deberes de su cargo. Ley 1123 de 2007, "por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado". Art. 29 Num. 1 : Exequible. Art. 1 (parcial) : Fallo inhibitorio - [Resumen automatizado: Al respecto ha señalado lo siguiente: “En cuanto atañe a la libertad de ejercer profesión u oficio, que interesa específicamente en este proceso, la función de reglamentación a cargo del legislador, que por su naturaleza tiene que cumplirse teniendo en cuenta las características propias de cada ocupación, implica, como su objeto lo indica, el establecimiento de unas reglas adecuadas a los fines que cada una de ellas persigue, mediante las cuales es necesario estatuir requisitos mínimos de formación académica general y preparación particular en la carrera de que se trata; normas sobre expedición de títulos que garanticen la idoneidad profesional y la forma de acreditarlos ante el público; disposiciones concernientes a las prácticas y experiencias iniciales del recién egresado; exigencias y límites aplicables a quien -debidamente autorizado- ejerce todavía sin título y, desde luego, la espina dorsal de la reglamentación, que consiste en el régimen jurídico aplicable al desempeño de la profesión, dentro del cual a la vez resulta ineludible el señalamiento de principios y pautas, la tipificación de faltas contra la ética en el campo de actividad correspondiente y la previsión de las sanciones que habrán de ser impuestas a quien incurra en ellas”.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-540 de 2010

Inepta demanda para demostrar violaciones al quejoso dentro del proceso disciplinario reglado por el Código Disciplinario del Abogado al no ser considerado sujeto procesar cuando fuera víctima de graves violaciones a los derechos fundamentales. El demandante busca hacer extensivas las consideraciones vertidas en la Sentencia C-014-04, sin lograr demostras la esta similitud en las conductas sancionadas en uno y otro régimen disciplinario. Ley 1123 de 2007, "por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado"; Art. 66, Par. : Fallo inhibitorio por inepta demanda - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Mauricio González Cuervo -quien la preside-, María Victoria Calle Correa, Juan Carlos Henao Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio, Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Humberto Antonio Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes, || Dice la vista fiscal, que el demandante considera que como la Corte Constitucional en la sentencia C-014 de 2004[4] concluyó que algunas de las conductas desplegadas por los servidores públicos pueden implicar, además de una falta disciplinaria, la vulneración de los derechos fundamentales del quejoso o la infracción del Derecho Internacional de los Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario, lo que pone a tal quejoso en condición de víctima y en tal virtud le otorga la facultad de ejercer los mismos derechos de un sujeto procesal dentro del proceso disciplinario, esta misma conclusión debe aplicarse para el caso de los procesos disciplinarios seguidos en contra de abogados.]; Art. 66, Par. : Fallo inhibitorio por inepta demanda

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-302 de 2010

Decreto 126 de 2010, "Por el cual se dictan disposiciones en materia de inspección y control de lucha contra la corrupción en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se adoptan medidas disciplinarias, penales y se dictan otras disposiciones", declarado INEXEQUIBLE por consecuencia de la INEXEQUIBILIDAD de la declaratoria del estado de emergencia social - [Resumen automatizado: Que los hechos que sustentan la declaratoria de la emergencia social han desbordado, tanto la capacidad, como los mecanismos preventivos, sancionatorios v de naturaleza jurisdiccional de los que dispone el Sistema de Inspección, Vigilancia v Control -SIVC del sector salud, razón por la cual se requiere adoptar medidas extraordinarias y urgentes de carácter preventivo de recuperación de recursos y punitivas, con el fin de responsabilizar a quienes incurran en conductas fraudulentas, inseguras o ilegales; así como también, fortalecer la atención al usuario, el control al precio y adquisición de medicamentos y las actividades de inspección, vigilancia y control en la asignación, flujo, administración y gestión de los recursos del SGSSS;]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-242 de 2010

¿Carece el inciso demandado en la presente oportunidad de directrices o criterios normativos que permitan a las personas disciplinadas prever cuál es el procedimiento que habrá de aplicárseles, con ocasión de haber incurrido en faltas disciplinarias distintas a las previstas en los incisos 1º y 2º del artículo 175 de la Ley 714 de 2002?. Ley 734 de 2002, "por la cual se expide el Código Disciplinario Único"; Art. 175, Inc. 3o. : Exequible - [Resumen automatizado: Por último, según lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 175 mencionado, se aplica el proceso verbal: "[e]n todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se citará a audiencia". || Para el demandante, la expresión "[e]n todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se citará a audiencia" (Ley 734/02, artículo 175, inciso final), desconoce el artículo 29 de la Carta Política, pues no especifica objetivamente la procedencia del proceso verbal y deja al criterio subjetivo del juez disciplinario la determinación del procedimiento disciplinario, desconociendo el derecho constitucional fundamental al debido proceso administrativo. || La cuestión que debe resolver esta Corte consiste en lo siguiente: al conferírsele a las autoridades disciplinarias la facultad de citar audiencia aplicando el proceso verbal cuando se presentan los requisitos sustanciales que permiten proferir pliego de cargos, al momento de la apertura de la investigación dentro del proceso ordinario, ¿se desconoce el derecho constitucional fundamental al debido proceso administrativo y, más concretamente, el principio de legalidad del procedimiento aplicable?]; Art. 175, Inc. 3o. : Exequible

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2009

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-763 de 2009

¿Se desconocen las garantías judiciales del sujeto procesal ausente cuando el legislador obliga a interponer los recursos de las decisiones que se profieren en la audiencia en el curso de la misma? Ley 734 de 2002, "por el cual se expide el Código Disciplinario Único"; Arts. 111 y 180 (parciales) : Exequibles - [Resumen automatizado: La Corte concluye que en el caso bajo examen no se presenta el fenómeno de la cosa juzgada constitucional frente a lo decidido en la sentencia C-1193 de 2008, puesto que en dicha oportunidad el pronunciamiento recayó sobre la una expresión contenida en el artículo 106 de la Ley 734 de 2002 por el supuesto desconocimiento del derecho al debido proceso de los disciplinados ausentes de la audiencia puesto que, a pesar de esta situación, se entendían notificados de las decisiones tomadas en el curso de la misma, en tanto que en la presente oportunidad, debe la Sala determinar si se desconocen las garantías judiciales del sujeto procesal ausente cuando el legislador obliga a interponer los recursos de las decisiones que se profieren en la audiencia en el curso de la misma. || La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Nilson Pinilla Pinilla -quien la preside-, Maria Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo, Juan Carlos Henao Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Humberto Antonio Sierra Porto y Luís Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes,]; Arts. 111 y 180 (parciales) : Exequibles

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-487 de 2009

Ley 836 de 2003, "por la cual se expide el reglamento del Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares"; Art. 123. Ley 734 de 2002, "por la cual se expide el Código Disciplinario Unico"; Arts. 89 y 90. Demanda por violación al derecho a la igualdad del quejoso frente al investigado y su defensor. Fallo inhibitorio. S.V - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Nilson Pinilla Pinilla -quien la preside-, Maria Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo, Juan Carlos Henao Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Humberto Sierra Porto y Luís Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes, || Las disposiciones impugnadas desconocen el artículo 13 de la Constitución porque discrimina al quejoso y a las víctimas respecto del investigado y su defensor, pues mientras estos últimos pueden actuar en el proceso disciplinario para defender sus derechos, los primeros carecen de facultades para controvertir las pruebas, impugnar decisiones y en general proteger sus propios intereses. || Finalmente, las normas acusadas violentan el derecho de acceso a la administración de justicia, como quiera que, de conformidad con lo expresado por la Corte Constitucional en sentencia T-430 de 1992, "este derecho disciplinario, que es en últimas un derecho penal administrativo, debe aplicarse con la observancia debida a los principios del derecho penal común..."; de modo que esta garantía también es predicable en materia disciplinaria, pues "en tratándose de administrar justicia toda persona tiene esta garantía supralegal, sin ambages ni limitaciones".]; Art. 123. Ley 734 de 2002, "por la cual se expide el Código Disciplinario Unico"; Arts. 89 y 90. Demanda por violación al derecho a la igualdad del quejoso frente al investigado y su defensor. Fallo inhibitorio. S.V

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-467 de 2009

Ley 734 de 2002, "por la cual se expide el Código Disciplinario Único". Prohibición al servidor público Único de ejecutar en el lugar de trabajo actos que atenten contra la moral o las buenas costumbres. Art. 35, Num. 9 : Estarse a lo resuelto en la C-350-09 que lo declaró INEXEQUIBLE - [Resumen automatizado: -. Si bien el artículo 29 superior incorpora los principios de legalidad y tipicidad en la protección constitucional, no es menos cierto que en materia disciplinaria el legislador estableció un proceso especial para sancionar a los servidores del Estado, que tiene como principal característica que las faltas disciplinarias son de tipo abierto, precisamente por el grado de dificultad que tiene el legislador de agrupar todas aquellas conductas que se consideren prohibidas, en los términos de la sentencia C-155 de 2002. || No obstante, en el transcurso del proceso constitucional, esta Corporación profirió la sentencia C-350 de 2009 (M.P. María Victoria Calle Correa) dirigida igualmente contra el inciso 9 del artículo 35 del Código Disciplinario Único, en la que debió definir si el legislador desconoció la garantía de la tipicidad de las normas sancionatorias, la autonomía personal, el derecho al trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio, al establecer un tipo sancionatorio de carácter indeterminado, concretamente, al prescribir como prohibición para todo servidor público, “ejecutar en el lugar de trabajo actos que atenten contra la moral o las buenas costumbres”.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-374 de 2009

Supuesto equivocado, consistente en considerar que el CDA consagra una "etapa de indagación preliminar" y por tanto se incurrió en una omisión legislativa en cuanto a que las normas demandadas han debido ordenar la notificación de la queja disciplinaria y permitir la controversia de la prueba que la acompañe, a fin de garantizarle al abogado denunciado el ejercicio de los derechos de defensa, inocencia y acceso a la administración de justicia. Al no estar regulada en el CDA la etapa de indagación preliminar, anterior a la apertura del proceso disciplinario, pierde soporte la acusación. Ley 1123 de 2007, "por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado"; Arts. 71 y 93 : Fallo inhibitorio por inepta demanda. - [Resumen automatizado: El actor considera que en el presente asunto se configura una omisión legislativa relativa, violatoria de los derechos al debido proceso, defensa y contradicción, presunción de inocencia y acceso a la administración de justicia, por cuanto el legislador al expedir los artículo 71 y 93 de la Ley 1123 de 2007 (Código Disciplinario del Abogado, CDA), referente a la notificación personal y la oportunidad para controvertir la prueba, no incluyó la notificación al abogado de la presentación en su contra de la queja disciplinaria, y no reguló la posibilidad de que pueda hacer uso de esa facultad en la etapa anterior a la apertura de investigación. || Expone el demandante que el legislador al expedir los artículos 71 y 93 de la Ley 1123 de 2007 incurrió en una omisión legislativa que afecta su validez constitucional, por cuanto la primera norma no prevé la notificación de la presentación de la queja disciplinaria en la etapa de indagación preliminar y, la segunda, no permite que el abogado denunciado pueda presentar pruebas en esa etapa anterior a la apertura de investigación, vulnerándole así sus derechos al debido proceso, defensa y contradicción, presunción de inocencia y acceso a la administración de justicia (arts.]; Arts. 71 y 93 : Fallo inhibitorio por inepta demanda.

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-350 de 2009

Ley 734 de 2002, "por la cual se expide el Código Disciplinario Único". ¿Se desconoció la garantía de la tipicidad de las normas sancionatorias, la autonomía personal, el derecho al trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio, al prescribir como prohibición para todo servidor público, "ejecutar en el lugar de trabajo actos que atenten contra la moral o las buenas costumbres", por ser ésta una sanción de carácter indeterminada?. Como ya lo ha aceptado la jurisprudencia, el legislador puede elevar a la categoría de falta disciplinaria aquellos actos que repudian la moral social y proscribir estos comportamientos en el ámbito de ejercicio de funciones públicas, pero al hacerlo debe establecer clara y precisamente cuáles son aquellos actos "inmorales" o contrarios a las "buenas costumbres" que eleva a la categoría de falta disciplinaria. De no existir esa precisión en el señalamiento de las conductas sancionables como falta disciplinaria, dejando a la libre apreciación subjetiva de quien impone la sanción, decidir si un comportamiento es o no contrario a dichos conceptos, se vulnera abiertamente el principio de legalidad. Art. 35, Num. 9 : INEXEQUIBLE - [Resumen automatizado: Vistos los argumentos de la demanda y de las participaciones e intervenciones previas, la Sala considera que el problema jurídico planteado en la presente demanda es el siguiente: ¿desconoce el legislador la garantía de tipicidad de las normas sancionatorias, la autonomía personal, el derecho al trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio, al establecer un tipo sancionatorio de carácter indeterminado, concretamente, al establecer como prohibición para todo servidor público, 'ejecutar en el lugar de trabajo actos que atenten contra la moral o las buenas costumbres'? || En esta oportunidad (C-570 de 2004), consideró que "las normas del derecho disciplinario entran frecuentemente en conflicto con derechos fundamentales como la intimidad y la autonomía personal", indicando a la vez que "tales colisiones deben ser resueltas a través de la ponderación de los bienes jurídicos en conflicto".[33] Para la Corte, de acuerdo al desarrollo jurisprudencial en la materia, concluyó que "son inconstitucionales aquellas normas que tipifican como faltas conductas que no tengan una relación con las exigencias propias del desempeño profesional ni afecten la integridad de la profesión como tal".[34] En esta sentencia la Corte Constitucional evidenció que compartía la decisión de considerar "(...) la admisibilidad jurídica de la validez de tipos abiertos en las conductas constitutivas de falta disciplinaria, ante la imposibilidad de contar con un catálogo de conductas donde se subsuman todas aquellas que se alejen de los propósitos de la función pública, y por ende resulten sancionables."[35] Sin embargo, consideró que la expresión 'buenas costumbres' no se encuentra dentro del 'grado de indeterminación aceptable constitucionalmente'.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-308 de 2009

¿La diferencia del régimen disciplinario aplicable a quienes prestan su servicio militar obligatorio en la Policía Nacional, en relación con el que se aplica a quienes lo hacen en las fuerzas militares, es violatoria de la igualdad? Para la Corte, no es posible establecer válidamente una equivalencia entre el personal de la Policía Nacional y el personal de las Fuerzas Militares en materia de régimen disciplinario. Los miembros de las Fuerzas Militares -Ejército Nacional, Fuerza Aérea y Armada Nacional- y los de la Policía Nacional no se encuentran en la misma situación frente a la imposición de sanciones disciplinarias, pues no obstante que ambas forman parte de la Fuerza Pública (art. 216 C.P.), tienen una distinta naturaleza jurídica y persiguen distintos fines constitucionales. Ley 1015 de 2006, "por medio de la cual se expide el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional"; Art. 44 (parcial) : Exequible) - [Resumen automatizado: En el presente caso, la Corte advierte que el cargo presentado por el demandante resulta inepto, porque, por un lado, no realiza consideración alguna sobre las razones por las cuales el régimen disciplinario aplicable a quienes prestan su servicio militar obligatorio en la Policía Nacional pueda calificarse como desproporcionado, y, por otro, la desproporción entre los dos regímenes disciplinarios aplicables a quienes prestan su servicio militar obligatorio, según que lo hagan en la Policía Nacional o en la fuerzas militares, no es imputable a la disposición demandada, ni es producto de una decisión deliberada del legislador de establecer un trato diferente, sino que es atribuible a una disposición distinta a la demandada. || De acuerdo con el actor, el régimen disciplinario previsto en el artículo 44 de la Ley 1015 de 2006 para los auxiliares bachilleres que prestan su servicio militar en la Policía Nacional, con excepción del aparte conforme al cual, la sanción para las faltas leves culposas será la amonestación escrita, resulta contrario al principio de igualdad, debido a que establece una diferencia de trato en relación con las sanciones que, en igualdad de condiciones, son aplicables a quienes prestan su servicio militar en las fuerzas militares, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 836 de 2003.]; Art. 44 (parcial) : Exequible)

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-136 de 2009

Revisión de constitucionalidad del Decreto legislativo No 4335 del 17 de noviembre de 2008, "Por el cual se asignan funciones a los Alcaldes y Gobernadores en desarrollo del Decreto No 4333 de noviembre de 2008, "por el cual se declara el Estado de Emergencia Social"". Exequible la facultad otorgada a los alcaldes y gobernadores para cierre preventivo del establecimiento de comercio, local, oficina o cualquier lugar donde se desarrollen las actividades origen del estado de emergencia social. Para la Corte el artículo 2 de la norma demandada que establece como falta gravísima depositar o entregar recursos a las personas que desarrollen las actividades descritas en el artículo 1 del Decreto 4334 de 2008, o en las normas que lo modifiquen o adicionen, no guarda relación de conexidad con los motivos invocados, al igual que presenta un alto grado de indeterminación y desconoce los principios de proporcionalidad y legalidad. Evolución de la protección internacional de los derechos humanos bajo el estado de excepción. Principios de los estados de excepción. Principales anomalías o desviaciones en la aplicación del Estado de Excepción. Derecho a la propiedad privada. Art. 1: Exequible. Art. 2 (Adiciona numeral al Art. 48 de la Ley 734 de 2002) : INEXEQUIBLE. S.V - [Resumen automatizado: El Artículo 1° del Decreto 4335 de 2008 le asigna a los Alcaldes y Gobernadores funciones relacionadas con el cierre preventivo de establecimientos donde se desarrollen actividades relacionadas con la entrega de dineros mediante la modalidad de operaciones de captación o recaudo en operaciones no autorizadas a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable, encontrando la Corte que las medidas tomadas en el artículo 1º tienden a subsanar de manera directa la crisis social planteada en dicha declaratoria, no así la norma prevista en el artículo 2º que adiciona el artículo 48 de la ley 734 de 2002, respecto de la cual no existe conexidad, por cuanto lo único que se pretende es sancionar disciplinariamente una conducta eminentemente privada y del resorte exclusivo del fuero interno del servidor público, en este caso la disposición de sus propios recursos.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-29 de 2009

La Corte reconoce igualdad de trato entre las parejas heterosexuales y las conformadas por personas del mismo sexo, en aspectos como: Patrimonio de familia inembargable y afectación de bienes inmuebles a vivienda familiar. Obligación civil de prestar alimentos. Normas que consagran derechos de carácter migratorio para las parejas heterosexuales. Normas que consagran la garantía de no incriminación en materia penal, penal militar y disciplinaria. Normas que consagran el beneficio de prescindir de la sanción penal. Circunstancias de agravación punitiva. Normas penales y preventivas sobre delitos que tiene como sujeto pasivo al compañero o compañera permanente. Normas que consagran derechos a la verdad a la justicia y a la reparación de las víctimas de crímenes atroces. Medidas de protección civil a favor de las víctimas de crímenes atroces. Prestaciones en el régimen pensional y de salud de la fuerza pública. Subsidio familiar en servicios. Subsidio familiar para vivienda. Acceso a la propiedad en la tierra. Beneficiarios de las indemnizaciones del SOAT por muerte en accidente de tránsito. Límites al acceso y ejercicio de la función pública y celebración de contratos estatales. Normas demandadas: Código Civil, Arts. 411 y 457, y otras - [Resumen automatizado: En sentencia T-725 de 2004 la Corte señaló que las normas ahora acusadas se inscribían en el ámbito de las previsiones legislativas orientadas a la protección de la familia y que por consiguiente, las mismas no resultaban aplicables a los integrantes de una pareja homosexual, sin que de ese hecho se derivase una violación del principio de igualdad, pero en la presente oportunidad, y teniendo en cuenta los recientes desarrollos jurisprudenciales sobre la materia, la Corte se aparta de ese precedente, por las siguientes consideraciones: las disposiciones demandadas, si bien responden a un propósito que atiende a una expresa previsión constitucional sobre el control de densidad poblacional en el Archipiélago de San Andrés y Providencia, afectan esferas constitucionalmente protegidas de las personas, que tocan con la autonomía personal, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad para fijar la residencia en el territorio nacional. || Los artículos que contienen las expresiones demandadas, reproducen el artículo 33 de la Carta cuyo texto es del siguiente tenor: “Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”, y si bien se reconoce la dificultad que presenta el hecho de demandar una disposición que reproduce literalmente el texto de un precepto constitucional, la Corte considera que en este caso, el problema de exclusión censurado por los accionantes no puede atribuirse a la norma constitucional, sino que surge del alcance legal que tiene la expresión “compañeros permanentes”, como referida exclusivamente a la unión de un hombre y una mujer.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-26 de 2009

¿Conferir a la Procuraduría General de la Nación el conocimiento de los procesos disciplinarios de ECOPETROL S.A. que no tengan apertura de investigación y aquellos que no hayan culminado en la Oficina de Control Disciplinario Interno después de pasados dos años de la conversión de esta empresa en sociedad de economía mixta, configura una vulneración de los principios de la administración pública contemplados en el artículo 209 de la Constitución y desnaturaliza la concepción del poder disciplinario preferente prevista en el numeral 6 del artículo 277 de la Carta Política? La Oficina de Control Disciplinario Interno de ECOPETROL S.A. continuará conociendo de los procesos de investigación disciplinaria de sus trabajadores, Toda vez que sus trabajadores conservan el carácter de servidores públicos. Ley 1118 de 2006, "por el cual se modifica la naturaleza jurídica de ECOPETROL S.A. y se dictan otras disposiciones"; Art. 8 (parcial) : INEXEQUIBLE - [Resumen automatizado: La norma acusada, ordena que tanto las investigaciones y quejas sobre los servidores públicos de ECOPETROL que no se hubieren tramitado en el momento de conversión de la empresa en una sociedad de economía mixta, como los procesos disciplinarios que no hubieren culminado dentro de los dos años siguientes a la mencionada conversión, deberán pasar a conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, imponiéndosele a ésta una obligación que desconoce el poder disciplinario preferente que le ha otorgado la Constitución, en la medida en que le impide decidir de manera autónoma, con base en criterios objetivos y razonables relacionados con su misión de Ministerio Público, cuáles procesos, investigaciones y quejas se reserva para investigar y fallar sobre ellos, por un lado, y por otro que si bien impone el traslado de todos los procesos, investigaciones y quejas a la Procuraduría, y le permite decidir con autonomía cuáles son prioritarios para investigar y emitir un fallo disciplinario sobre ellos, la norma no resuelve el punto de qué sucede con los procesos, investigaciones y quejas respecto de las cuales la Procuraduría decida no proseguir con la investigación o el proceso.]; Art. 8 (parcial) : INEXEQUIBLE

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2008

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-1195 de 2008

Incompatibilidad de los diputados para actuar como apoderados o gestores ante entidades o autoridades disciplinarias, fiscales, administrativas o jurisdiccionales. Ley 734 de 2002, "por el cual se expide el Código Disciplinario Unico. Art. 39 : Fallo inhibitorio - [Resumen automatizado: En consecuencia, solicita a la Corte que se declare inhibida para emitir pronunciamiento de fondo contra los apartes acusados del numeral 1 del artículo 39 de la ley 734 de 2002, es decir, respecto de la expresión "en el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdicción", referida a "gobernadores" y "alcaldes". || En relación con el cargo por violación al derecho a participar en el ejercicio y control del poder político, señala que la Corte Constitucional se pronunció en la sentencia C-307 de 1996, al analizar el literal b del inciso 1 del artículo 44 de la Ley 200 de 1995, en lo relativo a la incompatibilidad para los concejales y miembros de las juntas administradoras locales. || Inhibición de la Corte Constitucional para proferir decisión de fondo respecto de la expresión "en el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdicción", referida a gobernadores y alcaldes y el literal b del artículo 39 de la Ley 734 de 2002, referido a los diputados || Lo anterior conduce a la Corte Constitucional a declararse inhibida para pronunciarse de fondo sobre la demanda referente a la expresión "en el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdicción", referida a gobernadores y alcaldes, contenida en el numeral 1 del artículo 39 de la Ley 734 de 2002.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-1193 de 2008

¿El efecto inmediato que produce para todos los sujetos procesales, estén o no presentes, la notificación de decisiones proferidas en diligencias verbales en el marco de un proceso disciplinario, como lo establece el artículo 106 de la Ley 734 de 2002, vulnera el derecho de defensa y el debido proceso de aquellos que no asistan a la diligencia? Ley 734 de 2002, "por el cual se expide el Código Disciplinario Único" Art. 106 : Exeqible - [Resumen automatizado: Señala adicionalmente que la expresión “se encuentre o no presente” contenida en el precepto acusado, hace referencia exclusiva a la persona del investigado, “… mas no a las personas que lo están representando dentro del proceso disciplinario, si se da el caso planteado por el actor, que el defensor de oficio o el designado por el investigado no están presentes en la diligencia, la audiencia simplemente no puede continuar, porque este (sic.) evento sí se vulnerarían los derechos aludidos en la demanda, sin embargo, se repite, la norma expresamente consagra la no asistencia del investigado y no de sus apoderados.”[5] || Corresponde a esta Corporación resolver si el efecto inmediato que produce para todos los sujetos procesales, estén o no presentes, la notificación de decisiones proferidas en diligencias verbales en el marco de un proceso disciplinario, como lo establece el artículo 106 de la Ley 734 de 2002, vulnera o no el derecho de defensa y el debido proceso de aquellos que no asistan a la diligencia. || Para estudiar el problema jurídico planteado, esta Corporación analizará, la doctrina constitucional en materia de (i) debido proceso, así como lo relativo (ii) a la razón de ser y las características del derecho disciplinario y (iii) la libertad de configuración legislativa en materia de procedimientos disciplinarios y sus límites constitucionales.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-1011 de 2008

Revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 27-06 Senado - 221-07 Cámara (Acum. 05-06 Senado) "por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones." Ley 1266 de 2008 - [Resumen automatizado: La fórmula adoptada por el legislador estatutario se restringe a limitar a un año la permanencia de la información financiera negativa a favor de determinados titulares que luego de pagar voluntariamente sus obligaciones, obtienen ese beneficio, de donde la fijación de términos especiales de caducidad del dato financiero negativo es un asunto intrínsecamente relacionado con el desarrollo de las facultades de conocimiento, actualización y rectificación del dato personal, las cuales integran el contenido esencial del derecho al hábeas data, de donde se concluye que el legislador estatutario estaba no sólo facultado para prever previsiones de esta naturaleza, sino que las mismas hacen parte de su competencia exclusiva, resultando desacertado considerar que la aplicación de la medida legislativa distorsione de tal manera el historial crediticio de los sujetos concernidos, de modo que tenga la virtualidad de amenazar la estabilidad del sistema financiero en su conjunto, como tampoco afecta desproporcionadamente el derecho de los usuarios a recibir información veraz e imparcial, pues simplemente reduce, más no elimina por completo, el término de caducidad en supuestos de hecho concretos y específicos, supeditados todos ellos al pago de las obligaciones en mora.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-694 de 2008

Faltas contra la dignidad de la profesión. Utilizar intermediarios para obtener poderes o participar honorarios con quienes lo han recomendado. Ley 1123 de 2007, "por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado"; Art. 30, Num. 5 : Fallo inhibitorio - [Resumen automatizado: El hecho de que se presente una intermediación para la consecución de un caso, o que se participen honorarios con quienes lo han recomendado no puede ser visto de manera general y absoluta como algo reprochable , al contrario, el derecho es una actividad laboral que presta un servicio a la colectividad y que en los últimos años ha presentado inusitado crecimiento en el número de profesionales, lo cual convierte a esta profesión en una de las más competidas , por lo cual es perfectamente razonable que goce de las mismas herramientas que disfrutan otras actividades que tiene menos oferta al interior de nuestras sociedad."]; Art. 30, Num. 5 : Fallo inhibitorio

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-693 de 2008

¿La no exoneración de los deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual a cargo de los jefes y representantes legales de las entidades estatales, no obstante haber delegado en servidores públicos del nivel directivo o ejecutivo la facultad de celebrar contratos, desconoce el artículo 211 de la C.P que exime de responsabilidad al delegante y la hace recaer exclusivamente en el delegatario? En cuanto al alcance del artículo 211 de la C.P, la Corporación señaló que no puede ser interpretado en el sentido de que la delegación exime absolutamente de responsabilidad al delegante. Tampoco se deriva de su texto que el delegante responde siempre por las actuaciones del delegatario, pues esta interpretación desconocería el principio de responsabilidad subjetiva de los servidores públicos. Además del artículo 211 existen en el texto de la Carta otras normas constitucionales que imponen deberes de dirección, orientación, seguimiento y control de la actuación administrativa, en general y del ejercicio de la delegación, en particular, contenidas especialmente en los artículos 1º, 2º, 6º, 123, 124 y 209 superiores. Un lectura sistemática de estas normas constitucionales, junto con lo prescrito en el artículo 211 de la Carta, lleva a concluir que la delegación implica la permanencia de un vínculo entre el delegante y el delegatario, que se manifiesta en las atribuciones de orientación, vigilancia y control que el primero mantiene sobre el segundo. El delegante sólo responderá del recto ejercicio de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual, cuando haya incurrido en dolo o culpa grave en el ejercicio de dichas funciones. Ley 1150 de 2007, "por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos"; Art. 21 (adiciona el artículo 12 de la Ley 80 de 1993) : CONDICIONALMENTE exequible. SV - [Resumen automatizado: Lo anterior por cuanto "al artículo demandado le son aplicables las consideraciones que hizo la Corte Constitucional en la sentencia C-372 de 2002, que analizó la constitucionalidad del parágrafo 4° del artículo 2° de la Ley 678 de 2001, "por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición." Agrega que "(l)a norma demandada en esa oportunidad tiene una proposición normativa idéntica a la del inciso objeto de estudio en este caso y regulan la misma materia, toda vez que ambas hacen referencia a la no exención de responsabilidad del delegante por el hecho del acto de delegación en materia contractual." Para demostrar el anterior aserto, transcribe el mencionado parágrafo 4° del artículo 2° de la Ley 678 de 2001[1], y las consideraciones vertidas por esta Corporación judicial cuando examinó su constitucionalidad; oportunidad en la que afirmó que "la expresión del artículo 211 dice que el delegante no responde por las actuaciones del delegatario, lo cual no significa que aquél no responda por sus propias acciones u omisiones en relación con los deberes de dirección, orientación, instrucción y seguimiento, las cuales serán fuente de responsabilidad cuando impliquen infracción a la Constitución y a la ley, la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones o el incumplimiento de los principios de la función administrativa ..."]; Art. 21 (adiciona el artículo 12 de la Ley 80 de 1993) : CONDICIONALMENTE exequible. SV

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-692 de 2008

¿La aplicación del procedimiento contemplado en el Código de Procedimiento Disciplinario del Abogado, a los procesos en los que no se haya proferido auto de apertura de investigación, resulta contraria al artículo 29 de la Constitución, en la medida que ello conduce a que algunas conductas sean juzgadas conforme a normas que no estaban vigentes al momento de su ocurrencia.? Ley 1123 de 2007, "por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado"; Art. 111 (parcial) : Exequible - [Resumen automatizado: Se plantea el problema jurídico de si la aplicación inmediata de nuevas disposiciones procesales en materia disciplinaria, respecto a conductas ya ocurridas pero que no han sido sometidas a investigación, por no haberse proferido auto de apertura de la misma, desconoce los principios de legalidad y favorabilidad, por cuanto se desconoce la máxima de que “nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa”, que la Corte Constitucional ha resuelto, concluyendo del recuento jurisprudencial estudiado que: i) el principio de legalidad, en materia disciplinaria, se traduce en que la investigación y juzgamiento de conductas calificadas como faltas, sólo puede fundarse en disposiciones sustantivas preexistentes, que definan la falta y prevean la sanción; ii) respecto de las normas procesales, en la misma materia, resulta válida su aplicación inmediata según la decisión adoptada por el legislador en ejercicio de su margen de configuración de los procedimientos. || 2. En el presente asunto, la Corte debe establecer si la disposición contenida en el segundo inciso del artículo 111 de la Ley 1123 de 2007 resulta contraria a la Constitución, por desconocer el principio según el cual "nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa." Lo anterior en virtud de que la aplicación del procedimiento contemplado en el Código Disciplinario del Abogado, a los procesos en los que no se haya proferido auto de apertura de investigación, conlleva que algunas conductas sean juzgadas conforme a normas que no estaban vigentes al momento de su ocurrencia.]; Art. 111 (parcial) : Exequible

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-666 de 2008

¿El límite temporal de cinco años que establece la norma para poder solicitar la revocatoria de un fallo disciplinario, contraría el bloque de constitucionalidad y el Derecho Internacional Humanitario? Condicionamiento: Cuando se trata de faltas disciplinarias que constituyen violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, respecto de las víctimas de las conductas descritas en los numerales 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, que no tuvieron la oportunidad de participar en la actuación disciplinaria, el término de 5 años para solicitar la revocatoria directa de decisiones absolutorias, de archivo o con sanciones mínimas respecto de la conducta, debe empezar a contarse desde el momento en que la víctima se entera de la existencia de tales providencias, salvo que haya operado la prescripción de la sanción disciplinaria. Ley 734 de 2002, "por la cual se expide el Código Disciplinario Único"; Art. 126 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible - [Resumen automatizado: Como lo ha advertido la Corte, por regla general no existen víctimas o perjudicados con una falta disciplinaria, salvo que la misma implique violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario caso en el cual las víctimas o perjudicados, en reconocimiento de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, están legitimados para intervenir en el proceso disciplinario en calidad de sujetos procesales y, en consecuencia, para ejercer todas las facultades inherentes a ellos, por lo cual la imposibilidad que puedan solicitar la revocatoria del fallo absolutorio, o de la decisión de archivo de la actuación que tiene efectos equivalente, o que tal revocatoria sea declarada de oficio, son decisiones legislativas irrazonables.]; Art. 126 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-379 de 2008

¿Desconocen los artículos 41 (censura), 42 (multa), 43 (suspensión), 44 (exclusión) el principio de legalidad contenido en el artículo 29 de la Constitución, al no establecer en una sola disposición todas las sanciones aplicables a las faltas disciplinarias, sin clasificarlas de acuerdo con su gravedad? Ley 1123 de 2007, "por la cual se expide el Código Disciplinario del Abogado"; Arts. 41, 42, 43, 44 : Exequibles. Art. 40 : Cosa juzgada - [Resumen automatizado: A lo anterior se agrega que con fundamento en lo previsto por la jurisprudencia constitucional (sentencias C-417 de 1993; C-310 de 1997 y C-769 de 1998) el principio de tipicidad se proyecta sobre todo el derecho sancionador y resulta desconocido cuando una regulación normativa no establece con precisión y claridad las conductas objeto de sanción o cuando - como a juicio de los demandantes ocurre en este caso -, “a pesar de estar descritas las conductas que constituyen faltas disciplinarias no están determinadas de forma previa las sanciones a imponer en caso de llegarse a incurrir en uno de esos comportamientos.” || Luego de efectuar una descripción de lo consignado en el título II del Código Disciplinario del Abogado y de recordar que los artículos demandados establecían las sanciones que debían imponerse a quienes incurrieran en dichas faltas, subrayó el escrito de intervención que las normas acusadas determinaban como sanciones aplicables “la censura, la multa, la suspensión y la exclusión, sin que se [señalara] en la ley cuáles faltas daban lugar a cada una de ellas.” Lo anterior, agregó, “implica permitir que quien determine el tipo de sanción a imponer por cada tipo de falta sea el funcionario competente para aplicarla y no la ley, lo cual atenta contra el principio de legalidad de acuerdo con el cual la ley debe previamente definir la conducta sancionable y la sanción a imponer a quien incurra en ella.”]; Arts. 41, 42, 43, 44 : Exequibles. Art. 40 : Cosa juzgada

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-293 de 2008

¿Al establecer la norma demandada que se entenderá cumplida la comunicación cuando haya transcurrido cinco días, después de la fecha de su entrega a la oficina de correo vulnera el principio de publicidad, al no tener en cuenta la fecha de recibo de la misma? Ley 734 de 2002, "por el cual se expide el Código Disciplinario Único"; Art. 109 : CONDICIONALMENTE exequible. Art. 103 : Fallo inhibitorio - [Resumen automatizado: Afirma el demandante, respecto del artículo 109, que éste ordena contabilizar los cinco días que la misma norma le concede a los quejosos para recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio a partir del momento en que el operador disciplinario hace entrega a la oficina de correo de la comunicación sobre la existencia de tales actos administrativos. || En esa oportunidad, la Corte Constitucional adujo que el aparte demandado alude a la comunicación del aviso de citación y no a la notificación de la resolución que decida el recurso de reposición, pues en todo caso, de acuerdo con la misma norma, ese acto administrativo debe notificarse personalmente o por edicto, dándose así cumplimiento al principio de publicidad, al derecho de defensa y por ende al debido proceso. || Pues bien, el demandante afirma respecto del artículo 109 de la ley 734 de 2002 que "...éste ordena contabilizar los cinco días que la misma norma le concede a los quejosos para recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio a partir del momento en que el operador disciplinario hace entrega a la oficina de correo de la comunicación sobre la existencia de tales actos administrativos.]; Art. 109 : CONDICIONALMENTE exequible. Art. 103 : Fallo inhibitorio

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-290 de 2008

¿Vulneró los principios de igualdad y de legalidad, al establecer en una sola disposición todas las sanciones aplicables a las faltas disciplinarias, sin clasificarlas de acuerdo con su gravedad (Art. 40)? ¿La pena de exclusión de la profesión, sin límite temporal, constituye una violación da la prohibición de imponer penas imprescriptibles, consagrada en el artículo 28 de la Carta (Art. 40)?; ¿El establecimiento de circunstancias de agravación punitiva, para aquellos casos en los cuales las sanciones se originan en faltas cometidas por abogados que actuaron como representantes, o contraparte de entidades estatales, constituye una discriminación injustificada contra estos profesionales; (Arts. 43, Par. y 108, Inc 2o.)? ¿El precepto que condiciona la aplicación de ciertos criterios de atenuación punitiva a la ausencia de antecedentes, desconoce el principio non bis in ídem, así como la prohibición de imponer penas imprescriptibles (Art. 45, Lit. B, (parcial)? ¿Condicionar la posibilidad de rehabilitación del abogado excluido de la profesión, a la observación de una conducta determinada, que debe ser valorada por las autoridades judiciales, implica reconocer un grado de discrecionalidad inadmisible al juzgador y vulnera el libre desarrollo de la personalidad, en contra de lo dispuesto por los artículos 16, 228 y 230 de la Constitución (Art. 108, parcial)?. De los fines que cumple en un estado democrático, el control a la profesión de abogado. De la libertad de configuración legislativa en materia de procedimientos disciplinarios, y sus límites constitucionales. Ley 1123 de 2007, "por la cual se expide el Código Disciplinario del Abogado"; Arts. 40, 43 y 45 (parciales) : Exequibles. Art. 108 : CONDICIONALMENTE exequible y aparte INEXEQUIBLE. Salvamento de voto. - [Resumen automatizado: 3. El parágrafo del artículo 43 de la ley 1123, que establece como circunstancia de agravación, el que la falta haya sido cometida por el abogado actuando como representante, o contraparte del Estado, es inconstitucional, pues las sanciones en materia disciplinaria tienen un fin correctivo o preventivo, y deben orientarse a garantizar el cumplimiento de los fines constitucionales y legales de la profesión, sin importar las partes que intervienen en el proceso. || Tampoco se da una violación al principio de igualdad, con base en el argumento según el cual la sanción de exclusión es más gravosa que la de inhabilidad general prevista en el Código Único Disciplinario, pues esta última conlleva la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo, por un término que puede ir de 10 a 20 años (Sentencia C-1076 de 2002), en tanto que un abogado excluido de la profesión, puede ser rehabilitado en un período de cinco años, a pesar de no existir un tiempo específico de duración para la sanción.]; Arts. 40, 43 y 45 (parciales) : Exequibles. Art. 108 : CONDICIONALMENTE exequible y aparte INEXEQUIBLE. Salvamento de voto.

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2007

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-1004 de 2007

¿Incurrió el legislador en una omisión relativa al no incluir a los docentes de "colegios oficiales" en la excepción que habilitaría -como lo hizo a favor de los docentes de universidades oficiales- para ejercer la profesión de abogacía sin incurrir en falta disciplinaria?. Ley 1123 de 2007, "por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado; Art. 29 Par. Num. 1 : Exequible - [Resumen automatizado: Mediante concepto número 4373 allegado a la Secretaría General de esta Corporación el día 7 de septiembre de 2007, el Procurador General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional “[d]eclarar la INEXEQUIBILIDAD de la expresión 'de universidades oficiales' contenida en el parágrafo del numeral 1º, del artículo 29 de la Ley 1123 de 2007.” Subrayó la Vista Fiscal, que en virtud del principio de control integral, la Corte debía declarar la constitucionalidad del resto del parágrafo contenido en el artículo 29 demandado, en el sentido en que “el ejercicio de la profesión de abogado, autorizado por la Ley [estaba] sujeto a lo dispuesto en los estatutos internos que en ejercicio de la autonomía universitaria adopten las universidades públicas, así como a los estatutos que rigen la actividad docente de los colegios y de otras entidades de educación superior.” El Procurador General de la Nación sustentó su solicitud en los motivos que se exponen a continuación.]; Art. 29 Par. Num. 1 : Exequible

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-954 de 2007

Transición en materia disciplinaria para el nuevo régimen de Ecopetrol. Ley 1118 de 2006, "por la cual se modifica la naturaleza jurídica de Ecopetrol S. A. y se dictan otras disposiciones"; Art. 8 : Fallo inhibitorio - [Resumen automatizado: Aunque la Corte Constitucional acepta que el escenario natural en el que debe advertirse sobre el incumplimiento de las exigencias argumentativas es la etapa de admisión de la demanda, la misma Corporación reconoce que dicho estudio puede hacerse en la sentencia, pues la verificación de dichos mínimos no siempre es evidente y tampoco necesariamente palmaria en la etapa de admisión del libelo -que por lo general implica un estudio flexible de los argumentos de inconstitucionalidad- por lo que, en casos discutibles, la Sala Plena puede asumir la competencia de verificación de los requisitos y, en últimas, abstenerse de emitir pronunciamiento de fondo || La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Doctores Rodrigo Escobar Gil, -quien la preside- Jaime Araujo Rentería, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Mauricio González Cuervo, Marco Gerardo Monroy Cabra, Nilson Pinilla Pinilla, Humberto Antonio Sierra Porto y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere esta sentencia con fundamento en los siguientes,]; Art. 8 : Fallo inhibitorio

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-884 de 2007

¿Vulnera el principio de igualdad, al debido proceso y el derecho de acceso a la administración de justicia, el hecho de que el desistimiento no conlleve la extinción de la acción disciplinaria del abogado (Art. 23)? ¿Constituye una atribución arbitraria y desmesurada para sancionar, la potestad del juez disciplinario para imponer multas de manera autónoma o concurrente con otras sanciones (Art. 42)? La multa sólo puede establecerse como sanción autónoma, cuando se trate de faltas disciplinarias que no merezcan la suspensión o exclusión de la profesión. ¿El no haber incluido el recaudo de prueba ilícita dentro de los principios que orientan la declaratoria de las nulidades y su convalidación, desconoce el artículo 29 de la Constitución (Art. 101)? La consagración de un principio de taxatividad de los motivos legales de nulidad no puede excluir de manera terminante y absoluta cualquier fundamento distinto para solicitar y obtener la declaratoria correspondiente. Ley 1123 de 2007, "por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado"; Art. 23 (parcial) : Exequible. Art. 42 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible. Art. 101 Num. 6 : Exequible salvo expresión "ninguna" declarada INEXEQUIBLE - [Resumen automatizado: El establecimiento de un régimen disciplinario constituye un espacio de libre configuración legislativa, pues es en el campo de la deliberación política, en donde se puede establecer, con mayor precisión, el tipo de conductas que resultan ajenas a la consecución de los fines del estado y a la construcción de un ejercicio profesional ético, así como la gravedad social de estas conductas y la consecuente intensidad de las sanciones aplicables || El Código disciplinario de los abogados acoge un criterio que consulta la técnica contemporánea del derecho procesal, en virtud del cual los motivos que dan lugar a invalidar un acto procesal deben estar explícita, clara y taxativamente previstos en la ley, criterio que a su vez interactúa con otra regla consistente en que no toda irregularidad constituye nulidad, pues éstas se entienden subsanadas si oportunamente no se corrigen a través de los recursos, advirtiéndose que la consagración de un principio de taxatividad de los motivos legales de nulidad no puede excluir de manera terminante y absoluta cualquier fundamento distinto para solicitar y obtener la declaratoria correspondiente.]; Art. 23 (parcial) : Exequible. Art. 42 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible. Art. 101 Num. 6 : Exequible salvo expresión "ninguna" declarada INEXEQUIBLE

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-545 de 2007

¿Del aparte demandado se puede inferir que el miembro de la Policía Nacional que quebrante el ordenamiento e incurra en causal de mala conducta, es responsable por la sola concreción de la conducta, sin consideración del grado de culpabilidad con que actúe? Proscripción de la responsabilidad objetiva. Ley 1015 de 2006, "por medio de la cual se expide el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional; Art. 37 (parcial): Exequible - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Doctores Rodrigo Escobar Gil, -quien la preside- Jaime Araujo Rentería, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Marco Gerardo Monroy Cabra, Nilson Pinilla Pinilla, Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere esta sentencia con fundamento en los siguientes, || En resumen, la Corte encuentra que el cargo del demandante, según el cual la norma acusada consagra un modelo responsabilidad objetiva, carece de sustento jurídico alguno, pues tanto respecto de las causales de mala conducta como de las faltas disciplinarias gravísimas, el legislador ha señalado una serie de criterios de graduación que permiten verificar que la sola configuración de la conducta típica no basta para la imposición de la sanción; que siempre es requerida la valoración del elemento de la culpabilidad a efectos de asignar la sanción correspondiente, pues es la culpa, en últimas, la fuente directa de la responsabilidad personal del sancionable.]; Art. 37 (parcial): Exequible

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-504 de 2007

Demanda contra la ley 734 de 2002, "por la cual se expide el Código Disciplinario Único". ¿El que la ley establezca como falta disciplinaria gravísima, el que se declare la caducidad de un contrato estatal o se dé por terminado, sin que se presenten las casuales previstas en la ley para ello, constituye una vulneración del principio del juez natural (arts. 29, 116 y 238 de la Constitución), en la medida que dicha declaración constituye una acto administrativo cuya legalidad o ilegalidad debe resolverla exclusivamente la jurisdicción contencioso administrativa y no la autoridad disciplinaria? El derecho disciplinario como régimen autónomo y el principio del juez natural. Art. 48, Num. 32 : Exequible - [Resumen automatizado: Para la Corte, en cambio, no se está ante la invasión de las competencias de la Jurisdicción Contencioso Administrativa por parte de la autoridad disciplinaria y mucho menos hace necesario la operancia del fenómeno de la prejudicialidad por cuanto el objeto de la acción disciplinaria no es la legalidad del acto administrativo sino el examinar si la conducta del agente estatal al declarar la caducidad o terminación del contrato estatal “sin que se presenten las causales previstas en la ley para ello”, lo fue en la modalidad dolosa o culposa, siendo así un ámbito diferente al de la acción contractual, por lo que no se vulnera el principio del juez natural.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-475 de 2007

Demanda contra la Ley 734 de 2002, "por la cual se expide el Código Disciplinario Único". Atribuciones de policía judicial. Art. 148 : Fallo inhibitorio - [Resumen automatizado: No obstante lo anterior, el actor estima que al legislador le está prohibido expedir disposiciones como la consagrada en el artículo 148 de la Ley 734 de 2002, limitada a reproducir el texto constitucional en cabeza del Procurador General y del Director de Investigaciones Especiales de la entidad, pero sin establecer límites ni condiciones, dejando en consecuencia a la Procuraduría General de la Nación al margen de lo pretendido por la Carta Política, en tanto la tarea de policía judicial es apenas un instrumento de colaboración con las autoridades judiciales frente a las infracciones penales. || Recordó que la Corte Constitucional, en sentencias C-244 de 1996 y C-1121 de 2005, determinó que las funciones otorgadas al Procurador General de la Nación para el ejercicio de atribuciones de policía judicial, son constitucionales por virtud del artículo 277 de la Carta. || Por lo anterior, consideró que la disposición acusada no quebranta las normas constitucionales invocadas por el actor, puesto que el legislador se limitó a reiterar el mandato constitucional que concede funciones de policía judicial a la Procuraduría General de la Nación, y así mismo, no se puede desconocer que en la aplicación del derecho disciplinario es posible afectar derechos fundamentales; “en razón a ello, es que el referido órgano de control, cuenta con funciones jurisdiccionales que sin lugar a dudas lo autorizan para intervenir y restringir los mismos, dentro de las limitaciones contenidas en la Constitución Política y la ley”.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-97 de 2007

Régimen Disciplinario para la Policía Nacional. Faltas gravísimas. Faltas graves. Conceptos jurídicos indeterminados. Principio de ilicitud sustancial respecto de la conducta de los servidores públicos policiales. Idoneidad de la conducta para comprometer los fines de la actividad policial. Ley 1015 de 2006; Arts. 34 y 35 (parciales) : Estarse a lo resuelto en la sentencia C-819 de 2006 en la que se le declararon INEXEQUIBLES parcialmente - [Resumen automatizado: En relación con la aludida providencia el Ministerio enfatiza la aseveración de la Corte acerca de la existencia de una serie de faltas disciplinarias y de sus correspondientes sanciones, que difieren de aquellas que pueden ser impuestas al común de los servidores públicos, lo cual se justifica por la especial actividad que deben cumplir tanto las Fuerzas Militares como la Policía Nacional y que han de aplicárseles en virtud del Principio de Especialidad, sin que ello implique que los miembros de las aludidas instituciones dejen por ello de estar sujetos igualmente a las normas contenidas en el régimen disciplinario general de los servidores del Estado. || Si la conducta desarrollada por miembros de la policía, consistente en realizar prácticas sexuales de manera pública, cuando se está en desarrollo de actividades propias del servicio o sin estar en él, o dentro de las instalaciones policiales, cuando se comprometan los objetivos de la actividad y de la disciplina policial, tiene la aptitud para afectar el deber funcional y si su configuración como falta disciplinaria es una expresión legítima de la potestad de configuración del legislador en materia disciplinaria.]; Arts. 34 y 35 (parciales) : Estarse a lo resuelto en la sentencia C-819 de 2006 en la que se le declararon INEXEQUIBLES parcialmente

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-77 de 2007

¿El establecimiento en el Código Disciplinario Único de una inhabilidad para ejercer cargos públicos y contratar con el Estado, en razón de haber sido declarado responsable fiscalmente por la Contraloría competente y la duración de la misma según el valor de la suma impuesta en el fallo fiscal, viola o no el principio de unidad de materia? Diferencias y semejanzas entre el proceso fiscal y el proceso disciplinario. Las inhabilidades en el régimen disciplinario. Ley 734 de 2002; Art. 38 parágrafo : Exequible - [Resumen automatizado: No existen entonces razones para sostener ahora que los cargos formulados contra la norma acusada viola la exigencia de la unidad de materia por el hecho de haber consagrado una inhabilidad relacionada con la responsabilidad fiscal, pues, ella tiene la finalidad de señalar que su desconocimiento también constituye falta disciplinaria. || F. Consideran los actores que el artículo 60 de la Ley 610 de 2000 estableció la inclusión en el "boletín de responsabilidades fiscales", publicado por la Contraloría General de la República, de las personas contra quienes se haya dictado fallo por responsabilidad fiscal y no hayan cumplido con la obligación ordenada en él; y que por tanto resulta violatorio del principio de unidad de materia el hecho de que por medio de una ley disciplinaria como la 734 citada y la norma acusada, se pueda hacer cesar una inhabilidad creada a partir de la responsabilidad fiscal y que además significaría una intromisión en un proceso autónomo con efectos en el boletín señalado, de naturaleza propia, diferente y especial. || No existen entonces razones para sostener ahora que los cargos formulados contra la norma acusada viola la exigencia de la unidad de materia por el hecho de haber consagrado una inhabilidad relacionada con la responsabilidad fiscal, pues, como también 10 sostuvo el concepto del Ministerio Público, ella tiene la finalidad de señalar que su desconocimiento también constituye falta disciplinaria.]; Art. 38 parágrafo : Exequible

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2006

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-987 de 2006

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 38 (parcial) de la Ley 734 de 2002 -Inhabilidades- Diferencia entre sanciones e inhabilidades- Reiteración de jurisprudencia en torno a la legitimidad constitucional de las inhabilidades para ejercer cargos públicos- Contabilización de sanciones generadas en hechos anteriores a la vigencia de la ley. Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-544 de 2005. Fallo inhibitorio - [Resumen automatizado: La misma ciudadana demandante pone de presente que en la sentencia C-544 antes citada la Corte Constitucional estableció la diferencia existente entre sanciones e inhabilidades, e hizo claridad sobre el hecho de que el numeral 2° del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 aquí demandado consagra una inhabilidad, que si bien se configura dentro de un contexto sancionatorio, no tiene en sí misma el carácter de sanción. || Realizado el análisis detallado de los cargos formulados por la demandante, la Corte debe llamar la atención sobre el hecho de que todos ellos tienen en común la circunstancia de estar sustentados sobre la premisa, claramente descartada por la Corte, de que cuando la norma demandada establece una inhabilidad para ocupar cargos públicos a quienes hayan acumulado tres o más sanciones disciplinarias de las características ya anotadas dentro de los cinco últimos años, está imponiendo en realidad una nueva sanción. || Realizado el análisis detallado de los cargos formulados por la demandante, la Corte debe llamar la atención sobre el hecho de que todos ellos tienen en común la circunstancia de estar sustentados sobre la premisa, claramente descartada por la Corte, de que cuando la norma demandada establece una inhabilidad para ocupar cargos públicos a quienes hayan acumulado tres o más sanciones disciplinarias de las características ya anotadas dentro de los cinco últimos años, está imponiendo en realidad una nueva sanción.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-832 de 2006

¿Vulneran el principio de unidad de materia las disposiciones que están estipuladas en la denominada Ley antitrámites y versan sobre factura electrónica, los plazos para la guarda de documentos comerciales, los requisitos para acceder a la nacionalidad y la ineficacia de denuncias o quejas anónimas? Ley 962 de 2005, art. 26, nums. 1 y 2 - Declaración inhibitoria; arts. 28, 39, 81 (parcial)- Declarados exequibles; art. 78 - Estarse a lo resuelto en sentencia C-714-06 en la que se declaró exequible - [Resumen automatizado: Conforme a lo expuesto, considera que el artículo 28 de la Ley 962 de 2005 no contraviene el artículo 158 de la Constitución Política, puesto que guarda plena relación con la materia regulada por dicha Ley. En este sentido reitera que la norma demandada apareja la simplificación de la obligación de conservación y reproducción de los libros y documentos, obligación que se materializa frente a la administración pública facultada para exigir su exhibición durante el tiempo y de la manera en que la ley ordene, así como a la racionalización de procedimientos adelantados ante las cámaras de comercio y relacionados con la función pública por éstas ejercida. || Si bien es cierto en la Ley 962 del 2005 se establece una relación de trámites administrativos diferentes a saber: sobre la reserva legal de permisos, sobre trámites autorizados por la ley, sobre información y publicidad, sobre fortalecimiento tecnológico, sobre facturas electrónicas, sobre la racionalización de la conservación y libros de comercio, sobre los requisitos para obtener la nacionalidad colombiana, entre otros, eso en manera alguna está indicando que haya diversidad de materia ya que estos eventos relacionados están integrados en la ley en forma conexa y se refieren taxativamente a procedimientos o trámites propios de la administración para cada uno de ellos.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-819 de 2006

¿La tipificación disciplinaria puede llegar hasta sancionar determinadas prácticas, cuando el servidor público no esté en ejercicio de actividades propias, como las faltas disciplinarias de conductas que se realizan en situaciones de franquicia, permiso, licencia, vacaciones, suspensión, incapacidad, excusa de servicio u hospitalización,?, ¿Se pierde la conexidad que se exige con el cumplimiento del deber funcional y los objetivos básicos de la actividad policial y se pude ingresar en el ámbito de libertad y privacidad de todo individuo? El incumplimiento del deber funcional. Los principios de legalidad, tipicidad y reserva legal, en materia disciplinaria. Ley 1015 de 2006, Art. 34, num. 10. (parcial) - Declarado INEXEQUIBLE en parte de sus expresiones y exequible por el cargo analizado; art. 34, num. 12 (parcial) - Declarado INEXEQUIBLE en parte de sus expresiones y exequible por el cargo analizado; art. 35, num. 18 (parcial) - Declarado INEXEQUIBLE en parte de sus expresiones y exequible por el cargo analizado; art. 36, num. 14 - Declarado exequible - [Resumen automatizado: Considera la Corte que es compatible con la Constitución y con los criterios jurisprudenciales trazados en las sentencias C- 507 de 1999, y C- 431 de 2004, la configuración como falta disciplinaria de la realización de prácticas sexuales: (i) cuando se está en actividades propias del servicio; (ii) o de manera pública; (ii) o dentro de las instalaciones policiales cuando se comprometen los objetivos de la actividad y de la disciplina policial, en cuanto se trata de prohibiciones que se orientan a asegurar el cumplimiento del deber funcional, sin que entrañen indebidas intromisiones en ámbitos intangibles relativos a las particulares conducciones de vida de los miembros de la Policía Nacional. || Si la conducta desarrollada por miembros de la policía, consistente en realizar prácticas sexuales de manera pública, cuando se está en desarrollo de actividades propias del servicio o sin estar en él, o dentro de las instalaciones policiales, cuando se comprometan los objetivos de la actividad y de la disciplina policial, tiene la aptitud para afectar el deber funcional y si su configuración como falta disciplinaria es una expresión legítima de la potestad de configuración del legislador en materia disciplinaria.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-721 de 2006

¿Según el demandante, la normatividad acusada utiliza los conceptos de empleo o cargo público como expresiones equivalentes a servidor público sin especificar a cuál de las especies de este género se refiere? Inhabilidades para ser elegido personero. Ley 136 de 1994, art. 174, lit. b) - Declaración inhibitoria - [Resumen automatizado: Por tanto, considera que es forzoso concluir que el literal b) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994 no tiene el alcance normativo que el accionante pretende otorgarle y en el cual se fundamenta la demanda cual es el de configurar una disposición que forma parte del régimen disciplinario extrayéndolo del régimen de inhabilidades aplicable a los personeros; así que, a juicio del Ministerio Público, al configurarse un error en la interpretación de la disposición legal acusada, no procede el cargo de violación constitucional y por este aspecto no es posible que la Corte estudie de fondo la constitucionalidad de la disposición demandada. || Así las cosas, para que la acción pública de inconstitucionalidad sea efectiva como forma de control del poder político, los razonamientos en ella expuestos deben contener unos parámetros mínimos con el fin de que no se malogre la posibilidad constitucional de obtener de parte de esta Corporación un fallo de fondo respecto del asunto planteado.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-720 de 2006

¿Vulnera el deber de la administración de someterse a los pronunciamientos judiciales, la disposición que determina que el delito sancionable a título de dolo es una falta gravísima en materia disciplinaria, dado que según el actor, no se puede aceptar que a una persona la investiguen disciplinariamente por un delito sobre el cual no hay pronunciamiento judicial o en relación con el cual fue absuelta? Principio non bis in ídem, presunción de inocencia y derecho a juez natural. Código Disciplinario Único. Ley 743 de 2002. Art. 48 (parcial) - Exequible - [Resumen automatizado: La posibilidad de que un servidor público o un particular, en los casos previstos en la ley, sean procesados penal y disciplinariamente por una misma conducta no implica violación al principio non bis in ídem, pues, como lo ha explicado la Corte, se trata de dos juicios diferentes que buscan proteger bienes jurídicos diversos y que están encaminados, según exista mérito para ello, a imponer sanciones que se caracterizan por ser de naturaleza jurídica distinta.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-528 de 2006

¿La aplicación de la inhabilidad para ejercer cargos públicos que aplica a los que por segunda vez hayan sido sancionados disciplinariamente, mediante decisión ejecutoriada, desconoce el principio de favorabilidad que ordena tener en cuenta la ley más favorable en el evento de un supuesto de hecho regulado por dos o más normas, y de permitir sancionar a una persona por sus antecedentes y no por la falta que ha cometido? Decreto 262 de 2000, Art. 85, numeral 6 (parcial) - Inhibida - [Resumen automatizado: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 85, numeral 6º., parcial, del decreto 262 de 2000 “Por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos”. || del artículo 48 de la ley 734 de 2002, anteriormente transcritas, fueron declaradas inexequibles mediante las sentencias C-1076 de 2002 y C-125 de 2003; para el actor, si la Corte declaró inconstitucionales estas expresiones por considerar que violaban el artículo 29 superior al sancionar al disciplinado por lo que es y no por lo que hizo, la Corporación debe proceder de la misma manera respecto de las expresiones impugnadas en el presente caso, por cuanto el artículo 85, numeral 6º del decreto 262 de 2000, permite sancionar a una persona por sus antecedentes y no por la falta que ha cometido.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-507 de 2006

¿El artículo acusado otorga, además, al Director de la Policía Nacional o incluso a cualquier otro funcionario con competencia para expedir actos administrativos la posibilidad no sólo de crear faltas no previstas expresamente en el Decreto 1798 de 2000 sino de calificar dichas faltas a su libre albedrío, así como la posibilidad de ser calificada por el funcionario que adelanta la respectiva investigación? Tipos disciplinarios en blanco. El régimen disciplinario de la fuerza pública, sus especificidades y la necesaria sumisión a los principios que orientan la actividad sancionadora del Estado; Decreto - Ley 1798 de 2000, Art. 40 - Exequible - [Resumen automatizado: Para el actor el artículo 40 del Decreto-Ley 1798 de 2000 vulnera los artículos 13, 29 y 189-11 de la Constitución por cuanto i) al incluir dentro del acápite de otras faltas una serie de conductas que no están claramente determinadas por el Legislador, como tampoco las sanciones aplicables, la disposición acusada genera una total incertidumbre que desconoce el principio de legalidad, pues deja en manos del superior disciplinario la tipificación de la conducta señalada como falta disciplinaria así como la determinación de la sanción correspondiente; ii) particularmente al referirse el artículo acusado a “los diferentes actos administrativos” permite que la autoridad disciplinaria respectiva “cree” faltas disciplinarias a su antojo; iii) así mismo al señalar que el investigador sea el encargado de “calificar” la falta se está permitiendo el desconocimiento del debido proceso y la igualdad pues ningún otro régimen prevé “estas adversidades jurídicas”; iv) se desconoce “la reserva legal que tiene el Gobierno Nacional mediante el Presidente de la República en su calidad de suprema autoridad administrativa para ejercer la potestad reglamentaria a través de la expedición de Decretos Reglamentarios”.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-343 de 2006

¿Vulnera los principios de tipicidad y reserva de ley al imponer sanción por infracciones cambiarias a "las demás infracciones no contempladas...," es decir, al no definir expresamente tales infracciones en leyes preexistentes? El régimen cambiario: y régimen sancionatorio de las infracciones cambiarias: ubicación normativa del literal acusado, funciones constitucionales encomendadas a la Junta Directiva del Banco de la República y al Gobierno Nacional. Elementos para que se pueda predicar el principio de tipicidad. Aplicación del principio de legalidad en el derecho administrativo sancionador y su grado de rigurosidad. El principio de reserva de ley en la infracción cambiaria. Decreto 1074 de 1999; Art. 1, literal aa) (modifica el Art. 3 del Decreto 1092 de 1996) - Exequible - [Resumen automatizado: La Corte considera que en el literal acusado el legislador extraordinario ha consagrado una remisión normativa a las normas que constituyen el régimen de cambios que cumple con el principio de tipicidad, ya que en dichos textos normativos se concreta la manera en la cual se han de cumplir con las obligaciones, deberes y prohibiciones previamente definidos por el legislador, a partir de lo cual son determinables las conductas que configuran las infracciones cambiarias a las que se les ha de aplicar la multa de diez (10) salarios mínimos.]; Art. 1, literal aa) (modifica el Art. 3 del Decreto 1092 de 1996) - Exequible

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-340 de 2006

¿Puede el legislador delegar en el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares la facultad otorgada en el artículo demandado relativa a la reglamentación del procedimiento disciplinario que se deberá seguir en las investigaciones a los arquitectos y a los profesionales auxiliares de esa carrera? ¿El procedimiento disciplinario aplicable a los profesionales de la arquitectura y profesiones auxiliares, para la determinación de responsabilidades por presuntas violaciones de las normas sobre el ejercicio legal y ético de la profesión, no reúne la connotación técnica de código? ¿Tiene reserva de ley la reglamentación de las profesiones? La Naturaleza jurídica y funciones del Consejo Nacional Profesional de Arquitectura y Profesiones auxiliares. Ley 435 de 1998; Art. 24, Parágrafo - INEXEQUIBLE - [Resumen automatizado: 9. Resulta manifiesto para la Sala que el procedimiento disciplinario aplicable a los profesionales de la arquitectura y profesiones auxiliares, para la determinación de responsabilidades por presuntas violaciones de las normas sobre el ejercicio legal y ético de la profesión, no reúne la connotación técnica de código en los términos establecidos en los anteriores apartes, en cuanto no convoca materialmente la pretensión de regulación integral y sistemática de un área específica del derecho, como tampoco la manifestación expresa del legislador de erigir dicho cuerpo jurídico en código.]; Art. 24, Parágrafo - INEXEQUIBLE

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-28 de 2006

¿Al establecer las normas demandadas como una de las posibles consecuencias del proceso disciplinario adelantado por la Procuraduría General de la Nación, la imposición de inhabilidades para el ejercicio de las funciones públicas, vulnera el artículo 93 de la Constitución Política, por desconocer el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual consagra como límite a la reglamentación de los derechos políticos, que únicamente pueden serlo, entre otras, "condena por juez competente en proceso penal"? ¿Al establecer como una de las posibles consecuencias del proceso disciplinario la inhabilidad para acceder al ejercicio de la función pública, vulneran el artículo 40.7 Superior, según el cual todo ciudadano tiene derecho a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos?. Ley 734 de 2002; Arts. 44-1, 45, literal d) y 46 (parcial) - Exequibles por el cargo analizado - [Resumen automatizado: En pos de que la función pública cumpliese su objetivo, la misma Constitución Política se encargó de estipular expresamente en su artículo 209 unos principios a los cuales debe sujetarse el ejercicio de la actividad administrativa, si bien, dicha norma hace referencia específica a la función administrativa y la ubica dentro del capítulo concerniente a la rama ejecutiva, es pertinente señalar que dichas directrices orientan toda la actividad estatal, razón por la cual en caso de no ser cumplidos dan lugar inequívocamente a la realización de un correspondiente control disciplinario, de allí que garantizar la aplicación de los mismos sea una de las prioridades de la potestad disciplinaria. || La Corte debe examinar si las normas legales acusadas, en la medida en que facultan a la Procuraduría General de la Nación a imponer como sanciones disciplinarias diversas inhabilidades para acceder a cargos públicos, vulneran o no el artículo 93 constitucional según el cual determinados tratados internacionales sobre derechos humanos hacen parte del bloque de constitucionalidad, y en concreto, el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica según el cual el legislador puede reglamentar el ejercicio de los derechos políticos “exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”.]; Arts. 44-1, 45, literal d) y 46 (parcial) - Exequibles por el cargo analizado

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2005

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-1196 de 2005

¿Lo dispuesto en la norma demandada modifica las competencias de la Procuraduría General de la Nación y la habilita para condonar o perdonar deudas fiscales? ¿La norma demandada resulta contraria al principio de unidad de materia, en la medida en que incluye en una ley cuya temática es puramente disciplinaria, la regulación de asuntos que tocan con el proceso de responsabilidad fiscal adelantado contra servidores públicos, el cual tiene objeto y propósitos sustancialmente distintos de los propios del proceso disciplinario? Ley 734 de 2002; Arts. 38 y 174 (parciales) - Fallo inhibitorio por inepta demanda - [Resumen automatizado: La demandante comienza por señalar cómo, en su criterio, las expresiones acusadas del artículo 38, parágrafo primero, de la Ley 734 de 2002, comportan una “extralimitación” que resulta violatoria de los artículos 63, 158 y 168 numeral 5º de la Carta, toda vez que permiten que la Procuraduría General de la Nación, en exceso de sus facultades legales y constitucionales, condone deudas fiscales, lo que dejaría sin efectos los fallos de responsabilidad fiscal dictados por la Contraloría General de la República. || Para terminar, la actora solicita a la Corte Constitucional que, como medida previa, se ordene la suspensión provisional del artículo 174 de la Ley 734 de 2002, “… en lo que respecta al registro en la División de Registro y Control y Correspondencia de la Procuraduría General de la Nación de los fallos con responsabilidad fiscal, para efectos de la expedición del certificado de antecedentes fiscales” hasta tanto se defina la constitucionalidad de las disposiciones acusadas.]; Arts. 38 y 174 (parciales) - Fallo inhibitorio por inepta demanda

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-1121 de 2005

¿Podía el legislador otorgar atribuciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación al no ser una autoridad administrativa ni hacer parte del poder judicial? Ley 734 de 2002; Art. 148 - Estarse a lo resuelto e inhida de fallar sobre otros cargos - [Resumen automatizado: En la sentencia C-244 de 1996 la Corte Constitucional examinó si la disposición acusada era contraría los artículos 113, 116 y 117 de la Constitución, pues sostuvo el demandante, en aquella oportunidad, que la atribución de funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, rebasaba el ámbito de las facultades de policía judicial, pues el órgano de control no hacía parte de la rama judicial del poder público ni era en strictu sensu una autoridad administrativa a la cual se le pudieran conferir funciones jurisdiccionales de conformidad con el inciso tercero del artículo 116 constitucional, es decir los cargos eran idénticos a los examinados en esta ocasión.]; Art. 148 - Estarse a lo resuelto e inhida de fallar sobre otros cargos

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-1079 de 2005

¿Al establecerse un régimen disciplinario especializado para las fuerzas militares se vulnera el derecho a la igualdad (art. 13 C.P.) y los principios de eficacia, celeridad, publicidad y economía que regulan el ejercicio de la función administrativa (art. 209 C.P.)? ¿Las normas demandadas al asignar de manera concurrente competencia disciplinaria a los superiores jerárquicos de los miembros de las fuerzas militares, vulnera el derecho a la igualdad y el debido proceso? Ley 836 de 2003; Arts. 74 a 92 - Exequibles - [Resumen automatizado: Para esta Corporación, a partir de la interpretación sistemática de las normas acusadas y de la Ley 836 de 2002, es claro que la competencia asignada por dichas disposiciones no desconoce la obligación constitucional de fijar de manera previa, clara y explícita la autoridad competente para ejercer la función disciplinaria en las fuerzas militares, pues las citadas normas deben interpretarse en el sentido que: a) La competencia disciplinaria no se confiere a cualquier “superior jerárquico” en general sino al “superior específico” del sujeto disciplinado, como ocurre en todos los casos señalados en los artículos 74 a 92 del Reglamento Disciplinario para las Fuerzas Militares; b) Dicho superior se puede identificar a partir de la línea de dependencia del infractor de conformidad con el esquema previsto en las regulaciones vigentes; y finalmente, c) La línea de dependencia no es sólo orgánica sino también funcional. || 8. Con fundamento en los argumentos esgrimidos en la demanda, en las distintas intervenciones y teniendo en cuenta el concepto de la Vista Fiscal, le corresponde a esta Corporación establecer, si se vulneran o no el derecho a la igualdad y los principios de eficacia, celeridad, publicidad y economía que regulan el ejercicio de la función administrativa, en la medida en que se atribuye al superior jerárquico del sujeto disciplinado dentro de las fuerzas militares, competencia para adelantar la instrucción y decisión del juicio disciplinario, a pesar -según el demandante- de su formación castrense y la ausencia, por lo general, de un título profesional en derecho.]; Arts. 74 a 92 - Exequibles

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-1002 de 2005

¿Se desconoce la autonomía judicial al considerar en la evaluación del desempeño el porcentaje de fallos confirmados, revocados o anulados al funcionario calificado? ¿Desconoce el principio procesal del non bis in idem el que para la evaluación del desempeño se tenga en cuenta la no existencia de sanción disciplinaria en ejercicio del cargo? Ley 940 de 2005; Art. 5 Lit. c) - INEXEQUIBLE; Lit. d) - exequible - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Doctores Manuel José Cepeda Espinosa - quien la preside -, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Araujo Rentería, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente Sentencia con base en los siguientes || En lo relativo al literal c, indica el Procurador que el mero hecho de que se constaten las sentencias confirmadas o revocadas no implica que los fallos revocados envuelvan pérdida de puntos o las confirmadas traigan una evaluación favorable, asunto que sí sería contrario al principio de autonomía por lo que los funcionarios de la justicia penal militar administran justicia y en esa labor son autónomos y sólo están sometidos al imperio de la ley, como lo señalan los artículo 228 y 230 de la Constitución.]; Art. 5 Lit. c) - INEXEQUIBLE; Lit. d) - exequible

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-853 de 2005

Reglamento aeronáutico - Régimen sancionatorio administrativo aplicable a los particulares, personas naturales y jurídicas relacionadas con la actividad que se desarrolla en el sector aeronáutico. ¿Autorizó el legislador mediante la norma demandada a un órgano ejecutivo para que de manera amplia y discrecional señalara los criterios conforme a los cuales se habrán de imponer las sanciones, violando el principio de legalidad en sus dos componentes: reserva legal y tipicidad? ¿Puede el legislador delegar criterios técnicos? La facultad sancionadora del Estado y el respeto por los principios que orientan el debido proceso. El principio de legalidad en el derecho administrativo sancionador. Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 55 de la Ley 105 de 1993 "Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones"- CONDICIONALMENTE exequible - [Resumen automatizado: La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil considera que el legislador no omitió reglamentar el debido proceso puesto que en el artículo 55 de la Ley 105 de 1993, del cual hace parte el parágrafo demandado, se contempla el procedimiento que debe aplicarse para imponer las sanciones, y en los reglamentos aeronáuticos se consignan los principios rectores de la actuación administrativa. || Pero, es claro que si dicha remisión habilita a la autoridad para cambiar el procedimiento establecido, para incluir conductas no descritas o para imponer sanciones distintas, sí se viola el principio de legalidad y por contera la reserva de ley toda vez que el legislador ordinario estaría haciendo un traslado indefinido e ilimitado de su potestad legislativa, frente al juzgamiento de particulares, a personas naturales o jurídicas del sector aeronáutico. || Pero, es claro que si dicha remisión habilita a la autoridad para cambiar el procedimiento establecido, para incluir conductas no descritas o para imponer sanciones distintas, sí se viola el principio de legalidad y por contera la reserva de ley toda vez que el legislador ordinario estaría haciendo un traslado indefinido e ilimitado de su potestad legislativa, frente al juzgamiento de particulares, a personas naturales o jurídicas del sector aeronáutico.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-818 de 2005

¿La consagración como falta disciplinaria gravísima del desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa, vulnera los principios constitucionales de legalidad, tipicidad y reserva de ley previstos en los artículos 6º, 29 y 124 del ordenamiento superior? La potestad sancionadora del Estado, sus proyecciones y su ámbito de aplicación en el derecho disciplinario. De los principios y de su aplicación en materia disciplinaria. Posibilidad de hacer uso de los mismos para la descripción típica de las conductas reprochables. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 48 Num. 31 (parcial) de la Ley 734 de 2002 - Exequible - [Resumen automatizado: “[El] numeral 31 del artículo 48 no cumple con los presupuestos exigidos por el mismo Código Disciplinario en cuanto a la definición de falta disciplinaria, pues esta misma ley considera falta disciplinaria toda conducta del funcionario que conlleve el incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, y al revisar el contenido de la norma en cuestión, junto con las normas a que remite, no encontramos que se trate de deberes, funciones o prohibiciones, sino unos principios que tienen por objeto señalar un camino a la administración para que los realice en la mayor medida de lo posible y dentro de las posibilidades jurídicas y reales que se lo permitan, o dicho de otra manera, que se entienda como un propósito de la administración su realización.// En esos términos consideramos que siendo el contenido del numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 una norma vaga y ambigua que no le permite al funcionario investigador adecuar la conducta al presupuesto de la norma, pues en la remisión a los otros ordenamientos no se la concretan; en caso de hacerlo vulnera el contenido del principio de legalidad y por ende el principio constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, tal como lo ha sostenido la Corte Constitucional cuando se trata de normas vagas y ambiguas aprobadas por el Congreso”.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-593 de 2005

¿El principio de reserva de ley para la regulación de los derechos constitucionales, así como para el establecimiento de sanciones, prohíbe que 'en el reglamento' se indiquen las medidas correctivas de policía aplicables en cada caso? ¿La disposición acusada desconoce el principio constitucional de legalidad (art. 6, C.P.), de conformidad con el cual los particulares sólo pueden ser sancionados por incurrir en conductas prohibidas por la ley, y no por el reglamento? ¿La disposición acusada viola el artículo 121 de la Constitución, en la medida en que le atribuye a organismos administrativos funciones propias del poder de policía que radica exclusivamente en el Legislador? ¿La disposición acusada desconoce el artículo 300-8 de la Carta Política, en la medida en que la facultad allí atribuida a las Asambleas Departamentales no incluye sustituir al Legislador en la fijación de las sanciones de policía? ¿La disposición acusada viola los artículos 150-1 y 150-2 de la Constitución Política, así como el principio de la república unitaria (art. 1, C.P.) y el principio de igualdad (art. 13, C.P.), por desconocer la reserva de ley que en virtud de dichos artículos se impone sobre los asuntos relacionados con el ejercicio de la potestad punitiva del Estado? ¿La disposición demandada desconoce el derecho al debido proceso (art. 29, C.P.), en particular el principio de la legalidad en materia punitiva (nullum crimen, nulla poena sine lege), al conferir a entidades distintas al Legislador la posibilidad de establecer regímenes sancionatorios? ¿La disposición acusada viola el principio de tridivisión de poderes establecido en el artículo 113 de la Constitución? Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 226 (parcial) del Decreto 1355 de 1970, Código Nacional de Policía. INEXEQUIBLE - [Resumen automatizado: La disposición demandada, al establecer que las medidas correctivas aplicables a quienes cometan contravenciones de policía serán las que establezca la ley “o el reglamento”, es contraria a la Constitución Política, en la medida en que es únicamente el Congreso, como órgano democrático y representativo a quien se le ha confiado y reservado el poder de policía a nivel nacional, el que está constitucionalmente habilitado para dictar normas que limiten o restrinjan los derechos constitucionales de los asociados, función que no puede ser cumplida mediante un reglamento.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-544 de 2005

¿Al establecer la norma demandada como inhabilidad el haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas, constituye una nueva sanción disciplinaria, quebrantando así el debido proceso? Naturaleza y clasificación de las inhabilidades. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 38, num. 2 de la Ley 734 de 2002; Exequible por el cargo examinado - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Doctores Jaime Araujo Rentería - quien la preside -, Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido esta Sentencia con base en los siguientes, || "En realidad, las normas que prohíben el ejercicio de cargos públicos a quienes han sido condenados a pena privativa de la libertad sin límite de tiempo lo ha dicho la Corte -, antes que juzgarse a partir de la sanción impuesta al ciudadano, deben evaluarse desde la perspectiva de la exigencia que se impone al ejercicio del cargo, pues de este modo no sólo se logra conservar incólume la idoneidad del servidor público en lo que toca con el desarrollo y ejecución de sus funciones, sino también permite transmitirle a la comunidad un cierto grado de confianza en lo relativo al manejo de los asuntos de interés general, pues hace suponer que éstos se encuentran a cargo de personas aptas cuyo comportamiento no ha sido objeto de reproche jurídico alguno." (Sentencia C-209 de 2000 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) (Subrayas fuera del original)]

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2004

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-796 de 2004

Sanción con destitución de responsable de abuso de la autoridad policial cometido en contra del menor infractor por consumo de bebidas infragantes. A partir del presente pronunciamiento se castigará aplicando los criterios de valoración de las conductas y las penas establecidos en el Régimen Disciplinario Especial de la Policía Nacional (Decreto-Ley 1798 de 2000) y en el Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002). Demanda de inconstitucionalidad parcial contra el parágrafo del artículo 4° (parcial) de la Ley 124 de 1994. Inexequible - [Resumen automatizado: El principio universal de interés superior del niño, incorporado en nuestro orden constitucional a través del mandato que ordena su protección especial y el carácter prevalente y fundamental de sus derechos, esta llamado a regir toda la acción del Estado y de la sociedad, de manera que tanto las autoridades públicas como los particulares, en el ejercicio de sus competencias y en el cumplimiento de las acciones relacionadas con asuntos de menores, deben proceder conforme a dicho principio, haciendo prevalecer en todo caso el deber de asistencia y protección a la población infantil, en procura de garantizar su desarrollo físico, mental, moral, espiritual y social, así como sus condiciones de libertad y dignidad. || Aun cuando es cierto que el propósito de la citada ley no es regular el régimen disciplinario de la Policía Nacional, el hecho de consagrar una sanción para aquellos miembros de esa institución que cometan abusos contra los menores sorprendidos consumiendo licor o en estado de beodez, sin duda ninguna que no afecta el principio de unidad de materia, ya que se trata de una medida consecuente con el tema central que la inspira y desarrolla, cual es la protección de la población infantil, en particular, frente a la venta y suministro de bebidas embriagantes; protección que, es por disposición constitucional especial y prevalente, al tiempo que constituye causa final del Estado y objetivo del sistema jurídico imperante.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-431 de 2004

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 25, 26, 33, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 58-1, 58-10, 59-1, 59-2, 59-6, 59-22, 59-35, 59-38, 59-46, 60-1, 60-4, 60-6, 60-8, 60-19, 60-22, 60-60 de la Ley 836 de 2003 "Por la cual se expide el reglamento del Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares" - [Resumen automatizado: Respecto de los numerales 1° y 10° del artículo 58 (relativos al porte, adquisición y almacenamiento de drogas heroicas, estupefacientes o alucinógenas, o a la permisión de dichas actividades), de los numerales 1° y 2° del artículo 60 (referentes a la ejecución de actos contrarios a la moral o las buenas costumbres dentro de establecimientos militares y al abuso de bebidas embriagantes o estupefacientes), del artículo 38 (sobre relaciones sexuales en instalaciones militares que por su forma y circunstancias atenten contra la dignidad militar) y sobre aquellos otros comportamientos a que se refieren los numerales 1°, 4° y 6° del artículo 60 (incumplir injustificadamente compromisos pecuniarios, intervenir en juegos de suerte y azar o concurrir uniformado a lugares donde estos se lleven a cabo, llevar a los casinos, cámaras o centros sociales militares personas que no correspondan a la categoría y prestigio de la institución), el Ministerio del Interior y de Justicia considera que la sanción disciplinaria de estas conductas no vulnera el principio de respeto a la dignidad humana, ni resulta irrazonable, dada la conducta intachable que deben observar los militares.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-230 de 2004

Faltas gravísimas. Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 48 de la Ley 734 de 2002. Fallo inhibitorio - [Resumen automatizado: Según el actor, esta norma superior consagra la facultad del Procurador General de la Nación de desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada, al funcionario público que incurra en alguna de las siguientes faltas: infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley; derivar evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones; obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que realice la Procuraduría o una autoridad administrativa o jurisdiccional; obrar con manifiesta negligencia en la investigación y sanción de las faltas disciplinarias de los empleados de su dependencia, o en la denuncia de los hechos punibles de que tenga conocimiento en razón del ejercicio de su cargo. || Y en el artículo 278 dispone que el Procurador General de la Nación ejercerá directamente varias funciones y entre ellas la indicada en el numeral 1: "Desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada, al funcionario público que incurra en alguna de las siguientes faltas: infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley; derivar evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones; obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que realice la Procuraduría o una autoridad administrativa o jurisdiccional; obrar con manifiesta negligencia en la investigación y sanción de las faltas disciplinarias de los empleados de su dependencia, o en la denuncia de los hechos punibles de que tenga conocimiento en razón del ejercicio de su cargo".]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-125 de 2004

La entidad pública no podrá llamar en garantía al agente si dentro de la contestación de la demanda propuso excepciones de culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor - Demanda de inconstitucionalidad contra el Parágrafo del Artículo 19 de la Ley 678 de 2001. Estarse a lo resuelto - [Resumen automatizado: Por el contrario, advierte que en virtud del parágrafo objeto de controversia, las entidades públicas demandadas se encuentran impedidas para llamar en garantía al agente contra el cual exista prueba sumaria de haber comprometido la responsabilidad del Estado por su actuación dolosa o gravemente culposa, solamente por el hecho de haber propuesto alguna de las excepciones eximentes de responsabilidad (culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero y ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor). || Finalmente, en lo que se relaciona con el parágrafo del artículo 19 de la citada Ley 678 de 2001, que le impide a la entidad demandada llamar en garantía cuando promueve en su defensa la ocurrencia de una de las causales eximentes de responsabilidad, considera la Sala que dicha limitación resulta apenas lógica, del todo coherente y consecuente con el proceder de la administración, pues en los eventos en que ésta excusa su responsabilidad en la culpa exclusiva de la víctima, el hecho de un tercero y la fuerza mayor o el caso fortuito, la estrategia de defensa se dirige a demostrar que la responsabilidad total del daño que se ha ocasionado es imputable a un sujeto distinto de sus agentes o a un fenómeno extraordinario; de forma tal que de llegarse a demostrar en el proceso uno de esos hechos, el Estado no sería condenado y no se vería conminado al pago de la indemnización, quedando también liberada la potencial responsabilidad del agente.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-107 de 2004

Derechos del investigado: presentar alegatos de conclusión antes del fallo de primera o única instancia. Demanda de inconstitucionalidad contra el Numeral 8o. del Artículo 92 de la Ley 734 de 2002 - [Resumen automatizado: - Hay infracción manifiesta del artículo 29 superior por cuanto se desprotege el derecho de contradicción del disciplinado frente a la etapa probatoria concluida al tenor del artículo 128 y siguientes de la ley 734 de 2002, toda vez que si bien se enuncia el derecho, por otra parte no se fija una etapa procesal para que al disciplinado le sea notificado en debida forma el traslado a efectos de que alegue, indicándole el término para presentar el escrito; ni mucho menos cuando ha terminado la etapa probatoria, dando así pie, no sólo a la pretermisión de este importante derecho, sino también, a la opción de que el operador jurídico fije topes en dichos términos, a acuda a otros regímenes tales como el contencioso administrativo o penal, tan disímiles uno del otro, pero que vulnerarían el derecho de defensa del investigado, tal como podría ocurrir si se aplica el artículo 210 del C.C.A., configurándose así una inseguridad jurídica, dado que se podría tomar el término que para fallar establece el artículo 169 del C.D.U., el cual prevé un término de 20 días para presentar el escrito, y suponiendo que este término se contempló para presentar alegatos de conclusión, dependería del cúmulo de actuaciones que se tramitan en el Ministerio Público, que usualmente rebasa este término, o por el contrario, en épocas de descongestión puede verse que los fallos se expiden antes del término fijado, pues los 20 días constituyen el máximo con que cuenta el operador disciplinario para proferir el respectivo fallo.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-14 de 2004

Derecho disciplinario. Improcedencia de la revocatoria directa de los fallos disciplinarios absolutorios. Situación excepcional que se presenta cuando se trata de faltas disciplinarias que constituyen violaciones del derecho internacional, de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario. Sujetos procesales en la actuación disciplinaria. Demanda de inconstitucionalidad contra los Artículos 123 y 125, parciales, de la Ley 734 de 2002 - [Resumen automatizado: Además, teniendo en cuenta que el derecho al non bis in ídem y la cosa juzgada no son derechos absolutos y pueden ser limitados en circunstancias que racional y proporcionalmente lo ameriten, y que en derecho público la protección de las situaciones jurídicas consolidadas está sujeta a la ponderación de otros principios como la justicia material, el Ministerio Público le solicita a la Corte pronunciarse con relación a los fallos absolutorios o los autos de archivo en procesos disciplinarios administrativos o judiciales que se encuentran ejecutoriados, cuando se tenga prueba de autoridad nacional o internacional, de que se trata de conductas oficiales que violan los derechos humanos o el derecho internacional humanitario para que sean demandados ante la jurisdicción contencioso administrativa por el funcionario que expidió el acto, su superior inmediato o el Procurador General de la Nación, si se trata de fallos de carácter administrativo, o para que proceda el recurso de revisión, si se trata de fallos disciplinarios judiciales.]

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2003

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-1061 de 2003

Control interno disciplinario; en cabeza de superior inmediato. Competencia para ejercer la potestad disciplinaria en aquellos casos en los que, por razones presupuestales, no pudiese ponerse en marcha, de manera inmediata, el nuevo sistema de competencias previsto en la ley. Demanda de inconstitucionalidad contra el Numeral 32 parcial del Artículo 34 y contra el Parágrafo 3o. del Artículo 76 de la Ley 734 de 2002 - [Resumen automatizado: En efecto, con anterioridad a dicha Ley, el control interno suponía una relación jerárquica - funcional entre el sujeto disciplinable y el titular de la acción, es decir, el poder disciplinario era siempre ejercido por el superior inmediato del investigado." Hoy por hoy, en principio y salvo las excepciones que son objeto de censura en este proceso, el control disciplinario interno, en su primera instancia, es competencia de una unidad u oficina especializada que debe organizarse en cada una de los entidades o de los organismos del Estado.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-965 de 2003

Condenas contra el Estado en los procesos de responsabilidad. Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 16 de la Ley 446 de 1998, el Artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, el Artículo 19 de la Ley 678 de 2001 y los Artículos 4º, 5º, 14 y 27 de la Ley 80 de 1993 - [Resumen automatizado: Sobre el punto, en algunos apartes de la Sentencia C-188 de 1999, sostuvo la Corte que el patrimonio de los particulares goza de una clara protección constitucional; razón por la cual, para efectos de los conflictos patrimoniales que se puedan suceder, el principio de igualdad y la equidad imponen que las dos partes reciban un mismo trato, de manera que si el Estado cobra a los particulares intereses bancarios y moratorios por el incumplimiento oportuno de sus obligaciones, también aquél debe asumir esas mismas cargas cuando no paga en tiempo. || En la medida en que el instituto de la mora en el régimen de la contratación estatal se encuentra plenamente legitimado, el cargo contra el aparte acusado del inciso 2° del numeral 8° del artículo 4° de la Ley 80 de 1993, en el sentido de que su texto impone una doble sanción para el Estado en detrimento del patrimonio público, también debe ser desechado, en cuanto la norma se limita a regular la forma como deben reconocerse los intereses moratorios cuando éstos no han sido pactados por las partes contratantes, fijándole así un límite cuantitativo a la tasa aplicable de mora.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-893 de 2003

¿Se encuentra ajustada a la Constitución la prohibición contenida en el artículo 35, Num. 22 de la Ley 734 de 2002, al impedir que quien fue servidor público de un organismo, entidad o corporación preste, a título particular, servicios de asesoría, representación o asistencia relacionados con las funciones propias del cargo que desempeñaba? - [Resumen automatizado: Ahora bien, en este caso, la actora reprocha la prohibición a todo servidor público de incurrir o permitir que se incurra en la incompatibilidad de prestar, a título particular, servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo, que se prolonga por el término de un año a partir de la dejación del mismo, pues considera que esta prohibición viola los derechos a la igualdad (artículo 13), el libre desarrollo de la personalidad (artículo 16), la libertad de escoger profesión u oficio (artículo 26) y la vigencia de un orden justo, por cuanto, según su concepto se impone obligaciones de servidor público a una persona que ya no está vinculada con la administración. || Así las cosas, encuentra la Corte que la norma contenida en el artículo 35 numeral 22 de la Ley 734 de 2002 según la cual a todos los servidores públicos les está prohibido “Prestar, a título particular, servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo, hasta por un término de un año después de la dejación del cargo o permitir que ello ocurra”, se ajusta a la Carta Política, conforme a las precisiones que a continuación se exponen:]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-879 de 2003

Normas disciplinarias de la rama jurisdiccional aplicables al personal de la justicia penal militar por faltas relacionadas con el desempeño de las funciones jurisdiccionales - Justicia penal militar. Jurisdicción disciplinaria. Demanda de inconstitucionalidad contra el Parágrafo del Artículo 77 del Decreto 1797 de 2000, "por el cual se expide el Reglamento de Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares" - [Resumen automatizado: 3. Cuando el parágrafo del artículo 77 del Decreto 1797 de 2000 dispone que al personal de la justicia penal militar que incurra en faltas relacionadas con el desempeño de sus funciones jurisdiccionales, le serán aplicadas las normas disciplinarias de la rama judicial por las autoridades allí señaladas -Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura-, vulnera la Carta Política, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y el Código Único Disciplinario. || Con base en tales argumentos, el Procurador General de la Nación le solicita a la Corte declarar exequible la extensión a la jurisdicción penal militar del régimen disciplinario aplicable a la rama judicial, pero inexequible la atribución de competencia que, respecto de las faltas cometidas por quienes hacen parte de aquella, se hace a los Consejos Seccionales de la Judicatura. || De acuerdo con lo expuesto, si bien existen dos fallos de constitucionalidad que declararon la exequibilidad de los artículos que integran el Libro Primero del Decreto 1797 de 2000, y entre ellos del artículo 77, al que corresponde el parágrafo demandado, ninguno de ellos constituye cosa juzgada constitucional pues el cargo ahora planteado por el actor -extensión a las faltas relacionadas con el desempeño de funciones jurisdiccionales en la justicia penal militar del régimen disciplinario aplicable a los funcionarios de la rama judicial- no fue considerado por la Corte.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-778 de 2003

Responsabilidad patrimonial de ex-servidores públicos. El incumplimiento del deber de ejercitar la acción de repetición o de efectuar el llamamiento en garantía - Falta disciplinaria. Presunciones de dolo y culpa grave de los agentes estatales - Demanda de inconstitucionalidad contra los Arts. 1o. (parcial), 4o., 5o. (parcial), 6o. (parcial), 7o. y 17 de la Ley 678 de 2001 - [Resumen automatizado: Al establecer el legislador que no solamente los servidores públicos y los particulares que ejercen funciones públicas sino también los antiguos servidores públicos son sujetos pasivos de la acción de repetición, aplicó el criterio de razonabilidad exigido por la jurisprudencia constitucional en la expedición de las leyes, en cuanto desde el punto de vista lógico no existe ninguna razón para exonerar de responsabilidad patrimonial al servidor público que ha cesado en el ejercicio de sus funciones, por hechos acaecidos en dicho ejercicio, dejando librada aquella a la sola voluntad del mismo, mediante su permanencia en el cargo o el retiro de éste, y desconociendo la prevalencia del interés general, en especial el patrimonio y la moralidad públicos, sobre el interés particular. || La Corte considera oportuno resaltar que en el caso de que la acción de repetición o el llamamiento en garantía con fines de repetición deriven de la expedición de un acto administrativo, la declaración de nulidad de éste no acarrea necesariamente la responsabilidad patrimonial del agente público, puesto que con fundamento en lo establecido en el Art. 90 de la Constitución siempre se requerirá la demostración de su culpabilidad en las modalidades de dolo o culpa grave, bien sea mediante la aplicación de las referidas presunciones, que invierten la carga de la prueba, o bien sea aplicando las reglas generales de la materia procesal sobre dicha carga.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-694 de 2003

Aplicación de la Ley Disciplinaria los indígenas que administren recursos del Estado - Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 25 (parcial) de la Ley 734 de 2002 - [Resumen automatizado: 7, 10, 246, 329 y 330 de la Constitución Política, al disponer que los indígenas que administren recursos del Estado serán disciplinados conforme al Código Disciplinario Unico, cuando las disposiciones superiores indicadas reconocen la autonomía de los pueblos indígenas mediante el ejercicio de la jurisdicción especial indígena por parte de sus autoridades, dentro de su ámbito territorial y de conformidad con sus propias normas y procedimientos, y mediante el gobierno por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de los mismos, con fundamento en la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. || “(...) si la expresión contenida en el inciso segundo del artículo 25 de la ley 734 de 2002, al manifestar que “Los indígenas que administren recursos del Estado serán disciplinados conforme a este Código” es violatorio de los artículos 1 y 246 de la Constitución, por cuanto, en concepto del demandante se desconoce la autonomía de los grupos indígenas para juzgar de conformidad con sus propias normas y procedimientos”. || “(...) Así las cosas, resulta claro para la Corte Constitucional que, conforme a la Constitución Política la inclusión como destinatarios de la ley disciplinaria de los indígenas que administren recursos del Estado, no vulnera el artículo 246 de la Carta Política, ni tampoco su artículo 1 como lo sostiene el actor.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-656 de 2003

Suspensión provisional del servidor público - Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 157 de la Ley 734 de 2002. Estarse a lo resuelto - [Resumen automatizado: Así las cosas, hace suyos los argumentos expuestos en las citadas providencias, reiterando que la suspensión provisional no constituye una sanción, sino una medida de carácter provisional y preventivo, que para ser decretada exige que se adopte dentro del proceso disciplinario, por la autoridad competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, por el término establecido previamente y siempre y cuando existan serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo interfiere en la investigación o permite que se continúe cometiendo la falta. || Así las cosas, en la referida sentencia se decidió: "Declarar EXEQUIBLE por los cargos analizados, el artículo 157 de la Ley 734 de 2002, en el entendido de que el acto que ordene la prórroga debe reunir también los requisitos establecidos en este artículo para la suspensión inicial y la segunda prórroga sólo procede si el fallo de primera o única instancia fue sancionatorio."]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-652 de 2003

Peculado - Omisión del agente retenedor o recaudador - Celebración indebida de contratos - Destino de recursos del tesoro para el estímulo o beneficio indebido de explotadores y comerciantes de metales preciosos - Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 397, 398, 399, 400, 402, 403, 408, 409, 410 (parciales) de la Ley 599 de 2000 (Código Penal) y el artículo 38 parágrafo 2 (parcial) de la Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario) - [Resumen automatizado: El acceso al desempeño de funciones y cargos públicos es apenas uno de los derechos políticos que tiene el ciudadano en ejercicio, por lo que no puede inferirse que la inhabilidad consagrada en el artículo 122 de la Carta le impida al ex servidor público condenado por un delito contra el patrimonio del Estado interponer por ejemplo- acciones públicas de inconstitucionalidad, participar en elecciones, plebiscitos o referendos o constituir partidos políticos, según se lo autoriza la Constitución. || Dentro del término correspondiente, intervino la Doctora Ana Lucía Gutiérrez Guingue, actuando en representación del Ministerio de la referencia, para solicitar a la Corte que profiera una sentencia condicionada en la cual se declare que las personas condenadas por delitos contra el patrimonio económico (Artículos 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 408, 409 y 410) queden inhabilitadas para desempeñar funciones públicas de conformidad con lo establecido en el Art. 5° del Art. 122 de la Constitución y que los demás derechos e inhabilidades podrán se rehabilitados de acuerdo con los procedimientos que la Ley establece para ello.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-450 de 2003

Trámite de suspensión provisional del servidor público - Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 157 de la Ley 734 de 2002 - [Resumen automatizado: Estiman los accionantes que la norma acusada viola también el artículo 53 de la Carta Política en la medida en que el salario es un elemento de subsistencia para el trabajador y su familia y durante la suspensión provisional pueden dejar de percibir su remuneración hasta por el término de seis (6) meses, con lo cual se lesiona el mínimo vital del servidor público. || Dice también que es “apenas obvio” que se adopten medidas preventivas que garanticen la buena marcha de la administración y puntualiza que la suspensión provisional tiene un carácter absolutamente discrecional pues no sólo se adopta respecto de faltas graves o gravísimas, cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del presunto autor de la falta en el trámite de la investigación o bien permite que continúe cometiéndola o la reitere, sino que el auto que decreta la suspensión debe ser motivado, es de responsabilidad personal del funcionario competente y además, debe ser consultado si se trata de una decisión de primera instancia o puede ser recurrido en reposición si se trata de un proceso de única instancia.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-328 de 2003

Prohibiciones a los servidores públicos - Notificación del pliego de cargos y oportunidad de variación - Régimen transitorio - Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 35, 165 y 223 parciales, de la Ley 734 de 2002.Declara INEXEQUIBLE la expresión "y reglamentos" contenida en el numeral 35 del artículo 35 - [Resumen automatizado: El Ministerio público concluye que “(c)omo la asistencia de un defensor dentro del proceso disciplinario no es obligatoria conforme a las provisiones constitucionales y los tratados internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad (artículo 93 de la Constitución) y, además, el legislador tampoco le impide al investigado designar un apoderado que lo represente en esta actuación, sino que, por el contrario, le reconoce expresamente este derecho, para el Ministerio Público el cargo formulado por violación del derecho de defensa técnica no está llamado a prosperar”[14]. || En cuanto al numeral 35 del artículo 35 del Código Disciplinario Único, el demandante estima que la expresión “y reglamentos” contenida en dicha norma es contraria a los artículos 29, 121, 124, y 150-10 de la Constitución, pues, en virtud del principio de legalidad, las prohibiciones a los servidores públicos únicamente pueden ser establecidas por el legislador. || Pasa la Corte a estudiar la constitucionalidad de la expresión “si lo tuviere” contenida en el inciso 1º del artículo 165 del Código Disciplinario Único, a la luz del siguiente problema jurídico: ¿Es contrario al debido proceso, específicamente al derecho a la defensa técnica, que la ley prevea situaciones en las cuales un servidor público procesado disciplinariamente no sea representado por un abogado?]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-292 de 2003

Revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley numero 022 de 2001 Senado, 149 de 2001 Cámara, "por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas" - [Resumen automatizado: Se entiende por Veeduría Ciudadana el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como la convocatoria de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público. || En efecto, la sentencia C-180 de 1994, MP Hernando Herrera Vergara, al realizar la revisión automática del proyecto de mecanismos de participación ciudadana, consideró ajustada a la Constitución la figura de las veedurías ciudadanas, pues éstas no sólo pueden ser consideradas un desarrollo de la soberanía popular y de la democracia participativa (CP artículos 1° y 3°), sino también una proyección de los artículos 103 y 270 de la Carta, que expresamente confieren a la ley el deber de regular las formas y sistemas de participación que permitan a los ciudadanos vigilar que la gestión pública, así como sus resultados, se cumplan en los diversos niveles administrativos.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-252 de 2003

Falta gravísima. Consumir, en el sitio de trabajo o en lugares públicos, sustancias prohibidas que produzcan dependencia física o síquica, asistir al trabajo en tres o más ocasiones en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 48, numeral 48, y 51, inciso 3°, de la Ley 734 de 2002 - [Resumen automatizado: 6. Como se advirtió, el fundamento de la imputación disciplinaria está determinado por la infracción de los deberes funcionales del servidor público o del particular que desempeña funciones públicas pues sólo tal concepción del ilícito disciplinario resulta consecuente con los límites que el constituyente configuró para la cláusula general de libertad consagrada en el artículo 16 de la Carta y con las particularidades que la facultad sancionadora del Estado asume en el derecho disciplinario. || Esta situación, desde luego, constituye una clara infracción de sus deberes funcionales pues el sujeto disciplinable que voluntariamente se coloca en estado de embriaguez o bajo el influjo de sustancias estupefacientes y que en esas condiciones acude a su lugar de trabajo, no se halla en capacidad de cumplir su rol funcional y por lo mismo se sustrae al deber de desempeñar cabalmente sus funciones como concreción del deber genérico que le asiste de cumplir la Constitución, la ley y los reglamentos. || Es decir, la regla de derecho que ahora se somete a examen no involucra el sometimiento de una persona a sanción disciplinaria por el hecho del consumo de estupefacientes en sí mismo considerado sino en cuanto tal comportamiento interfiere en el cumplimiento de los deberes funcionales del servidor público o del particular que cumple funciones públicas.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-211 de 2003

Inhabilidad permanente cuando la falta afecte el patrimonio económico del Estado - Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 46 (parcial) de la Ley 734 de 2002 - [Resumen automatizado: Le corresponde a la Corte determinar si en el presente caso se configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional absoluta respecto del aparte demandado, en virtud de los pronunciamiento de esta Corporación, mediante sentencias C-948 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis y C-070 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda o, si por el contrario, procede llevar a cabo un estudio de constitucionalidad de fondo sobre la disposición legal demandada. || No obstante, a pesar de la diferencia entre los cargos, por las razones que se explican a continuación, en relación con la expresión “la inhabilidad será permanente”, demandada en esta oportunidad ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional absoluta, por cuanto en la Sentencia C-948 de 2002, con ponencia del Magistrado Álvaro Tafur Galvis, la Corte decidió: "Declarar EXEQUIBLE, la expresión “pero cuando la falta afecte el patrimonio económico del Estado la inhabilidad será permanente”, contenida en el primer inciso del artículo 46 de la Ley 734 de 2002 bajo el entendido que se aplica exclusivamente cuando la falta sea la comisión de un delito contra el patrimonio del Estado, conforme a lo dispuesto en el inciso final del Artículo 122 de la Constitución Política.", sin haber restringido su alcance.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-210 de 2003

Llamado de atención - Medidas preventivas por parte de la Procuraduría y de las personerías - Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 51 (parcial) y 160 (parcial) de la Ley 734 de 2002 - [Resumen automatizado: Ese texto normativo ya fue objeto de estudio y pronunciamiento por parte de esta Corporación, la cual mediante sentencia C-1076 del 5 de Diciembre de 2002[5], con ponencia de la Magistrada Clara Inés Vargas Hernández resolvió “Declarar EXEQUIBLE el inciso segundo del artículo 51 de la misma ley, salvo la expresión se anotará en la hoja de vida y”, que fue declarada inexequible, por cuanto: || Al respecto, la Sala considera que, de conformidad con lo expuesto en su sentencia C- 037 del 28 de enero de 2003 frente a las mencionadas expresiones también ha operado el fenómeno de la cosa juzgada material o absoluta, por cuanto esta Corporación consideró que el atribuirle la facultad de solicitar medidas preventivas al Personero Distrital de Bogotá, con exclusión de los demás personeros distritales y municipales del país, vulneraba el principio de igualdad contenido en el artículo 13 de la Constitución. || En este orden de ideas, respecto de las expresiones Distrital de Bogotá y Distrital, que figuran en el artículo 160 de la Ley 734 de 2002, declaradas inexequibles en la sentencia C-037 del 28 de enero de 2003 la Corte considera que se dan todos los presupuestos de la cosa juzgada constitucional absoluta tal y como aparece consagrada en el inciso segundo del artículo 243 Superior y por tanto declarará estarse a lo resuelto en la citada providencia.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-158 de 2003

Criterios para establecer la gravedad o levedad de la falta. Restricción a los sujetos procesales para obtener copias de carácter reservado. Demanda de inconstitucionalidad contra los Artículos 50 (parcial) y 90 (parcial) de la Ley 734 de 2002 - [Resumen automatizado: En consecuencia, por medio del concepto número 3045 de octubre cuatro (4) de dos mil dos 2002, el Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal, doctor Alberto Hernández Esquivel, solicitó a la Corte Constitucional, declarar la exequibilidad de los artículos acusados por ser del mismo contenido normativo de los preceptos que en vigencia de la ley 200 de 1995, fueron estudiados por está Corporación en sentencias C-708 de 1999 y C-280 de 1996. || Teniendo en cuenta la afirmación hecha por la Procuraduría General de la Nación, al manifestar que existe cosa juzgada material respecto del contenido normativo de los artículos acusados en esta oportunidad, pues fueron analizados por la Corte Constitucional en vigencia de la ley 200 de 1995, ha de reiterar esta Sala que de conformidad con la sentencia C-447 de septiembre 18 de 1997, “todo tribunal, y en especial la Corte Constitucional, tiene la obligación de ser consistente con sus decisiones previas. || Declarar EXEQUIBLES el inciso segundo del artículo 50 de la Ley 734 de 2002 y la expresión “salvo que por mandato constitucional o legal ésta tenga carácter reservado” contenida en el artículo 90, numeral 3º de la misma ley, normas respecto de las cuales existe cosa juzgada material (Sentencias C-708 de 1999 y C-280 de 1996).]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-157 de 2003

Faltas gravísimas - Falta disciplinaria - Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 48 y 196 de la Ley 734 de 2002 - [Resumen automatizado: 1. El actor pretende que la Corte declare la inexequibilidad de los artículos 48 y 196 de la Ley 734 de 2001, por la cual se expide el Código Disciplinario Único, por haber incurrido el legislador en una omisión relativa contraria a la Carta al no tipificar como ilícito disciplinario la falta de motivación de las decisiones judiciales. || El Procurador General de la Nación, por el contrario, solicita que la Corte declare la exequibilidad de la norma ya que el legislador no incurrió en la omisión planteada por el actor pues la falta de motivación de las decisiones implica que el servidor público está incumpliendo uno de los deberes que le asisten y tal incumplimiento constituye una falta disciplinaria grave o leve, según el caso. || 7. En el caso presente, el actor demanda los artículos 48 y 196 de la Ley 734 de 2002 y lo hace porque estima que en esas disposiciones se incurrió en una omisión legislativa relativa al no tipificar como falta disciplinaria la ausencia de motivación de las decisiones judiciales, omisión que, en su sentir, contraría múltiples disposiciones superiores pues se trata de una conducta que debe ser reprochada disciplinariamente.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-151 de 2003

Son destinatarios de la Ley Disciplinaria los indígenas que administren recursos del Estado; serán disciplinados conforme a este código. Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 25 (parcial) de la Ley 734 de 2002 - [Resumen automatizado: La ciudadana Doris Pinzón Amado, actuando en representación de la Auditoría General de la Nación, y dentro de la oportunidad procesal prevista, presentó escrito de intervención donde solicita a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad de la expresión contenida en el inciso 2° del artículo 25 de la Ley 734 de 2002, bajo el entendido que la Procuraduría sólo es competente para sancionar a aquellos indígenas que administren los recursos del Estado que se encuentren integrados a la sociedad occidental, con base en las siguientes consideraciones: || Si la expresión acusada desconoce o no los artículos 1°, 7° y 246 de la Constitución política, en cuanto consagra como destinatarios de la ley disciplinaria a los indígenas que administran recursos del Estado, siendo que, de conformidad con las citadas disposiciones, los miembros de dichas comunidades gozan de autonomía para ser juzgados por sus propias autoridades jurisdiccionales dentro del ámbito de su territorio, con sujeción a sus normas y procedimientos, en aras de salvaguardar su diversidad étnica y cultural.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-127 de 2003

Destinatarios de la ley disciplinaria: los indígenas que administren recursos del Estado. Son servidores públicos disciplinables: los gerentes de cooperativas, fundaciones, corporaciones y asociaciones que se creen y organicen por el Estado o con su participación mayoritaria. Artículo 25 (parcial) de la Ley 734 de 2002 - [Resumen automatizado: Después de realizar un análisis de los principios establecidos en la Constitución, así como de la jurisprudencia constitucional proferida sobre la materia, señaló que no en todos los eventos en que una persona incurre en una conducta socialmente reprochable, la jurisdicción indígena es la competente para analizar y sancionar el comportamiento asumido por ese miembro del grupo, pues existen ocasiones en que la conducta asumida por el indígena podrá ser investigada y reprimida por las autoridades ordinarias del país, tal es el caso de quienes se han integrado social y culturalmente al resto de la sociedad, y por tanto se encuentran en capacidad de comprender el carácter prohibitivo de su conducta. || No obstante, ante la existencia de varias disposiciones constitucionales que hacen posible el ejercicio permanente de función pública por particulares, tales son los casos de los notarios (artículos 131 C.P.), de las autoridades indígenas en ejercicio de funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial (artículo 246 C.P.) y de la prestación de servicios públicos (artículo 365 C.P.), entre otros, no puede afirmarse que la temporalidad deducida del enunciado artículo 123 de la Constitución sea regla absoluta y rígida que impida en cualquier caso el ejercicio de funciones públicas permanentes por personas privadas.” (Sentencia C-286 de 1996 Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo)]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-125 de 2003

Faltas gravísimas: ocasionar la muerte en forma deliberada, y dentro de un mismo contexto de hechos, a varias personas que se encuentren en situación de indefensión; concurso de infracciones - Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 11(parcial) y el parágrafo segundo (parcial) del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 - [Resumen automatizado: En cuanto a las expresiones acusadas del parágrafo segundo del artículo 48 del Ley 734 de 2002, el concepto del Ministerio Público hace ver cómo dicha norma crea un tipo disciplinario especial para los funcionarios y empleados judiciales, al señalar que para ellos será falta gravísima el concurso de infracciones en número superior a diez o haber sido sancionado disciplinariamente en tres ocasiones con anterioridad dentro de los cinco años anteriores. || 3. Como se dijo en el acápite de Antecedentes, la demandante estima que las expresiones acusadas del numeral 11 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 desconocen la dignidad humana y el orden social justo como valores constitucionales, al prescribir que únicamente es falta gravísima el ocasionar la muerte deliberadamente a varias personas que se encuentren en estado de indefensión, cuando ello ocurre "dentro de un mismo contexto de hechos" y si la conducta se lleva a cabo por causa de sus opiniones o actividades políticas, creencias religiosas, raza, sexo, color o idioma.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-124 de 2003

Faltas, sanciones - Preservación del orden interno por hechos que contraríen en menor grado el orden administrativo - Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 43, Num. 9; Artículo 44, Nums. 1 y 2; Artículo 48, Num. 1; Artículo 50, Inciso 3º; Artículo 51, Incisos 1º y 3º; Artículo 55, Parágrafo 1º; Artículo 61, Parágrafo, de la Ley 734 de 2002 - [Resumen automatizado: El investigador disciplinario dispone de un campo amplio para determinar si la conducta investigada se subsume o no en los supuestos de hecho de los tipos legales correspondientes, y si fue cometida con dolo o con culpa, es decir, en forma consciente y voluntaria o con violación de un deber de cuidado, lo mismo que su mayor o menor grado de gravedad, con base en los criterios señalados en el Art. 43 de la misma ley, lo cual obviamente no significa que aquel cree normas y que asuma por consiguiente el papel de legislador, ya que sólo aplica, en el sentido propio del término, las creadas por este último con las mencionadas características. || Corresponde a la Corte establecer si las disposiciones acusadas violan el principio de legalidad integrante del debido proceso, por no señalar puntualmente las faltas disciplinarias dolosas, culposas, graves y leves, y por la posibilidad de que el investigador cree nuevos tipos disciplinarios al realizar la adecuación típica de la conducta.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-95 de 2003

Es función de la Oficina de Control Disciplinario de la Contraloría General de la República sustanciar los fallos de segunda instancia de los procesos de responsabilidad disciplinaria, así como las revocatorias o nulidades de las actuaciones disciplinarias a que haya lugar. Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 6° del artículo 45 del Decreto - Ley 267 de 2000 - [Resumen automatizado: no debe olvidarse que por mandato del artículo 76 de la Ley 534 de 2002, y conforme al principio de imparcialidad que debe imperar en el ejercicio de la función administrativa (artículo 209 de la Constitución), las oficinas de control disciplinario interno deben contar con una estructura jerárquica que permita preservar la garantía de la doble instancia, de tal manera que habrá de ser sustraídas de la labor de asesoría y sustanciación prevista en la norma demandada, quienes hubieren adelantado la investigación en primera instancia de tales procesos disciplinarios, justamente para evitar eventos en los cuales quien proyecte las decisiones de segunda instancia vea afectada su imparcialidad en el ejercicio de la función pública que les ha sido asignada. || 3. Siguiendo las consideraciones previamente expuestas, corresponde a esta Corporación establecer si el precepto legal acusado desconoce o no el principio de la doble instancia y, por ende, el debido proceso (artículos 29 y 31 C.P), cuando le asigna a la Oficina de Control Disciplinario de la Contraloría General de la República, la función de sustanciar los fallos de segunda instancia en los procesos internos de responsabilidad disciplinaria, siendo que, igualmente, tiene dispuesto bajo el ámbito de su competencia el adelantamiento de las indagaciones preliminares y el agotamiento en primera instancia de dichas investigaciones.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-94 de 2003

Faltas gravísimas: celebración de contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones públicas o administrativas que requieran dedicación de tiempo completo e impliquen subordinación y ausencia de autonomía respecto del contratista - Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 29 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 - [Resumen automatizado: 6. El actor se equivoca cuando plantea la vulneración del derecho de igualdad pues tanto en el sector privado como en el público se aplica el principio del contrato realidad y si cualquier empresa del sector salud, independientemente de la naturaleza que tenga, acude a la figura del contrato de prestación de servicios tratando de ocultar una relación de trabajo y así reducir sus costos de operación, en caso de ser demandada quedará obligada al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales causadas. || En ese contexto, la norma demandada es el numeral 29 del artículo 48, el que consagra una falta gravísima consistente en “Celebrar contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones públicas o administrativas que requieran dedicación de tiempo completo e impliquen subordinación y ausencia de autonomía respecto del contratista, salvo las excepciones legales”. || 7. De este modo, si los contratos de prestación de servicios constituyen un instrumento legítimo al que puede acudir la administración para la realización de sus fines, su sola celebración no tiene por qué constituir falta disciplinaria, como lo asumen el actor y el Director del Hospital San Rafael de Girardot, pues ella sólo se tipifica cuando concurren las irregularidades recogidas en el tipo.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-70 de 2003

Derecho a la defensa, consultorios jurídicos; límite a las sanciones; procedencia, fines y trámite de la indagación preliminar - Demanda de inconstitucionalidad parcial contra los artículos 17, 46, 93 y 150 de la Ley 734 de 2002 - [Resumen automatizado: Mediante auto del 27 de junio de 2002, el magistrado ponente solicitó a varias Facultades de derecho de diversas universidades su concepto sobre la constitucionalidad de las normas acusadas cuyo contenido se refiere a la competencia de los estudiantes de consultorio jurídico para intervenir en procesos disciplinarios. || La Corte Constitucional, mediante sentencia C-036 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, declaró la inexequibilidad de la expresión "En estos eventos la indagación preliminar se adelantará por el término necesario para cumplir su objetivo", contenida en el inciso 3 del artículo 150 de la Ley 734 de 2002, y también demandada en el presente proceso. || Primero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia de la Corte Constitucional C-948 de 2002 en el sentido de declarar exequible la expresión "que podrá ser estudiante del Consultorio Jurídico de las Universidades reconocidas legalmente" contenida en el artículo 17 de la Ley 734 de 2002. || Tercero.- ESTARSE A LO RESUELTO en las sentencias de la Corte Constitucional C-143 de 2001 y C-1076 de 2002 en el sentido de declarar exequible la expresión "Los estudiantes de los Consultorios Jurídicos, podrán actuar como defensores de oficio en los procesos disciplinarios, según los términos previstos en la Ley 583 de 2000", contenida en el artículo 93 de la Ley 734 de 2002, únicamente en relación con los cargos de la demanda.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-67 de 2003

Aplicación de principios e integración normativa; en lo no previsto en la ley se aplicarán los tratados internacionales sobre derechos humanos - Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 21 (parcial) de la Ley 734 de 2002 - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Doctores Eduardo Montealegre Lynett - quien la preside -, Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Alvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, ha proferido esta sentencia de acuerdo con los siguientes. || La demandante sostiene que esta es una aplicación subsidiaria de la normatividad internacional subsidiaria porque a ella se acude sólo en caso de vacíos legales- y que por tanto contradice el texto del artículo 93 de la Constitución según el cual los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen derechos humanos y prohíben su limitación en estados de excepción, prevalecen en el orden interno. || La opinión de la interviniente, la Comisión Colombiana de Juristas, y del Procurador General de la Nación -emitida por conducto de su delegada- sostiene que la existencia del bloque de constitucional, al cual se agregan los tratados y convenios internacionales que reconocen derechos humanos y han sido ratificados por Colombia, garantiza que el conjunto de la legislación interna esté acorde con la normatividad internacional, y que en nada quebranta dicha prevalencia el hecho de que un texto de orden interno recurra a ésta en caso de presentarse un vacío legal.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-64 de 2003

Inhabilidades para desempeñar cargos públicos por delitos que de manera directa lesionen el patrimonio público - Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 2º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 - [Resumen automatizado: -A juicio de quien representa al Ministerio Público, la finalidad del inciso final del parágrafo acusado es imponer un requisito adicional a la norma constitucional para la configuración de la inhabilidad y no la de dotar al funcionario de la certeza sobre la existencia de un perjuicio patrimonial al Estado, pues de acuerdo al régimen penal vigente, el juez debe pronunciarse sobre los perjuicios ocasionados con la conducta punible, y las entidades estatales cuando son afectadas por la misma, necesariamente deben constituirse como parte civil dentro del proceso y suscitar un pronunciamiento concreto sobre la condena en perjuicios artículos 56 y 137 C. || Frente al caso concreto, encuentra la Corte que el precepto acusado en nada contraviene el principio de unidad de materia, toda vez que existe de manera evidente una relación teleológica y sistemática entre el eje temático de la Ley 734 de 2002 “por la cual se expide el Código Disciplinario Único” y el objeto de la norma acusada, a saber, la definición de lo que se entiende por delitos contra el patrimonio del Estado, para efectos de la responsabilidad disciplinaria y como presupuesto para la aplicación de la inhabilidad prevista en el inciso final del artículo 122 Superior.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-37 de 2003

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-37\2003 - Poder disciplinario preferente; derecho a la defensa; límite de las sanciones; sujetos disciplinables; estudiantes de consultorios jurídicos y facultades del defensor; causales de nulidad; medidas preventivas; notificación del pliego de cargos y oportunidad de variación - Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3, 17, 46, 53, 93, 143, 160, 165 (parciales) de la Ley 734 de 2002

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-36 de 2003

Procedencia, fines y trámite de la indagación preliminar - Finalidades de la decisión sobre investigación disciplinaria - Indagación preliminar en caso de duda sobre la identificación o individualización del autor de una falta disciplinaria - Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 150, parcial, y 153, parcial, de la Ley 734 de 2002 - [Resumen automatizado: Así las cosas, de conformidad con lo expuesto, habrá de declararse la inexequibilidad del artículo 140 del Código Disciplinario Unico, en cuanto hace referencia a la expresión "que considere necesario", norma que es exequible en lo demás, bajo el entendido de que se es oído en exposición espontánea, cuando así se solicita por un servidor público para fines de la investigación preliminar, constituye para éste el legitimo ejercicio del derecho de defensa como posible investigado, el cual no se encuentra sujeto a la discrecionalidad del funcionario investigador, en ningún caso." (sentencia C-892 de 1999, M.P., Alfredo Beltrán Sierra) || 4.1 El inciso 3 del artículo 150 de la Ley 734 de 2002 establece que cuando hay duda sobre la identificación o individualización del autor de una falta disciplinaria se adelantará la indagación preliminar por el término necesario para cumplir su objetivo. || c) Sólo dos excepciones a esta regla general consagra la disposición : la primera, cuando hay duda sobre la identificación o individualización del autor de una falta disciplinaria, caso en el cual "la indagación preliminar se adelantará por el término necesario para cumplir su objetivo" (que es la expresión acusada); y, la segunda excepción, cuando se trate de investigaciones por violación a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario,.]

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2002

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-1077 de 2002

Determinación de eventos para la aplicación del procedimiento verbal por parte del Procurador General de la Nación. Reiteración de inexequibilidad del inciso 4 del artículo 175 de la Ley 734 de 2002 - [Resumen automatizado: Conforme al resumen que se ha hecho tanto de la demanda como del concepto emitido por el Instituto de Derecho Procesal y de la vista fiscal suscrita para este caso por la Procuradora Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, debe examinar la Corte si la disposición acusada, inciso final del artículo 175 de la ley 734 de 2002, en cuanto prevé que el Procurador General de la Nación, "buscando siempre avanzar hacia la aplicación de un procedimiento que desarrolle los principios de oralidad y concentración, podrá otros eventos de aplicación del procedimiento verbal siguiendo los derroteros anteriores", es contraria a la Constitución, en especial a las disposiciones que la demandante invoca como violadas, artículo 1° (principios de dignidad y razonabilidad) artículo 29 (debido proceso constitucional y las normas internacionales aprobadas por Colombia que se refieren a tales derechos tales como el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Interamericana de Derechos Humanos- en especial artículos 8 y 24) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 14 y 15) aprobados, respectivamente por las Leyes 16 de 1972 y 74 de 1968.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-1076 de 2002

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 39 numeral 1º; 46 inciso 1º y 2º; 47 numeral 1º, literal i) y numeral 2º literal e); 48, numerales 4º, 5º literal a), 6º, 7º, 9º, 19 y parágrafo 2º; 49; 51; 53, incisos 1º y 2º; 54 numeral 3º, inciso 2º; 55, parágrafo 1º, 61, numeral 4º; 88; 93; 108; 119 inciso 2º; 124; 143 numeral 1º; 150, inciso 5º y parágrafo 2º; 158; 159; 160; 165; 171, inciso 1º; 173; 175 incisos 2º y 4º; 177 inciso 1º; 194; 206 y 213, todos parciales de la Ley 734 de 2002 - [Resumen automatizado: Considera el actor que la expresión "La inhabilidad general será de diez a veinte años", contenida en el inciso 1º del artículo 46 demandado, establece una doble sanción por los mismos hechos que vulnera del debido proceso, pues imponer la sanción de destitución y adicionalmente, un término de 10 a 20 de inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas viola el principio de proporcionalidad, pues desconoce la entidad de los bienes e intereses protegidos en tanto que la pena accesoria es mayor que la principal, superando el término que para la misma pena accesoria ha sido previsto en el régimen penal. || Para resolver esta diversidad de concursos, el legislador acogió dos técnicas: en los literales a ), b ), c ) y d ) del numeral segundo del artículo 47 de la Ley 734 de 2002 acogió la acumulación jurídica de las sanciones que conduce a que se produzca una absorción de faltas según la cual sólo se impone la sanción más grave, sin exceder el máximo legal; quiere ello significar, que nunca podrán imponerse más de veinte años para la inhabilidad general, doce meses para la inhabilidad especial, el mismo tiempo para la suspensión y ciento ochenta días de salario básico mensual como multa, atendiendo a que ellas, respectivamente, aparezcan como las más graves; por el contrario, en el literal e ) de la misma norma se consagra una acumulación aritmética de sanciones disciplinarias.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-1066 de 2002

Registro de sanciones. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Artículo 174 (parcial) de la Ley 734 de 2002 - [Resumen automatizado: Expone que la disposición atacada infringe el artículo 13 de la Constitución, ya que según el inciso tercero del mismo artículo 174 de la Ley 734 de 2002 "la certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento", límite de tiempo que no se aplica en el caso de certificación para nombramiento o posesión, desconociendo el principio de igualdad. || Corresponde a la Corte determinar si la disposición contenida en el inciso final del Art. 174 de la Ley 734 de 2002, en virtud de la cual las certificaciones que expida la Procuraduría General de la Nación cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, deberán contener todas las anotaciones que figuren en el registro de sanciones que lleva dicha entidad, se quebrantan la imprescriptibilidad de las penas contemplada en el Art. 28 de la Constitución, los principios de orden justo, dignidad e igualdad, consagrados en el preámbulo y los Arts.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-1029 de 2002

Faltas gravisimas, Desacatar las órdenes e instrucciones contenidas en las Directivas Presidenciales cuyo objeto sea la congelación de nóminas oficiales, dentro de la órbita de su competencia. Ley 734 de 2001, artículo 48, numeral 53 - [Resumen automatizado: Manifiesta que la norma acusada infringe el numeral 5º del artículo 150[1] de la Carta Política porque es al legislador a quien le compete conferir atribuciones especiales a las Asambleas Departamentales, entre las cuales se incluye lo relacionado con la nómina oficial, y que éstas, por su parte, tienen la atribución de "determinar la estructura de la Administración Departamental, las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo; crear los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del departamento y autorizar la formación de sociedades de economía mixta"[2]. || Explica que, en virtud de la norma acusada, el Gobernador, al nombrar gerentes o directores de los establecimientos públicos, y de las empresas industriales o comerciales del departamento, puede, por decisión presidencial, incurrir en una falta disciplinaria gravísima, al cumplir su mandato como jefe de la administración seccional. || Observa la Corte que el legislador, al establecer como falta gravísima el desacato a órdenes e instrucciones dadas a través de directivas expedidas por el Presidente de la República, dentro de la órbita de su competencia, no está impidiendo que, las asambleas departamentales, a través de ordenanzas, determinen, la estructura de la Administración Departamental, las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración, la creación de establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales del departamento, ni la autorización de la formación de sociedades de economía mixta.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-982 de 2002

Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 188 (parcial) de la ley 734 de 2002. Procedimiento disciplinario especial ante el Procurador General de la Nación. Celebración de la audiencia. El Procurador General de la Nación no podrá limitar temporalmente la exposición de los argumentos - [Resumen automatizado: El asunto se circunscribe a examinar si, la prohibición contenida en el aparte demandado del artículo 188 de la ley 734 de 2002, vulnera los derechos a la igualdad, al debido proceso y el acceso a la administración de justicia, pues, según la actora, esta limitación impide que el Procurador General de la Nación, oriente debidamente el debate procesal. || Como puede observarse, la actora analiza la expresión demandada aisladamente, sin incluirla dentro del contexto del artículo 188 de la ley 734 de 2002, menos aún en el marco constitucional, pues es claro que el Procurador como director del proceso disciplinario está facultado para solicitar al investigado o a su defensor que limiten su intervención a los asuntos relativos al objeto de la actuación disciplinaria. || Entonces, es claro que el Procurador puede dentro del trámite de la audiencia solicitar a la parte investigada que su intervención sea conducente y pertinente y atienda el objeto de la actuación disciplinaria, pero no podrá limitar su exposición en el tiempo, pues la norma parcialmente acusada lo prohíbe con el objeto de que sea el propio investigado o su defensor quien ejerza su derecho de defensa, siendo está la única oportunidad procesal que tiene para exponer los argumentos que considere pertinentes para el esclarecimiento de la actuación investigada.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-977 de 2002

Corte Constitucional, Sentencia de control de constitucionalidad C-977\2002 - Medidas preventivas. Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 160 de la Ley 734 de 2002

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-949 de 2002

Prohibiciones del servidor público, incumplimiento de obligaciones - Constitucionalidad del artículo 35, numeral 11, de la Ley 734 de 2002 - [Resumen automatizado: Expresa, que como lo ha manifestado el doctor José Gregorio Hernández Galindo, la norma confunde dos campos de la actividad de la persona, como son su desempeño público y las conductas privadas relacionadas con la vida privada del funcionario, con lo cual se permite que el Estado, contra toda regla de justicia, sancione a un servidor público que no ha faltado en el ejercicio de sus funciones, por situaciones externas al servicio, circunstancia que contraría los mandatos del Estatuto Superior. || El ciudadano demandante acusa el artículo 35, numeral 11, de la Ley 734 de 2002, por considerar que dicha disposición vulnera la Constitución Política, al confundir dos campos de la actividad de la persona, por cuanto permite que se sancione disciplinariamente al servidor público por conductas que son del resorte de su órbita privada, y no por conductas atribuibles al ejercicio de sus funciones, con lo cual se desconoce que el incumplimiento de las propias obligaciones tiene en el sistema jurídico su respectiva sanción, sin que exista la necesidad de añadir a ella la creación de una falta disciplinaria, pues ello resulta completamente desproporcionado. || El artículo 35, numeral 11, de la Ley 734 de 2002 "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único", establece como prohibición a todo servidor público "Incumplir de manera reiterada e injustificada obligaciones civiles, laborales, comerciales o de familia impuestas en decisiones judiciales o administrativas o admitidas en diligencia de conciliación".]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-948 de 2002

Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 3 (parcial), 5, 7, 13, 14 (parcial), 17 (parcial), 28 numeral 2° (parcial) y 4°, 30 (parcial), 32 (parcial), 44 numeral 1° (parcial) y parágrafo y 46 (parcial) de la Ley 734 de 2002 - [Resumen automatizado: Frente a los cargos contra el aparte acusado del tercer inciso del artículo 3 de la Ley 734 de 2002 señala que la norma recoge la jurisprudencia de esta Corporación contenida en la Sentencia SU-337/98 según la cual el poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación recae sobre los empleados de la rama judicial, mientras que respecto de los funcionarios de la misma rama existe una competencia a prevención de los Consejos Superior y Seccional de la Judicatura y de la Procuraduría General de la Nación, con lo que se respetan las competencias que la Constitución atribuye a cada uno de ellos. || Así, en la sentencia C-280 de 1996, en la que se analizó la constitucionalidad de distintos artículos de la misma Ley 200 de 1995 (Código Disciplinario Único), la Corte reiteró que "en relación con los funcionarios de la rama judicial que carecen de fuero, esta Corporación ya ha establecido que no vulnera la Carta el ejercicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría, siempre y cuando dicha competencia no haya sido asumida a prevención por parte del Consejo Superior de la Judicatura"[25].]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-391 de 2002

Faltas gravísimas, actuación a sabiendas de estar incurso en causales de inhabilidad - Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 25, numeral 10, de la Ley 200 de 1995 - [Resumen automatizado: Si el régimen de inhabilidades se orienta a garantizar la absoluta transparencia de las personas que se han de vincular a la función pública para asegurar que el ejercicio de ésta se dirija no a la realización de los propios intereses sino a la satisfacción de las necesidades sociales y al aseguramiento de los intereses colectivos y si, por otra parte, el régimen disciplinario implica la imputación de faltas y la imposición de sanciones a quienes infringen sustancialmente sus deberes funcionales y afectan la función administrativa, es claro que en uno de esos ámbitos normativos puede atribuirse consecuencias jurídicas a instituciones que hacen parte del otro y viceversa. || 1. El actor plantea que el ejercicio de la acción electoral ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, simultáneamente, el seguimiento de un proceso disciplinario en la Procuraduría General de la Nación contra quien ha accedido a la función pública a pesar de encontrarse inhabilitado para ello, vulnera el principio non bis in idem consagrado en el artículo 29 de la Carta pues implica la imposición de dos sanciones por un mismo hecho.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-181 de 2002

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 9° (total), 20, 25, 27, 29, 30, 44 (parciales), 65 (total), 116, 131, 146, 151 y 157 (parciales) de la Ley 200 de 1995 - [Resumen automatizado: La Corte ha señalado que el derecho disciplinario está "integrado por todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones, independientemente de cuál sea el órgano o la rama a la que pertenezcan" y agregó que: "Ello hace parte de las condiciones mínimas inherentes a la actividad oficial, que resultan imprescindibles para la eficiente atención de los asuntos a cargo del Estado, motivo por el cual su mantenimiento, merced a un ordenamiento jurídico especial de reglas y sanciones, no solamente constituye derecho sino que es ante todo deber del Estado. || "Si bien es cierto que entre la acción penal y la disciplinaria existen ciertas similitudes puesto que las dos emanan de la potestad punitiva del Estado, se originan en la violación de normas que consagran conductas ilegales, buscan determinar la responsabilidad del imputado y demostrada ésta imponer la sanción respectiva, siguiendo los procedimientos previamente establecidos por el legislador, no es menos cierto que ellas no se identifican, ya que la acción disciplinaria se produce dentro de la relación de subordinación que existe entre el funcionario y la Administración en el ámbito de la función pública y se origina en el incumplimiento de un deber o de una prohibición, la omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones, la violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, etc., y su finalidad es la de garantizar el buen funcionamiento, moralidad y prestigio del organismo público respectivo.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-155 de 2002

Culpabilidad. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 14 de la Ley 200 de 1995 - [Resumen automatizado: Teniendo en cuenta que como mediante la ley disciplinaria se pretende la buena marcha de la administración pública asegurando que los servidores del Estado cumplan fielmente con sus deberes oficiales, para lo cual se tipifican las conductas constitutivas de falta disciplinaria en tipos abiertos que suponen un amplio margen de valoración y apreciación en cabeza del fallador, el legislador en ejercicio de su facultad de configuración también ha adoptado un sistema amplio y genérico de incriminación que ha sido denominado "numerus apertus", en virtud del cual no se señalan específicamente cuales comportamientos requieren para su tipificación ser cometidos con culpa -como sí lo hace la ley penal-, de modo que en principio a toda modalidad dolosa de una falta disciplinaria le corresponderá una de carácter culposo, salvo que sea imposible admitir que el hecho se cometió culposamente como cuando en el tipo se utilizan expresiones tales como "a sabiendas", "de mala fe", "con la intención de" etc.]

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2001

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-996 de 2001

Control disciplinario interno. Investigación disciplinaria. Competencia funcional. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 48, 49, 57 y 61, incisos primero y segundo de la Ley 200 de 1995 - [Resumen automatizado: Cosa distinta, señala el Procurador, es el control de gestión de la función administrativa previsto en el artículo 269 ibidem, el cual también encuentra su fundamento en el artículo 209 citado, pues debe consultar los principios de la función administrativa, en la medida que se trata de un sistema que tiene como finalidad la racionalización de la actividad en las entidades del Estado, en términos de procedimiento y resultados de la gestión administrativa, diferenciándose del disciplinario en que éste último consiste en el ejercicio del poder punitivo del Estado "frente a la violación de la Constitución, la ley o el reglamento por parte de los servidores públicos, en un marco de subordinación y control jerárquico". || Según el demandante los artículos 48, 49, 57 y 61, incisos primero y segundo, violan el artículo 277 numeral 6 de la Constitución Política, porque otorgan funciones disciplinarias a las Oficinas de Control Interno Disciplinario y a los jefes inmediatos, desconociendo que según la norma superior citada, la función de adelantar las investigaciones disciplinarias e imponer las sanciones correspondientes de conformidad con la ley, le corresponde ejercerla en forma excluyente al Procurador General de la Nación, directamente o por medio de sus delegados o agentes.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-992 de 2001

Iniciativa gubernamental - Unidad de materia - Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 633 de 2000 - Ley 200 de 1995, Art. 31, Inciso 4o. - [Resumen automatizado: Los contribuyentes y responsables de los impuestos sobre la renta, ventas, retención en la fuente y timbre nacional, que hayan presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo antes de la vigencia de esta ley, con respecto a la cual no se haya proferido sentencia definitiva, podrán conciliar antes del día 31 de julio del año 2001, con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales hasta un veinte (20%) por ciento del mayor impuesto discutido, y el valor total de las sanciones e intereses según el caso, cuando el proceso contra una liquidación oficial se halle en primera instancia, lo anterior siempre y cuando el contribuyente o responsable pague el ochenta por ciento (80%) del mayor impuesto y su actualización en discusión.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-653 de 2001

Causales de mala conducta de funcionario de la Procuraduría General de la nación; Ley 200 de 1995, Art. 26, parágrafo - [Resumen automatizado: La norma acusada es inconstitucional, porque no es explicable que el legislador incluya únicamente a los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, como susceptibles de sanción disciplinaria de mala conducta por violar el debido proceso, pues a juicio del actor, tal sanción debe ser predicable de cualquier servidor público, sin tener en consideración la entidad para la cual laboran, sino el daño que causan al derecho fundamental protegido por la norma. || Por tanto, afirma que el parágrafo del artículo 26 de la ley 200 de 1995, resulta discriminatorio, pues establece una diferencia de trato que no tiene sustento alguno, y aunque bien podría decirse que el parágrafo acusado es conforme a la Constitución, salvo la referencia que allí se hace de la Procuraduría General de la Nación, quedando su texto omnicomprensivo de todos los servidores públicos; entendiéndose que cualquier funcionario que viole el debido proceso incurrirá en causal de mala conducta, esa extensión contraría los principios que rigen la función de control constitucional y que exige que en casos como el presente, donde se debe hacer extensible una causal de mala conducta a sujetos no consagrados en el supuesto inicial de la norma, se opte por la exclusión del precepto del ordenamiento, para salvaguardar los derechos de éstos.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-556 de 2001

Renuncia a la prescripción de la acción disciplinaria; Ley 200 de 1995, Art. 36 (parcial) - [Resumen automatizado: Para apoyar su argumento cita la sentencia C-244/96 de esta Corte y concluye señalando que "no establecer un lapso como el previsto en el texto demandado, constituiría una real y efectiva violación al derecho de un procesado a obtener resolución de su situación, la cual no puede ser indefinida ni aún con el permiso del interesado que renuncia a la prescripción de la Acción, so pena de violar el Derecho al Debido Proceso" || Finalmente el Señor Procurador General de la Nación considera que el actor hace una lectura incorrecta de la norma, desconociendo el alcance de la presunción de inocencia, así como el sentido de la prescripción de la acción disciplinaria, que en este caso implica una sanción a la administración, al tiempo que concreta principios rectores del ordenamiento procesal . || La Corte retoma estos argumentos para señalar que si la iniciación de la acción disciplinaria no vulnera el derecho a la honra y el buen nombre del disciplinado, la culminación del proceso disciplinario por prescripción tampoco lo hace pues en todo momento la presunción de inocencia opera en su favor.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-555 de 2001

Debido proceso disciplinario; principio de contradicción; oportunidad paa controvertir la prueba; oportunidad para rendir exposición; Ley 200 de 1995, Arts. 80, 84, 130 y 147 parciales - [Resumen automatizado: La simple comunicación del auto que inicia la investigación preliminar, cuando ésta tiene lugar, o de lo contrario del auto que inicia la investigación disciplinaria, en manera alguna garantiza al disciplinado la posibilidad de concurrir al trámite para solicitar pruebas, controvertir las aducidas, y en general ejercer su derecho de defensa en estos estadios procesales, toda vez que las normas del Código Disciplinario Único no señalan de manera precisa la forma en la cual deben realizarse las "simples comunicaciones", por lo cual no se asegura que sean efectivamente conocidas, ni que el contenido de las decisiones que pretenden "comunicar" pueda ser controvertido. || En efecto, cuando esta norma establece que el investigado puede controvertir las pruebas a partir del momento de la notificación del auto que ordena la investigación disciplinaria, está consagrando el ejercicio de este derecho para la etapa que se inicia una vez se ha establecido por el investigador la existencia de la falta y del posible autor del ilícito disciplinario (art. || 4. El artículo 80 de la Ley 200 de 1995, cuya constitucionalidad ahora se examina, en la parte no acusada le reconoce a la persona investigada dentro del proceso disciplinario el derecho a conocer las diligencias que se adelantan en su contra, tanto en la etapa de indagación preliminar, como en la investigación disciplinaria, a fin de que pueda controvertir las pruebas que se alleguen así como solicitar aquellas otras que estime pertinentes.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-175 de 2001

Reposición contra solicitud de versión libre - Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 74, parcial, de la Ley 200 de 1995 - [Resumen automatizado: En armonía con lo dispuesto por el artículo 29 de la Carta Política, según el cual el debido proceso es una garantía que ha de observarse en todos los procesos judiciales o administrativos, es claro para la Corte que en el proceso disciplinario ha de garantizarse el derecho a la defensa unitaria, continua y permanente, esto es, en todas sus etapas, sin que ello signifique que en cada una de ellas los recursos que para impugnar las providencias se establezcan por el legislador deban ser los mismos, ni tampoco, que para decidir sobre la constitucionalidad de alguno de los artículos del Código Disciplinario, pueda ser considerado aisladamente, pues de esa manera la interpretación primero y el juicio de constitucionalidad después, pueden resultar equivocados. || Acorde con lo anterior, y en armonía con lo dispuesto por el artículo 29 de la Carta Política, según el cual el debido proceso es una garantía que ha de observarse en todos los procesos judiciales o administrativos, es claro para la Corte que en el proceso disciplinario ha de garantizarse el derecho a la defensa unitaria, continua y permanente, esto es, en todas sus etapas, sin que ello signifique que en cada una de ellas los recursos que para impugnar las providencias se establezcan por el legislador deban ser los mismos, ni tampoco, que para decidir sobre la constitucionalidad de alguno de los artículos del Código Disciplinario, pueda ser considerado aisladamente, pues, como es obvio, de esa manera la interpretación primero y el juicio de constitucionalidad después, pueden resultar equivocados.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-13 de 2001

Notificación de autos que niegan la solicitud de ser oído en exposición espontánea; Ley 200 de 1995, Arts. 84, inciso segundo y 99 (parciales) - [Resumen automatizado: En cuanto se refiere a la discrecionalidad para oír en exposición espontánea al investigado, el Ministerio recuerda que la Corte Constitucional ha precisado que no se trata de una facultad discrecional del investigador, sino de un derecho del disciplinado conforme lo sostuvo en la sentencia C-430/97, al examinar la constitucionalidad entre otros, del artículo 147 de la Ley 200 de 1995, motivo por el cual, se declararon inexequibles las expresiones "...aquél la recibirá cuando considere que existen dudas sobre la autoría de la falta que se investiga. || Corresponde a la Corte en esta oportunidad, dilucidar si a la luz del principio del debido proceso y del derecho de defensa consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política, puede subsistir la facultad del funcionario investigador para recibir o no exposición espontánea del investigado y como consecuencia de ello, disposiciones como las contenidas en los artículos 84 y 99 de la Ley 200 de 1995 impugnados en este proceso, que prevén la posibilidad de que se profiera auto negando la solicitud de ser oído en exposición espontánea, en cuanto disponen su comunicación al interesado y la procedencia del recurso de reposición contra dicha providencia.]

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2000

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-728 de 2000

Deberes de los servidores públicos, realización de tareas confiadas y ejecución de órdenes, responsabilidad; prohibiciones a los servidores públicos, incumplimiento de sus obligaciones civiles, laborales, comerciales y de familia; indagatoria preliminar, término; Ley 200 de 1995, Arts. 40 (parcial), 41 (parcial) y 141 - [Resumen automatizado: 2. Para empezar el análisis es importante mencionar que en el proyecto de Ley Estatutaria de Administración de Justicia que fue sujeto a revisión de constitucionalidad por esta Corporación mediante la sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, se incluía una norma de carácter similar a la aquí demandada, en el numeral 7, de la parte A, del artículo 116, que versaba sobre las faltas disciplinarias. || En este caso, el Procurador considera que una vez transcurridos los seis meses habrá de archivarse el expediente, "pues existe un servidor individualizado que tiene derecho a que se le resuelva su situación dentro de un lapso determinado." Sin embargo, el archivo no puede ser definitivo sino provisional, "pues ello conllevaría denegación de justicia, en la medida que a pesar de haberse verificado con posterioridad la existencia de una falta disciplinaria y tener prueba del posible autor, por razón del auto de archivo definitivo precedente, no es viable investigar los hechos." || 5. Se trata de establecer si vulneran la Constitución las normas del artículo 141 del Código Disciplinario Unico que prescriben que el término de la indagación preliminar no puede exceder los seis meses y que cuando se vence ese plazo la autoridad disciplinaria deberá archivar definitivamente el expediente, si no existe mérito para abrir la investigación.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-292 de 2000

Criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta - Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 27 de la Ley 200 de 1995 - [Resumen automatizado: El ciudadano Franco Solarte Portilla demanda el artículo 27 del Código Disciplinario Unico, en su integridad, por cuanto considera que dicha disposición vulnera la Carta Política al no determinar en forma clara y precisa cuáles son las faltas graves y cuáles las leves, atentando de esta manera en contra del principio de legalidad, del cual se deriva el de culpabilidad, ambos protegidos constitucionalmente por el artículo 29 Superior. || Como sustento de sus afirmaciones, cita el demandante apartes de la sentencia C-280 de 1996, de la Corte Constitucional, en la cual se expresa que los principios orientadores del derecho penal, son aplicables al derecho disciplinario, en cuanto comparten la naturaleza de ser ejercicio del ius puniendi del Estado y, además, que tanto las faltas como las sanciones deben ser contempladas de manera taxativa por el legislador, lo cual ofrece seguridad jurídica. || Tampoco vulnera la norma demandada, a juicio de la interviniente, el principio de reserva, toda vez que no puede predicarse que sea el juez quien en materia disciplinaria tipifique el comportamiento, por cuanto estos se encuentran tipificados como faltas disciplinarias en la ley, concretamente en los artículos 30 a 44 del Código Disciplinario Unico. || ESTESE A LO RESUELTO en la sentencia C-708 del 22 de septiembre de 1999, Magistrado Ponente Alvaro Tafur Galvis, que declaró EXEQUIBLE el artículo 27 de la Ley 200 de 1995 "Por la cual se adopta el Código Disciplinario Unico".]

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1999

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-956 de 1999

INVESTIGACION DISCIPLINARIA, Comunicación al quejoso del archivo del auto o sentencia inhibitoria. Quejoso, comunicaciones, rol, proceso disciplinario. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 151, parcial, de la Ley 200 de 1995 - [Resumen automatizado: No obstante, en criterio del actor, en la disposición acusada a pesar de que se autoriza el recurso de apelación contra la resolución inhibitoria en desarrollo del principio expuesto, no existe claridad respecto de quien deberá conocer de ese recurso cuando se formule para conocimiento de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia; ello ha permitido que por carecer dichos funcionarios de superior jerárquico corresponda al fiscal ponente que profirió la resolución inhibitoria admitir solamente el recurso de reposición, lo cual, a su entender, viola los derechos al debido proceso y defensa y la garantía de un control colectivo a esa decisión, la cual se obtiene con la emisión de la misma en forma colectiva por los demás fiscales delegados. || Respecto del inciso segundo del artículo 327 del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal), el accionante formula el cargo de inconstitucionalidad con sustento en la vulneración del derecho al debido proceso y defensa, por cuanto estima que la falta de precisión legal acerca de quién deberá conocer de la apelación de la providencia inhibitoria que dicten los fiscales delegados ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha permitido que esos funcionarios, por carecer de superior jerárquico, sólo admitan el recurso de reposición ante el fiscal ponente que profirió dicha resolución, desconociendo la voluntad misma del legislador de que exista una doble instancia para tal providencia.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-892 de 1999

DERECHO DE DEFENSA EN PROCESOS DISCIPLINARIOS - FALTA DISCIPLINARIA, Alcance de la determinación provisional de la naturaleza - PROCESO DISCIPLINARIO, Aportación de pruebas - PROCESO DISCIPLINARIO, Exposición espontánea del servidor público que se considere necesario - PROCESO DISCIPLINARIO, Notificaciones - PROCESO DISCIPLINARIO, Principios fundamentales - RECURSOS, Competencia del legislador - REVOCATORIA DIRECTA DE FALLOS DISCIPLINARIOS. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 77 numeral 2º, 84, 85, 92 numeral 7º, 99, 102, 111 (parcial), 119 inciso 1º, 130, 140 (parcial), 147 (parcial) y 150 de la Ley 200 de 1995 - [Resumen automatizado: No se presenta vicio de inconstitucionalidad respecto de los artículos 99 y 102 del Código Disciplinario Unico, por omisión relativa, ya que, como se vio, corresponde al legislador en el ejercicio de sus funciones, establecer los actos procesales que son objeto de impugnación, los términos para interponerlos, la notificación y la ejecución de las providencias; así mismo, es competencia del legislador la determinación de si un recurso debe ser sustentado o no. || Habrá de declararse la inexequibilidad del artículo 140 del Código Disciplinario Unico, en cuanto hace referencia a la expresión "que considere necesario", norma que es exequible en lo demás, bajo el entendido de que se es oído en exposición espontánea, cuando así se solicita por un servidor público para fines de la investigación preliminar, constituye para éste el legitimo ejercicio del derecho de defensa como posible investigado, el cual no se encuentra sujeto a la discrecionalidad del funcionario investigador, en ningún caso. || Entonces, además de la facultad permanente que tiene el servidor público para enterarse en cualquier momento de los pronunciamientos y pruebas que se profieran y obren en el proceso, existen por disposición del legislador, ciertos actos procesales que deben ser "particularmente" dados a conocer al investigado, a través de cualquiera de los mecanismos contemplados en el artículo 79-1 del Código Disciplinario Unico, entendidos como formas de publicidad, esto es "comunicaciones, notificaciones o publicaciones que las normas vigentes establecen".]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-708 de 1999

BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD - FALTA DISCIPLINARIA, Criterio para determinar gravedad o levedad - RESPONSABILIDAD SUBJETIVA DEL DISCIPLINADO. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 27 de la Ley 200 de 1995 - [Resumen automatizado: Cuando el legislador consagró una clasificación de las faltas disciplinarias entre graves y leves en el artículo 27 de la Ley 200 de 1995, acusado, y estableció unos criterios con base en los cuales el investigador disciplinario deba definir sobre la responsabilidad final en materia disciplinaria de los servidores públicos, para efectos de aplicar la correspondiente sanción, lo hizo atendiendo a los postulados generales de los regímenes punitivos aceptados por el ordenamiento constitucional, en la forma vista, con claro desarrollo de las facultades legislativas en materia de definición de la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios públicos, dentro de lo cual, es evidente que la misma puede ser graduada de conformidad con el nivel de culpabilidad con que se actúa y la intensidad de la lesión que se produzca en los bienes jurídicos protegidos con la ley disciplinaria.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-222 de 1999

CONCEJAL, Control disciplinario - CONCEJAL, Naturaleza - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, Asignación de funciones a dependencias - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, Competencia respecto a quienes desempeñen cargos de elección popular - PROCURADURIA PROVINCIAL, Competencia para conducir procesos disciplinarios contra concejales - SERVIDOR PUBLICO EN LA CONSTITUCION POLITICA VIGENTE, Alcance expresión. Funciones en primera instancia de las procuradurías provinciales. Demanda de inconstitucionalidad (parcial) contra el artículo 71, literal e), de la Ley 201 de 1995 - [Resumen automatizado: Del hecho de que la Constitución Política manifieste en forma clara e inequívoca que los concejales municipales no son empleados públicos no se desprende que les pueda ser suprimido o ignorado su carácter de "funcionarios", término que utiliza la norma demandada en el entendido de que alude a "servidores públicos", de lo cual surge con meridiana claridad que están sujetos a la vigilancia del Ministerio Público, a cargo de la dependencia del mismo que la ley señale. || Según el artículo 279 de la Constitución, es la ley la encargada de determinar lo relativo a la estructura y funcionamiento de dicho organismo y puede, por tanto, distribuir, entre sus dependencias, oficinas y niveles, las competencias específicas para el ejercicio de las delicadas funciones que le corresponden, mientras no hayan sido reservadas directamente de manera expresa por la Carta Política al propio Procurador General de la Nación. || Carecen de fundamento las acusaciones de inconstitucionalidad contra el literal e) del artículo 71 de la Ley 201 de 1995, que será declarado exequible por la Sala Plena, toda vez que corresponde simplemente al ejercicio de una competencia legislativa referente a la asignación de unas determinadas atribuciones en cabeza de dependencias integrantes del Ministerio Público, específicamente de la Procuraduría General de la Nación.]

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1998

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-769 de 1998

ABANDONO INJUSTIFICADO DEL CARGO O DEL SERVICIO, Falta disciplinaria - DERECHO DISCIPLINARIO, Remisión a principios del derecho penal - PRINCIPIO DE LEGALIDAD, Alcance - TIPICIDAD, Naturaleza - [Resumen automatizado: Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios del proceso a que da lugar la acción pública de inconstitucionalidad, procede la Corte a decidir sobre la demanda presentada por el ciudadano Carlos Fernando Muñoz Castrillón contra el numeral 8 del artículo 25 de la Ley 200 de 1995, para lo cual está facultada en virtud de las atribuciones que le otorga el artículo 241-4 de la Constitución Política. || Todas las actuaciones, tanto judiciales como administrativas, deben adelantarse respetando el debido proceso; uno de los elementos de esta garantía, consiste en la consagración del principio de legalidad, según el cual el Estado sólo puede juzgar a las personas por delitos preexistentes al hecho que se imputa. || En razón de la gravedad de las sanciones previstas para las faltas gravísimas, en las cuales se incluye el abandono del cargo o del servicio, se imponía al legislador el deber de ser mas explícito en la tipificación de dicha conducta, pues en la forma como aparece descrita ésta surgen problemas, tales como los siguientes: || Se reduce a determinar si el acápite normativo acusado viola el derecho al debido proceso al desconocer el principio de legalidad, por no contener, según alega el actor, la descripción detallada de la falta disciplinaria de abandono injustificado del cargo del servicio, esto es, la inclusión de elementos definitorios que de manera precisa determinen las circunstancias en que dicho abandono se configura.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-620 de 1998

RÉGIMEN DISCIPLINARIO ESPECIAL DE MIEMBROS FUERZA PÚBLICA, Sólo puede comprender regulaciones íntimamente vinculadas con objeto específico. Demanda de inconstitucionalidad contra los Artículos 5, 175 y 177 (parciales) de la Ley 200 de 1995 - [Resumen automatizado: Los criterios jurisprudenciales citados son predicables de los apartes acusados de los artículos 5° y 177 del C.D.U., por cuanto estos preceptos, al hacer referencia directa al alcance y vigencia de los regímenes especiales disciplinarios de la fuerza pública, están en íntima conexión con el contenido del artículo 175 ibídem que limita la aplicación de los estatutos propios de los militares y policías al aspecto sustancial, remitiendo, para efectos del trámite procesal, a los principios rectores y al procedimiento general contenido en el C.D.U. Sin embargo, los regímenes especiales disciplinarios sólo pueden comprender las regulaciones íntimamente vinculadas con su objeto específico. || La acción pública de inconstitucionalidad tiene como único propósito el ejercicio del control constitucional sobre las normas que han sido formalmente acusadas por los ciudadanos y, en manera alguna, puede ser utilizada como trampolín para controvertir decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada constitucional en los términos del artículo 243 de la Constitución Política. || El magistrado sustanciador, por Auto del 2 de abril de 1998, resolvió admitir la demanda contra los artículos 5° y 177 del C.D.U. y rechazarla respecto del 175 ibídem, por existir sobre la misma pronunciamiento de la Corte que hace tránsito a cosa juzgada constitucional (Sentencia C-310 de 1997, M.P., doctor Carlos Gaviria Díaz).]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-563 de 1998

Responsabilidad de las partes de los contratos - Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 80 de 1993, Artículos 52, 53 y 56, y la Ley 190 de 1995, Artículos 18, 19 y 20 - [Resumen automatizado: Es conveniente precisar y reiterar que el artículo demandado asimila la conducta del particular a la de un servidor público sólo para efectos penales; otro tipo de responsabilidad derivada de la actuación oficial, como la disciplinaria, se continúa predicando con exclusividad de los funcionarios, que tienen con el Estado una relación legal y reglamentaria. || Para efectos penales, el contratista, el interventor, el consultor y el asesor se consideran particulares que cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos que celebren con las entidades estatales y, por lo tanto, estarán sujetos a la responsabilidad que en esa materia señala la ley para los servidores públicos". || Según el actor, los apartes acusados de los artículos 52, 53 y 56 de la ley 80 de 1993 quebrantan los artículos 6, 123 y 124 de la Constitución por cuanto tales disposiciones le asignan, al contratista, interventor, consultor y asesor, que obran como simples particulares cuando intervienen en el proceso de contratación estatal, la condición de servidores públicos y correlativamente les exigen responsabilidad civil y penal.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-481 de 1998

Derecho disciplinario y principio de favorabilidad - La homosexualidad no puede constituir una causal de mala conducta de los docentes - Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 46 (parcial) del Decreto 2277 de 1979 - [Resumen automatizado: La Corte Constitucional de la República de Colombia, integrada por su Presidente Vladimiro Naranjo Mesa, y por los Magistrados Antonio Barrera Carbonell, Alfredo Beltrán Sierra, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz. || "El derecho al libre desarrollo de la personalidad no es un simple derecho, es un principio que irradia a todos los derechos contenidos en la Constitución, pues otorga mayor fuerza a su contenido, tiene carácter ´genérico y omnicomprensivo´ cuya finalidad es comprender aquellos aspectos de la autodeterminación del individuo, no garantizados de forma especial por otros derechos, de tal manera que la persona, en este caso, homosexual o heterosexual, goce de una protección constitucional para tomar, sin intromisión, NI opresiones, las decisiones que estime importantes en su propia vida, por tanto ningún decreto, o ley, o reglamento, ni norma alguna puede decirle a un docente homosexual que tiene que dejar de serlo para poder seguir ejerciendo su vocación de educador".]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-448 de 1998

[Resumen automatizado: El demandante al sustentar la demanda, señala que el artículo 41 transitorio de la Constitución Política habilitó con poderes legislativos al Presidente de la República, para establecer el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, en caso de que el Congreso no lo hiciera dentro de los dos (2) años siguientes a la promulgación de la misma, situación que culminó con la expedición, por parte del Ejecutivo, del Decreto 1421 de 1993, normatividad que el accionante equipara con una ley ordinaria y que, en lo atinente a su artículo 28-5, sobre inhabilidades para ser elegido concejal en el Distrito Capital de Santafé de Bogotá, manifiesta que fue incorporado al Código Unico Disciplinario por mandato del artículo 42 de la Ley 200 de 1995, lo relativo a las incompatibilidades e inhabilidades previstas en la Constitución, la ley y los reglamentos administrativos, en desarrollo del propósito unificador de regímenes disciplinarios, convirtiéndose, de esta manera, en objeto de control constitucional por parte de la Corte Constitucional, y ya no del Consejo de Estado, al presentar entonces un rango legal.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-234 de 1998

Sanción accesoria. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 30 (p) de la Ley 200 de 1995 - [Resumen automatizado: Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios del proceso a que da lugar la acción pública de inconstitucionalidad, procede la Corte a proferir la sentencia correspondiente en relación con la demanda presentada por los ciudadanos Carlos Mario Isaza Serrano y Carlos Alberto Paz Lamir, contra el artículo 30 (p) de la Ley 200 de 1995. || El ciudadano Alvaro Namen Vargas, actuando en su calidad de apoderado del Ministerio de Justicia y del Derecho, presenta escrito en el cual solicita a la Corte declarar la constitucionalidad del aparte demandado del artículo 30 de la Ley 200 de 1995. || El Procurador General de la Nación rindió el correspondiente concepto y solicitó a la Corte declarar exequible el aparte demandado del artículo 30 de la Ley 200 de 1995. || La Corte Constitucional, mediante sentencia C-187 del 6 de mayo de 1998, declaró exequible el aparte demandado del artículo 30 de la Ley 200 de 1995. || Con fundamento en las consideraciones anteriores, la Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, || Estése a lo resuelto por la Corte en la sentencia C-187 de 1998, mediante la cual se declaró exequible el aparte demandado del artículo 30 de la Ley 200 de 1995.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-189 de 1998

Actos de control fiscal. Naturaleza administrativa - [Resumen automatizado: La Corte Constitucional de la República de Colombia, integrada por su Presidente Vladimiro Naranjo Mesa, y por los Magistrados Carmenza Isaza de Gómez, Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz. || Según su criterio, "no podemos seguir pensando que lo que no es legislativo ni judicial, es administrativo, pues la teoría de la tridivisión del poder ya no opera, al ser un concepto superado por nuestra Constitución." Esto significa, para la interviniente, que la Contraloría ejerce una función específica que, por mandato constitucional, es de "CONTROL FISCAL, entendida como la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación." La ciudadana justifica entonces esas afirmaciones con base en una amplia transcripción de los debates en la Asamblea Constituyente, en particular de la ponencia sobre estructura del Estado referida también por el demandante.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-187 de 1998

INHABILIDADES, Pena accesoria - INHABILIDADES PARA EJERCER FUNCIONES PÚBLICAS, Sanción accesoria - INHABILIDADES PARA EJERCER FUNCIONES PÚBLICAS, Sanción accesoria no puede exceder a la principal. Acción de inconstitucionalidad contra el Parágrafo (parcial) del numeral 1o. del artículo 30 de la Ley 200 de 1995 - [Resumen automatizado: La inconformidad del accionante referente al establecimiento de la sanción accesoria de inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas como consecuencia de faltas graves o gravísimas, no contraviene ninguna norma superior, toda vez que la regulación en esa dirección, forma parte de las materias propias de la competencia normativa del legislador, de conformidad con la facultad para establecer el régimen de responsabilidad de los particulares que desempeñen funciones públicas y de los servidores públicos, consagrada en los artículos 123 y 124 de la Constitución Política. || Con respecto al cargo formulado por el demandante, acerca de la vulneración al debido proceso, el Ministerio de Justicia y del Derecho manifiesta que los servidores públicos están sujetos en sus actuaciones a la potestad disciplinaria, de tal forma que si no cumplen con los preceptos constitucionales y/o legales, se hacen acreedores a sanciones disciplinarias principales y accesorias, las cuales sólo pueden surgir a la vida jurídica por la comisión de una falta, como lo expresó esta Corporación en la sentencia C-631 de 1996 y que, para el evento de la sanción disciplinaria para ejercer cargos públicos, se encuentra claramente tipificada en el artículo 30 de la Ley 200 de 1995.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-111 de 1998

COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL - GOBIERNO, Límites al dictar decretos leyes - INHABILIDADES PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA RAMA JUDICIAL, Constitucionalidad - PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA, Alcance - REGIMEN DISCIPLINARIO, Contenido - RESERVA LEGAL EN MATERIA DE INHABILIDADES. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3 del Decreto 1888 de 1989, 1 del Decreto 2281 de 1989 y 43 de la Ley 200 de 1995 - [Resumen automatizado: En el caso objeto de análisis, si bien son distintos los campos de la disciplina del servidor público y de las inhabilidades del mismo para efectos del ejercicio de facultades extraordinarias -pues la validez del decreto ley depende de su preciso encuadre en la norma habilitante-, tales áreas pueden hacer parte de una unidad normativa concebida por el legislador (ley del Congreso) al regular de manera general un aspecto del servicio público, en cuanto -como en el caso presente ocurre- sea posible definir la interrelación entre ellas.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-095 de 1998

DERECHO DISCIPLINARIO, Contenido - PODER DISCIPLINARIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS - REVOCATORIA DIRECTA, Naturaleza - SERVIDOR PÚBLICO, Destinatarios de la potestad disciplinaria. Inhabilidades. Acción pública de inconstitucionalidad contra el inciso 1o. del artículo 113 de la Ley 200 de 1995 - [Resumen automatizado: del artículo 113 de la Ley 200 de 1995 viola las normas superiores mencionadas, por cuanto con la improcedencia que allí se establece para solicitar la revocatoria directa, se niega en forma rotunda la oportunidad que tiene el servidor público, sujeto a esa normatividad, para demostrar su inconformidad respecto de la sanción disciplinaria que le ha sido impuesta, puesto que se le impide el ejercicio de su derecho de defensa en el evento de que haya hecho uso de los recursos ordinarios, con claro desconocimiento de lo dispuesto por el artículo 71 del Decreto 01 de 1984, que la consagra en cualquier tiempo y sin prescripción alguna, inclusive en relación con los actos en firme o aún cuando se haya acudido a los tribunales contenciosos administrativos, siempre que en este último caso no se haya dictado auto admisorio de la demanda.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-057 de 1998

CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO, Contratistas no son destinatarios - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, Competencia preventiva en materia disciplinaria - FUNCIONARIO Y EMPLEADO DE LA RAMA JUDICIAL, Poder disciplinario preferente de Procuraduría o Consejo Superior - PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, Ejercicio del poder disciplinario preferente - PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, Excepciones al ejercicio del poder disciplinario preferente - SANCION DISCIPLINARIA, Competencia para hacerla efectiva. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 94 (parcial) de la Ley 200 de 1995 - [Resumen automatizado: Si al legislador le compete, en desarrollo de la potestad contenida en el artículo 124 de la Carta, "determinar la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva", bien puede señalar cuál es la autoridad competente para ejecutar las sanciones disciplinarias que se les impongan y, por ende, el procedimiento que debe seguirse para cumplir esa función, tanto en el ámbito del control interno como en el externo, siempre y cuando no se viole la Constitución, pues a pesar de que ella no regula aspectos atinentes a la efectividad de las sanciones, puede ocurrir que se infrinjan otros cánones superiores. || Considera la Corte que si al legislador le compete, en desarrollo de la potestad contenida en el artículo 124 de la Carta, "determinar la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva", bien puede señalar cuál es la autoridad competente para ejecutar las sanciones disciplinarias que se les impongan y, por ende, el procedimiento que debe seguirse para cumplir esa función, tanto en el ámbito del control interno como en el externo, siempre y cuando no se viole la Constitución, pues a pesar de que ella no regula aspectos atinentes a la efectividad de las sanciones, puede ocurrir que se infrinjan otros cánones superiores.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-044 de 1998

Investigación. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 57 (parcial) y 61 (parcial) de la Ley 200 de 1995 - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por su Presidente Antonio Barrera Carbonell y por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa || La libelista estima que la disposición contenida en el artículo 61 de la Ley 200 de 1995 determina una proliferación de los funcionarios competentes para fallar los procesos disciplinarios relativos a faltas graves y gravísimas en primera instancia, toda vez que, a la luz del Decreto-Ley 1050 de 1968, un jefe de dependencia puede ser jefe de división, director, secretario general, viceministro, ministro, etc., mientras que el artículo 48 del Código Disciplinario Único pretendía, precisamente, concentrar la competencia para fallar procesos disciplinarios en primera instancia en la oficina de control interno de las entidades públicas. || En opinión del apoderado del Departamento Administrativo de la Función Pública, la demandante realiza una interpretación errónea del artículo 48 de la Ley 200 de 1995 al concluir que la oficina de control interno tiene competencia para fallar en primera instancia los procesos disciplinarios.]

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1997

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-656 de 1997

DERECHO DISCIPLINARIO, Conformación - INHABILIDADES ELECTORALES, Alcance general - PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA, Ley disciplinaria puede regular inhabilidades. Demandas de inconstitucionalidad contra los numerales 4° y 5° del artículo 44 de la Ley 200 de 1995 - [Resumen automatizado: En lo que hace referencia al artículo 44-5 de la Ley 200 de 1995, la vista fiscal considera que su inclusión dentro del Código Disciplinario Unico no vulnera el principio de la unidad de materia porque existe una conexidad directa entre las consecuencias disciplinarias y los efectos jurídicos propios de las inhabilidades establecidas por el legislador; pero que la expresión "…en cualquier época y por autoridad competente hayan sido excluidos en el ejercicio de una profesión o…" contenida en dicho numeral, sí es contraria a la Constitución Política porque establece una inhabilidad sin límite temporal para ser elegido diputado o concejal, desconociendo el contenido del artículo 40-7 de la Carta Fundamental que consagra el derecho de acceder a los cargos públicos. || En la Sentencia No. C-564 de 1997 (M.P. doctor Antonio Barrera Carbonell), con motivo de la demanda de inconstitucionalidad que se presentó contra el numeral 5° del artículo 44 de la ley 200 de 1995, Código Disciplinario Unico (CDU), esta Corporación declaró su exequibilidad sin limitar tal declaración a los cargos allí formulados ni a las disposiciones constitucionales invocadas, con lo cual ha de entenderse que la disposición se confrontó con todo el ordenamiento Superior como lo dispone el artículo 22 del Decreto 2067 de 1991.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-655 de 1997

COMPETENCIA, Asignación a diferentes órganos del Estado - COMPETENCIA, Calidades - COMPETENCIA RESIDUAL, Adecuación a la Constitución - COMPETENCIA RESIDUAL, Investigación de faltas disciplinarias - COMPETENCIA RESIDUAL EN INVESTIGACION QUE REALICE PROCURADURIA. Investigación de falta. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 72 de la Ley 201 de 1995 - [Resumen automatizado: Si bien la competencia, en la norma demandada, no está concretamente determinada sí es perfectamente determinable, con lo cual se cumple con el mandato constitucional contenido en el artículo 29, pues el funcionario competente de la Procuraduría para investigar y sancionar las faltas disciplinarias que se cometan por los empleados al servicio del Estado, ha sido previamente señalado por el legislador. || La disposición demandada única y exclusivamente se aplica en los casos en que la investigación disciplinaria la deba adelantar la Procuraduría General de la Nación, pues en el supuesto de que sea la misma entidad a la que presta sus servicios el empleado público, las normas que regulan la competencia están contenidas en otros estatutos como el Código Disciplinario Unico y algunos ordenamientos especiales, dependiendo de la calidad del funcionario objeto de investigación, verbi gratia, si es un empleado que pertenece a las Fuerzas Militares o la Policía Nacional, o de aquellos que gozan de fuero especial. || Obsérvese, entonces, que si bien la competencia, en la norma demandada, no está concretamente determinada sí es perfectamente determinable, con lo cual se cumple con el mandato constitucional contenido en el artículo 29, pues el funcionario competente de la Procuraduría para investigar y sancionar las faltas disciplinarias que se cometan por los empleados al servicio del Estado, ha sido previamente señalado por el legislador.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-650 de 1997

Significado de control interno. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 49 (parcial) de la Ley 200 de 1995 - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por su Presidente Antonio Barrera Carbonell, y por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa || 3. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Departamento Administrativo de la Función Pública solicitaron a la Corte la declaración de exequibilidad de la disposición acusada. || La Ley 200 de 1995, de la cual hace parte la norma demandada, es explícita en definir el sentido de la expresión acusada, toda vez que en el artículo 49 señala que el control interno se refiere a la oficina encargada de la función disciplinaria, de suerte que desaparece todo asomo de confusión conceptual por parte del legislador. || En efecto, el primer artículo citado dispone que, cuando quiera que en la Ley 200 de 1995 aparezca la expresión "control interno", debe entenderse por ella la oficina o dependencia encargada del ejercicio de la función disciplinaria. || Se impone, por tanto, la inhibición de la Corte, puesto que la construcción del cargo de inconstitucionalidad se basa en una interpretación del precepto legal que en modo alguno se deduce de su texto ni de la ley demandada.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-616 de 1997

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 166, 167 y 172 (todos parcialmente) del Decreto 100 de 1980; 27, 46, 266, 279, 282, 285, 287, 288, 292, 295, 316, 393, 432 (todos parcialmente) del Decreto 2700 de 1991; 94 (parcial) de la Ley 136 de 1994; 524, 528 y 529 (todos parcialmente) del Decreto 2550 de 1988; 71 y 129 (todos parcialmente) de la Ley 200 de 1995; 37 (parcial) del Decreto 2591 de 1991, y 47, 55, 75, 78, 80, 92, 101, 133, 161, 192, 202, 208, 211, 212(total), 222, 223, 227, 228, 236, 243, 273, 274, 298, 299, 315, 318, 320, 338, 417, 418, 446, 476, 495, 513, 514, 570, 592, 600, 620, 659 y 681 (todos parcialmente) del Código de Procedimiento Civil. - [Resumen automatizado: Admitida la demanda contra las demás normas, se ordenaron las comunicaciones constitucionales y legales correspondientes, se fijó en lista el negocio en la Secretaría General de la Corporación para efectos de la intervención ciudadana y se dio traslado al procurador general de la Nación, quien rindió el concepto de su competencia sobre los artículos demandados, excepto sobre los que hacen parte de Código Penal Militar, por declararse impedido para hacerlo por haber formado parte de la Comisión redactora de dicho estatuto. || Para determinar la competencia en los hecho punibles contra el patrimonio económico, la cuantía y el monto de la indemnización, podrá ser la que fije el perjudicado bajo la gravedad del juramento, siempre y cuando no sea impugnada durante la investigación por cualquiera de los sujetos procesales, caso en el cual el funcionario judicial decretará la prueba pericial para establecerla. || Cuando el interesado en una notificación personal manifieste bajo juramento, que se considerará prestado por la presentación de la solicitud, que ignora la habitación y el lugar de trabajo de quien debe ser notificado personalmente, y que éste no figura en el directorio telefónico, o que se encuentre ausente y no conoce su paradero, el Juez ordenará el emplazamiento de dicha persona por medio de edicto en el cual se expresará la naturaleza del proceso, el nombre de las partes y la prevención de que se le designará curador Ad Litem sino comparece en oportunidad.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-564 de 1997

INHABILIDADES, Finalidad - INHABILIDADES, No exclusión del ejercicio de la profesión - INHABILIDADES DEL DIPUTADO Y CONCEJAL, Por haber sido empleados públicos a trabajadores oficiales - INHABILIDADES DEL DIPUTADO Y CONCEJAL - INHABILIDADES INTEMPORALES, Improcedencia - INHABILIDADES TEMPORALES, Inconstitucionalidad - LIBERTAD PERSONAL. Acción de inconstitucionalidad contra la Ley 200 DE 1995 Articulo 44, Numeral 5 - [Resumen automatizado: En oportunidad legal, el señor Procurador General de la Nación se pronunció sobre la demanda presentada y solicitó a esta Corporación declarar exequible el numeral 5 del artículo 44 de la Ley 200 de 1995, salvo la expresiones “…en cualquier época y por autoridad competente hayan sido excluidos en el ejercicio de una profesión o…” que considera inconstitucionales, con fundamento en los siguientes argumentos: || El análisis de la sentencia C-454 de 1993, permite establecer que “la norma sometida a examen de constitucionalidad, no revive la prohibición declarada inexequible, pues el artículo 44-5 de la Ley 200 de 1995, establece una inhabilidad para los empleados públicos o trabajadores oficiales que aspiren a ser elegidos diputados o concejales, pero no les está prohibiendo formar parte de comités o directorios políticos". || La norma acusada establece como incompatibilidad, que no podrán ser elegidos diputados ni concejales quienes dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de elección hayan sido empleados públicos o trabajadores oficiales, ni quienes en cualquier época y por autoridad competente hayan sido excluidos en el ejercicio de una función ni se encuentren en interdicción para la ejecución de funciones públicas.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-430 de 1997

DERECHO DISCIPLINARIO, Contenido - INDAGACION DISCIPLINARIA, Contenido - PRINCIPIO DE CONTRADICCION PROBATORIA EN PROCESO DISCIPLINARIO - PROCESO DISCIPLINARIO, Etapas - PROCESO DISCIPLINARIO, Oportunidad para controvertir la prueba - PROCESO DISCIPLINARIO, Oportunidad para rendir exposición espontánea - QUEJA EN PROCESO DISCIPLINARIO. Acción de inconstitucionalidad contra los Artículos 77 (parcial), 130 (parcial) y 147 (parcial) de la Ley 200 de 1995 - [Resumen automatizado: Negarle al disciplinado o investigado la posibilidad de acceder al informativo, alegando que sólo se le puede permitir dicho acceso a partir del momento en que sea escuchado en versión espontánea o desde la notificación de cargos, según los términos del numeral 2 del artículo 77 acusado, es una conducta que desconoce los derechos de contradicción y defensa del disciplinado en cuanto le impide a este conocer las pruebas allegadas en su contra, entre éstas, el escrito de queja o su eventual ampliación. || - El demandante encuentra una evidente contradicción de los artículos 77 y 130 de la ley 200/95 con el artículo 80 de la misma ley, porque mientras el numeral 2 del primer artículo dispone que el investigado tendrá acceso al informativo disciplinario a partir del momento en que sea escuchado en versión espontánea o desde la notificación de los cargos, y el 130 señala que se podrá controvertir la prueba a partir de la notificación del auto que ordena la investigación disciplinaria, el artículo 80 es mucho más amplio, al punto que extiende la facultad del investigado para controvertir las pruebas que se alleguen en su contra y solicitar las que estime el caso, tanto en la etapa de la indagación preliminar como en la de la investigación disciplinaria.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-381 de 1997

Incremento patrimonial ilícito de servidor público o particular con funciones públicas. Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 4° del artículo 25 de la Ley 200 de 1995 - [Resumen automatizado: Según los demandantes, la norma acusada es violatoria de los principios constitucionales arriba señalados, porque no hace distinción alguna entre el incremento patrimonial obtenido por medios lícitos y el que deriva de una actividad ilegal, omisión esta que conduciría a considerar como constitutivo de falta "gravísima" en materia disciplinaria, cualquier incremento en el patrimonio de los servidores públicos o de los particulares que ejerzan funciones públicas. || En la oportunidad legal, el señor procurador general de la Nación se pronunció sobre la demanda presentada por el actor y solicitó a esta Corporación que, si a la fecha de emisión del fallo no había sido proferido el que, con relación a la misma norma, fue radicado en la Corte Constitucional con el número 1515, se declare la constitucionalidad de la norma acusada de acuerdo con los argumentos que se enuncian a continuación. || Por dirigirse la demanda contra una disposición que forma parte de una ley de la República, es competente la Corte Constitucional para decidir sobre su constitucionalidad, según lo prescribe el artículo 241 de la Carta Fundamental. || Carlos Gaviria Díaz), declaró la exequibilidad del numeral 4º del artículo 25 de la Ley 200 de 1995, "bajo el entendido de que el incremento patrimonial debe ser aquél que no tiene causa justificada, o es indebido o ilícito".]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-310 de 1997

ACUSACION DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES ANTE EL SENADO, Sujetos pasibles - CAUSALES DE MALA CONDUCTA EN CODIGO DISCIPLINARIO UNICO - CAUSALES DE MALA CONDUCTA POR FUNCIONARIOS DE ALTA INVESTIDURA, Tarea legislativa - CULPABILIDAD, Responsabilidad plena - ESTATUTO ESPECIAL, Inclusión normas generales por legislador - FALTAS GRAVISIMAS EN CODIGO DISCIPLINARIO UNICO - INCREMENTO PATRIMONIAL ILICITO DEL SERVIDOR PUBLICO, Acción disciplinaria - PENAS EN PROCESO PENAL Y DISCIPLINARIO - PRINCIPIOS RECTORES DEL PROCESO DISCIPLINARIO, Identificación con independencia del régimen - REGIMEN DISCIPLINARIO ESPECIAL DE MIEMBROS FUERZA PUBLICA, Facultad legislativa de establecerlo - REGIMEN DISCIPLINARIO ESPECIAL DE MIEMBROS FUERZA PUBLICA, Observancia principios rectores del código disciplinario único - REGIMEN DISCIPLINARIO ESPECIAL DE MIEMBROS FUERZA PUBLICA, Procedimiento único - REGIMEN ESPECIAL DE CARACTER DISCIPLINARIO, Prevalencia - SANCION ACCESORIA DE INHABILIDAD PARA EJERCER FUNCION PUBLICA - SANCION EN MATERIA DISCIPLINARIA Y PENAL, Potestad del legislador para establecerla - SANCIONES ACCESORIAS EN CODIGO DISCIPLINARIO UNICO. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 25-4, 26 inciso primero (parcial), 30-1, y 175 (parcial) de la Ley 200 de 1995 - [Resumen automatizado: La norma demandada parcialmente, deja vigentes las disposiciones disciplinarias de carácter sustantivo que rigen a la Fuerza Pública y que están contenidas en tales estatutos especiales, disponiendo que éstas deberán aplicarse con observancia de los principios rectores contenidos en el Código Disciplinario Unico y siguiendo el procedimiento señalado en el mismo, lo cual no vulnera la Constitución, pues la remisión en estos aspectos no significa desconocimiento del régimen especial. || - El inciso primero del artículo 26, tampoco lesiona norma superior alguna, por cuanto no extiende el fuero constitucional a otros funcionarios distintos de los señalados en la Carta, "solamente esta norma está determinando que las faltas consideradas gravísimas para efectos de la sanción son causales de mala conducta para los efectos previstos en el artículo 175 numeral 2o. || del artículo 30, demandado, no lesiona las normas constitucionales, pues de la simple lectura del artículo 17 de la ley, se advierte que quedan inhabilitados los servidores públicos a que alude el inciso primero del artículo 123 de la Constitución, "cuando sean condenados por delitos contra el patrimonio económico del Estado y cada tipo penal trae la sanción aplicable a quienes incurran en esta conducta y, en el respectivo fallo como lo trae la misma ley, deberá determinar el tiempo durante el cual el servidor público sancionado quede inhabilitado para ejercer cargos públicos.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-210 de 1997

Código Disciplinario Único, derogación de disposiciones anteriores - Demanda de inconstitucionalidad contra los Artículos 125 y 186 de la Ley 115 de 1994 - [Resumen automatizado: Se consagra un privilegio para acceder a los establecimientos educativos estatales, por razones que no corresponden a los méritos académicos personales del aspirante, sino a una situación externa a ellos, como el ser hijos de personal de educadores, directivo o administrativo, o hijos de los miembros de las fuerzas armadas y de la policía nacional, muertos en servicio activo. || En el estudio del artículo 186 demandado, los argumentos transcritos son totalmente aplicables a este artículo, pues en éste se consagra un privilegio para acceder a los establecimientos educativos estatales, por razones que no corresponden a los méritos académicos personales del aspirante, sino a una situación externa a ellos, como el ser hijos de personal de educadores, directivo o administrativo, o hijos de los miembros de las fuerzas armadas y de la policía nacional, muertos en servicio activo. || 1- Según la Corte, este beneficio de educación gratuita es incompatible con la Carta porque el inciso cuarto del artículo 67 de la Carta habría establecido el estudio gratuito en todos los establecimientos del Estado, por lo cual la norma es inexequible ya que "consagra una distinción que la Constitución no hace." Como vemos, el fundamento de la sentencia reposa en dos premisas de la cual se deriva una conclusión, argumentación que podríamos formalizar así:]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-156 de 1997

Conocimiento proceso disciplinario contra Procurador. Norma acusada: Artículo 66 (parcial) de la Ley 200 de 1995 - [Resumen automatizado: La Corte Constitucional de la República de Colombia, integrada por su Presidente Antonio Barrera Carbonell, y por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa || 1. Conocerán del proceso disciplinario que se adelante contra el Procurador General de la Nación, en única instancia y mediante el procedimiento ordinario previsto en este código, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y en el evento de que haya sido postulado por esta Corporación, lo hará la Sala Plena del Consejo de Estado. || "SEGUNDO.- En los términos de esta sentencia, declarar EXEQUIBLES la expresión "conocerán del proceso disciplinario que se adelanta contra el Procurador General de la Nación, en única instancia y mediante el procedimiento ordinario previsto en este Código..." || ESTARSE A LO RESUELTO por la Corte Constitucional en sentencia No. C-594 de noviembre 6 de 1996, que declaró exequible la expresión "conocerán del proceso disciplinario que se adelanta contra el Procurador General de la Nación, en única y mediante el procedimiento ordinario previsto en este Código", contenida en el inciso primero del numeral primero del artículo 66 de la Ley 200 de 1995.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-88 de 1997

[Resumen automatizado: Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios del proceso a que da lugar la acción pública de inconstitucionalidad, procede la Corte a decidir de mérito sobre la demanda formulada por el ciudadano Miguel Villalobos Chavarro, contra el artículo 79 del Decreto-Ley 2584 de 1993, con fundamento en la competencia que le otorga el artículo 241-4 de la Constitución Política. || Cuando la falta investigada afecte el prestigio institucional, la autoridad que ordenó la investigación o el investigador podrán solicitar al Ministerio de Defensa o Director General de la Policía Nacional, según el caso, la suspensión disciplinaria hasta por sesenta (60) días sin derecho a sueldo, de la persona que esté siendo investigada; medida que puede solicitarse a partir del momento en que se tuvo conocimiento de la comisión de la falta." || No se vulnera el derecho al debido proceso, por la alegada indeterminación de la autoridad a quien debe solicitarse la suspensión provisional, porque es obvio que la norma se refiere al nominador que es el competente para adoptar tal decisión, quien para el caso puede ser el Ministro de Defensa o el Director Nacional de la Policía.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-012 de 1997

APELACION EN PROCESO DISCIPLINARIO, Alcance - PRINCIPIO NO REFORMATIO IN PEJUS EN PROCESOS DISCIPLINARIOS, Alcance - UNIDAD NORMATIVA, Conexidad. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 158 de la ley 200 de 1995 - [Resumen automatizado: Esta prohibición se desconoce si el superior, por regla general, está facultado para proceder frente al recurso del apelante único como si estuviera frente a las apelaciones de partes con intereses contrapuestos, pues, en estos últimos casos el ad quem sí puede volver a examinar toda la sentencia recurrida, sin limitarse sólo a los aspectos desfavorables al recurrente. || En opinión del demandante, la norma impugnada viola los artículos 6, 29 y 31 de la Constitución, porque permitir que el funcionario de segunda instancia revise el proceso disciplinario en su integridad, es autorizarlo para reformar y enmendar la providencia recurrida, "aún con perjuicio para el apelante único en aquellos aspectos no impugnados por éste y que le sean favorables, hasta permitir agravar la pena impuesta como sanción disciplinaria". || El claro sentido de las normas en mención, esto es, permitir que por regla general se pueda agravar la pena impuesta al apelante único, excepto cuando haya una pluralidad de reclamaciones diferentes, afecta la prohibición constitucional de la reformatio in pejus, consagrada en el inciso final del artículo 31 de la Carta así:]

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1996

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-630 de 1996

COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL, Destinatarios régimen disciplinario - SENTENCIA INHIBITORIA, Ineptitud sustancial de demanda. Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 200 de 1995 - [Resumen automatizado: De allí que se haya establecido, como requisitos para la admisión de la demanda de inconstitucionalidad y para el fallo, cuando la Corte considere del caso seguir el proceso, "el señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas" y "las razones por las cuales dichos textos se estiman violados". || Ambos preceptos fueron declarados exequibles por esta Corte, mediante Sentencia C-280 del 25 de junio de 1996 (M.P.: Dr. Alejandro Martínez Caballero), sin establecer ningún tipo de restricciones a los alcances de la exequibilidad declarada, motivo por el cual ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, que, al tenor de lo dispuesto por el artículo 243 de la Constitución, impide toda nueva decisión sobre la materia. || De allí que el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991 haya establecido, como requisitos para la admisión de la demanda de inconstitucionalidad y para el fallo, cuando la Corte considere del caso seguir el proceso, "el señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas" y "las razones por las cuales dichos textos se estiman violados".]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-627 de 1996

DEFENSOR DE OFICIO, Persona declarada ausente - JUZGAMIENTO EN AUSENCIA, Intervención del imputado - NOTIFICACION POR EDICTO DE PERSONA AUSENTE - NOTIFICACION POR EDICTO EN PROCESO DISCIPLINARIO, Subsidiariedad - PROCESO DISCIPLINARIO CONTRA PROCURADOR GENERAL DE LA NACION, Decisión de naturaleza administrativa. Acción de inconstitucionalidad contra: Artículo 21 (parcial) de la Ley 228 de 1995; Artículos 87 (parcial), 152 (parcial), y 154 de la Ley 200 de 1995; Artículo 75 del Decreto 196 de 1971 - [Resumen automatizado: Ello implica que se deben emplear todos los medios idóneos al alcance del funcionario para lograr este propósito y sólo, cuando el imputado no comparece y su captura ha sido fallida, se procede a la fijación del edicto a que alude la norma acusada, a hacer su declaración de persona ausente y a nombrarle defensor de oficio. || 1. Los suscritos presentamos un salvamento de voto a la sentencia C-594/96, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, en la cual se declararon exequibles algunas expresiones demandadas del artículo 66 de la ley 200 de 1995, que regula la competencia y el trámite para el conocimiento del proceso disciplinario contra el Procurador General de la Nación.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-614 de 1996

Vigencia del Código Único Disciplinario. Acción de inconstitucionalidad contra el Artículo 177 -parcial- de la Ley 200 de 1995 - [Resumen automatizado: La demanda fue admitida en forma parcial contra el artículo 177 de la mencionada ley, dado que los cargos formulados por el actor se contraían a dicho precepto; además, se ordenó fijar en lista el negocio en la Secretaría General de la Corte, enviar copia de la demanda al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de su competencia y realizar las comunicaciones exigidas constitucional y legalmente. || En razón a que el concepto de la violación expresado por el demandante sólo se dirige contra uno de los contenidos normativos del inciso primero del artículo 177 de la Ley 200 de 1995, cual es el de la derogatoria de las disposiciones especiales que regulan materias disciplinarias de los servidores públicos, la decisión que adopte la Corte se concretará al mismo y, en consecuencia, se declarará inhibida para pronunciarse de fondo en relación con los demás apartes del artículo acusado, en aplicación del criterio establecido por esta Corporación, en forma reiterada, según el cual:"...presentar en debida forma una demanda implica no sólo transcribir la norma legal acusada sino también que el actor formule las razones por las cuales dichos textos se estiman violados.".[2]]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-594 de 1996

FUERO LEGAL DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION, Juzgamiento disciplinario - PROCESO DISCIPLINARIO, Naturaleza administrativa - PROCURADOR GENERAL DE LA NACION, Juzgamiento disciplinario administrativo - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, Procedimiento disciplinario de juzgamiento. Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 66 (parcial) de la Ley 200 de 1995 - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional integrada por su Presidente Carlos Gaviria Díaz y por los Magistrados, Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo, Ciro Angarita Barón, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa || 1º- Conocerán del proceso disciplinario que se adelanta contra el Procurador General de la Nación, en única instancia y mediante el procedimiento ordinario previsto en este Código, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y en el evento de que haya sido postulado por esta Corporación, lo hará la Sala Plena del Consejo de Estado. || 2. "(N)o podía el legislador atribuirle competencia de investigación y juzgamiento disciplinario a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para llenar un supuesto vacío constitucional, pues, como quedó establecido, el Procurador General de la Nación, como supremo Director del Ministerio Público, goza, a la luz de lo ordenado por el artículo 280 de la Carta Política, de los mismos derechos y garantías de los Magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes ejerce el cargo, como es el caso de los derechos y garantías de que gozan los Magistrados de la Corte Constitucional ante quienes debe obligatoria e indelegablemente, por ordenarlo así el numeral 5º del artículo 278 de la Constitución Política, 'rendir concepto en los proceso de control de constitucionalidad',...]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-559 de 1996

INCOMPATIBILIDADES DEL GOBERNADOR Y ALCALDE, Defensa intereses. Demanda de inconstitucionalidad contra el literal b) del numeral 1) del artículo 44 de la Ley 200 de 1995 - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional integrada por su Presidente Carlos Gaviria Díaz y por los Magistrados, Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa || "Por lo demás, respecto de los otros servidores públicos - gobernadores, diputados y alcaldes - mencionados en el artículo 44, numeral 1º, y que no fueron incluidos en la demanda, debe anotarse que la incompatibilidad descrita en el literal b) sigue vigente, al igual que las demás establecidas en la Constitución y en la ley. || La Corte consideró, y así lo expuso en la parte resolutiva, que la incompatibilidad de que trata el literal b del numeral 1° del artículo 44, en cuanto a los concejales y miembros de las juntas administradoras locales se refiere, no impedía el ejercicio de la abogacía por parte de estos servidores, de conformidad con las restricciones y excepciones establecidas en otras disposiciones vigentes. || 4. El numeral 1° del artículo 44 de la Ley 200 de 1995 establece que la incompatibilidad de que trata el literal b) del mismo numeral se aplica a gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y a miembros de las juntas administradoras locales.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-426 de 1996

INCOMPATIBILIDADES DEL DIPUTADO, Ejercicio abogacía en asuntos del departamento - INCOMPATIBILIDADES DEL SERVIDOR PUBLICO, Función. Acción pública de inconstitucionalidad contra el literal b) del numeral 1o. del artículo 44 de la Ley 200 de 1995 - [Resumen automatizado: Lo que la disposición establece es que quien acceda por voto popular al cargo de Diputado, sea abogado o profesional en otra ciencia, no puede ejercer simultáneamente otra actividad que interrumpa y afecte el ejercicio de su cargo, ni tampoco aceptar o desempeñar empleo alguno en la administración pública, ni ser apoderado o gestor ante entidades públicas o autoridades administrativas o jurisdiccionales del respectivo departamento, ni celebrar contratos con estas, con el propósito de evitar un conflicto de intereses entre la Administración y el miembro de la respectiva corporación pública, de forma tal que el interés general prime sobre el particular, así como de garantizar que quienes en el ámbito departamental ostenten la calidad de servidor público y la representación de la comunidad, se dediquen íntegramente a la gestión pública que han asumido como Diputados a la Asamblea Departamental, a fin de lograr la eficiencia y moralidad de la administración seccional.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-386 de 1996

Congreso de la República - Publicidad de sus actos. Voceros - Intervención en proyectos de ley. Mesas directivas de las Cámaras - Facultad de reglamentación. Control político. Alcance de funciones judiciales. Congresista - Fuero. Detención preventiva. Suspensión del cargo. Medidas de aseguramiento. Normas acusadas: Artículos 88, 219 (parcial). 230 (parcial), 258, 259, 260, 267 (parcial), 277 (parcial), 327 (parcial), 331 (parcial), 334 (parcial), 337, 340 (parcial), 345 (parcial), 364 (parcial) de la Ley 5º de 1992 - [Resumen automatizado: Siendo así las cosas, adquiere pleno sentido la regla según la cual el reo en estos procesos sólo es suspendido del cargo una vez admitida la acusación por el Senado pues, como durante el juicio en las Cámaras no hay lugar a que el alto dignatario sea detenido, por cuanto no puede el Congreso dictar tal medida, no existe ninguna posibilidad de que sea necesario suspender a la persona de su cargo para poder hacer efectiva esa medida, lo cual no sucede en los procesos que son adelantados ante los funcionarios penales naturales, pues éstos tienen la posibilidad de dictar un auto de detención.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-341 de 1996

AUTONOMIA DEL BANCO DE LA REPUBLICA, Límites - BANCO DE LA REPUBLICA, Naturaleza de los trabajadores - BANCO DE LA REPUBLICA, Régimen disciplinario especial para empleados - CODIGO DISCIPLINARIO UNICO, Destinatarios - DERECHO DISCIPLINARIO, Concepto - EMPLEADOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA, Aplicación del Código Disciplinario - EMPLEADOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA, Aplicación del Código Disciplinario. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 20 (parcial) de la Ley 200 de 1995 - [Resumen automatizado: 38 de la ley 31/92 definió la naturaleza jurídica de las relaciones de trabajo entre el Banco y sus servidores, en el sentido de que las personas que bajo las condiciones de exclusividad o subordinación laboral desempeñan labores propias del Banco de la República, u otras funciones que al mismo le atribuyen las leyes, decretos y contratos vigentes, son trabajadores clasificados en dos categorías: con excepción del Ministro de Hacienda y Crédito Público, los demás miembros de la Junta Directiva tienen la calidad de funcionarios públicos y su forma de vinculación es de índole administrativa; los demás trabajadores del Banco continuarán sometidos al régimen laboral propio consagrado en dicha ley, en los estatutos del Banco, en el reglamento interno de trabajo, en la convención colectiva, en los contratos de trabajo y en general a las disposiciones del Código Sustantivo de Trabajo que no contradigan las normas especiales contenidas en la referida ley.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-338 de 1996

CONSULTA, Término máximo para decidir. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 109 de la Ley 200 de 1995 - [Resumen automatizado: - La norma acusada, agrega el Viceprocurador, no viola la Constitución, por la circunstancia de que se consagre un lapso de seis meses al superior jerárquico para proveer "porque la decisión del inferior no está ejecutoriada sino se desata la consulta, por lo que la mora en decidirla implica la clausura del grado jurisdiccional sobre la sentencia y la investigación disciplinaria al responsable moroso", de modo que se opera una especie de silencio administrativo positivo, en virtud del cual la providencia consultada adquiere firmeza. || No obstante la confusa redacción de la demanda en punto al concepto de la violación, la Corte interpreta que los demandantes consideran que la norma acusada viola el debido proceso, porque: la norma acusada prolonga la definición del proceso disciplinario, en razón de la consulta, por el término de seis (6) meses adicionales de los cuales dispone el superior de quien falló el proceso para decidir ésta; se viola el principio de la cosa juzgada, al instituir la consulta con respecto a una decisión ya adoptada; se vulnera el principio de la reformatio in pejus, dado que si la decisión es de no sancionar la administración hace mas gravosa la situación del investigado, cuando impone la sanción o la incrementa, pues si éste resulta sancionado cuenta con el recurso de apelación y, por último, de admitirse la consulta se desconoce el principio indubio pro reo que exige resolver toda duda en favor del procesado.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-326 de 1996

Incompatibilidades. Acción de inconstitucionalidad contra el art. 44 num. 1o. literal b) de la Ley 200 de 1995 - [Resumen automatizado: En su concepto, la incompatibilidad que consagra la norma acusada viola el derecho al trabajo que tienen los abogados que pertenecen a aquellas corporaciones en razón a que instituye una violación en detrimento de los concejales y miembros de juntas administradoras locales consistente en ser apoderado o gestor ante autoridades administrativas o jurisdiccionales, impidiéndoles el aprovechamiento del tiempo libre. || Concluye el concepto, considerando que atendiendo a la incorporación de causales de excepción dentro del régimen de incompatibilidades de los servidores públicos del orden local, de las disposiciones del Código Disciplinario, en lo pertinente no se deriva una contradicción con preceptos de índole constitucional por lo cual habrá de solicitarse a la H. || No obstante las consideraciones que preceden, encuentra la Corte Constitucional que el literal b) del numeral 1 artículo 44 de la ley 200 de 1995, ya fue objeto de examen en esta Corte y sobre él recayó sentencia de mérito proferida por la Sala Plena dentro del proceso D-1099 (Sentencia C-307 de julio 11 de 1996), en la que fue Magistrado Ponente el doctor Vladimiro Naranjo Mesa, mediante la cual se declararon exequibles las expresiones acusadas.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-317 de 1996

ACTIVIDAD DOCENTE, Alcance de la excepción - ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA, Incorporación de normas - INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PUBLICO, Normas sobre contratación - SERVIDOR PUBLICO, Excepciones al régimen de deberes e incompatibilidades. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 40 (parcial) y 44 (parcial) de la ley 200 de 1995, y los artículos 6 (parcial) y 35 (parcial) de la ley 201 de 1995 - [Resumen automatizado: Así entonces, encuentra la Corte, con fundamento en el artículo 13 de la Constitución Política, que la excepción al régimen de deberes e incompatibilidades contenida en los artículos 40 y 44 de la ley 200 de 1995 y 6° de la ley 201 del mismo año, debe aplicarse sin discriminación alguna a aquellos servidores públicos que ejerzan la docencia, independientemente del nivel educativo en el que la desarrollen, razón por la cual se procederá en la parte resolutiva del presente fallo, a declarar inexequible la palabra “universitaria”. || En relación con la supuesta desigualdad -discriminación- en que según el actor se encuentran las unidades administrativas especiales frente al Instituto de Estudios de la Procuraduría General de la Nación, cabe decir, que los argumentos anteriormente expuestos son válidos para rechazar la alegada discriminación, por cuanto no sólo las normas vigentes del decreto 591 se entienden incorporadas al estatuto general de contratación, sino porque, además, su aplicación se encuentra plenamente justificada en la labor científica y tecnológica que desarrolla dicha entidad y que no adelantan las demás unidades administrativas especiales.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-307 de 1996

CODIGO DISCIPLINARIO UNICO - INCOMPATIBILIDADES DEL CONCEJAL Y MIEMBROS DE JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL, Ejercicio de profesion de abogado - INCOMPATIBILIDADES DEL CONCEJAL Y MIEMBROS DE JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL. Demanda de inconstitucionalidad (parcial) contra el literal b del numeral 1° del artículo 44 de la Ley 200 de 1995 - [Resumen automatizado: Las incompatibilidades establecidas para los concejales y miembros de las juntas administradoras locales señaladas en la Ley 136 de 1994 -"por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios"-, hacen parte integral del régimen disciplinario único, pues lejos de ser contrarias a su espíritu, son complementarias, en cuanto desarrollan la incompatibilidad que en forma general se encuentra descrita en el literal acusado. || Considera el demandante que la disposición impugnada contiene preceptos contrarios al espíritu de la Constitución Política (específicamente en lo relativo al derecho a la igualdad, al trabajo y a la libertad para escoger profesión u oficio), por cuanto dicha norma crea una incompatibilidad injusta entre el ejercicio de las funciones de Concejal Municipal o miembro de Juntas Administradoras Locales y las funciones de abogado, cuando éstas se ejercen como apoderado o gestor ante entidades o autoridades administrativas o jurisdiccionales. || Estima el actor que dicha incompatibilidad establece una clara discriminación entre los concejales o miembros de Juntas Administradoras que ejercen su profesión de abogados, y los que, ocupando el mismo cargo, se desempeñan en otras profesiones, pues a los primeros les resulta imposible ejecutar las actividades propias de su oficio, máxime cuando la ley no especifica cuáles son las entidades de tipo administrativo o jurisdiccional ante las cuales no pueden intervenir los mencionados funcionarios.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-286 de 1996

CODIGO DISCIPLINARIO UNICO, Destinatarios - FUNCIONES PUBLICAS POR PARTICULARES, Ejercicio permanente - REGIMEN DISCIPLINARIO, Aplicación. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 20 -parcial- de la Ley 200 de 1995 - [Resumen automatizado: El precepto acusado no está creando casos de actuación pública permanente a cargo de particulares -supuesto del cual parte el actor- sino reconociendo que, a la luz de la Constitución, ellas pueden darse y señalando como consecuencia la sujeción de quienes asuman su desempeño al régimen disciplinario que la Ley contempla. || Con arreglo al principio de legalidad, que surge claramente para los particulares del artículo 6º de la Constitución, y según el postulado del debido proceso, cuya vigencia estricta en los procesos disciplinarios ha proclamado la doctrina constitucional, la incorporación de los particulares que ejercen funciones públicas como sujetos pasibles del poder disciplinario no representa ni podría representar, so pena de flagrante oposición a los mandatos superiores, una norma abierta que de modo automático exponga a quien se halla en tal hipótesis al escrutinio arbitrario de su actividad por parte de los organismos que ejercen el poder disciplinario y a la expectativa de posibles procesos y sanciones ajenos a reglas legales predeterminadas o al derecho de defensa.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-280 de 1996

CODIGO DISCIPLINARIO UNICO, Contratistas no son destinatarios, Destinatarios, Regulación de inhabilidades - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - CREDITO, Improcedencia autorización del superior - DERECHOS DEL DISCIPLINADO, Designación apoderado - DOCUMENTO AUTENTICO, Improcedencia - FALTA DISCIPLINARIA, Beneficios por confesión - HUELGA, Participación como falta disciplinaria - INDEXACION EN MULTA DISCIPLINARIA - MULTA COMO SANCION DISCIPLINARIA - PERDIDA DE INVESTIDURA, Improcedencia de investigación por la Procuraduría - PERDIDA DE INVESTIDURA COMO SANCION DISCIPLINARIA - PERDIDA DE INVESTIDURA DEL CONGRESISTA - PRESUNCION DE LA BUENA FE - PRINCIPIO DE CONSERVACION DEL DERECHO - PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA, Interpretación extensiva - PROCESO DISCIPLINARIO, Copias simples - PROCESO DISCIPLINARIO DE UNICA INSTANCIA - REGIMENES DISCIPLINARIOS ESPECIALES - REGIMENES DISCIPLINARIOS ESPECIALES - RESERVA LEGAL DOCUMENTAL, Limitación a expedición de copias - SANCION DISCIPLINARIA, Falta de tipicidad - SECRETO OFICIAL, Revelación - SERVIDOR PUBLICO, Prohibiciones - SUSPENSION PROVISIONAL DEL INVESTIGADO - TERMINACION DE CONTRATO COMO SANCION DISCIPLINARIA - TESTIGO, Conducción forzada. Demanda de inconstitucionalidad contra los Artículos 20 (parcial), 22 (parcial), 25 (parcial), 27 (parcial), 29 (parcial), 31 (parcial), 32 (parcial), 41 (parcial), 43 (parcial), 52, 61, 66 (parcial), 73 (parcial), 79 (parcial), 82 (parcial), 110, 115, 116 y 177 (parcial) de la Ley 200 de 1995 - [Resumen automatizado: La Corte Constitucional de la República de Colombia, integrada por su Presidente Carlos Gaviria Díaz, y por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez Caballero, Vladimiro Naranjo Mesa y Julio César Ortiz Gutiérrez. || Por su parte, el Ministerio Público estudia la constitucionalidad de esta disposición, en armonía con el ordinal 18 del artículo 41, acusado por el ciudadano De Zubiría Samper (Exp 1067), pues considera que "sólo el análisis integral de las disposiciones parcialmente transcritas, puede mostrar el verdadero sentido de las mismas y por ende su valor constitucional." Según su criterio ambas normas se ajustan a la Carta pues no "pugna con el Ordenamiento Superior la prohibición de dar noticias o informes sobre asuntos de la administración cuando no se está facultado para hacerlo." Según la Vista Fiscal "de lo que se trata es de que quienes ejerzan la función pública lo hagan ciñéndose a las instrucciones razonadas impartidas por los superiores jerárquicos, en orden a garantizar la disciplina que debe imperar en el aparato estatal con miras al logro de los cometidos sociales señalados en la Constitución.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-244 de 1996

Proceso disciplinario vs. proceso penal. Acción disciplinaria. Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 2o. del artículo 2o., artículo 6o, parágrafo 1o. del artículo 34, inciso 3 parcial del artículo 61, numeral 1o parcial del artículo 66 y artículo 135 parcial de la ley 200 de 1995 - [Resumen automatizado: "En síntesis, las normas anteriores, interpretadas armónicamente, deben ser entendidas en el sentido de que, no siendo admisible que a una misma persona la puedan investigar y sancionar disciplinariamente dos organismos distintos, salvo expreso mandato de la Constitución, los funcionarios de la Rama Judicial -esto es aquellos que tienen a su cargo la función de administrar justicia (jueces y magistrados, con excepción de los que gozan de fuero constitucional)- pueden ser investigados y sancionados disciplinariamente por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a menos que se produzca el indicado desplazamiento hacia el control externo de la Procuraduría. || El poder preferente de la Procuraduría General de la Nación para investigar a funcionarios de la rama judicial que carecen de fuero y a los empleados de la misma, tampoco vulnera el Estatuto Superior, siempre y cuando en el caso de los funcionarios dicha competencia "no haya sido asumida a prevención por parte del Consejo Superior de la Judicatura (art. || El poder preferente de la Procuraduría General de la Nación para investigar a funcionarios de la rama judicial que carecen de fuero y a los empleados de la misma, tampoco vulnera el Estatuto Superior, siempre y cuando en el caso de los funcionarios dicha competencia "no haya sido asumida a prevención por parte del Consejo Superior de la Judicatura (art.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-218 de 1996

Poder disciplinario del juez. Competencia, límites - [Resumen automatizado: Antes que una inconstitucionalidad sobreviniente, como la que alega el actor, lo que se constata es un pleno ajuste entre el contenido de las normas impugnadas y la filosofía que subyace en el ordenamiento superior de 1991, en el cual, como es obvio en un Estado Social de Derecho, no cabe ningún tipo de excepción al derecho fundamental al debido proceso, ni ninguna facultad "extraordinaria" que habilite a determinados funcionarios, para imponer sanciones sin que medie "juicio previo"; el poder disciplinario del Juez que lo habilita para la imposición de sanciones de carácter correccional, a la luz de la Carta de 1991, está sujeto también, como cualquier otro, a lo dispuesto en el artículo 29 de la C.N., esto es, al desarrollo previo de un proceso, no obstante éste sea sumario, que garantice al presunto infractor el derecho a la defensa, sin que con ello se desconozca la suprema autoridad de que esta investido el Juez, ni su capacidad y calificación, las cuales se deben presumir en tanto su nombramiento está condicionado a que las acredite.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-178 de 1996

Destitución e inhabilidades por violaciones al régimen de contratación - Demanda de inconstitucionalidad contra los Artículos 8, Numeral 1o Literal d (parcial), 11 Numerales 2o y 3o y 58 Numerales 2o y 3o (parcial este último) de la Ley 80 de 1993 - [Resumen automatizado: del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 viola el principio de unidad de materia que consagra el artículo 158 de la Constitución, porque la norma acusada no sólo regula aspectos atinentes a la contratación administrativa, sino que alude a asuntos que no son de su incumbencia, pues pertenecen a la materia disciplinaria, como el relacionado con la inhabilidad para contratar de quienes hayan sido sancionados con destitución, incorporando de esta manera una causal de sanción disciplinaria, adicional a las establecidas por la ley 13 de 1984. || - Con el mismo argumento de la falta de unidad de materia se pronuncia el demandante en relación con los numerales 2o y 3o del artículo 58 de la ley 80, al considerar que tales disposiciones regulan asuntos disciplinarios, impropios de una ley de contratación, como son los casos de establecer la destitución para el servidor público, cuando se lo declare responsable disciplinariamente, o de quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos y celebrar contratos con entidades estatales por el término de 10 años, en el evento que se les señale responsables civil o penalmente.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-038 de 1996

Proceso disciplinario. Publicidad - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional integrada por su Presidente José Gregorio Hernández Galindo y por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa || En opinión del Fiscal, el artículo 17 de la Ley 190 de 1995 "introduce una excepción no prevista en la Constitución, como quiera que los artículos que le sirven de fundamento el 123 y el 28 no evidencian posibilidad alguna de rehabilitación para esa sanción de orden constitucional contemplada en el artículo 122 de la Carta, el cual ordena que sin perjuicio de las demás sanciones de ley, el servidor público sancionado por delitos contra el patrimonio del Estado quedará inhabilitado para el desempeño de funciones públicas". || En opinión del Procurador, sería suficiente con establecer que el artículo 33 de la Ley 190 de 1995 es, por una parte, una excepción legal al principio general de la publicidad de los documentos públicos y que, por otra parte, no establece una reserva incondicional - toda vez que permite espacios (a partir del fallo de primera instancia) donde la investigación disciplinaria o fiscal se hace pública -, para sustentar que se ajusta a los mandatos de la Carta Política.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-37 de 1996

[Resumen automatizado: Asimismo, debe esta Corporación advertir que la función en comento le corresponde asumirla al Consejo Superior de la Judicatura, a los Consejos Seccionales -como se desprende de lo dispuesto en los numerales 3o y 4o del artículo 256 de la Carta Política-, o a los jueces cuando ejercen la potestad disciplinaria respecto de sus subalternos, salvo en lo que atañe a los magistrados que gozan de fuero constitucional especial, caso en el cual esa labor deberá ser realizada por el Congreso de la República, sin perjuicio de la competencia preferente de la Procuraduría General de la Nación, para "vigilar la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas (...)" (Art. 277-6 C.P.)[10]. || En otras palabras, el estudio que realice la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia se debe enmarcar dentro de una colaboración necesaria y armónica entre dos órganos de la rama judicial, sin que por ello se esté atentando contra la autonomía del Consejo Superior Judicatura, el cual siempre mantendrá la competencia singular que le otorga la Constitución para controlar el rendimiento de los citados funcionarios judiciales y, por tanto, podrá utilizar o no las evaluaciones que en su momento le remita el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-17 de 1996

Fuero disciplinario. Régimen disciplinario especial - [Resumen automatizado: Esto en manera alguna vulnera la Carta, puesto que los miembros de la Fuerza Pública no tienen ningún fuero disciplinario, y la ley puede regular la distribución de competencias de las investigaciones disciplinarias con base en múltiples criterios, como la naturaleza y gravedad de la falta, el tipo de servidor público, el lugar de ocurrencia del hecho, etc. || La Corte Constitucional de la República de Colombia, integrada por su Presidente José Gregorio Hernández Galindo y por los Magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa || Ahora bien, como el Legislador ya expidió tal régimen (Decreto 085 de 1989), el actor sugiere que la acción disciplinaría atribuida a la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos por la norma impugnada desconoce ese fuero especial de los militares y viola, además, el debido proceso, puesto que el artículo 29 de la Carta señala que se deben respetar las "formas propias de cada juicio". || 4- El actor sugiere que los artículos 217 y 221 de la Carta han consagrado una especie de fuero militar de carácter disciplinario, por lo cual es inconstitucional que la norma acusada atribuya al Procurador Delegado de Derechos Humanos el conocimiento de ciertas faltas disciplinarias cometidas por miembros de la Fuerza Pública.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-4 de 1996

Responsabilidad contractual, sanciones - Demanda de inconstitucionalidad contra el Articulo 58 Numeral 4o. de la Ley 80 de 1993 - [Resumen automatizado: La suspensión precautelativa del funcionario o empleado público, por decisión de la administración, se encuentra prevista dentro de las investigaciones disciplinarias que ésta adelante (artículos 21 de la ley 13 de 1984, 23 y 26 del decreto 482 de 1985); pero dicha medida está rodeada de determinadas garantías, a saber: "a) sólo procede en relación con ciertas conductas; b) se aplica una vez abierta la investigación disciplinaria; c) no la imponen todos los funcionarios; d) el acto que la establezca debe ser motivado; e) so pena de indemnización, la investigación disciplinaria respecto del funcionario suspendido provisionalmente debe culminar con las sanciones de suspensión igual a la impuesta provisionalmente o destitución". || Según la norma acusada, como consecuencia de las acciones u omisiones que se les impute a los funcionarios o empleados en relación con las actuaciones contractuales, se faculta tanto a la administración como a la Procuraduría General de la Nación para suspenderlos provisionalmente, hasta por el término de la investigación disciplinaria, cuando se les hubiere proferido medida de aseguramiento o elevado pliego de cargos. || La norma acusada, en cuanto faculta a la autoridad competente para suspender al servidor público contra el cual se hubiere elevado pliego de cargos, hasta por el término de duración de la investigación disciplinaria, se encuentra derogada por las normas de la Ley 200 de 1995, mediante la cual se adoptó el Código Unico Disciplinario, que en los arts.]

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1995

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-406 de 1995

In dubio pro funcionario - No reformatio in pejus - Faltas - Criterios para dosificar la sanción - Demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 398 de 1994 "Por el cual se dicta el régimen disciplinario para el personal que presta sus servicios en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC" - [Resumen automatizado: En este ámbito de la regulación normativa, y atendiendo a los deberes del servidor penitenciario previstos en la ley y en el reglamento, la administración esta en la obligación de definir en la misma investigación, y en relación con los hechos en concreto, que es lo que ella entiende como materia grave relacionada con las razones del cargo; en efecto, la conducta sancionable consiste en omitir información o en darla en forma indebida, pero resulta absurdo que se pueda sancionar a un funcionario por no suministrar toda clase de información y es plausible y razonable que se le exija responsabilidad apenas por la omisión o la falta en materia de información que en materia grave deba dar, pero siempre en razón del cargo; para estos fines no es suficiente la omisión o el defecto simple en la información, pues es preciso que al ocultarse o distorsionarse aquella información se amenace o dañe en forma grave el servicio.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-366 de 1995

Régimen disciplinario de la Rama Judicial - [Resumen automatizado: La normatividad que se autoriza expedir al Alcalde Municipal en virtud de la disposición acusada, no comporta la generalidad y abstracción características del ejercicio del poder de policía, pues se trata de la prescripción de unas determinadas norma de conducta, predicados de un tipo específico de actividad y dentro de un ámbito local de vigencia, como es el horario de funcionamiento de unos establecimientos abiertos al público, aplicable a un concreto sector geográfico local; estas disposiciones son aplicables, además, a los usuarios de aquellos establecimientos, ubicados en el municipio respectivo, en los cuales se expenden bebidas alcohólicas en razón de la limitación de los mencionados elementos. || La función de policía también comprende la facultad de expedir actos normativos reglamentarios que fijen normas de conducta en el orden local y que se expresen como actuaciones administrativas de naturaleza restringida, con un ámbito de normación mínimo que parte de la relación de validez formal y material que debe existir entre la Constitución, la ley y los reglamentos superiores de policía; así mismo, teniendo en consideración la discrecionalidad que involucra la atención preceptiva de algunos casos en ejercicio de la función de policía se tiene un cierto margen de apreciación para adoptar una decisión determinada.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-259 de 1995

Proceso disciplinario ético-médico. Conducta típica - [Resumen automatizado: Existen claras diferencias entre el derecho penal y el disciplinario, cuya naturaleza y competencia de carácter jurisdiccional es diferente, razón por la cual, ellos no son incompatibles, ya que el juicio realizado en dos jurisdicciones distintas, implica una confrontación con normas de categoría, contenido y alcance diferentes, y en tal sentido el juez disciplinario debe examinar la conducta del inculpado con relación a las normas de carácter ético médico como las que tienden a adoptar correctivos jurídicos para la mayor eficiencia de los servicios médicos y la protección de los intereses de los usuarios, y para la salvaguardia de la salubridad pública, mientras que el juez penal tutela el interés social, y el civil y el administrativo, los derechos fundamentales de las personas para el resarcimiento de los perjuicios que se puedan dar por la acción u omisión del profesional médico. || El proceso ético-profesional de que trata la Ley 23 de 1981 tiene como finalidad el estudio de las conductas de los médicos que se someten a su examen, cuando a juicio de los miembros del Tribunal de Etica Médica, por solicitud de una entidad pública o privada, o de cualquier persona, se consideren violadas las normas consagradas en la citada Ley (artículo 74), con el fin de decidir si hay mérito para sancionar o no, desde el punto de vista ético-disciplinario, el comportamiento de algún profesional de la medicina.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-108 de 1995

Demanda de Inconstitucionalidad contra los artículos 39, 40-10, 46, 58, 64, 65, 83-8, 92-3, 111-2, 146 y 152 del Decreto Ley 407 de 1994 "Por el cual se establece el régimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario". - [Resumen automatizado: Manifiesta el actor que es importante tener en cuenta que los miembros del Cuerpo de Custodía y Vigilancia Penitenciaria ingresaron al servicio, se escalafonaron en la carrera y luego de superar las etapas que la ley exige sobre el particular, se les debe proporcionar estabilidad y permanencia y no es justo que, por el hecho de no acreditar el titulo de bachiller en el término establecido en la norma demandada, se desconozca el derecho al trabajo que les asiste a estos servidores públicos, perdiendo la protección estatal que establece el artículo 25 de la Constitución Nacional. || De la misma forma, con la norma acusada considera el impugnante que se quebranta el artículo 26 de la Constitución, ya que éste establece la libertad de las personas de escoger profesión y oficio, y esa libertad se respeta cuando la persona acude mediante los mecanismos legales al Ministerio de Justicia y del Derecho, o ahora al INPEC, a elevar solicitud de empleo, sometiéndose a los procesos de selección, académicos o profesionales para finalmente obtener la inscripción en la Carrera como miembro del cuerpo de custodia y vigilancia totalmente contradictorio que se exija en un término de dos años acreditar un título de bachiller el cual no es demostrativo de ningúna idoneidad profesional.]

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1994

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-558 de 1994

Proceso disciplinario. Circunstancia agravante - [Resumen automatizado: - La parte acusada del artículo 128 del decreto 2699 de 1991, en sentir de uno de los demandantes, también es inconstitucional por que viola el artículo 277-6 de la Carta, por cuanto el Procurador General de la Nación tiene una competencia prevalente, en todo tiempo, para investigar y acusar a los empleados y funcionarios públicos, excepto los que gozan de fuero constitucional; y si bien las distintas entidades deben crear mecanismos destinados a investigar, corregir y sancionar internamente las fallas e infracciones que cometan sus empleados, "ello no puede jamás interferir ni ser óbice para que en todo momento y lugar, el correspondiente agente del Ministerio Público desplace al funcionario que dentro de la respectiva entidad esté adelantando la investigación administrativo-disciplinaria". || - De otro lado, dice el señor LOZANO que el literal i) del artículo 136, "establece un absurdo e inexplicable criterio denominado reserva moral para excluir a un aspirante a un cargo en la Fiscalía General", sin tener en cuenta que mientras los actos de la vida privada que, como su nombre lo indica implican la salvaguarda de la intromisión de terceros en la vida íntima de cada persona "no interfieran con el ejercicio del cargo que se desempeñe ni con la dignidad del mismo, no tienen porqué servir de causal de impedimento para acceder per se al servicio público a través de un cargo cualquiera en la Fiscalía General de la Nación o en la Rama Judicial en general"; razón por la cual debe ser declarado inexequible.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-509 de 1994

Proceso disciplinario. Régimen disciplinario - [Resumen automatizado: Procede la Sala Plena de la Corte Constitucional a resolver la demanda que ante esta Corporación presentó el ciudadano LUIS CARLOS ALVAREZ MACHADO contra los artículos 3° literal c) y 6° del Decreto 1888 de 1989, "por el cual se modifica el régimen disciplinario de los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional". || Dentro del criterio razonado como debe concebirse la función pública en términos generales, resulta oportuno tener en cuenta que esta "supone el ceñimiento de quienes a ella se vinculan a las reglas señaladas en el orden jurídico y que exijan determinadas condiciones y requisitos de aptitud, capacidad e idoneidad para desempeñarla a cabalidad, siempre y cuando esas regulaciones normativas se deriven de un mandato constitucional, hayan sido proferidos por el organismo o funcionario competente para expedirlas y no atenten contra alguno de los derechos o libertades reconocidos por la Carta" (Cfr. Corte Suprema de Justicia. || De lo anterior se desprende la potestad que tiene el legislador para establecer deberes, responsabilidades, regular el régimen de inhabilidades, imponer sanciones y causales para el retiro del servicio por parte de los servidores públicos, ya que como se desprende del mandato constitucional contenido en el artículo 125 de la Carta Política, el retiro de los mismos -entre quienes se encuentran los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional-, se presenta "por violación del régimen disciplinario" y "por las demás causales previstas en la Constitución o en la ley".]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-427 de 1994

Régimen disciplinario - [Resumen automatizado: Los conceptos de probidad, imparcialidad, decoro y dignidad a que alude la providencia anterior como elementos rectores de la función pública, hoy más que en el constitucionalismo anterior, vienen a explicar y justificar la existencia de causales disciplinarias como la contenida en el literal b) del artículo 115 acusado, pues sus referencias a la moral ajustadas estrictamente a los predicados expresos que sobre la misma realiza la Carta, son ingredientes que, en consecuencia, pueden conformar las características de los tipos disciplinarios aplicables a los funcionarios públicos.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-179 de 1994

Leyes estatutarias - Trámite. Quórum para aprobación. Por requerir las leyes estatutarias para su aprobación, modificación o derogación, la mayoría absoluta de los miembros que conforman cada una de las comisiones y plenarias del Congreso, dicho quórum debe aparecer claramente determinado. No basta entonces que se diga que fue aprobado por mayoría absoluta, sino que debe dejarse constancia del número de senadores o representantes que así lo decidieron. Revisión constitucional del proyecto de ley estatutaria "Por la cual se regulan los estados de excepción en Colombia" - [Resumen automatizado: En el primer inciso de esta disposición legal, se consagra una medida que es consecuencia lógica de los estados excepcionales de guerra exterior, conmoción interior y emergencia económica, social y ecológica, pues si tales periodos son de carácter transitorio, y las medidas que se expidan están destinadas única y exclusivamente a conjurar las situaciones de crisis que dieron origen a su declaratoria, resulta obvio afirmar que si dichas circunstancias han cesado, porque se ha cumplido el objetivo, para el cual se decretaron, esto es, el restablecimiento del orden, es preciso que dejen de regir en forma inmediata, pues además de innecesarias ya no existe razón válida alguna para continuar aplicándolas, motivo por el cual el Gobierno deberá proceder a su derogación, lo cual se aviene con los cánones constitucionales contenidos en los artículos 212, 213 y 215.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-60 de 1994

Sanciones disciplinarias - Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 44-3-4, 62 y 63 del Decreto 196 de 1971 - [Resumen automatizado: El derecho al honor, a la intimidad y al buen nombre, no pueden constituir obstáculo alguno para que a través de procesos judiciales o expedientes administrativos seguidos con todas las garantías, se investiguen y sancionen conductas ilegales de los profesionales de cualquier especialidad, en este caso del derecho, pues el daño que a tales bienes se puede causar, no se origina en estos procedimientos, sino en la propia conducta, y ni la Constitución ni la ley pueden proteger al individuo contra la mala imagen, o el deshonor que nazca de sus propios actos. || - "La reincidencia en materia disciplinaria, indica que las sanciones impuestas han sido ineficaces, por ello se adopta tal criterio para que el abogado tome las precauciones correspondientes y consecuentemente actúe con mayor conciencia ética en su profesión, motivo por el cual el Estatuto aumenta de manera gradual la sanción, como medida coercitiva para que el sancionado doblegue su desinterés y falta de cuidado en el ejercicio de la profesión, todo ésto con el objeto de lograr una respuesta positiva en su conducta, como que la profesión que ejerce cumple una función social, según lo identificó la Corte Suprema de Justicia en reiterados fallos".]

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1993

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-417 de 1993

Responsabilidad disciplinaria de los jueces - Fuero disciplinario especial - Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 51 del Decreto 1888 de 1989 - [Resumen automatizado: La norma del artículo 9º, numeral 3º, del Decreto 2652 de 1991, es inconstitucional en cuanto confiere a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura atribuciones que la Constitución Política no le otorga y que, por el contrario, ha confiado expresamente a otra rama del poder público, lo cual, por contera, afecta el fuero especial que ampara a los magistrados de las altas corporaciones de justicia. || "La misma Constitución de 1991 estableció la jurisdicción disciplinaria aplicable a los funcionarios y empleados que presten sus servicios a la Rama Judicial como función pública asignada a ciertos órganos dotados de competencias judiciales especiales cuyo cometido consiste en asegurar la pronta y eficiente administración de justicia que es una de las funciones fundamentales del Estado. || Así, pues, la norma del artículo 9º, numeral 3º, del Decreto 2652 de 1991, es inconstitucional en cuanto confiere a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura atribuciones que la Constitución Política no le otorga y que, por el contrario, ha confiado expresamente a otra rama del poder público, lo cual, por contera, afecta el fuero especial que ampara a los magistrados de las altas corporaciones de justicia.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-195 de 1993

Proceso disciplinario - [Resumen automatizado: Las normas acusadas desconocen el derecho de defensa, consagrado en el artículo 29 de la Constitución en cuanto que el vocero es el defensor en los procesos disciplinarios adelantados en la Policía Nacional, y en su escogencia el artículo 29 de la Carta señala que "quien sea sindicado tiene derecho a la asistencia de abogado escogido por él. || Seguidamente, el Procurador se refiere a la institución del vocero y el derecho de defensa, afirmando que "el Decreto 100 en comento, excluye toda posibilidad, para que una persona diferente al vocero, que además debe ser un oficial en servicio o retirado, intervenga en el proceso disciplinario, como defensor o apoderado. || Como se observa en la norma transcrita, el debido proceso tiene tres dimensiones o aristas que se relacionan con el caso sub-júdice: primero, el debido proceso se aplica tanto a las actuaciones judiciales como administrativas -como la disciplinaria-; segundo, él implica el derecho de defensa; y tercero, comporta también el derecho a escoger un abogado por parte del inculpado. || El artículo 29 se vulnera en cuanto que el vocero es el defensor en los procesos disciplinarios adelantados en la Policía Nacional, y en su escogencia el artículo 29 de la Carta señala que "quien sea sindicado tiene derecho a la asistencia de abogado escogido por él..." (subrayas fuera de texto).]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-152 de 1993

Régimen disciplinario. Fuero disciplinario - [Resumen automatizado: Como los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares no gozan de fuero disciplinario de orden constitucional, la Procuraduría General de la Nación continúa con su atribución plena, superior y prevalente de investigar la conducta de tales empleados públicos imponiendo las sanciones que considere del caso, previo el adelantamiento de los procesos disciplinarios respectivos en los que se respeten las garantías procesales estatuidas en la Carta Política para procesos de esta índole, sin que éllo sea óbice para que la misma institución militar adelante y culmine sus propias investigaciones disciplinarias internas. || Manifiestan los actores que la Ley 5 de 1988 confirió facultades extraordinarias al Presidente de la República en el artículo 1 literal d) para "reformar el régimen disciplinario para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional", atribución que excedió el Ejecutivo por cuanto "no solo reformó el Reglamento Disciplinario Militar, sino que al introducir una norma de distinta naturaleza como lo es el inciso 2o. || Funciones, facultades y atribuciones que son competencia exclusiva de los mandos orgánicos y naturales de las Fuerzas Militares, por tratarse de una institución con fuero y régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario", lesionando lo dispuesto en el artículo 120-3 (sic) de la Constitución de 1886, normatividad frente a la cual debe juzgarse este precepto.]

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