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Corte Constitucional - Control de Constitucionalidad

Contiene corte constitucional - autos y sentencias expedidas por la entidad seleccionada, organizadas por orden cronológico.

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Control de Constitucionalidad

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2023

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-192 de 2023

El legislador incurrió en una omisión legislativa relativa al regular en los artículos 166.5, 170.4, 179.4 y 188B.3 del Código Penal -agravantes de los delitos de desaparición forzada, secuestro extorsivo, tortura, trata de personas y trata de migrantes-, al no incluir los mismos grados de parentesco civil que el que estableció para los grados de parentesco por consanguinidad. Declaró el condicionamiento en las citadas normas - [Resumen automatizado: 4. Si se ejecuta la conducta respecto de pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o compañera o compañero permanente, o contra cualquier persona que de manera permanente se hallare integrada a la unidad doméstica, o aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno o algunos de los partícipes. || 4. Cuando se cometa por razón de sus calidades, contra las siguientes personas: servidores públicos, periodistas, comunicadores sociales, defensores de los derechos humanos, candidatos o aspirantes a cargos de elección popular, dirigentes cívicos, comunitarios, étnicos, sindicales, políticos o religiosos, contra quienes hayan sido testigos o víctimas de hechos punibles o faltas disciplinarias; o contra el cónyuge, o compañero o compañera permanente de las personas antes mencionadas, o contra sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. || Declarar EXEQUIBLE la expresión “primero civil” contenida en el numeral 5 del artículo 166 del Código Penal, en el entendido de que también comprende a los parientes civiles hasta el segundo grado inclusive. || Declarar EXEQUIBLE la expresión “primero civil” contenida en el numeral 4 del artículo 170 del Código Penal, modificado por el artículo 28 de la Ley 1257 de 2008, en el entendido de que también comprende a los parientes civiles hasta el cuarto grado inclusive.]

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2022

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-447 de 2022

EXEQUIBLE la Ley 2103 del 15 de julio de 2021 "por medio de la cual se aprueba el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS), hecho en Santiago, República de Chile, el 10 de noviembre de 2007" - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados�Cristina Pardo Schlesinger, quien la preside, Natalia Ángel Cabo, Juan Carlos Cortés González, Diana Fajardo Rivera, Jorge Enrique Ibáñez Najar, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, Paola Andrea Meneses Mosquera y José Fernando Reyes Cuartas, y,�en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las previstas en el artículo 241.10 de la Constitución, cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente: || Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el control de constitucionalidad sobre este tipo de instrumentos se caracteriza por ser: (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción presidencial; (ii) automático pues los tratados deben ser remitidos a la Corte, dentro de los 6 días siguientes a la sanción; (iii) integral pues la Corte debe analizar la constitucionalidad de los aspectos formales y materiales de la ley y el tratado; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada absoluta; (v) es un requisito sin el cual no se puede llevar a cabo la ratificación del acuerdo; (vi) cumple con una función preventiva, dado que pretende garantizar�tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano; y (vii) la decisión de la Corte tiene un carácter definitivo, es decir que la sentencia por la cual el Tribunal realiza el control oficioso del tratado y su ley aprobatoria tiene fuerza de cosa juzgada constitucional, lo cual impide un nuevo análisis judicial posterior a la sentencia proferida[11].]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-55 de 2022

Despenalización del aborto bajo nuevas condiciones. La Corte declara la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del artículo 122 de la Ley 599 de 2000 "por medio de la cual, se expide el Código Penal" en el sentido de que la conducta de abortar allí prevista solo será punible cuando se realice después de la vigésimo cuarta (24) semana de gestación y, en todo caso, este límite temporal no será aplicable a los tres supuestos en los que la Sentencia C-355 de 2006 dispuso que no se incurre en delito de aborto, esto es, "(i) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico; (ii) Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; y, (iii) Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto"\Modificación en el significado material de la Constitución - [Resumen automatizado: PRIMERO: Declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del artículo 122 de la Ley 599 de 2000 “por medio de la cual, se expide el Código Penal”, en el sentido de que la conducta de abortar allí prevista solo será punible cuando se realice después de la vigésimo cuarta (24) semana de gestación y, en todo caso, este límite temporal no será aplicable a los tres supuestos en los que la Sentencia C-355 de 2006 dispuso que no se incurre en delito de aborto, esto es, “(i) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico; (ii) Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; y, (iii) Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto”. || Para resolver el problema jurídico, como se precisa más adelante, dado que la protección del bien jurídico de la vida en gestación es una finalidad constitucional imperiosa, le corresponde a la Sala valorar si las razones que se aducen en relación con los cuatro cargos aptos efectivamente se presentan; esto es, si, en efecto, la actual tipificación del delito de aborto - que incluye el condicionamiento de que fue objeto en la Sentencia C-355 de 2006- afecta las garantías constitucionales que se alegan.]

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2021

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-395 de 2021

Exequibles la 'Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores', adoptada en Washington el 15 de junio de 2015 y su ley aprobatoria, Ley 2055 de 2020 - [Resumen automatizado: 1. Al efectuar el control de constitucionalidad del Capítulo 1, la Corte encontró que el objeto y finalidades de la Convención (artículo 1) son compatibles con la Constitución Política, en tanto contribuyen a la materialización: (i) del Estado Social de derecho y los principios de solidaridad y dignidad humana (artículos 1 y 2 C.P.); (ii) al deber de las autoridades de proteger a todas las personas residentes en Colombia, máxime cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional (artículo 2 C.P.); y, (iii) del postulado que exige del Estado, la sociedad y la familia la protección y asistencia de las personas mayores (artículo 46 C.P.) || Concluyó que estos son constitucionales, en tanto, el principio de solidaridad es un elemento cardinal del Estado social de derecho; el artículo 46 de la Constitución Política impone la obligación de proteger y asistir a las personas de la tercera edad, y promover su integración a la vida social; y, la garantía de la independencia, la participación, el cuidado, la autorrealización y la dignidad ha sido desarrollada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en las sentencias C-503 de 2014, T-026 de 2016 y T-010 de 2017.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-300 de 2021

Permitir que en los páramos se continúe con la realización de actividades agropecuarias de bajo impacto que se vienen desarrollando no afecta el contenido esencial o mínimo del derecho al medio ambiente porque (i) no hay una autorización irrestricta de realizar actividades en los ecosistemas de páramos y (ii) escapa el ámbito de las facetas relacionadas con el principio de no discriminación. Segundo, aunque en términos formales es posible considerar que la medida disminuye el nivel de protección previsto en disposiciones legales previas (Ley 1450 de 2011 y Ley 1753 de 2015), que prohibían expresamente adelantar cualquier tipo de actividad agropecuaria en los ecosistemas de páramos, y en su lugar autoriza dar continuidad a las actividades agropecuarias de bajo impacto; la medida analizada garantiza la protección de los derechos al territorio, la seguridad alimentaria y la identidad cultural de las comunidades campesinas, étnicas y raciales que habitan los páramos, por una parte y, por la otra, el reparto equitativo de las cargas que impone la protección de los páramos como ecosistemas estratégicos para la producción de agua, la mitigación del cambio climático y la conservación de la biodiversidad. La Corte concluyó que el impacto de las disposiciones acusadas en el mandato de protección ambiental de ecosistemas estratégicos es ampliamente compensado con los beneficios que genera a las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas que habitan los páramos en términos de la garantía de sus derechos fundamentales./ Ley 1930 de 2018, "por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia", Art. 10 Inc. 3 y 4 : Exequibles - [Resumen automatizado: No obstante, el imperativo de protección de los páramos como ecosistemas estratégicos implican la necesidad de condicionar la exequibilidad de la norma demandada en el entendido que: (i) las actividades agropecuarias a las que se refiere la norma son aquellas tradicionales y de subsistencia, desarrolladas por comunidades campesinas y étnicas en situación de vulnerabilidad y con arraigo al territorio;[51] (ii) las actividades agropecuarias autorizadas solo podrán ejecutarse en zonas ya intervenidas, lo cual excluye las áreas de páramo preservadas y estratégicas para los servicios ecosistémicos; (iii) en atención al principio in dubio pro ambiente o pro natura,[52] en caso de duda sobre el impacto de alguna actividad, ésta no podrá continuar; (iv) en todo caso, la sustitución debe prevalecer sobre la reconversión de actividades agropecuarias; (v) de ser necesaria la reconversión, esta debe tener por objeto la rehabilitación de las funciones esenciales del ecosistema. || Dada la complejidad del asunto propuesto y con el objetivo de garantizar el diálogo democrático propio del control abstracto de constitucionalidad, en atención a los diferentes argumentos propuestos por el demandante y los intervinientes en este proceso, la Sala debe resolver si la autorización prevista en el artículo 10 de la Ley 1930 de 2018 para continuar las actividades agropecuarias de bajo impacto que se vienen desarrollando en las zonas de páramo desconoce el deber que la Constitución impone al Estado de conservar áreas de especial importancia ecológica (artículo 79) para la preservación de un ambiente sano.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-271 de 2021

¿La modificación que se introdujo respecto de la conformación del grupo de hijos a cargo, que permiten al trabajador ser destinatario del subsidio familiar en dinero, viola la prohibición de retroceso injustificado en el grado de protección del derecho a la seguridad social? El artículo 28 de la Ley 21 de 1982 establecía, entre los grupos de personas a cargo que daban lugar al subsidio familiar en dinero, a los hijos que sobrepasaran la edad de 18 años y hasta la edad de 23 años cumplidos, siempre y cuando se acreditara la respectiva calidad de estudiante post-secundario, intermedio o técnico. La Ley 789 de 2002 -que adoptó normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social- previó en la disposición demandada -Art. 3 Par. 1, Num. 1- que los hijos a cargo que habilitaban el acceso al subsidio serían aquellos que no sobrepasaran la edad de 18 años y, a partir de los 12 -como lo indicaba la regulación precedente- debería acreditarse la escolaridad./ La Corte declaró exequible el texto demandado tras verificar (i) que el retroceso persiguió fines constitucionalmente imperiosos; (ii) que existía evidencia suficiente acerca de la idoneidad de la medida para alcanzar el propósito; (iii) que considerado el contexto en el que se produce su adopción puedo concluirse -prima facie- que el legislador eligió, entre los medios disponibles, el menos restrictivo; y (iv) que el grado de satisfacción de la finalidad perseguida compensó el nivel o intensidad de la restricción. S.V - [Resumen automatizado: La Ley 789 de 2002 -que adoptó normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social- previo en la disposición demandada (art 3o) que los hijos a cargo que habilitaban el acceso al subsidio serían aquellos que no sobrepasaran la edad de 18 años y, a partir de los 12 -como lo indicaba la regulación precedente- debería acreditarse la escolaridad. || 7. Con fundamento en esa consideración, señaló que en aquellos casos en los cuales se examinen retrocesos legislativos en el grado de protección de los derechos y estos hagan parte de medidas integradas a políticas públicas de la naturaleza indicada -respecto de las cuales el legislador tiene un amplio margen de configuración- debe verificarse (i) que el retroceso persiga fines constitucionalmente imperiosos; (ii) que exista evidencia suficiente acerca de la idoneidad de la medida para alcanzar el propósito; (iii) que considerado el contexto en el que se produce su adopción pueda concluirse -prima facie- que el legislador eligió, entre los medios disponibles, el menos restrictivo; y (iv) que el grado de satisfacción de la finalidad perseguida compense el nivel o intensidad de la restricción.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-119 de 2021

Sentencia de Control de Constitucionalidad de la Ley 1997 de 2019, "por medio del cual se establece un régimen especial y excepcional para adquirir la nacionalidad colombiana por nacimiento, para hijos e hijas de venezolanos en situación de migración regular o irregular, o de solicitantes de refugio, nacidos en territorio colombiano, con el fin de prevenir la apatridia" - [Resumen automatizado: El problema jurídico planteado es si la expresión demandada es contraria a las citadas disposiciones constitucionales, al otorgar a favor de las hijas e hijos de personas venezolanas, migrantes o solicitantes de refugio, nacidas en Colombia entre el 1 de enero de 2015 y el término de vigencia de la Ley 1997 de 2019, un tratamiento preferente respecto de aquellas otras cuyos padres y madres no comparten este origen nacional, para efectos del reconocimiento de la nacionalidad colombiana por nacimiento, como medida para evitar el riesgo de apatridia. || En primer lugar, persigue una finalidad constitucional imperiosa al precaver el riesgo de apatridia que enfrentan las hijas e hijos de personas venezolanas solicitantes de refugio o en situación migratoria regular o irregular, que han nacido en territorio colombiano entre el año 2015 y el término de vigencia de la Ley 1997 de 2019. || En segundo lugar, es idónea o efectivamente conducente, ya que al presumir la residencia y ánimo de permanencia en Colombia de las personas de nacionalidad venezolana migrantes o solicitantes de refugio, cuyos hijos e hijas hubiesen nacido en territorio colombiano en el término de vigencia de la ley demandada5, facilita el reconocimiento de la nacionalidad por nacimiento a favor de estas niñas y niños, de manera compatible con el literal a) del numeral 1 del art.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-116 de 2021

Los beneficios conferidos por la Ley 1979 de 2019 a los veteranos no se pueden extender a aquellos retirados de la fuerza pública cuya responsabilidad haya sido declarada en decisión que constituya cosa juzgada por autoridad administrativa o judicial en relación con graves violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad -Condicionamiento a los Art. 2 y 25) / Inexequible el Art. 6 que establece la obligación de los medios de comunicación (públicos y privados) y de las plataformas digitales de emitir información destinada exclusivamente a rendir homenajes a los veteranos. La Sala Plena consideró que esa norma introducía un desequilibrio en el espacio informativo destinado a los procesos de construcción de la verdad y vulneraba el deber del Estado de garantizar la neutralidad de los procesos de memoria histórica. La Corte indicó que la búsqueda de la verdad puede incluir relatos unilaterales pero estos deben ser difundidos en condiciones de igualdad sin privilegiar el espacio público o privado que el Estado impone a favor de uno solo de esos relatos/ Inexequible la atribución de la condición de vulnerables para todos los veteranos (Art. 3, parcial)/ Inexequibles las obligaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica de: i) destinar un espacio físico destinado exclusivamente a difundir las acciones valerosas de los veteranos e ii) incorporar al Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica una sección específica a honrar la memoria de los veteranos en coordinación con el Ministerio de Defensa y el Comando General de las Fuerzas Militares (Art. 9 parcial) - [Resumen automatizado: La Corte Constitucional indicó que los beneficios conferidos a los veteranos no se pueden extender a aquellos retirados de la fuerza pública cuya responsabilidad haya sido declarada en decisión que constituya cosa juzgada por autoridad administrativa o judicial en relación con graves violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad. || La Sala Plena consideró que los espacios de promoción obligatoria de la memoria de las hazañas y la memoria de la Fuerza Pública, en medios y redes, desconoce la Constitución; sentenció que la calificación de la Fuerza Pública como población vulnerable excedió el margen de configuración del Congreso, pues estos no cuentan con las características objetivas para tener esa calidad, a partir de un análisis de las sentencias de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y puntualizó que la definición de veteranos no desconoció la Constitución, pues, al leerla en armonía con el artículo 25 de la ley se observa que este último excluyó de beneficios a quienes tengan condena en firme por conductas gravísimas.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-62 de 2021

Las medidas correctivas por realizar necesidades fisiológicas en el espacio público no pueden aplicarse respecto de las personas que habitan la calle. Estas medidas tienen plena validez constitucional, cuando son impuestas a las demás personas. / La Corte exhortó a las autoridades municipales y distritales para que, en caso de que no lo hubiesen adelantado diseñen y en todo caso implementen una política pública que garantice el acceso universal a infraestructura sanitaria en el espacio público, la cual sea disponible a las personas que habitan en la calle. Esto conforme las obligaciones estatales que se derivan de la Constitución y de la Ley 1641 de 2013/ Código Nacional de Seguridad y Convivencia, Ley 1801 de 2016; Art. 140 Par. 2 Medidas al numeral 11: CONDICIONALMENTE exequibles - [Resumen automatizado: Asimismo, la universidad señala que la norma demanda constituye una afectación desproporcionada del derecho al libre desarrollo de la personalidad de quienes deciden adoptar la calle como lugar de habitación; debido a que la protección de ese derecho no se circunscribe a la faceta de abstención por parte del Estado respecto de la intromisión en la esfera de autonomía individual, sino que también comporta el aseguramiento de las condiciones materiales necesarias para el ejercicio de las diferentes opciones de vida, que para el caso se traducen en la garantía de la infraestructura sanitaria requerida por las PHC. || De esta manera, considera que la Corte debe, como lo ha hecho en otras decisiones que han evaluado la tensión entre la protección del espacio público y derechos constitucionales como el trabajo o el libre desarrollo de la personalidad, hacer uso del juicio de proporcionalidad a fin de declarar que la imposición de sanciones contra quien se encuentra imposibilitado física y materialmente para acceder a la infraestructura sanitaria es una actuación estatal desproporcionada y que tiene una incidencia aún mayor para las PHC, por sus condiciones particulares antes expuestas.]; Art. 140 Par. 2 Medidas al numeral 11: CONDICIONALMENTE exequibles

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-38 de 2021

INEXEQUIBLE la inclusión en el reglamento de las empresas, las labores que no podrían ejecutar "las mujeres", contenida en el numeral 13 del artículo 108 del Código Sustantivo del Trabajo, por desconocer los principios de justicia, libertad e igualdad que orientan la convivencia de las personas en nuestro ordenamiento consignados en el Preámbulo y la dignidad humana que la Constitución ordena reconocer a las mujeres de la misma forma en que se reconoce a todas las personas sin distinción, en el artículo 1º superior - [Resumen automatizado: Luego de recordar los pasos que, según la jurisprudencia constitucional, deben surtirse para efectuar el escrutinio de igualdad siendo el primero de ellos el tertium comparationis o patrón de igualdad, concluye que a la luz de las normas que ordenan al Estado erradicar toda forma de discriminación en el entorno laboral lo que comprende cualquier distinción sustentada en criterios como "raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación", la expresión demandada supone un trato desigual que carece de justificación alguna. || En conclusión, el Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Externado de Colombia estimó que el numeral 13 del artículo 108 del Decreto Ley 2663 de 1950 contiene un factor de discriminación en detrimento de los derechos de las mujeres a la dignidad humana, a la igualdad y la prohibición de no discriminación y, por lo tanto, solicitó a la Corte Constitucional que sea declarada la inexequibilidad de la expresión "las mujeres" contenida en la norma antedicha.]

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2020

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-418 de 2020

Exequible el Decreto Legislativo 660 de 2020 del 13 de mayo de 2020 "Por el cual se dictan medidas relacionadas con el calendario académico para la prestación del servicio educativo, en el marco del estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica" - [Resumen automatizado: Todas estas razones desarrolladas en el Decreto legislativo bajo análisis, permiten concluir a la Sala que la facultad otorgada al Ministerio de Educación para organizar las semanas de trabajo académico que se realizan durante el año en periodos diferentes a los previstos en el inciso primero del artículo 86 de la Ley General de Educación, si así lo solicita la autoridad competente en educación, última que deberá ceñirse a las directrices fijadas por el MEN, cumple con el requisito de conexidad material interna en cuanto, como se expuso en las consideraciones del Decreto legislativo 660 de 2020, persigue unos objetivos dirigidos a conjurar los efectos de la crisis producida por el Coronavirus Covid-19 en relación con la posibilidad de mantener la continuidad en la prestación del servicio público de educación y garantizar el disfrute del derecho a la educación en condiciones de igualdad, así como preservando la vida y la salud de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, docentes y directivos docentes.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-404 de 2020

Exequible el Decreto Legislativo 814 del 4 de junio de 2020 "por el cual se ordena la entrega de transferencias monetarias no condicionadas, adicionales y extraordinarias en favor de los beneficiarios de los programas Protección Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor, Familias en Acción y Jóvenes en Acción y se dictan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 de 2020" - [Resumen automatizado: 2. El 4 de junio de 2020, el Presidente de la República remitio a la Secretaría General de la Corte Constitucional copia auténtica del Decreto Legislativo 814, emitido el día anterior, “Por el cual se ordena la entrega de transferencias monetarias no condicionadas, adicionales y extraordinarias en favor de los beneficiarios de los programas Protección Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor, Familias en Acción y Jóvenes en Acción y se dictan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 de 2020”. || Durante el término de duración de los efectos de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto�637�del 6 de mayo de 2020, autorizar al Gobierno nacional para que por medio del Ministerio del Trabajo y del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, realicen en favor de los beneficiarios de los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor - Colombia Mayor y Jóvenes en Acción entregas de transferencias monetarias no condicionadas, adicionales y extraordinarias, siempre y cuando cuenten previamente con la respectiva disponibilidad presupuestal.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-403 de 2020

Exequible el Decreto Legislativo 659 de 2020 "por el cual se entrega una transferencia monetaria no condicionada, adicional y extraordinaria en favor de los beneficiarios de los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor y Jóvenes en Acción y se dictan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica" - [Resumen automatizado: Por el cual se entrega una transferencia monetaria no condicionada, adicional y extraordinaria en favor de los beneficiarios de los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor y Jóvenes en Acción y se dictan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica || Durante el término que dure el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, autorizar al Gobierno nacional para que por medio del Ministerio del Trabajo y del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, realice la entrega de una (1) transferencia monetaria no condicionada, adicional y extraordinaria en favor de los beneficiarios de los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor - Colombia Mayor y Jóvenes en Acción. || Declarar EXEQUIBLE el Decreto Legislativo 659 de 2020 “Por el cual se entrega una transferencia monetaria no condicionada, adicional y extraordinaria en favor de los beneficiarios de los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor y Jóvenes en Acción y se dictan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-396 de 2020

Exequible el Decreto Legislativo 810 de 2020 "por el cual se crea el patrimonio autónomo para el emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento empresarial de las mujeres, con el fin de mitigar los efectos de la Emergencia, Económica, Social y Ecológica" - [Resumen automatizado: Finalmente, el Ministerio Público consideró necesario que la Corte limite la vigencia temporal del decreto por el lapso que considere razonable y proporcional, ya que resulta excesivo que el patrimonio autónomo pueda recibir recursos y bienes públicos de forma permanente solo bajo el control de la Superintendencia Financiera frente a las operaciones de la sociedad fiduciaria, y que se excluya el régimen de contratación pública de forma permanente, pues si bien la laxitud de esta facultad se justifica en condiciones de emergencia, esta no puede dar lugar a la institucionalización de las medidas adoptadas y utilizarse para proponer políticas públicas de largo plazo a modo de plan de desarrollo alterno del Gobierno o como medio para subvertir el orden constitucional.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-383 de 2020

CONDICIONALMENTE EXEQUIBLES los artículos 2, 3 y 8 del Decreto Legislativo 800 de 2020 "por el cual se adoptan medidas para el flujo de recursos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y mantener la afiliación al mismo de quienes han perdido la capacidad de pago, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica", en el entendido de que las medidas en ellos contenidas estarán vigentes durante la emergencia sanitaria, o durante el término de vigencia que señale el Congreso de la República en ejercicio de sus competencias ordinarias en la materia\ Exequibles los demás artículos - [Resumen automatizado: Los cotizantes al régimen contributivo y sus beneficiarios, podrán acceder temporalmente al régimen subsidiado de salud mediante la contribución solidaria, una, vez finalice el beneficio estipulado en el parágrafo primero del artículo 67 de la Ley 1753 de 2015, adicionado por el artículo 15 del Decreto Legislativo 538 'de 2020, cuando el cotizante (i) no cumpla con las condiciones para pertenecer al régimen subsidiado, (ii) haya finalizado su relación laboral durante la emergencia sanitaria o durante los seis (6) meses siguientes a su finalización, y (iii) haya aportado al Sistema General de Seguridad Social en Salud sobre un Ingreso Base de Cotización -IBC- hasta de un (1) salario mínimo legal mensual vigente -SMLMV-. || Por ello, le corresponde a la Corte Constitucional establecer si el Decreto Legislativo 800 del 4 de junio de 2020 "[p]or el cual se adoptan medidas para el flujo de recursos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y mantener la afiliación al mismo de quienes han perdido la capacidad de pago, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica", expedido por el presidente de la república en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 215 de la Carta, cumple las condiciones formales y materiales de validez consignadas en la Constitución y en la regulación estatutaria que ha desarrollado en esta materia, en particular, la Ley 137 de 1994.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-255 de 2020

La Corte CONDICIONA la exequibilidad de las medidas contenidas en los artículos 2 (parcial), 3, 5, 7, 8, y 10 del Decreto Legislativo 546 de 2020 "por medio del cual se adoptan medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria transitorias en el lugar de residencia a personas que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19, y se adoptan otras medidas para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica"\ Exequibles los demás artículos - [Resumen automatizado: Y, por su parte, se estima que la obligación del Artículo 10, de retornar a los centros de reclusión una vez finalizados los referidos 6 meses, es inconstitucional, pues quienes reciban el beneficio de la detención preventiva o prisión domiciliarias transitorias no lo pierden de manera automática, en la medida en que tienen derecho y el juez competente debe reconocer la aplicación ultractiva del Decreto Legislativo 546 de 2020, como norma penal más favorable. || Durante el trámite de la referencia y tras revisar los múltiples documentos e intervenciones recibidas, la Magistrada ponente formuló al Ministerio de Justicia y del Derecho nueve preguntas para conocer detalles sobre (i) las condiciones actualizadas de la población privada de la libertad en el contexto de la pandemia; (ii) la aplicación de las medidas previstas en el Decreto Legislativo 546 de 2020; y (iii) datos relacionados.[124] Entre otros asuntos, de la información que aportó el Gobierno nacional, en respuesta a las solicitudes de la Corte, llama la atención la manera como están repartidas las personas que han accedido a la medida principal, según el criterio del Artículo 2 que las cobijó.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-210 de 2020

Exequible el Decreto Legislativo 559 de 2020 "por el cual se adoptan medidas para crear una Subcuenta para la Mitigación de Emergencias -Covid19- en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establecen las reglas para su administración, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica"\ Introducción al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - [Resumen automatizado: En desarrollo de lo anterior, el Presidente de la República expidió -el 15 de abril- el Decreto legislativo 559 de 2020, "[p]or el cual se adoptan medidas para crear una Subcuenta para la Mitigación de Emergencias -Covid19- en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establecen las reglas para su administración, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica". || El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres administrará una subcuenta temporal para la contención y mitigación de la emergencia declarada por el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, la cual tendrá por objeto financiar la provisión de bienes, servicios y obras requeridas para contener, mitigar y evitar la extensión de los efectos adversos derivados de la pandemia COVID-19 en la población en condición de vulnerabilidad residente en el territorio colombiano y en el sistema de salud. || El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres administrará una subcuenta temporal para la contención y mitigación de la emergencia declarada por el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, la cual tendrá por objeto financiar la provisión de bienes, servicios y obras requeridas para contener, mitigar y evitar la extensión de los efectos adversos derivados de la pandemia COVID-19 en la población en condición de vulnerabilidad residente en el territorio colombiano y en el sistema de salud.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-194 de 2020

Exequible el Decreto Legislativo 444 de 2020, "Por el cual se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME y se dictan disposiciones en materia de recursos, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica" - [Resumen automatizado: Que, para tal fin, el Fondo de Ahorro y Estabilización -FAE del Sistema General de Regalías, creado por el artículo 361 de la Constitución Política y regulado en la Ley 1530 de 2012, cuenta con recursos disponibles, cuyo uso puede ser viabilizado a título de préstamo, como fuente de financiamiento, para servir al exclusivo propósito de atender transitoriamente las referidas necesidades económicas y sociales derivadas de la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19. || La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá realizar operaciones de crédito utilizando como fuente de pago los recursos que serán girados en las vigencias 2020, 2021 y 2022 al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales - FONPET, provenientes de la Nación, para conjurar la crisis o impedir la extensión de sus efectos en el territorio nacional, en el marco del Decreto 417 de 2020, en la medida en que vayan siendo requeridos por el FOME a solicitud del Ministro de Hacienda y Crédito Público o los viceministros.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-185 de 2020

La Corte CONDICIONA el artículo 16 del Decreto Legislativo 482 de 2020, bajo el entendido de que la suspensión del tope máximo de trabajo suplementario establecido para el personal de controladores de tránsito aéreo, bomberos y técnicos aeronáuticos, así como la flexibilización del uso de este recurso en caso de que alguno de ellos presente síntomas compatibles con el COVID-19, solo aplica en el evento en que sea necesario para garantizar la prestación del servicio de transporte aéreo de pasajeros y-o de carga.\ Exequibles los demás artículos del Decreto Legislativo 482 de 2020 "por el cual se dictan medidas sobre la prestación del servicio público de transporte y su infraestructura, dentro del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica" - [Resumen automatizado: El capítulo 1º se encuentra dirigido a atender la situación de la industria aeronáutica, al punto que propone las siguientes medidas: i) acelerar la devolución de los saldos a favor que puedan tener las empresas del servicio aéreo comercial (Art. 14); ii) suspender el pago de contraprestaciones aeroportuarias hasta el 31 de diciembre de 2021 (Art. 15); iii) autorizar la suspensión del tope establecido para el personal de controladores de tránsito aéreo, bomberos y técnicos aeronáuticos (Art. 16); iv) flexibilizar este recurso en el evento en que alguno de ellos presente síntomas compatibles con el COVID-19 (Ibídem); v) permitir los reembolsos de dinero a los pasajeros por los servicios prestados de las aerolíneas para que hagan uso del derecho de retracto durante el período que dure la emergencia y hasta por un año más (Art. 17); vi) modificar las garantías de cumplimiento a las empresas aeronáuticas hasta el 31 de diciembre de 2021 (Art. 18); vii) autorizar a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil a realizar acuerdos de pago con las empresas de transporte aéreo respecto de las obligaciones derivadas de los permisos otorgados por la mencionada entidad (Art. 19); viii) suspender los cobros relacionados con la infraestructura aeroportuaria mientras transcurre la emergencia económica, social y ecológica (Art. 20); ix) no cobrar transitoriamente el valor del canon de arrendamiento de los espacios objeto de explotación comercial que se hallan en los aeropuertos y aeródromos no concesionados (Art 21); x) suspender las restricciones de horario de tipo ambiental establecidas para la operación de las pistas de los aeropuertos nacionales y/o internacionales en el territorio nacional, por el tiempo que dure la emergencia económica, social y ecológica y la emergencia sanitaria en el país (Art. 22).]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-179 de 2020

INEXEQUIBLE el parágrafo del artículo 2 y CONDICIONADOS los literales n y o del artículo 1 del Decreto Legislativo 460 de 2020, "por el cual se dictan medidas para garantizar la prestación del servicio a cargo de las comisarías de familia, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica". i) Se condicional los literales n y o del Art. 1 en el entendido que la obligación de difusión gratuita de los servicios de las comisarías de familia y de las campañas de prevención en materia de violencia intrafamiliar y delitos sexuales, a cargo de las emisoras comunitarias también aplica a todas las radiodifusoras públicas; A juicio de la Sala Plena, tales disposiciones crean un trato diferenciado injustificado entre esa categoría específica de emisoras y las radiodifusoras públicas; ii) la Corte determinó que la facultad atribuida a los procuradores judiciales en familia por virtud del parágrafo del artículo 2 para fijar obligaciones provisionales de las partes en relación con la custodia, visitas y alimentos no supera el juicio de conexidad interna, puesto que implica asignarle a la Procuraduría una función que ordinariamente está atribuida a los jueces y defensores de familia adscritos al ICBF y que, incluso de manera excepcional, ejercen los propios comisarios de familia. Se trata, por consiguiente, de la reasignación transitoria de una función ajena al ámbito regulatorio. Se trata de una medida inconexa, desde la perspectiva misional de la Procuraduría \ Exequibles los demás artículos - [Resumen automatizado: En lo que respecta a la conexidad interna, es decir, al vínculo entre la parte motiva del Decreto Legislativo 460 de 2020 y su articulado (2 y 3), la Sala Plena encuentra que es manifiesta, en tanto que en la motivación se alude la necesidad de flexibilizar la atención personalizada o remota en las comisarías de familia, sin afectar la continuidad y efectividad de sus actuaciones administrativas y jurisdiccionales, cuestión que está ligada al ámbito de regulación específico consagrado en los artículos 2 y 3 del Decreto Legislativo 460 de 2020, en los que establecen funciones encaminadas a (i) suspender la función de conciliación extrajudicial en derecho en aquellos casos que no existan medios tecnológicos para llevar a cabo las audiencias; (ii) como excepción a lo anterior, mantener la función de conciliación extrajudicial en derecho en asuntos de custodia, visitas y alimentos de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, con la realización de audiencias virtuales cuando sea posible, y en caso de no ser factible, mediante audiencias presenciales con la implementación de medidas de aislamiento, protección e higiene; y, (iii) la obligación a cargo de la Fiscalía de garantizar canales de articulación y orientación para reforzar las funciones de policía judicial en las comisarías de familia.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-171 de 2020

INEXEQUIBILIDAD parcial y CONDICIONAMIENTOS al Decreto 488 de 2020, "por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica". i) CONDICIONAMIENTO de los artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8, en el entendido de que la expresión "[h]asta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la Emergencia Económica, Social y Ecológica" contenida en ellos , implica que las medidas allí establecidas permanecerán hasta la culminación de la emergencia sanitaria y, si se precisara de un término más allá de ese momento, las autoridades administrativas del trabajo (inspectores de trabajo) deberán certificar la permanencia de las circunstancias que dieron origen a la excepción, habilitación o autorización otorgada, para poder seguir utilizando las medidas dispuestas en este decreto o hasta tanto el Congreso de la República ejerza sus competencias ordinarias en la materia; ii) INEXEQUIBILIDAD de la expresión "de carácter privado" contenida en los artículos 2 y 3 - al igual que los afiliados de las AFC privadas, los empleados adscritos al FNA también están expuestos a sufrir la disminución de sus ingresos con ocasión de la emergencia y requerir así de una alternativa que les permita compensarla y de esa forma continuar sufragando sus necesidades básicas y las de su familia- - [Resumen automatizado: Por reparto de la Sala Plena de esta Corporación, el asunto correspondió al Despacho del Magistrado Sustanciador, que mediante providencia del 13 de abril pasado dispuso: i) avocar el conocimiento del referido decreto, ii) comunicar el inicio del proceso al Presidente de la República, así como a todos los ministerios que integran el Gobierno Nacional; iii) solicitar al Presidente de la República y al Ministerio de Trabajo dar respuesta a algunas preguntas relacionadas con el alcance del Decreto Legislativo 488 de 2020; iv) fijar en lista por el término de cinco (5) días; y finalmente, v) invitar a participar a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, al Consejo Nacional de Mitigación del Desempleo, a la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía -Asofondos-, a la Asociación de Cajas de Compensación Familiar -Asocajas-, a la Federación de Aseguradoras Colombianas -Fasecolda-, a la Asociación Colombiana de Micro, Pequeños y Medianos Empresarios -Acopi-, y a la Confederación General del Trabajo -CGT-; y a las facultades o programas de derecho de las siguientes universidades: Andes, Rosario, Pontificia Universidad Javeriana, Externado de Colombia y Nacional de Colombia.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-161 de 2020

Exequible el Decreto Legislativo 467 de 2020, "por el cual se dictan medidas de urgencia en materia de auxilios para beneficiarios del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica", con excepción del artículo 1 que se declara EXEQUIBLE DE MANERA CONDICIONADA en el entendido que la medida denominada "periodo de gracia", prevista en el numeral primero, no causa durante su vigencia intereses sobre los créditos - [Resumen automatizado: Plantean tres argumentos a su favor: (i) las medidas alivian la carga financiera de los beneficiarios de créditos de Icetex y les permite "invert[ir] sus pocos ingresos y recursos económicos en atender los urgentes requerimientos de la pandemia que atenta contra bienes jurídicos fundamentales como la salud y la vida por encima de las obligaciones con entidades del Estado"[27]; (ii) la norma cumple con la finalidad de los decretos de emergencia que es conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos; y (iii) ante el actual estado de cosas, aumenta la probabilidad de no pago de los créditos de los estudiantes; por ello le corresponde al Estado buscar alternativas para que no se cause un perjuicio económico mayor a los estudiantes de educación superior beneficiarios de los créditos del Icetex, protegiéndolos de la imposición de sanciones económicas, de incurrir en interés de mora, o en la pérdida del crédito y en los reportes en centrales de riesgo. || Sin embargo, para abordar el análisis material del decreto legislativo de una forma más clara, la Sala Plena divide su contenido en dos ejes temáticos: el primero tiene que ver con el Plan de Auxilios propiamente dicho, es decir con el conjunto de medidas previstas para apoyar a los beneficiarios del Icetex y reducir el impacto de la pandemia en el cumplimiento de sus obligaciones crediticias.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-157 de 2020

Exequible el Decreto Legislativo 439 de 2020, "por el cual se suspende el desembarque con fines de ingreso o conexión en territorio colombiano, de pasajeros procedentes del exterior, por vía aérea" - [Resumen automatizado: En la intervención conjunta de la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República y de la Ministra de Transporte se explicó que: (i) “la mayoría de casos de contagio en Colombia eran de personas provenientes del exterior por vía aérea, según lo informó el Ministerio de Salud y Protección Social”[74] por lo cual era necesario adoptar la medida bajo estudio para “evitar que continuara la llegada masiva del virus”.[75] (ii) La OMS en la Recomendación del 29 de febrero de 2020 manifestó que, en cuanto al tráfico internacional, una de las medidas que se ha implementado es “denegar la entrada de pasajeros”.[76] (iii) Según el artículo 24 de la Constitución, el derecho a la libre circulación de los colombianos solo puede ser limitado mediante la expedición de una ley, por lo cual era necesaria la emisión del decreto “con fuerza de ley”.[77] (iv) Según el Comentario General 27 del 2 de noviembre de 1999 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a una persona no se le puede privar “arbitrariamente” del derecho a entrar en su propio país y, por tanto, toda actuación del estado debe ser “razonable”.[78] (v) La medida se emitió e informó con “antelación suficiente” para que los nacionales que estuvieran en el exterior y tuvieran la intención de regresar al país pudieran hacerlo en un “lapso prudencial”.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-154 de 2020

La reinstalación o reconexión temporal a los suscriptores residenciales del servicio de acueducto que se encuentra suspendido durante la situación de emergencia originada por el covid19, debe aplicarse a todos los suscriptores cuyo servicio está suspendido, sin considerar la causa de la suspensión\ Exequible el Decreto Legislativo 441 de 2020, "por el cual se dictan disposiciones en materia de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para hacer frente al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 417 de 2020", salvo (i) la expresión "con excepción de aquellos que fueron suspendidos por fraude a la conexión o al servicio," contenida en el artículo 1, que se declara INEXEQUIBLE y (ii) La expresión "sin cobro de cargo alguno" contenida en el artículo 1, que se declara EXEQUIBLE EN EL ENTENDIDO de que esta regla no se aplicará a los suscriptores que fueron suspendidos por fraude a la conexión o al servicio, en los términos indicados en esta providencia - [Resumen automatizado: Le corresponde a la Corte Constitucional establecer si el Decreto Legislativo 441 del 20 de marzo de 2020 "por el cual se dictan disposiciones en materia de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para hacer frente al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 417 de 2020" expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 215 de la Carta cumple las condiciones formales y materiales de validez establecidas en la Constitución y en la regulación estatutaria que la ha desarrollado en esta materia, en particular, la Ley 137 de 1994. || Durante el término de declaratoria de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, en los términos y condiciones que se han señalado y las prórrogas que pueda determinar el Ministerio de Salud y Protección Social, los municipios, distritos y departamentos para asegurar el acceso de manera efectiva a agua potable, podrán destinar los recursos necesarios del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB) para financiar medios alternos de aprovisionamiento como carrotanques, agua potable tratada envasada, tanques de polietileno sobre vehículos de transporte, tanques colapsibles, entre otros, siempre que se cumplan con las características y criterios de la calidad del agua para consumo humano señalados en el ordenamiento jurídico.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-150 de 2020

Exequible el Decreto Legislativo 458 del 22 de marzo de 2020 "por el cual se adoptan medidas para los hogares en condición de pobreza en todo el territorio nacional, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica" - [Resumen automatizado: LA CORTE CONSTITUCIONAL DECLARÓ EXEQUIBLE EL DECRETO 458 DEL 22 DE MARZO DE 2020, MEDIANTE EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LOS HOGARES EN CONDICIÓN DE POBREZA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, DENTRO DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA, POR CUMPLIR LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES EXIGIDOS POR LA CARTA POLÍTICA Y LA LEY ESTATUTARIA DE LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN || Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y con fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política, el presidente de la República declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de dicho decreto. || Con fundamento las anteriores consideraciones, la Corte Constitucional resolvió declarar la exequibilidad del Decreto 458 del 22 de marzo de 2020 “Por el cual se adoptan medidas para los hogares en condición de pobreza en todo el territorio nacional, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-145 de 2020

Declarado exequible el Decreto 417 de 2020 "por el cual se declara un estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional" - [Resumen automatizado: Las páginas oficiales de la OMS y del Ministerio de Salud mencionadas en el decreto declaratorio permiten constatar la siguiente cronología de los hechos: el 31 de diciembre de 2019, China notifica un conglomerado de casos de neumonía en Wuhan; 5 de enero de 2020, la OMS publica la primer parte de evaluación del riesgo y hace recomendaciones; 7 de enero China, confirma un nuevo coronavirus; 12 de enero, ese país hace pública la secuencia genética del virus COVID-19; 30 de enero, OMS declara emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII); en febrero, la OMS convoca un foro de investigación y viaja a Wuhan acompañado de algunos países; 3 de marzo, la OMS publica un plan estratégico de preparación y respuesta para ayudar a Estados a protegerse con sistemas de salud frágiles; 6 de marzo, el Minsalud dio a conocer el primer caso de coronavirus en Colombia; 9 de marzo, la OMS solicitó adoptar medidas prematuras para detener la transmisión y prevenir la propagación; y 11 de marzo, el director de la OMS declara el COVID-19 como una pandemia y evidenciando que algunos países tienen problemas de falta de capacidad, recursos y determinación, además de reconocer que no es solo una crisis de salud pública sino que también tiene un gran impacto sobre las sociedades y las economías.]

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2019

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-588 de 2019

INEXEQUIBLE la expresión "y tendrá una vigencia de diez (10) años" contenida en el artículo 208 de la Ley 1448 de 2011, así como la expresión "tendrán una vigencia de 10 años" contenida en los artículos 194 del Decreto 4633 de 2011, 123 del Decreto 4634 de 2011 y 156 del Decreto 4635 de 2011. EXHORTA al Gobierno y al Congreso de la República, para que, antes de la expiración de la vigencia de la Ley 1448 de 2011 y de los Decretos 4633 de 2011, 4634 de 2011 y 4635 de 2011, adopte las decisiones que correspondan en relación con su prórroga o con la adopción de un régimen de protección de las víctimas que garantice adecuadamente sus derechos. De no hacerlo, a partir del vencimiento de este término, se entenderá que la Ley 1448 de 2011 así como los Decretos 4633 de 2011, 4634 de 2011 y 4635 de 2011 tendrán vigencia hasta el día 7 de agosto de 2030, sin perjuicio de lo dispuesto en el fundamento jurídico 70 de esta providencia - [Resumen automatizado: Esta Corporación debe tener en cuenta que dicho término, previsto para el año 2021, "obstaculiza la implementación del punto 5° del Acuerdo Final de paz[20], cuyo contenido está reflejado en la Constitución (Actos Legislativos 01 y 02 de 2017), por cuanto los mecanismos creados por dicha ley tienen la finalidad y han sido notables para materializar el derecho a la reparación integral de las víctimas, y son imprescindibles para la sostenibilidad de la paz, por ser marcos jurídicos complementarios que permiten la realización de los derechos de las víctimas en el proceso de transición de un conflicto armado interno a una situación de paz"[21]. || En este sentido, aseguran que si bien de la jurisprudencia de la Corte Constitucional se desprende que el control de constitucionalidad abstracto sobre disposiciones que establecen la vigencia de leyes o actos con fuerza material de ley debe tener en consideración la libertad de configuración del legislador, dicha autorización tiene varios límites, a saber: (i) "es inconstitucional cualquier decisión que implique la entrada en vigencia de una ley con anterioridad a su promulgación, pues esto contrariaría el principio de publicidad"; (ii) la cláusula general de competencia legislativa excluye toda actividad de producción normativa asignada por la Constitución Política a otra rama del poder público u órgano estatal; y (iii) el ejercicio de la función legislativa debe respetar las normas, los derechos y los principios derivados de la Carta[37].]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-489 de 2019

Adquirir o consumir bienes o servicios ofrecidos por vendedores informales en el espacio público, no puede entenderse como un comportamiento que promueva o facilite el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas y jurisprudencia constitucional vigente. Ley 1801 de 2016, "por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia"; Art. 140 Num. 6, CONDICIONALMENTE exequible - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por las Magistradas Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, Diana Fajardo Rivera, Cristina Pardo Schlesinger, y los Magistrados Carlos Bernal Pulido, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente sentencia: || Resaltan además que la redacción también es contraria al principio de legalidad como parte del debido proceso, en tanto se requiere dar alcance a la conducta prohibida pues las expresiones “promover” y “facilitar” contenidas en el numeral 6 del artículo 140 del CNPC no permiten conocer con seguridad las conductas que se encuentran prohibidas; así mismo la remisión a las “normas y jurisprudencia constitucional vigente” de que trata la disposición no permite identificar claramente la conducta prohibida y esta indeterminación lleva a que la aplicación pueda ser arbitraria en tanto “da lugar a que se incluyan dentro del ámbito de sanción conductas como la adquisición o compra de bienes lícitos a vendedores informales; la provisión de productos comercializables a vendedores informales por parte de empresas distribuidoras; o la provisión, mantenimiento y/o cuidado de los carros para el ejercicio de la venta informal, entre muchos otros comportamientos que pueden ser catalogados como formas de promoción o facilitación del uso del espacio público por parte de vendedores informales, pero que en últimas son absolutamente indispensables para el ejercicio del derecho al trabajo de estos últimos”.]; Art. 140 Num. 6, CONDICIONALMENTE exequible

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-394 de 2019

Imponer multa tasada en salarios mínimos mensuales legales vigentes "al momento de la imposición de la sanción" no desconoce el debido proceso por virtud de la flexibilización del principio de legalidad que opera en materia de derecho administrativo sancionador/ Análisis del antagonismo jurisprudencial : recordó que mediante Sentencia C-475 de 2004 la Corte se opuso a que unas multas administrativas pudieran tener en cuenta el salario mínimo legal vigente a la fecha de formulación del pliego de cargos, así como la tasa de cambio representativa del mercado vigente en la misma fecha. Y por otra parte se señaló que, no obstante, mediante otras providencias - como la C-070 de 1996, la C-280 de 1996, la C-820 de 2005 y la C-412 de 2015 - y con fundamento en la necesidad de contrarrestar los efectos del fenómeno inflacionario sobre el valor de las multas a través del tiempo, la jurisprudencia admitió que las multas administrativas fueran tasadas en salarios mínimos legales mensuales vigentes. / Ley 1340 de 2009, "por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia"; Art. 26 (parcial): Exequible - [Resumen automatizado: Por otra parte, para fundamentar su cargo por la eventual violación del artículo 243 de la Carta (cosa juzgada constitucional), el actor sostuvo que la inconstitucionalidad de la expresión legal demandada ya había sido resuelta por la Corte cuando, en la aludida Sentencia C-475 de 2004, se declaró la inexequibilidad del parágrafo 3° del artículo 1° del Decreto - Ley 1074 de 1999 y que, por ende, "(e)l legislador ya sabía desde 2004, que no podía prever que las sanciones se tasarían con base en el salario mínimo que fuera ulterior al momento de cometer la falta [sin perjuicio de lo cual] (...) en 2009 reprodujo ese contenido inconstitucional en el artículo 26 [de la ley 1340 de 2009]"[7] || Por ende, al margen de que en posterior demanda se impugne la expresión subrayada del artículo 25 (imposición de multas a personas jurídicas), el fallo que se profiera dentro de la presente sentencia no sería inocuo en modo alguno; y (iii) si bien entre los artículos 25 y 26 de la Ley 1340 de 2009 existe una relación intrínseca pues ambas normas regulan la imposición de multas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio por la infracción al régimen de la libre competencia, para la Corte el contenido del artículo 25 no despierta en este momento duda alguna sobre su constitucionalidad pues, contrario a lo que sucede con el artículo 26, de su redacción no necesariamente se desprende una eventual oposición al principio de legalidad.]; Art. 26 (parcial): Exequible

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-372 de 2019

La exigencia de una convivencia de dos años entre matrimonios o parejas de colombianos y extranjeros no residentes para que estos últimos puedan recibir la donación de órganos y tejidos no resulta desproporcionada ni discriminatoria respecto del trato que reciben los nacionales y extranjeros residentes en el acceso a la donación de órganos, siempre y cuando se entienda que solo es posible donar un órgano o tejido a un extranjero no residente en los casos en que la necesidad del trasplante surja después de que se perfecciona el vínculo matrimonial o la unión marital de hecho. Lo anterior, en tanto se trata de una excepción razonable a la prohibición de donación de componentes anatómicos a extranjeros no residentes, que persigue una finalidad constitucionalmente imperiosa, consigue el fin propuesto, es necesaria y no restringe de forma irrazonable los derechos en tensión. Ley 1805 de 2016, "por medio de la cual se modifican la Ley 73 de 1988 y la Ley 919 de 2004 en materia de donación de componentes anatómicos y se dictan otras disposiciones"; Art. 10 Par. : CONDICIONALMENTE exequible - [Resumen automatizado: Para los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Salud y Protección Social, Instituto Nacional de Salud, la Universidad Externado de Colombia, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, Migración Colombia y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, el contenido normativo acusado es constitucional, pues: (i) tiene como objetivo desincentivar el tráfico de órganos y su compra ilegítima; (ii) defiende los intereses de los connacionales y de las personas con vocación de permanencia al darles prelación en la recepción de componentes anatómicos en consonancia con los derechos que tienen como habitantes, sin anular el acceso de los extranjeros con vínculos con el país; (iii) la disposición busca limitar el turismo para el trasplante; (iv) el Legislador está habilitado para restringir el acceso a servicios de salud para los extranjeros no residentes; (v) protege la bioseguridad y la dignidad humana; y (vi) garantiza el establecimiento de una sólida relación entre las partes integrantes del matrimonio o de la unión marital de hecho. || De conformidad con la demanda, la Corte debe decidir si la determinación de un trato diferente entre, de una parte, nacionales y extranjeros residentes y, de otra, las parejas extranjeras no residentes de colombianos que impone a estos últimos el deber de probar la convivencia de dos años después del matrimonio o la declaratoria de la sociedad de hecho para acceder a la donación de componentes anatómicos es discriminatoria y viola los derechos a la igualdad y a la salud de estas personas.]; Art. 10 Par. : CONDICIONALMENTE exequible

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-293 de 2019

La Corte se inhibe de fallar contra apartes de los artículos 43 y 44 de la Ley 1801 de 2016, "por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia", disposiciones que imponen una serie de exigencias a las personas que laboran en los establecimientos, inmuebles y lugares donde se ejerce la prostitución y a las personas que ejercen esta actividad, así como unas medidas correctivas por su inobservancia, por el cargo de vulneración el principio de igualdad, ya que las acusaciones de la demanda de inconstitucionalidad partieron del supuesto equivocado de que los preceptos impugnados tienen como destinatario a las personas que ejercen la prostitución, cuando, en realidad, los mismos se dirigen a otros grupos de personas - [Resumen automatizado: El día 22 de noviembre de 2017 los ciudadanos Ángela María Robledo, Alirio Uribe Muñoz, María Fernanda Herrera Burgos, Valeria Silva Fonseca, Gustavo Gallón Giraldo, Juan Carlos Ospina Rendón, Jorge Abril Maldonado, Jomary Ortegón Osorio, José Jans Carretero Pardo, Liliana Forero Montoya, Drisha Fernandes Domecq y Paola Marcela Iregui Parra[1] interpusieron demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 43 (parcial) y 44 (parcial), en los que se establecen una serie de cargas y deberes positivos y negativos para el ejercicio de la prostitución, en los siguientes términos: (i) el deber del personal que labora en los establecimientos, inmuebles o lugares donde se ejerce la prostitución, de obtener el concepto sanitario de la secretaría de salud, de proveer y distribuir preservativos a las personas que ejercen dicha actividad y a las que utilizan los servicios respectivos, de facilitar el cumplimiento de las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias, de promover el uso de preservativos y otros medios de protección, de no realizar publicidad alusiva a la actividad en la vía pública, de proveer elementos y servicios de aseo, y de intervenir en caso de controversia entre las personas involucradas en la actividad (art.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-254 de 2019

La Corte condicionó el Tratado de libre comercio entre la República de Colombia y el Estado de Israel, hecho en Jerusalén, Israel, el 30 de septiembre de 2013 y el Canje de Notas entre la República de Colombia y el Estado de Israel, por medio de la cual se corrigen errores técnicos del tratado de libre comercio entre la República de Colombia y el Estado de Israel, efectuado el 13 de noviembre de 2015" y la Ley 1841 de 12 de julio de 2017 "por medio de la cual se aprueba", bajo el entendido que ninguna de las disposiciones del capítulo de inversión que se refieran a derechos sustantivos dará lugar a tratos más favorables injustificados hacia los inversionistas extranjeros con respecto a los nacionales. Condicionó además algunas expresiones en el texto del Tratado/ La Corte advirtió al Presidente de la República que, si en ejercicio de su competencia constitucional de dirección de las relaciones internacionales, decide ratificar este tratado, en el marco del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, deberá adelantar las gestiones necesarias para propiciar la adopción de una declaración interpretativa conjunta con el representante de la República Francesa, respecto de los condicionamientos señalados en los resolutivos primero a séptimo de la presente decisión - [Resumen automatizado: De manera introductoria y previa al articulado los Estados parte al suscribir el tratado establecen como fines esenciales, entre otros: i) contribuir al desarrollo armónico y la expansión del comercio mundial mediante la eliminación de obstáculos a través de la creación de un área de libre comercio, evitando generar nuevas barreras al comercio y a la inversión; ii) fortalecer las relaciones económicas y promover la cooperación económica en particular para el desarrollo del comercio; iii) crear un mercado más amplio y seguro para sus bienes y servicios, estableciendo reglas claras y mutuamente beneficiosas para fomentar un entorno predecible para su comercio e inversiones; iv) reconocer que la promoción y protección de las inversiones de una de las partes en el territorio de la otra parte, permitirá estimular una actividad comercial mutuamente beneficiosa; v) promover un desarrollo económico amplio para mejorar los niveles de vida y reducir la pobreza; vi) implementar este tratado de forma coherente con la protección y conservación del medioambiente, promover el desarrollo sostenible y fortalecer la cooperación en materia ambiental; vii) reafirmar su pertenencia a la OMC y el cumplimiento con los derechos y obligaciones del Acuerdo de Marrakech, y otros acuerdos de los cuales son partes; y viii) explorar la promoción del desarrollo armónico del comercio, así como la expansión y diversificación de la cooperación en los campos de común interés.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-28 de 2019

Se declara INEXEQUIBLE la presunción del período de prueba de 15 días para los servidores del servicio doméstico contenida en el numeral 2 del artículo 77 del Código Sustantivo del Trabajo, por configurar una discriminación que no se justifica frente a los demás trabajadores y por tanto vulnera el derecho a la igualdad y el principio de estabilidad laboral. S.V - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, Carlos Bernal Pulido, Diana Fajardo Rivera, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Cristina Pardo Schlesinger, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente sentencia: || Esto tiene unos efectos dado que (ix) el periodo de prueba tiene causalidad y por tanto corresponde al empleador sustentar las razones por las cuales no se satisficieron las expectativas laborales, todo esto en aplicación del principio constitucional de la estabilidad en el empleo y del trabajo en condiciones dignas y justas que, frente a ese aspecto ha desarrollado la jurisprudencia de la Sala Plena (x) de no existir razones justificadas y de estar presentes criterios sospechosos de discriminación es ineficaz la terminación del contrato; no obstante al no existir la prueba escrita en los casos de las trabajadoras domésticas a quienes se les presume, se dificulta la exigencia de sus derechos e incluso la prueba misma de la relación, es por ello que (xi) el artículo 7 del Convenio 189 de OIT deriva como derecho humano laboral, la garantía a la información de los trabajadores domésticos, para que conozcan por escrito sobre el periodo de prueba, máxime cuando son sujetos de especial protección, dada su vulnerabilidad y en atención a que es una dimensión del trabajo en condiciones dignas y justas.]

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2018

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-139 de 2018

¿La medida que prohíbe a las mujeres trabajar en labores de pintura industrial que entrañen el empleo de la cerusa, del sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga estos pigmentos, implica un trato discriminatorio frente a los hombres que se decidan a desempeñar los mismos trabajos? La Corte encontró que la medida tiene una finalidad legítima desde la perspectiva constitucional, toda vez que desarrolla los deberes de protección a las mujeres (arts. 42, 43 y 53 de la C.P.), frente a la realización de trabajos que implican un peligro grave para su salud y la garantía de su derecho a decidir libremente ser madres y, en consecuencia, tener hijos sanos. En efecto, explicó la Corte que, aunque la exposición a los citados pigmentos representa un grave riesgo para hombres y mujeres, en el caso de ellas el plomo constituye un genotóxico con consecuencias irreversibles para los fetos y los lactantes. / Exhortó al Gobierno Nacional, así como al Congreso de la República, con el fin de que adopten una política de salubridad pública ocupacional sobre riesgos laborales, mediante la cual se regule la prevención y protección de la salud de los trabajadores en las labores con pintura industrial que hagan uso del plomo o de productos que contengan estos pigmentos, en cumplimiento del Convenio 013 de 1921 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Estas medidas deberán incluir igualmente otro tipo de trabajados que impliquen exposición al plomo. De igual manera, se exhorta al Gobierno y al Congreso de la República para que den cumplimiento a los previsto en el artículo 1º del mencionado Convenio. Código Sustantivo; Art. 242 Num. 2 - [Resumen automatizado: Por una parte, la prohibición establecida en el artículo 242, numeral 2, del Código Sustantivo del Trabajo; y, por otra, los preceptos constitucionales que la demandante estima vulnerados, para lo cual considera necesario emplear un test de igualdad leve, pues la prohibición va dirigida también para menores de 18 años y, por tanto, persigue un fin legítimo y el medio para cumplir éste es adecuado, pues la cerusa, como el sulfato de plomo o cualquier otro producto que contenga dichos pigmentos, son altamente tóxicos. || Posteriormente, la Corte (iii) reiterará su jurisprudencia en torno al derecho a la igualdad en la Constitución y la regla de prohibición de trato discriminatorio; (iv) se evaluará la constitucionalidad de la expresión demandada, desde la aplicación al test integrado de igualdad y, finalmente, (v) se abordará la necesidad de regular los trabajos de pintura industrial que hagan uso de cerusa y sulfato de plomo o productos con dichos pigmentos, así como aquellos otros que impliquen exposición al plomo y la tendencia mundial a la eliminación de este elemento de la industria.]; Art. 242 Num. 2

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-101 de 2018

La inhabilidad para desempeñar cargos públicos por responsabilidad fiscal, así como el deber de abstención de nombrar o dar posesión a quienes estén reportados en el boletín de responsables fiscales, aplica a todos los servidores públicos. La constitucionalidad de una proposición jurídica que establezca restricciones de acceso a cargos públicos, especialmente a los de Presidente de la República y de Congresista, depende de si se afecta o no la intangibilidad de la estructura y funcionamiento de los órganos constitucionales, de tal forma que se proteja el principio de separación de poderes y la garantía del adecuado funcionamiento democrático del sistema orgánico derivado del mismo. \ Se concluyó que las normas demandadas no violan el régimen de inhabilidades consagrado por el Constituyente para las ramas Ejecutiva y Legislativa, puesto que los apartes demandados contienen un requisito general para el acceso al ejercicio de la función pública, aplicable a todas las personas que aspiran a ser servidores públicos en igualdad de condiciones \ El bloque de constitucionalidad exige que tanto la Constitución como la Convención Americana sean interpretadas en clave de las lógicas evolutivas de los contextos constitucionales locales, del margen de apreciación nacional y de las necesidades cambiantes de las sociedades, por lo que un entendimiento literal no es suficiente para determinar su alcance \ La regulación general de la inhabilidad no excluye el control de legalidad y de constitucionalidad de la sanción derivada de un fallo de responsabilidad fiscal. La decisión adoptada en el proceso fiscal puede ser revisada mediante los mecanismos judiciales que el sistema normativo ofrece para tales fines, bien sea para cuestionar la legalidad a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho o su constitucionalidad en concreto, por medio de la acción de tutela \Ley 734 de 2002, Art. 38 Num. 4 y Par. 1º. Ley 610 de 2000, Art. 60 Inc. 3º.: Exequibles - [Resumen automatizado: Conforme a lo expuesto, la Sala considera que la demanda presentada por el actor reúne los requisitos mínimos de aptitud necesarios para un pronunciamiento de fondo, en atención a que los 4 cargos de inconstitucionalidad por presunto desconocimiento de los artículos 1º, 2º 40, 93, 94, 179, 197 y 293 de la Carta y 23, 29 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, superan los requisitos de: i) claridad ya que presentó un hilo conductor en la justificación de la supuesta violación de los derechos a elegir y a ser elegido, de acceso al ejercicio de función pública, así como el presunto desconocimiento de las competencias del Legislador en materia de fijación de inhabilidades para ejercer los cargos de Presidente de la República y de Congresista; ii) la demanda es cierta, pues recae sobre proposiciones jurídicas reales y existentes como son las disposiciones acusadas, las cuales regulan, de una parte, las condiciones para acceder a cargos públicos, específicamente por la declaratoria de responsabilidad fiscal, y de otra, la supuesta aplicación de dicha restricción a quienes aspiren a la Presidencia de la República y al Congreso; iii)especificidad: expuso de manera concreta y determinada la forma en que eventualmente las normas objeto de reproche constituyen una limitación desproporcionada e irrazonable a los derechos mencionados previamente, al igual que restringen la posibilidad de aspirar a los cargos de Presidente de la República y de Congresista; iv) pertinencia: en el entendido que las razones esbozadas fundamentan el desconocimiento del texto Superior; y v) suficiencia: al presentar todos los elementos de juicio, con la entidad suficiente para generar una duda mínima y razonable sobre la inconstitucionalidad de las normas objeto de censura.]; Art. 1

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-52 de 2018

Ingreso de inmigrantes. No se permite ingreso al país de personas que aconsejen, ensañen o proclamen el desconocimiento de las autoridades de la República o de sus leyes, o el derrocamiento por la fuerza y la violencia de su gobierno; a los anarquistas y a los comunistas que atenten contra el derecho de propiedad. Demanda de inconstitucionalidad contra las expresiones "los anarquistas y a los comunistas" contenida en el literal d) del artículo 7 de la Ley 48 de 1920, sobre inmigración y extranjería. Para la Sala las expresiones "anarquistas y los comunistas" contenidas en el artículo 7° (literal d) de la Ley 48 de 1920, que impedían a los extranjeros con tales posiciones políticas, ideológicas o filosóficas ingresar al país son contrarias a la Constitución, por cuanto contrarían la dignidad humana, la libertad política y al principio de igualdad. Inexequibles - [Resumen automatizado: "En primer lugar, es preciso tener en cuenta que esta ley demandada fue promulgada en el año 1920, es decir mucho antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, por ello contrasta con los principios axiológicos y éticos de un verdadero estado social de derechos, por ser normas cuya antigüedad no reflejan los cambios sustanciales de la sociedad a través del tiempo como son el económico, el social y el político, más aún cuando el gobierno nacional expidió el decreto 1067 de 2015 [...] donde se estipulan las causales de inadmisión o rechazo de los extranjeros a territorio Colombiano, donde pudimos verificar que en ninguna parte de esta norma existiera prohibición alguna a que los extranjeros les esté vedada su entrada a este país por razones de ideologías políticas, como la comunista y anarquista, y es evidente que la norma demandada ha perdido su vigencia por la creación de normas posteriores en cuestiones migratorias, las cuales son contradictorias con los nuevos postulados de nuestras Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscritos por el estado Colombiano.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-48 de 2018

Exequible la Ley 1844 de 2017 "por medio de la cual se aprueba el ´Acuerdo de París´, adoptado el 12 de diciembre de 2015, en París, Francia" - [Resumen automatizado: Según lo ha establecido reiterada jurisprudencia de esta Corporación, el control que ejerce la Corte Constitucional sobre los tratados públicos y sus leyes aprobatorias, se caracteriza por ser: "(i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano.".]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-18 de 2018

Control automático de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 03/17 Senado 006/17 Cámara, "por medio del cual se adopta el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a las organizaciones políticas independientes". Ley 1909 de 2018 - [Resumen automatizado: Al respecto, el mencionado artículo 112 se refiere a los siguientes asuntos: (i) la posibilidad que tienen las organizaciones políticas de adoptar una postura crítica frente al Gobierno; (ii) los derechos que se les reconocen a las organizaciones políticas para ejercer la mencionada posibilidad, los cuales son definidos de la siguiente forma: “el acceso a la información y a la documentación oficial, con las restricciones constitucionales y legales; el uso de los medios de comunicación social del Estado o en aquellos que hagan uso del espectro electromagnético de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores; la réplica en los mismos medios de comunicación”; (iii) el derecho de las organizaciones políticas minoritarias a participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados; (iv) el deber de tramitar una regulación integral de la oposición política mediante ley estatutaria; y (v) la posibilidad de que los candidatos que ocupen el segundo lugar en las elecciones a Presidente y Vicepresidente de la República, a Gobernador de Departamento, a Alcalde Distrital y a Alcalde Municipal a tener una curul en la corporación pública de elección popular en el Senado de la República, la Cámara de Representantes, la Asamblea Departamental, el Concejo Distrital y el Consejo Municipal, respectivamente.]

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2017

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-484 de 2017

Revisión del Proyecto de ley estatutaria No. 27\15 Senado-No. 191\15 Cámara, "por la cual se modifica la Ley Estatutaria 1622 de 2013 - Estatuto de Ciudadanía Juvenil - y se dictan otras disposiciones" - [Resumen automatizado: Los informes de conciliación fueron publicados antes de iniciarse el debate en el Senado según consta en la Gaceta del Congreso 408 de 10 de junio de 2016 y en la Cámara según reposa en la Gaceta del Congreso 409 del 10 de junio de 2016, decidiendo acoger el texto aprobado en segundo debate por la plenaria de la Cámara de Representantes, pues recoge con mayor precisión la intención del legislador en tanto incorpora aspectos sustantivos para la operatividad de la ley, a saber: i) las definiciones y tipos de agendas juveniles; ii) la responsabilidad de la Registraduría Nacional del Estado Civil en la organización y dirección de los elecciones de los Consejos Locales y Municipales de la Juventud, así como las funciones y el financiamiento que le corresponde durante el proceso electoral; iii) lo concerniente a la inscripción de jóvenes electores y candidatos, iv) el fortalecimiento del Consejo Nacional de Políticas Públicas de la Juventud como máxima instancia sectorial; v) la representación de la población joven víctima y de la población negra y palenquera en los Consejos Municipales de Juventud; y vi) que los miembros de las plataformas de juventudes tengan voz sin voto en las comisiones de concertación de decisión, precisando que de forma transitoria los miembros de las plataformas podrán asumir las funciones de los Consejos.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-469 de 2017

Visa de residente especial de paz. Creación. Revisión oficiosa de constitucionalidad del Decreto Ley 831 de 2017, por medio del cual se crea la visa de Residente Especial de Paz. La visa a la que se hace referencia crea una categoría especial para regularizar la situación migratoria de los extranjeros integrantes de las FARC--EP que se encuentran en los listados entregados por representantes de dicha organización, una vez surtido el proceso de dejación de armas y tránsito a la legalidad. El titular de dicho documento quedará autorizado para ejercer cualquier ocupación legal en el país y concede la posibilidad de optar por la nacionalidad colombiana en los mismos términos de la Ley 43 de 1993. Dicho Decreto regula aspectos específicos del tipo de visado, tales como las causales de terminación de la vigencia y de cancelación, estrechamente vinculados al cumplimiento de los compromisos derivados del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación del proceso de reincorporación y de la ley penal colombiana. La Corte concluye que la norma se ajusta a los requisitos constitucionales del procedimiento en su formación, tanto de forma como de competencia y sus disposiciones resultan acordes con el ordenamiento constitucional vigente y guardan coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final. EXEQUIBLE - [Resumen automatizado: Allí se han establecido entre otras las siguientes subreglas: (i) en ningún caso el legislador está habilitado para desconocer la vigencia y el alcance de los derechos fundamentales garantizados en la Carta Política y en los tratados internacionales en el caso de los extranjeros así aquellos se encuentren en condiciones de permanencia irregular en el país; (ii) en virtud de lo dispuesto en la Constitución de 1991 es claro que las autoridades colombianas no pueden desatender el deber de garantizar la vigencia y el respeto de los derechos constitucionales de los extranjeros y de sus hijos menores, por cuanto sus derechos prevalecen en el ordenamiento jurídico colombiano;(iii) la Constitución o la Ley pueden establecer limitaciones con respecto a los extranjeros para los efectos de su permanencia o residencia en el territorio nacional, en virtud del principio de soberanía estatal y los extranjeros en Colombia, disfrutarán de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos, aunque por razones de orden público, mediante ley algunos de dichos derechos podrán ser subordinados a condiciones especiales o podrá negarse su ejercicio, (iv) no en todos los casos el derecho de igualdad opera de la misma manera y con similar arraigo para los nacionales y los extranjeros, toda vez que cuando las autoridades debatan acerca del tratamiento que se debe brindar a los extranjeros en una situación particular, habrán de determinar en primer lugar cuál es el ámbito en el que se establece la regulación, con el objeto de esclarecer si éste permite realizar diferenciaciones entre los extranjeros y los nacionales.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-110 de 2017

El uso de la palabra "pobre" en el artículo demandado no configura trato despectivo, discriminatorio o peyorativo contrario a la dignidad humana y al principio de igualdad. La Corte encontró que la expresión "pobres" ha sido utilizada en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en la Constitución como una referencia para identificar a personas que carecen de satisfacción de necesidades básicas o que se encuentran en un estado de negación de Derechos Civiles y Políticos, así como Económicos, Sociales y Culturales. Ley 583 de 2000, "por la cual se modifican los artículos 30 y 9 del Decreto 196 de 1971"; Art. 1parcial) (Mod Art. 30 Decreto 196 de 1971) : Exequible - [Resumen automatizado: La Sala Plena concluyó que la expresión "pobres" consignada en el artículo 1º de la Ley 583 de 2000 no quebranta los principios de dignidad humana e igualdad, por cuanto carece de un uso peyorativo y discriminatorio para las personas que tienen recursos insuficientes para sufragar los costos de un abogado de confianza. || De conformidad con el debate planteado por los demandantes y los intervinientes en este juicio, corresponde a la Corte resolver el siguiente problema jurídico: ¿ la palabra o expresión "pobres" contenida en el 1º de la Ley 583 de 2000 es inconstitucional, al violar los derechos de la igualdad y de la dignidad humana, porque ese signo lingüístico puede ser considerado peyorativo y/o excluyente en un contexto social determinado para referirse a las personas que carecen de recursos para sufragar los costos de un abogado de confianza? || Por consiguiente, de los ejemplos reseñados del marco Internacional de los Derechos Humanos sistema universal-, esta Corporación estima que la acepción "pobres" ha sido utilizada para: i) identificar a las personas que se encuentran en condición de pobreza; ii) describir la condición de esos individuos y mostrar su situación de negación de Derechos Civiles y Políticos, así como Económicos Sociales y Culturales; iii) atribuir derechos a los grupos poblacionales afectados con ese escenario, potestades que son exigibles a los Estados; y iii) recomendar o instar a los gobiernos la implementación de medidas que materialicen las obligaciones de lucha contra esa marginación de las personas.]; Art. 1parcial) (Mod Art. 30 Decreto 196 de 1971) : Exequible

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2016

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-646 de 2016

Inepta demanda contra el numeral 2 del artículo 38B de la Ley 599 de 2000, adicionado por la Ley 1709 de 2014 y el inciso segundo (parcial) del artículo 68A de la Ley 599 de 2000 - [Resumen automatizado: En consecuencia, la accionante presentó escrito de corrección dentro del término de ejecutoria y mediante auto del 9 de junio de 2016, el Magistrado sustanciador dispuso: i) admitir la demanda, ii) fijar en lista el asunto a término de 10 días y simultáneamente correr traslado al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor, iii) comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la República, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Ministerio de Educación; iv) invitar al Instituto Nacional Penal y Carcelario, así como a las facultades de Derecho de las universidades del Externado de Colombia, Javeriana, Libre de Colombia, Nacional de Colombia, del Rosario y Sergio Arboleda para que emitan su opinión sobre la demanda de la referencia. || Manifiesta que la inexistencia de un criterio unánime ajustado a la constitución sobre la aplicación de las normas acusadas ocasiona que se presenten confusiones a la hora de hacer efectivo o no el beneficio, ya que la exclusión que hacen los falladores, de las personas que están siendo procesadas por los delitos que indica el inciso segundo de la norma demandada, al solicitar el reconocimiento de los beneficios; resulta violatoria del debido proceso, en especial la presunción de inocencia, en la medida que les niega el derecho de otorgarles el subrogado por el simple hecho de haber incurrido en alguna de las conductas contenidas en el artículo 68ª remitido por el artículo 38B de la Ley 599 de 2000, aun sin presentar antecedentes penales que los confinen como reincidentes.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-586 de 2016

Inexequible prohibir a las mujeres "sin distinción de edad" trabajar en labores peligrosas, insalubres o que requieran grandes esfuerzos, así como ser empleadas en labores subterráneas en minas, por vulnerar el derecho a la igualdad de oportunidades de las mujeres para el acceso al trabajo, establecer un trato discriminatorio no justificado y por mantener el estereotipo que diferencia entre trabajos para hombres y trabajos para mujeres, que nutre además el prejuicio de concebir a la mujer como sexo débil. De igual manera, el Tribunal constitucional consideró que también se desconocía la libertad de escoger profesión u oficio, en tanto que la prohibición excedía los límites regulatorios del legislador. Decreto 13 de 1967, "por el cual se incorporan al Código Sustantivo del Trabajo las disposiciones de la Ley 73 de 1966"; Art. 9 (Adc. Art. 242) - [Resumen automatizado: (…) La Corporación abordó el estudio del artículo 13 de la Constitución, que prevé el derecho fundamental a la igualdad, encontrando que la estructura del enunciado está constituida por cuatro componentes: el principio de igualdad, establecido bajo la fórmula tradicional de acuerdo con la cual “todas las personas nacen libres e iguales”; la regla de prohibición de trato discriminado, que prohíbe diferencias de trato fundadas en criterios sospechosos, como son sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica; el mandato de promoción y la obligación de adoptar medidas en favor de grupos marginados o discriminados; y el mandato de protección a personas en circunstancias de debilidad manifiesta. || Atendiendo a la postura de la mayoría de los intervinientes, así como a la consolidada jurisprudencia constitucional relacionada con la prohibición de trato discriminado a las mujeres, el programa metodológico del fallo desarrollará los siguientes temas y asuntos: (i) En primer lugar la Corte hace el análisis del segmento normativo demandado, atendiendo al origen de la norma, sus contenidos, refiriendo formas de discriminación directa en materia laboral, para luego, en segundo término, (ii) examinar el contenido del principio y derecho fundamental a la igualdad, y de la regla de prohibición de trato discriminado por sexo, prevista en la Constitución Política, determinando luego (iii) la presencia de la misma regla en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.]; Art. 9 (Adc. Art. 242)

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-494 de 2016

Fallo inhibitorio por la inepta demanda contra uno de los elementos de la definición de persona desplazada o de víctima de desplazamiento forzado, respecto de las personas que tuvieron que emigrar al exterior por el conflicto armado interno, al no cumplir con los requisitos que se exige de un cargo de inconstitucionalidad por omisión legislativa. Ley 387 de 1997 "por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, protección, consolidación y estabilización socioecononómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia"; Art. 1 y Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones; Art. 60 Par. 2o - [Resumen automatizado: En caso de que no prospere la petición anterior, que se declare la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de la expresión 'dentro del territorio nacional' contenida en los artículos 1 de la Ley 387 de 1997 y 60 de la Ley 1448 de 2011; en el entendido de que aquellas personas que se han visto forzadas a migrar por fuera del territorio nacional como consecuencia del conflicto armado deben ser reconocidas en términos igualitarios y equivalentes a las víctimas de desplazamiento forzado interno y, por ende, ellas tienen derecho a un recurso efectivo o a un debido proceso que incluya medidas de asistencia, atención (retorno, entre otras) y reparación que efectivicen sus derechos a la verdad, justicia, reparación (incluyendo la restitución de sus viviendas, tierras y patrimonio) con garantías de no repetición.]; Art. 60 Par. 2o

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-470 de 2016

INEXEQUIBLE la exigencia de haber denunciado el delito ante las autoridades competentes, establecida en el parágrafo 1º del artículo 7º de la Ley 985 de 2005, a la víctima de la conducta punible de trata de personas para que se le preste atención mediata, configura una medida desproporcionada y lesiva de los derechos fundamentales de las personas sometidas a ese delito y de los que le corresponden en su condición de víctimas merecedoras de protección. Ley 985 de 2005, "por medio la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma"; Art. 7 Par. 1o - [Resumen automatizado: De conformidad con lo expuesto, la ciudadana Karen Daniela Rosero Narváez, actuando como miembro de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana, solicita a la Corte Constitucional declarar inexequible el parágrafo 1° del artículo 7 de la Ley 985 de 2005 “Por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma”. || Agrega que si el Estado busca con el condicionamiento mencionado que el ente investigador persiga a los responsables de tales delitos, entre otras razones para evitar la continuación de actos de tal envergadura y proteger así al conglomerado social, bien pueden y deben los funcionarios públicos encargados de prestar la asistencia, tanto inmediata como mediata, poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos generadores de la ayuda, ya que al no ser la trata de personas una conducta querellable sino, en virtud de la ley, de investigación oficiosa, es el Estado a través del ente acusador, en acatamiento del mandato constitucional previsto en el artículo 250 de la Carta, el llamado a ejercer la acción penal con independencia de que medie o no denuncia por parte de la víctima.]; Art. 7 Par. 1o

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-467 de 2016

La Corte declaró la exequibilidad de las disposiciones acusadas, porque si bien en ellas se alude a los animales como a bienes jurídicos e incluso se emplea la palabra cosas en relación con ellos, tal realidad no se opone a la consideración de los animales como seres sintientes dignos de protección contra el maltrato. Las normas acusadas contienen una regulación de carácter civil, de alcance definitorio, orientado a establecer las condiciones en las cuales los animales pueden ser objeto de relaciones jurídicas, pero no disponen nada en relación con el tratamiento que deban recibir ni con las obligaciones que, de otras normas, tanto constitucionales como legales, se derivan para todas las personas en relación con la proscripción del maltrato animal. Tampoco se daban en este caso los supuestos que permiten ejercer un control de constitucionalidad sobre el empleo del lenguaje, porque ello ha ocurrido, de manera excepcional, cuando se plantean problemas relacionados con la dignidad de la persona o con la igualdad entre seres humanos, sin que el lenguaje, en sí mismo considerado, sea susceptible de provocar una afectación negativa o un detrimento en las condiciones de vida de los animales. Código Civil; Arts. 655, 658 (parciales) : Exequibles - [Resumen automatizado: Para adoptar la decisión, la Corte consideró que no cabía hacer un análisis en torno a la pretensión del actor conforme a la cual los animales son titulares de derechos y en tal calidad, sujetos de protección constitucional contra toda forma de maltrato, por cuanto las normas acusadas contienen una regulación de carácter civil, de alcance definitorio, orientado a establecer las condiciones en las cuales los animales pueden ser objeto de relaciones jurídicas, pero no disponen nada en relación con el tratamiento que deban recibir ni con las obligaciones que, de otras normas, tanto constitucionales como legales, se derivan para todas las personas en relación con la proscripción del maltrato animal. || Consideró la Corte, que tampoco se daban en este caso los supuestos que permiten ejercer un control de constitucionalidad sobre el empleo del lenguaje, porque ello ha ocurrido, de manera excepcional, cuando se plantean problemas relacionados con la dignidad de la persona o con la igualdad entre seres humanos, sin que el lenguaje, en sí mismo considerado, sea susceptible de provocar una afectación negativa o un detrimento en las condiciones de vida de los animales.]; Arts. 655, 658 (parciales) : Exequibles

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-258 de 2016

Ingreso de inmigrantes. No se permite ingreso al país de extranjeros con enfermedades graves, crónicas o contagiosas (tuberculosis, lepra y similares) o sufran de enajenación mental, parálisis general, alcohólicos crónicos, epilépticos y discapacitados. Demanda de inconstitucionalidad contra los literales a) y b) del artículo 7 de la Ley 48 de 1920, sobre inmigración y extranjería. Considera la demandante que las normas acusadas vulneran el principio de dignidad humana, el deber estatal de asegurar el goce efectivo de los derechos y el principio de igualdad. La Corte concluye que los apartes normativos demandados no sólo discriminan a las personas extranjeras a propósito de su trámite de ingreso a la Nación, sino que afectan la dignidad humana al utilizar expresiones que se fundan y también promueven los prejuicios tradicionalmente asociados a una determinada categoría sospechosa de discriminación. Inexequibles - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, siguiendo su jurisprudencia, considera que el legislador vulnera el derecho de igualdad cuando establece que los extranjeros no tienen permitido ingresar al territorio colombiano, sólo por el hecho de padecer enfermedades "graves, crónicas y contagiosas" o de considerarse que sufren "enajenación mental", por cuanto ello implica una discriminación en contra de personas que son sujetos de especial protección constitucional. || Por último, indica, frente a la igualdad de trato, que este debe ser protegido por las entidades del Estado, sin embargo, respecto al presente caso, considera que "las personas que están aspirando a ingresar a nuestro territorio nacional, no están cobijados por la Constitución Política por cuanto no tiene la calidad de ciudadanos colombianos o extranjeros bajo la ley de nuestro país, y en este sentido solo tienen una expectativa" por lo cual el Estado puede por motivos de salubridad y asuntos financieros negar la entrada. || El legislador viola el principio de igualdad cuando establece que los extranjeros no tienen permitido ingresar al territorio colombiano, sólo por el hecho de padecer enfermedades "graves, crónicas y contagiosas" o de considerarse que sufren "enajenación mental", por cuanto ello implica una discriminación en contra de personas que son sujetos de especial protección constitucional.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-208 de 2016

En relación con los cargos por violación al principio de publicidad, reglas de competencia de las comisiones constitucionales permanentes y unidad de materia, la Corte declaró exequible la Ley 1762 de 2015, "por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal". Inepta demanda en relación con otros cargos - [Resumen automatizado: En cuanto al principio de unidad de materia, el accionante sostiene que no es posible entender por qué si la temática de la ley era "[...] la adopción de instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal, no se explica entonces, la razón por la cual se realizó la modificación al Código Penal respecto del delito de lavado de activos, sabiéndose que esta conducta que ya aparecía dentro del ordenamiento jurídico, y contaba con un amplio espectro de delitos subyacentes o determinantes del miso pues, en total ascendían a 55 conductas punibles graves generadoras de dinero sucio que causan daño al orden económico y social, hoy, en virtud a este marco normativo se le adicionan cuatro conductas punibles subyacentes."[5] Para el accionante, "[...] resulta no solo un contrasentido sino una verdadera desproporción del legislador, que bajo el sofisma de querer adoptar instrumentos contra el lavado de dinero, se quiera presentar como una circunstancia conexa el delito de contrabando, y al abrigo de dicho argumento, se haya incorporado sin razón alguna otra serie de conducta subyacentes o determinantes del lavado de activos, como es el caso del favorecimiento al contrabando, el favorecimiento al contrabando de hidrocarburos y el fraude aduanero; pues en realidad, si lo que se quería era adoptar instrumentos jurídicos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, no requería el legislador acudir a modificación de un complejo de normas que nada tienen que ver con la prevención del lavado de activos, y quizá con el contrabando, como es el caso de las reformas al código del comercio, al cobro del impuesto del consumo, y las sanciones por el no pago, por cuanto, ese proceder se erige como un sofisma de distracción para realizar una expansión punitiva innecesaria que por la complejidad que demanda la investigación del delito de lavado de activos, lo que se convierte es en un verdadero modelo de atascamiento de las diferentes investigaciones." [6] El accionante, al referirse a las competencias de las Comisiones Constitucionales Permanentes de las Cámaras (asunto que será expuesto posteriormente), reafirmó este cargo en los siguientes términos: "[se vulneró] el principio de identidad que consiste en que las Cámaras debatan y aprueben regulaciones concernientes a las materias de que trata la ley, esto es, que exista identidad en el contenido material de las disposiciones."]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-191 de 2016

¿Excedió el legislador los límites constitucionales que tiene el ejercicio del ius puniendi del Estado, al tipificar los delitos de contrabando, favorecimiento y facilitación del contrabando, fraude aduanero y lavado de activos? - A su juicio, la tipificación de tales delitos, resulta de una política criminal que ha mostrado el recurso paralelo como insuficiente y que medidas de otro tipo frente a la gravedad de los atentados a bienes jurídicos constitucionalmente relevantes, exigen una respuesta más contundente de tipo penal. Adicionalmente, determinó que esta tipificación no configura una restricción desproporcionada de la libertad económica. Sin embargo, en relación con la expresión "realice cualquier otro acto" prevista en la tipificación del lavado de activos (Art. 11), la Corte procedió a declararla inexequible por tratarse de una disposición indeterminada que desconoce el principio de legalidad estricta que exige la tipificación de las conductas punibles. (ii) ¿Las normas demandadas desconocen lo previsto en los artículos 29 y 34 de la Constitución, al admitir el decomiso y la aprehensión de mercancías y medios de transporte por parte de autoridades administrativas, sin sentencia judicial previa, al margen del procedimiento establecido en la ley para la extinción de dominio y sin atención al principio de culpabilidad? Sí existe un procedimiento administrativo previo y posterior a la adopción de la medida, en el que la persona interesada puede ejercer sus derechos a la defensa y contradicción, no sólo por la vía administrativa sino también ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo que permitió concluir que el artículo 51 garantiza los derechos de defensa y contradicción. Ley 1762 de 2015, "por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal"; Arts. 4, 6, 8, 11 (parciales) (Mod. Arts. 319, 320, 321, 323 de la Ley 599 de 2000, respectivamente) y 14, 15 y 51 : Exequibles, salvo la expresión "o realice cualquier otro acto para encubrir su origen ilícito" prevista en el art. 11, la cual se declara INEXEQUIBLE - [Resumen automatizado: En este contexto, considera que no el legislador no desbordó su margen de configuración al tipificar el delito de contrabando, pues encontró que los bienes jurídicos protegidos "resultan de tal entidad y dimensión tanto para la seguridad como estabilidad del Estado como de los ciudadanos, que ameritan medidas drásticas como la privación de la libertad"; que la configuración del delito de favorecimiento o facilitación del contrabando, obedece a que el fenómeno del contrabando confluyen varios sujetos, el importador o exportador, el transportador y el comercializador, además de otras personas que les ayudan en estas actividades y en el almacenaje de las mercancías, y la responsabilidad penal de cada persona resulta de un proceso con todas las garantías, en el cual se demuestra su culpabilidad; que la expresión "por cualquier medio", prevista en el tipo penal de fraude aduanero, debe interpretarse de manera sistemática con el resto del artículo, cuyos verbos rectores son suministrar información falsa, manipular la información y ocultar la información, con lo cual se supera la aparente ambigüedad o vaguedad; que si bien "es posible que el lavado de activos se cometa de manera simultánea con las conductas de contrabando, en aquellos casos cuando se acude a modalidades de contrabando y al obtener el "levante" se dan visos de legalidad a la mercancía" y "también es posible que el contrabando y el fraude aduanero se comentan con anterioridad y posteriormente de los bienes derivados de este tipo de conductas se quieran ingresar al torrente legal de bienes, de divisas u otros", evento en el cual "las conductas perseguidas adquieren el carácter de delito subyacente al lavado de activos", como delito autónomo (Sentencia C-931/07); que los demás cargos se fundan en la circunstancia de pasar por alto la diferencia que "existe entre el decomiso como medida de carácter administrativo, sea fiscal o aduanero, y la extinción de dominio, como medida patrimonial" (Sentencia C-931/07).]; Arts. 4, 6, 8, 11 (parciales) (Mod. Arts. 319, 320, 321, 323 de la Ley 599 de 2000, respectivamente) y 14, 15 y 51 : Exequibles, salvo la expresión "o realice cualquier otro acto para encubrir su origen ilícito" prevista en el art. 11, la cual se declara INEXEQUIBLE

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2015

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-754 de 2015

La implementación del Protocolo y el Modelo de Atención Integral en Salud para las Víctimas de Violencia Sexual para las entidades del sistema de salud es OBLIGATORIA y no facultativa. Ley 1719 de 2014, "por la cual se modifican algunos artículos de las Leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras disposicione"; Art. 23 (parcial) : INEXEQUIBLE - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados María Victoria Calle Correa Presidente (e), Luís Guillermo Guerrero Pérez Vicepresidente, Alejandro Linares Cantillo, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio, Alberto Rojas Ríos y Luís Ernesto Vargas Silva en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las previstas en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política, cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente: || En especial consideran que la Resolución 459 de 2012: (i) observaba la obligación a cargo del Estado de adoptar e implementar protocolos dirigidos a asegurar el derecho a la salud de las víctimas de violencia sexual, bajo condiciones de disponibilidad, accesibilidad y calidad, de conformidad con el artículo 49 de la Constitución y los instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad antes citados; y (ii) el artículo 23 de la Ley 1719 de 2014, en particular la expresión acusada, fijó un estándar de protección menor al que estaba previsto por las normas anteriores.]; Art. 23 (parcial) : INEXEQUIBLE

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-751 de 2015

El Decreto 1978 de 2015, "por la cual se adoptan medidas para garantizar el aseguramiento al régimen subsidiado de los migrantes colombianos que han sido repatriados que han retornado voluntariamente al país o han sido deportados o expulsados de la República Bolivariana de Venezuela" , se ajustó a los requisitos constitucionales propios de un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, por tanto se declaró EXEQUIBLE - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados María Victoria Calle Correa -quien la preside-, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia de conformidad con los siguientes: || Mediante oficio del siete (07) de octubre de dos mil quince (2015), el Presidente de la República remitió a la Corte Constitucional copia auténtica del Decreto Legislativo número 1978 del seis (06) de octubre de dos mil quince (2015), "Por el cual se adoptan medidas para garantizar el aseguramiento al régimen subsidiado de los migrantes colombianos que han sido repatriados que han retornado voluntariamente al país, o han sido deportados o expulsados de la República Bolivariana de Venezuela". || Por otro lado, aduce que el decreto cumple con los requisitos materiales de los estados de excepción, ya que las medidas que implementa están encaminadas al aseguramiento del derecho a la salud de los migrantes colombianos que han sido repatriados, han retornado voluntariamente al país o han sido deportados de la República Bolivariana de Venezuela; lo cual a todas luces resulta constitucional, teniendo en cuenta que el Decreto Reglamentario 1768 de 2015 declaró a esta población como especial y prioritaria.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-745 de 2015

El Sistema de Defensa Técnica y Especializada, no vulnera el principio de igualdad ni el debido proceso de los miembros de la fuerza pública. se evidencia la afectación a la autonomía e imparcialidad con la debe actuar el defensor público en la tarea encomendada. Ley 1698 de 2013, "por la cual se crea y organiza el Sistema de Defensa Técnica y Especializada de los miembros de la Fuerza Pública, y se dictan otras disposiciones" - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada María Victoria Calle Correa, quien la preside, los magistrados Myriam Ávila Roldán (E), Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las previstas en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política, cumplidos los trámites contemplados en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente: || El Sistema de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública, es responsable de financiar los servicios jurídicos que garanticen a los miembros activos y retirados de la Fuerza Pública una adecuada representación, para materializar el derecho fundamental a la defensa en las instancias disciplinarias o jurisdicción penal ordinaria y especial en el orden nacional, internacional y de terceros Estados por excepción, previstas en la ley para cada caso, de conformidad con la reglamentación que para tal efecto determine el Gobierno Nacional.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-724 de 2015

[Resumen automatizado: (i) El Decreto 1821 de 2015 se dictó en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 215 de la Constitución Política en desarrollo de los dispuesto en el Decreto 1770 de 2015 que declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en partes del territorio nacional debido a la crisis presentada en la frontera colombo-venezolana; (ii) se encuentra firmado por el Presidente de la República y todos sus ministros; (iii) en su parte motiva se explica las razones por las cuales destinar recursos para el desarrollo de programas de empleo temporal y la utilización de recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante FOSFEC- para promover el empleo y estabilización de la población afectada con el fin de conjurar la emergencia declarada en el Decreto 1770 de 2015; y (iv) fue expedido el 15 de septiembre de 2015, es decir, dentro del término de los (30) días de vigencia del estado de emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad pública declarado por el Decreto 1770 del 7 de septiembre de 2015.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-703 de 2015

El Decreto 1819 de 2015, "por el cual se dictan disposiciones en materia de vivienda para hacer frente a la emergencia económica, social y ecológica declarada en parte del territorio nacional", se ajustó a los requisitos constitucionales propios de un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, por tanto se declaró EXEQUIBLE - [Resumen automatizado: Asignado el expediente al Despacho del Magistrado Sustanciador, mediante providencia del 22 de septiembre de 2015, se dispuso: i) avocar el conocimiento del asunto, ii) decretar la práctica de algunas pruebas, iii) fijar en lista el asunto para efectos de la intervención ciudadana, iv) dar traslado al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor, y v) comunicar la iniciación del presente asunto al Presidente de la República, al Vicepresidente de la República, a la Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, al Ministro del Interior, al Ministro Vivienda, Ciudad y Territorio, a la Ministra de Relaciones Exteriores, al Ministro de Hacienda y Crédito Público, al Ministro de Salud y de la Protección Social, al Ministro de Trabajo, al Director del Departamento Administrativo Nacional de Planeación, al Defensor del Pueblo, al Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, al Fondo Nacional de Vivienda, al Superintendente de Cajas de Subsidio Familiar, a los Gobernadores de los Departamentos de la Guajira, del Cesar, de Norte de Santander, de Boyacá, de Arauca, de Vichada y de Guainía, para que expresaran las razones que en su criterio justifican la constitucionalidad del Decreto sometido a examen de la Corte.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-702 de 2015

El Decreto 1772 de 2015, "por medio del cual se establecen disposiciones excepcionales para garantizar la reunificación familiar de los nacionales colombianos deportados, expulsados o retornados como consecuencia de la declaratoria del Estado de Excepción efectuada en la República Bolivariana de Venezuela", se ajustó a los requisitos constitucionales propios de un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, por tanto se declaró EXEQUIBLE - [Resumen automatizado: En cuanto a los requisitos materiales exigidos por las normas constitucionales y estatutarias para una declaratoria de un estado de emergencia se aplicó el juicio (i) de conexidad: en el cual se determinó que existe una relación directa y específica entre las medidas adoptadas en el respectivo decreto y las causas de la perturbación o amenaza que justificaron la declaratoria del Estado de emergencia por parte del Decreto 1770 de 2015; (ii) de finalidad: que llevó a concluir a la Corporación que cada una de las medidas adoptadas por el Decreto 1772 de 2015 se encuentran directa y específicamente dirigidas a conjurar la situación de crisis humanitaria, específicamente en lo que atañe a la separación de familias en razón de la nacionalidad de sus integrantes, y a evitar la extensión de sus efectos; (iii) de necesidad: bajo cuyo examen la Corte Constitucional determinó que en el decreto legislativo se expresaron con claridad y suficiencia las razones que justifican las diferentes medidas, dejando en claro que son necesarias para alcanzar la finalidad de facilitar y proteger la reunificación de las familias afectadas por las medidas del Gobierno venezolano que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia; (iv) de proporcionalidad: de cuyo análisis resultó para la Corte la conclusión de que las medidas adoptadas guardan completa proporción con la gravedad de los hechos que se pretenden superar y de los derechos que se pretende proteger, y finalmente, (v) de incompatibilidad: en que se concluyó que en efecto el Decreto 1772 de 2015 deja en claro las razones por las cuales las disposiciones que exigen la apostilla en los documentos públicos extranjeros, cargos para los trámites de inmigración y sanciones económicas por permanencias extemporáneas a los venezolanos cónyuges o compañeros de colombianos que fueron deportados de Venezuela resultan incompatibles con el respectivo estado de excepción.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-670 de 2015

Exequible el Decreto 1770 de 2015, "por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional" - [Resumen automatizado: Que en atención a que las medidas adoptadas por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela pueden extenderse a toda la frontera con Colombia prueba de lo cual es el hecho de que el Estado de Excepción inicialmente declarado ya fue ampliado a otros municipios del vecino país-, se hace necesario declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todos los municipios colombianos limítrofes con Venezuela, así como en los municipios de El Zulia, Salazar de las Palmas y Sardinata, del Norte de Santander, con el fin de conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. || En cuanto a los requisitos de forma, el Procurador afirma que éstos fueron cumplidos con el decreto declaratorio bajo revisión, puesto que “(i) el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, fue declarado a través del Decreto Legislativo No. 1770 del 7 de septiembre de 2015, publicado en el Diario Oficial No. 49.628; (ii) en su parte considerativa el citado decreto señala como razones para declarar el estado de excepción la gravedad de los hechos ocurridos a partir del 21 de agosto de 2015 como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno Venezolano en desarrollo del estado de Excepción declarado a través del Decreto 1950 del 21 de agosto de 2015, las cuales fueron la causa de que miles de colombianos retornaran o hayan sido deportados, repatriados o expulsados a nuestro país; (iii) el decreto legislativo 1770 de 2015 fue firmado por el Presidente de la República y por todos los ministros; (iv) la declaración se hizo por el término de 30 días (art.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-601 de 2015

La restricción impuesta a los colombianos por nacimiento con doble nacionalidad para ingresar a la carrera diplomática y consular no puede ser considerada como una discriminación o un tratamiento distinto arbitrario o injustificado, toda vez que se funda en los principios orientadores de esta carrera administrativa especial, con especificidades que hacen razonable que quien ingrese a ella no tenga doble nacionalidad. Decreto 274 de 2000, "por el cual se regula el Servicio Exterior de la República y la Carrera Diplomática y Consular"; Art. 20 Lit. a) (parcial) :Exequible. S.V - [Resumen automatizado: [...] fue establecida en ejercicio de una competencia legítima del legislador, dispuesta de modo expreso en el numeral 7 del artículo 40 de la Constitución en donde, con toda claridad, se señala que todos los ciudadanos tienen el derecho de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos (entre ellos, los de carrera Diplomática y Consular), "salvo los que tengan doble nacionalidad" (negrillas fuera de texto) evento en el cual la ley reglamentará la excepción "y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse". || La demanda sub examine plantea que exigir a los nacionales colombianos por nacimiento el no tener doble nacionalidad, como requisito mínimo para ingresar a la carrera diplomática y consular, desconoce el derecho político fundamental que todo ciudadano tiene a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, que se hace efectivo por medio del acceso al desempeño de funciones y cargos públicos, e implica una diferencia de trato, respecto de los nacionales colombianos por nacimiento que no tienen doble nacionalidad, que carece de justificación constitucional.]; Art. 20 Lit. a) (parcial) :Exequible. S.V

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-329 de 2015

¿La medida legislativa, según la cual, solo cuatro de los autos de los jueces administrativos son apelables cuando los profieren los tribunales administrativos, vulnera del fin esencial del Estado de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (art. 2 C.P.) y de derecho a la igualdad de trato? Esta medida está encaminada a fines constitucionalmente legítimos como lo son la celeridad, la eficiencia y la economía procesal. De igual modo, la medida no resulta desproporcionada se considera que no implica un sacrificio desmedido del derecho de defensa, dado que las partes disponen de otros instrumentos para controvertir la respectiva providencia judicial. De otra parte, el tribunal constitucional resaltó que el principio de doble instancia está consagrado únicamente respecto de sentencias (art. 29) y que el artículo 31 de la Constitución difiere al legislador, el señalamiento de las providencias que son susceptibles de apelación. Ley 1437 de 2011, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"; Art. 243 (parcial) : Exequible - [Resumen automatizado: Luego de hacer un recuento de las normas que han regido esta materia[1] y de su interpretación por el Consejo de Estado[2], pone de presente: (i) que el artículo 125 de la Ley 1437 de 2011, relativo a la expedición de providencias, fija la regla de que será competencia del juez o del magistrado ponente dictar los autos interlocutorios o de trámite; esta regla tiene una excepción: "sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 243 de este Código serán de la sala, excepto en los procesos de única instancia"; y (ii) que según el artículo 243 ibídem, contra las decisiones aludidas en la excepción, que son proferidas por la sala, procede el recurso de apelación, mientras que para las demás numerales 5 a 9-, que serían proferidas por el magistrado ponente, no procede el recurso de apelación. || Corresponde establecer si las expresiones: "por los jueces administrativos" y "Los autos a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 relacionados anteriormente, serán apelables cuando sean proferidos por los tribunales administrativos en primera instancia", contenidas en el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, que regulan el recurso de apelación de providencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos y por los tribunales contencioso administrativos, ¿vulneran el fin esencial del Estado de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (art.]; Art. 243 (parcial) : Exequible

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-217 de 2015

Exequible la Ley 1664 de 2013 "por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre Permiso de Residencia, Estudio y Trabajo para los Nacionales Fronterizos Brasileños y Colombianos entre las Localidades Fronterizas Vinculadas"", suscrito en Brasilia el 1º de septiembre de 2010 - [Resumen automatizado: La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, mediante oficio recibido el 18 de julio de 2013 remitió a esta Corporación copia auténtica de la Ley 1664 del 16 de Julio de 2013, “por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre la República de Colombia y el Gobierno de la República Federativa de Brasil sobre permiso de residencia, estudio y trabajo para los nacionales fronterizos Brasileños y Colombianos entre las localidades fronterizas vinculadas, suscrito en Brasilia el 1º de septiembre de 2010”, para que de conformidad con lo previsto en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución, la Corte decida sobre la exequibilidad del tratado internacional y su ley aprobatoria.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-150 de 2015

Análisis previo del Proyecto de Ley Estatutaria 134 de 2011 CÁMARA (Acumulado 133 de 2011 CÁMARA) - 227 de 2012 SENADO "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática" - [Resumen automatizado: Así, en la sentencia C-551 de 2003 al examinar una de las preguntas de la Ley 769 de 2003 -Por la cual se convoca un referendo y se somete a consideración del pueblo un proyecto de Reforma Constitucional- en la que se establecía la posibilidad de reducir o ampliar el término de ocupación del cargo por parte de funcionarios ya electos para aquel entonces, la Corte sostuvo que ello no era posible dado que (i) desconocía la prohibición de emplear el referendo como una forma de obtener un voto de confianza o de una moción de desconfianza, (ii) suponía una modificación a la Constitución mediante una forma plebiscitaria, (iii) implicaba adoptar mediante referendo una regla ad hoc carente de generalidad y, en ese contexto contraria al Estado de derecho, (iv) se erigía no en una reforma de la Constitución sino en su quiebre y (v) desconocía la libertad del elector al referirse a mandatarios locales, en tanto imponía a determinados votantes la decisión de elegir por la continuidad de mandatarios de otras entidades territoriales.]

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2014

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-871 de 2014

¿La negación de la prima de servicios a los(as) empleados(as) del servicio doméstico, como resultado del hecho de que la norma establezca que el sujeto obligado al pago de esta prestación especial son la empresas, vulnera los artículos 13, 25, 53 y 93 de la Constitución Política? La Corte consideró que la norma demandada, al excluir a las trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico del pago de la prima de servicios, genera un déficit de protección de este grupo social, y un trato desigual frente a los demás trabajadores. La Corporación consideró que si bien se ha argumentado que esta diferencia de trato es razonable, pues la prima de servicios nació como una forma de retribuir a los trabajadores por las utilidades de la empresa, esa posición ya ha sido revaluada y, además, preserva una concepción errónea del trabajo doméstico. Al momento de determinar el remedio judicial a adoptar, la Sala exhortó al Legislador para que implemente el pago de la prima de servicios a los y las trabajadoras del servicio doméstico, dando aplicación al principio de progresividad y, por lo tanto, estableciendo la obligación inicialmente para las familias de estratos más altos, o de mayores ingresos, y adoptando las medidas pertinentes para la ampliación progresiva del derecho. Código Sustantivo del Trabajo; Art. 306 "toda empresa" : Exequible, con el exhorto antes señalado - [Resumen automatizado: Para los accionantes, el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, al establecer que únicamente las empresas deben pagar la prima de servicios, genera una exclusión del pago del derecho de otros trabajadores, la cual resulta inconstitucional porque desconoce el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, así como la especial protección que merecen los trabajadores domésticos por parte del Estado, pues deja a la libre voluntad de los empleadores el pago de algunos de sus derechos y prestaciones laborales. || Finalmente, (iii) advierte que sobre el problema jurídico planteado opera el fenómeno de cosa juzgada constitucional, pues en la sentencia C-100 de 1995, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la expresión "toda empresa", considerando razonable la distinción entre las empresas y otros empleadores, dado que solo las primeras generan utilidades: "la prima de servicios es una prestación especial que tiene fundamento en la generación de utilidades empresariales, razón que hace admisible un tratamiento diferenciado entre las personas que laboran para empleadores que las generan y las que no", y añadió que existen razones constitucionales que "permiten concluir que el Legislador no esté obligado a dar el mismo tratamiento jurídico a las utilidades empresariales y a los beneficios que una persona puede obtener al contratar un trabajador del servicio doméstico".]; Art. 306 "toda empresa" : Exequible, con el exhorto antes señalado

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-848 de 2014

¿La exoneración de denunciar desconoce el interés superior del niño, sus derechos fundamentales y el deber de la familia, de la sociedad y del Estado de brindarles asistencia y protección integral, en tanto esta exoneración comprende los eventos en que la víctima es un menor de edad? La Corte condiciona la exequible la exoneración del deber de denuncia, en el entendido de que la exoneración allí prevista con respecto al cónyuge, compañero permanente y parientes en el cuarto grado de consanguinidad y civil, o segundo de afinidad, no comprende las hipótesis en las que el sujeto pasivo del delito es un menor de edad, y se afecta la vida, integridad personal, libertad física o libertad y formación sexual del niño, en los términos previstos en la parte motiva de esta sentencia. \Para determinar la constitucionalidad de este precepto, la Corte abordó dos interrogantes: por un lado, si existe un deber constitucional de denunciar o de poner en conocimiento de las autoridades públicas los delitos cometidos contra niños, y por otro, si este deber, en caso de existir, se contrapone de algún modo a la garantía de no incriminación contemplada en el artículo 33 de la Carta Política, que justamente establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo o contra sus familiares cercanos. Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"; Art. 68 : CONDICIONALMENTE exequible - [Resumen automatizado: A juicio de la entidad, esto se explica por las siguientes razones: (i) Por un lado, el principio de no incriminación previsto en el texto constitucional y en los instrumentos internacionales de derechos humanos no se refiere propiamente al acto de denuncia previsto en la norma demandada, sino a las declaraciones entendidas en un sentido amplio; se trata de actos procesales distintos, que se materializan en momentos diferentes dentro del proceso penal y que obedecen a una finalidad y a una racionalidad diversa; por tal motivo, resulta forzoso concluir que el principio de no autoincriminación “no comprende el deber de denuncia que tiene todo ciudadano en ejercicio del principio de solidaridad social”, y que, en consecuencia, el precepto constitucional y la disposición legal tienen un ámbito de aplicación diferente; (ii) De asumirse que el principio de no incriminación comprende la exoneración del deber de denuncia de los delitos propios y los cometidos por los familiares, habría que admitir la tesis inaceptable de que existe una contradicción dentro de la propia preceptiva constitucional entre tal principio y el interés superior del niño, y esta circunstancia, a su vez, obligaría a la Corte a realizar una ponderación entre los derechos constitucionales en conflicto, ejercicio argumentativo que conduciría en todo caso a garantizar el interés superior del menor; (iii) Independientemente de que el principio de no incriminación comprenda el deber de denuncia, su alcance debe ser determinado a partir de los principios que informan el ordenamiento superior, que claramente otorga prevalencia a los derechos de los niños sobre los derechos de las demás personas, y que radica en el Estado, la sociedad y la familia el deber de garantizar su bienestar; en este escenario, entonces, el alcance del artículo 33 superior debe fijarse sin perjuicio del deber de denunciar los delitos cometidos contra menores de edad.]; Art. 68 : CONDICIONALMENTE exequible

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-671 de 2014

¿Se configura una omisión legislativa al no incluir a los discapacitados como sujetos de protección en los tipos penales de contenidos en las normas demandadas, actos de Racismo o discriminación y hostigamiento por motivos de raza, religión, ideología, política, u origen nacional, étnico o cultural? La Corte estimó que no concurrían de manera clara los elementos necesarios para configurar la omisión legislativa relativa, y que aún en caso de así considerarse, no resultaría factible adoptar el condicionamiento propuesto por el actor, el cual tendría por efecto ampliar el espectro de conductas sancionables por los tipos penales cuestionados, consecuencia claramente excepcional en estas situaciones, y que además requeriría el análisis de contenidos normativos y de situaciones claramente distantes a las que fueron objeto de demanda. Ley 1482 de 2011, "por medio de la cual se modifica el Código Penal y se establecen otras disposiciones"; Arts. 3 y 4 (Adc. Arts. 134A y 134B a la Ley 599 de 2000) : Exequibles. S.V - [Resumen automatizado: Una vez hechas estas aclaraciones, el peticionario señala que el limitado espectro de los tipos penales analizados da lugar a una omisión legislativa relativa, cuyos elementos constitutivos serían los siguientes: (i) En primer lugar, tanto el texto constitucional como los instrumentos internacionales de derechos humanos consagran el principio de igualdad, así como el deber del Estado de brindar una protección especial a las personas con discapacidad; (ii) en segundo lugar, la Ley 1482 de 2011 tiene por objeto sancionar penalmente cualquier forma de discriminación, independientemente del sujeto que resulte afectado por tal actuación; (iii) pese a los mandatos constitucionales anteriores, y pese al objeto y finalidad de la propia ley, las normas demandadas excluyen de su ámbito de protección a las personas que integran el colectivo mencionado; (iv) esta exclusión tácita carece de un principio de razón suficiente, “pues no se puede entender por qué las personas con discapacidad no se incluyeron en el tipo de penal de discriminación, si es claro que aún persiste la discriminación por razón de discapacidad, como lo ha señalado la misma Corte Constitucional en la Sentencia T-207 de 1999”; (v) la restricción legal provoca una situación de desigualdad entre este colectivo y aquellos otros que sí se encuentran previstos en la ley, porque sólo estos últimos cuentan con la protección por vía penal; (vi) la omisión es el resultado del incumplimiento de un deber específico del legislador, toda vez que aunque en principio no existe una obligación de criminalizar los actos de segregación y exclusión, cuando el Estado ha optado por esta estrategia para para combatir el fenómeno discriminatorio, la herramienta penal debe utilizarse atendiendo a las exigencias del principio de igualdad, y por tanto, sin exceptuar de su espectro a ningún colectivo vulnerable y objeto de especial protección, como son las personas con discapacidad.]; Arts. 3 y 4 (Adc. Arts. 134A y 134B a la Ley 599 de 2000) : Exequibles. S.V

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-577 de 2014

¿La no inclusión de los crímenes de guerra, los delitos trasnacionales, el narcotráfico y los actos de terrorismo como límites al legislador al momento de determinar qué delitos son conexos al delito político, para efectos de participar en política, sustituye el marco democrático participativo de la Constitución? A juicio del tribunal constitucional, la atribución conferida al Congreso para que, mediante ley estatutaria, defina qué delitos deben ser considerados conexos al delito político para efectos de la posibilidad de participar en política, no desconoce el marco democrático participativo establecido en el orden constitucional colombiano. Al comparar el contenido del artículo transitorio 67 de la Constitución con el principio de participación en política, encontró que la reforma introducida no anula el elemento definitorio hasta el momento existente. Por el contrario, resulta aplicación del mismo en una situación de justicia transicional, que tiene como objetivo alcanzar la paz de forma estable y duradera. Así mismo, la Corte consideró que el artículo en cuestión no desconoce derecho alguno de las víctimas del conflicto. Para la Corte, en el contexto de la justicia transicional que supone medidas excepcionales justificadas en la búsqueda de la paz, la participación en política de miembros de actores del conflicto en el escenario del postconflicto resulta herramienta útil para la consolidación de la democracia y del régimen constitucional vigente desde la Carta Política de 1991. Acto Legislativo 01 de 2012; Art. 3 (Art. Transitorio 67) : Exequible. Art. 1 Inc. 4o.: Cosa juzgada - [Resumen automatizado: Con base en ello, asevera el ciudadano, que el apartado "que permitan centrar esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio, o crimines de guerra cometidos de manera sistemática" del artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2012, el cual incorpora el artículo 66 transitorio a la Constitución Política, sustituye la que identifica como premisa mayor, que consiste en el deber constitucional de investigar, juzgar y condenar judicialmente a los responsables de actos terroristas, delitos trasnacionales, graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, adquieran o no la condición de crimen de lesa humanidad, crimen de guerra o genocidio, la obligación de garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de esas conductas y el funcionamiento del Estado basado en el respeto y garantía de los derechos humanos, sin discriminación alguna.]; Art. 3 (Art. Transitorio 67) : Exequible. Art. 1 Inc. 4o.: Cosa juzgada

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-416 de 2014

¿La creación por el legislador del Sistema Nacional de Migraciones, SNM dirigido únicamente a elevar la calidad de vida de las comunidades colombianas en el exterior, vulnera el derecho a la igualdad, al no abordar cuestiones referentes a los derechos de los migrantes extranjeros que se encuentran en Colombia? La Corporación observó que la situación diferente de uno y otro grupo está fundada en una condición objetiva y razonable, que justifica plenamente el abordar la problemática de un grupo de emigrantes frente al otro: el territorio, estar o no en Colombia. Esta decisión no implica desprotección o desmedro alguno de los derechos fundamentales de los extranjeros en Colombia, que tienen derecho a gozar efectivamente, en los términos amplios en que se encuentran consagrados en el orden constitucional vigente y que son objeto de protección mediante la acción de tutela. Ley 1465 de 2011, "por la cual se crea el sistema nacional de migraciones y se expiden normas para la protección de los colombianos en el exterior"; Arts. 1 (parcial), 2, 3 (parcial), 4 (parcial), 5 (parcial), 7 y 8 (parcial) : Exequibles - [Resumen automatizado: En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos María Teresa Palacios Sanabria, Olga Alejandra Santamaría Aguilera y María Angélica Nieto Rodríguez presentaron demanda contra los artículos 1 (parcial), 2, 3 (parcial), 4 (parcial), 5 (parcial), 7 y 8 (parcial) de la Ley 1465 del 29 de junio de 2011 'por la cual se crea el sistema nacional de migraciones y se expiden normas para la protección de los colombianos en el exterior', por considerar que las normas en cuestión violan el principio de igualdad (artículo 13), los derechos de los extranjeros contemplados en las normas del bloque de constitucionalidad (artículo 93) y la propia Carta (artículo 100). || || Como consecuencia de lo anterior, la demanda contiene un cargo único enmarcado en la omisión legislativa relativa en que incurrió el legislador al crear un Sistema Nacional de Migraciones que omite regular la situación o estatus jurídico de las comunidades extranjeras en Colombia, desconociendo así los mandatos esenciales contenidos en la Carta Política referidos al trato en condiciones de igualdad de todos los habitantes del territorio nacional y a los tratados internacionales que ha suscrito nuestro país en materia de protección de extranjeros y que por su naturaleza, se integran a nuestro ordenamiento por vía del bloque de constitucionalidad."]; Arts. 1 (parcial), 2, 3 (parcial), 4 (parcial), 5 (parcial), 7 y 8 (parcial) : Exequibles

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-335 de 2014

Exequible la Ley 1669 de 2013, por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo Comercial entre Colombia y Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por la otra", firmado en Bruselas, Bélgica, el 26 de junio de 2012 - [Resumen automatizado: Bajo ese entendido, esta Corporación viene sosteniendo que el control de constitucionalidad formal sobre los tratados internacionales y sus leyes aprobatorias comprende los siguientes aspectos: (i) la remisión del instrumento internacional y su respectiva ley aprobatoria por parte del Gobierno Nacional; (ii) la validez de la representación del Estado Colombiano en el proceso de negociación del tratado, así como la competencia de los funcionarios intervinientes; (iii) la iniciación del trámite en el Senado; (iv) la publicación del proyecto de ley y su correspondiente exposición de motivos, de las Actas en que constan las ponencias, los anuncios y debates, así como los textos definitivos, en la Gaceta del Congreso; (v) la aprobación del proyecto en cuatro debates, en las comisiones y plenarias de cada cámara; (vi) el anuncio previo a la votación del proyecto en cada debate; (vii) el quórum deliberatorio y decisorio, al igual que las mayorías con las que fue aprobado el proyecto; (viii) el cumplimiento del plazo establecido entre el primero y el segundo debate, y entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra; (ix) la consideración del proyecto en no más de dos legislaturas; (x) la sanción presidencial; y (xi) el envío de la ley y el tratado a la Corte Constitucional.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-240 de 2014

La no aplicación a los congresistas de la limitación de un beneficio penal previsto en el parágrafo demandado, no constituye una discriminación injustificada frente a los demás procesados, en razón del fuero especial que consagra la Constitución. La situación de los senadores y los representantes a la Cámara no es equiparable a la de ningún otro servidor público ni a la de un procesado común. Ley 1453 de 2011, "por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción del dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad"; Art. 57 Par. Exequible - [Resumen automatizado: Este aserto se funda en la Sentencia C-254 A de 2012 en el cual se precisa el alcance de la cosa juzgada constitucional y en las circunstancias de que: (i) en dicha sentencia no se analizó un cargo de omisión legislativa relativa, por no haberse reformado también la Ley 600 de 2000; (ii) no se estudió esta materia de manera oficiosa; (iii) no se empleó como parámetro de juzgamiento el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y (iv) en esta demanda no se señala como vulnerado el artículo 29 de la Constitución. || Con base en la primera y tercera sentencia referenciadas, se afirma que hay justificación constitucional suficiente para dar un trato distinto a las personas aforadas y a las no aforadas, a partir del régimen aplicable a cada una de ellas, al punto de que "bien puede aplicarse a los mismos [a los congresistas] un régimen diferente en materia penal, frente a los demás infractores de la ley penal como el referente a la reducción o no de la rebaja de penas en caso de flagrancia".]; Art. 57 Par. Exequible

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-239 de 2014

¿El no prever la misma pena cuando el ejercicio arbitrario de la custodia del hijo menor de edad lo realice el padre o madre con el propósito de privar al otro padre del derecho de visitas, vulnera los derechos a la igualdad de trato de los padres y el derecho fundamental del niño a tener una familia y a no ser separado de ella, previstos en los artículos 13 y 44 de la Constitución Política? Dar diferente protección penal a la situación del padre que tiene a su cargo la custodia y cuidado del hijo menor y a la situación del padre a quien corresponde el régimen de visitas al mismo, no implica una discriminación injustificada ni desconoce el derecho fundamental del niño a tener una familia y a no ser separado de ella. Ley 890 de 2004, "por la cual se modifica y adiciona el Código Penal"; Art. 7 (Adc. el Art. 230A al C.P) : Exequible - [Resumen automatizado: Se argumenta: (i) que existe una norma: la demandada, sobre la cual se predica de manera necesaria el cargo, pues gozan de impunidad las conductas que, a pesar de enmarcarse en los verbos rectores del tipo penal, no se realicen con el fin de privar al otro padre del derecho de custodia y cuidado personal; (ii) que esta norma excluye de sus consecuencias casos que, por ser asimilables, deben estar contenidas en ella, como ocurre con la conducta punible cometida por el padre que goza de impunidad; (iii) que esta exclusión carece de razón suficiente, pues la circunstancia de que un padre tenga la custodia no implica que el otro padre deje de serlo, o que su relación y derechos con sus hijos sea inferior o menos importante que la de aquél; (iv) que esta falta de justificación y objetividad genera para los casos excluidos una desigualdad negativa, pues al padre relegado y a su hijo se los priva de protección penal, en caso de que el otro padre con su conducta afecte el ejercicio del derecho de visitas, al arrebatar, sustraer, retener u ocultar al menor, lo cual iría además contra los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral de las víctimas de esta conducta; (v) que la omisión sea el resultado de incumplir un deber específico impuesto por la Constitución, pues además de lo previsto en los artículos 13, 42 y 44 de la Carta, se debe tener en cuenta el artículo 9 de la Convención sobre derechos del niño (aprobada por la Ley 12 de 1991).]; Art. 7 (Adc. el Art. 230A al C.P) : Exequible

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2013

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-616 de 2013

Exequible la Ley 1595 de 2012, "por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011 (número 189)", adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en la 100ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, el 16 de junio de 2011" - [Resumen automatizado: El Procurador General de la Nación, en ejercicio de las competencias previstas en los artículos 242-2 y 278 de la Constitución Política, presentó concepto dentro del trámite de la referencia, en el que solicitó a la Corte declarar exequible el "Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (Número 189)", adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en la 100a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo el 16 de junio de 2011." , al igual que la Ley 1595 del 21 de diciembre de 2012, por medio del cual fue aprobado el citado instrumento internacional. || El expediente legislativo enviado a la Corte por el Congreso de la República demuestra que el proyecto de ley n.° 230/12 Senado, 144/12 Cámara, que finalizó con la expedición de la Ley 1495 del 21 de diciembre de 2012 "por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (Número 189)", adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en la 100a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo el 16 de junio de 2011.", surtió el siguiente trámite:]

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2012

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-944 de 2012

Sentencia de Control de Constitucionalidad de la Ley 1573 de 2012, aprobatoria de la "Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales", adoptada por la Conferencia negociadora en París, el 21 de noviembre de 1997 - [Resumen automatizado: La Ley 1573 de 2012 “Por medio de la cual se aprueba la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales”, adoptada en la ciudad de París, el 21 de noviembre de 1997 cumplió con el trámite necesario para su aprobación y es plenamente compatible con la Constitución Política de Colombia, constituyendo además un instrumento muy importante para la lucha contra la corrupción y la tutela de intereses fundamentales para el Estado colombiano como son los principios de la función pública, la transparencia, la imparcialidad, la objetividad y la libre competencia. || Señala que la "Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales" y su ley aprobatoria fueron remitidas de manera oportuna a la Corte Constitucional, pues la Ley 1573 fue sancionada por el Presidente de la República el dos (2) de agosto de 2012 y enviada el 3 de agosto a esta Corporación, es decir, dentro de los seis (6) días hábiles siguientes a la sanción de la ley, tal como ordena el numeral 10º del artículo 241 de la Constitución Política.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-910 de 2012

Condicionar el beneficio de la sustitución de la detención intramuros por la domiciliaria, al examen de la personalidad del imputado o acusado mayor de 65 años, no es una manifestación del derecho penal de autor, no configura un trato discriminatorio entre estos y los demás grupos de especial protección y aunque la expresión "personalidad" es un concepto jurídico indeterminado, la decisión de sobre el beneficio de la sustitución no depende del criterio subjetivo y arbitrario del juez penal, sino de consideraciones objetivas sobre el cumplimiento de los fines de las medidas de aseguramiento en el caso particular, a partir de los parámetros que ofrece el propio ordenamiento jurídico. Ley 1142 de 2007, "por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana.; Art. 27 Num 2 (Mod. el Art. 314 de la ley 906 de 2004) : Exequible - [Resumen automatizado: SUSTITUCION DE DETENCION PREVENTIVA INTRAMUROS POR DETENCION DOMICILIARIA PARA ADULTOS MAYORES DE 65 AÑOS CONDICIONADA A LA PERSONALIDAD-No es posible afirmar trato discriminatorio con los demás grupos de especial protección contemplados en los numerales 3, 4 y 5 del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal/PERSONALIDAD-Aunque es un concepto jurídico indeterminado, la decisión sobre el beneficio de la sustitución no depende del criterio subjetivo y arbitrario del juez penal, sino de consideraciones objetivas || La medida es contraria a la presunción de inocencia, ya que mientras según el Artículo 308 del C.P.P. y la jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia C-425 de 2008), la sustitución de la detención intramuros por la domiciliaria debe otorgarse siempre que se garanticen los fines de las medidas de aseguramiento (la comparecencia al proceso, la no afectación de la sociedad o las víctimas y el cumplimiento de la eventual sentencia condenatoria), en este caso la decisión se hace depender de factores ajenos a esta finalidad, como la personalidad.]; Art. 27 Num 2 (Mod. el Art. 314 de la ley 906 de 2004) : Exequible

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-862 de 2012

Revisión integral del proyecto de ley estatutaria, por medio de la cual se expide el Estatuto de la Ciudadanía Juvenil. L1622013 - [Resumen automatizado: 6.- Frente al Título III del proyecto del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, donde se regula lo relacionado con "políticas juveniles" el Ministerio Público, solicita a esta Corte, que se pronuncie acerca de la exequibilidad de los artículos 15, 16, 17, 18, 19 y 20 "toda vez que allí, en lugar de regularse los derechos fundamentales de los jóvenes y los procedimientos y recursos para protegerlos, o los mecanismos instituciones para garantizar su participación ciudadana, lo que el Legislador hizo fue fijarles competencias normativas a la Nación y a las entidades territoriales, así como incluso asignarle específicamente el deber al Presidente de la República, los Gobernadores y los Alcaldes de incluir dentro de sus planes de desarrollo "las Políticas de Juventud", "los recursos suficientes y los mecanismos conducentes a garantizar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de juventud", y todavía más específicamente el deber de "generar los planes de implementación de las políticas para un periodo no menor de (4) años" (Artículo 15, Parágrafos 1, 2 y 3), asuntos, todos estos, que por expresa disposición constitucional (Artículos 151 y 288) deben establecerse por vía de Ley Orgánica y no de Ley Estatutaria ".]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-644 de 2012

¿Desconocen el deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de los trabajadores agrarios establecido en los artículos 60 y 64 de la Constitución, las disposiciones demandadas mediante las cuales se eliminan las restricciones -establecidas en la ley 160 de 1994- a la enajenación de predios rurales, cuando su propietario lo hubiere adquirido como consecuencia de la adjudicación de bienes baldíos o del otorgamiento de un subsidio integral de tierras? Las normas acusadas resultan contrarias a los citados preceptos constitucionales, porque permiten la enajenación o aporte de tierras originalmente baldías o adquiridas mediante subsidio integral, aun cuando se forme una propiedad que tenga áreas superiores a las fijadas para las UAF, lo cual desvirtúa las prohibiciones contempladas en el artículo 72 de la Ley 160 de 1994 y permite que los recursos públicos se destinen a la adquisición de predios que originalmente son del Estado, por cualquier persona natural o jurídica que no necesariamente pertenecen al grupo social beneficiario de la medida prestacional del Estado. La misma infracción se encuentra en la autorización de entrega en usufructo de esos terrenos. El levantamiento de las restricciones previstas en al Ley 160 de 1994 implica que la tierra protegida por éstas, deja de ser exclusiva de los trabajadores agrarios, que terminan convertidos en asalariados en los proyectos que se adelanten en sus antiguas propiedades y reduce su posibilidad de acceso a la tierra. Además, se trata de medidas que no son necesarias, puesto que la realización de proyectos agropecuarios y forestales puede efectuarse a través de mecanismos menos lesivos y no resultan proporcionadas, puesto que implican un perjuicio mayor al beneficio que se puede alcanzar con otro tipo de instrumentos. Ley 1450 de 2011, "por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014"; Arts. 60, 61 y 62 (Adic. los Arts. 72 A y B y mod. el Art. 83 de la Ley 160 de 1994, respectivamente) - [Resumen automatizado: Por lo anterior, las disposiciones según sus contenidos específicos son inexequibles por cuanto no superaron ni el test de no regresividad aplicable a los derechos sociales configurados por la ley, desde los artículos 64, 65 y 66 de la Carta, en consonancia con los artículos 1º, 13, 58, 333, 334, 365, 366 de la misma, ni el test de la suficiencia en la configuración normativa de materias que tanto dependen del desarrollo de una reserva de ley específica como la prevista en el artículo 150, numeral 18 de la Carta, es decir, por suprimir las garantías mínimas previstas en los artículos 25, 72 y 83 de la Ley 160 de 1994 de aseguramiento de la titularidad de los campesinos, sin justificación alguna, sin proporcionalidad de la medida y, sin contraprestación suficientemente ventajosa y sostenible para el campesino y para el Estado en términos del derecho de propiedad sobre la tierra y del derecho a la seguridad alimentaria de todos los asociados, en términos de la correcta distribución de los recursos escasos.]; Arts. 60, 61 y 62 (Adic. los Arts. 72 A y B y mod. el Art. 83 de la Ley 160 de 1994, respectivamente)

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-606 de 2012

¿Al establecer que el carné de afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud "servirá para identificarse como titular de los derechos establecidos en la presente Ley" viola el artículo 29 de la C.P. y el bloque de constitucionalidad, en el contexto del ejercicio del derecho a la estabilidad laboral reforzada la jurisprudencia ha establecido que no es necesario ningún medio de prueba tarifada como calificación de invalidez o el carné de discapacitado? Para la Corte la medida no es irrazonable y desproporcionada, siempre y cuando la existencia y exhibición del carné no se entienda como un requisito sine que non para acceder al goce y ejercicio de los derechos establecidos en la Ley. Ley 361 de 1997, "por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones"; Art. 5 (parcial) - [Resumen automatizado: No obstante, con indicación de la Sentencia C-168 de 2006, afirman que la Corte ya amplió el concepto del artículo 5º de la Ley 361 de 1997 al establecer que la estabilidad laboral reforzada cobija no solamente a las personas en situación de discapacidad carnetizadas, ya que "la protección laboral de los trabajadores que se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta no depende de una calificación previa que acredite su condición de discapacitados, sino de la prueba de las condiciones de salud que impidan o dificulten el desempeño de sus labores". || Por último, se debe resaltar que el carné de afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud es una prueba declarativa pero no constitutiva y por ende no se puede configurar de ningún modo como una barrera de acceso para la garantía de los derechos establecidos en la Ley 361 de 1997 para las personas en situación de discapacidad. || Por último, se debe resaltar que el carné de afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud es una prueba declarativa pero no constitutiva y por ende no se puede configurar de ningún modo como una barrera de acceso para la garantía de los derechos establecidos en la Ley 361 de 1997 para las personas en situación de discapacidad.]; Art. 5 (parcial)

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-250 de 2012

¿Los límites temporales establecidos en las norma demandada para ser considerado como víctima destinataria de las medidas de atención, asistencia y reparación integral (Art. 3o) y para la restitución jurídica y material de las tierras despojadas o abandonadas forzadamente (Art. 75) previstas en la Ley 1448 de 2011, vulneran el artículo 13 de la Constitución, por ser contrarios al principio de igualdad de las personas que individual o colectivamente sufrieron daños con anterioridad a las fechas en ellas previstas? ¿Resultan desproporcionadas en cuanto privilegian la sostenibilidad financiera respecto de las víctimas? Las fechas señaladas, sólo podrían ser declaradas inexequibles si fueran manifiestamente arbitrarias, y estas fueron el fruto de consensos y acuerdos dentro de las distintas corrientes políticas representadas al interior del órgano legislativo. Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones" Art. 3 y 75 (parciales) Exequibles - [Resumen automatizado: Concluyen que “siendo el objeto de la ley (Art. 1) establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas en beneficio de las víctimas, dentro de lo que la ley refiere como "un marco de justicia transicional", medidas que "posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales", no se reconoce la existencia de un fin constitucionalmente válido (en sentido estricto) que pueda alegarse para proponer: (i) ni que el paso del tiempo niega o limita los derechos de las personas que han sufrido estas violaciones, (ii) ni que por razones presupuestales, el paso del tiempo después de ocurrida una violación a derechos humanos o graves infracciones al derecho internacional humanitario es un criterio que autorice válidamente al legislador a darles a ciertas víctimas (aquellas que sufrieron crímenes atroces hace varios años) un trato diferenciado. || Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas Internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. || Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas Internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.]

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2011

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-900 de 2011

¿Al establecerse como una de las obligaciones especiales del sistema de seguridad social en salud, la de garantizar la actuación inmediata del personal médico y administrativo cuando un niño, niña o adolescente se encuentre hospitalizado o requiera tratamiento o intervención quirúrgica y exista peligro inminente para su vida, se desconoce la autonomía personal (art. 16 C.P.), la libertad de conciencia (art. 18 C.P.) y el debido proceso (art. 29 C.P.). Lo anterior, cuando no sea posible obtener autorización del representante legal, ya sea por imposibilidad fáctica de obtenerlo o cuando éste no autorice por razones personales, culturales, de credo o sea negligente? En el caso de los niños, niñas y adolescentes, en principio, corresponde a quienes ejercen la patria potestad prestar su consentimiento para la práctica de las distintas intervenciones quirúrgicas o tratamientos terapéuticos indispensables para la recuperación o rehabilitación de un estado patológico, a través del denominado consentimiento sustituto. No obstante, esta facultad no es absoluta y por el contrario debe garantizar (i) que la opinión del niño sea consultada, de acuerdo a su edad y madurez y (ii) bajo ciertas circunstancias resulta indispensable el consentimiento informado del menor de 18 años, en aras de salvaguardar su derecho al libre desarrollo de la personalidad, la proyección de su identidad y en últimas, la vida digna, especialmente en aquellos procedimientos invasivos y definitivos. Es decir, que las reglas sobre capacidad consagradas en la legislación civil no son trasladables para determinar la plausibilidad del consentimiento en el caso de los niños, niñas y adolescentes, en relación con las intervenciones médicas. El numeral 6 del artículo 46 de la Ley 1098 de 2006 excepciona esa necesidad de consentimiento informado del paciente o de su representante legal en los casos en que se encuentre en peligro inminente la vida de un niño, niña o adolescente, restricción que a juicio de la Corte se encuentra plenamente justificada. Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia" Art. 46, Num. 6 : exequible - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Juan Carlos Henao Pérez quien la preside-, María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio, Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Humberto Antonio Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes, || Por razón a lo anterior, aunque se arguye que la expresión demandada vulnera los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia y el debido proceso del representante legal del niño, niña o el adolescente, lo cierto es que ésta no menciona ni hace referencia a tal representante, sino que busca garantizar, como no puede ser de otra manera, que los menores de edad cuya vida se encuentra en peligro inminente reciban la atención inmediata del personal médico y administrativo.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-823 de 2011

¿Es inconstitucional el que la norma no hubiese definido como financiera la actividad de prestación de servicios postales de pago, y regularla de conformidad? El legislador podía legítimamente no definir a la prestación del servicio postal de pago como una actividad financiera. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte, y de la regulación de las distintas actividades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera, no se trata de actividades financieras, o que constituya una simple provisión de un servicio de transporte, puesto que está atada a la garantía y la eficacia de un derecho fundamental, cual es el derecho a la correspondencia y a su privacidad. Los servicios postales de pago no se confunden materialmente con las actividades financieras, lo que no obsta para advertir que, dada la tecnificación de las comunicaciones, el mecanismo a través del cual operan los giros postales y los giros bancarios sea probablemente el mismo, un mecanismo electrónico, siendo esta, de momento, la única real similitud que se percibe entre las dos instituciones. ¿La adición de otros servicios postales que puedan ser clasificados como tales en el futuro por la Unión Postal Universal, desconoce los principios constitucionales? La obligación de reglamentar servicios postales reconocidos por la Unión Postal Universal, pero incluidos en tratados no ratificados por Colombia, solo surge a partir del momento en que el Estado colombiano exprese su consentimiento para obligarse. No obstante, ello no impide que un Estado, sea o no parte de la Unión Postal Universal, pueda utilizar la experiencia o recomendaciones no vinculantes de ese organismo internacional para orientar su propia legislación nacional. Ley 1369 de 2009, "por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales y se dictan otras disposiciones"; Arts. 2, 3 (parcial), 4 (parcial), 11, 12 (parcial), 18 (parcial), 20 (parcial) y 22 : Exequibles. Fallo inhibitorio en relación con los Arts. 4 (parcial) y 22 - [Resumen automatizado: En este orden de ideas, concluye el actor, los servicios postales de pago coinciden, desde el punto de vista material, con servicios de giro propios de las entidades financieras, pues los dos implican manejo de recursos del público como actividad profesional y habitual, lo que "ubica tales servicios como de interés público, para los efectos de lo previsto en el artículo 335 de la Constitución Política," coincidencia que es aún mayor frente a los demás servicios de pago previstos por la Unión Postal Universal. || En cuanto el artículo 18 indica al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como rector de la política general de los servicios postales, también desconoce las atribuciones que, en relación con actividades financieras, competen a Legislador y Gobierno, puesto que "la fijación de políticas, criterios y objetivos generales de intervención en los sistemas de pago" son atribuidos por el Constituyente a estas autoridades públicas.]; Arts. 2, 3 (parcial), 4 (parcial), 11, 12 (parcial), 18 (parcial), 20 (parcial) y 22 : Exequibles. Fallo inhibitorio en relación con los Arts. 4 (parcial) y 22

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-792 de 2011

Revisión de la Ley 1442 de 2011, aprobatoria del "Acuerdo relativo a los servicios postales de pago" - [Resumen automatizado: Los infrascritos, Plenipotenciarios de los Gobiernos de los Países miembros de la Unión, visto el artículo 22.4 de la Constitución de la Unión Postal Universal, firmada en Viena el 10 de julio de 1964, han adoptado, de común acuerdo y bajo reserva del artículo 25.4 de dicha Constitución, el Acuerdo siguiente, que se enmarca en los principios de la citada Constitución, para instaurar un servicio postal de pago seguro, accesible y adaptado al mayor número de usuarios en función de sistemas que permitan la interoperabilidad de las redes de los operadores designados. || En su intervención, el Ministerio hace alusión a la aprobación ejecutiva, mediante la cual el Presidente de la República y el Ministro de Relaciones Exteriores autorizaron someter el Acuerdo al Congreso para que se iniciara el trámite legislativo, así como sobre la notificación al Director General de la Unión Postal Universal de la intención del gobierno de Colombia de adherirse al "Acuerdo relativo a los servicios postales de pago", firmado en Ginebra, el 12 de agosto de 2008.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-788 de 2011

Revisión de constitucionalidad del "Acuerdo de Cooperación y Régimen de Privilegios e Inmunidades entre la Organización Internacional para las Migraciones y el Gobierno de la República de Colombia", y de la Ley 1441 del 23 de febrero de 2011, por medio de la cual fue aprobado. Exequibles - [Resumen automatizado: Con fundamento en los antecedentes legislativos, las actas publicadas en las Gacetas del Congreso de la República y las certificaciones remitidas a la Corte Constitucional por el Senado de la República y la Cámara de Representantes, esta Corporación estableció que el proyecto de ley radicado bajo los números 203 de 2009 Senado y 313 de 2010 Cámara, que finalizó con la expedición de la Ley 1441 de 2011 " medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de Cooperación y Régimen de Privilegios e Inmunidades entre la Organización Internacional para las Migraciones y el Gobierno de la República de Colombia", hecho en Bogotá a los 5 días del mes de mayo de dos mil nueve (2009)." surtió el siguiente trámite: || El proyecto de ley correspondiente a la aprobación del "Acuerdo de Cooperación y Régimen de Privilegios e Inmunidades entre la Organización Internacional para las Migraciones y el Gobierno de la República de Colombia", hecho en Bogotá a los 5 días del mes de mayo de dos mil nueve (2009)", fue presentado al Congreso de la República por el Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Jaime Bermúdez Merizalde.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-748 de 2011

Protección de datos personales de menores. Esta Sala encuentra que en el caso concreto del tratamiento de los datos de los niños, niñas y adolescentes, existe un riesgo prohibido que esta población en situación de vulnerabilidad está expuesta a sufrir, principalmente por la desbordante evolución de los medios informáticos, entre los que se encuentran la Internet y las redes sociales. Si bien, el acceso a los distintos sistemas de comunicación, les permite disfrutar de todos sus beneficios y ventajas, también su mal uso puede generar un conflicto en el ejercicio y efectividad de sus derechos fundamentales al buen nombre, al honor, a la intimidad, entre otros. El anterior planteamiento fue abordado en el Memorando sobre la protección de datos personales y la vida privada en las redes sociales en Internet, en particular de niños, niñas y adolescentes, adoptado en Montevideo el 28 de julio de 2009. Si bien, este documento no integra el denominado bloque de constitucionalidad y por tanto sus recomendaciones no son vinculantes para el Estado colombiano, constituye un documento valioso en torno al tema de la protección de datos personales de los niños, las niñas y adolescentes - [Resumen automatizado: En términos generales el trámite legislativo del proyecto de ley estatutaria de habeas data y protección de datos personales, cumplió con los requisitos constitucionales previstos para cualquier decisión legislativa y particularmente para este tipo de leyes de especial jerarquía, pues habiendo sido presentado ante el Congreso y su texto junto con la exposición de motivos publicada oportunamente, su aprobación, que tuvo inicio en la comisión primera de la Cámara de Representantes, se efectuó dentro de una sola legislatura; se cumplieron los debates en las comisiones permanentes y plenarias de ambas cámaras legislativas; se publicaron las ponencias junto con los pliegos modificatorios y se dio cumplimiento a los anuncios previos para discusión y aprobación; a raíz de las diferencias en los textos aprobados por la Cámara de Representantes y el Senado de la República, se conformó una comisión accidental de conciliación para superar las discrepancias y su informe de conciliación fue publicado y aprobado tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado en votación nominal con mayoría absoluta, habiéndose verificado el anuncio previo para votación y aprobación correspondiente y se cumplieron los términos que deben mediar entre los debates en comisiones y entre cámaras legislativas.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-369 de 2011

Inepta demanda sobre los artículos 26, 27, 28 (Mod. los Arts. 108 y 647 del ET) de la Ley 1393 de 2010, "Por la cual se definen rentas de destinación específica para la salud, se adoptan medidas para promover actividades generadoras de recursos para la salud, para evitar la evasión y la elusión de aportes a la salud, se redireccionan recursos al interior del sistema de salud y se dictan otras disposiciones" - [Resumen automatizado: La celebración y cumplimiento de las obligaciones derivadas de contratos de prestación de servicios estará condicionada a la verificación por parte del contratante de la afiliación y pago de los aportes al sistema de protección social, conforme a la reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno Nacional. || Partiendo de tal concepto señala que resulta imposible e inadmisible que a un contratante se le obligue a verificar los aportes de seguridad social por un hecho que sólo le compete al directamente obligado, esto es, al trabajador independiente, por lo que considera que ante una conducta indebida o negligente por éste, no debe ser responsable el contratante desconociéndosele las deducciones a que tiene derecho por el artículo 107 del Estatuto Tributario. || Encuentra vulnerado este principio por cuanto “la falta de verificación del pago de aportes al sistema de protección social es una condición para desconocer las deducciones de la totalidad de un pago, así se cumplan los requisitos de proporcionalidad, causalidad y necesidad con la actividad productora de renta que consagra el artículo 107 del E.T.N., en mi criterio resulta desproporcionado porque una cosa son los honorarios que percibe un contratista y otra muy diferente es el pago de aportes que este realiza al sistema de protección social, en consecuencia tal y como está redactado el artículo se vulnera el principio de proporcionalidad y los artículos 95-9 y 363 (Constitución Política)”.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-185 de 2011

La exigencia del pago de la multa para acceder al mecanismo sustitutivo de prisión de vigilancia electrónica durante la ejecución de la pena, como sustitutivo de la prisión, resulta discriminatoria y violatoria del derecho a la igualdad para el caso del condenado, que no obstante cumplir con los demás requisitos para ello, demuestre insolvencia económica. Ley 1142 de 2007, "por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana"; Art. 50 (Adic. el Art. 38A. a la Ley 599 de 2000) : CONDICIONALMENTE exequible - [Resumen automatizado: El demandante considera que la exigencia legal contenida en el artículo 38 de Código Penal, consistente en exigir el pago total de la multa como requisito para acceder a la utilización de sistemas de vigilancia electrónica durante la ejecución de la pena como sustitutivos de la prisión, vulnera el principio de igualdad contenido en el artículo 13 de la Constitución, por lo cual debe ser declarado inexequible. || Para resolver este interrogante, el asunto constitucionalmente relevante se concentra en las dos hipótesis puntuales presentadas por el demandante, las cuales son: (i) presunta discriminación injustificada de los condenados que no cuentan con recursos para cancelar la multa, pero cumplen con los demás requisitos exigidos en el artículo 38A del Código Penal; y (ii) presunta discriminación injustificada respecto de quienes cumplen con los requisitos para acceder a la prisión domiciliaria, porque a ellos no se les exige pago de multa, cuando en esencia tanto la prisión domiciliaria como la vigilancia electrónica implican el cumplimiento de la pena de privación de la libertad, por fuera del establecimiento carcelario.]; Art. 50 (Adic. el Art. 38A. a la Ley 599 de 2000) : CONDICIONALMENTE exequible

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2010

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-645 de 2010

Revisión automática de constitucionalidad del "Acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Comunidad Andina y sus países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), por otra parte" hecho en Roma, el quince (15) de diciembre de dos mil tres (2003) y la Ley 1349 de 2009 que lo aprueba. Exequible - [Resumen automatizado: Mediante oficio recibido el día 11 de agosto de 2009, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, remitió a esta Corporación copia auténtica del “Acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Comunidad Andina y sus países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), por otra parte”, firmado en Roma el quince (15) de diciembre de 2003, así como de la Ley 1349 de 2009, mediante la cual fue aprobado, para que de conformidad con lo previsto en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución, la Corte decida sobre la exequibilidad del tratado internacional y su ley aprobatoria. || Primero.- Por Secretaría General de la Corte Constitucional, DEVUÉLVASE a la Presidencia de la Cámara de Representantes la Ley 1349 de 2009 “Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Comunidad Andina y sus Países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), por otra parte”, hecho en Roma, el quince (15) de diciembre de dos mil tres (2003)” con el fin de que sea subsanado el vicio de procedimiento identificado en esta providencia.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-609 de 2010

[Resumen automatizado: Según la sentencia C-468 de 1997, dicho control se caracteriza por ser (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano.En cuanto al control por vicios de procedimiento que la Corte ejerce sobre los tratados internacionales y las leyes que los aprueban, según lo prescrito en el artículo 241 numeral 10 Superior, éste se dirige tanto a examinar la validez de la representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y celebración del instrumento y la competencia de los funcionarios en la negociación y firma del tratado, como el cumplimiento de las reglas de aprobación legislativa en la formación de la ley aprobatoria en el Congreso.]

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2009

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-854 de 2009

Pago total de la multa como presupuesto para la utilización de sistemas de vigilancia electrónica. Ley 1142 de 2007, "por medio de la cual se reforman las leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana"; Art. 50, Num. 4 (Adc. el Art. 38A a la Ley 599 de 2000) : Fallo inhibitorio. - [Resumen automatizado: Del anterior recuento la Delegada formula un conclusión previa según la cual “parecería en principio que existe una abundante y consolidada posición doctrinaria en torno a la naturaleza de la multa y a su conformidad constitucional cuando se consagra su pago como requisito para acceder al reconocimiento de los subrogados penales de ejecución condicional de la pena y libertad condicional” (folio 59). || De otra parte, la Defensora propone un nuevo cargo de inexequibilidad por violación del derecho de igualdad, fundado en que la exigencia bajo estudio “comporta un requisito adicional no previsto para acceder a la pena sustitutiva de prisión domiciliaria consagrada en el artículo 38 del Código Penal, lo que conduce a hacer más gravosa la situación de los que pretenden el subrogado de libertad vigilada por el mecanismo electrónico sin una causa que lo justifique” (folio 62). || 13 constitucional, lo previsto en el numeral 4º del artículo 38 A del Código penal, adicionado por el artículo 50 de la Ley 1142 de 2007, al imponer el pago total de la multa, dentro de los presupuestos para conceder como sustitutivo de la prisión, el uso del sistema de vigilancia electrónica, sin valorar las diferentes condiciones económicas que pueda enfrentar el condenado?]; Art. 50, Num. 4 (Adc. el Art. 38A a la Ley 599 de 2000) : Fallo inhibitorio.

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-685 de 2009

Revisión Constitucional del "Memorando de Entendimiento entre los gobiernos de los Estados de grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el lavado de activos (GAFISUD)", firmado en Cartagena de Indias el 8 de diciembre de 2008. "Modificación del Memorando de Entendimiento entre los gobiernos de los Estados de grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el lavado de activos (GAFISUD)", firmada en Santiago de Chile el 6 de diciembre de 2001 y la "Modificación al Memorando de Entendimiento entre los gobiernos de los Estados de grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el lavado de activos (GAFISUD)", firmada en Brasilia el 21 de julio de 2006, y la Ley 1186 de 2009 aprobatoria del Memorando y sus modificaciones. Exequible - [Resumen automatizado: Sin embargo, este despacho pudo verificar tanto en el expediente como en el Diario Oficial No. 46.960 del 14 de abril de 2008 -en el cual se publicó la Ley 1186 de 2008-, que la Modificación al Memorando de Entendimiento entre los gobiernos de los Estados del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos (GAFISUD), firmada en Brasilia el 21 de julio de 2006, no está incluida en la Ley. Es decir, el Presidente de la República sancionó la Ley aprobatoria sin la Modificación suscrita el 21 de julio de 2006, lo cual hace improcedente el estudio de constitucionalidad de la Ley Aprobatoria y del Memorando, en la medida que desde el punto de vista del derecho internacional, las Modificaciones realizadas al Memorando hacen parte de un solo instrumento y así debe ser ratificado por el Estado Colombiano, lo que supone que su ley aprobatoria interna incluya todas las partes integrantes del mismo, requisito que no fue cumplido en este caso y por ello la Corte Constitucional no podría realizar un análisis sobre la constitucionalidad de un Tratado que de acuerdo a su ley aprobatoria está incompleto.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-636 de 2009

¿La tipificación penal de la conducta de inducción a la prostitución, resulta violatoria de la autonomía personal o derecho al libre desarrollo de la personalidad y del derecho a escoger profesión u oficio? Diferencia entre inducción y constreñimiento. La Corte señaló que el tipo penal de inducción a la prostitución puede configurarse incluso sobre la base del consentimiento expreso de la víctima, aunque el mismo no se requiera en la medida en que no es un elemento constitutivo del tipo penal acusado. Frente al riesgo de ofensa de la dignidad personal e incluso de la autodeterminación sexual y de la propia libertad personal, el consentimiento de la víctima es una salvaguarda insuficiente. Ni el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ni a escoger y ejercer libremente profesión u oficio, como cualquier derecho fundamental, son derechos absolutos. Ley 599 de 2000, "por medio del cual se expide el Código Penal "; Art. 213 : Exequible - [Resumen automatizado: Para la Corte es claro que aunque del régimen constitucional colombiano no se deriva una prohibición al ejercicio de la prostitución, el Estado, por disposición de la misma carta, no es indiferente a sus efectos nocivos, por lo que resulta legítimo, dentro de los límites razonables de la proporcionalidad, que las autoridades públicas de todos los órdenes adopten medidas tendientes a evitar su propagación y a disminuir los efectos negativos que esta conducta, calificada como degradante para la persona humana, genera en la sociedad. || Toda vez que se insinúa que la penalización de la conducta de inducción a la prostitución desborda los límites constitucionales porque sanciona comportamientos que hacen parte de la esfera privada del individuo, que no repercuten nocivamente en el orden social, que hacen parte del espectro de opciones de vida que válidamente puede escoger una persona y que no constituyen agresión a la libertad de los demás, y en tanto que inducción no es constreñimiento, la Corte debe examinar si la configuración del delito de inducción a la prostitución, en principio admitida por el orden constitucional, afecta de manera ilegítima los derechos aludidos por el demandante, para lo que recurrirá al juicio de proporcionalidad, para determinar si la medida que implica la restricción de un derecho se encuentra justificada en términos constitucionales.]; Art. 213 : Exequible

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-379 de 2009

Sentencia de Control de Constitucionalidad de la Ley 1206 de 2008, "por medio de la cual se aprueban las "Enmiendas a la Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM", adoptadas mediante Resolución número 997 (LXXVI) del Consejo de la Organización Internacional para las Migraciones, aprobada en su 421ª Sesión, en Ginebra, Suiza, el 24 de noviembre de 1998" - [Resumen automatizado: Desde el punto de vista formal la Ley 1206 de 2008 cumplió el procedimiento legislativo previsto en la Carta Política y en la Ley 5ª de 1992, toda vez que conforme el artículo 154 CP, el proyecto de ley inició su trámite en el Senado; se respetaron los términos constitucionales de 8 y 15 días entre debates a que se refiere el artículo 160 CP; se dio cumplimiento a la obligación de realizar la publicación oficial por el Congreso del proyecto y de la ponencia antes de darle curso en la comisión respectiva, a que se refiere el numeral 1 del artículo 157 CP; las votaciones se dieron por mayoría o por unanimidad estando reunido el quórum requerido, conforme la exigencia constitucional y se cumplió el requisito del anuncio previo de que trata el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003. || En cuanto al cumplimiento de los requisitos de trámite que deben cumplir tanto el tratado como la ley aprobatoria, el Procurador General de la Nación afirma que éstos se cumplieron a cabalidad: Las enmiendas fueron adoptadas conforme al procedimiento previsto en la Constitución de la OIM, el Presidente impartió la aprobación ejecutiva, el proyecto inició el trámite por el Senado de la República, el proyecto de ley y las ponencias fueron publicados en la Gaceta del Congreso, los anuncios para votación se hicieron conforme al artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, la votación del proyecto se produjo en la sesión señalada en el anuncio previo, los términos entre debates se respetaron y el proyecto de ley aprobado fue sancionado dentro de los términos constitucionales.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-288 de 2009

[Resumen automatizado: La Corte encuentra que las disposiciones del Estatuto Migratorio Permanente entre Ecuador y Colombia, responde a múltiples compromisos adquiridos y armonizan plenamente con la Carta Política por cuanto tienden a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana en materia económica, social y cultural; realizan los imperativos constitucionales en relación con las zonas fronterizas que vienen a resultar beneficiadas y defienden los derechos de los extranjeros al regular de manera igualitaria bajo el concepto de dignidad humana, el tránsito y la permanencia de las personas entre los territorios colombo-ecuatoriano, con el objeto principal de buscar soluciones a la situación de los migrantes irregulares. || En desarrollo de dicho mandato constitucional, el despacho sustanciador mediante providencia del 31 de julio de 2008, dispuso: i) avocar el conocimiento del Estatuto Migratorio Permanente y de la ley aprobatoria, ii) decretar la práctica de algunas pruebas, iii) fijar en lista el asunto en revisión y simultáneamente correr traslado al Procurador General de la Nación para que rinda el concepto de rigor, iv) comunicar inmediatamente la iniciación del asunto al Presidente de la República; al Presidente del Congreso de la República; al Ministro del Interior y de Justicia; al Ministro de Relaciones Exteriores, al Ministro de Comercio, Industria y Turismo y al Ministro de la Protección Social, de conformidad con los artículos 244 de la Constitución y 11 del Decreto 2067 de 1991, y finalmente v) invitar a la Academia Colombiana de Jurisprudencia; Comisión Colombiana de Juristas; Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad DJS; y universidades Nacional, de los Andes, Externado de Colombia, Libre de Colombia, Javeriana, Santo Tomás y Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, para que aporten sus opiniones sobre el asunto de la referencia.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-195 de 2009

Revisión de constitucionalidad del "´Instrumento de Enmienda a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo´, adoptado en la octogésima quinta (85ª) reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra, el diecinueve (19) de junio de mil novecientos noventa y siete (1997)" y la Ley aprobatoria No. 1197 del 5 de junio de 2008. EXEQUIBLE. - [Resumen automatizado: Así, el examen formal comprende los siguientes presupuestos: i) la remisión oportuna del instrumento internacional y la ley aprobatoria, ii) la validez de la representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y celebración del tratado, como la competencia del funcionario que lo suscribió, iii) la iniciación del trámite en la cámara correspondiente, iv) las publicaciones efectuadas por el Congreso, v) la aprobación en primer y segundo debate respectivamente, vi) el cumplimiento de los términos que debe mediar para los debates en una y otra cámara, vii) el quórum deliberatorio y decisorio al igual que las mayorías con las que fue aprobado el proyecto, y viii) el anuncio previo a la votación.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-27 de 2009

Afiliación voluntaria de los extranjeros con contrato de trabajo en el país al Sistema General de Pensiones. Ley 100 de 1993, "por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones"; Art. 15 (parcial) (Mod. por la Ley 797 de 2003; Art. 3) : Fallo inhibitorio - [Resumen automatizado: Puntualizan las demandantes que el segmento acusado contradice el texto del mismo artículo 15 de la Ley 100 de 1993, de acuerdo con cuyo numeral 1º son afiliados al Sistema General de Pensiones, “en forma obligatoria, todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo”, motivo por el cual a los extranjeros vinculados mediante contrato de trabajo se les debería aplicar la misma regla, con independencia del tipo de seguridad social que el trabajador pueda tener en su país de origen. || Tras puntualizar que, pese a las modificaciones introducidas por el artículo 3º de la Ley 797 de 2003 en el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, el aparte demandado se mantuvo en su redacción original, las actoras señalan que al permitir la afiliación voluntaria al Sistema General de Pensiones de “los extranjeros que en virtud de un contrato de trabajo permanezcan en el país y no estén cubiertos por algún régimen de su país de origen o de cualquier otro”, el legislador desconoció el derecho a la igualdad establecido en el artículo 13 de la Carta, así como el carácter obligatorio del derecho a la seguridad social y los principios de universalidad y solidaridad que, según el artículo 48 de la codificación superior, orientan su prestación.]; Art. 3) : Fallo inhibitorio

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2008

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-1141 de 2008

¿La modalidad de protección a los trabajadores declarados incapaces permanentes parciales, consistente en el reconocimiento de una indemnización proporcional al daño sufrido y no el reconocimiento de una renta o pensión periódica, vulnera los artículos 5o. y 1o. de los Convenios 17 y 18 de la O.I.T., respectivamente? - ¿esta medida en cuestión se configura como regresiva frente a protección que antes de 1994 se otorgaba a las incapacidades entre el 20% y el 50% de pérdida de capacidad laboral, con el fin de establecer si se irrespeta el principio de progresividad y con ello los artículos 48 y 53 de la Constitución? La denominada cláusula de no retroceso supone que una vez logrados ciertos avances en la concreción de los derechos económicos, sociales y culturales en medidas de carácter legislativo o reglamentario, las condiciones preestablecidas no pueden ser desmejoradas sin el cumplimiento de una rigurosa carga justificativa por las autoridades competentes. La protección actual a los trabajadores incapacitados permanentes parciales comprende no sólo la indemnización proporcional a la disminución de la capacidad laboral causada por un accidente de trabajo o enfermedad profesional, sino también el derecho a conservar su puesto de trabajo. La legislación anterior, Art. 24 del Decreto 3170 de 1964, estipulaba sólo pensión. Ley 776 de 2002 - "por medio de la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales"; Art. 7, Inc. 1o. : Exequible. SV; - [Resumen automatizado: Así, mientras que al amparo de los artículos 23 y 24 del Decreto 3170 de 1964, los afiliados al Seguro Social recibían una pensión cuando eran declarados incapacitados por pérdida de la capacidad laboral entre el 20% y el 50%, la legislación actual dispone que los afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales, en el evento de la incapacidad entre el 5% y el 50%, no sólo tienen derecho a una indemnización, sino también a conservar vigente el vínculo laboral, lo cual supone que siguen recibiendo salario. || En suma, el demandante propone dos cargos a la Corte Constitucional: (i) la norma es presuntamente inconstitucional porque no cumple con lo dispuesto en los Convenios 17 y 18 de la O.I.T, en el sentido en que no otorga protección en forma de renta o pagos periódicos al incapacitado permanente parcial como víctima de accidente de trabajo o enfermedad profesional, sino que dispone el reconocimiento de una indemnización, es decir un solo pago; y (ii) la norma es supuestamente inconstitucional porque es regresiva en relación con la protección ofrecida hasta 1994 mediante el Decreto 3170 de 1964, que otorgaba al incapacitado entre el 20% y el 50% una pensión vitalicia, cuando la protección actual para dicha incapacidad es una indemnización.]; Art. 7, Inc. 1o. : Exequible. SV;

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-904 de 2008

Limitación de la procedencia del beneficio de sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario, por la detención en el lugar de residencia del imputado, o en un centro asistencial. Ley 1142 de 2007, "por medio la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2004 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana"; Art. 27, Par. (Modifica el Art. 316 de la Ley 906 de 2004) : Cosa juzgada. Exequibilidad condicionada - [Resumen automatizado: Encuentra la Sala que los cargos de inconstitucionalidad presentados contra el parágrafo del artículo 27 de la Ley 1142 de 2007 modificatorio del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, que fueron analizados y decididos en la Sentencia C-318 de 2008, y los aducidos en esta oportunidad, coinciden, y por tanto, con respecto a ellos operó el fenómeno de cosa juzgada constitucional, toda vez, que unos y otros se fundamentaron en el desconocimiento de la especial protección que le debe el Estado a ciertos sujetos, dentro de los cuales se encuentra la mujer en estado de embarazo o lactante, de lo cual se deriva una violación a los principios de dignidad humana, presunción de inocencia, de necesidad de la medida restrictiva de la libertad, de excepcionalidad de la detención preventiva y de igualdad.]; Art. 27, Par. (Modifica el Art. 316 de la Ley 906 de 2004) : Cosa juzgada. Exequibilidad condicionada

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-841 de 2008

Revisión oficiosa de la Ley 1165 de 2007 "Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación para la Prevención, Control y Represión del Lavado de Activos derivados de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Perú" hecho en Bogotá, D.C., el veinte (20) de febrero de dos mil cuatro (2004)". Decomiso. Intercambio de información financiera, comercial y cambiaria. Asistencia judicial. Levantamiento de la reserva bancaria, tributaria y bursátil. Exequible - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados, doctores Humberto Antonio Sierra Porto -quien la preside-, Jaime Araujo Rentería, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Mauricio González Cuervo, Marco Gerardo Monroy Cabra, Nilson Pinilla Pinilla, y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia en la revisión oficiosa de la Ley 1165 de 2007 “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación para la Prevención, Control y Represión del Lavado de Activos derivados de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Perú” hecho en Bogotá, D.C., el veinte (20) de febrero de dos mil cuatro (2004)”.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-798 de 2008

¿La tipificación del delito de inasistencia alimentaria, excluye de la protección al miembro más débil de la relación de pareja constituida por parejas del mismo sexo, en la medida que señala que "unicamente" se tendrá por compañero permanente al hombre y a la mujer que forman parte de la unión marital de hecho? Salvamento de voto: En materia penal no procede dictar una sentencia aditiva que amplíe el tipo penal, como quiera que es al legislador a quien compete la configuración de los elementos de los tipos penales. Ley 1181 de 2007, "por la cual se modifica el artículo 233 de la Ley 599 de 2000" Art. 1 (parcial) : INEXEQUIBLE. Condicionamiento: las expresiones "compañero" y compañera permanente" comprende también a los integrantes de parejas del mismo sexo - [Resumen automatizado: A su juicio, el parágrafo 1° del artículo 1° de la ley 1181 de 2007, al no incluir a las parejas homosexuales como destinatarias de la sanción por el incumplimiento de la obligación de alimentos, desconoce los derechos a la dignidad, a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, así como la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional al respecto, generando impactos negativos para una minoría, la comunidad homosexual en Colombia. || Tampoco parece necesario entonces acceder a la solicitud de Colombia Diversa, pues si el artículo 411-1 citado se refiere a los compañeros permanentes y éstos deben tener las mismas obligaciones y derechos patrimoniales con independencia de su orientación sexual o de si integran una pareja homosexual o heterosexual, pues está claro que tal norma se aplica a las parejas integradas por personas del mismo sexo cuando reúnan las condiciones exigidas por la ley para la integración de una unión marital de hecho.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-751 de 2008

Tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América-Modificaciones al trámite de patentes de productos farmacéuticos flexibilizan reglas del Acuerdo y garantizan la salud pública y del acceso a medicamentos: Colombia como Estados Unidos se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para tramitar de la manera más expedita posible las solicitudes de patentes y de aprobación de comercialización, a fin de evitar retrasos irrazonables, estableciéndose la obligación de las Partes de instituir los mecanismos de compensación por retrasos irrazonables, y en el caso de patentes relativas a productos farmacéuticos, el Protocolo flexibiliza las reglas fijadas por el Acuerdo de Promoción Comercial. La modificación introducida por el Protocolo expresamente señala que el capítulo 16 puede y debe ser interpretado y aplicado de manera que garantice el derecho de las Partes a proteger la salud pública y para promover el acceso a los medicamentos. Esta posibilidad garantiza la prevalencia del interés general en materia de salud pública y de acceso a medicamentos, lo cual a su vez, asegura que el titular de la patente cumpla con sus deberes sociales. Asimismo, reiterar la facultad que tiene cada Estado Parte de adoptar medidas en situaciones de crisis de salud pública y de conceder licencias obligatorias e importar medicamentos legítimamente introducidos en terceros países sin autorización del titular de la patente - [Resumen automatizado: Si bien el Protocolo no consagra expresamente la protección de este tipo de conocimiento en el capítulo 16, la referencia a los conocimientos tradicionales se encuentra expresamente consagrada en la Carta Adjunta del 22 de noviembre de 2006, sobre Entendimientos en materia de biodiversidad y conocimientos tradicionales que hace parte del Acuerdo de Promoción Comercial entre Colombia y los Estados Unidos, que en lo pertinente señala los Estados Parte reconocen la importancia de (i) "la obtención del consentimiento informado de la autoridad pertinente previamente al acceso a los recursos genéticos bajo el control de dicha autoridad;" (ii) "la distribución equitativa de los beneficios que se deriven del uso de los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos;" (iii) la promoción de la calidad del examen de las patentes para asegurar que las condiciones de patentabilidad sean satisfechas, y (iv) el acceso a los recursos genéticos o conocimientos tradicionales, así como la distribución equitativa de los beneficios que se puedan derivar del uso de esos recursos o conocimientos, pueden ser adecuadamente atendidos a través de contratos que reflejen términos mutuamente acordados entre usuarios y proveedores." Además, el Estado colombiano conserva sus facultades de intervención, sus potestades de regulación y sus deberes de protección, todos los cuales han de ser ejercidos de manera conforme con la Constitución.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-425 de 2008

¿Para modificar la Ley 906 de 2004, debió el legislador solicitar previamente el concepto de la Comisión de Seguimiento del Sistema Penal Acusatorio creada por el artículo 4º del Acto Legislativo No. 3 de 2002? - Facultades de la Comisión de Seguimiento del Sistema Penal Acusatorio. (ii) ¿El hecho de que la investigación deba iniciarse de oficio en delitos que la ley define como querellables, cuando se presenta la captura en flagrancia, viola la autonomía individual o el debido proceso penal (Art. 4)? (iii) ¿la garantía de la defensa material y técnica en el proceso penal, exige que no se pueda iniciar la investigación penal sin la presencia física del imputado (Art. 18. Par. 1o.)? - Señala la declaratoria de ausencia y la contumacia como dos excepciones válidamente admitidas en el ordenamiento superior que admiten la investigación y juzgamiento en ausencia del imputado o acusado. (iv) ¿Al autorizar la norma demandada que el fiscal efectúe la legalización de la captura y fuera del término máximo señalado en la Constitución, desconoce los artículos 28 y 250 superiores (Art. 18, Par. 3o.)? - Carácter perentorio del plazo a que hace referencia el artículo 28 de la CP. (v) ¿vulnera la presunción de inocencia del imputado, la regulación legal que autoriza decretar la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario cuando el aprehendido fue objeto de otra captura dentro del año anterior (Art. 26)? - Su finalidad es puramente procesal y asegurar el resultado exitoso del proceso penal. (vi) ¿puede la reincidencia ser tenida como criterio para excluir de subrogados y beneficios penales al sujeto activo del delito (Art. 32)?. La exclusión de beneficios y subrogados penales hace parte de la libertad de configuración normativa del legislador. Reincidencia como un factor objetivo que exige el cumplimiento total de la pena. Ley 1142 de 2007, "por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana"; La totalidad de la Ley 1142 : Exequible; Art. 4 (parcial) (Mod. el Art. 74 de la Ley 906 de 2004) : Exequible; Art. 18 (Mod. el Art, 289 de la Ley 906 de 2004) Par. 1 (parcial) : INEXEQUIBLE, el resto del Par. CONDICIONALMENTE exequible; Par. 3 : INEXEQUIBLE; Arts. 26 (Adic. el Art. 313 de la Ley 906) y 32 (Adic. el Art. 68A de la Ley 599): Exequibles; Art. 27 Par. 1o. : Estarse a lo resuelto. SV - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Humberto Antonio Sierra Porto -quien la preside-, Jaime Araujo Rentería, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Mauricio González Cuervo, Marco Gerardo Monroy Cabra, Nilson Pinilla Pinilla y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes, || En cuanto a los reproches formulados contra el artículo 4º (parcial) de la Ley 1142 de 2007, la Vista Fiscal refiere 4 argumentos con base en los cuales considera que la Corte debe declarar su exequibilidad, a saber: i) el carácter querellable del delito depende de la política criminal que determina el legislador dentro de su libertad de configuración normativa del debido proceso penal; ii) el hecho de que la acción se inicie de oficio no implica que sean inaplicables las figuras del desistimiento o los mecanismos de justicia restaurativa y, a pesar de que es cierto que no operaría la caducidad para la interposición de la querella, esta situación no afecta el debido proceso porque "ésta no es una prerrogativa constitucional ni mucho menos fundamental para el procesado"; iii) no existe derecho constitucional a iniciar la acción penal cuando se está frente a algunos delitos señalados por el legislador como querellables y, iv) es razonable que en situaciones de flagrancia se imponga el deber estatal de adelantar la acción penal para hacer respetar los derechos de la comunidad y la vigencia del orden justo.]; Art. 27 Par. 1o. : Estarse a lo resuelto. SV

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-318 de 2008

¿La previsión de limitar la procedencia del beneficio de sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario, por la detención en el lugar de residencia del imputado, o en un centro asistencial, vulnera la dignidad humana, la presunción de inocencia, la libertad personal, el principio de necesidad de la medida restrictiva de la libertad y la excepcionalidad de la detención preventiva;? ¿El precepto acusado vulnera el principio de igualdad, por crear una discriminación injustificada y desproporcionada entre los imputados de diversos delitos, con base en la adecuación típica de las conductas punibles?. Límites a la potestad de configuración del legislador en materia de medidas restrictivas de la libertad personal. La naturaleza fines de la medida de aseguramiento de detención preventiva domiciliaria. Ley 1142 de 2007, "por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana"; Art. 27, Par. (Modifica el Art. 314 de la Ley 906 de 2004) : CONDICIONALMENTE exequible. SV - [Resumen automatizado: La sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario, por la que se ejecuta en el lugar de residencia del imputado o acusado se aplica en atención a diversos criterios: (i) teleológico y de necesidad, por el que se justifica la sustitución en el cumplimiento de los fines propios de la medida de aseguramiento, esto es, en el principio de necesidad inferido a partir de valoraciones relativas a la suficiencia de la medida para la satisfacción de los fines que la misma debe cumplir en el caso particular, juicio que debe fundarse en datos empíricos como la vida personal, laboral, familiar o social del imputado; (ii) de especiales exigencias de protección, o discriminación positiva basados en exigencias constitucionales de protección reforzada en relación con determinados sujetos merecedores de especial protección, como por razones de edad del imputado (a) o acusado (a) mayor de 65 años concurrente con su personalidad, la naturaleza y modalidad del delito, de los que surge la conveniencia de su reclusión en el lugar de residencia, la proximidad del parto, que se aplica dos meses o menos antes del parto, y seis meses siguientes al nacimiento, el estado de grave enfermedad del imputado (a) o acusado (a), dictaminado por médicos oficiales, y la condición de madre o padre cabeza de familia que esté al cuidado de hijo menor, o que sufriere incapacidad permanente.]; Art. 27, Par. (Modifica el Art. 314 de la Ley 906 de 2004) : CONDICIONALMENTE exequible. SV

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-30 de 2008

¿Es inexequible esta ley, por haberse omitido en su expedición el requisito de la consulta previa a las comunidades indígenas y tribales previsto en el artículo 6º del Convenio 169 de la OIT? Ley 1021 de 2006, "por la cual se expide la Ley General Forestal"; Ley INEXEQUIBLE - [Resumen automatizado: Cuando se plantea un cargo por omisión del deber de consulta, sin que previamente se hayan establecido en el ordenamiento jurídico las reglas de procedimiento aplicables a dicha consulta cuando se trate de hacerla efectiva frente a medidas legislativas, no puede sostenerse que se está ante un vicio de procedimiento, puesto que, no puede la Corte “… prescribir como obligatorio un determinado procedimiento, que no ha sido previsto ni por la Constitución, ni por la Ley, para el trámite de proyectos normativos ante el Congreso de la República, … [y] escapa a la competencia de esta Corporación la creación de trámites que no contempla el ordenamiento positivo…”, no es menos cierto que no está clara la manera como el desconocimiento de un eventual derecho de consulta de las comunidades indígenas y tribales, previa a la adopción de una medida legislativa, afecta el contenido material de la correspondiente ley. || La Corte Constitucional ha puntualizado que, en cuanto hace a los pueblos indígenas y tribales, una de las formas de participación democrática previstas en la Carta es el derecho a la consulta, previsto de manera particular en los artículos 329 y 330 de la Constitución, que disponen la participación de las comunidades para la conformación de las entidades territoriales indígenas y para la explotación de los recursos naturales en sus territorios, y que tiene un reforzamiento en el Convenio número 169 de la OIT, aprobado por la Ley 21 de 1991, el cual está destinado a asegurar los derechos de los pueblos indígenas a su territorio y a la protección de sus valores culturales, sociales y económicos, como medio para asegurar su subsistencia como grupos humanos.]

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2007

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-931 de 2007

Ley 1017 de 2006, por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre blanqueo detección y confiscación de los productos de un delito", hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990. Exequible. Precisa alcance de los artículo 4, 14 y 17 y del término "confiscación". Salvamento de voto: Trámite. Vicio insubsanable- aprobada con la participación del representante elegido por la Circunscripción Internacional - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Doctores Jaime Córdoba Triviño - quien la preside -, Jaime Araujo Rentería, Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Mauricio González Cuervo, Marco Gerardo Monroy Cabra, Nilson Pinilla Pinilla, Humberto Sierra Porto y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia en la revisión oficiosa de la Ley 1017 de 2006, “Por medio de la cual se aprueba el 'Convenio sobre blanqueo, detección y confiscación de los productos de un delito', hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990”. || 3. Cada una de las Partes podrá adoptar aquellas medidas que considere necesarias para establecer también como delitos en virtud de su derecho interno todas o algunas de las acciones a que se refiere el apartado 1 de este artículo, en todos o algunos de los siguientes casos, cuando el delincuente: || 3. Cada una de las partes podrá, en el momento de la firma o de depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, mediante declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, declarara que el apartado 2 del presente artículo será de aplicación únicamente con sujeción a sus principios constitucionales y a los conceptos básicos de su sistema jurídico.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-858 de 2007

Ley 1112 de 2006, aprobatoria del "Convenio de Seguridad Social entre la República de Colombia y el Reino de España", hecho en Bogotá el 6 de septiembre de 2005.: Exequible. Salvamento de voto : vicio por falta de anuncio previo - [Resumen automatizado: Según certificación expedida por el Secretario de la Comisión Segunda del Senado de la República, el proyecto de ley 243 de 2006 fue anunciado, para ser discutido y aprobado en primer debate, así "Mayo 17 de 2006, según consta en el Acta No 001 de sesión conjunta de las comisiones segundas del senado y Cámara de esa fecha, publicada en la Gaceta No 333 del 1 de septiembre de 2006." || El Secretario Jurídico de la Presidencia de la República remitió a esta Corporación, el 17 de enero de 2007, copia de la Ley 1112 de 27 de diciembre de 2006 por medio de la cual se aprueba el "Convenio de Seguridad Social entre la República de Colombia y el Reino de España", hecho en Bogotá, el 6 de septiembre de 2005" para su control constitucional, de conformidad con el artículo 241 numeral 10 de la Constitución, es decir, dentro del término de los seis días que prevé el numeral 10° del artículo 241 de la Constitución Política.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-834 de 2007

¿Al establecer como destinatarios del sistema de protección social a los colombianos, el legislador incurrió o no en una inconstitucionalidad por omisión relativa, por desconocimiento de los derechos a la igualdad, el trabajo y la seguridad social de los extranjeros que residen en Colombia? Derechos fundamentales de los cuales son titulares los extranjeros en Colombia. Ley 789 de 2002, "por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo; Art. 1 : Exequible - [Resumen automatizado: Por una parte, se trata de un derecho irrenunciable de todas las personas, que adquiere el carácter de fundamental por conexidad, cuando resulten afectados derechos tales como la salud, la vida digna y la integridad física y moral, entre otros; por otra, es un servicio público, de carácter obligatorio, que pueden prestar las entidades públicas o privadas, según lo establezca la ley, bajo la dirección, coordinación y control del Estado y con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. || El concepto de “protección social” que manejó el Congreso de la República en la Ley 789 de 2002 resulta ser distinto de aquel de “seguridad social”, por cuanto, aquél es simplemente un conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente de los más desprotegidos, para obtener como mínimo los derechos a la salud, la pensión y al trabajo; por el contrario, la seguridad social es, a su vez, un servicio público, y un derecho irrenunciable de toda persona, que adquiere el carácter de fundamental por conexidad, cuando resulten afectados derechos tales como la salud, la vida digna y la integridad física y moral, entre otros, y al mencionar a los colombianos como destinatarios de un sistema de protección social el legislador no discriminó a los extranjeros, ni les vulneró sus derechos al trabajo y a la seguridad social.]; Art. 1 : Exequible

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-311 de 2007

¿La restricción consagrada en el artículo 422 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 14 de la Ley 584 de 2000, en cuanto a que personas extranjeras no puedan conformar mayoritariamente comités ejecutivos y-o juntas directivas de organizaciones sindicales de segundo o tercer grado, desconoce los mandatos de los artículos 1º, 2º, 13, 39, 70 y 100 de la Constitución Política y en particular, si ello constituye una discriminación por motivos de origen nacional y un desconocimiento del derecho de asociación sindical? Significado y alcance del derecho de asociación sindical. Incidencia de la nacionalidad en el ejercicio de este derecho. Restricción a los derechos de los extranjeros. Condiciones para su establecimiento según la jurisprudencia. Código Sustantivo del Trabajo; Arts. 388 y 422 (parciales): INEXEQUIBLES - [Resumen automatizado: La medida consistente en prohibir que los extranjeros puedan conformar en mayoría, los comités ejecutivos y juntas directivas de las federaciones o confederaciones sindicales, discrimina sin razón válida, pues unos empleados, los colombianos, pueden ejercer a plenitud el derecho a la asociación sindical y en cambio quienes igualmente son trabajadores, pero con distinta nacionalidad, están privados de gozar una parte de esa misma garantía laboral. || S. T., modificado por el 14 de la Ley 584 de 2000, no se funda en una justificación objetiva y razonable, sino en el origen nacional del trabajador afiliado a dichas organizaciones de segundo y tercer grado, situación que está expresamente proscrita no sólo por la citada norma superior sino también por el artículo 39 ibídem, en concordancia con lo establecido en los instrumentos internacionales, de acuerdo con los cuales para poder gozar del derecho de asociación sindical es indiferente el origen nacional de las personas, pues lo relevante es que se trate de trabajadores.]; Arts. 388 y 422 (parciales): INEXEQUIBLES

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2006

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-370 de 2006

"Ley de justicia y paz". Ley 975 de 2005, Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2, 3, 5, 9, 10, 11.5, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 37 numerales 5 y 7, 46, 47, 48, 54, 55, 58, 62, 69, 70 y 71, y contra la ley en su integridad. El contenido de los derechos a la paz, la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional colombiano. Juicio de proporcionalidad. Inconstitucionalidad de la tipificación del paramilitarismo como sedición. Derechos de las víctimas. Desmovilizados. Amnistía o indulto general - [Resumen automatizado: Teniendo en cuenta la ambigüedad e incertidumbre que la expresión demandada introduce en la norma que se revisa, generando múltiples interpretaciones en un aspecto de relevancia constitucional como es el derecho de las víctimas a la verdad, en evidente conexidad con el derecho a la justicia, procederá la Corte a condicionar el contenido de la disposición en el sentido que la expresión “y en los términos establecidos en el Código de Procedimiento Penal” del numeral 38.5 del artículo 37, alude al artículo 30 de la Ley 600 de 2000 que regula “el acceso al expediente y el aporte de pruebas por el perjudicado”, siempre y cuando se interprete de acuerdo con la exequibilidad condicionada de esta norma declarada mediante sentencia C- 228 de 2002, en virtud de la cual, la víctima o los perjudicados pueden acceder directamente al expediente desde su iniciación, para ejercer los derechos a la verdad, justicia y reparación.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-241 de 2006

Revisión oficiosa de la Ley 968 de 2005 “Por medio de la cual se aprueba el estatuto migratorio permanente entre Colombia y Ecuador, Firmado en Bogotá, el veinticuatro (24) de agosto de dos mil (2000) - [Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Doctores Manuel José Cepeda Espinosa - quien la preside -, Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia en la revisión oficiosa de la Ley 968 de 2005 “Por medio de la cual se aprueba el estatuto migratorio permanente entre Colombia y Ecuador, Firmado en Bogotá, el veinticuatro (24) de agosto de dos mil (2000)”. || Una vez descrito el trámite adelantado para la aprobación de la ley de la referencia, la Sala entrará a analizar, en particular, si los anuncios de las votaciones se surtieron de conformidad con lo señalado por el Acto Legislativo 01 de 2003 según el cual “Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado.]

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2005

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-1188 de 2005

¿El establecimiento de una edad mínima del trabajador para poder afiliarse a un sindicato, configura una vulneración del derecho fundamental de asociación sindical? CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Art. 383 - CONDICIONALMENTE exequible - [Resumen automatizado: El actor funda su demanda en la necesidad de la protección del concepto de Estado Social de Derecho, en tanto la norma acusada deja sin regulación la situación laboral de los menores de 14 años que en observancia de las circunstancias excepcionales, las autoridades competentes les acreditan para trabajar bajo unas condiciones mínimas, específicas e irrenunciables y sin embargo, dichos niños trabajadores no tienen el derecho de afiliarse a los sindicatos. || Sostiene que en esta hipótesis, esto es, la de los trabajadores menores de 14 años y mayores de 12 años que se encuentren cumpliendo tanto los requisitos de las edades mínimas y todas las demás condiciones previstas en los Convenios No. 138 y 182 de la OIT, éstos puedan igualmente ejercer su derecho de libre asociación sindical, pensada ésta afiliación como una forma de reforzar las garantías de protección frente a ese menor trabajador. || Solicita el señor Procurador declarar la “exequibilidad condicionada” del artículo 383 del Código Sustantivo del Trabajo, bajo el entendido que en aquellas hipótesis eventuales, es decir, la de los trabajadores menores de catorce (14) y mayores de 12 años que se encuentren cumpliendo tanto con los requisitos de las edades mínimas y todas las demás condiciones previstas en los convenios No. 138 y 182 de la OIT, puedan igualmente ejercer su derecho de libre asociación sindical.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-851 de 2005

[Resumen automatizado: La Unidad de Información y Análisis Financiero debe comunicar “a las autoridades competentes y a las entidades legitimadas para ejercitar la acción de extinción del dominio cualquier información pertinente dentro del marco de la lucha integral contra el lavado de activos y otras actividades delictivas.” Además de esta obligación, las entidades financieras también deberán reportar de forma inmediata y suficiente la información obtenida del seguimiento a las transacciones sospechosas cuando así lo soliciten los directores regionales o seccionales de la Fiscalía General de la Nación. || Por lo tanto, corresponde a la Corte en este caso establecer, si al prever las normas demandadas que las instituciones vigiladas por la Superintendencia Bancaria y la Superintendencia de Valores, sus directivos y empleados que han suministrado información sobre operaciones sospechosas de configurar el delito de lavado de activos a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), no tendrán ningún tipo de responsabilidad y contemplar que aquellos deben guardar reserva sobre dichas operaciones, vulnera el orden justo, el debido proceso, el derecho de petición, el buen nombre y el derecho de habeas data de las perdonas involucradas en dichas operaciones.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-820 de 2005

¿La cuantía de la pena de multa establecida para los delitos de tráfico de migrantes y trata de personas, en salarios mínimos legales mensuales "vigentes al momento de la sentencia condenatoria", desconocen los principios de legalidad y de favorabilidad contenidos en el Art. 29 de la Constitución Política y los convenios internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, por cuanto dicha multa ha debido sujetarse a la cuantía de dicho salario al momento de la comisión del delito? El principio de legalidad de la pena. El principio de favorabilidad penal. La pena de multa en la jurisprudencia constitucional y la necesidad de que los elementos esenciales deban estar determinados en una ley previa. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 188, parcial, (modificado por el artículo 1 de la Ley 747 de 2002) y 188 A, parcial, (artículo nuevo adicionado por el artículo 2 de la Ley 747 de 2002), de la Ley 599 de 2000 - EXEQUIBLES por los cargos analizados - [Resumen automatizado: No se desconoce el principio de legalidad de la pena, ni mucho menos se está frente a la violación del principio de favorabilidad penal como tampoco de los tratados internacionales que contienen estos principios y que hacen parte del bloque de constitucionalidad, ya que la multa establecida que se impondrá en el momento de la sentencia condenatoria, como toda sanción pecuniaria en sus elementos esenciales se encuentran determinados en una ley previa por lo que la persona sabe con antelación a la comisión de la conducta punible a qué atenerse, y que al tratarse de concretar sumas de dineros éstas deben actualizarse con el tiempo, con lo cual, el legislador ha encontrado una formula, en el contexto del Código Penal, de mantener la pena de multa actualizada, que atiende a los salarios mínimos legales mensuales vigentes. || En efecto, los demandantes consideran que las expresiones acusadas vulneran el inciso segundo del artículo 29 de la Constitución, que señala “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”, al no aplicarse la ley preexistente al acto que se imputa, es decir, la ley vigente a la comisión de la conducta punible, respecto de lo cual añaden que siendo la multa una pena principal debe respetar el principio de legalidad.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-401 de 2005

Al incluirse la expresión "los Convenios" dentro de las normas de aplicación supletoria cuando no haya "norma exactamente aplicable al caso controvertido" (Art. 19 del C.S.T ) ¿desconoce el carácter obligatorio de los Convenios de la OIT suscritos por Colombia? La evolución de la jurisprudencia constitucional acerca del valor de los convenios internacionales del trabajo en el ordenamiento jurídico colombiano. Los convenios internacionales del trabajo y el bloque de constitucionalidad en Colombia. El carácter normativo obligatorio de los convenios de la OIT ratificados por Colombia impide que sean considerados como parámetros supletorios ante vacíos en las leyes. Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 19 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo. Fallo condicionado - [Resumen automatizado: Lo anterior le sirve de sustento para solicitar que, en relación con el artículo 19 acusado, se declare la inconstitucionalidad “no sólo de la expresión los “convenios” citada en la corrección a la demanda, sino también [de la expresión] las “recomendaciones adoptadas por la organización y las conferencias internacionales del trabajo”, puesto que estas últimas no entran en la esfera de lo ratificable, por mandato de la misma OIT, del Derecho Internacional Público, así como tampoco estimamos de recibo mantener un texto legislativo en lo sustantivo laboral que relegue a la condición de aplicación supletoria los tratados, convenios, pactos y diversos documentos sociales y laborales ratificados por Colombia.” || Expone que, al tenor del artículo 53 de la Constitución, “los Convenios Internacionales del Trabajo, debidamente ratificados por el Gobierno colombiano, pasan a integrar el bloque de constitucionalidad, y, en esa medida, hacen parte integrante de la misma, es decir, adquieren carácter superior, que no puede ser desconocido por una ley ordinaria, menos dejándolos como de aplicación supletoria para cuando no haya norma exactamente aplicable al caso controvertido.”]

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2004

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-279 de 2004

Revisión oficiosa de la Ley 826 del 10 de julio de 2003 "Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Seguridad Social entre la República de Colombia y la República Oriental del Uruguay", hecho en Santafé de Bogotá, D. C., el 17 de febrero de 1998

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2002

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-802 de 2002

Facultades legislativas del Presidente de la República de origen constitucional. En relación con las facultades otorgadas al Presidente durante el estado de conmoción interior, el constituyente 1) determinó el espacio físico en el que puede declararse, indicando que procedía en todo el territorio nacional o en una parte de él; 2) señaló él término durante el cual podía estar vigente la declaratoria, limitándolo a 90 días prorrogables por dos períodos iguales y sometiendo la última prórroga al concepto previo y favorable del Senado de la República; 3) indicó que las facultades conferidas eran las estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación del orden público e impedir la extensión de sus efectos y 4) habilitó al Presidente para dictar decretos legislativos, que pueden suspender las leyes incompatibles con el estado de conmoción interior, que dejan de regir tan pronto se declare restablecido el orden público pero cuya vigencia se puede prorrogar hasta por 90 días más con autorización del Senado. Revisión constitucional del Decreto Legislativo 1837 de 11 de agosto de 2002 "Por el cual se declara el Estado de Conmoción Interior - [Resumen automatizado: Luego de transcribir apartes de algunas sentencias proferidas por la Corte, concluye que las motivaciones del Decreto por el cual se declara el Estado de Conmoción Interior aluden al incremento de hechos de violencia por parte de las agrupaciones u organizaciones terroristas, pero agrega que a pesar de ser graves y perturbadoras del orden público, "son patologías sociales bastante arraigadas y por ende no nuevas, ni coyunturales, ni sobrevinientes; en principio no amenazan extinguir de manera inminente la estabilidad institucional, la seguridad estatal o la convivencia ciudadana, y por tanto para erradicarlas se necesita darles un tratamiento no excepcional sino ordinario de conformidad con las herramientas que la misma Carta traza para tales fines" (subrayado y negrilla del texto original).]

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2000

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-288 de 2000

Sentencia de Control de Constitucionalidad de la Ley 521 de 1999, "por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo sobre planificación de asentamientos humanos en los pasos de frontera entre la República de Colombia y la República del Ecuador", firmado en Santa Fe de Bogotá el diecisiete (17) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1996)" - [Resumen automatizado: Revisión constitucional del "Acuerdo de Planificación de Asentamientos Humanos en los Pasos de Frontera entre la República de Colombia y el Gobierno del Ecuador" firmado en Santafé de Bogotá, D.C., el diecisiete (17) de diciembre de 1996 y de la Ley Nº 521 del 4 de agosto de 1999, por medio de la cual se aprueba dicho Acuerdo. || En cumplimiento de lo previsto en el artículo 241-10 de la Carta, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remitió el día seis (6) de agosto de 1999, a esta Corporación, la Ley 521 del 4 de agosto de 1999, "Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Planificación de Asentamientos Humanos en los Pasos de Frontera entre la República de Colombia y el Gobierno del Ecuador" firmado en Santafé de Bogotá, el diecisiete (17) de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996), proceso que fue radicado con el No L.A.T. 157. || ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el "Acuerdo de Planificación de Asentamientos Humanos en los Pasos de Frontera entre la República de Colombia y el Gobierno del Ecuador" firmado en Santafé de Bogotá, D.C., el diecisiete (17) de diciembre de 1996, que por el artículo primero de esta Ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.]

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-125 de 2000

Revisión oficiosa de la Ley 516 de 1999 "por la cual se aprueba el Código Iberoamericano de Seguridad Social, acordado por unanimidad en la reunión de ministros, máximos responsables de seguridad social de los países iberoamericanos, celebrada en Madrid (España), los días dieciocho (18) y diecinueve (19) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995) y del Tratado mismo. Código Iberoamericano de Seguridad Social, Suscripción y trámite. Seguridad Social, doble connotación - [Resumen automatizado: Los Estados que ratifiquen el tratado asumen la responsabilidad indeclinable de establecer medidas de protección social tendentes a garantizar a la población dicho derecho, cualquiera sea el modelo institucional, de gestión y financiero de cada país, de acuerdo con sus propias circunstancias históricas, políticas, económicas y sociales (art. || En un Estado social de derecho como el nuestro, la seguridad social adquiere una trascendental importancia pues con ella se busca no sólo la protección de la persona humana, cualquiera que sea su sexo, raza, edad, condición social, etc., sino también contribuir a su desarrollo y bienestar, con especial énfasis a las personas marginadas y a las de los sectores más vulnerables de la población para que puedan lograr su integración social. || En un Estado social de derecho como el nuestro, la seguridad social adquiere una trascendental importancia pues con ella se busca no sólo la protección de la persona humana, cualquiera que sea su sexo, raza, edad, condición social, etc., sino también contribuir a su desarrollo y bienestar, con especial énfasis a las personas marginadas y a las de los sectores más vulnerables de la población para que puedan lograr su integración social.]

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1995

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-106 de 1995

[Resumen automatizado: La exequibilidad de los artículos 15, 46 y 47 de la "Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares", aprobada mediante la Ley 146 de 1994, se declara bajo el entendido de que el Estado colombiano mantiene su derecho de dictar normas tributarias, cambiarias y monetarias que establezcan un trato igual entre trabajadores migratorios y sus familias y los nacionales, para la importación y exportación de bienes de uso personal, enseres domésticos, transferencia de ingresos y ahorros hacia el exterior, así como para proceder a la expropiación por razones de equidad y a la extinción del dominio en los eventos previstos en el artículo 34 de la CP. || Los Estados Partes se comprometerán, de conformidad con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, a respetar y asegurar a todos los trabajadores migratorios y sus familiares que se hallen dentro de su territorio o sometidos a su jurisdicción los derechos previstos en la presente Convención, sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición.]

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1994

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-408 de 1994

Incentivos para un mejor servicio, provisión de los servicios de salud - Acción de inconstitucionalidad contra la Ley 100 de 1993 y contra los artículos de la misma: 11, 13 literal d), 14, 17, 18 párrafo 3o., 20, 29, 44, 48, 53, 60 literal c, 161, 168, 194 a 197, 204, 236, 242 (parcial), 273, 279 (parcial) y 288 - [Resumen automatizado: El Sistema General de Pensiones, con las excepciones previstas en el artículo 279 de la presente ley, se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional, conservando adicionalmente todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores para quienes a la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, del Instituto de Seguros Sociales y del sector privado en general. || PARAGRAFO.- Las personas a que se refiere el numeral segundo del presente artículo podrán afiliarse al régimen por intermedio de sus agremiaciones o asociaciones, de acuerdo con la reglamentación que para tal efecto se expida dentro de los tres meses siguientes a la vigencia de esta ley. || h. Tendrán derecho al reconocimiento de bonos pensionales los afiliados al Régimen que hayan efectuado aportes o cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales, o a las cajas, fondos o entidades del sector público, o prestado servicios como servidores públicos, o trabajado en empresas que tienen a su exclusivo cargo las pensiones de sus trabajadores y trasladen la parte proporcional del cálculo actuarial correspondiente.]

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1993

Sentencia de Control de Constitucionalidad C-530 de 1993

Demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto No. 2762 de 1991; Derecho al trabajo, límites - [Resumen automatizado: El Decreto estudiado establece un régimen especial, que en algunas de sus disposiciones consagra facultades discrecionales para la Junta Directiva de la Oficina de Control de Circulación y Residencia del Departamento Archipiélago, las cuales deben ser ejercidas de manera razonable y no arbitraria, como por ejemplo la calificación de la "buena conducta" de las personas y aún la calificación de su "solvencia económica". || Art. 4º El derecho de residencia a que se refieren los artículos anteriores de este decreto, confiere la facultad de domiciliarse en una de las Islas que conforman el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. || El Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina sostiene que no se "viola la igualdad de las personas ante la ley, antes por el contrario, su aplicación es el resultado de la adopción de medidas que debió tomar el Estado, desde hace ya mucho tiempo, para la protección de un grupo discriminado y marginado de nacionales colombianos: las comunidades nativas y raizales, quienes con la inmigración constante de personas de otros territorios, han visto disminuidas sus oportunidades de trabajo, de superación, de estudio y de autorealización como entidad étnica, lingüística, cultural e históricamente diferente a las demás comunidades del país".]

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