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Corte Constitucional - Revisión de Tutela

Contiene corte constitucional - autos y sentencias expedidas por la entidad seleccionada, organizadas por orden cronológico.

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Revisión de Tutela

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2023

Sentencia de Revisión de Tutela T-532 de 2023

Reconocimiento y pago de la licencia de maternidad no puede negarse con fundamento en que los aportes a salud e interés de mora causados durante el periodo de gestación no hubieren sido cancelados antes de la fecha límite de pago del periodo en que inició la licencia. "La norma no exige que las cotizaciones sean pagadas dentro de algún término específico, durante todos y cada uno de los meses de gestación, como condición para el reconocimiento y pago de la prestación. Cuando prevé la necesidad de que el pago de los aportes se haya efectuado "máximo en la fecha límite de pago", se refiere únicamente a la fecha límite de pago de un periodo específico de cotización; no de los demás. Aquel periodo es, particular y específicamente, el "periodo de cotización en el que inicia la licencia". De tal suerte, […] la persona gestante tiene hasta ese momento para hacer el pago de los aportes pendientes, junto con el monto de los intereses que hayan podido generar los pagos extemporáneos efectuados durante todo el periodo de gestación. […] Esta previsión no puede interpretarse como una condición adicional para el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad. Se reitera que aquellas condiciones son únicamente tres, y, respecto del pago de aportes, la oportunidad en el pago no es condición de acceso a la prestación. Para la Sala de Revisión, es claro que el contenido normativo del inciso segundo del mencionado artículo 2.2.3.2.1 es tan solo una precisión normativa. De haber optado por consolidarla como una cuarta condición, el Ejecutivo la habría enlistado junto con los tres requisitos consignados en el primer inciso. Al no hacerlo, la falta de acreditación de aquel pago en el límite temporal impuesto no puede obstaculizar el acceso a la licencia. […] Una interpretación armónica de la disposición con las garantías ius fundamentales asociadas a la licencia de maternidad, impone entender el contenido normativo en función del allanamiento a la mora. En tal sentido, es inadmisible que el pago de la licencia de maternidad sea negado porque las sumas correspondientes a cotizaciones e intereses de mora causados durante el periodo de gestación no hubieren sido canceladas antes de la fecha límite de pago del periodo en que inició la licencia de maternidad, si la EPS no se opuso al aporte tardío y no efectuó acciones tendientes a perseguir su pago efectivo. Sin haberlo hecho, se habrá allanado a la mora y habrá recibido las cotizaciones sin reparos, estando en imposibilidad de rehusar el pago de la prestación. Comprender la norma bajo la mirada del simple pago extemporáneo, sin considerar el allanamiento a la mora, contraría los postulados superiores." - [Resumen automatizado: En la revisión de las providencias adoptadas en los dos siguientes expedientes: (i) T-9.489.593, en el que se dictó una única providencia, por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Simití (Bolívar) el 8 de marzo de 2023, autoridad judicial que negó el amparo solicitado por Katy Natalith Saucedo Ramos contra la Nueva EPS y la Superintendencia Nacional de Salud; y (ii) T-9.496.488, en el que también se dictó un único fallo, por el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, el 23 de mayo de 2023, en el cual se negó «por improcedente» el amparo constitucional solicitado por Claudia Victoria Castaño Martínez contra Compensar EPS. || Para dar solución a la presente controversia, la Sala encuentra necesario resolver el siguiente problema jurídico: ¿La Nueva EPS y Compensar EPS vulneraron los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna, a la seguridad social y al mínimo vital de las accionantes y de sus hijas recién nacidas, al negarles el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad, con fundamento en que sus aportes a salud habrían sido pagados de manera extemporánea durante uno de los meses del periodo de gestación?]

Sentencia de Revisión de Tutela T-321 de 2023

Vulneran los derechos a la salud, a la identidad de género, a la libertad de expresión y a la vida digna de una persona trans privada de la libertad las entidades responsables de la atención en salud de los internos, cuando omiten darle continuidad a un tratamiento hormonal ordenado por un médico a dicha persona en el marco de un proceso de afirmación de género. "[L]e asiste razón a las entidades accionadas cuando señalan que no podían hacer entrega de los medicamentos, al no existir una orden vigente. […] [L]a orden del médico general indica que los medicamentos recetados se debían tomar por un mes. Dichos medicamentos, para el tratamiento de un mes, fueron efectivamente entregados a la accionante. No obstante lo anterior, no se puede concluir que no haya vulneración alguna de los derechos de Jessica a su salud, a la identidad de género, libertad de expresión y vida digna por parte de las accionadas. […]. [L]a Sala reitera que, […] uno de los deberes que se activa en cabeza del Estado frente a la población trans privada de la libertad es el de aplicar un enfoque interseccional y diferencial, tanto en lo que respecta a la atención en salud como en otros aspectos […]. [L]as autoridades que tienen funciones relacionadas con la atención en salud a las personas privadas de la libertad no han implementado medidas concretas con enfoque interseccional y diferencial encaminadas a garantizar una atención en salud integral, continua y de calidad que le permita a las personas trans […] expresar y vivir el género con el que se identifican libremente. La ausencia de una ruta derivó en que a Jessica se le diera una atención en salud incompleta, deficiente e inoportuna, que vulnera no solo su derecho a la salud sino también su derecho a la identidad de género, a la libertad de expresión y a la vida digna. La vulneración de dichos derechos se concreta en que la falta de continuidad en el tratamiento hormonal, y el hecho de que no se le haya prestado un acompañamiento integral a la accionante para el proceso de reafirmación de género, implica que Jessica no ha logrado avanzar en su propósito de adecuar su apariencia física y la forma en que expresa su ser hacia el mundo exterior al género con que se identifica. […] Además, debe reiterarse que una de las garantías que se desprende del derecho a la salud es la del derecho al diagnóstico. […] Dicho derecho no ha sido garantizado a Jessica, quien, tras un año y medio de solicitar el tratamiento, únicamente ha sido atendida por el médico general, y, en una ocasión, por el médico internista, quienes le recetaron un tratamiento únicamente por un mes y luego no le hicieron ningún tipo de seguimiento o acompañamiento." - [Resumen automatizado: El INPEC, por su parte, envió un escrito en el que señaló que desde 2017 la USPEC impartió una instrucción a la fiduciaria que maneja los recursos del fondo para la atención en salud de las personas privadas de la libertad, en donde se indican las atenciones con especialistas que deben recibir aquéllas reconocidas como trans y que manifiesten su interés en realizar una afirmación de género y/o proceso de hormonización. || En ese sentido, le corresponde a esta Sala analizar el siguiente problema jurídico: ¿vulneran los derechos a la salud, a la identidad de género, a la libertad de expresión y a la vida digna de una persona trans privada de la libertad las entidades responsables de la atención en salud de los internos, cuando omiten darle continuidad a un tratamiento hormonal ordenado por un médico a dicha persona en el marco de un proceso de afirmación de género? || En esa medida, como lo ha dicho la Corte en las sentencias T-918 de 2012 y T-218 de 2022 y lo han advertido los diferentes relatores y expertos de Naciones Unidas, la patologización de las identidades�trans no solo reproduce la estigmatización y discriminación en contra de esta población, sino que puede convertirse una barrera de acceso a los servicios de salud que requieren las personas trans para su proceso de afirmación de género.]

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2018

Sentencia de Revisión de Tutela T-462 de 2018

¿Las decisiones de la Comisaría de Familia y del Juzgado de Familia en el proceso de medida de protección por violencia intrafamiliar, y las decisiones del Juzgado de Familia de Bogotá, en el proceso de reglamentación de visitas, están viciados de defectos que vulneran el derecho fundamental al debido proceso de la accionante y de su hijo? - [Resumen automatizado: b. Luego de las respectivas audiencias de pruebas y de trámite[5], el 15 de febrero de 2017, la comisaría decidió abstenerse de imponer la medida de protección y levantó la medida provisional existente, bajo los siguientes argumentos: (i) los padres de BLM debían garantizar a su hijo el disfrute pleno de sus derechos y (ii) que la situación planteada en el proceso no suponía un grave riesgo contra la integridad emocional de la señora MLMV, ni contra ningún miembro de la familia, dado que no se demostró la ocurrencia de episodios o conductas violentas por parte del demandado. || Para resolver el problema jurídico planteado, esta Sala abordará los siguientes ejes temáticos: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y contra las decisiones adoptadas dentro del proceso de medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar; (ii) la prevalencia del principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes; (iii) la violencia de género y, en especial, la violencia psicológica; (iv) el compromiso nacional e internacional de erradicar toda forma de violencia y discriminación contra la mujer; (v) el enfoque de género como obligación de la administración de justicia; (vi) la violencia institucional que las autoridades encargadas de la ruta de atención pueden cometer en contra de las denunciantes y, por último, (vii) el caso concreto.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-338 de 2018

¿El despacho judicial demandado vulneró derechos fundamentales de la accionante al determinar que también incumplió la medida de protección en favor de su hija y, en consecuencia, decidir sancionarla con la misma multa del agresor e impartir la orden a la Comisaría de Familia de iniciar las actuaciones tendientes al restablecimiento de los derechos de la niña. El argumento del juzgado fue que la tutelante incurrió en actos de violencia una noche que fue a recoger a la menor en la casa de su padre? En el caso objeto de estudio, se evidencia la desproporción de la sanción impuesta por juzgado demandado, quien ignoró su obligación de tener perspectiva de género, y en esa medida valorar todas las cargas que soportó la accionante por los actos de violencia física y psicológica cometidos por su ex pareja. En efecto, no tuvo en cuenta que la actora tuvo que irse de su hogar dos veces, primero para irse a vivir con su mamá y luego para esconderse de su agresor en una casa refugio ofrecida por el Estado como mecanismo de protección. Además, no le dio ningún peso probatorio al hecho de que el señor WEGD la acosara todo el tiempo al punto de amenazarla con arrojarle ácido, herirla con un arma corto punzante e incluso quitarle la vida sino volvía con él. Adicionalmente, la actora no puede conseguir ningún trabajo debido a que se tiene que esconder de su antiguo compañero. Finalmente, ignoró todas las pruebas en las que se indica de forma expresa que el involucramiento de la niña en los problemas de los padres proviene de su progenitor - [Resumen automatizado: NARS presentó acción de tutela en contra del Juzgado XX de FCB, por considerar que este vulneró su derecho fundamental al debido proceso, al determinar que ella incumplió la medida de protección a favor de su hija, bajo el argumento de que la actora incurrió en actos de violencia una noche que fue a recogerla en la casa de su padre, y sancionarla con la misma multa de su ex compañero permanente, por el valor de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes convertibles en arresto de tres días por cada salario dejado de cancelar. || En efecto, la peticionaria manifestó que el fallo que la sancionó por incumplir la medida de protección en favor de su hija, vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y a la vida, en tanto que no valoró la totalidad de las pruebas del expediente, en las que se demuestran los diferentes actos de agresión del señor WEGD en su contra y de la niña, y a pesar de ello, su sanción es igual a la de su agresor, lo que implica un desconocimiento de la violencia de género de la que es víctima.]

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2017

Sentencia de Revisión de Tutela T-498 de 2017

¿Las autoridades públicas vulneran los derechos fundamentales de una persona transgenerista de diecisiete años de edad, quien cuenta con el apoyo de sus padres y se ha realizado los tratamientos necesarios para transitar del género femenino al masculino, al negarse a cambiar el componente sexo de su registro civil de nacimiento por no contar con la cédula de ciudadanía para adelantar el trámite exigido por el Decreto 1227 de 2015? Modificación del registro civil por cambio de sexo de menor de edad. Concede, ordena al Consulado de Colombia en Orlando y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, tomar las medidas necesarias para que, de acuerdo a sus competencias legales y constitucionales, realicen el cambio de nombre y la corrección del componente sexo en el registro civil del hijo de los actores, de acuerdo con su solicitud, antes de que cumpla los 18 años de edad. La Corte decide inaplicar por inconstitucional y para este caso concreto, el requisito de presentación de la cédula de ciudadanía previsto en el numeral 2 del artículo 2.2.6.12.4.5 del Decreto 1069 de 2015 y disponer que en su lugar se realice el trámite de corrección del componente sexo del registro civil solicitado, con la presentación de la tarjeta de identidad del hijo de los peticionarios y antes de que éste cumpla la mayoría de edad - [Resumen automatizado: La exigencia de presentar la cédula de ciudadanía para la corrección del sexo consignado en el registro civil es una limitación desproporcionada de los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la identidad de género, cuando se usa para impedir este trámite a una persona menor de edad, que está próxima a cumplir los dieciocho años, y que lo requiere antes de cumplir esta edad y cuya manifestación de voluntad es corroborada por sus padres, sus médicos y sus terapistas.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-184 de 2017

¿Un juzgado vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, contradicción, y el derecho de no ser confrontada con su agresor, de la señora X, al negarse a practicar interrogatorio de parte sin la presencia de su agresor señor XX, dentro del proceso de fijación de cuota alimentaria adelantado en favor de sus hijos? Protección a la mujer frente a todo tipo de violencia. Caso en que víctima de violencia domestica solicita no asistir a audiencia de fijación de cuota alimentaria al tiempo con el agresor. La víctima de violencia doméstica, señora X, no se le garantizó de manera efectiva su derecho fundamental, de acceso a la administración de justicia, debido a que la autoridad judicial, bajo un criterio netamente procesal, desconoció su condición de víctima de violencia doméstica y no le permitió comparecer al proceso a rendir su interrogatorio, de manera libre y serena sin la presencia de su agresor. La accionante fue víctima de obstáculos que impidieron acceder a una administración de justicia eficaz, a un recurso judicial efectivo y a la protección especial frente a los hechos de violencia sufridos - [Resumen automatizado: En el proceso de revisión de las sentencias proferidas en primera instancia por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el veinticuatro (24) de agosto de dos mil dieciséis (2016), y en segunda instancia por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el siete (7) de octubre de dos mil dieciséis (2016), dentro de la acción de tutela iniciada por el Defensor del Pueblo Regional Magdalena Medio señor Jorge Luis Ortiz Pérez, como agente oficioso de la señora Nasly Patricia Ramírez Flórez representante legal de la niña Connie Valentina y el adolescente Andrés Felipe Borja Ramírez, contra el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, y los vinculados señor Luis Carlos Borja Ordúz, Fiscalía Especializada de Violencia Intrafamiliar, Procuraduría Provincial de Barrancabermeja, Personero Delegado de Derechos Humanos el Menor y la Familia de Barrancabermeja, Defensor de Familia adscrito al Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, por presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, y el derecho a no ser confrontada con su agresor.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-27 de 2017

¿Una comisaría de familia y una autoridad judicial incurren en la causal de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial por defecto fáctico, al negarse a conceder una medida de protección de desalojo por violencia intrafamiliar, con fundamento en que hubo agresiones mutuas entre la pareja, omitiendo un informe del Instituto de Medicina Legal que certifica la existencia de riesgo grave en cabeza de la mujer? Violencia estructural contra la mujer. Protección judicial. Concluye la Corte, que las existencia de agresiones mutuas entre la pareja debe leerse a la luz del contexto de violencia estructural contra la mujer, en tanto el estereotipo de la mujer débil que no se defiende ante la agresión, es sólo otra forma de discriminación. Es decir, que la defensa ejercida por una mujer ante una agresión de género no puede convertirse en la excusa del Estado para dejar de tomar las medidas adecuadas y eficaces para garantizarle una vida libre de violencia - [Resumen automatizado: “(i) ordenar al señor Julián Giovanny Zamudio Espinosa que, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación del presente auto, desaloje la vivienda ubicada en la Avenida Calle 3 # 44A-23, Bogotá D.C., so pena de incurrir en desacato; (ii) ordenar al señor Julián Giovanny Zamudio Espinosa que, por ahora, se abstenga de retornar, ingresar al domicilio y aproximarse a la tutelante o alguno de sus hijos; (iii) comunicar a la Policía Nacional las medidas ordenadas en los numerales primero y segundo de la parte resolutiva de este auto, a fin de que garantice su cumplimiento; (iv) ordenar a la Policía Nacional que brinde a la señora Diana Patricia Acosta Perdomo el acompañamiento para el reingreso a su lugar de residencia, además de la protección temporal especial a su favor y de sus hijos, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo; (v) ordenar a la Secretaría Distrital de la Mujer, a través del Sistema Distrital Integral a Mujeres Víctimas de Violencia -SOFÍA-, así como al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Defensoría del Pueblo; que en el marco de sus respectivas competencias, brinden a favor de la accionante y sus hijos, el acompañamiento médico, psicológico, social y jurídico necesario para el restablecimiento de sus derechos.]

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2016

Sentencia de Revisión de Tutela T-271 de 2016

¿La negativa de la Secretaría de Salud Departamental del Cauca, a través del Comité de Servicio Social Obligatorio, vulneró los derechos fundamentales de la accionante al considerar que las condiciones psiquiátricas desarrolladas, a raíz del intento de violación sexual del que fue víctima, no eran una razón de fuerza mayor o caso fortuito para exonerarla del servicio social obligatorio que prestaba en la E. S. E? la Sala considera que la situación de la accionante sí encuadraba dentro de la causal de exoneración por caso fortuito o fuerza mayor. Al analizar los requisitos mencionados se observa que el desarrollo de una patología psiquiátrica de "estrés postraumático" a raíz de un intento de violación sexual es una situación que evidentemente no podía ser previsible para la accionante; que sus efectos y consecuencias no podían ser evitados, pues fue una situación forzada y contraria a su voluntad, razón por la que es irresistible; y que fue externa debido a que se originó por la actuación de un tercero que generó una afectación a su salud sicológica que imposibilitó el cumplimiento de las diferentes actividades ordinarias de su vida personal y laboral - [Resumen automatizado: En primer lugar es necesario determinar si la negativa de la Secretaría de Salud Departamental del Cauca, a través del Comité de Servicio Social Obligatorio, vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, a una vida libre de violencia, a la salud, y al trabajo de la accionante al considerar que las condiciones psiquiátricas desarrolladas, a raíz del intento de violación sexual del que fue víctima, no eran una razón de fuerza mayor o caso fortuito para exonerarla del servicio social obligatorio que prestaba en la E.S.E. Norte 3 punto de atención en Padilla, Cauca. || 7. Así las cosas, para abordar estos cuestionamientos, la Sala estudiará las pautas jurisprudenciales en relación con los siguientes temas: (i) el alcance del requisito del servicio social obligatorio para el ejercicio de la profesión médica, con especial énfasis en el análisis de sus causales de exoneración; (ii) la protección especial a las mujeres víctimas de violencia sexual, en donde se desarrollarán los ámbitos normativos de protección en materia de (ii.i) salud, (ii.ii) equidad en las relaciones laborales, y (ii.iii) adecuada prestación de la administración de justicia a través de la debida diligencia frente a las denuncias por actos de violencia sexual.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-265 de 2016

¿Una autoridad administrativa vulnera los derechos fundamentales de una persona que actúa como quejosa y directa perjudicada en un proceso disciplinario donde se investigan presuntos hechos de acoso sexual, al no reconocerla como sujeto procesal y, por lo tanto, no permitirle participar en el proceso, bajo el argumento de que la falta disciplinaria no constituye una vulneración al Derecho Internacional de los Derechos Humanos ni al Derecho Internacional Humanitario? La Procuraduría Primera Distrital de Bogotá vulneró los derechos de la señora por no reconocerla como sujeto procesal dentro de la investigación disciplinaria adelantada por cuanto la falta disciplinaria endilgada sí constituía una vulneración al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La violencia contra la mujer es entendida como cualquier acción o conducta basada en su género que puede causar la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico y que menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos. Bajo ese entendido, el hostigamiento o acoso sexual en el lugar de trabajo es considerado como una de las formas en que se manifiesta ese tipo de violencia y por lo mismo está prohibido en numerosos instrumentos internacionales ratificados por Colombia, así como en varios mandatos constitucionales y disposiciones del ordenamiento jurídico colombiano. Cuando un acto como el acoso sexual en el ámbito laboral es la causa del inicio de un proceso disciplinario, el mismo debe ser considerado, dependiendo de las particularidades del caso, como una falta que habilita la intervención de la persona afectada en todo el trámite como sujeto procesal, con un interés legítimo y directo en el resultado del proceso. / Justificación de la limitación de la intervención del quejoso en el proceso disciplinario / El acoso sexual como acto de violencia contra la mujer a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos - [Resumen automatizado: Stella García Núñez, actuando por intermedio de apoderado judicial, presentó acción de tutela el 3 de junio de 2015 con el fin de solicitar la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia presuntamente vulnerados por la Procuraduría Primera Distrital de Bogotá, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa y la Procuraduría General de la Nación, ante la negativa de reconocerla como sujeto procesal en un proceso disciplinario en el cual actúa como quejosa y directa perjudicada de los hechos investigados. || En virtud de lo anterior solicita que se ordene: (i) anular el procedimiento disciplinario adelantado por la Procuraduría Primera Distrital de Bogotá desde el momento en que se notificó la decisión de no reconocer a la quejosa como sujeto procesal y víctima de violencia sexual; (ii) de manera subsidiaria, a la Procuraduría Segunda Distrital Delegada para la Vigilancia Administrativa resolver el recurso de apelación y pronunciarse de fondo sobre el asunto; (iii) advertir a la Procuraduría Primera Distrital que tiene la obligación de aplicar el marco jurídico nacional e internacional de protección de los derechos humanos de las mujeres; (iv) advertir a la Procuraduría General de la Nación que los procesos disciplinarios que adelanta en caso de violencia contra las mujeres no resulten revictimizantes y se tomen las medidas para evitar que las decisiones judiciales se funden en estereotipos de género; y (v) advertir a la Procuraduría General de la Nación que, en el marco de sus funciones, debe respetar y proteger la dignidad humana y defender los derechos de las mujeres, particularmente a vivir una vida libre de violencia.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-12 de 2016

¿La sentencia del Tribunal Superior de Bogotá - Sala de Familia- incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento directo de la Constitución vulnerando los derechos fundamentales de la accionante al negar su derecho a recibir alimentos por parte de su ex cónyuge, argumentando que la violencia física y sicológica entre los esposos fue recíproca? La interpretación estricta del artículo 411 del Código Civil que realizó el Tribunal Superior de Bogotá es contraria a derechos fundamentales. Para esta Corte, si bien en algunos casos la concurrencia de culpas conlleva a la negación bipartita de alimentos, de ahí no se sigue que, siempre, en todos los casos, esa deba ser la consecuencia jurídica del artículo 411 del Código Civil. Para esta Sala, una interpretación respetuosa de derechos fundamentales, especialmente de las mujeres, debe valorar la situación concreta de la pareja pues, como se demostrará a continuación, la culpa de una de las partes pudo ser causada por otra. Acorde con lo dicho, las normas sobre fijación alimentaria no deben abstraerse de la realidad interpersonal de la pareja. La sanción prevista en el artículo 411 del Código Civil debe aplicarse cuando la causal de divorcio en la que incurrió uno de los cónyuges haya sido consecuencia directa de la conducta desplegada por el otro. Esta Corte no acepta la tesis contraria a derechos fundamentales según la cual no se debe reconocer alimentos en favor de uno de los cónyuges cuando, por ejemplo, se ausenta del lugar conjunto de habitación para evitar maltratos físicos y-o psicológicos causados por el o la agresora - [Resumen automatizado: Octavo.- Por la Secretaría General de esta Corporación, poner en conocimiento a las facultades de psicología de las Universidades Nacional de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad del Rosario, y Universidad de los Andes el contenido de la solicitud de tutela instaurada por la señora Andrea, con el fin de que remitan a esta Corporación concepto sobre el caso de la referencia, específicamente sobre la noción de violencia psicológica y económica contra la mujer en el marco de una relación de pareja, así como las formas para identificar su ocurrencia. || De acuerdo con la anterior exposición, corresponde a la Corte determinar si la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá - Sala de Familia incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento directo de la Constitución, vicios que por su gravedad y entidad jurídica la hacen contraria a los derechos fundamentales, en especial el debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, como quiera que negó las pretensiones de la accionante relacionadas con recibir alimentos por parte de su ex cónyuge, argumentando que la violencia física y sicológica entre los esposos fue recíproca.]

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2015

Sentencia de Revisión de Tutela T-772 de 2015

¿Se le otorgó un recurso judicial efectivo a la accionante para la protección de sus derechos constitucionales? cuando la Fiscalía encuentre que existan indicios al menos leves de que se ha dado una agresión, debe solicitar inmediatamente ante el juez de control de garantías la aplicación de las medidas pertinentes contempladas en la Ley 294 de 1996, sin perjuicio de que posteriormente pueda imputar la comisión del delito e incluso solicitar la imposición de una medida de aseguramiento cuando se cumplan las condiciones contempladas en la Ley 906 de 2004 para tal efecto. En consecuencia, la Fiscalía vulneró los derechos de la señora XXX, pues no solicitó las medidas para su protección y la de sus hijos de manera inmediata, sino que centró todos sus esfuerzos en las medidas penales como formular imputación y solicitar la imposición de una medida de aseguramiento, con lo cual se colocó su vida y su integridad personal en grave peligro - [Resumen automatizado: En consecuencia, solicita: (i) impulsar las tres (3) denuncias interpuestas por la peticionaria, (ii) ordenar a la Policía Nacional que realice una protección adecuada a la peticionaria y mantenga vigilancia especial sobre el agresor, (iii) ordenar al agresor que cese cualquier acto de agresión en contra de la señora Martha Cecilia Villamizar Ebratt y (iv) ordenar al Juez Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías efectuar el trámite de medidas de protección solicitado por la Defensoría del Pueblo contempladas en la Ley 1257 de 2008. || De conformidad con los hechos narrados con antelación, la Corte Constitucional deberá establecer si se vulneraron los derechos fundamentales a la vida, al debido proceso y al derecho de la mujer a una vida libre de violencia de la accionante, como consecuencia de la inactividad de la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Seccional de Fiscalía Regional Magdalena Medio, la Policía Nacional - Dirección Seccional del Magdalena Medio y el Juzgado Segundo Penal Municipal de Barrancabermeja, frente a las medidas de protección urgentes solicitadas a través de la Defensoría del Pueblo, Seccional Magdalena Medio.]

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2014

Sentencia de Revisión de Tutela T-804 de 2014

¿Constituye una vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a la educación de la accionante, el que una institución educativa departamental le denegara el cupo estudiantil con fundamento en su identidad de género? ¿Cuál es la diferencia entre la orientación sexual y la identidad de género? - [Resumen automatizado: Con base en lo anterior, solicita que se le ordene a la institución educativa accionada: (i) permitirle cursar el grado once; (ii) a través de su rector, presentar excusas públicas ante los medios de comunicación locales por los tratos degradantes y humillantes cometidos en su contra y del resto de la comunidad LGBTI; y (iii) que le den instrucciones a los porteros, docentes y demás trabajadores, para que no aduzcan que se reservan el derecho de admisión cuando trate de ingresar una persona con orientación sexual e identidad de género distinta. || Kennedy de Aracataca, Magdalena, le solicitó que informara: (i) si la accionante allegó los documentos necesarios para efectuar el proceso de matrícula y si se encuentra estudiando actualmente en dicho plantel, en cumplimiento de la sentencia de única instancia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Aracataca, Magdalena; (ii) de ser así, qué grado se encuentra cursando en este momento; y (iii) cuáles son las directrices contempladas en el reglamento, los estatutos y en el Proyecto Educativo Institucional, en relación con el asunto que nos ocupa.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-622 de 2014

¿Una E.P.S. vulnera los derechos fundamentales de un menor de edad al no realizarle la cirugía de reasignación de sexo que solicita? Concede - El proceso diagnóstico y el tratamiento médico con el menor además de ser lentos, no se ha cumplido con los criterios necesarios para garantizar un consentimiento informado, persistente y cualificado acorde con la edad del niño tutelante y el desarrollo que ha tenido en su situación intersexual por 12 años. No se le ha prestado una atención prioritaria adecuada a su padecimiento. Es decir, es claro que deben realizarse evaluaciones con médicos especialistas en varias áreas de la medicina y que este proceso toma tiempo, pero esto no puede tener como consecuencia un retardo de 10 meses en el que ni siquiera se haya conformado un comité interdisciplinario y tampoco se haya prestado apoyo psicológico y terapéutico al menor y su familia - [Resumen automatizado: Con base en lo anterior, la Sala puede identificar en términos generales tres problemáticas concretas a las que se enfrentan los individuos que nacen con estados intersexuales: en primer lugar, al ser un trastorno genético congénito en términos médicos-, se discute hasta qué tiempo deben ser los padres del individuo en estado intersexual, quienes otorguen el consentimiento previo, libre e informado para autorizar la cirugía de resignación o readaptación de sexo y los tratamientos hormonales, y hasta qué punto debe esperarse que sea el mismo niño o niña quien decida; en segundo lugar, las personas en estados intersexuales no tienen un reconocimiento legal registro civil-, pues no encajan dentro de los sexos culturalmente vigentes, lo que tiene como consecuencia una situación mayor de vulnerabilidad; y en tercer lugar, están expuestos a tratos discriminatorios debido a la ambigüedad sexual que tienen y que no es aceptada como “normal” en la sociedad.]

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2013

Sentencia de Revisión de Tutela T-562 de 2013

¿La Institución educativa, vulneró los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la educación de Kim - persona que se considera trans -, al no permitirle asistir a las aulas de clase portando el uniforme femenino de la institución? - [Resumen automatizado: Consideró que si bien todo ser humano debe tratarse en iguales condiciones, sin discriminación alguna y que por esto no puede transgredírsele su libre desarrollo de la personalidad el cual está protegido por la Constitución, este derecho se ve limitado, en este caso, por el manual de convivencia, pues cada institución se rige por sus reglamentos internos, los cuales son aceptados por los estudiantes y sus acudientes, sirviendo como garante de una adecuada educación integral tanto en lo académico como en la formación personal. || El derecho fundamental a la educación comprende cuatro dimensiones: (i) disponibilidad, que consiste en la existencia de los medios para que se satisfaga la demanda educativa de las personas, como por ejemplo escuelas, docentes calificados, materiales de enseñanza, entre otros[21]; (ii) accesibilidad, que pone en cabeza del Estado el deber de garantizar en los niños el ingreso a la educación básica, de manera obligatoria y gratuita[22]; (iii) permanencia en el sistema educativo, que protege el derecho a conservar la educación básica sin que existan criterios de exclusión irrazonables[23] y finalmente, (iv) calidad, que consiste en brindarle a los estudiantes una educación que les permita adquirir y producir conocimientos suficientes para desarrollar sus planes de vida, sin importar el nivel socioeconómico.]

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2011

Sentencia de Revisión de Tutela T-333 de 2011

¿Han sido vulnerados los derechos de la accionante y los de sus hijos con ocasión de los daños presentados en su vivienda adquirida mediante contrato de compraventa con una empresa constructora, la cual no ha realizado ningún arreglo luego de varios años de quejas?. Concedida. Procedencia de la tutela contra particulares, para quien se encuentra en indefensión. El derecho a una vivienda digna en conexidad con la vida y otros derechos. Situaciones especiales de amparo - [Resumen automatizado: Posteriormente, en documento de agosto 18 del mismo año agregó, en síntesis, que (i) corresponde a la constructora Cusezar y no a la sociedad Promociones de Vivienda S.A., Provinsa, asumir la responsabilidad sobre los daños del inmueble adquirido; (ii) las respuestas del municipio han sido, además de extemporáneas, incompletas y no “consustanciales” a lo pedido, desconociendo el fallador de instancia la trascendencia que caracteriza a este derecho fundamental; (iii) las actuaciones administrativas no han arrojado los resultados esperados, a pesar de la intervención de la Personería Municipal, razón por la cual la vulneración continúa y “es aún más clara”; (iv) la indemnización por vía ordinaria no le impide pedir protección constitucional, ante el riesgo inminente contra su vida y la de la familia y el perjuicio irremediable que padecen; (iv) las obras civiles de apuntalamiento requeridas por la administración local, conllevan abandonar el inmueble, sin obtener previamente una solución de vivienda, pasando a ser “una habitante de la calle”; (v) debe considerarse la decisión adoptada por la CAR contra la firma Provinsa, por no respetar la ronda hídrica del humedal Neuta, sector donde se encuentra ubicada la urbanización y el inmueble afectado y (vi) el acervo probatorio aportado al expediente precisa de evaluación exhaustiva por el administrador de justicia.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-308 de 2011

¿Fueron vulnerados los derechos fundamentales de los menores, estudiantes de instituciones educativas privadas, beneficiarios de un subsidio escolar por parte de la Alcaldía Municipio donde residen el cual sería removido por faltas disciplinarias o pérdida del año escolar, al ser retirado tal subsidio basado en un estudio de insuficiencia?. Negada por carencial actual de objeto. El derecho fundamental a la educación. Recuento normativo sobre la contratación con entidades privadas para la prestación del servicio de educación. El precedente sentado en la sentencia T-698 de 2010. El núcleo esencial del derecho a la educación se encuentra satisfecho no solo cuando el estudiante logra integrarse en un ambiente propicio, sino además cuando se le permite agotar el proceso educativo, al menor hasta que termine la educación básica, siempre que no medie una causa constitucionalmente aceptable para su retiro - [Resumen automatizado: La ciudadana Claudia Pérez Arenas interpuso en agosto de 2010 acción de tutela en contra del Ministerio de Educación, el municipio de Bucaramanga y su Secretaría de Educación en representación de su hija menor y con la pretensión de actuar como apoderada de un grupo de padres de familia, a efectos de lograr el amparo de los derechos a la educación, a la protección especial que merecen los niños y los adolescentes, a la igualdad, a la confianza legítima y a la seguridad personal de los menores en conexidad con la vida, en titularidad de un conjunto de menores que estaban matriculados en determinadas instituciones privadas con las que la Secretaría de Educación Municipal de Bucaramanga suscribió contrato para la prestación del servicio de educación. || Así las cosas, el problema jurídico consiste en determinar si fueron irrespetados los derechos fundamentales a la educación y a la confianza legítima, además del precedente sentado por esta Corporación mediante sentencia T-698 de 2010, en virtud de la terminación del contrato suscrito por la Secretaría de Educación de Bucaramanga con ciertas instituciones privadas para la prestación de este servicio en beneficio de la hija de la accionante y otros menores cuyos padres concedieron poder a la misma, a pesar de no tener la calidad de abogada.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-306 de 2011

¿La asignación que hizo la Secretaria Distrital de Educación de Bogotá de un cupo escolar a la niña es suficiente para garantizar el derecho a la educación de la menor teniendo en cuenta que los hijos de su tía, la cual la tiene bajo su cuidado, estudian en una institución diferente?. Concedida. La agencia oficiosa ante la protección de los derechos de los niños, las niñas y de los adolescentes. El derecho fundamental a la educación y su exigibilidad por vía de tutela. Contenido del derecho fundamental a la educación y obligaciones estatales en materia educativa de conformidad con el bloque de constitucionalidad - [Resumen automatizado: La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los Magistrados Luis Ernesto Vargas Silva, María Victoria Calle Correa y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente || 12.-El Juez Quince Penal Municipal, en sentencia proferida el 16 de abril de 2010, declaró la existencia de hecho superado en relación con la solicitud de asignación de cupo escolar al menor Kevin Felipe Parra Castellanos, ya que en escrito allegado al expediente se demuestra que a éste se le asignó cupo en el colegio Taller Psicopedagógico los Andes a fin de garantizarle el derecho a la educación y dar aplicación a la figura de unificación de hermanos. || 2.- En atención a lo expuesto, esta Sala de Revisión debe determinar si la asignación que hizo la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá de un cupo escolar a la niña Gillian Torres Castellanos en el colegio Ismael Perdomo, es suficiente para garantizar el derecho a la educación de la menor, pues los hijos de la tía que la tiene bajo su cuidado estudian en una institución diferente.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-198 de 2011

¿Es le negativa de una EPS de autorizar los procedimientos médicos necesarios para una madre cabeza de familia, una acción vulneradora de los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna?. Concedida. Procedencia de la acción de tutela para salvaguardar el derecho a la salud y a la vida digna. La procedencia excepcional de la acción de tutela para ordenar el suministro de medicamentos, exámenes o procedimientos no incluidos dentro del P.O.S. - [Resumen automatizado: La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside-, Humberto Antonio Sierra Porto y Luís Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente de las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha pronunciado la siguiente: || Teniendo en cuenta los antecedentes planteados, corresponderá a esta Sala de Revisión determinar si la negativa de SALUDCOOP E.P.S. de autorizar la consulta de periodoncia y el procedimiento de raspaje y alisado radicular a la señora Ana Esther Benavides Córdoba, quien como consecuencia de una enfermedad denominada Síndrome de Sjogreen padece un deterioro en su dentadura que le impide tener una dieta normal debido al esfuerzo que debe realizar para ingerir los alimentos, vulnera su derecho a la salud y a la vida digna. || Bajo este entendido, arguye la Sala que cuando un usuario del Sistema General de Seguridad Social en Salud cumple con los anteriores requisitos y necesita, como en el presente caso, de la realización de un tratamiento necesario para recuperar la funcionalidad de su dentadura y de esta manera poder llevar una vida en condiciones dignas, dicho tratamiento debe ser suministrado por parte de la E.P.S.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-172 de 2011

¿Se vulnera o no el derecho a la igualdad, a la dignidad, a la protección especial de la maternidad y de la niñez, de una persona y una niña que fue entregada en adopción, por la negativa de una EPS a efectuar el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad debido a que la menor cuenta con más de siete años y a que la relación filial no ha sido reconocida formalmente por sentencia judicial?. Concedida. Procedencia de la acción de tutela para reclamar el reconocimiento y pago de licencias de maternidad o paternidad. Protección constitucional especial de la mujer en estado de embarazo, durante y en la época posterior al parto así como de las personas adoptantes y de los adoptados - [Resumen automatizado: Para la Sala es claro que si la legislación equiparó la adopción al hecho del parto, lo hizo justamente para proteger también los derechos de las niñas y de los niños en situación de adoptabilidad por lo que no es admisible que se prive del goce de un conjunto de prestaciones encaminadas a asegurar la integración a la nueva familia en condiciones de calidad y de dignidad al grupo de los niños y niñas adoptables mayores a siete (7) años, después de que probablemente han sufrido situaciones de abandono, violencia, maltrato físico, emocional, soledad y pérdida de los padres, entre otras lamentables circunstancias. || Para abordar el problema jurídico la Sala se referirá a los siguientes temas: (i) la procedencia de la acción de tutela para reclamar el reconocimiento y pago de licencias de maternidad o paternidad; (ii) la protección constitucional especial de la mujer en estado de embarazo, durante y en la época posterior al parto así como de las personas adoptantes y de los adoptados; (iii) la Sentencia C-543/10 y el desafío ligado a la adopción de la infancia mayor y la adolescencia; y por último se referirá (iv) al análisis del caso concreto.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-109 de 2011

¿Son las entidades demandadas responsable de una vulneración de los derechos fundamentales de las accionantes y sus hijos menores, como consecuencia de no haber procedido a reubicarlas en una vivienda digna, a pesar de que las autoridades municipales identificaron que la zona en la que habitan es de alto riesgo no mitigable, y es la acción de tutela el mecanismo idóneo para proteger tales derechos?. Concedida. La Corte encuentra que una acción de tutela debe prosperar, cuando cumple con todos los requisitos constitucionales y legales desarrollados por la jurisprudencia constitucional para que se conceda la protección del derecho a una vivienda digna y se ordene la consecuente reubicación - [Resumen automatizado: Esta Corte encuentra que la presente acción de tutela debe prosperar, por cuanto cumple con todos los requisitos constitucionales y legales desarrollados por la jurisprudencia constitucional para que se conceda la protección del derecho a una vivienda digna y se ordene la consecuente reubicación, esto es, (i) que las viviendas de los accionantes se encuentren ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable, y se determine el peligro de un daño inminente, grave y actual; (ii) que se trate de la afectación o riesgo de sujetos de especial protección constitucional, cuyos derechos tienen un rango superior; (iii) que se evidencia la afectación de la dignidad humana, a través de situaciones degradantes que afectan la vida o la salud; y (iv) que no exista otro medio de defensa judicial de igual efectividad, u otra forma de proteger el derecho a una vivienda digna.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-106 de 2011

¿Han sido vulnerados los derechos fundamentales de la accionante y sus tres hijas menores al negarles la inclusión al programa de reubicación, sin tener en cuenta la zona de alto riesgo en la que habitan y la calidad de poseedora del predio donde se ubica su vivienda?. Concedida. Derecho a la vivienda en condiciones dignas. Naturaleza, alcance y exigibilidad en sede de tutela. Reiteración de jurisprudencia. Marco normativo del proceso de reubicación de hogares situados en zonas declaradas como de alto riesgo y el Decreto 094 de abril 4 de 2003. - [Resumen automatizado: Puede concluirse que a la demandante, se le ha generado una alteración de derechos fundamentales y los de sus tres menores hijas, que evidencia un perjuicio irremediable que habilita la acción de tutela como instrumento amparador, dado que la peticionaria actualmente ocupa junto con su núcleo familiar, el inmueble que fue declarado zona de alto riesgo no mitigable, debido a que se encuentra ubicado al borde de una quebrada de aguas contaminadas que no se encuentra canalizada y es la única familia del sector que no ha sido reubicada y las lluvias continúan; hecho que circunscribe a una relevancia constitucional, en cuanto se busca exclusivamente la protección inmediata || En tal sentido, en el caso de personas cuya situación de vulnerabilidad haya sido advertida, al declarar las zonas en las que habitan como de alto riesgo no mitigable, el derecho a la vivienda digna adquiere precisos contenidos normativos, en desarrollo de los cuales las instancias políticas competentes han procurado garantizar su efectividad y que por tal motivo, resultan exigibles en sede de tutela con atención a las reglas generales de procedencia subsidiaria que rigen el amparo constitucional.]

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2010

Sentencia de Revisión de Tutela T-734 de 2010

¿Vulnero, la Secretaria de Educación de Bucaramanga, el derecho fundamental de petición de la solicitante y del menor de edad al cual ella representa, al no resolver la solicitud presentada dentro del termino legal correspondiente?. Concedida. La respuesta al derecho de petición debe ser de fondo, oportuna, congruente y tener notificación efectiva. Reiteración de jurisprudencia. Protección especial a los menores de edad discapacitados. Derecho a la educación y deber del Estado de garantizar la disponibilidad, el acceso, la permanencia y la calidad de los servicios educativos, en igualdad y atendiendo las condiciones especiales de los afectados con alguna limitación. El servicio estudiantil obligatorio y la consecución de los fines sociales del estado - [Resumen automatizado: En este sentido, recuérdese también que la igualdad debe materializarse teniendo en cuenta la limitación física o mental padecida, siendo esta una directriz fundamental para establecer los fines y las medidas especiales mencionadas, para así lograr la inclusión social de esa población en la comunidad y la posibilidad de ejercer sus derechos de manera digna, como todos los demás. || En cuanto a la protección especial de los niños en el ordenamiento jurídico, el artículo 44 de la Constitución otorga una supremacía de sus derechos sobre los de los demás, conllevando que por su condición de infantes y más aún al padecer algún tipo de discapacidad, gozan de una protección constitucional reforzada, orientada a la superación hasta donde sea posible de la condición de vulnerabilidad en la que se encuentren, garantía erigida desde la propia familia, que comparte con la sociedad y con el Estado el deber de protegerles y apoyarles, en pro de su desarrollo armónico e integral y hacia el pleno ejercicio de sus derechos”.[16] El apremio de apoyo y protección comprende la satisfacción plena de las necesidades básicas del niño, como el amor[17], la alimentación[18], la educación[19], la recreación[20], la atención en salud, etc.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-198 de 2010

¿Las entidades demandadas vulneraron los derechos fundamentales de los actores a la vida en condiciones de dignas, al mínimo vital, a la seguridad social y a la protección especial a los disminuidos físicos, al terminarles sus respectivos contratos a pesar de su estado de salud? Concedida. Estabilidad laboral reforzada de trabajadores discapacitados o en estado de debilidad manifiesta. El empleador debe probar que la terminación unilateral de la relación laboral, o la decisión de no renovar el contrato, se funda en razones ajenas a la situación de debilidad manifiesta o disminución física de sus empleados. aún cuando el despido se efectué con previa indemnización, el empleador no puede eximirse de la obligación de solicitar permiso previo a la oficina del trabajo para proceder al despido, dado que la protección legal derivada de la estabilidad laboral reforzada, opera por el sólo hecho de encontrarse la persona dentro de la categoría protegida - [Resumen automatizado: Silvia Ruth Sierra Hernández, acudió a la Defensoría del Pueblo para, a través de ésta instaurar acción de tutela contra la Cooperativa de Trabajo Asociado Coopcrecemos CTA y Aldimark S.A., por considerar que las entidades mencionadas vulneraron sus derechos fundamentales a la vida en condiciones de dignidad, al mínimo vital, a la seguridad social y a la protección especial a los disminuidos físicos, que establece la Constitución. || Afirma que en el examen médico de retiro quedó constancia de la necesidad de la práctica de la cirugía y en tal sentido las entidades demandadas omitieron los procedimientos legales establecidos en la Ley 361 de 1997, para dar por terminada su orden de trabajo, desconociendo los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la especial protección de los disminuidos físicos, ocasionando con ello la vulneración de sus derechos a la vida en condiciones de dignidad, a la seguridad social, al mínimo vital, específicamente su derecho a la estabilidad laboral, más aún teniendo en cuenta que se trata de una madre cabeza de familia.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-106 de 2010

¿Es la acción el mecanismo idóneo para proteger los derechos fundamentales de la población desplazada por las circunstancias particulares en la que se encuentran y ante la necesidad que se les brinde una protección urgente e inmediata? Concedida. La acción de tutela como mecanismo judicial idóneo para amparar los derechos fundamentales de la población en situación de desplazamiento forzado. Derecho de petición como principio fundamental y el deber de respuesta a personas en situación de desplazamiento forzado - [Resumen automatizado: La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio, quien la preside, Nilson Pinilla Pinilla y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, y en los artículos 33 y concordantes del Decreto 2591 de 1991, profiriere la siguiente: || La señora Denis María Gómez Herrera interpone acción de tutela, el día 17 de junio de 2009, en contra de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional ACCION SOCIAL-, por considerar que esa entidad le ha vulnerado sus derechos fundamentales de petición, al mínimo vital e integridad física, dignidad humana, especial asistencia y protección a los niños, a la mujer madre cabeza de familia e igualdad, entre otros. || De acuerdo con los antecedentes planteados, corresponde a la Sala definir si el silencio de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional ACCIÓN SOCIAL-, ante la solicitud elevada por la señora Denis María Gómez Herrera el día 19 de Septiembre de 2008, constituye una vulneración al derecho de petición o de algún otro derecho fundamental; teniendo en cuenta que manifiesta estar en situación de desplazamiento forzado.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-99 de 2010

¿Acción Social vulneró los derechos fundamentales a la ayuda humanitaria de emergencia y a la estabilización socioeconómica de la peticionaria al haberse negado a otorgarle la ayuda solicitada debido a que la actora estaba inscrita en el registro de población desplazada pero supuestamente no aparecía como jefe de hogar? Concedida. La entidad accionada no puede exigirle a un desplazado ostentar la calidad de jefe de hogar para acceder a las ayudas solicitadas pues se trata de un requisito que no existe en ninguna norma legal. Imposibilidad jurídica de imponerle a un desplazado una formalidad adicional al hecho comprobado de ser ciudadano en ejercicio y encontrarse inscrito en el RUPD, para acceder a las ayudas estatales. Carencia actual de objeto por un hecho superado - [Resumen automatizado: No se pueden imponer más requisitos que los expresamente consagrados en la ley para que la población desplazada pueda acceder a las prestaciones establecidas�y que, en todo caso, su cumplimiento y aplicación deben ser interpretados de modo tal que se respete la prevalencia de los derechos fundamentales en juego, la condición de sujeto de especial protección del desplazado, así como la presunción contemplada en el artículo 83 constitucional. || 1. La Sala estima que el problema jurídico planteado en el caso concreto es el siguiente: ¿vulneró la entidad demandada los derechos fundamentales a la ayuda humanitaria de emergencia y a la estabilización socioeconómica de la peticionaria al haberse negado a otorgarle la ayuda solicitada debido a que la actora estaba inscrita en el registro de población desplazada pero supuestamente no aparecía como jefe de hogar? || Teniendo en cuenta estos hechos, la Sala estima que, en un primer momento, la entidad demandada vulneró los derechos fundamentales a la prórroga de la asistencia humanitaria de emergencia y a la estabilización socioeconómica de la peticionaria, pues, mediante oficio de 26 de marzo de 2008, le negó las ayudas solicitadas argumentando que no tenía legitimidad para elevar dicha solicitud pues no aparecía como jefe de hogar en el RUPD.]

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2008

Sentencia de Revisión de Tutela T-1163 de 2008

¿Una Secretaría de Educación Municipal, al trasladar a la actora a una escuela rural, conculcó su derecho fundamental al debido proceso y desconoció la protección a la mujer cabeza de familia? Procedencia excepcional de la acción de tutela para controvertir las decisiones sobre traslados. Concepto de familia y de mujer cabeza de familia consagrado en la Constitución. No se evidencia que la administración haya informado a la actora sobre el traslado durante el procedimiento adelantado para determinar qué docentes podían ser enviados a trabajar en las diferentes zonas rurales del municipio; las autoridades públicas demandadas, al ser informadas sobre las circunstancias especiales que cobijan a la actora y a su núcleo familiar, de forma arbitraria, resolvieron dejar el acto administrativo en firme; actuación que evidentemente conculca la protección a la mujer cabeza de familia y el amparo a esta institución básica de la sociedad. Las normas constitucionales, al ser de mayor jerarquía, obligan a todo operador jurídico a interpretar el resto de normas existentes conforme a aquellas disposiciones. - [Resumen automatizado: Consideró la autoridad judicial que, en principio, la acción de tutela no debe ser utilizada para controvertir actos administrativos de carácter particular, (...) ya que esta pretensión tiene su solución a través de otro medio de defensa judicial recurriendo a la jurisdicción de lo contencioso administrativo." No obstante, enfatizó que existen excepciones que han sido señaladas por la Corte Constitucional; entre las cuales se encuentra que "(...)el acto (...) sea ostensiblemente arbitrario, es decir, carezca de fundamento alguno en su expedición, (...) [que] fuere adoptado en forma intempestiva y [que] afecte en forma clara, grave y directa los derechos fundamentales del actor o de su núcleo familiar." || Martha Judith Logreira Hoyos interpuso acción de tutela, el cuatro (4) de abril de dos mil ocho (2008), contra la Alcaldía Municipal de Ciénaga Magdalena y la Secretaría de Educación Municipal, por considerar que el traslado del Centro Educativo Rural Carlos García Mayorca del Corregimiento de Cordobita a la Escuela Rural Mixta Nuevo Mundo No 2 anexa a la Institución Educativa Agropecuaria San Pedro de la Sierra en el Corregimiento del mismo nombre, conculcaba su derecho fundamental al debido proceso y desconocía la protección a la mujer cabeza de familia.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-953 de 2008

¿Existe vulneración de los derechos fundamentales de la acora, por parte de una universidad de carácter público, con la determinación de retirarla de la institución educativa, a pesar de encontrarse amparada por una especial protección como madre cabeza de familia y persona con discapacidad? Procedencia excepcional de la acción de tutela en los casos de desvinculación laboral de sujetos de especial protección constitucional. Especial protección constitucional a las madres cabeza de familia. Vulneración al debido proceso administrativo en conexidad con el derecho a la estabilidad reforzada de la actora al suprimir el cargo de Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas que ocupaba, toda vez que dicha institución universitaria no adoptó las medidas orientadas a que la petente no quedara desprotegida. - [Resumen automatizado: La ciudadana Lena Rodero Acosta actuando a través de apoderado interpuso acción de tutela el 9 de marzo de 2008 contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Gobernador del Atlántico y la Universidad del Atlántico, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo, a la igualdad, a la dignidad humana, a la especial protección constitucional debida a las personas con limitaciones físicas, a las madres cabeza de familia, a los niños y a las personas de la tercera edad. || A la luz de lo expuesto, para la Sala la Universidad del Atlántico ha vulnerado el debido proceso administrativo en conexidad con el derecho a la estabilidad reforzada de la señora Lena Rodero Acosta al suprimir el cargo de Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas que ocupaba, toda vez que dicha institución universitaria no adoptó las medidas orientadas a que la petente no quedara desprotegida[23]. || A la luz de lo expuesto, para la Sala la Universidad del Atlántico ha vulnerado el debido proceso administrativo en conexidad con el derecho a la estabilidad reforzada de la señora Lena Rodero Acosta al suprimir el cargo de Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas que ocupaba, toda vez que dicha institución universitaria no adoptó las medidas orientadas a que la petente no quedara desprotegida[23].]

Sentencia de Revisión de Tutela T-357 de 2008

¿La Universidad del Atlántico, al desvincular del servicio a la peticionaria debido a la supresión de su cargo, en el marco de un proceso de reducción de la planta de personal, violó el deber de proteger especialmente a la mujer cabeza de familia, su derecho a la estabilidad laboral reforzada y el mínimo vital de su grupo familiar? Concedida. Procesos de reestructuración del Estado y la estabilidad laboral de los servidores públicos. Protección constitucional especial a favor de las mujeres cabeza de familia. - [Resumen automatizado: La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Nilson Pinilla Pinilla, Humberto Antonio Sierra Porto y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha proferido la siguiente || En vista de los anteriores hechos, interpone esta acción de tutela para la protección de sus derechos fundamentales, ya que considera que tiene un derecho adquirido, porque fue inscrita en el escalafón de carrera administrativa "con todos los requisitos previo (concurso) en 1994", por medio de la Comisión Seccional del Servicio Civil del Atlántico, conforme a la Resolución Nº 00003 de marzo de 1994, en el cargo de Auxiliar de Biblioteca de la Universidad del Atlántico, por lo cual tenía derecho a optar entre la indemnización del artículo 1° del Decreto 1223 de 1993 o ser nombrada en un cargo de carrera (f. || En el caso bajo estudio esta Sala de Revisión procede a analizar si la Universidad del Atlántico, al desvincular del servicio a la peticionaria debido a la supresión de su cargo, en el marco de un proceso de reducción de la planta de personal, violó el deber de proteger especialmente a la mujer cabeza de familia, su derecho a la estabilidad laboral reforzada y el mínimo vital de su grupo familiar.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-321 de 2008

Suministro de vacunas menores de edad: Cuando el titular del derecho a la salud es un menor de edad, y este desea proteger su salud, exigiendo para ello el suministro de un medicamento, que como las vacunas, lo protegerán y prevendrán de futuras enfermedades, negarle el suministro de tales medicamentos, con el argumento de no advertirse que su salud se encuentre comprometida, desvirtúa por completo el uso y desarrollo de las vacunas, y deja sin piso jurídico los planes y políticas públicas del Estado en materia de desarrollo y ejecución de programas de prevención de enfermedades endémicas o de otra índole, en especial cuando estas pueden generar graves consecuencias de no ser tratadas a tiempo. Si bien las vacunas sirven para prevenir muchas enfermedades, y es innegable también que el suministro de estas debe hacer de manera prioritaria a grupos poblacionales específicos, ya sea por su mayor vulnerabilidad o por corresponder a grupos humanos ubicados en zonas del país en donde son mayores los riesgos de contagio, ello no puede suponer que las personas que no se encuentren en alguna de las anteriores circunstancias, deban entonces ser excluidas de la atención preventiva y quedar expuestas en consecuencia, a las enfermedades que se quieren prevenir con la aplicación de tales vacunas. Todos los menores por ser sujetos de especial protección tienen el derecho de acceder a todos aquellos servicios médicos que les asegure la protección de su salud, incluso de manera preventiva - [Resumen automatizado: Cuando el titular del derecho a la salud es un menor de edad, y este desea proteger su salud, exigiendo para ello el suministro de un medicamento, que como las vacunas, lo protegerán y prevendrán de futuras enfermedades, negarle el suministro de tales medicamentos, con el argumento de no advertirse que su salud se encuentre comprometida, desvirtúa por completo el uso y desarrollo de las vacunas, y deja sin piso jurídico los planes y políticas públicas del Estado en materia de desarrollo y ejecución de programas de prevención de enfermedades endémicas o de otra índole, en especial cuando estas pueden generar graves consecuencias de no ser tratadas a tiempo. || De la misma manera, la E.P.S. señala que no son aceptables las órdenes judiciales de prestar o asumir atención médicas futuras e inciertas, justificadas en tratamientos integrales, pues tal y como lo señalara la misma Corte Constitucional en sentencia T-900 de 2002, el problema de la incertidumbre acerca de una enfermedad no puede llevar a que al primer momento, se acuda directamente al juez de tutela en procura de una atención en salud, sin detenerse a pensar que en la generalidad de los casos el juez de tutela solo podrá ordenar la prestación médica o el suministro de un medicamento cuando ha mediado una negativa u omisión por parte de la entidad prestadora, pues de lo contrario difícilmente podría darse la violación de algún derecho fundamental.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-242 de 2008

¿El Consorcio de Remanentes de Telecom vulneró los derechos fundamentales a la primacía de la realidad sobre las formas, estabilidad laboral reforzada de las personas en condiciones de debilidad manifiesta y a la protección al núcleo familiar del actor, al considerar éste que no reúne los requisitos para ser incluido en el retén social por tener la calidad de padre cabeza de familia y, por lo tanto, recibir los beneficios correspondientes de la empresa TELECOM (ya liquidada)? Negada. Criterios jurisprudenciales sobre las actuaciones temerarias dentro del trámite de tutela. Protección de los padres cabeza de familia en el caso de Telecom en liquidación. Interpretación del sentido de la sentencia T-592 de 2006. - [Resumen automatizado: "Por ello, serán amparados por esta decisión los empleados de la empresa TELECOM EN LIQUIDACION, que en aplicación del límite temporal indebidamente creado en el artículo 16 del Decreto 190 de 2003 y en la Ley 812 de 2003, fueron desvinculados de esa empresa a partir del 1 de febrero de 2004, siempre y cuando los extrabajadores (i) reunieren los requisitos para permanecer en la entidad, (ii) prueben haber presentado ante TELECOM reclamación de su condición de padres cabeza de familia, (iii) demuestren encontrarse en alguna de las circunstancias enunciadas en el título 4 de las consideraciones y fundamentos de este fallo, (iv) a la fecha de esta sentencia hubieran presentado acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos fundamentales y, (v) que sus procesos no se hayan seleccionado para revisión en la Corte Constitucional o en todo caso hubiesen sido resueltos desfavorablemente.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-106 de 2008

¿ADPOSTAL en liquidación, violó el derecho fundamental del actor al no incluirlo en el programa de retén social que se adelanta en virtud de la liquidación de dicha entidad, teniendo en cuenta que el actor alegó, aún antes de ser desvinculado, que tenía la calidad de padre cabeza de familia y de prepensionado convencional? Negada. Criterios para determinar la calidad de "cabeza de familia" para ser beneficiario del retén social establecido en el proceso reestructuración de la administración pública. Protección del retén social para los prepensionados en el proceso de reestructuración de la administración pública. El actor vive con una compañera permanente respecto de la cual no se demostró su incapacidad. - [Resumen automatizado: Aduce la demandada que el señor Perdomo Gómez, al momento de solicitar su inclusión en el “retén social” de ADPOSTAL, no acreditó que su compañera permanente se encontrara incapacitada para desarrollar labores productivas ni que el único ingreso familiar fuera el correspondiente a su salario, por lo cual acatando lo preceptuado en la Ley 790 de 2002, el decreto 190 de 2003 y la sentencia SU-389- la Administración Postal Nacional no halló probada su calidad de padre cabeza de familia sin alternativa económica y negó, por este aspecto, su inclusión en el programa. || "La primera interpretación conduce a entender, como lo ha hecho Adpostal en liquidación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,[10] que el beneficio del retén social para los prepensionados culminó el 27 de diciembre de 2005 cuando se cumplieron 3 años a partir de la promulgación de la Ley 790 de 2002 y, por lo tanto, en ningún proceso liquidatorio de una entidad del orden nacional en el Programa de Renovación de la Administración Pública se debe contemplar dicha protección.]

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2006

Sentencia de Revisión de Tutela T-677 de 2006

¿Teniendo en cuenta la protección al padre cabeza de familia para ser incluido en el retén social, es procedente la acción de tutela que pretende el reintegro, en el evento de la entidad negarlo por existir una unión marital de hecho? Se pagó la indemnización respectiva. Falta de perjuicio irremediable. Negada - [Resumen automatizado: No obstante lo anterior, la Corte Constitucional ha establecido que, conforme al carácter funcional de la jurisdicción constitucional y el principio del efecto útil de las sentencias, cuando las herramientas de cumplimiento o el incidente de desacato no son suficientes o aptos para garantizar la protección de los derechos fundamentales contenidos en un amparo, se puede acudir a otras estrategias a fin de adoptar las medidas necesarias para garantizar el pleno goce del derecho o que éste sea libremente ejercido sin más requisitos. || En desacuerdo con el fallo de primera instancia, el señor Verner Ian Tibocha puso de presente que en dicha decisión se desconoció la sentencia SU-389 de 2005, en la cual se extendió la protección de los derechos fundamentales de los padres cabeza de familia, aún a pesar de la existencia de otros medios de defensa judicial e, inclusive, de la indemnización recibida por la terminación de los contratos. || De esta manera, dadas las condiciones particulares bajo las cuales se determinó la protección de los derechos fundamentales de los padres cabeza de familia durante la liquidación de TELECOM, esta Corporación dejó abierta la posibilidad de acudir al amparo como instrumento para asegurar que en cada caso se aplique la doctrina contenida en tal sentencia en debida forma.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-626 de 2006

¿Es procedente la tutela para quien solicita el reintegro y pagos salariales dejados de percibir, por parte de Telecom, dado que el tutelante alega no haber sido incluido en el retén social a pesar de su condición de discapacitado y de padre cabeza de familia? No se demostró la calidad de padre cabeza de familia. Personas discapacitadas. Cabe la posibilidad de solicitar la pensión de invalidez. Negada - [Resumen automatizado: Se refiere al fallo proferido por la Corte Constitucional donde se decidió sobre la exequibilidad de la expresión “las madres” contenida en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, Sentencia C-1039 de 2003[1], en la que según el tutelante, “se precisaron los alcances del citado artículo, en el sentido de extender la protección especial, prevista para los trabajadores que menciona el artículo 12, hasta el momento en que desaparezcan las circunstancias que motivan la permanencia en el retén social, sin sujetar esta situación a plazo expreso alguno, solo a condición futura, cual es que el trabajador permanezca en las circunstancias preceptuadas, conllevando ello a que el trabajador no pueda ser retirado del servicio que le presta a una entidad de carácter público”. || -El día 22 de julio de 2005, Telecom negó las pretensiones del actor, mediante resolución No. 445, al no encontrar probado que el señor José Rubelio Carmona González tenía la calidad de padre cabeza de familia ni discapacitado para poder ser beneficiario de la protección especial que trata la Ley 790 de 2002.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-599 de 2006

¿La persona que recluida en establecimiento penitenciario y carcelario que solicita al INPEC el trámite de traslado con el objeto estar cerca de su hija, es amparable vía tutela? La pena privativa de la libertad comporta además del aislamiento social del imputado, el resquebrajamiento de la unidad familiar. La solicitud de traslado deberá surtir el trámite previsto en el ordenamiento. Negada - [Resumen automatizado: 3.1 La señora Carmen Leticia Jaimes Jurado, como agente oficiosa de Diana Carolina y Lina María Riaño Oviedo, instaura acción de tutela en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, con el fin de que les sean amparados los derechos fundamentales a las menores, vulnerados por el accionado, al no tramitar las solicitudes de traslado presentadas por el señor Ángel Antonio Riaño Higuera, quien se encuentra condenado y recluido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar. || La señora Carmen Leticia Jaimes Jurado, quien actúa como agente oficiosa de las menores Diana Carolina y Lina María Riaño Oviedo, instaura acción de tutela en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, con el fin de que les sean amparados sus derechos fundamentales a tener una familia y no ser separadas de ella, porque el accionado no da trámite a las solicitudes de traslado presentadas por el señor Ángel Antonio Riaño Higuera.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-592 de 2006

¿Vulnera una empresa en liquidación derechos fundamentales en el evento de no vincular al programa de retén social a quien alega ostentar la calidad de padre cabeza de familia, a pesar de que su compañera permanente está incapacitada para laborar debido a que está al cuidado de una hija mayor de edad que padece de la enfermedad de Lupus? Carencia de la presencia indispensable en la atención de menores enfermos. Concedida - [Resumen automatizado: Por último es necesario indicar que esta Corporación extendió los efectos de la sentencia SU-389 de 2005 a otros sujetos que se encontraran en la misma situación fáctica de los casos revisados en esa oportunidad, por ello, se ampararon los empleados de la empresa Telecom en liquidación, que en aplicación del límite temporal indebidamente creado en el artículo 16 del Decreto 190 de 2003 y en la Ley 812 de 2003, fueron desvinculados de esa empresa, siempre y cuando los extrabajadores (i) reunieren los requisitos para permanecer en la entidad, (ii) prueben haber presentado ante Telecom reclamación de su condición de padres cabeza de familia, (iii) demuestren cumplir con los requisitos para ser considerado padre cabeza de familia, (iv) a la fecha de la Sentencia SU-389 de 2005 (esto es 13 de abril de 2005) hubieran presentado acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos fundamentales y, (v) que sus procesos no se hayan seleccionado para revisión en la Corte Constitucional o en todo caso hubiesen sido resueltos desfavorablemente.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-570 de 2006

¿La persona que solicita el reintegro a su trabajo en Telecom, por su condición de padre cabeza de familia, le es tutelable su derecho? La vigencia del retén social y la regla establecida por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Negada - [Resumen automatizado: «Por ello, serán amparados por esta decisión los empleados de la empresa TELECOM EN LIQUIDACION, que en aplicación del límite temporal indebidamente creado en el artículo 16 del Decreto 190 de 2003 y en la Ley 812 de 2003, fueron desvinculados de esa empresa a partir del 1 de febrero de 2004, siempre y cuando los extrabajadores (i) reunieren los requisitos para permanecer en la entidad, (ii) prueben haber presentado ante TELECOM reclamación de su condición de padres cabeza de familia, (iii) demuestren encontrarse en alguna de las circunstancias enunciadas en el título 4 de las consideraciones y fundamentos de este fallo, (iv) a la fecha de esta sentencia hubieran presentado acción de tutela por considerar vulnerados sus derechos fundamentales y, (v) que sus procesos no se hayan seleccionado para revisión en la Corte Constitucional o en todo caso hubiesen sido resueltos desfavorablemente.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-556 de 2006

¿Desconoce la ESP de telecomunicaciones en liquidación el carácter de padre cabeza de familia que alega el actor para ser incluido en el programa de retén social? Noción de madre cabeza de familia para poder precisar qué hombre tiene la condición de padre cabeza de familia. Programa de Renovación de la Administración Pública. Condición de trabajador particular. Negada - [Resumen automatizado: Por lo anterior, ordenó a la Empresa de Telecomunicaciones de Valledupar TELEUPAR S.A. E.S.P. en Liquidación, que en un término que no exceda de diez (10) días, proceda a incluir al accionante en el plan de protección social o Retén Social como padre cabeza de familia y como consecuencia, se ordene el reintegro sin solución de continuidad, desde la fecha que fue desvinculado de la entidad, hasta la determinación definitiva de la existencia jurídica de la empresa, reconozca al accionante el pago de salarios y prestaciones sociales a que tenga derecho, y proceda a realizar las compensaciones a que haya lugar en caso de haber cancelado la indemnización en los términos expuestos por la Corte Constitucional en sentencia SU-389 de 2005. || Debido a la anterior respuesta, y en el entendido que la posición jurídica asumida por Teleupar S.A. E.S.P. en Liquidación en esta tutela se sustenta esencialmente en exponer su naturaleza jurídica y el tipo de vinculo laboral que tenía con sus trabajadores, argumentos que al parecer no comparte el juez de tutela de primera instancia, para establecer la procedencia del amparo constitucional habría necesidad de entrar a determinar no solo si el accionante reunía las condiciones para ser considerado como padre cabeza de familia, sino además, si su vinculación con la entidad accionada correspondía a la de servidor público o trabajador particular.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-486 de 2006

¿Viola derechos fundamentales la decisión de Telecom en liquidación, concerniente en terminar el contrato de trabajo a una persona que alega ser padre cabeza de familia y por lo tanto tener estabilidad laboral reforzada, a pesar de la accionada aducir que el actor tiene otra alternativa económica? No cumple con los requisitos para ser incluido en el retén social. Pago de indemnizaciones como producto del proceso de desvinculación laboral. Negada - [Resumen automatizado: La Sala Segunda (2a.) de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Nilson Pinilla Pinilla, Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño, en ejercicio de sus competencias legales y constitucionales han proferido la siguiente || El actor, presentó acción de tutela como mecanismo transitorio, contra la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom en liquidación, el día veintiocho (28) de octubre de 2005, ante el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá (reparto), por los hechos que se resumen a continuación: || Señala, que el actor solicitó a la Empresa ser incluido en el retén social en calidad de padre cabeza de familia, y luego de realizar el correspondiente estudio la entidad determinó que no cumplía con los requisitos exigidos por ley, razón por la cual, nunca estuvo incluido en el retén social, y como consecuencia de esta situación ocurrió la terminación de su relación laboral (julio 25 de 2003) con el correspondiente pago de la indemnización y liquidación de todas las prestaciones legales y convencionales a que tenía derecho.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-401 de 2006

¿Se lesiona el derecho a la familia, la educación, y la vida de los menores que alegan vía de hecho ante la negativa del juez de tutela de concederle a su padre -condenado por peculado por apropiación agravado, peculado por apropiación a favor de terceros y prevaricato por acción en concurso homogéneo y heterogéneo- el beneficio de prisión domiciliaria, alegando la condición como padre cabeza de familia, figura contemplada en la Ley 750 de 2002, dada la necesaria protección que necesitan después de la muerte de su madre? La negativa de los jueces penales de sustituir la prisión domiciliaria por la carcelaria se encuentra amparada en elementos probatorios y jurídicos suficientes, pues le hizo daño al Estado y a la comunidad, razón por la que al ser recluído en su domicilio puede someter en nuevos riesgos a la colectividad. Negada - [Resumen automatizado: La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente || Norma que al ser parcialmente estudiada por la Corte Constitucional en sentencia C-184 de 2003, fue declarada exequible en el entendido que, cuando se cumplan los requisitos establecidos en la ley, el derecho podrá ser concedido por el juez a los hombres que, de hecho, se encuentren en la misma situación que una mujer cabeza de familia, para proteger, en las circunstancias específicas del caso, el interés superior del hijo menor o del hijo impedido. || Norma que al ser parcialmente estudiada por la Corte Constitucional en sentencia C-184 de 2003, fue declarada exequible en el entendido que, cuando se cumplan los requisitos establecidos en la ley, el derecho podrá ser concedido por el juez a los hombres que, de hecho, se encuentren en la misma situación que una mujer cabeza de familia, para proteger, en las circunstancias específicas del caso, el interés superior del hijo menor o del hijo impedido.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-303 de 2006

¿La madre cabeza de familia, vinculada laboralmente a Caprecom como contratista, que le terminan el contrato de trabajo sin justa causa y sin previo aviso, que no es incluida en el programa de retén social, puede solicitar el reintegro para protección de sus derechos fundamentales? Conceptos y requisitos que se deben cumplir para ser madre cabeza de familia. Negada - [Resumen automatizado: Puede señalarse que la condición de madre cabeza de familia se manifiesta a partir de dos condiciones generales: (i) la responsabilidad que se tiene sobre aquellas personas incapacitadas para trabajar por razones de edad, físicas o mentales, y cuyo sustento y cuidado dependen, por lo tanto, exclusivamente de la mujer que está encargada de la dirección del hogar, pues como lo ha sostenido esta Corporación, el trato especial que el ordenamiento jurídico ha previsto no solo está dado en función de la madre cabeza de familia, sino de las personas que están bajo su cuidado; y (ii) el carácter exclusivo de esa responsabilidad, en la medida en que no se cuente con el apoyo de alguna otra persona para sobrellevar las cargas en el hogar, pues la pareja se sustrae injustificadamente del cumplimiento de sus obligaciones y no se cuenta con la ayuda de algún otro miembro de la familia o, como lo ha manifestado la jurisprudencia, no se tenga alternativa económica.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-285 de 2006

¿Ante la pretensión de una persona que siente lesionados sus derechos fundamentales a la asociación, a la negociación colectiva, a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas y justas y a la vivienda, porque el liquidador de la entidad financiera demandada inicialmente lo conminó a devengar salario sin prestar el servicio para el que fue contratado, para luego terminar su contrato de trabajo, sin justa causa y sin reparar en su condición de padre cabeza de familia, procede el amparo constitucional? Improcedencia de la acción para resolver sobre la conformidad del Artículo 10 del Decreto 610 de 2005 - [Resumen automatizado: Corte Suprema de Justicia, dentro de la acción de tutela instaurada por Luis Fernando Valencia Taborda directamente y como miembro de la Junta Directiva Nacional y la coadyuvancia de la Unión Nacional de Empleados Bancarios UNEB, en contra del Banco Cafetero BANCAFE S.A. en Liquidación, GRANBANCO S.A., la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por violación de sus derechos fundamentales a la asociación sindical, a la negociación colectiva, a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas y justas y a la vivienda.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-232 de 2006

¿Se encuentran vulnerados los derechos fundamentales al trabajo y a la vida digna del actor al haber sido éste desvinculado de la empresa Teletolima S.A como consecuencia del proceso de la liquidación de la misma, teniendo en cuenta que el demandante alega que su situación, por encontrarse próximo a adquirir el derecho de pensión de jubilación por la convención colectiva existente en la empresa, se encontraba cobijado por las medidas de retén social previstas en la Ley 790 de 2002? Cobertura del retén social. Principio de la inmediatez. Negada - [Resumen automatizado: La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados ALFREDO BELTRÁN SIERRA, MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA y JAIME ARAÚJO RENTERÍA, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente: || dentro del proceso de revisión de los fallos dictados por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, en primera instancia, , y por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en segunda, en el trámite de la acción de tutela iniciada por el señor Orlando Alberto Castillo Farfán contra Teletolima S.A, en liquidación, Telecom., en liquidación, y la Presidencia de la República.. || Manifiesta que en el caso de Teletolima S.A, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley 142 de 1994, las relaciones laborales entre la empresa y sus trabajadores son de carácter privado, regidas por el Código Sustantivo del Trabajo y que, por consiguiente, el actor no detenta la calidad de servidor público, requisito necesario para estar incluido en el “retén social”]

Sentencia de Revisión de Tutela T-206 de 2006

¿Se vulneran los derechos a la igualdad y a la estabilidad laboral de una persona, por parte de Telecom, al desvincularla del cargo que desempeñaba sin tener en cuenta que cumplía con los requisitos para ser inscrito en el denominado retén social, aduciendo que en el momento en que sucedió el despido, no existía la línea jurisprudencial del tema en particular? La persona cumple con los requisitos para ser reconocido como padre cabeza de familia sin alternativa económica. Concedida - [Resumen automatizado: - Copia del oficio de fecha 22 de diciembre de 2003, suscrito por el Director de la Unidad de Personal de Telecom en Liquidación, dirigido al señor Jorge Enrique Torres Velandia, mediante el cual le informan que su solicitud de inclusión en el denominado retén social no es posible de acuerdo a lo establecido en la Ley 790 de 2002 y en el decreto reglamentario 1390 de 2003, “no podrán ser retirados del servicio en el desarrollo del Programa de Renovación de la Administración Pública las madres cabeza de familia sin alternativa económica, las personas con limitación física, mental, visual o auditiva y los servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos, edad y tiempo de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez en el término de tres (3) años...”]

Sentencia de Revisión de Tutela T-200 de 2006

¿La aplicación de las normas constitucionales y legales sobre privilegios laborales conferidos a sujetos de especial protección constitucional, en el caso de los trabajadores desvinculados del SENA que presentaron la demanda es amparable vía acción de tutela? Desvinculación de sujetos de especial protección constitucional en el marco de los procesos de reestructuración de la administración pública. La indemnización recibida por el servidor público desvinculado en desconocimiento de las normas del retén social no es suficiente para garantizar la protección de sus derechos fundamentales. Condición de madre cabeza de familia. Coincidencia temática - [Resumen automatizado: e. En atención a que las demandantes no fueron reintegradas a su cargo, las mismas consideran que la omisión del SENA es constitutiva de violación de sus derechos fundamentales, pues su condición de madres cabeza de familia de menores de edad, sin alternativa económica, las hacía beneficiarias de la reincorporación, tal como lo reconoció la Corte Constitucional en le caso de Telecom, Sentencia T-792 de 2004. || La restricción del concepto de madre cabeza de familia respecto de aquellas que no tuvieran alternativa económica, como punto de referencia para dar aplicación a las normas del retén social, fue ampliado, sin embargo, por la Corte, en la Sentencia C-1039 de 2003, cuando el tribunal, a propósito de una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, señaló que dicha prerrogativa de estabilidad laboral debía “extenderse a los padres que se encuentren en la misma situación, en aras de proteger la prevalencia de los derechos de los niños y el grupo familiar al que pertenecen”.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-90 de 2006

Tutela interpuesta por ex funcionaria en provisionalidad del Sena a quien la entidad dentro del proceso de reestructuración dio por terminado su contrato sin el pago de indemnización; considera que la entidad violó la protección especial a las madres cabeza de familia y con limitaciones físicas al no tenerla en cuenta en el denominado retén social. Para la protección especial a madres cabeza de familia debe demostrarse la dependencia exclusiva de los hijos menores de edad no mayores de edad. La discapacidad física debe estar determinada por la EPS o la ARP y en su defecto por la Junta de Calificación de Invalidez - Es a la trabajadora a quien le correspondía la carga de solicitar los exámenes necesarios para que, al momento de la desvinculación, fuera considerada su eventual discapacidad. Negada - [Resumen automatizado: 9. Por lo anterior, el 23 de junio de 2005 Flor María Rincón Barón, actuando como apoderada judicial de la ciudadana Emperatriz Jaimes Yáñez, interpuso acción de tutela ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cúcuta contra el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, por considerar que esta entidad vulneró sus derechos fundamentales al trabajo (Art. 25 de la CP), a la igualdad (Art. 13 de la CP), y a recibir especial protección por parte del Estado por ser una mujer cabeza de familia (Art. 43 de la CP). || 3. Para resolver el interrogante planteado, la Corte Constitucional recordará el precedente jurisprudencial acerca de las condiciones necesarias para que proceda la acción de tutela para garantizar la protección de los derechos fundamentales de quienes, en virtud de la ejecución del programa de renovación de la Administración Pública, (i) ostentan la calidad de mujeres cabeza de familia sin alternativa económica y, (ii) padecen de alguna limitación física, mental, visual o auditiva que disminuye su capacidad laboral.]

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2005

Sentencia de Revisión de Tutela T-1310 de 2005

¿Procede la acción de tutela como mecanismo transitorio, ante la situación fáctica de una persona declarada insubsistente que reclamar el reintegro a su cargo así como las prestaciones y los salarios dejados de percibir? A pesar de no demostrarse efecto nocivo directo, grave e irremediable en derechos fundamentales en razón de la declaratoria de insubsistencia, sí se encuentra probado en el proceso la falta de motivación del acto administrativo que declaró insubsistente al actor del cargo de carrera administrativa que desempeñaba en provisionalidad. Concedida - [Resumen automatizado: El señor Mario Fernando Escobar Pérez a través de apoderado judicial, presenta acción de tutela como mecanismo transitorio, contra la Fiscalía General de la Nación con el fin de que le sean protegidos sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo y mínimo vital, al igual que los derechos a la educación y salud de sus hijos, los cuales estima han sido vulnerados con la decisión de la entidad demandada de declararlo insubsistente del cargo que desempeñaba en provisionalidad como Investigador Judicial II en la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Pasto. || En el presente caso el actor a través de apoderado judicial, instaura acción de tutela como mecanismo transitorio para que se le amparen sus derechos al debido proceso, a la defensa, al trabajo, al mínimo vital, a la seguridad social, a la salud, a la vivienda, al igual que de los derechos fundamentales a la salud, a la educación y a la vivienda de sus hijos (especialmente de su hijo menor de edad), los cuales encuentra vulnerados con la decisión de declararlo insubsistente y en tal medida solicita se ordene al Señor Fiscal General de la Nación, reintegrarlo al cargo que ocupaba en la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación en la ciudad de Pasto y al pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir desde la insubsistencia de su nombramiento.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-846 de 2005

¿Se vulneran derechos fundamentales a la madre cabeza de familia que se encuentra trabajando en provisionalidad, en el evento de no ser amparada con el llamado retén social dentro del los procesos de reestructuración del Estado? El reintegro al cargo de carrera administrativa o el pago de la indemnización. Medidas de estabilidad laboral reforzada. Concedida - [Resumen automatizado: Teniendo la accionante la condición de madre cabeza de familia, encuentra la Sala que el proceder del SENA no cabe duda que el proceder del SENA -Seccional Chocó- al suprimir el cargo desempeñado por la peticionaria es inconstitucional y desconoce la jurisprudencia de esta Corporación que ha dispuesto que en los procesos de reforma institucionales, las entidades públicas deben ser diligentes y están en la obligación de diseñar planes y mecanismos institucionales que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de las madres cabeza de familia, para quienes perder de forma abrupta e injustificada su empleo significa directamente la afectación de derechos como el mínimo vital o la seguridad social, en cabeza de su núcleo familiar dependiente. || Con el propósito de resolver el problema jurídico planteado, esta Sala reiterará su jurisprudencia relativa a la protección constitucional de las madres cabeza de familia, teniendo en cuenta particularmente, la Sentencia SU-388 de 2005, en la que recientemente la Corte Constitucional unificó su jurisprudencia sobre este tema, al analizar varios casos de extrabajadoras oficiales de TELECOM, quienes habían sido desvinculadas de sus cargos como consecuencia de la liquidación de la empresa, en el marco del proceso de renovación de la administración pública dispuesto por la ley 790 de 2002.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-726 de 2005

¿La aplicación del límite temporal (artículo 16 del Decreto 190 de 2003 y Ley 812 de 2003) a la protección de la estabilidad laboral de las personas incluidas en el denominado "reten social" de Telecom por discapacidad acreditada hasta el 31 de enero de 2004 vulnera sus derechos fundamentales? ¿Existe un universo de personas claramente delimitable que reúna las mismas condiciones que el accionante de tal forma que sea procedente un pronunciamiento de la Corte Constitucional extendiendo los efectos del amparo a esas personas? - [Resumen automatizado: Para sustentar lo anterior la Empresa sostuvo que la Corte Constitucional en sentencia T-876 de 2004[1] había establecido que “Si se recibe el pago de una indemnización como consecuencia de un proceso de reestructuración no es procedente la acción de tutela, pues en cierta medida recibir esa suma de dinero aminora los efectos negativos que pueda tener la decisión de suspender unilateralmente un contrato de trabajo.” La Empresa también expresó que si bien la sentencia C-991 de 2004[2] había declarado inexequible un aparte del artículo 8 de la Ley 812 de 2003, el cual establecía el término del “retén social” para las personas discapacitadas hasta el 31 de enero de 2004. || De acuerdo a los criterios establecidos la aplicación del límite temporal contemplado en el artículo 16 del Decreto 190 de 2003 vulnera los derechos fundamentales del tutelante y por lo tanto, como se estableció en la sentencia que se reitera, la protección a la estabilidad reforzada se entiende vigente hasta la terminación definitiva de la existencia jurídica de TELECOM. || De acuerdo a los criterios establecidos la aplicación del límite temporal contemplado en el artículo 16 del Decreto 190 de 2003 vulnera los derechos fundamentales del tutelante y por lo tanto, como se estableció en la sentencia que se reitera, la protección a la estabilidad reforzada se entiende vigente hasta la terminación definitiva de la existencia jurídica de TELECOM.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-650 de 2005

¿Se vulneran los derechos fundamentales de una mujer cabeza de familia que ha sido tratada por la entidad empleadora como si estuviera cobijada por el denominado retén social y luego es despedida de la entidad accionada supuestamente en desarrollo de políticas diferentes a la aplicación del Programa de Renovación de Administración Pública? Condiciones para ser madre cabeza de familia. Concedida - [Resumen automatizado: 3. La Caja de Previsión Social de Comunicaciones -CAPRECOM- en respuesta a la acción de tutela contra ella instaurada argumentó que no se había dado una vulneración de los derechos fundamentales de la tutelante dado que la protección del denominado “retén social” a la estabilidad reforzada de madres cabeza de familia sólo se hacia procedente a las entidades que fueran parte del programa de Renovación de la Administración Pública y la accionada retiró a la tutelante de su cargo como parte de las acciones de la Administración para reducir la planta de su personal y no en desarrollo del mencionado programa. || El problema jurídico que la Corte Constitucional pasará a resolver en el caso es el siguiente: ¿se vulneran los derechos fundamentales de una mujer cabeza de familia que ha sido tratada por CAPRECOM como si estuviera cobijada por el denominado “retén social” y luego es despedida de la entidad accionada supuestamente en desarrollo de políticas diferentes a la aplicación del Programa de Renovación de Administración Pública?]

Sentencia de Revisión de Tutela T-399 de 2005

¿La desvinculación de una persona que se encontraba cobijada por el denominado Retén Social por ser madre cabeza de familia, vulnera sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la protección constitucional que se debe a los menores de edad? ¿Una persona pierde el derecho al pago de una indemnización cuando en razón a una reestructuración administrativa se suprime un cargo de carrera que se ejercía en provisionalidad? Las madres cabeza de familia gozan de una protección constitucional reforzada, lo cual tiene como objetivo proteger a su núcleo familiar. Para aplicar el beneficio de la retención social se deben observar, entre otras cosas, la condición de madre cabeza de hogar y la falta de alternativa económica distinta a la representada en la entidad con la que labora. El límite fijado para la desvinculación de las personas que se encontraban cubiertas por los beneficios del Retén Social fue declarado inexequible. Concedida - [Resumen automatizado: Sentadas las anteriores premisas, ha de señalarse en primer lugar que el problema jurídico que presenta la tutela ha sido abordado por la Corte en fallos pasados, que resolvieron garantizar de manera efectiva los derechos de las personas que fueron retiradas de sus cargos, porque TELECOM, empresa demandada en varias ocasiones y quien igualmente estaba cobijada por los preceptos de la Ley 790 de 2002, tal como sucede ahora con el SENA, aplicó, no obstante sus circunstancias - madres cabeza de familia, y personas discapacitadas - los artículos 14 y 16 del Decreto 190 de 2003 que fijaron un límite en el tiempo a la protección de su empleo establecida en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002. || En desarrollo de este objetivo, el capitulo II de esta ley establece una protección especial con el fin de que no puedan ser retirados del servicio en desarrollo del programa de renovación de la administración pública, las madres cabeza de familia sin alternativa económica, las personas con limitación física, mental, visual o auditiva y los servidores que cumplan con la totalidad de los requisitos de edad y tiempo de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez en el término de tres (3) años contados a partir de la promulgación de la presente ley.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-285 de 2005

¿Es amparable el derecho de pago a salarios atrasados vía tutela? Procedencia excepcional de la acción de tutela para ordenar el pago de salarios. La crisis económica o presupuestal del empleador no exime la responsabilidad del pago de salarios. Se debe usar el principio de inmediatez. Concedida - [Resumen automatizado: La Sala Segunda (2a.) de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados, Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha proferido la siguiente || Mediante sentencia del siete (7) de diciembre de 2004, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cereté, confirmó la decisión del a-quo al considerar que en efecto a la señora Silvana Angélica Ferrer Ucros, se le han trasgredido sus derechos constitucionales fundamentales al mínimo vital y demás derechos conexos con el no pago de los salarios, pese a lo anterior, la viabilidad de este mecanismo de amparo, el cual solo puede ser utilizado cuando el sujeto pasivo del perjuicio se encuentre en una situación total de indefinición, es decir, desprovisto de cualquier acción legal eficaz, situación que no es igual en el caso en estudio, debido a que la actora ya hizo uso del proceso ordinario por medio de la acción ejecutiva laboral, la cual le permite la satisfacción de sus pretensiones, situación que corrobora una vez más la improcedencia de la presente acción.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-81 de 2005

¿Vulneró los derechos de la actora, entidad que dentro de proceso de reestructuración suprime su cargo sin tener en cuenta que es madre cabeza de familia y padece una enfermedad? ¿Podía la entidad por el solo hecho de ocupar cargo en provisionalidad suprimir el cargo sin pago de indemnización alguna? Análisis de la protección especial establecida en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002 y el contenido normativo del Decreto 190 de 2003 y el literal D artículo 8º de la Ley 812 de 2003. De la facultad de la Administración Pública de adecuar su funcionamiento a las necesidades del servicio. La estabilidad laboral de un funcionario que ocupa un cargo de carrera administrativa no se reduce por el hecho de que lo haga en provisionalidad. Despido de empleado. Se debe probar la relación de causalidad en caso de persona enferma. Negada - [Resumen automatizado: Igualmente afirma, que la señora Elva Marina Daza Rodríguez no reúne las condiciones establecidas en el numeral 1.3 del artículo 10 del Decreto 190 de 2003, que señala que para los efectos de la Ley 790 de 2002, se entiende por madre cabeza de familia, “la mujer con hijos menores de 18 años de edad, biológicos o adoptivos, o hijos inválidos que dependan económicamente y de manera exclusiva de ellas, y cuyo ingreso familiar corresponde únicamente al salario que devenga del organismo o entidad pública a la cual se encuentra vinculada.” || La actora, quien fue desvinculada de la entidad accionada por supresión del cargo, pretende que mediante esta acción se ordene su reintegro, pues sostiene que con la decisión adoptada se vulneran sus derechos fundamentales a la vida, a la seguridad social, al trabajo y a la educación, dado que padece de cáncer y es madre cabeza de familia. || Antes de entrar a resolver el asunto planteado, la Sala considera oportuno referirse a la jurisprudencia adoptada por la Corte en diferentes fallos, donde se han analizado entre otros asuntos, los relativos a la protección constitucional de las mujeres cabeza de familia y sus hijos menores o personas discapacitadas, a la facultad de la Administración Pública de adecuar su funcionamiento a las necesidades del servicio, así como lo referente a la estabilidad laboral de las personas que ocupan cargos en provisionalidad.]

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2004

Sentencia de Revisión de Tutela T-876 de 2004

¿Se violan los derechos a los trabajadores oficiales, madres y padres cabeza de familia, al ponerse límite a la protección establecida para ellos por la Ley 790 de 2002, denominada "reten social", mediante la expedición del Decreto 190 de 2003, el cual establece que la estabilidad laboral cesará una vez termine el programa de renovación de la administración, sin que pueda exceder del 31 de enero de 2004 ? Negada. Al ser liquidada la entidad demandada, no prosperan las solicitudes de reintegro. De igual forma no es procedente la acción de tutela, cuando se recibe el pago de una indemnización por despido injusto - [Resumen automatizado: Debe tenerse en cuenta que fue decisión de la administración, quien antes de proceder a la disolución y liquidación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, tuvo en cuenta situaciones especiales, atendiendo los postulados contemplados en los artículos 25 y 53 de la Constitución, para otorgar un tratamiento preferencial, dadas las circunstancias particulares de cada caso en concreto, como lo es, la posición de padre o madre cabeza de familia sin alternativa económica, o de persona limitada físicamente, entre otras. || La decisión de esta Corporación al analizar los casos de la referencia, es la de proteger los derechos de las madres y padre cabeza de familia que acudieron a esta instancia judicial, así como de quienes por padecer una enfermedad merecen un tratamiento especial, pues, fue por decisión unilateral de la empresa demandada que se suspendieron sus contratos de trabajo, desconociendo sus derechos fundamentales. || Lo anterior significa que, en principio, para los trabajadores que no obtuvieron la indemnización (expedientes T-927993, T-890488, T-890503, T-926697, T-926950, T-911121, T-912018, T-912518 T-919525, T-936111) sería procedente la protección a través de este medio de defensa judicial, en el sentido que, como consecuencia del proceso de disolución y liquidación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y a fin de menguar los posibles daños causados por la supresión de sus cargos, tienen derecho a recibir el pago de la misma.]

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2003

Sentencia de Revisión de Tutela T-978 de 2003

Solicitud de prisión domiciliaria. Padre cabeza de familia, hijos menores de edad que dependen económicamente de él. Aplicación de la Ley 750 de 2002 - [Resumen automatizado: Lo mínimo que le correspondía al Juez Primero de Descongestión de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio, era analizar el material probatorio obrante en el proceso o el que solicitara a fin de poder verificar si se daban los presupuestos exigidos para la procedencia de esa medida, y con fundamento en esa valoración probatoria tomar la decisión que en derecho correspondiera, mediante una providencia motivada, y no como lo hizo, en un auto de cúmplase, carente por completo de motivación, aduciendo que esa petición ya había sido resuelta en providencia anterior, sin tener en cuenta que el accionante estaba invocando una nueva normatividad, así como una doctrina constitucional, que si se daban los presupuestos exigidos, favorecería a sus menores hijos. || Así las cosas, considera el juez constitucional que como en el caso del accionante no se ha producido un pronunciamiento de fondo sobre el asunto que plantea, esto es, prisión domiciliaria establecida en el artículo 38 del Código Penal, en armonía con la Ley 750 de 2002 y el pronunciamiento de esta Corporación mediante la sentencia C-184 de 2003), nada impide que pueda el demandante elevar la petición y obtener del juez competente "una decisión que consulte esas directrices", y en caso de ser negativa, interponer los recursos legales "con los que se legitima el respeto de sus derechos fundamentales".]

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