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Corte Constitucional - Revisión de Tutela

Contiene corte constitucional - autos y sentencias expedidas por la entidad seleccionada, organizadas por orden cronológico.

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Revisión de Tutela

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2023

Sentencia de Revisión de Tutela T-173 de 2023

En la contratación de servicios destinados a comunidades indígenas cuya prestación deba realizarse con criterio diferencial y autonómico propio, las entidades públicas deben garantizar la participación de estas en el procedimiento de selección del contratista. "[L]a planeación contractual debe propender porque la selección se haga objetivamente, de acuerdo con los oferentes que mejor satisfaga las condiciones y metas fijadas con el contrato. Lo expuesto, no significa que las autoridades indígenas, en aquellos contratos relacionados con sus comunidades, no deban participar en el análisis del mercado, y en la construcción de los estudio y documentos previos, al contrario, es deseable que lo hagan, más aún cuando sean los destinatarios de los productos y servicios a proveer. […] [T]odo proceso de contratación debe ser justo, transparente y equitativo […]. Así mismo, debe estar sujeto a los principios de la función administrativa, en especial los de pluralidad de oferentes y selección objetiva. Sin embargo, la contratación de servicios con pueblos indígenas para su beneficio, debe ser un proceso que promueva la protección de sus derechos individuales y colectivos autónomos, el respeto de su diversidad étnica y cultural, así como los distintos niveles de participación desarrollados por la Corte. De manera que antes de iniciar cualquier proceso de contratación con una comunidad indígena o respecto de ella, que pueda afectarlos directamente, es preciso que se lleve a cabo un proceso participativo con la comunidad que permita identificar sus necesidades y buscar las medidas que permitan garantizar la efectividad de sus derechos fundamentales y la operatividad del servicio, específicamente en aquellos en que este aplica con criterio diferencial y autonómico propio […], especialmente cuando se trata de la atención a la primera infancia y de etnoeducación, lo cual se habría podido dar, por ejemplo, con su participación en la elaboración de los estudios previos o en la escogencia de un evaluador de la comunidad en el proceso contractual, entre otras medidas que efectivizaran el derecho de participación. […] Tratándose de la contratación que involucre comunidades indígenas, el principio de planeación necesariamente conlleva, por lo menos, un proceso de participación en los estudios previos. En él se deben definir aspectos especialmente relevantes, de acuerdo con su identidad cultural, a través de un diálogo abierto y sin interferencias, en el que las comunidades tengan una incidencia real. Lo anterior se debe ver reflejado en los estudios técnicos, financieros y jurídicos, así como en la definición de los criterios de calificación y selección contractuales, según corresponda." - [Resumen automatizado: Por los anteriores hechos, el 26 de julio de 2022, el ICBF, obrando mediante apoderado y en calidad de agente oficioso, interpuso una acción de tutela en contra de la ORIVAC y otros, por la presunta violación de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la alimentación y a la educación de los niños y niñas con edades entre cero y cinco años, pertenecientes a las comunidades indígenas del municipio de Trujillo, Valle del Cauca. || En el presente caso, en marzo de 2022, el ICBF inició un proceso de invitación pública que culminó con la Resolución N.º 2486 del 8 de abril de ese mismo año, mediante la cual se adjudicó a la Fundación Social Vida el proceso contractual N.º ICBF-RE-VALLE DEL CAUCA-147028-2022SEN, cuyo objeto era «[p]restar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral en la modalidad propia e intercultural para grupos étnicos y comunidades rurales y rurales dispersas, respondiendo a las características propias de los territorios y comunidades, de conformidad con el Manual Operativo de la Modalidad Propia e Intercultural, el Lineamiento Técnico para la Atención a la Primera Infancia y las directrices establecidas por el ICBF, en armonía con la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre», que incluía obligaciones en materia de educación, salud y alimentación.]

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2021

Sentencia de Revisión de Tutela T-72 de 2021

[Resumen automatizado: El señor Fabio Valencia Vanegas, en calidad de representante legal del Consejo Indígena del Territorio del Pirá Piraná (Vaupés)[1], promovió acción de tutela contra el Ministerio del Interior por la presunta vulneración de los derechos al debido proceso, la autodeterminación, la autonomía y el gobierno propio. || Con fundamento en lo expuesto solicitó: i) ordenar a la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior (en adelante DAIRM) realizar el registro inmediato del Consejo Indígena por cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 8 referido; ii) prevenir a esa cartera para que se abstenga de incurrir en dilaciones injustificadas que vulneren los derechos de las comunidades indígenas y iii) ordenar a la Procuraduría General de la Nación realizar el seguimiento que le corresponde de acuerdo con sus competencias. || El señor Luis Uriel Carianil Pérez, en calidad de representante legal del Consejo Indígena del Territorio del Medio Río Guainía[25], promovió acción de tutela contra el Ministerio del Interior por la presunta vulneración de los derechos al debido proceso, la autodeterminación, la autonomía y el gobierno propio.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-31 de 2021

La Corte reitera la aplicación de las reglas del debido proceso y del principio de igualdad en los procesos de selección laboral. "En las consideraciones de la presente sentencia se precisó que el efectivo goce y materialización del derecho a la igualdad, específicamente a la igualdad de oportunidades, debe ser garantizado tanto por el Estado como por los particulares […]. Se señaló además que, en los casos donde se discuta la existencia de un trato basado en cualquiera de las categorías sospechosas de discriminación, o que se presente alguna situación de indefensión, como es el caso de las personas que padecen VIH o SIDA, se activa a favor de quien señala haber sido víctima de un trato excluyente por su enfermedad, la presunción de discriminación, trasladando al acusado el deber de desvirtuar dicha afirmación, mediante razones objetivas, sin connotaciones contrarias a la vigencia del principio de igualdad [Sentencias T-878 de 2012, T-628 de 2012, T-376 de 2013, T-375 de 2016, y T-033 de 2018, entre otras]. […] Se advirtió que si bien se reconoce la facultad que tienen las empresas particulares, en virtud de los principios de la autonomía de la voluntad privada y la libertad de empresa, de establecer requisitos de ingreso en los procesos de selección para ocupar un determinado cargo, esta Corte ha establecido al respecto que: (i) no pueden ser establecidas exigencias que impliquen una discriminación o preferencia injustificada; (ii) los requisitos que se fijen deben ser razonables y proporcionales a los fines del cargo a proveer; (iii) la decisión adoptada debe fundamentarse en criterios objetivos; (iv) se debe observar el principio de publicidad y transparencia, de modo que los postulantes sean debidamente advertidos acerca de las exigencias, tengan conocimiento de las condiciones a las cuales se someten y conozcan posteriormente las razones por las cuales no se cumplió con los requisitos exigidos [Sentencias T-463 de 1996, T-694 de 2013, entre otras]. [… A] pesar de que la empresa negó haber excluido al accionante del proceso de selección a causa del VIH que padece, no logró desvirtuar la presunción de discriminación opera a favor del actor, por el mismo factor. [… L]a entidad accionada desconoció los límites que demarcan los principios de la autonomía de la voluntad privada y la libertad de empresa, de conformidad con las reglas generales que rigen el debido proceso en las relaciones entre particulares, en el contexto de un proceso de selección laboral." - [Resumen automatizado: El ciudadano Juan solicita el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad de oportunidades en relación con el acceso al trabajo, a la no discriminación, a la dignidad humana y al debido proceso en las relaciones entre particulares, los cuales considera vulnerados por la Empresa Sr. Wok, luego de que esta decidiera excluirlo del proceso de selección en el que venía participando para ocupar la vacante de asistente de tesorería, el mismo día en que le practicaron los exámenes médicos de ingreso, en donde le realizaron una prueba serológica e informó padecer VIH. || - REVOCAR la Sentencia proferida el 22 de octubre de 2019 por el Juzgado Primero Civil Municipal de Cali, que negó el amparo invocado en la acción de tutela formulada por Juan contra la Empresa Díaz y Restrepo S.A.S.[120] Sr. Wok,[121] para en su lugar TUTELAR los derechos fundamentales a la igualdad de oportunidades en relación con el acceso al trabajo, a la no discriminación, a la dignidad humana, a la intimidad y al debido proceso en las relaciones entre particulares del ciudadano Juan.]

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2019

Sentencia de Revisión de Tutela T-216 de 2019

El accionante, en su calidad de Procurador Judicial I para Asuntos Administrativos de Riohacha, presentó la acción de tutela por la problemática del agua para consumo humano en dicho departamento. Su pretensión principal es que se amparen los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, así como de las mujeres gestantes y lactantes del pueblo Wayúu. Lo anterior, en cumplimiento de las medidas cautelares proferidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de dicha comunidad. La pretensión principal es que se diseñe una política pública en materia de recursos hídricos encaminada a superar de manera definitiva la situación de desabastecimiento de agua potable en la Guajira. Para dar solución al problema jurídico planteado la Corte reiteró el estado de cosas inconstitucional declarado en la Sentencia T-302-17 y se refirió a las decisiones adoptadas en las providencias T-359-18 y T-415-18. Se tutela el derecho fundamental al agua potable en su faceta subjetiva para consumo humano, de conformidad con lo establecido en la Sentencia T-302-17. Se ordena a las autoridades demandadas dentro del presente trámite, divulgar el fallo dentro del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas que deberá constituirse en cumplimiento del precitado fallo, de forma tal que todos los órganos que la componen conozcan la decisión. Lo anterior, sin que sea óbice para que actúen antes de la implementación de dicho mecanismo - [Resumen automatizado: Por lo tanto, en este caso también se concederá la tutela del derecho fundamental al agua potable (en su faceta subjetiva para consumo humano)[66], revocando las decisiones de instancia que declararon la improcedencia de la acción de tutela, ordenando (i) a las autoridades accionadas dentro de este trámite divulgar esta Sentencia dentro del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas que deberá constituirse en cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, de forma tal que todos los órganos que lo componen conozcan la decisión (ello no obsta para que las entidades accionadas actúen antes de la implementación de dicho mecanismo); (ii) remitir copia de esta providencia a la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para que, en el marco de sus funciones y competencias, realicen el respectivo seguimiento y acompañamiento; (iii) remitir copia de esta providencia a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, encargada de realizar el seguimiento del cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017; (iv) librar, a través de la Sala Disciplinaria de la Seccional de La Guajira del Consejo Superior de la Judicatura, que se realicen las notificaciones correspondientes, señalando -específicamente- que con la Sentencia T-302 de 2017 se declaró un estado de cosas inconstitucional en el acceso al agua, la alimentación y la salud de los niños y niñas del pueblo indígena Wayúu, razón por la cual la situación debe ser atendida conforme con lo dispuesto en esa providencia.]

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2018

Sentencia de Revisión de Tutela T-420 de 2018

¿El municipio de Ibagué y las entidades vinculadas vulneran los derechos fundamentales de la accionante y su núcleo familiar, al omitir o negar la construcción de un muro de contención frente a la Casa #11 del Barrio San Gelato en la Comuna 8 del municipio de Ibagué, como medida preventiva para mitigar el riesgo de deslizamientos de tierra? Se puede verificar el desconocimiento de los derechos fundamentales a la vivienda digna -en su dimensión de habitabilidad- y de seguridad personal de la accionante, habitante de la Casa #11 del Barrio San Gelato de la Comuna 8 del municipio de Ibagué. En concordancia con lo anterior, ha quedado plenamente acreditado que la causa de la amenaza o riesgo a los derechos de la accionante se da por la omisión por parte del municipio de Ibagué de realizar las obras de mitigación (muro de contención o similar) de la construcción de la vía principal y contigua a su vivienda. En efecto, la ausencia de medidas de prevención y atención de desastres para aminorar los efectos de los deslizamientos de tierra amenazan su integridad personal y la de su familia, destacándose que hay sujetos de especial protección constitucional, lo que agrava aún más la situación: tres (3) menores de edad . Además, esa amenaza a la integridad física de la familia accionante también podría resultar en una posible afectación psicológica, pues existe un temor latente fundado frente a un posible colapso de sus viviendas. Respecto de ello, esta Sala de revisión estima que una vivienda digna es "refugio para las inclemencias externas (…) el lugar donde se desarrolla gran parte de la existencia de las personas que la ocupan" , por lo que, el hecho de que los solicitantes sientan temor por un posible derrumbamiento, es indicativo de que sus lugares de residencia no pueden catalogarse como adecuadas para su realización en condiciones de dignidad - [Resumen automatizado: Según los diferentes informes y conceptos recibidos por la Corte en el curso del proceso de revisión, la Sala puede colegir que existe una perturbación de los derechos o intereses colectivos relacionados con el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes[43], toda vez que se ha acreditado la afectación de las casas con nomenclatura #10 a la #20 del Barrio San Gelato en la Comuna 8 del municipio de Ibagué por la omisión de las accionadas en la construcción de un muro de contención entre las viviendas y la vía principal contigua. || Por lo expuesto, resulta claro para la Sala Quinta de Revisión que existe vulneración de los derechos fundamentales a la vivienda digna y a la seguridad personal de la accionante por parte de la alcaldía municipal de Ibagué y la Secretaría de Infraestructura municipal de Ibagué, las cuales no adoptaron las medidas de prevención del riesgo generado como consecuencia de la construcción de la vía de acceso al Barrio San Gelato de la Comuna 8 del municipio de Ibagué, que ha afectado la vivienda de la actora.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-80 de 2018

¿La inexistencia de una política pública integral y concreta para la atención de las necesidades básicas de las niñas y niños de las comunidades indígenas del Departamento del Chocó, implica una vulneración de sus derechos fundamentales por parte de las autoridades de los niveles nacional, departamental y municipal? Protección especial a los niños indígenas. Se estableció que las mencionadas deficiencias a su vez tendrían origen en la falta de operación o funcionamiento de los mecanismos institucionales de elaboración y ejecución de políticas públicas, en particular por la inoperatividad de los Consejos de Política Social del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y Políticas Públicas de Infancia y Adolescencia, creados por la Ley 1098 de 2006. Como quiera que el juez de tutela no puede usurpar funciones de los órganos estatales encargados de la elaboración de las políticas públicas, pues se trata de una competencia exclusiva de los órganos de la rama ejecutiva, para garantizar la protección de los derechos fundamentales afectados por la falta de políticas públicas, lo que sí está llamado a hacer, en aras de la protección requerida, es ordenar a los órganos competentes que activen las instancias legales de dialogo y coordinación institucional para la construcción de las políticas públicas requeridas, en el marco de los principios de democracia participativa - [Resumen automatizado: Para esta Sala de Revisión, el asunto planteado por la presente acción de tutela impone la necesidad de verificar si ¿La inexistencia de una política pública integral y concreta para la atención de las necesidades básicas de las niñas y niños de las comunidades Embera (Katíos, Chamí y Dobidá), Wounaan y Tule del Departamento del Chocó, implica una vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la igualdad, por parte de las autoridades de los niveles nacional, departamental y municipal? || En el caso objeto de análisis, son varias las entidades estatales, de los niveles municipal, departamental y nacional, que tienen a cargo atender las necesidades de salud, alimentación y vida digna reclamados por los niños y niñas indígenas de las comunidades Embera (Katíos, Chamí y Dobidá), Wounaan y Tule del Departamento del Chocó, para lo cual se requiere agotar diversos procedimientos administrativos, principalmente de política pública, que impide contar con una respuesta inmediata frente a las necesidades apremiantes de protección y disfrute de los derechos involucrados.]

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2017

Sentencia de Revisión de Tutela T-572 de 2017

¿La forma en que se tramitó por la Empresa la queja de presunto acoso por discriminación pudo llegar a constituir una vulneración a los derechos fundamentales del actor? Principio de no discriminación racial en el entorno laboral. Está claro que la empresa accionada adelantó un procedimiento, pero con características que condujeron a un déficit en la protección del derecho fundamental de XX a no ser discriminado por razones de orden racial en su entorno laboral. Las falencias se expresan en la evidente tardanza, aún no explicada para activar mecanismos de protección y prevención, en las posibles carencias del procedimiento llevado a cabo por la Empresa en cuanto a obligaciones derivadas de la Ley 1010 vigente desde enero de 2006, en cuyo artículo 9º ordenó que los Reglamentos de Trabajo deberían prever dispositivos para precaver el acoso laboral y establecer un trámite interno, confidencial, conciliatorio y efectivo. No encuentra la Sala que todas esas exigencias legales hubiesen sido satisfechas por la empresa y no constituye excusa la existencia de un plazo para conformar el Comité de Convivencia Laboral. La Ley 1010 se encontraba vigente desde enero 23 de 2006 y por ello la Corte, en jurisprudencia transcrita en el considerando 4 , recordaba el deber de adoptar el reglamento so pena de que ese incumplimiento derivara en la presunción de tolerancia del acoso. La misma decisión indicaba que la ausencia de reglamento o de desarrollo de los mecanismos no impedía que se adoptaran las medidas pertinentes. El Comité de Convivencia es sólo un instrumento entre varios para conjurar el acoso laboral - [Resumen automatizado: El 11 de julio de 2016, el señor Jonh Jak Becerra Palacios presentó acción de tutela contra A.R. Los Restrepos S.A.S. y el Ministerio del Trabajo, con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas y al debido proceso, presuntamente vulnerados por los demandados, al no investigar y sancionar el patrón de discriminación racial del que fue objeto por parte de varios de sus compañeros de trabajo durante la relación laboral que sostuvo con la mencionada empresa. || Así, pidió que se protejan sus derechos fundamentales y, en relación con la empresa A.R. Los Restrepos S.A.S., que (i) se ordene, como lo dispuso la Corte Constitucional en la Sentencia T-1090 de 2005, organizar un curso para sus empleados sobre promoción de los derechos humanos y los orígenes y derechos de las comunidades negras y sus aportes a la diversidad cultural de nuestro país; (ii) se abstenga en el futuro de incurrir en prácticas como las que dieron lugar a esta acción de tutela; (iii) se ordene reconocer una indemnización en abstracto de los perjuicios morales por él sufridos como consecuencia del patrón de discriminación racial ejercido en su contra frente al que la empresa permaneció impasible, como se dispuso en la Sentencia 1090 de 2005 y en concordancia con lo establecido en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, y (iv) se ordene, como se dispuso en la Sentencia T-691 de 2012, que realice un acto simbólico de carácter público para reconocer los aportes de la comunidad afrocolombiana al país, en el que se destine un espacio de reconciliación entre los representantes de la empresa accionada y el accionante, en el cual se evidencien y reparen simbólicamente los daños causados por el patrón de discriminación del que fue víctima.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-357 de 2017

¿Se vulneran los derechos fundamentales a la salud y a la identidad cultural de toda la población indígena y no indígena del departamento de Vaupés en el acceso y disponibilidad a la atención en salud oportuna y de calidad? DERECHO A LA IDENTIDAD CULTURAL EN SALUD. El Gobierno Nacional adoptó un modelo diferente de prestación del servicio de salud en un territorio con población dispersa y en su mayoría indígena. Ese piloto incluyó la habilitación de una sola E.P.S., el énfasis en la atención primaria, la conformación de grupos extramurales para reducir los traslados y la posibilidad de adaptar las normas de habilitación. No obstante, la Sala constata un déficit en el marco legislativo que permita adoptar posibilidades de manejo del sistema de salud que sean financiera y étnicamente sostenibles para garantizar los derechos a la salud y la identidad cultural en zonas de población dispersa y mayoritariamente indígena - [Resumen automatizado: De igual manera, manifestó que el orden público es otro problema para la prestación del servicio de salud, pues la presencia de grupos al margen de la ley en las comunidades de Pucaron, Puerto Esperanza, Puerto Churuco, Vista Hermosa, Puerto Valencia, El Palmar, El Carmen, San Pedro, La Libertad, Bacati, Arara, La Venturosa, Puerto Gildara, Mirijilla y Gildadura, impide que la brigadas médicas accedan a estas zonas y presten los tratamientos médicos requeridos por la población. || Igualmente, especificó que en las visitas realizadas por la Defensoría del Pueblo a las comunidades indígenas de: Monforth, Piracuara, Teresita, Jupda, Kakwa, Cachivera, Yapú, Trinidad de Tiquie, Puerto Solano, Ipanore, Sardinas, San Gerardo del Paca, Santo Domingo del Paca, San Pablo de Wiba, San Luis del Paca, Consuelo del Paca, Puerto Loma, San Marcos del Yi, Bacati, Arara, Lagos de Jamacuari, La Libertad, El Carmen, El Palmar, Puerto Valencia, Vista Hermosa, Puerto Nuevo, San Miguel, La Nueva Florida, Sector Étnico y la cabecera municipal de Carurú, se encontró que la infraestructura de los puestos de salud está en muy mal estado, no hay medicamentos suficientes o se encuentran vencidos, no se realizan misiones médicas extramurales de manera continua, los auxiliares de enfermería son insuficientes para atender todas las necesidades de la población y los insumos médicos están en mal estado y oxidados[18].]

Sentencia de Revisión de Tutela T-298 de 2017

[Resumen automatizado: En atención a lo expuesto, corresponde a la Corte Constitucional determinar el siguiente problema jurídico: ¿vulneran las entidades accionadas los derechos fundamentales a la consulta previa, a la integridad territorial, a la autonomía, al medio ambiente sano y a la diversidad étnica y cultural de los miembros de etnia Sikuani, como consecuencia del desarrollo de actividades de exploración y explotación de petróleo en un campo ubicado a menos de 5 kms de distancia de su resguardo, sin que se hubiera llevado a cabo consulta previa por parte de las autoridades competentes, a pesar de que el resguardo indígena Awalibá no se encuentra ubicado dentro del área de influencia del proyecto autorizado? || SEGUNDO.- ORDENAR al Ministerio del Interior, Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías, al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Cultura y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que dispongan lo necesario a fin de adelantar, dentro de los siguientes seis meses a la notificación de la presente sentencia, las pruebas técnicas que permitan determinar con certeza el grado de contaminación del Río Guarrojo, como consecuencia del desarrollo del proyecto de exploración y explotación de la empresa Hocol S.A. en el Campo Ocelote-Guarrojo y, con ello, el impacto que tal actividad ha generado sobre la comunidad indígena del Resguardo Awalibá del pueblo Sikuani, ubicada en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).]

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2016

Sentencia de Revisión de Tutela T-704 de 2016

¿Existe vulneración del derecho fundamental a la consulta previa de la comunidad Media Luna Dos, por la ampliación del proyecto Puerto Bolívar que se llevará a cabo por la empresa del Cerrejón, quien argumenta que, conforme a certificación emitida por la Dirección Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, en el área de influencia directa no existe presencia de comunidades étnicas? (i) La consulta previa es obligatoria cuando se pretendan implementar medidas que sean susceptibles de afectar directamente a las comunidades. Esta afectación (ii) se puede dar por muchas razones, de manera que la lesión al territorio entendido como espacio físico en el que se asientan las comunidades, es tan solo una de las hipótesis definidas por la Corte. Entre otras razones, (iii) porque el concepto del territorio no es geográfico sino cultural. Por tanto y a partir de lo anterior, (iv) el certificado que emite la Dirección Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior es un documento que ayuda, pero no define cuándo debe hacerse la consulta pues el análisis se debe hacer conforme al Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de esta Corte - [Resumen automatizado: En ese orden de ideas, la Sala Novena de Revisión debe resolver la siguiente cuestión: como primera medida, debe determinar si existe afectación directa de los derechos étnicos y culturales de la comunidad Media Luna Dos por las actuaciones que la empresa el Cerrejón ha desarrollado en la explotación de carbón en la guajira y, en caso de que la respuesta sea afirmativa, debe resolver si existe vulneración del derecho fundamental a la consulta previa de la comunidad Media Luna Dos, por la ampliación del proyecto Puerto Bolívar que se llevará a cabo por la empresa del Cerrejón, quien argumenta que, conforme a certificación emitida por la Dirección Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, en el área de influencia directa no existe presencia de comunidades étnicas. || Los accionantes, integrantes de la comunidad indígena Venado, perteneciente al pueblo Zenú, interpusieron acción de tutela por considerar que las entidades demandadas vulneraron sus derechos fundamentales a la dignidad humana, la igualdad, la participación y la consulta previa, la propiedad colectiva y el derecho a no ser desplazados de sus territorios, el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación, la salud y el ambiente sano, todos ellos en conexidad con el derecho a la vida, como consecuencia de la omisión de consultarlos antes de iniciar la construcción del relleno sanitario de Cantagallo y de los impactos ambientales y sociales que se han generado a raíz de la ejecución de dicho proyecto.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-466 de 2016

¿En qué consiste el deber de brindar protección a los niños indígenas teniendo en cuenta sus especiales condiciones de vulnerabilidad y el mandato constitucional de protección de sus usos y costumbres? ¿Se vulneran los derechos al buen nombre, la honra, la igualdad y la rectificación de la Asociación por las declaraciones de funcionarias del ICBF, difundidas por distintos medios de comunicación, en las que presuntamente se asigna responsabilidad a las familias de la comunidad Wayúu por situaciones de desnutrición, desatención de problemas de salud y fallecimiento de niños, derivadas de sus costumbres alimenticias? - [Resumen automatizado: Igualmente, aludió a acciones concretas adoptadas luego de que a finales de 2013, la ONIC informara de la urgencia de la situación de desnutrición de la niñez de la comunidad Wayúu, que incluyeron reuniones de coordinación con las autoridades estatales y tradicionales, visitas de campo a algunas rancherías, varios requerimientos a las entidades nacionales y departamentales competentes (ICBF, Consejería para la Primera Infancia de la Presidencia de la República, Ministros de Salud, Agricultura y Vivienda, la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, DANE, DNP, DPS, Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, funcionarios encargados del tema disciplinario de la misma Procuraduría, entre otros), realización de una audiencia pública en agosto de 2014, y seguimiento al cumplimiento de las acciones implementadas para la atención de las medidas cautelares dispuestas por la CIDH. || Sobre todo cuando dicha autonomía de los pueblos entra en tensión con los derechos de los niños y las niñas, pues de acuerdo con la Constitución Política y el Código de Infancia y Adolescencia, en los casos en los que los derechos de las niñas y los niños entran en contradicción con otros, quien deba tomar la decisión debe tener en cuenta, al momento de su aplicación, los siguientes cuatro (4) elementos de los caracterizan: (i) tienen el carácter de fundamentales, (ii) tienen carácter prevalente, (iii) sus titulares son sujetos de especial protección constitucional y (iv) las acciones del Estado en esta materia deben estar regidas por los principios de interés superior del niño y protección integral […].]

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2015

Sentencia de Revisión de Tutela T-485 de 2015

[Resumen automatizado: En respuesta al cuestionamiento de la Corte sobre los estudios de impacto cultural, social y ambiental desarrollados en el marco del Proyecto Playa Blanca Barú, la Dirección señaló que de conformidad con la legislación correspondiente "no es procedente solicitar los estudios ambientales y sociales antes de dar inicio a la consulta previa, pues dichos documentos deben realizarse, en conjunto con las comunidades, una vez protocolizados los acuerdos de la consulta previa." Empero, la Dirección añadió que aunque el Ministerio del Interior no tiene entre sus funciones realizar la evaluación de los estudios de impacto ambiental, en cualquier caso sí se requiere información sobre los impactos identificados en esta etapa preliminar del proyecto, obra o actividad, con el fin de tener mayores elementos de juicio que le permitan ser verdaderos garantes de los derechos de las comunidades étnicas. || Respecto de la titularidad del derecho a la consulta previa en el caso concreto, el interviniente puso de presente cómo los criterios para la identificación de las comunidades negras, con base en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, refieren a la existencia de un conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana, las cuales poseen una historia propia, una cultura, tradiciones y costumbres propias y diferenciadas que las distinguen de otros sectores de la colectividad nacional, así como el asentamiento en un territorio determinado.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-478 de 2015

Legitimidad por activa de los padres de familia en tutelas que invocan derechos de sus hijos fallecidos - Manuales de convivencia - Acoso escolar - Límites de la dimensión del derecho a la intimidad personal y familiar - Derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación en razón de la identidad de género y la orientación sexual - Menores de edad - Acoso o intimidación escolar - Tipos de hostigamiento - Roles en una situación de hostigamiento o bullying - Acoso escolar entre estudiantes - Acoso escolar entre estudiantes y autoridades de las instituciones educativas - [Resumen automatizado: Alba Lucía Reyes Arenas, presentó acción de tutela el 11 de septiembre de 2014 a nombre propio y en representación de su difunto hijo Sergio David Urrego Reyes, en contra del colegio Gimnasio Castillo Campestre, la Secretaría de Educación de Cundinamarca, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fiscalía General de la Nación y la Comisaría Décima de Familia de Engativá, por considerar, en primer lugar, que las directivas de la institución educativa demandada, promovieron conductas sistemáticas de discriminación en contra su hijo, motivadas por su orientación sexual, -tanto en el proceso disciplinario que se surtió en su contra, como con la información que fue difundida con posterioridad al fallecimiento del niño en los medios de comunicación-, que favorecieron inicialmente su suicidio y que resultaron finalmente lesivas de sus derechos fundamentales. || Se ofició igualmente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que presentara a la Sala datos precisos sobre las competencias legales que tiene esa entidad para intervenir en los trámites disciplinarios que inician los establecimientos educativos contra sus estudiantes, y que señalara si realizó o no algún tipo de intervención en el caso del joven Sergio David Urrego Reyes, tanto en el proceso por abandono de hogar contra la señora Alba Lucia Reyes Arenas como ante las denuncias por discriminación por orientación sexual que ésta elevó contra el Colegio Gimnasio Castillo Campestre.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-462 de 2015

[Resumen automatizado: 7. Ahora bien, en el numeral 11 del FCO Global People Principles se establece un reglamento de conducta y disciplina, en el que expresamente se indica, que con respecto a los empleados y trabajadores locales se dará aplicación a las normas del país local, pero que, en todo caso, se deberán incluir los siguientes elementos: i) los procedimientos deberán tener una estructura gradual, por lo cual las faltas menores tendrán advertencias orales o escritas dirigidas a mejorar el comportamiento, y las más graves, sanciones; ii) los procedimientos deben incluir ejemplos de lo considerado como comportamiento inapropiado; iii) debe señalarse cómo puede el personal exponer su posición sobre el caso en cada etapa del proceso, iv) cada etapa de los procedimientos debe tener un límite temporal; v) debe garantizarse el derecho de apelación. || Para determinar si existió una vulneración de los derechos fundamentales que le asistían al demandante, se analizarán tres aspectos esenciales a la luz de las normas constitucionales y de la jurisprudencia de esta Corporación sobre la materia: i) en primer lugar, los alcances de la potestad que tiene el empleador de despedir sin justa causa al trabajador, consagrada en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo; ii) las garantías que deben ser observadas por el empleador para proteger el debido proceso mínimo en materia sancionatoria; y, finalmente, iii) el derecho fundamental a la igualdad, y en particular, la garantía a no ser discriminado por motivos de identidad étnica o racial.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-196 de 2015

¿Vulneraron las autoridades judiciales los derechos fundamentales de un indígena al determinar la jurisdicción especial indígena no tenía competencia para tramitar el asunto? El interés superior de la niña no resultaba incompatible con la aplicación del fuero penal indígena, pues la jurisdicción especial también tiene el deber de velar por el cumplimiento de los mandatos constitucionales, incluidos los derechos de los niños. En concordancia se aseveró que en este sentido, de ninguna manera puede afirmarse que remitir el proceso a la jurisdicción indígena afecta el interés superior, sino que, por el contrario, hacerlo podrá hacer velar porque efectivamente las autoridades del Resguardo puedan salvaguardar dicho interés de acuerdo a los parámetros de la diversidad, tal como lo ordenó la Sentencia T-002 de 2012." - [Resumen automatizado: César, obrando en calidad de Gobernador del Cabildo Indígena Colombia, interpuso acción de tutela en contra del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cali y la Fiscalía Seccional Puerto Escondido-Valle del Cauca, para salvaguardar los derechos fundamentales de la comunidad que representa a la autonomía, a la jurisdicción especial indígena y al respeto por la diversidad étnica y cultural, debido a que las autoridades accionadas iniciaron un proceso penal en contra de uno de sus comuneros por el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce (14) años agravado en concurso homogéneo y sucesivo, pese a que las autoridades del resguardo ya lo habían juzgado y condenado por estos mismos hechos, en ejercicio de la función jurisdiccional que les es propia.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-141 de 2015

¿Vulnera una institución de educación superior los derechos a la dignidad, a la no discriminación, y al libre desarrollo de la personalidad de un estudiante de medicina, cuando le impide llevar una indumentaria y adoptar un comportamiento acorde a su identidad de género (trans), bajo el argumento de que tales restricciones responden a las normas de bioseguridad y a los patrones de recato en el vestir que deben observar los profesionales de la medicina? "[A]lgunas de las directivas fijadas [al accionante], como la relacionada con el uso de uniformes de protección (pijama) durante las prácticas, efectivamente responde a una aplicación de una norma de bioseguridad que debe acatar el personal sanitario. No se advierte en ella un ánimo ni un efecto discriminatorio, como tampoco una vulneración del derecho del joven […] a vestir de manera acorde con su identidad de género, en tanto apenas representa una restricción temporal y delimitada, establecida para todas las personas que se dedican a la profesión que él ha elegido, y que deja a salvo la posibilidad de expresar su propia identidad, a través de otros elementos de su indumentaria; asimismo, en aquellos espacios académicos por fuera de las prácticas, donde no se imponga a todos los estudiantes el uso del uniforme de protección, el actor conserva la libertad para elegir su forma de vestir. […] No ocurre igual con la limitación en el uso de otros accesorios […] a través de los cuales el accionante reafirma ante sí y ante los demás su identidad de género. Desaconsejar o prohibir el uso de estos elementos resulta una medida innecesaria para proteger la salud y seguridad de los pacientes y el personal sanitario, toda vez que los propios protocolos de bioseguridad ofrecen mecanismos idóneos y menos lesivos para el efecto. Así, de ser necesario puede requerirse al accionante el uso de protector visual (en lugar de prohibir el uso de lentes de contacto), recoger su cabello en un gorro (en lugar de impedirle usar extensiones capilares), usar mascarilla facial o protector (en lugar de impedir que se maquille el rostro). Al existir alternativas que permiten alcanzar los fines perseguidos […] sin afectar los derechos fundamentales del accionante, la restricción impuesta por la universidad se revela también desproporcionada, en tanto supone un sacrificio gratuito del derecho […] a reafirmar y expresar su identidad de género. Tal conclusión, sin embargo, no obsta para que allí donde existan protocolos de seguridad específicos que, en determinados espacios o en la ejecución de cierto tipo de actividades médico quirúrgicas, prohíban el uso de maquillaje o accesorios, todos los estudiantes […] vengan obligados a acatarlos, con independencia de cuál sea su identidad de género." - [Resumen automatizado: Segundo.- A través de la Secretaría General de la Corte Constitucional, OFICIAR a la Corporación Universitaria Remington para que, en un término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la comunicación de esa providencia, proceda a informar a la Magistrada sustanciadora: (i) si a raíz de las denuncias discriminación formuladas por el estudiante Absalón Mosquera en contra de docentes, personal administrativo y estudiantes del centro educativo, se iniciaron investigaciones tendientes a esclarecer los hechos y determinar la potencial responsabilidad de los implicados, así como los resultados de dichas investigaciones y anexar la documentación referida a las mismas; (ii) si se han adoptado medidas tendientes a hacer el servicio de educación adaptable para estudiantes pertenecientes a grupos étnicos, el tipo de medidas dispuestas, los resultados de las mismas, su duración y demás información relevante; (iii) si se ha sensibilizado a los miembros de la comunidad educativa en asuntos relacionados con diversidad sexual y de género y la forma en que se ha hecho; (iv) los datos de composición del estudiantado en relación con el número total de estudiantes y cuántos de estos pertenecen a grupos indígenas y afrocolombianos, el número de estudiantes afrocolombianos graduados en cada programa en los tres últimos años, y el número de docentes pertenecientes a este grupo poblacional; (v) remitir los reportes de desempeño académico y disciplinario del estudiante Absalón Mosquera, incluidos los del último semestre cursado.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-81 de 2015

¿Las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales alegados por la tutelante al haber adoptado decisiones que habrían comportado un desconocimiento de la competencia de la jurisdicción indígena para la resolución de sus propios conflictos? El bien jurídico presuntamente afectado se refiere a la libertad, formación e identidad sexuales de una menor de edad, bien que no solamente pertenece al interés de la comunidad, sino que trasciende al conjunto de la sociedad. Y, precisamente, bajo tal consideración, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura concluyó que este asunto escapaba del alcance de la jurisdicción indígena y debía ser entonces puesto en conocimiento de la jurisdicción penal ordinaria.Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha señalado que resultan inadmisibles aquellas interpretaciones que afirman que la jurisdicción indígena solo puede conocer de aquellos asuntos que únicamente le interesan a ella misma, ya que "una concepción de la jurisdicción especial indígena dirigida de forma absoluta y exclusiva a la solución de asuntos internos de las comunidades originarias, ignora la importancia que la Constitución Política ha dado, en el marco del derecho mayoritario, a la autonomía indígena como fuente de aprendizaje de distintos saberes, y piedra angular para la vigencia de un estado pluralista y participativo. (C.P. preámbulo, artículos 1º y 2º)" - [Resumen automatizado: La señora MSBR, actuando como agente oficiosa de su hijo OMMB, interpone la presente acción de tutela para solicitar la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al buen nombre, al debido proceso, al juez natural, a la diversidad cultural, a la autonomía jurisdiccional y a la integridad étnica y cultural, los cuales estima vulnerados por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, autoridad judicial que, mediante sentencia de 18 de diciembre de 2013, decidió asignar la competencia para conocer del proceso penal que se adelanta en contra de su hijo, a la jurisdicción ordinaria. || El señor RJPM, quien dice actuar en su calidad de Capitán Menor del Cabildo de Sabana Nueva, perteneciente al Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento, interpone la presente acción de tutela para solicitar la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, los cuales estima vulnerados por el INPEC, entidad que no ha dado cumplimiento a la providencia judicial que le ordenó poner a disposición de las autoridades del Resguardo al indígena AJPA, a fin de que ellas adelanten el juicio que corresponda.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-10 de 2015

¿La UARIV desconoció los derechos fundamentales de un indígena en un trámite administrativo de reparación por secuestro, en el cual la víctima falleció, al determinar que uno de los criterios para para determinar sus beneficiarios -en este caso pertenecientes a una comunidad indígena-, consiste en aportar una sentencia o escritura pública de sucesión? (…)cuando una persona fallece y posteriormente es reconocida como destinataria, dentro de un trámite de reparación por vía administrativa, las autoridades no pueden exigir para el reconocimiento del porcentaje asignado al causante, que sus parientes cercanos aporten la sentencia o escritura pública de sucesión, en cuanto a los miembros de las comunidades indígenas se refiere. (…)Lo anterior, se constituye en un requisito excesivo para miembros de comunidades indígenas, toda vez que desconoce la diversidad étnica y cultural de la Nación, la jurisdicción especial indígena, el debido proceso y el pluralismo, principios axiológicos de la Constitución de 1991. Evidentemente, frente al reconocimiento de los beneficiarios de una indemnización administrativa, constituida en favor de una víctima del conflicto, pertenecientes a una comunidad indígena, las autoridades administrativas y/o judiciales no pueden imponer a los miembros de los pueblos indígenas un requisito imposible de cumplir, toda vez que su jurisdicción especial difiere de la común; lo cual se traduce en que no se compone de un cuerpo de operadores judiciales que emiten providencias judiciales (jueces) ni de otro cuerpo de funcionarios públicos que dan fe de las escrituras públicas (notarios). El enfoque diferencial para las víctimas del conflicto armado interno pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas - [Resumen automatizado: La Sala debe precisar que cuando una persona fallece y posteriormente es reconocida como destinataria, dentro de un trámite de reparación por vía administrativa, las autoridades no pueden exigir para el reconocimiento del porcentaje asignado al causante, que sus parientes cercanos aporten la sentencia o escritura pública de sucesión, en cuanto a los miembros de las comunidades indígenas se refiere. || Luzmila Cabrera Guerrero interpuso acción de tutela contra la UARIV, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición, a la igualdad, a la reparación integral, a la jurisdicción indígena, a la diversidad étnica y cultural, así como a la autonomía indígena, ante la negativa en el reconocimiento y pago de la reparación administrativa que considera tiene derecho como destinataria, en calidad de compañera permanente de Maximiliano Veloz García, víctima del conflicto armado interno. || En este evento, le corresponderá a la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional analizar y resolver el problema jurídico planteado de la siguiente forma: primero, el alcance de la jurisdicción especial indígena; segundo, el enfoque diferencial para las víctimas del conflicto armado interno pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas y; por último, se analizará el caso concreto.]

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2014

Sentencia de Revisión de Tutela T-849 de 2014

¿El Ministerio del Interior desconoce las garantías constitucionales de las comunidades indígenas, al considerar que no es necesario el procedimiento de consulta previa para ejecutar proyectos de explotación del suelo al interior la línea negra, cuando los mismos no se superponen con los hitos sagrados relacionados en la Resolución 837 de 1995, proferida por esa entidad? el ordenamiento jurídico colombiano, alimentado por los acuerdos que en materia de protección de comunidades indígenas ha suscrito la comunidad internacional, ha establecido de forma clara la obligación de consultar a las comunidades étnicas, cuando se vaya a celebrar un proyecto de exploración y explotación de sus recursos naturales, garantizando de esta forma sus derechos a la integridad cultural, a la igualdad y a la propiedad. La Consulta previa en estos escenarios, responde a la libertad que tienen los indígenas de ejercer su libre determinación, participando de forma efectiva en la decisión de adelantar o no proyectos que puedan afectar directamente, en el cual ellos ejercen plenamente y en comunidad el gozo de sus derechos - [Resumen automatizado: 3.1 Para la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar el problema jurídico se sintetizó en “determinar si las entidades accionadas han vulnerado los derechos fundamentales invocados por el actor, al ser otorgada la licencia para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción dentro de territorios que estarían habitados por indígenas Arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta, sin que mediara un debido proceso en la consulta previa, dado que no se informó ni se hizo partícipe a la comunidad directamente afectada.”[9]. || 2.3 El Ministerio del Interior en escrito presentado ante esta Corte el ocho (8) de octubre de dos mil catorce (2014), expuso que realizó una visita técnica al lugar donde se está efectuando la explotación y concluyó que aunque las obras se están llevando a cabo al interior del territorio denominado la línea negra, delimitado por la Resolución 837 de 1995, estás no tienen un impacto sobre la comunidad, ni se encuentra en lugares con alguna significación sagrada para el pueblo Arhuaco en la Sierra Nevada de Santa Marta[28].]

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2013

Sentencia de Revisión de Tutela T-921 de 2013

¿Se vulneró el debido proceso del accionante al ser juzgado por la jurisdicción ordinaria y al no haberse tenido en cuenta su condición de indígena en su privación de la libertad por ser aplicable al caso el fuero penal indígena y tener en cuenta la condición de indígena del accionante en la determinación de las condiciones de su privación de la libertad? La Corte Constitucional fortalece la jurisdicción penal indígena reconociendo su competencia para juzgar hechos cometidos por sus miembros dentro de su territorio y permitiendo que quienes deban ser privados de la libertad puedan cumplir su pena o medida de aseguramiento al interior de sus comunidades, para aliviar la grave situación de hacinamiento y pérdida de su cultura que sufren en Colombia. La Corte ordenó que el indígena accionante fuera juzgado por su resguardo, pues los hechos ocurrieron al interior de su territorio, con otro de sus miembros y bajo circunstancias especiales que deben ser tenidas en cuenta, pues en esa comunidad existen normas especiales y centenarias sobre la edad necesaria para la formación de una familia, las cuales deben ser consideradas para analizar el caso - [Resumen automatizado: Expresa que está demostrado que el delito que dio origen a la acción de tutela en este caso es el acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, situación fáctica demostrada ante la jurisdicción que lo investiga y juzga por lo que se puede determinar de manera prioritaria la protección de la menor víctima, sin excluir las figuras que se pueden analizar desde el ámbito de la dogmática penal, especialmente las siguientes: (i) frente al error de tipo vencible (objetivo) sobre el sujeto pasivo, respecto a la sociedad, y la formación sexual como bien jurídico; (ii) en cuanto al error de tipo vencible (subjetivo) sobre la intencionalidad y el dolo directo requerido para esos hechos; (iii) el análisis de la antijuridicidad formal, respecto del alcance de la sentencia de constitucionalidad C-507 de 2004 que declaró exequible la norma del Código Civil en términos de valoración de la antijuridicidad conglobante; (iv) el examen de la antijuridicidad material, respecto del bien jurídico de indemnidad y formación sexual, como atentados a los derechos del menor y en vinculación a las normas de la comunidad Embera - Chamí.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-20 de 2013

¿Vulneraron las entidades accionadas los derechos fundamentales de la accionante afiliada al régimen subsidiado de salud, al no prestarle los servicios de salud que requiere por conflictos administrativos entre las entidades correspondientes quienes trasladan unas a otras la responsabilidad de la atención médica porque la patología de la actora es un evento no POS? Concede- Se vulnera el derecho a la salud a una persona vinculada al régimen subsidiado cuando se niega la prestación de un servicio de salud que no se encuentra dentro de la cobertura del plan de beneficios y el mismo es necesario para garantizar la vida e integridad personal, no pueda ser sustituido por otro que se encuentra dentro del plan obligatorio de salud y no se desvirtúe la presunción de incapacidad económica. En la prestación del servicio de salud en el régimen subsidiado en lo no cubierto por el plan de beneficios, las entidades territoriales tienen el deber de garantizar el goce efectivo del derecho a la salud a través de entidades o instituciones prestadoras de salud de naturaleza pública o privada y en todo caso asumir los costos de los servicios y por su parte las EPS tienen la obligación de acompañar y verificar la efectiva y oportuna atención médica de quien continua siendo su afiliado, aun cuando, por ser un evento no POS, no tenga a cargo la atención médica - [Resumen automatizado: (ii) que en virtud del contrato vigente entre la Secretaría Distrital de Salud y la Fundación Cardio Infantil para atención a eventos no POS del régimen subsidiado y servicio de urgencias, la entidad distrital designó a esta IPS para que atendiera la patología que presenta la señora Olga Lucía Huérfano Alfaro; (iii) la accionante se encuentra vinculada a la EPS-S Salud Cóndor y (iv) ninguna de las Entidades accionadas ha prestado los servicios de salud que requiere el tratamiento de la cardiopatía que padece la demandante. || Bajo este escenario esta Sala revocará la sentencia proferida por el Juez Dieciséis Penal Municipal de Bogotá y concederá el amparo del derecho a la salud a la señora Olga Lucia Huérfano Alfaro, en consecuencia y en atención a las reglas jurisprudenciales relativas a las formas en las que el Juez constitucional puede amparar el derecho a la salud cuando este se vulnera a una persona vinculada al régimen subsidiado que requiere un servicio de salud excluido de la cobertura del POS, esta Sala distribuirá las obligaciones entre la EPS-S Salud Cóndor entidad que tendrá a su cargo la entrega de los medicamentos metoprolol TB 50 mg No 60, amiodarona TB 200 mg No 30, warfarina TB 5mg No 15, ASA tableta, con el derecho al recobro, y el acompañamiento a la accionante hasta que termine la atención médica en la IPS en relación con la Cardiopatía que presenta la actora.]

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2012

Sentencia de Revisión de Tutela T-760 de 2012

¿El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, la identidad cultural y a la familia de los accionantes pertenecientes a una comunidad indígena Embera y en situación de desplazamiento forzado dentro del proceso de restablecimiento de derechos de sus dos hijas menores al no adelantarlo en su idioma nativo y bajo procedimientos y costumbres no propias de la identidad cultural de los accionantes? - [Resumen automatizado: Las disposiciones contenidas en la Constitución, en el Convenio 169 de la OIT y en la ley 1381 de 2010 en relación con la protección de la diversidad cultural y en especial con la obligación de que las autoridades administrativas adelanten todas las acciones necesarias para que la lengua nativa de la comunidades étnicas no se convierta en un obstáculo para sus miembros, eran de imperativa aplicación en el procedimiento administrativo objeto de estudio y constituían la expresión del derecho al debido proceso de los ciudadanos. || La no vinculación de los accionantes dentro del proceso administrativo de restitución de derechos sobre sus dos hijas menores de edad, sin tener en consideración su condición de miembros de la comunidad indígena emberá, por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el cual concluyó con la declaratoria de situación de adoptabilidad de las menores. || Corresponde a la Sala estudiar si el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, la identidad cultural y a la familia de los ciudadanos Ana Alicia Arias Tequia y Libardo Rivera Murillo -pertenecientes a la comunidad indígena Embera y en situación de desplazamiento forzado- dentro del Proceso de Restablecimiento de Derechos de sus dos hijas menores Otilia Rivera Arias y Felicia Arias Tequia, al no adelantarlo en su idioma nativo y bajo procedimientos y costumbres no propias de la identidad cultural de los accionantes.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-691 de 2012

¿Un profesor universitario viola los derechos a la educación y a la igualdad en especial, el derecho a no ser discriminado, cuando usa en clase una expresión que se acusa racista para ejemplificar pese a que, ante el reclamo de un estudiante que se sintió discriminado, el docente retiró lo dicho, pidió disculpas, y aclaró que sólo usó la palabra como se hace cotidianamente, ordinariamente, no para atacar a nadie? Concede - Cuando se usa en clase, por parte de un docente, una expresión que mantiene y preserva estereotipos racistas y esclavistas en las estructuras lingüísticas, se promueve un trato excluyente, que margina a las personas consideradas como parte de una determinada 'raza'. Promover, justificar o preservar el uso de expresiones racistas en el ámbito de la educación, así como invisibilizar su contenido discriminatorio, desconoce los derechos a la igualdad y la no discriminación. Por tanto una persona, en calidad de profesor viola los derechos a la educación y a la igualdad (en especial, el derecho a no ser discriminado), cuando emplea durante una sesión de clase una expresión claramente racista para presentar un ejemplo. Tal acto discriminatorio ocurre así la palabra 'haya sido retirada' y lamentada por el propio profesor. Tales aspectos, son relevantes, por ejemplo, para establecer (i) el impacto de la afectación del derecho y (ii) el grado de responsabilidad del docente por lo ocurrido; mas no son aspectos determinantes para establecer si se produjo o no una afectación a los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación - [Resumen automatizado: Puntualmente, el artículo 13 establece que: 'Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica', y obliga al Estado a promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, así como a adoptar 'medidas en favor de grupos discriminados o marginados'. || No sólo se protegió a la mujer frente al estereotipo de ser necesariamente dependiente, también se protegió al hombre frente al prejuicio de considerarlo menos o inferior por ser dependiente de una mujer.[107] Concretamente, ha estimado que los prejuicios y estereotipos raciales se preservan y mantienen cuando, por ejemplo, se impide el ingreso de personas consideradas de 'raza negra' a un establecimiento público, como ocurrió en la sentencia T-1090 de 2005.[108] En aquella oportunidad, la Corte Constitucional retomó las consideraciones que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial había hecho a Colombia en 1999, en los siguientes términos,]

Sentencia de Revisión de Tutela T-477 de 2012

Protección del conocimiento tradicional indígena como manifestación del derecho a la identidad cultural. Resalta la Sala la falta de regulación específica de la propiedad intelectual de los conocimientos tradicionales de las comunidades étnicas. Lo que no quiere decir que sea un tema nuevo o ajeno a la realidad mundial, sino que en virtud de las características propias de dicho conocimiento se presentan dificultades de adaptación al sistema jurídico ordinario de la propiedad intelectual evidenciándose de esta forma la necesidad de crear un sistema sui géneris. La marca es una forma de identificación para el consumidor quien la recuerda y de ese modo consume el producto con el que se identifica y reporta en él alguna emoción. La propia función de distintividad de la marca protege así dos aspectos: en primer lugar al comerciante, pues permite comercializar su producto, posesionarlo en el mercado y usufructuar dicho reconocimiento y al consumidor para la elección no engañosa ni confusa del producto. La exclusividad que le da la distintividad, busca proteger a los consumidores, fomentar la competencia leal y preservar la integridad de las marcas como signo para distinguir bienes y servicios. Se advierte asimismo, que el desarrollo del régimen de propiedad intelectual de dichas comunidades indígenas es un aspecto que debe ser objeto de regulación expresa, para lo cual es necesario que se cuente con la participación de dichas comunidades mediante la figura de la consulta previa, al ser un tema que los afecta directamente y constituir un derecho fundamental - [Resumen automatizado: La relación entre el derecho marcario y el derecho de las comunidades indígenas a la identidad cultural y la protección a su conocimiento tradicional, solamente encuentra su expresión en el literal g) del artículo 136 de la Decisión Andina 486 en el que se dispone que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: “(…) g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso”.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-1 de 2012

¿Vulneraron el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y la autoridad indígena los derechos fundamentales a tener una familia, a no ser separado de ella, al libre desarrollo de la personalidad y al acceso a la administración de justicia de la accionante y de su hija menor de edad a través del Acta de Conciliación que decidió la custodia y cuidado de la menor? - [Resumen automatizado: En el Reporte de la actuación familiar de fecha del veintiséis (26) de octubre de dos mil nueve(2009) del Grupo de asistencia Técnica de la Seccional Guainía del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se recomendó lo siguiente: "Por ser una situación de conflicto interno de una comunidad indígena de acuerdo a nuestra constitución política artículo 246 donde se le otorga a las autoridades indígenas competencias para ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial y la ley 1098 de 2006 que dispone que los niños, niñas y adolescentes indígenas son sujetos titulares de derecho y en este sentido, el ejercicio los mismos debe ser garantizado por la comunidad de Yuri debe intervenir para garantizarle restablecimiento de derecho tradicional a la niña Shirley Parada Quimbayo dentro de la comunidad."[39] || Corresponde a la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional determinar si el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) regional Guainía, y la autoridad indígena de la Comunidad de Yuri, representada por el Señor Eduar Estibenzon Medina vulneraron los derechos fundamentales a tener una familia, a no ser separado de ella, al libre desarrollo de la personalidad y al acceso a la administración de justicia de la señora Yelitza Paola Quimbayo Díaz y de su hija Chirley Stefanía Parada Quimbayo a través del Acta de Conciliación suscrita el dos (2) de mayo de dos mil diez (2010) que decidió la custodia y cuidado de la menor.]

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2011

Sentencia de Revisión de Tutela T-920 de 2011

[Resumen automatizado: La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside-, Humberto Antonio Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente de las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha pronunciado la siguiente || El peticionario Jesús Renán Rojas Carvajal, Gobernador del Cabildo Indígena de Intiyaku de Rosas (Cauca), interpuso acción de tutela por considerar vulnerados los derechos fundamentales a la consulta previa y concertación de los pueblos indígenas, a la integridad étnica y cultural, al debido proceso y a la libre afiliación colectiva al sistema de salud, presuntamente vulnerados por la Alcaldía Municipal de Rosas (Cauca), según los hechos que a continuación son resumidos: || Comisionar al Juzgado Promiscuo Municipal Unidad Judicial Rosas La Sierra Cauca para que practicara una diligencia de interrogatorio al señor Jesús Renán Rojas Carvajal sobre los hechos de la acción de tutela y, en particular, para que respondiera las siguientes preguntas: a) ¿a qué entidad administradora se encuentran afiliados actualmente los miembros del cabildo indígena de Intiyaku de Rosas?, b) ¿cuánto tiempo ha transcurrido desde su vinculación a tal entidad?, c) ¿es la lista que consta en el expediente, cuaderno 1, folio 21-24, la lista censal de la comunidad?]

Sentencia de Revisión de Tutela T-693 de 2011

DERECHO A LA CONSULTA PREVIA-Diseño y realización de proyectos de desarrollo en territorio ancestral indígena - [Resumen automatizado: El señor Marcos Arrepiche, actuando en su condición de Gobernador del Cabildo Indígena Resguardo Turpial La Victoria y a través de apoderado judicial, solicita[1] la protección de los derechos fundamentales a la consulta previa regulada por el Convenio 169 de la OIT, a otras formas de participación democrática, a la integridad étnica y cultural de la Nación y a la igualdad de culturas que conforman la Nación, presuntamente vulnerados por el Ministerio del Interior y de Justicia, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la empresa Meta Petroleum Limited. || Afirma que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante Resolución No. 1712 del 29 de agosto de 2006, otorgó licencia a la empresa Meta Petroleum Limited para la realización del proyecto Oleoducto de los Llanos, desde el campo Rubiales hasta las facilidades del CPF-Cusiana, sin cumplir con la consulta previa a que tiene derecho el Pueblo Indígena Achagua y Piapoco del Resguardo Turpial-La Victoria, de conformidad con el Convenio 169 de la OIT suscrito por Colombia y ratificado mediante la Ley 21 de 1991.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-433 de 2011

¿Son vulnerados los derechos fundamentales de los accionantes, miembros de una histórica comunidad indígena, al demorar el proceso de constitución del territorio ancestral donde se encuentra el resguardo indígena de esta comunidad y el proceso de reconocimiento de titulación colectiva?. Concedida. Desde el año de 1967, en los términos de la Ley 31, a las comunidades indígenas les fue reconocido el derecho a la propiedad colectiva de los territorios que ocupan ancestralmente y, por ende, las facultades de uso y explotación de sus suelos y bosques, esto último, por ministerio de la ley o previa autorización de la autoridad ambiental, en los términos del Código de Recursos Naturales. En suma, el derecho al debido proceso administrativo puede verse infringido ante dilaciones administrativas que perpetúen la incertidumbre de los derechos fundamentales de la comunidad indígena, por la indefinición de la titulación que les corresponde culminar. La titulación de la tierra, como derecho de las comunidades indígenas, es esencial para la protección de su derecho constitucional fundamental al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. No se concibe a la comunidad indígena sin su tierra. - [Resumen automatizado: Los señores APULIO CHAMARRA CHAMARRA y PEDRO CHAMARRABAILARÍN, actuando como representantes de la comunidad indígena Embera Dobida de Eyakera, acuden a la acción de tutela con el fin de que se reinicien los trámites de constitución del resguardo de su comunidad ubicada en el municipio de Ungía (Chocó), se realice un nuevo estudio técnico y topográfico del área real del resguardo y una medición exacta del territorio ancestral que les pertenece, el que indican, asciende aproximadamente a 5.000 hectáreas y no a las 500 que les ofrece el INCODER. || Sin embargo, indica que envió comunicación a la Subgerencia de Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER- para que les informen el estado de las solicitudes que se hayan presentado con el fin de constituir el resguardo indígena que albergaría a la comunidad "Eyakera", así como el estado del proceso de titulación o ayudas tendientes a solucionar las problemáticas planteadas por los demandantes, de lo que informaran al Despacho una vez obtengan la respuesta. || La Corte reitera de esa manera, (i) que los grupos indígenas gozan de una especial protección por parte del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 superior y (ii) que el derecho de propiedad colectiva sobre los territorios indígenas, como ya se ha dicho, reviste la mayor importancia dentro del esquema constitucional al ser esencial para la preservación de las culturas y los valores espirituales de estos pueblos.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-282 de 2011

¿Fueron desconocidos los derechos fundamentales de las familias desplazadas, incluyendo menores de edad, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, y los derechos derivados de la diversidad étnica, por parte de la Inspección Urbana de Policía Municipal Fray Damián en el trámite policivo adelantado en su contra por la ocupación de un bien fiscal?. Concedida. Procedencia de la acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales de las personas en situación de desplazamiento forzado. Derechos de la población desplazada en materia de desalojo forzoso - [Resumen automatizado: De la jurisprudencia de la Corporación construida en escenarios constitucionales semejantes al que se aborda en esta oportunidad, es posible extraer las siguientes conclusiones: existe jurisprudencia constante, uniforme y reiterada por distintas salas de revisión en el sentido de que (i) la tutela es procedente en términos formales para estudiar asuntos en los que la población desplazada se encuentra inmersa en diligencias de desalojo (o, de forma más amplia, en procesos policivos de restitución bienes ocupados irregularmente), incluso cuando los bienes ocupados son de propiedad pública. || Para resolver el problema planteado en este trámite, la Sala (i) recordará las obligaciones del Estado frente a la población desplazada y la especial afectación que enfrentan en el marco del desplazamiento los pueblos aborígenes, en especial en lo relativo a la defensa de sus tierras y/o territorios ancestrales; (ii) reiterará los pronunciamientos proferidos por esta Corporación en escenarios fácticos y jurídicos análogos al presente y, en ese marco, (iii) procederá al análisis del caso concreto.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-184 de 2011

¿Es el juez de tutela el idóneo para valorar un tratamiento médico llevado a cabo por un especialista y establecer así la idoneidad del cambio de la formula prescrita por el médico tratante a una menor la cual padece de varias enfermedades incluyendo el enanismo?. Negada. La protección reforzada a la salud en sujetos de especial protección constitucional: Niños y Niñas. La imposibilidad de los jueces para decidir sobre la idoneidad de tratamientos y medicamentos de salud - [Resumen automatizado: No obstante, con la finalidad de garantizar el derecho a la salud de la paciente, en virtud de la especial protección de esta garantía en los menores, el cual involucra el derecho a que se actualice la orden del médico tratante cuando su desarrollo físico puede conllevar a modificaciones en el tratamiento, se ordenará a la demandada que realice una valoración médica de la niña para determinar: (i) si el medicamento suministrado ha sido eficaz contra la enfermedad que padece; y (ii) definir cuál es el tratamiento necesario e idóneo para el enanismo que sufre la menor. || 3.1 En primera instancia, mediante sentencia del 26 de octubre de 2010, el Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes de Pereira - Risaralda resolvió negar el amparo solicitado por considerar que en el caso concreto, Saludcoop E.P.S. no ha vulnerado los derechos de la menor Gloria Gallego Mejia, puesto que el médico tratante modificó la fórmula de la hormona de crecimiento con el fin de permitir el acceso del medicamento a la paciente; de tal forma que el comité científico de la EPS aprobó la autorización para su suministro por el interregno de 3 meses.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-129 de 2011

¿Son las conductas de las entidades accionadas, desconocedoras de los derechos y garantías constitucionales de las comunidades indígenas accionantes, en lo relativo al agotamiento de la consulta previa para la proyección de las obras de infraestructura y la explotación de recursos naturales, y debido a esto es necesario asumir medidas relativas al saneamiento de los territorios por la presunta ocupación irregular de los mismo y el presunto peligro de desplazamiento forzado?. Concedida. Protección constitucional especial de la diversidad étnica y cultural de la Nación. Reconocimiento en materia indígena y autonomía en sus territorios. De la obligatoriedad de la licencia ambiental y del Plan de Manejo Arqueológico para la protección de bienes de interés cultural.

Sentencia de Revisión de Tutela T-116 de 2011

¿Fueron vulnerados los derechos fundamentales a la consulta previa y a una educación en perjuicio del Resguardo Indígena Páez de la Gaitana, al excluir sin consulta previa a Instituciones Educativas lo cual descarta la aplicación de una política etnoeducativa en esta institución?. Concedida. Las comunidades indígenas como sujetos de derechos fundamentales y la legitimación activa en los casos en los que reclaman la protección de sus derechos fundamentales mediante acción de tutela. El derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades étnicas y su protección por vía de tutela - [Resumen automatizado: El catorce (14) de mayo de dos mil diez (2010) Marciana Quira Calapsu, Gobernadora del Resguardo Indígena Páez de la Gaitana[1], interpuso acción de tutela en nombre de su resguardo solicitando el amparo de sus derechos fundamentales a la consulta previa de las decisiones que lo afecten directamente y a una educación que respete y desarrolle su identidad cultural los cuales, en su opinión, están siendo vulnerados por el Departamento del Cauca. || 2.- En atención a lo expuesto, esta Sala de Revisión debe determinar si el demandado vulneró los derechos fundamentales a la consulta previa y a una educación que respete y desarrolle la identidad cultural en perjuicio del Resguardo Indígena Páez de la Gaitana al excluir, sin consulta previa, a la Institución Educativa Promoción Social de Guanacas y sus respectivas sedes del decreto 0591 de 2009 que determinó los establecimientos educativos oficiales con sus respectivas sedes- que se encuentran ubicados en territorios indígenas y atienden población indígena, lo cual descarta la aplicación de una política etnoeducativa en la referida entidad.]

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2010

Sentencia de Revisión de Tutela T-617 de 2010

¿Vulneró la autoridad judicial accionada los derechos fundamentales a la autonomía jurisdiccional y a la integridad étnica y cultural de la comunidad indígena y al debido proceso, al juez natural y a la diversidad cultural del accionante, por haber incurrido en errores de tipo fáctico y sustantivo al proferir el fallo mediante el cual dirimió el conflicto positivo de competencias surgido entre las autoridades tradicionales del Resguardo y las autoridades del sistema jurídico nacional especialidad penal, con ocasión de hechos ocurridos en el resguardo, relacionados con una posible vulneración a la integridad sexual de una menor indígena por parte de un miembro adulto de la comunidad? - [Resumen automatizado: A juicio del peticionario, la decisión del Consejo Superior de la Judicatura constituye una “vía de hecho”, pues desconoce los derechos fundamentales de la comunidad indígena de Túquerres a la autonomía jurisdiccional y a la diversidad étnica y cultural, así como los derechos constitucionales al debido proceso (principio del juez natural), diversidad étnica y cultural, e igualdad ante la ley del señor 'Mario', debido a errores de carácter fáctico, sustantivo y procedimental en los que habría incurrido la parte accionada al proferir sentencia de cuatro (4) de febrero de dos mil nueve (2009): || Corresponde a la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional determinar si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales (i) a la autonomía jurisdiccional y a la integridad étnica y cultural de la comunidad indígena del resguardo de Túquerres, y (ii) al debido proceso, al juez natural y a la diversidad cultural del señor 'Mario”, por haber incurrido en errores de tipo fáctico y sustantivo[27] al proferir el fallo mediante el cual dirimió el conflicto positivo de competencias surgido entre las autoridades tradicionales del Resguardo de Túquerres y las autoridades del sistema jurídico nacional, especialidad penal, con ocasión de hechos ocurridos en el resguardo mencionado, relacionados con una posible vulneración a la integridad sexual de una menor indígena por parte de un miembro adulto de la comunidad.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-547 de 2010

[Resumen automatizado: En su respuesta, de 17 de mayo de 2007, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado expresó, en relación con la primera pregunta, que “El término razonable para adelantar el proceso de concertación es el que corresponda al procedimiento que de acuerdo con lo estipulado por el decreto 1320 de 1998 adelante el Ministerio del Interior y de Justicia a través de la Dirección de Etnias, de manera que puede declararse culminado cuando se cumplan las etapas de concertación o consulta allí señaladas”, y en relación con las preguntas 2 y 3, que “La concertación o consulta previa no suple la competencia de las autoridades para determinar los límites de los procedimientos y adoptar las decisiones que sean razonables para el caso, teniendo en cuenta la defensa del derecho fundamental de las comunidades indígenas a su integridad vital, socio cultural y religiosa, sin que sea necesario un acuerdo pleno de carácter positivo con ellas; siempre� que previamente se agote el procedimiento de consulta en los términos �de la Constitución Política, de la ley 21 de 1.991 por medio de la cual se aprobó el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76ª� reunión de la Conferencia General de la OIT y del Decreto Número 1320 de 1.998 por el cual el Gobierno Nacional reglamentó el procedimiento de� la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de recursos naturales dentro de su territorio.”]

Sentencia de Revisión de Tutela T-143 de 2010

¿Las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales al consumo de agua potable de los miembros de una comunidad, y el de los Pueblos Indígenas a la integridad étnica y cultural, al no adelantar las acciones encaminadas a permitirles transitoriamente el acceso a cantidades mínimas de agua potable, a pesar de que la restauración definitiva de dichas fuentes aún se demora en llevarse a término, y por haber concebido el plan de solución definitiva a su emergencia, sin especificar las circunstancias de tiempo y modo, ni el papel que tendrían los directamente implicados por la Política Pública en las etapas de elaboración, implementación y evaluación de la política encaminada a garantizarlos? Concedida. Carácter fundamental del derecho al agua potable, cuando su destino final es el consumo humano. Los pueblos indígenas son titulares de los derechos fundamentales a la integridad étnica y cultural y el Estado debe cumplir con unas obligaciones correlativas para respetarlos y protegerlos - [Resumen automatizado: Marcos Arrepiche, en su calidad de Gobernador del Cabildo Indígena El Turpial-La Victoria, interpone acción de tutela contra el Alcalde de Puerto López y el Gobernador del Meta, por considerar que al no haber llevado a cabo las acciones necesarias para superar la emergencia en el acceso al agua, por la cual atraviesan actualmente los Pueblos Indígenas Achagua y Piapoco, les violan a sus miembros los derechos fundamentales al consumo de agua potable, la salud y la vida en condiciones dignas y, a las comunidades indígenas en cuanto tales, el derecho a la integridad étnica y cultural. || Marcos Arrepiche, en su calidad de Gobernador del Cabildo Indígena El Turpial-La Victoria, interpone acción de tutela contra el Alcalde de Puerto López y el Gobernador del Meta, por considerar que al no haber llevado a cabo las acciones necesarias para superar la emergencia en el acceso al agua, por la cual atraviesan actualmente los Pueblos Indígenas Achagua y Piapoco, les violan a sus miembros el derecho fundamental al consumo de agua potable, y a las comunidades indígenas, en cuanto tales, el derecho a la integridad étnica y cultural.]

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2009

Sentencia de Revisión de Tutela T-903 de 2009

Disputa entre miembros de comunidad indígena en relación con la propiedad o posesión de un bien inmueble ubicado dentro del mismo resguardo indígena. ¿Las autoridades indígenas poseen facultades para fallar sobre la base de criterios de equidad, o si ello desconoce el referido principio de legalidad o previsibilidad de las actuaciones de la Jurisdicción Especial Indígena?. Equidad como fuente auxiliar de derecho. El hecho que ninguno de los presuntos titulares del bien haya participado en el procedimiento de deslinde de predios de propiedad privada del territorio colectivo adelantado por el Incora en 2003, implica que las decisiones sobre el usufructo de mejoras, o tenencia de parcelas, está sometido a la normatividad interna del resguardo. Alcances del fuero indígena - [Resumen automatizado: 8. En atención a los hechos y argumentos expuestos, la accionante solicitó al juez de tutela el amparo a los derechos fundamentales presuntamente vulnerados por el Consejo Mayor y el Cabildo Gobernador de la Organización Indígena Kankuama y, en consecuencia, ordenar al Cabildo Gobernador y el Consejo de Mayores: (i) dar respuesta definitiva al derecho de petición mencionado previamente; (ii) reconocer el acto administrativo emanado por el municipio de Valledupar que la acredita como propietaria del bien inmueble en disputa; (iii) valorar las pruebas presentadas por la accionante; (iv) no adoptar decisiones que se encuentran en oposición a la Ley y la Constitución Política en el ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena; y (v) no imponer sanciones a los miembros de la comunidad por perseguir la protección de sus derechos ante las instancias que consideren pertinentes. || Corresponde a la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional determinar si el Cabildo Gobernador y/o el Consejo de Mayores del Resguardo Indígena Kankuamo vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a elevar peticiones respetuosas, y a la estabilidad laboral reforzada de la señora Indira Mendiola Montero, al decidir sobre la controversia planteada entre la actora y la señora Mercedes Daza Luque, por la propiedad, posesión o tenencia de un bien inmueble ubicado en el municipio de Atánquez.]

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2007

Sentencia de Revisión de Tutela T-996 de 2007

¿La decisión proferida por el Consejo Superior de la Judicatura mediante el cual resolvió el conflicto jurisdicción, es o no constitutiva de una vía de hecho? Negada. Doctrina constitucional sobre la vía de hecho judicial. Jurisdicción especial indígena en la Constitución de 1991 - [Resumen automatizado: La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados JAIME ARAÚJO RENTERÍA, JAIME CORDOBA TRIVIÑO y MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente, || Habida cuenta de lo anterior, para resolver el problema jurídico planteado en este caso, la Sala analizará: (i) la doctrina constitucional establecida por esta Corporación sobre la vía de hecho judicial; (ii) la naturaleza de la jurisdicción especial indígena en la Constitución de 1991; (iii) abordará la Corte el estudio del caso concreto. || Este ha sido el criterio jurisprudencial adoptado por la Corte desde sus primeras decisiones, en particular desde la sentencia C-543 de 1992, en cuya parte motiva la Corporación estableció que en aquellos casos en los cuales se evidencie una actuación de hecho por cuenta de una autoridad judicial, la acción de tutela procederá como mecanismo de protección judicial[4]. || [2] En la sentencia T-539-02 MP: Clara Inés Vargas Hernández, la Corte señaló que "la vía de hecho se consolida en aquellos casos en los cuales el juez se desapodera de la función que constitucional, legal y reglamentariamente le corresponde, para asumir mediante una decisión judicial, una conducta arbitraria en forma superlativa".]

Sentencia de Revisión de Tutela T-945 de 2007

¿Existe violación de los derechos fundamentales de la actora por parte de Wintukwa IPSI, al terminar un contrato presuntamente laboral, sin tener en cuenta su estado de embarazo? Improcedente. El fuero de las comunidades indígenas, es en un mecanismo de preservación étnica y cultural de la nación colombiana por la conservación de sus normas, costumbres, valores e instituciones dentro del territorio dentro del cual habitan, pero éstos no pueden ser contrarios a la Constitución. Configuración de los presupuestos para que sea la comunidad indígena quien administre justicia en el caso concreto - [Resumen automatizado: La accionante María Liliana Mejía Torres interpuso acción de tutela para que le fueran protegidos sus derechos fundamentales al mínimo vital en conexidad con el derecho a la vida, y la estabilidad laboral de la mujer embarazada, que según afirma, le fueron vulnerados por Wintukwa IPS, al terminar el contrato, que en su concepto es de naturaleza laboral, sin tener en cuenta su estado de embarazo. || En lo relacionado con la competencia para conocer del conflicto suscitado, consideró el fallador que el Juzgado Promiscuo Municipal de Pueblo Bello no tenia jurisdicción para decidir la tutela debido a que de acuerdo con el factor personal y territorial de fijación de jurisdicción indígena le correspondía a esta el conocimiento, ya que los hechos que la originaron ocurrieron en territorio del resguardo indígena Arhauc y por ser los sujetos miembros de esa comunidad. || CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juez Primero Civil del Circuito de Valledupar del 13 de marzo de 2007, y en consecuencia ordenar el envío de este expediente a la jurisdicción indígena representada en el Cabildo del Resguardo Arhuaco con el propósito de que el conflicto entre María Liliana Mejía Torres y Wintukwa IPSI sea decidido por sus autoridades jurisdiccionales con arreglo a sus normas, costumbres y procedimientos.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-760 de 2007

¿El decomiso del animal que ha brindado compañía a una persona durante varios años, tiene la fuerza para vulnerar los derechos fundamentales de ésta? No concedida. Constitución Ecológica y diferentes niveles de protección de las especies silvestres. Pautas para el aprovechamiento de la fauna silvestre y potestades del Estado dentro de la protección medio ambiental. Alcances del derecho fundamental a la salud, protección de la esfera síquica o emocional. - [Resumen automatizado: El juez de instancia negó la protección de los derechos fundamentales pues consideró que: (i) de la condición de la actora no es posible inferir que se encuentre en peligro su vida, requisito necesario para que el derecho a la salud sea considerado como fundamental; (ii) no fue probado que la dolencia que sufre doña Delfina haya sido generada por la ausencia del animal y tampoco se ha acreditado que la devolución del mismo sea la mejor alternativa para el tratamiento de su afección; y (iii) la acción de tutela no constituye un mecanismo a través del cual se puedan proferir órdenes que contraríen o desconozcan mandatos legales y, por tanto, teniendo en cuenta que está prohibido tener animales silvestres en calidad de mascotas, no es posible colegir que las actuaciones de la autoridad ambiental sean ilegítimas o ilegales.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-659 de 2007

[Resumen automatizado: 2. Los accionantes pretenden la protección de sus derechos fundamentales al trabajo, a la libertad de locomoción y a la educación de los menores residentes en las veredas Novillos y Peñón Blanco, quienes no pueden acceder fácilmente al casco urbano del municipio de Carmen de Apicalá por el grave deterioro y la falta de mantenimiento de la única vía que comunica esas regiones. || En consecuencia, corresponde a la Sala averiguar si por medio de la acción de tutela es posible ordenar la recuperación y el mantenimiento de una vía pública para proteger los derechos fundamentales al trabajo, a la libertad de locomoción y a la educación de los menores residentes en las veredas Novillos y Peñón Blanco y, de manera particular, de los demandantes. || De esta forma, se confirmará la decisión de instancia en cuanto negó el amparo de los derechos invocados por los demandantes, pero se revocará la medida adoptada por el juez y que se dirigía a exhortar a la Alcaldía Municipal de Carmen de Apicalá para que inicie en el menor tiempo posible la recuperación, reparación y adecuación de la vía que de esa localidad conduce a las veredas Peñón Blanco y Novillos, pues la ausencia de prueba de los derechos fundamentales presuntamente afectados le impide entrar a pronunciarse de fondo en el asunto que origina la acción de tutela.]

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2005

Sentencia de Revisión de Tutela T-1090 de 2005

¿Vulneraron los establecimientos públicos demandados los derechos fundamentales cuando niegan la entrada a sus dependencias en razón de la raza de las personas que solicitan el acceso? Hecho consumado como factor para la improcedencia de la Tutela. El testigo sospechoso. Derecho a la igualdad, discriminación racial. Negación de entrada a discoteca. La indemnización en abstracto. Concedida - [Resumen automatizado: Cuando la Corte tuvo la oportunidad de analizar la Constitucionalidad del artículo 217 del Código de Procedimiento Civil[9], en la sentencia C-622 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz), consideró que el mismo debía interpretarse como uno de los instrumentos de la autonomía del juez para definir las pautas que rigen la valoración conjunta de todo el acervo que se recaude en la investigación; realzó la importancia del principio de la sana crítica[10] y precisó que tal norma no lo facultaba para prescindir, sin más razón, de los testimonios sospechosos: “Ese ejercicio de valoración de las pruebas deberá efectuarlo a partir del análisis conjunto de las mismas, exponiendo razonadamente el valor que atribuye a cada una, justificando la ponderación que de ellas hace y descartando sólo aquellas ilegal, indebida o inoportunamente allegadas, pues ello “...implicaría violar el derecho de defensa y el principio de publicidad y la posibilidad de contradicción de los medios probatorios, los cuales son de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento”(Corte Suprema de Justicia, Sentencia de diciembre 2 de 1975)”.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-1070 de 2005

¿La autoridad acusada, al tramitar y decidir el proceso civil de fijación de alimentos seguido contra el actor violó el derecho a la defensa y los principios de publicidad, contradicción y del juez natural dado que fue condenado a suministrar una pensión de alimentos a favor de una de sus hijas, sin que hubiere sido formalmente enterado sobre la existencia del proceso civil de fijación de alimentos seguido en su contra, y sin que el juez que lo tramitó tuviera jurisdicción y competencia para ello, ya que tanto la demandante como él mismo tienen la condición de indígenas? - [Resumen automatizado: La Corte ha concluido que la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales depende de que el juez constitucional verifique el cumplimiento de los siguientes presupuestos básicos: (i) que no se encuentren previstos en la ley otros mecanismos de defensa judicial que se puedan invocar para precaver la amenaza o violación alegada, o que de existir éstos, no resulten del todo eficaces para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable; (ii) que la actuación cuestionada, materializada en una providencia judicial, carezca de todo fundamento jurídico y sea el resultado de una valoración subjetiva del juzgador incursa en un defecto orgánico, sustantivo, fáctico, procedimental, por consecuencia o por violación directa de la Constitución; y (iii) que con dicha actuación se amenace o se viole en forma grave los derechos fundamentales de quien teniendo la calidad de sujeto procesal invoca la protección constitucional.]

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2003

Sentencia de Revisión de Tutela T-955 de 2003

Derechos fundamentales de las comunidades negras. Daño ambiental - Explotación maderera en los territorios colectivos de las comunidades negras, actuaciones y denuncias. Actuaciones administrativas, demandas, decisiones judiciales y verificaciones - [Resumen automatizado: Se tutelará el derecho de los accionantes a la propiedad colectiva de sus suelos y bosques, de manera que la entidades accionadas ordenarán que se suspenda la extracción a que se hace mención, y dispondrán lo necesario para que tan pronto como el Ministerio del Interior y la Justicia defina el asunto de la representación legal de su Consejo Mayor, se consulte a las comunidades negras de la Cuenca del Río Cacarica, de buena fe y con el objeto de llegar a un acuerdo, la reglamentación sobre el aprovechamiento forestal de sus bosques colectivos, teniendo presente que dichas comunidades son las propietarias del recurso, y tendrán que ser las beneficiarias directas de la explotación, y ésta deberá permitirles avanzar y consolidar su proceso cultural. || Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución, el Congreso expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial que el Gobierno creará para tal efecto, una ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley.]

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2000

Sentencia de Revisión de Tutela T-30 de 2000

¿La decisión de los jueces de instancia y el cumplimiento de la misma por parte de los funcionarios responsables del proceso administrativo, desconoció o vulneró los preceptos constitucionales consagrados en el artículo 7 de la C.P., que reconoce y protege la diversidad étnica de la Nación; en el artículo 40 de la misma que garantiza el derecho de participación social y comunitaria; en el artículo 246 de la Carta que señala que los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República; y en el artículo 330 superior, que consagra el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas? - [Resumen automatizado: Con base en esos pronunciamientos, a través de los cuales tanto la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior como la Defensoría del Pueblo, se abstuvieron de emitir el concepto de fondo que para esos casos ordena el artículo 21 del Código del Menor, manifestando que debía esperarse al resultado de la consulta interna que iba a adelantar la comunidad indígena, la Defensora de Familia encargada del asunto en Bogotá, concluyó, según lo expresa en el informe que remitió al a-quo en el proceso de tutela de la referencia[10], que no obstante que no existía evidencia que permitiera pensar que la comunidad estuviera siquiera considerando la posibilidad de que los menores retornaran a su seno, y que en su criterio el plazo de siete meses que la misma solicitaba que los menores estuvieran al cuidado de Bienestar Familiar era demasiado largo, ya que implicaba negarles a los niños el derecho a tener una familia que les brindara el afecto y los cuidados que su condición exigía, situación que los hacia propensos a enfermedades, ella también se había abstenido de iniciar los trámites tendientes a la declaratoria de abandono, encaminando en cambio sus esfuerzos, a dictar medidas que les brindaran protección y contribuyeran a su desarrollo normal, de manera tal que pudieran superar la falta de afecto y el abandono a que fueron sometidos por las costumbres que los rodearon al nacer.]

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1998

Sentencia de Revisión de Tutela T-525 de 1998

[Resumen automatizado: El Estado colombiano reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, lo cual significa, entre otras cosas, que el sistema constitucional ha sido concebido en esta materia a partir del hecho incontrovertible, aceptado por la organización política, de que coexisten en el territorio varias razas y culturas, y sobre la base de que la sociedad y el Estado respetan la identidad de todas y cada una de las comunidades indígenas, sus costumbres, su historia, sus creencias, sus formas de vida y, desde luego, sus territorios ancestrales, que inclusive merecen ser considerados como entidades territoriales, con las características y los derechos que les son propios dentro del ordenamiento. || La existencia de los derechos de las comunidades indígenas debe ser reconocida, preservada y respetada por las autoridades, pero también juzga necesario resaltar que, si en el asunto materia de debate, la propia Constitución ha dejado en cabeza de la ley la fijación de los requisitos que habrán de ser exigidos a los resguardos para que se los asimile a municipios, debe aplicarse la regla -correlativa a los derechos- del pleno cumplimiento de las disposiciones en vigor, previos los trámites legalmente exigidos, de los cuales el Ministerio del Interior no puede eximir a parcialidad indígena alguna, no sólo en cuanto ello rompería el principio de igualdad sino por cuanto ese organismo está obligado a seguir de manera estricta los procedimientos señalados en la normatividad para el reconocimiento específico que en cada caso se le solicite.]

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1996

Sentencia de Revisión de Tutela T-422 de 1996

[Resumen automatizado: 2.- En carta de octubre 26 de 1995, Germán Sánchez Arregoces, Coordinador de la Asociación Nacional CIMARRON - Santa Marta, solicitó al Alcalde Mayor de Santa Marta que designara a Alexis Alberto Varela Eguiso, Licenciado en Bioquímica, como representante de las Comunidades Negras, ante la Junta Distrital de Educación del Distrito de Santa Marta. || 7.- En oficio N°014, el Personero delegado para los Derechos Humanos le manifiesta al Coordinador de CIMARRON para Santa Marta, Germán Sánchez Arregoces: "En respuesta a su oficio calendado febrero 23 del presente año, le manifiesto que en visitas realizadas por esta Personería Delegada a los diferentes sectores de este Distrito hemos podido observar la existencia de comunidades compuesta en su gran mayoría por personas de la raza negra, especialmente en los barrios de Cristo Rey y la Paz, comunidades estas que se dedican a las actividades de ventas ambulantes especialmente la venta de alegría y dulces por las calles del sector turístico, elaboración de trenzitas a los turistas que visitan nuestras playas y al empleo domésticos en muchos hogares samarios.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-349 de 1996

¿Cuáles son concretamente los límites que la Constitución impone al ejercicio de facultades jurisdiccionales por las autoridades de las comunidades indígenas, específicamente en el caso del juzgamiento de la conducta de uno de sus miembros contra otro, cuando ésta ha tenido lugar dentro del territorio de la comunidad respectiva? - [Resumen automatizado: Las restricciones a la autonomía de las comunidades indígenas en lo que hace a la determinación de sus instituciones jurídicas y sus formas de juzgamiento estarían justificadas, porque: se trata de medidas necesarias para proteger intereses de superior jerarquía, que en este caso serían el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud y la tortura y la legalidad de los procedimientos, los delitos y las penas; y se trata de las menores restricciones imaginables a la luz del texto constitucional. || Interpone la tutela el indígena embera-chamí Ovidio González Wasorna en contra la Asamblea General de Cabildos en Pleno de la comunidad a la que pertenece y del Cabildo Mayor Único de Risaralda, por vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la vida y a la integridad física, consagrados en los artículos 29, 11 y 12 de la Constitución Política. || Estas restricciones a la autonomía de las comunidades indígenas en lo que hace a la determinación de sus instituciones jurídicas y sus formas de juzgamiento estarían justificadas, según lo expuesto anteriormente, porque: a) se trata de medidas necesarias para proteger intereses de superior jerarquía, que en este caso serían el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud y la tortura y la legalidad de los procedimientos, los delitos y las penas; y b) se trata de las menores restricciones imaginables a la luz del texto constitucional.]

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1994

Sentencia de Revisión de Tutela T-230 de 1994

Derecho de asociación sindical; violación por discriminación patronal - [Resumen automatizado: El trato diferenciado de dos situaciones de hecho diversas no constituye una discriminación siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: primero, que los hechos sean distintos; segundo, que la decisión de tratarlos de manera diferente esté fundada en un fin aceptado constitucionalmente; tercero, que la consecución de dicho fin por los medios propuestos sea posible y además adecuada. || De acuerdo con el análisis de la información relativa a los requerimientos, pagos y procedimientos internos sobre tiempo suplementario, así como de los pagos del auxilio de almuerzo y de los cambios de horario, la Sala llega a la conclusión de que, en efecto, existe un trato diferenciado del empleador respecto del peticionario y de algunos trabajadores también vinculados al sindicato que se encuentran en una situación laboral similar. || Como características esenciales de esta nueva concepción de las relaciones obrero-patronales sobresalen las siguientes: 1) percepción dialéctica y conflictiva de los intereses que confluyen; 2) carácter funcional de los conflictos como impulsadores de una sociedad pluralista, solidaria y justa y 3) excepción al principio del derecho romano de igualdad contractual en beneficio de la protección especial de los intereses de los trabajadores.]

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1993

Sentencia de Revisión de Tutela T-380 de 1993

[Resumen automatizado: Bajo la perspectiva constitucional, la omisión del deber de restauración de los recursos naturales por parte de las entidades oficiales que tienen a su cargo funciones de vigilancia y restauración del medio ambiente - CODECHOCO mediante Decreto 760 de 1968 - constituye una amenaza directa contra los derechos fundamentales a la vida y a la no desaparición forzada de la comunidad indígena. || 1. La Organización Indígena de Antioquia, por intermedio de apoderado y en calidad de agente oficioso de la Comunidad Indígena EMBERA-CATIO de Chajeradó, Municipio de Murindó, Departamento de Antioquia, interpuso acción de tutela contra la Corporación Nacional de Desarrollo del Chocó (CODECHOCO) y la Compañía de Maderas del Darién (MADARIEN), por considerar que la omisión de la primera y la acción de la segunda vulneran y amenazan los derechos fundamentales de la comunidad indígena, entre ellos los derechos a la vida, al trabajo, a la propiedad, a la integridad étnica - cultural y territorial -, el derecho a la especial protección del Estado como grupo étnico, los derechos de los niños y los derechos consagrados en tratados internacionales sobre Pueblos Indígenas, particularmente el Convenio 169 de la O.I.T. ratificado por la ley 21 de 1991.]

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1992

Sentencia de Revisión de Tutela T-415 de 1992

[Resumen automatizado: Los derechos al medio ambiente sano y a la salud de la población puede ser protegidos mediante la tutela cuando se instaura como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. || 5. Una vez establecida la violación de las normas por parte de estos funcionarios, la Sala entra a estudiar si ellas por si solas dan lugar a la procedencia de la acción de tutela, para lo cual es indispensable analizar la naturaleza del derecho a un ambiente sano y determinar si es o no fundamental a la luz de la Constitución Nacional. || "La norma propuesta, al consagrar como principio constitucional la protección del medio ambiente lo hace, primero, con un objetivo programático nacional que vincule a todos los colombianos, y segundo, como un imperativo jurídico del cual se puedan derivar efectivas acciones para la tutela de supremo bien de la colectividad" [3] || Por otra parte, los derechos al medio ambiente sano y a la salud de la población puede ser protegidos mediante la tutela cuando se instaura como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.]

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