CE AP E 66001233300020160052202(AP) de 2020
El Consejo de Estado determinó que el municipio de La Celia también debe cumplir las órdenes judiciales que se le impusieron a Risaralda, al Ministerio de Justicia y a las autoridades carcelarias para poner fin al hacinamiento que se vive en las penitenciarías de este departamento. La demanda la interpuso la Defensoría Regional de Risaralda, con el fin de que el juez popular ordenara medidas de su competencia para construir un centro de reclusión para personas cobijadas con medida de aseguramiento preventivo, ya que la población no cuenta con uno. El Consejo de Estado no determinó que fuera estrictamente necesaria la construcción de una penitenciaría en esta población, le ordenó al municipio contribuir al cumplimiento del fallo ya reseñado, que obliga al departamento y a las autoridades carcelarias tomar medidas contra el hacinamiento carcelario. Así las cosas, ante la evidencia sobre el alto porcentaje de personas detenidas preventivamente en las cárceles de Pereira y Santa Rosa de Cabal con respecto a los condenados, que La Celia no cuenta con un penal para cumplir medidas de detención preventiva y que no se acreditó gestión del municipio al respecto, la alta corte concluyó que el ente territorial sí está desconociendo los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas y al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública
