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Corte Constitucional - Revisión de Tutela

Contiene corte constitucional - autos y sentencias expedidas por la entidad seleccionada, organizadas por orden cronológico.

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Revisión de Tutela

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2022

Sentencia de Revisión de Tutela T-300 de 2022

Atencion en Urgencias de Migrantes Irregulares puede incluir tratamiento para enfermedades catastróficas - [Resumen automatizado: La entidad accionada precisó que en el caso “de no estar afiliado al sistema y no tener capacidad de pago, se le debe garantizar la atención mínima de forma obligatoria en cuanto a las urgencias vitales que se presenten.” Señaló que “[e]l Estado colombiano sólo le reconoce el derecho al mínimo vital y el acceso a la tutela cuando su vida se puede ver realmente lesionada.” Indicó que un paciente de nacionalidad extranjera “debe realizar los correspondientes trámites de afiliación al sistema de seguridad social en salud manifestando su condición como extranjero y la falta de recursos para acceder al sistema privado de salud”. || Agregó que “la accionante tiene unos derechos, ellos están materializados en la prestación del Servicio Inicial de Urgencias, que requiera”, por lo que, conforme a las pruebas allegadas, en ningún momento se le ha negado dicha prestación.” Sin embargo, señaló que la señora JDCMR “tiene unos deberes para con el Estado, siendo indispensable contar con un documento de identidad valido en el País, en aras de proceder son su regularización y posterior afiliación al Sistema de Seguridad Social.” Señaló que según las pruebas del expediente, la accionante ha recibido la atención inicial de urgencias, pero “a la fecha no se puede proceder a realizar la identificación de la persona, para establecer su situación socio económica y con ello, proceder a su afiliación a salud en Régimen Subsidiado, o en su defecto realizar la afiliación de Oficio de que Trata el Decreto 064 de 2020.” En suma, solicitó negar el amparó.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-244 de 2022

Corte Constitucional reviso negativa de controles prenatales gratis a extranjeras - [Resumen automatizado: El 18 de junio de 2019, la señora Ligimar Alejandra Rodríguez Polanco, de nacionalidad venezolana, en nombre propio, presentó solicitud de tutela en contra de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, la Secretaría de Salud Departamental de La Guajira y la E.S.E. Hospital San Rafael de Albania, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la vida, la salud, la seguridad social y la dignidad humana, por considerar que las entidades accionadas no han querido autorizar el permiso especial de permanencia (en adelante "PEP"), los controles prenatales ni el suministro de vitaminas ordenados por el médico tratante. || El 22 de abril de 2019, la señora Vanesa Carolina Viloria Viloria, de nacionalidad venezolana, en nombre propio, presentó solicitud de tutela en contra de la Secretaría de Salud del Meta, la Secretaría de Salud de Villavicencio, la Oficina SISBEN Villavicencio, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la vida, la salud, la dignidad humana, el mínimo vital, la igualdad, la integridad física y la seguridad social tanto de ella como de su hijo que está por nacer[75], presuntamente vulnerados por las entidades demandadas.]

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2021

Sentencia de Revisión de Tutela T-182 de 2021

La normativa de excepción que ordena aplazar los procesos de selección no es aplicable a los concursos para elegir personeros. "[E]l accionante fue el único que superó la prueba de conocimientos. De acuerdo con el cronograma una vez superada tal etapa procedía la realización de la entrevista. El Concejo no fundamentó adecuadamente la decisión de suspender la realización de la entrevista, dado que invocó una disposición que no le era aplicable. El artículo 14 del Decreto Legislativo 491 de 2020 hacía referencia a los concursos que buscan proveer empleos de carrera administrativa del régimen general, especial constitucional o específico, que se encuentren en la etapa de reclutamiento o de aplicación de pruebas. A su vez los personeros no son servidores públicos de carrera -sentencia C-105 de 2013-… [El juez de segunda instancia] "tuteló" el derecho al debido proceso del actor sin indicar expresamente las órdenes para hacer efectiva la protección de su derecho… [D]icha autoridad -en una dirección opuesta a lo solicitado por el accionante- dispuso reiniciar el concurso aduciendo que el trámite adelantado se encontraba afectado por algunas irregularidades…, [lo cual] impone definir el modo en que debe proceder teniendo en cuenta que ya tuvo lugar un nuevo concurso… [E]l modo de articular los derechos e intereses en juego darían lugar a que la Corte… ordenara la invalidación del segundo concurso desde la etapa siguiente a la realización de la prueba de conocimientos; y dispusiera que desde esa etapa se agoten los trámites restantes del concurso garantizando la participación del accionante, del personero nombrado y de todos los concursantes que superaron dicha prueba de conocimientos en la segunda convocatoria para respetar los derechos de todos los terceros de buena fe… No obstante…, el escenario actual no impone adoptar las ordenes indicadas…, máxime cuando el accionante de manera voluntaria decidió participar y someterse a las reglas de esa segunda convocatoria. Por ello la Corte dispondrá confirmar la decisión de segunda instancia, por las razones y con el alcance indicado en esta sentencia" - [Resumen automatizado: El 13 de abril del año en curso, el señor Luis Alberto Gutiérrez Peñaranda allegó escrito indicando que (i) el Concejo Municipal del Cerro de San Antonio, mediante Resolución número 001 del 19 de diciembre de 2019 convocó a concurso público para proveer el cargo de Personero municipal de ese municipio, periodo 2020-2024; (ii) el señor Carlos Mario Rojas fue el único que superó la prueba de conocimientos con un puntaje de 70 puntos, luego de realizar reclamación administrativa de dicha prueba; (iii) como consecuencia de lo anterior fue el único concursante que quedó habilitado para continuar en las demás etapas; (iv) dicho concurso ha sido cuestionado "por muchos de sus participantes" por cuanto el acto administrativo de la convocatoria -Resolución número 001 del 19 de diciembre de 2019- no cumplió con los estándares mínimos a los que deben someterse los mismos. || En el caso concreto, la Sala advierte los siguientes hechos relevantes: (i) la actuación administrativa cuestionada por el accionante es de trámite por cuanto no crea, modifica o extingue una situación jurídica concreta, esto es, no decide una cuestión de fondo ni pone fin al proceso de selección de personero[68]; (ii) la decisión fue adoptada por el Concejo con el fin de suspender el concurso con fundamento en el artículo 14 del Decreto 491 de 2020 que aplazaba los procesos de selección para proveer empleos de carrera; y, (iii) con base en ello, se abstuvo de realizar la entrevista al actor como único participante que superó la prueba de conocimientos.]

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2020

Sentencia de Revisión de Tutela T-272 de 2020

¿Se vulneran los derechos al mínimo vital, la vida digna y la seguridad social de un peticionario, al negarle el reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez por hijo en situación de discapacidad, bajo el argumento de que no demuestra su calidad de padre cabeza de familia por tener estado civil de casado? Esta Corte, se ha pronunciado acerca de esta modalidad pensional. En una de las últimas decisiones, se reiteraron los requisitos establecidos para su reconocimiento: i) que la madre o el padre de familia del cual depende el hijo en situación de discapacidad (menor o adulto), haya cotizado el mínimo de semanas legalmente exigidas para obtener la prestación, es decir, 1300 semanas para los casos posteriores al año 2015, independientemente del régimen al que se encuentre afiliado; ii) que la discapacidad mental o física del hijo haya sido debidamente calificada; y iii) que el hijo en situación de discapacidad dependa de la madre o padre afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, precisando que dicha sujeción debe ser de tipo económico, no siendo suficiente la sola necesidad afectiva o psicológica de contar con la presencia, cariño y acompañamiento de quien pretende la prestación. Justifica el deber constitucional de proteger especialmente el derecho a la seguridad social de la madre o el padre trabajadores que tienen a su cargo hijos en situación de discapacidad, toda vez que de ellos depende la garantía efectiva de los derechos fundamentales propios y del núcleo familiar que está bajo su responsabilidad. Se pretende de manera prevalente amparar los derechos fundamentales de la persona que se encuentra en situación de discapacidad, y que, por lo mismo, es sujeto de especial protección constitucional - [Resumen automatizado: 1. El 17 de julio de 2019, el señor Gustavo Vergel Ramos, obrando a través de apoderada judicial, interpuso acción de tutela[1] para que se ampararan sus derechos fundamentales al mínimo vital, la vida digna y la seguridad social, que en su sentir fueron vulnerados por Colpensiones al negar el reconocimiento de la pensión especial de vejez por tener a cargo un hijo en condición de discapacidad, no obstante cumplir con los requisitos previstos en el inciso 2º del parágrafo 4º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003. || Por su parte, el señor Gustavo Vergel Ramos cuenta con 59 años de edad[6] y aunque trabajaba con la firma Bandas & Correas en la ciudad de Cartagena, donde reside la familia, dicha empresa le notificó la terminación del contrato de trabajo el 24 de noviembre de 2016[7], momento desde el cual no ha podido emplearse nuevamente ni suministrar los medicamentos que requiere su hijo, ya que no se encuentran en el PBS y son altamente costosos, lo que generó la acción de tutela en contra de la EPS Coomeva subsidiada para la entrega de los mismos y la atención requerida.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-124 de 2020

Accesibilidad de personas en situación de discapacidad y servicio de transporte escolar. El amparo judicial de la prestación de transporte escolar con acompañamiento para garantizar la accesibilidad de personas mayores de edad en situación de discapacidad al sistema educativo solo procede de manera excepcional, esto es, ante afectaciones manifiestamente irrazonables y desproporcionadas de los derechos a la educación y a la dignidad humana del accionante, esta última, en su dimensión de integridad física y mental. La irrazonabilidad en estos casos se acredita siempre que el accionante: i) Esté inscrito en un programa de educación creado y dispuesto por la administración; ii) Presente afectaciones severas o extremas en sus capacidades motrices que le impiden su desplazamiento; iii) Cuente con concepto especializado mediante el cual se evidencia la necesidad del servicio de transporte; iv) Se encuentre en situación de vulnerabilidad socioeconómica extrema; v) Habida cuenta de la interseccionalidad de su vulnerabilidad, deba ser destinatario de políticas públicas multisectoriales, y, por último, vi) Carece de otra alternativa disponible para acceder al programa educativo. La desproporcionalidad en estos casos se demuestra siempre que la afectación de los derechos a la educación y a la dignidad humana del accionante sea más intensa que la satisfacción de los principios constitucionales de autonomía de las entidades territoriales y sostenibilidad fiscal - [Resumen automatizado: De ser procedente, será necesario determinar si las entidades accionadas y vinculadas vulneraron los derechos de Anyi Zuleimi y Karen Liliana Rivas Moreno a la vida digna, a la salud y a la educación inclusiva, por no prestarles el servicio de transporte con acompañamiento (ida y vuelta) desde su residencia hasta (i) Asodisvalle, donde están inscritas en un programa de educación informal, y (ii) los centros médicos en los que se les practica “otros procedimientos”, a saber, “médicos, terapéuticos y de rehabilitación”. || Lo anterior, habida cuenta de que se constata: (i) la identidad de partes, por cuanto dicha acción de tutela fue presentada por Ana Lucía Moreno Rivas, en representación de sus hijas Karen Liliana y Anyi Zuleimi Rivas Moreno, en contra de EMSSANAR EPS ESS, entidad que presta los servicios de salud a las accionantes; (ii) la identidad de objeto, por cuanto también perseguía, entre otras, el servicio de transporte con acompañamiento desde su residencia hasta los centros médicos en los que se les lleva a cabo sus procedimientos médicos, terapéuticos y de rehabilitación; y (iii) la identidad de causa, toda vez que la pretensión se sustenta en los mismos elementos fácticos[88].]

Sentencia de Revisión de Tutela T-64 de 2020

¿La decisión de las accionadas, en el sentido de no entregar a la señora xxx a los tutelantes, a quienes aseguran tener un vínculo de familiar con la misma, comporta para esta última una vulneración de sus derechos fundamentales de la tercera edad, a la igualdad, a la integridad personal, a la dignidad humana, a la libertad personal, a la salud y a la familia? - [Resumen automatizado: En 2014, la madre del accionante solicitó nuevamente a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional el reconocimiento a favor de Geovanny José Ochoa Ruiz de su cuota en la sustitución de la asignación de retiro de la que gozaba su padre con fundamento en el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander que determinó un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 55,45 %, sobre la base de que dicho dictamen acreditaba la condición de invalidez del hijo del agente y su derecho al reconocimiento pensional correspondiente[11]. || Por todo lo anterior, la señora Ruiz interpuso acción de tutela por la presunta violación de los derechos fundamentales de su hijo al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad social e integridad personal y solicitó que se ordenara a la Dirección de Sanidad, Seccional Santander que lo afiliaran y le brindaran el tratamiento de sus patologías y, una vez hecho lo anterior se emitiera concepto de la Junta Médica acerca del grado de pérdida de capacidad laboral para efectos de determinar la sustitución de la asignación de retiro reclamada.]

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2019

Sentencia de Revisión de Tutela T-525 de 2019

Se vulneran derechos fundamentales con la exigencia de una sentencia de interdicción para incluir a una persona con discapacidad en la nómina de pensionados. Está Sala acogerá la postura establecida desde 2016, en la medida en que se ajustan al estándar de protección constitucional y jurisprudencial de las personas en situación con discapacidad. Lo anterior, en consideración a que la Ley 1996 de 2019 no se encontraba vigente al momento en que ocurrieron los hechos del asunto examinado en esta ocasión. Por lo tanto, el pago de prestaciones reconocidas a personas con discapacidad mayores de edad debía seguir estas reglas: i) respetar la autonomía y el derecho fundamental a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, la cual debe ser presumida por las autoridades; ii) no es posible desvirtuar la capacidad de una persona mediante el dictamen de pérdida de capacidad laboral; y iii) las autoridades que deben llevar a cabo el pago de las prestaciones reconocidas tienen el deber ejecutar los ajustes razonables requeridos para que las personas con diversidades funcionales puedan acceder efectivamente a estas. Además, esta postura jurisprudencial se encuentra en la línea fijada por la ley 1996 de 2019, lo que garantiza la aplicación de la igualdad para las personas en situación de discapacidad mental - [Resumen automatizado: Sin embargo, en la parte resolutiva del acto administrativo señaló que el dictamen de calificación determinó que el peticionario "requiere de terceras personas para que decidan por él."[4] De este modo, afirmó que, como en el expediente administrativo no reposaba sentencia judicial que declarara la interdicción del demandante y el nombramiento correspondiente de curador, tutor o guardador, así como tampoco el acta de posesión de estos, se dejaría en suspenso su ingreso a nómina hasta que se allegaran los documentos mencionados. || 3. En ese sentido, si en este asunto se cumplen los requisitos de procedencia de la acción de tutela, esta Sala de Revisión debe resolver el siguiente problema jurídico: ¿Colpensiones vulneró los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la capacidad jurídica y a la vida digna del peticionario, al calificarlo como alguien que "requiere de terceras personas para que decidan por él"[26] y, en consecuencia, condicionar su inclusión en nómina y el correspondiente pago de su pensión de invalidez a la presentación de una sentencia de interdicción judicial y a la designación y posesión de un curador?]

Sentencia de Revisión de Tutela T-288 de 2019

¿La negativa de incorporación del accionante y su núcleo familiar en el Programa de Protección a Víctimas, Testigos e Intervinientes en el Proceso Penal de la Fiscalía General de la Nación vulnera sus derechos fundamentales a la vida y a la seguridad personal, a pesar de que este no cumplió con los compromisos adquiridos en el momento de su reubicación social definitiva? Advierte esta Sala, que dado que se trata de nuevos actos y nuevas denuncias que no tratan sobre la petición de protección de 2012, sino un nuevo proceso, no puede el Comité Evaluar de facto rechazar la inclusión del solicitante, más aún cuando se cuenta con una Evaluación Técnica de Amenaza y Riesgo en la que se recomienda la inclusión del accionante en virtud del tipo de amenazas, del grupo armado que las realiza, y de la importancia de la contribución del testimonio al proceso penal, razones por las cuales no se comparte la decisión del Comité de no permitir la inclusión del accionante por haber incumplido uno de los compromisos al momento de la reubicación. Ya se ha dicho, en basta jurisprudencia, que el derecho a la vida y a la seguridad personal de una persona es una carga que tiene el Estado como garante de los derechos fundamentales de sus amparados. No pueden entonces suspenderse las acciones conducentes a la protección de la vida de sus residentes, pues eso desconocería los elementos más esenciales del Estado Social de Derecho, esto es, la vida y su requerida protección. Colombia se ha propugnado la salvaguarda de los derechos fundamentales, por lo que es apenas necesario que las autoridades dotadas de poder para ello, ejecuten todas las labores encaminadas no solo a luchar contra acciones ilegales, sino además, proteger todas aquellas personas que se encuentren en una situación de peligro con el fin de contribuir a la justicia, más cuando las condiciones de riesgo persisten y pueden derivar en afectaciones irremediables para la integridad de una persona y su familia - [Resumen automatizado: Por su parte, la Seccional de Investigación Criminal MESAN, informó, mediante oficio del 8 de diciembre de 2018, a través de su subjefe Subteniente Liliana Carolina Lombana Puentes que: (i) el señor JDYD colaboró en el desmantelamiento de la organización criminal XX; (ii) la Fiscalía 12 Especializada BACRIM, el 28 de julio, solicitó protección y asistencia al aquí peticionario en virtud de denuncia interpuesta por presuntas amenazas contra su vida, por lo cual la Policía Metropolitana ordenó a la Oficina de Derechos Humanos la realización del estudio de riesgo; (iii) varias solicitudes de protección fueron presentadas, la primera el 16 de marzo de 2017 resuelta negativamente por considerar que el sujeto no cumplió con los compromisos de reubicación al retornar a la zona de riesgo y dos posteriores, una el 6 de agosto de 2017 y otra el 21 de noviembre de 2017, las cuales fueron resueltas de forma negativa; (iv) las visitas y patrullajes se realizaron en la dirección de residencia manifestada por el accionante, en Barranquilla; (v) la denuncia instaurada se encuentra ante la Fiscalía, sin que se conozcan los avances generados por esta. || Corresponde a la Sala Quinta de Revisión determinar si la negativa de incorporación del accionante y su núcleo familiar en el Programa de Protección a Víctimas, Testigos e Intervinientes en el Proceso Penal de la Fiscalía General de la Nación vulnera sus derechos fundamentales a la vida y a la seguridad personal, a pesar de que este no cumplió con los compromisos adquiridos en el momento de su reubicación social definitiva.]

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2018

Sentencia de Revisión de Tutela T-468 de 2018

[Resumen automatizado: En ese sentido, se expresa que: (i) "las personas con discapacidad deben estar en condiciones de vivir con sus familias", por lo cual es deber de las autoridades "estimular la inclusión en la orientación familiar de módulos apropiados relativos a la discapacidad y a sus efectos para la vida en familia", facilitando a las familias que cuenten con un miembro en situación de discapacidad y eliminando todos los obstáculos innecesarios "que se opongan a las personas que deseen cuidar o adoptar a un niño o a un adulto con discapacidad"; (ii) "las personas con discapacidad no deben ser privadas de la oportunidad de experimentar su sexualidad, tener relaciones sexuales o tener hijos", por lo cual, "teniendo en cuenta que las personas con discapacidad pueden tropezar con dificultades para casarse y para fundar una familia, los Estados deben promover el establecimiento de servicios de orientación apropiados", garantizando que estas personas tengan "el mismo acceso que las demás a los métodos de planificación de la familia, así como a información accesible sobre el funcionamiento sexual de su cuerpo"; (iii) es obligación de las autoridades "promover medidas encaminadas a modificar las actitudes negativas ante el matrimonio, la sexualidad y la paternidad o maternidad de las personas con discapacidad, en especial de las jóvenes y las mujeres con discapacidad, que aún siguen prevaleciendo en la sociedad"; por ello, tales autoridades deben "exhortar a los medios de información a que desempeñen un papel importante en la eliminación de las mencionadas actitudes negativas"; y (iv) "las personas con discapacidad y sus familias necesitan estar plenamente informadas acerca de las precauciones que se deben tomar contra el abuso sexual y otras formas de maltrato", ya que este tipo de personas es especialmente vulnerable "al maltrato en la familia, en la comunidad o en las instituciones y necesitan que se les eduque sobre la manera de evitarlo para que puedan reconocer cuándo han sido víctimas de él y notificar dichos casos".]

Sentencia de Revisión de Tutela T-382 de 2018

¿El Municipio de Montería, el Ministerio de Transporte a través de la Inspección Fluvial de Montería y el operador del planchón La Bala del Sinú violaron los derechos fundamentales a la accesibilidad y a la libertad de locomoción de la niña XX por no contar con rampas que permitan su acceso a dicho medio de transporte fluvial desde el Parque Lineal Ronda del Sinú, donde atraca o zarpa dicha barca cautiva en las márgenes izquierda y derecha del Río? La Constitución Política impone deberes concretos a miembros de la comunidad y a las autoridades públicas, entiéndase en el presente caso por tales al Ministerio de Transporte y a la Alcaldía de Montería, entre otros, consistentes en eliminar todas las barreras para su inclusión en la sociedad sin discriminación. Lo anterior, cobra mayor relevancia en espacios físicos de la ciudad que permiten la movilidad de las personas. Lo anterior, en aras de asegurar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales a la igualdad, a la accesibilidad y a la libertad de locomoción. Las consideraciones expuestas hasta este punto demuestran que la propietaria del planchón La Bala del Sinú adecuó el acceso a dicho medio de transporte fluvial, no obstante, el municipio al edificar el Parque Lineal Ronda del Sinú sobre la escalera y rampa hecha por el particular y construir únicamente escaleras, creó una barrera de infraestructura que desconoce la protección a los derechos a la accesibilidad y libertad de locomoción de la menor de edad XX. El Ministerio de Transporte, al ser la entidad encargada de autorizar toda obra en las riberas de los cuerpos hídricos o su propio cauce, al no advertir que el acceso construido por el municipio desde el Parque a los planchones carece de las adecuaciones que permiten a la población en situación de discapacidad hacer uso de las naves cautivas, tal como lo ordenan los mandatos constitucionales a la igualdad y accesibilidad, desconoció sus obligaciones como ente de inspección, vigilancia y control - [Resumen automatizado: Así, se advierte que la pretensión de la acción de tutela guarda relación con los derechos fundamentales del niño, pues se buscó proteger su derecho a la accesibilidad al ser una persona en situación de discapacidad, que requiere, por su condición económica, desplazarse a través de los planchones que atraviesan el Río Sinú para ejercer las actividades de la vida cotidiana y disfrutar de dicho medio de transporte también desde su dimensión cultural como espacio de entretenimiento. || En múltiples�sentencias se han reconocido las diferencias y barreras que deben ser enfrentadas por las personas en situación de discapacidad, por eso el Estado tiene la obligación de brindar una protección cualificada a este grupo poblacional, en ese sentido debe "(i) procurar su igualdad de derechos y oportunidades frente a los demás miembros de la sociedad, (ii) adelantar las políticas pertinentes para lograr su rehabilitación e integración social de acuerdo a sus condiciones y (iii) otorgarles un trato especial, pues la no aplicación de la diferenciación positiva contribuye a perpetuar la marginación o la discriminación"[90].]

Sentencia de Revisión de Tutela T-366 de 2018

¿La entidad demandada vulneró los derechos fundamentales de la accionante al no aprobar, en seis oportunidades, la reclamación que presentó con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la indemnización por incapacidad permanente en su condición de víctima de la explosión un artefacto explosivo (mina antipersonal) que le ocasionó la amputación de sus miembros inferiores y, en consecuencia, le generó un grado de pérdida de la capacidad laboral del 79.2 por ciento? Se advierte que siendo X un sujeto de especial protección constitucional por su condición de víctima del conflicto armado interno y su discapacidad, la Unión Temporal Fosyga 2014 le impuso cargas desproporcionadas carentes de toda razonabilidad durante el trámite de su reclamación, a tal punto de someterla a más de cuatro años de incertidumbre; desplazamientos desde el municipio de Puerto Asís (Putumayo) hasta la ciudad de Bogotá D.C. donde se encuentra la sede de esa entidad; erogaciones económicas para asumir el costo de los documentos soporte de la reclamación, algunos de los cuales, valga resaltar, le eran exigidos en repetidas ocasiones a pesar de haberlos aportado previamente con cada subsanación; y, en general, a una serie de diligencias injustificadas que solo han obstaculizado y dilatado en el tiempo el acceso efectivo a su derecho a la reparación integral. Ello, sin la más mínima consideración con su estado de invalidez y respeto por su dignidad humana. Al ser las víctimas del conflicto armado interno en condición de discapacidad las beneficiarias de dicha prestación, el cumplimiento de los presupuestos formales debe evaluarse con particular atención a la compleja situación de vulnerabilidad en la que se encuentran , esto es, en consideración a la especial protección constitucional de que son destinatarias. Siguiendo esa pauta, en consecuencia, se ha debido dar aplicación al principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial propio del Estado Social de Derecho y flexibilizar el trámite de auditoría de los documentos allegados como soporte de la reclamación, si cuando menos no existía duda acerca de la calidad de víctima de la solicitante y la pérdida de su capacidad laboral por efecto de la explosión de un artefacto explosivo, circunstancias que se encontraban plenamente acreditadas, puesto que no fueron objeto de cuestionamiento por parte de la demandada en ninguna de las etapas del procedimiento de reclamación - [Resumen automatizado: El 6 de diciembre de 2017, Valentina Vera Quiroz, actuando en calidad de agente oficioso de Ángela Dayanna Rúales Álvarez, promovió acción de tutela en contra de la Unión Temporal Fosyga 2014, en procura de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, presuntamente vulnerados como consecuencia de la negativa de esa entidad de aprobar, luego de numerosas subsanaciones, la reclamación administrativa que presentó con el fin de obtener el pago de la indemnización por incapacidad permanente, a cargo de la Subcuenta del Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito (ECAT), a la que considera tener derecho en su condición de víctima de un evento terrorista (mina antipersonal). || En consecuencia, luego de realizar numerosas gestiones para obtener la indemnización por incapacidad permanente, aportando todos los documentos exigidos que demostraban su condición de víctima de un hecho terrorista que le generó la amputación de ambos miembros inferiores y que, por tanto, la hacía merecedora de dicho beneficio, sin obtener respuesta favorable a su solicitud, la joven Ángela Dayanna Rúales Álvarez, por intermedio de la agente oficiosa Valentina Vera Quiroz, miembro activo del Consultorio Jurídico de la Universidad de los Andes[15], promovió la presente acción de tutela, con el fin de que le fueran amparados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la reparación integral a las víctimas de la violencia y, en tal virtud, se ordenara a la Unión Temporal Fosyga 2014, aprobar la reclamación núm.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-305 de 2018

¿Las empresas accionadas vulneraron el derecho a la estabilidad laboral reforzada de los accionantes al desvincularlos de su lugar de trabajo sin obtener el correspondiente permiso del Ministerio del Trabajo, a pesar de tratarse de personas con especiales condiciones de salud? Esta Corporación reconoció la existencia de derechos a una protección especial de quienes se encontraran en circunstancia de debilidad manifiesta, en las relaciones de prestación de servicios independientes, así como a un trabajo en condiciones dignas y justas. Igualmente, señaló que no desaparecían los deberes tanto del Estado como de la sociedad de adelantar una política de integración social a favor de este grupo de la población, en virtud del principio de solidaridad social. En estos escenarios, la jurisprudencia ha optado por hablar del derecho fundamental a la "estabilidad ocupacional reforzada, por ser una denominación más amplia y comprehensiva. " y no "de un principio de estabilidad laboral reforzada, que remite nominalmente por regla a las relaciones de trabajo dependiente". De manera que esta protección se aplica a quienes estén en condiciones de debilidad manifiesta, incluso si no cuentan con una calificación de pérdida de capacidad laboral. es evidente que la Corte ha acudido a varias fórmulas para resolver los casos que envuelven una estabilidad laboral reforzada y que el tipo de vinculación no ha sido un obstáculo para conceder dicha protección, aceptando que la misma procede en contratos de prestación de servicios independientes - [Resumen automatizado: La accionante Ana Victoria Martínez Cifuentes acude a la acción de tutela con el fin de lograr la protección de sus derechos constitucionales a la vida en conexidad con la salud, al mínimo vital, a la seguridad social, a la igualdad, al trabajo y a la estabilidad laboral reforzada, que estima vulnerados por MCT S.A.S como consecuencia de la no renovación de su contrato de prestación de servicios. || Esta Corporación, a través de su jurisprudencia[66] ha flexibilizado el análisis del requisito de inmediatez en caso de personas que alegan una estabilidad laboral reforzada debido a su condición de debilidad manifiesta, con ocasión de su estado de salud, cuando: (i) existe una afectación a la salud del demandante que permanece en el tiempo y la cual le ha impuesto una carga adicional que le impide actuar de la misma forma que alguien sano; (ii) se trata de sujetos de especial protección, como por ejemplo las personas en situación de discapacidad y (iii) en aquellas situaciones en las que si bien el actor no acudió a los medios jurisdiccionales que tenía a su alcance, sí desplegó cierta actividad ante su empleador para proteger sus derechos.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-257 de 2018

[Resumen automatizado: De conformidad con lo expuesto, corresponde a esta Sala de Revisión determinar si el Ente Gestor -Empresa del Tercer Milenio Transmilenio S.A.- del Sistema Integrado de Transporte Público -SITP- y el concesionario -Recaudo Bogotá S.A.S.- del Sistema Integrado de Recaudo, Control e Información al Usuario -SIRCI-, vulneraron los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la vida, a la igualdad y a la libertad de locomoción del señor Rubén Darío Márquez Moreno, al negarse a instalar un control de acceso para personas en condición de discapacidad en el costado norte de la estación de Transmilenio ubicada en la calle 63 de la Troncal Caracas. || El señor Rubén Darío Márquez Moreno promovió acción de tutela contra la Empresa de Transporte del Tercer Milenio -Transmilenio S.A.- alegando que esta entidad vulneró sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la vida, a la igualdad y a la libertad de locomoción, al no tener instalada una barrera de control de acceso tipo discapacidad en el costado norte de la estación ubicada en la calle 63 de la Troncal Caracas.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-217 de 2018

¿Un conjunto residencial vulneró los derechos fundamentales del accionante al negarle la asignación de un parqueadero permanente dentro de las instalaciones del conjunto porque no acreditó su condición de discapacidad? Acción de tutela contra conjunto residencial por afectación de derechos de personas en situación de discapacidad. Si se evidencia que una decisión tomada por un conjunto residencial, el cual es una autoridad privada, se deriva de una petición elevada por un sujeto de especial protección constitucional (persona en condición de discapacidad), pero además dicha decisión, afecta directamente las garantías constitucionales de estas personas, en el entendido de disminuir su capacidad de movilidad dentro del conjunto, o lo discrimina por su condición física o sensorial, los administradores no tendrán justificación alguna que los exonere de responsabilidad, y se deberá efectuar la intervención del juez constitucional para restablecer los derechos del ciudadano, concediendo las pretensiones que haya solicitado, que se ajusten a la ley, con el fin de contar con las mismas oportunidades y condiciones que las demás personas que se muevan en el mismo entorno social y espacial - [Resumen automatizado: 7. El 15 de agosto de 2017, el Comité de Convivencia y el Consejo de Administración del conjunto residencial El Trébol, Manzana 6, de forma separada se opusieron a la prosperidad de la acción en atención al principio de subsidiariedad, resaltando que el actor podía adelantar un proceso verbal sumario (artículo 390 del Código General del Proceso) y que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional los conflictos relacionados con la afectación de derechos fundamentales deben ser resueltos por las vías ordinarias y solo ante la ausencia de estas o cuando las mismas no resulten idóneas para evitar un perjuicio irremediable se puede acudir a la tutela. || En el asunto T-6.500.163 el señor Carlos Hernando Ospina Pinzón interpuso acción de tutela contra la Administración, el Consejo de Administración y el Comité de Convivencia del conjunto residencial El Trébol, Manzana 6 en el que reside, por considerar vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad y petición, toda vez que los entes accionados se niegan a asignarle un parqueadero permanente dentro de la urbanización bajo el argumento que no está demostrado que sea una persona en condición de discapacidad.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-68 de 2018

¿La Dirección de Personal del Ejército Nacional vulneró los derechos fundamentales de un soldado profesional al desvincularlo de la fuerza castrense y no considerar la posibilidad de reubicarlo laboralmente dentro de la institución con fundamento en un concepto de idoneidad que cuestiona su profesionalismo para el ejercicio del cargo, aun cuando el ciudadano acredita aptitudes académicas relevantes para desempeñarse con mérito en otros oficios y ha demostrado competencia superior para el desempeño de las funciones asignadas? Derecho a la reubicación de soldados profesionales con disminución de la capacidad laboral.Luego de analizar jurisprudencia de la Corporación en materia de reubicación laboral de soldados profesionales que son retirados del servicio activo por presentar una pérdida de la capacidad laboral considera la Sala que se vulneraron las garantías constitucionales del peticionario, al disponer su retiro de la Institución sin valorar objetivamente la posibilidad de reubicarlo laboralmente. Se concluye que, los miembros de las Fuerzas Militares que han adquirido enfermedades o lesiones en el ejercicio de sus funciones son titulares de una protección constitucional prevalente que impone la adopción de medidas de reintegración social en su beneficio, por medio de las cuales se asegure la adecuación profesional en atención a las aptitudes laborales que conservan - [Resumen automatizado: A juicio del peticionario, su retiro de la Fuerza Castrense (i) se produjo sin considerarse que la enfermedad adquirida nunca afectó el ejercicio efectivo de sus funciones pues, inclusive, desde el momento en que fue diagnosticado con la patología y hasta su retiro de la Institución se desempeñó sin contratiempo alguno “en el área operativa en el batallón y también [ejerció] actividades como relevante de guardia, custodiando las instalaciones del batallón donde era orgánico”[16]; (ii) la decisión de la reubicación dependió de “un concepto o una apreciación subjetiva”[17], sin examinar objetivamente su capacidad productiva remanente para continuar en la entidad, ejerciendo “distintos cargos de carácter administrativo como de instrucción, logística o docencia [considerando que] puede ser útil en la formación de reclutas que llegan a los batallones, tiene idoneidad para trabajar con la comunidad en actividades sociales, tiene capacidad para manejo de archivo y logística [y] de computación”[18]; y (iii) se omitió que se encontraba en tratamiento médico para mitigar las dolencias que se originaron en el servicio activo.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-27 de 2018

¿La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia vulnera los derechos fundamentales de la accionante dado que, a su juicio, la "Política Institucional de Educación Inclusiva" no se adapta a sus necesidades especiales, en razón de su situación de discapacidad auditiva? La Sala comprobó que, en relación con el uso de medios y apoyos audiovisuales por parte de los docentes, la política pública de la UPTC no resulta razonable. Esto, habida consideración de que, en aplicación del principio de veracidad previsto por el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, la UPTC no ha desarrollado una política que regule y diseñe estrategias que garanticen la existencia de una plataforma virtual de educación, el uso de medios audiovisuales por parte de sus docentes ni la entrega de un programa académico de cada materia a los estudiantes, lo cual desconoce el contenido normativo del derecho a la educación de las personas en situación de discapacidad en centros universitarios. En consecuencia, ordenó a la UPTC que (i) implemente una programa o plataforma de educación inclusiva que utilice los recursos didácticos y-o pedagógicos apropiados que permitan la permanencia en el sistema educativo de las personas en situación de discapacidad auditiva; (ii) que regule el uso de material y apoyo audiovisual por parte de los docentes, en cuyas aulas se encuentren presentes estudiantes en situación de discapacidad, de tal manera que se garantice su acceso, en igualdad de condiciones, a los contenidos académicos; y, (iii) que regule la entrega de un programa académico por parte de cada docente, el cual deberá ser suministrado a los estudiantes con antelación, especialmente, a aquellos en situación de discapacidad, y deberá contener la información relevante acerca del contenido de cada materia - [Resumen automatizado: En efecto, a juicio de la accionante: (i) es necesario que la UPTC provea, al menos, dos (2) intérpretes por estudiante con discapacidad auditiva, habida consideración de que la labor de interpretación requiere de un “esfuerzo amplio y físico de gesticulación” para garantizar una interpretación idónea, por lo que un solo intérprete resulta insuficiente para traducir una clase de dos horas; (ii) la formación adicional del intérprete resulta indispensable para garantizar la calidad y precisión conceptual de los contenidos de las clases a las que ella asiste; (iii) ofrecer la lengua de señas como materia electiva de idiomas puede ayudarle a superar las dificultades relativas a la “pronuncia[ción]” de lenguas extranjeras; (iv) la inclusión de la situación de discapacidad en el carné contribuye a que “el personal de la universidad [le] confiera [un] trato preferencial y adecuado”; (v) el uso de material o “apoyos físico-visuales” favorece las condiciones de aprendizaje, en atención a su situación de discapacidad; y, finalmente (vi) las capacitaciones, a juicio de la accionante, tienen por objeto “la no diferenciación de la población con discapacidad; mas sí apoyo de acuerdo a sus necesidades […] y así mismo de las medidas que pueden implementar para el acompañamiento y aprendizaje de esta población”.]

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2017

Sentencia de Revisión de Tutela T-500 de 2017

¿Se vulneraron los derechos fundamentales del accionante y sus hijos, por cuenta de haberle sido negada su repatriación a Colombia por las autoridades nacionales competentes, pese a la autorización dada para su traslado por la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China? Derecho a la unidad familiar y el interés superior del menor en solicitud de repatriación de personas privadas de la libertad. La Corte concede el amparo teniendo en cuenta: (i) el derecho fundamental a la unidad familiar vulnerado; (ii) el cumplimiento de los requisitos genéricos del traslado por repatriación; (iii) los intereses superiores de sus hijos, menores de edad; (iv) la autorización dada por las autoridades de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China para su repatriación; y (v) la posibilidad de que el solicitante sufrague los gastos inherentes al traslado - [Resumen automatizado: C., el 21 de febrero de 2017, el cual resolvió declarar improcedente la acción de tutela instaurada por la Defensoría del Pueblo, actuando en representación[1] del ciudadano Iván Darío Gutiérrez Rojas y sus hijos, contra la Comisión Intersectorial para el Estudio de las Solicitudes de Repatriación de Presos; el Ministerio de Justicia y del Derecho; el Consulado de Colombia en Hong Kong; el Ministerio de Relaciones Exteriores; el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC); la Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria y la Oficina de Asuntos Internacionales de la Defensoría del Pueblo, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la vida digna, a la unidad familiar, al debido proceso, al interés superior del menor y de petición. || En ese sentido, en aras de solucionar la controversia objeto de revisión, le corresponde a la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional solucionar dos problemas jurídicos interdependientes: (i) formal, relacionado con un análisis de procedibilidad de la acción de tutela, ante la existencia de presuntos defectos en la residualidad y subsidiariedad del recurso de amparo, detectados por el juez de única instancia; y (ii) de fondo, determinar la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la vida digna, a la unidad familiar, al debido proceso, al interés superior del menor y de petición de Iván Darío Gutiérrez Rojas y sus hijos, por cuenta de haberle sido negada su repatriación a Colombia por las autoridades nacionales competentes, pese a la autorización dada para su traslado por la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-80 de 2017

¿Las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales de una comunidad indígena a raíz de las fumigaciones de cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea de glifosato sobre los territorios consagrados a la autoridad y soberanía de la mencionada comunidad, la cual se viene presentando desde hace varios años de forma inconsulta, generando consecuencias nocivas e irreversibles en la salud y el medio ambiente?S e CONCEDE el amparo solicitado y se declara que a los demandantes, en tanto miembros de la comunidad indígena Carijona y sujetos de especial protección constitucional, se les desconoció el derecho fundamental a la realización de una consulta previa, libre e informada, frente a la a la implementación del programa de erradicación aérea de cultivos ilícitos en sus territorios ancestrales, de acuerdo a lo estipulado por el Convenio 169 de la OIT, la jurisprudencia constitucional vigente y la sentencia SU.383-03. Se imparten una serie de órdenes conducentes a la realización de un proceso de consulta previa, con la finalidad de adoptar medidas de etno-reparación y compensación cultural frente a los impactos y perjuicios causados a la precitada comunidad dentro de sus territorios por el desarrollo del programa de erradicación aérea de cultivos ilícitos con glifosato, que garanticen su supervivencia física, cultural, espiritual y económica. Se exhorta al Gobierno Nacional para que examine la posibilidad de reglamentar el precitado programa de erradicación de cultivos ilícitos, en la medida en que esta política tiene profundas implicaciones en los derechos fundamentales de las comunidades étnicas del país, lo cual debe implicar mayores procesos de discusión, de control y de participación de la sociedad civil en la construcción de una política con mayor enfoque social, que tenga como objetivo la protección de la salud de las poblaciones humanas y el medio ambiente. Se otorga efectos inter comunis a la presente decisión, para las comunidades indígenas de Miraflores, que puedan probar que se encuentran en igual situación fáctica y jurídica que los actores - [Resumen automatizado: En este contexto, el 30 de enero de 2015, los señores Martín Narváez autoridad indígena del resguardo de Puerto Nare y Jairo Augusto Murcia Archila/Yaroka en calidad de asesor-agente representante para la Salvaguardia de la Cultura y Lengua del Pueblo Carijona del Resguardo de Puerto Nare (Guaviare), formularon acción de tutela contra la Presidencia de la República, la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Defensa, el Consejo Nacional de Estupefacientes, la Dirección Nacional de Estupefacientes y la Policía Antinarcóticos, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la consulta previa, a la vida, a la existencia física y cultural, a la educación, al medio ambiente sano, al debido proceso, al libre desarrollo de la personalidad y al derecho a la participación de los pueblos indígenas en las decisiones que los afectan, generada por la fumigación de cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea de glifosato sobre los territorios consagrados a la autoridad y soberanía de la comunidad Carijona que habita en el resguardo de Puerto Nare, en el departamento de Guaviare, sin que se surtiera el requisito de la consulta previa. || Con fundamento en los elementos fácticos descritos, encuentra la Sala que el problema jurídico consiste en determinar si las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales a la consulta previa, a la integridad étnica y cultural, a la libre determinación, a la salud en conexión con la vida y al medio ambiente sano de la comunidad étnica accionante, al realizar actividades de aspersión aérea con glifosato para erradicar cultivos ilícitos -aún cuando estas actividades se encuentren suspendidas por parte del Estado colombiano- sin adelantar proceso de consulta previa con los miembros del resguardo Carijona en Puerto Nare (Guaviare).]

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2016

Sentencia de Revisión de Tutela T-382 de 2016

¿Un Consejo Municipal vulneró los derechos fundamentales del actor, como consecuencia de haber expedido una convocatoria para un concurso público de méritos para el cargo de personero municipal incurriendo en una serie de irregularidades, como contratar la realización del concurso con una persona natural; expedir el acto de convocatoria sin la autorización de la plenaria de la Corporación y; cambiar las reglas del concurso durante su trámite? IMPROCEDENTE. La Sala concluyó que el actor no se encuentra legitimado en la causa por activa para controvertir, a través de la acción de tutela el acto de convocatoria, en tanto no demostró la existencia de un interés jurídico subjetivo, ni acreditó que actuara en condición de apoderado judicial de alguno de los concursantes o que promoviera la acción en su condición de agente oficioso, dada la imposibilidad de alguno de los aspirantes en procura de su propia defensa. Igualmente, por existir otros mecanismos judiciales para resolver discusiones vinculadas a la legalidad en abstracto de los actos administrativos - [Resumen automatizado: La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada María Victoria Calle Correa quien la preside- y los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Alejandro Linares Cantillo, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, ha proferido la siguiente || Los jueces de instancia concedieron el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad y debido proceso administrativo, sin resolver uno de los argumentos propuestos por los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Giraldo y por el tercero con interés legítimo en las resultas del proceso, señor José Joaquín Rueda Lora, en su condición de persona designada para el cargo de Personero Municipal, según el cual el señor Ramiro Ferney Hernández Mora no se encontraba legitimado para formular la acción de tutela en contra de la Convocatoria No. 001 de 2015. || En ese orden de ideas, corresponde a la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional resolver el siguiente problema jurídico: ¿Procede la acción de tutela contra el Concejo Municipal de Giraldo que mediante Convocatoria No. 001 de 2015 realizó el concurso público de méritos para el cargo de Personero de ese municipio, vulnerando al parecer los derechos a la igualdad, trabajo y debido proceso administrativo del accionante que no participó en dicho concurso?]

Sentencia de Revisión de Tutela T-367 de 2016

[Resumen automatizado: Dentro del proceso de revisión de los fallos de tutela dictados por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia del 24 de noviembre de 2015 que confirmó la decisión de primera instancia dictada por la Sala de Casación Civil de esa misma Corporación el 30 de septiembre de 2015, en la cual se negó el amparo solicitado por el señor Edilio Manuel Meza Pérez, en el trámite de la acción de tutela que instaurara contra el Auto complementario de la Sentencia del 9 de julio de 2015, proferida por la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena. || Determinar si una autoridad judicial, vulnera los derechos fundamentales al debido proceso, a la vivienda digna y al trabajo, cuando (i) en desarrollo de un proceso de restitución de tierras, en una sentencia niega el decreto de medidas de compensación a favor de un presunto opositor, por cuanto no se encontró probada su buena fe exenta de culpa; (ii) posteriormente, la Unidad de Restitución de Tierras aporta las pruebas relacionadas con la condición socioeconómica de quien afirma ser un segundo ocupante; y (iii) el Tribunal, mediante un Auto, decide no reconocerle expresamente tal calidad al accionante, pero conmina a la Unidad de Restitución de Tierras para adoptar las medidas que estime necesarias para protegerle sus derechos fundamentales.]

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2014

Sentencia de Revisión de Tutela T-488 de 2014

¿Trasgrede el ordenamiento constitucional y legal colombiano la declaración de prescripción adquisitiva que efectúe un juez sobre un terreno baldío a través de un proceso de pertenencia? ¿Vulnera los derechos fundamentales a la debido proceso, la administración de justicia y la confianza legítima la negativa de una Oficina de Registro de Instrumentos Públicos a inscribir un fallo judicial que declare la pertenencia sobre un bien baldío? Niega. La sentencia proferida el 20 de noviembre de 2012 declaró que el señor Escobar Niño había adquirido el derecho real de dominio de un predio sobre el cual existen serios indicios de ser baldío. Tal decisión desconoce la jurisprudencia pacífica y reiterada no solo de la Sala Plena de la Corte Constitucional , sino de las otras altas Corporaciones de justicia que han sostenido la imposibilidad jurídica de adquirir por medio de la prescripción el dominio sobre tierras de la Nación, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley 160 de 1994(…)es claro que la única entidad competente para adjudicar en nombre del Estado las tierras baldías es el Incoder , previo cumplimiento de los requisitos legales. Los procesos de pertenencia adelantados por los jueces civiles, por otra parte, no pueden iniciarse -también por expreso mandato del legislador- sobre bienes imprescriptibles.(…)incluso la decisión de un juez de la República, formalmente válida, puede ser desatendida por el funcionario responsable cuando este advierte que la providencia trasgrede abiertamente un mandato constitucional o legal inequívoco.(…)el registrador motivó la nota devolutiva invocando el principio de legalidad previsto en la Ley 1579 de 2012 y explicando, a renglón seguido, que "la propiedad de los terrenos baldíos adjudicables solo puede adquirirse mediante título traslaticio de dominio otorgado por el Estado a través del Instituto colombiano de la reforma agraria [hoy Incoder]" .Así las cosas, el yerro advertido por el registrador era evidente en tanto la decisión judicial recaía sobre un terreno que carecía de registro inmobiliario, por lo cual era razonable pensar que se trataba de un bien baldío. De igual manera, en la nota devolutiva se advirtió que los ocupantes de tierras baldías, por ese solo hecho, no tienen la calidad de poseedores sino una simple expectativa, de acuerdo al marco legal vigente - [Resumen automatizado: Gerardo Escobar Niño interpuso acción de tutela contra la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Paz de Ariporo (Casanare), al considerar vulnerados sus derechos al acceso a la administración de justicia, la seguridad jurídica y la confianza legítima, ante la negativa de la entidad demandada de inscribir la sentencia judicial que declaró a su favor la prescripción adquisitiva sobre un bien inmueble. || Mediante auto del 23 de mayo de 2014[16], el Magistrado Sustanciador vinculó a este trámite de tutela al Juzgado Promiscuo del Circuito de Orocué, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Incoder (nivel Central), al Superintendente de Notariado y Registro, a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, en tanto que: (i) son las autoridades que eventualmente ostentarían una obligación primaria respecto de la satisfacción de los derechos fundamentales que se encuentran en discusión; (ii) la decisión que se tome podría involucrarlos directamente, y (iii) atendiendo a que el caso reviste interés público por tratarse de supuestos bienes baldíos de la Nación.]

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2013

Sentencia de Revisión de Tutela T-162 de 2013

¿Vulneró un banco los derechos fundamentales de los accionantes al negarles la entrega de la ayuda humanitaria a que tienen derecho por no presentar la cédula de ciudadanía original al momento del retiro del giro? Concede -Es cierto que la identificación se realiza por medio principalmente de la cédula de ciudadanía original amarilla de hologramas, pues es el documento por excelencia que sirve como prueba de la identificación personal, y es cierto también que la Registraduría Nacional del Estado Civil ha establecido ciertos diseños y características de seguridad de este documento para que ayuden a mitigar adulteraciones, fraudes o suplantaciones.No obstante lo anterior, se tiene que el peticionario entregó la contaseña, que para el caso sería el medio alternativo de identificación, y un certificado de vigencia adicional expedido por un funcionario público con atribuciones legales relacionadas con la fe pública. Para la Sala esos dos documentos son medios alternativos que cumplen la misma función que la presentación de la cédula - [Resumen automatizado: El señor Luis Aníbal Usuga Quiroz instauró acción de tutela contra el Banco Agrario, Sucursal Apartadó, por considerar que está vulnerando sus derechos fundamentales a la vida digna, a la salud, a la seguridad social, a la igualdad y a la protección especial de niños, niñas y adolescentes y adultos mayores, por no entregarle la ayuda humanitaria que ya fue consignada en dicha entidad, debido a que no presentó la cédula original al momento del pago. || Con base en los antecedentes anteriormente expuestos, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional debe determinar si el Banco Agrario de Colombia S.A. vulneró los derechos a la igualdad, al debido proceso, a la defensa, al trabajo y a la seguridad social invocados por Luis Aníbal Usuga Quiroz, Dioselina Borja Ramírez, Geny Serna Tumiña, Luisa Inés Naranjo Ciro y Diego Samuel Carbono Jaraba, al negarles la entrega de la ayuda humanitaria a que tienen derecho por no presentar la cédula de ciudadanía original al momento del retiro del giro.]

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2010

Sentencia de Revisión de Tutela T-514 de 2010

¿Las entidades accionadas vulneraron el derecho a la vivienda de la población desplazada de las actoras, al haber entregado las casas objeto de los contratos de compraventa de inmuebles de interés social destinados a la población desplazada, con serias deficiencias? Improcedente. La favorabilidad en el análisis y tratamiento de los casos puestos a consideración de los jueces de tutela por parte de sujetos de especial protección -como la población desplazada- no puede entenderse ilimitada ni absoluta. No se debe eximir de manera automática al accionante por el simple hecho de tener la calidad de sujeto de especial protección y por el contrario es posible justificar la exigencia de un deber mínimo de diligencia y el cumplimiento de determinados requisitos como los de inmediatez y subsidiariedad - [Resumen automatizado: El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Villavicencio declaró improcedente el amparo por considerar que "es evidente que la accionante y los demás afectados, cuentan con otros medios de defensa judicial, diferente a la tutela, para obtener la adecuación de sus viviendas a las características estructurales contratadas, así como, la entrega de sus escrituras públicas y de las viviendas que aún no han sido entregadas, y la consecuente reparación de los daños causados (pretensiones de esta Acción de Tutela), posibilidad en este caso representada en el ejercicio de otra acción judicial, de manera que los derechos invocados por la demandante pueden encontrar allí la debida protección"[18]. || Esto es así porque se estableció que a pesar de que los accionantes pertenecen a un grupo poblacional que por disposición jurisprudencial goza de una protección especial, no se justificó en manera alguna la razón de la inacción o se argumentó la imposibilidad de intentar alguno de los mecanismos que el ordenamiento jurídico les brinda para tramitar sus pretensiones, en especial porque si los afectados estuvieron capacitados para firmar los respectivos contratos de compraventa de bienes inmuebles, es válido suponer que, siendo plenamente capaces, durante dos años y ocho meses tuvieron la posibilidad de exigir el cumplimiento del mismo, bien en sede judicial o buscando alternativas de autocomposición, del mismo modo que pudieron acudir más tempranamente a la acción de tutela para el amparo de su derecho a la vivienda.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-497 de 2010

¿Acción social vulneró los derechos a la vida en condiciones dignas y a la igualdad del actor, al no otorgarle la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia, ni suministrarle los demás componentes de los programas de atención integral para la población desplazada, relativo al subsidio de vivienda? Concedida. Se ha impuesto una carga mínima a las personas desplazadas quienes deberán acudir ante estas entidades para solicitar la ayuda y, además, cumplir con los trámites requeridos para acceder a los programas otorgados por las distintas entidades del Estado. A Acción Social le corresponde brindar la asesoría necesaria para que las personas desplazadas puedan acceder de forma oportuna, a los diferentes programas de atención y estabilización socioeconómica en materia de desplazamiento, específicamente, en lo relacionado con los servicios de salud y subsidios de educación, ante las entidades del SNAIPD - [Resumen automatizado: El señor Jesús María Loaiza Corrales, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional Regional Florencia Caquetá, al considerar que la mencionada entidad ha vulnerado sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas y a la igualdad, debido a que no le han sido entregadas las ayudas humanitarias de emergencia a las cuales considera que tiene derecho, toda vez que tanto él como su núcleo familiar, se encuentran inscritos en el Registro Único de Población Desplazada de Acción Social. || Señaló el accionante que se violaron sus derechos, así como los de su núcleo familiar, a la vida digna y a la igualdad toda vez que, no obstante estar inscritos en el Registro único de Población Desplazada y de haber solicitado, verbalmente y a través de derecho de petición, la prórroga de las ayudas humanitarias de emergencia y los subsidios correspondientes a vivienda, salud y educación, éstos no le han sido entregados. || En el caso subexámine, la Sala encuentra que, en efecto, la acción de tutela instaurada por el señor Jesús María Loaiza Corrales resulta procedente pues, a través de ella pretende obtener el amparo de manera precisa y oportuna de sus derechos, los cuales considera amenazados por la entidad accionada al no otorgarle las ayudas humanitarias de emergencia, ni los subsidios de vivienda y educación solicitados.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-463 de 2010

¿Las entidades accionadas vulneraron los derechos de petición, a la vida digna y al mínimo vital de la actora, al no haberle entregado las ayudas y beneficios a los que tiene derecho en su condición de desplazada, y al omitir dar respuesta de fondo, concreta y precisa sobre la ayuda solicitada? Concedida. Se vulnera el derecho de petición cuando no se recibe una respuesta de fondo, clara, precisa y congruente por parte de la entidad en la que se presenta la solicitud. Si bien la atención humanitaria de emergencia a las personas desplazadas debe ser temporal, el plazo no debe ser fijo sino flexible, esto es, hasta cuando haya una reparación real, hayan cesado las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentra el desplazado y haya logrado su estabilización económica y social. El Estado no puede suspender abruptamente la ayuda humanitaria de quienes no están en capacidad de autosostenerse - [Resumen automatizado: La señora María Teresa Vargas Velasco interpone acción de tutela en contra de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción Social-, el Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA-, la Gobernación del Huila y la Alcaldía del Municipio de Neiva al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida digna, a la ayuda humanitaria de emergencia, a la ayuda para la estabilización socioeconómica, a la salud, a la reparación por desplazamiento y a la educación. || Expresa igualmente que la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción Social-: (i) de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 387 de 1997 y el Decreto 2569 de 2000, no tiene facultades para ejecutar sino para coordinar los programas de ayuda a la población desplazada a que se refiere la accionante; (ii) contestó la petición formulada por la señora María Teresa Vargas Velasco en el sentido de que debe acudir y seguir los procedimientos legales ante las entidades competentes; y (iii) demostró con los informes allegados que la actora y su núcleo familiar han recibido ayuda de emergencia, por lo cual se trata de un hecho superado.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-447 de 2010

¿Acción Social vulneró los derechos a la vida en condiciones de dignidad, a la salud, a la educación, a la vivienda digna, a la igualdad y a la unidad familiar de los actores, al negarse a inscribirlos en el RUPD y a concederles la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia y posterior inclusión en los planes y programas creados para la población desplazada? Concedida. El registro de la población desplazada se encuentra incluido en los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado Interno. La condición de desplazamiento resulta de una circunstancia de hecho y no depende de la declaración de una autoridad. Si se cumplen los elementos del desplazamiento, procede la inscripción en el RUPD. Principio de favorabilidad y buena fe. En algunos casos se acepta la extemporaneidad en la declaración. La interpretación de la ubicación de una persona por el censo electoral no puede ser tan restrictiva. La Ayuda Humanitaria de Emergencia hace parte del catálogo de derechos básicos de la población desplazada. Casos en los que resulta procedente la prórroga de la Ayuda Humanitaria de Emergencia. Se debe prestar la ayuda humanitaria hasta que la situación de desplazamiento cese - [Resumen automatizado: Teniendo en cuenta las diferentes solicitudes de los actores en el proceso relacionadas con la obtención efectiva de las ayudas previstas para la población desplazada y a las razones por las cuales no la han recibido, la Sala considera que los casos bajo revisión presentan un problema jurídico de tipo procedimental, que cobija a todos los expedientes que se revisan, es si la acción de tutela es el mecanismo judicial idóneo para la protección de los derechos fundamentales tales como, el derecho a la vida en condiciones de dignidad, el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda digna, el derecho a la igualdad y la unidad familiar de personas en situación de desplazamiento. || A fin de resolver el asunto, la Sala se pronunciará sobre los siguientes tópicos: i) la procedencia de la acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales de la población desplazada; ii) los principios y derechos constitucionales que deben guiar entorno a la inscripción en el RUPD con el fin de acceder a los componentes de la política pública en materia de desplazamiento forzado; iii) las reglas jurisprudenciales definidas para la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia y las circunstancias bajo las cuáles la Corte ha precisado que resulta procedente la entrega de la prórroga de esta ayuda y la declaración de inconstitucionalidad hecha por la Corte en la sentencia C-278/07, y iv) del deber de información que le asiste a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.]

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2007

Sentencia de Revisión de Tutela T-900 de 2007

¿Una Alcaldía Municipal vulneró el derecho fundamental a la vida digna de la actora en su condición de adulta mayor en situación de indigencia al no haberle otorgado el auxilio económico para el adulto mayor? Concedida. Protección especial a las personas en situación de indigencia, y en particular de los adultos mayores. Obligaciones de las autoridades públicas derivadas de la consagración constitucional de esta protección reforzada. Debido proceso administrativo. - [Resumen automatizado: El Secretario Local de Salud Municipal de Popayán, mediante escrito de fecha 15 de junio de 2007, dirigido al Juzgado de conocimiento, dio respuesta a la acción de tutela afirmando que sólo hasta el 30 de agosto de 2006 la Alcaldía recibió la solicitud del Secretario de Gobierno para que la accionante fuera incluida en el programa de subsidios económicos para la tercera edad[2], y señaló que “diariamente recibimos solicitudes de personas que se encuentran en nivel 1 de pobreza, bajo condiciones socioeconómicas mucho más bajas, razón por la cual la Secretaria de Salud debe ajustarse a los criterios de pobreza establecidos por el Ministerio de la Protección Social priorizando así las necesidades de la población más vulnerable.” Agrega que , “hace más de tres años el Gobierno Central, no ha autorizado ampliación de la cobertura para que más personas puedan acceder a este beneficio económico”, por lo cual solicita al juez de tutela que “se exonere de toda responsabilidad al Municipio de Popayán”.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-705 de 2007

¿La actuación de Acción Social de negarse a expedir una certificación en donde conste la inclusión de los peticionarios en el Registro Único de Población Desplazada, porque dicha información se encuentra reservada, vulneró los derechos fundamentales de acceso a los documentos públicos y de habeas data de los accionantes? Concedida. Todos los documentos públicos pueden ser conocidos por cualquier persona, con excepción de aquellos excluidos por la Constitución y la ley. La reserva de información no es oponible contra el titular de la información. El habeas data protege al titular de la información. - [Resumen automatizado: En relación con el problema planteado, la reserva de información es oponible frente a terceras personas que pretendan tener acceso a este tipo de información, exceptuándose de esta regla, i) el titular de la información, dada la protección que tiene esta persona de acceder a estos documentos, en virtud del derecho fundamental al habeas data; ii) las autoridades que soliciten documentos de carácter reservado en ejercicio de sus funciones, según el artículo 20 de la ley 57 de 1985. || Dado lo anterior y con el fin de proteger estos bienes constitucionales, la Corte constata que sobre este registro existe una reserva constitucional oponible frente a terceras personas que pretendan acceder a esta información, exceptuando de esta regla a: i) los titulares de la información, que tienen acceso en virtud del derecho fundamental del habeas data y ii) las autoridades que en ejercicio de sus funciones requieran dicha información, como son las entidades que componen el SNAIPD. || Dado lo anterior y con el fin de proteger estos bienes constitucionales, la Corte constata que sobre este registro existe una reserva constitucional oponible frente a terceras personas que pretendan acceder a esta información, exceptuando de esta regla a: i) los titulares de la información, que tienen acceso en virtud del derecho fundamental del habeas data y ii) las autoridades que en ejercicio de sus funciones requieran dicha información, como son las entidades que componen el SNAIPD.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-646 de 2007

¿Existe vulneración de los derechos fundamentales de petición, al debido proceso administrativo, a la vida digna, al mínimo vital, y a la vivienda digna del actor en su condición de adulto mayor por parte del Municipio del Guamo al no haber sido incluido, para la fecha de interposición de la acción de tutela, en ninguno de los programas sociales adelantados por el Municipio para la protección del adulto mayor ni tampoco en el programa de mejoramiento de la vivienda rural.? Concedida. Administración municipal está obligada a proteger a la persona que ha tenido que abandonar su casa de habitación y predio, porque la misma es inhabitable, siendo los cultivos su único medio de subsistencia. Aunque la respuesta al derecho de petición es negativa, la entidad no queda excluida de orientar al peticionario sobre las alternativas con que cuenta (deber de solidaridad). Protección especial al adulto mayor en estado de pobreza extrema. Debe existir disponibilidad de recursos para financiar la protección al adulto mayor indigente. El Juez de Tutela puede ordenar la inclusión de alguien en un listado de protección cuando es ostensible que reúne requisitos para estar en el listado. Protección al derecho a vivienda digna. - [Resumen automatizado: El accionante, de 76 años de edad al momento de la interposición de la acción de tutela,[2] categorizado en nivel de pobreza SISBEN 1,[3] manifiesta que desde 1998 se ha dirigido a las autoridades municipales para solicitar su ingreso en los programas sociales que adelante el municipio del Guamo para las personas de la tercera edad, teniendo en cuenta que no recibe pensión alguna de la cual derive su sostenimiento, sus hijos no le pueden colaborar económicamente y uno de ellos se encuentra incapacitado para trabajar, y habitan en la zona urbana debido a que debieron abandonar su vivienda rural por las malas condiciones en la que se encontraba. || Copia de la comunicación del 21 de agosto de 1998 dirigida por el accionante al Alcalde del Municipio del Guamo, en la que solicita “se sirva vincularme o afiliarme en la condición de beneficiario en el programa REVIVIR y dentro del régimen subsidiado de salud”, considerando que “el suscritos es persona de pobre solemnidad, tengo la edad de 69 años cumplidos y he perdido más del 50% de la capacidad laboral, no tengo ningún ingreso y tampoco los recursos económicos para asumir las necesidades básicas de mi subsistencia, tampoco poseo bienes o finca raíz y convivo con mi familia, integrada por la señora María del Carmen Sánchez, y un hijo que está incapacitado para trabajar, según el certificado médico expedido por el médico del reclutamiento militar del Espinal Tolima, por tal motivo fue excluido para prestar el servicio miliar, y mi (…) [no legible] es muy inferior al salario mínimo mensual, y el trabajo (…) [no legible] es ocasional que no me permite subsistir”.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-496 de 2007

Accionante de 74 años, solicita que se ordene su inclusión y la de su grupo familiar en el Registro de Población Desplazada para poder recibir las ayudas humanitarias de emergencia. - [Resumen automatizado: i) A pesar de las restricciones presupuestales y los recursos escasos, la ayuda humanitaria de emergencia, como expresión del derecho fundamental al mínimo vital, debe ser garantizada por el Estado para que la población desplazada logre mitigar su apremiante situación; ii) la entrega de esta asistencia debe respetar de forma estricta el orden cronológico definido por Acción Social y sólo podrá hacerse entrega de forma prioritaria ante situaciones de urgencia manifiesta; iii) la prórroga de la ayuda humanitaria debe ser evaluada en cada caso concreto, en especial cuando se trata de adultos mayores o madres cabeza de familia que no cuentan con los recursos económicos para su sostenimiento; y, iv) la entrega de la prórroga de la asistencia humanitaria debe realizarse según lo dispuesto en la sentencia C-278/07, es decir, hasta que el afectado esté en condiciones de asumir su propio sostenimiento. || En este sentido, la sentencia T-025 del 2004 indicó que cuando una persona se encuentre bajo las circunstancias de desplazamiento forzado, tiene derecho a quedar registrada como tal, ya sea de forma individual o junto a su núcleo familiar.[12] Adicionalmente, el registro de la población desplazada se encuentra incluido en los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado Interno,[13] que según la Corte hace parte del bloque de constitucionalidad[14] y es un elemento fundamental para la interpretación y la definición del alcance de los derechos fundamentales de los desplazados.]

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2006

Sentencia de Revisión de Tutela T-585 de 2006

¿Es procedente vía tutela solicitar una prórroga para hacer efectivos los subsidios de vivienda, así como una orden de solicitud de subsidios de vivienda complementarios para inmuebles nuevos o usados? La condición de especial vulnerabilidad, exclusión y marginación de la población desplazada por la violencia. El derecho a una vivienda digna. Concedida - [Resumen automatizado: El 13 de mayo de 2005, los ciudadanos Ana María Pabón Pabón, Albinia Arias Gómez, Alirio de Jesús Jiménez Meneses, Ana Francisca Chanaga Rodríguez, Alba Luz Martínez, Ana María Robles, Argenis Álvarez de Bello, Arturo Mejía Suárez, Candelaria Alfonso Aguirre, Elida Lasso Picón, Esquivel Rivero Rueda, Etilvia Soto Pineda, Giovanni Cuadros Quintero, Gonzalo de Jesús Saavedra Brache, Ilda Lucía Noriega de la Hoz, Javier Gutiérrez Bonilla, Javier Enrique Lozano Castellanos, José Ardila Herrera, José de los Santos Piñeres Arenas, José del Carmen Miranda Vargas, José Ramón Castrillón, Juan Rey, Leonilde Sierra, Lilia Tarazona Valencia, Lusvin José Fonseca Ochoa, Luis Alberto Jaimes Rojas, Luis Daniel Sánchez Lozano, Luis Emilio Jaimes Díaz, Luis Fernando Arias Jiménez, Manuel Zabala Polo, María de los Ángeles Viviescas Niño, María de Jesús Reyes Rincón, María del Carmen Jaimes, María Eugenia Suárez López, María Jesús Pabón Ortiz, María Luisa Olivero de Manrique, María Trinidad Franco Sanguino, Mariela Vargas Navarro, Marlene López Castellanos, Marlevis María Campo Rodríguez, Melinda de Jesús Salcedo Jiménez, Ninfa Rosa Pabón Jaimes, Olga Rey de Ortiz, Raquel Velásquez Vargas, Rosaura Lozano Mora, Rumaldo Pabón Arenis, Ramiro Sánchez Pitta, Sandra Matilde Herrera, Yoly Monsalve, Iván Rey, Armando Antonio Chaverra Marín, Carmen Elisa Carrillo, Corinta Estela Rincón de Celemín, Elsa González Rondón, Fermín Evaristo Aconcha Villalobo, Fermín Galvis García, Gladis Pallares Cárdenas, Gustavo Báez Arias, Isabel Rincón Sandoval, Luis Alfredo Ramírez Duque, Luz Esperanza Mora Gómez, Mauro Niño Vargas, Rusmira Sánchez Celis, Luz Marina Ortiz Heredia, Nancy Edith Tarazona Tarazona, Antonio Charris Dávila interpusieron acción de tutela en contra de los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, la Gobernación de Santander, INVISBU y la Oficina de Vivienda de la Gobernación de Santander, para la protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la dignidad, a la familia, a la salud, a una vivienda digna y al libre desarrollo de la personalidad, con fundamento en los siguientes:]

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2005

Sentencia de Revisión de Tutela T-1280 de 2005

¿Se lesionan los derechos a la igualdad y al trabajo, en el evento de un municipio negarse a pagar salarios a un funcionario que ejerce como Personero Municipal, argumentando que los salarios no han sido cancelados debido a que la nómina presentada no se ajusta a la categoría del municipio? Naturaleza del cargo de personero municipal. Categorías de los Municipios. Salario del Personero Municipal. Consecuencia del descenso en la categoría de las entidades territoriales y la reducción de los salarios de sus servidores públicos. Derecho al trabajo y a la igualdad. Negada - [Resumen automatizado: Finalmente, concluye que de acuerdo con la sentencia C-1098 de 2001 la Ley no puede menoscabar los derechos de los trabajadores, aunque el servidor se vincule con posterioridad a la fecha de la nueva categoría, toda vez que esta es la regla señalada por el alto tribunal al no acoger el concepto que en este sentido expuso el Procurador General de la Nación, que solicitó la exequibilidad condicionada de la norma que consagra la reducción automática de salarios para los servidores que se vincularan a la administración con posterioridad a la recategorización del municipio, pues ello daría lugar a una vulneración del principio establecido en el artículo 53 de la carta, según el cual a trabajo igual, salario igual. || Cita al respecto, el concepto emitido por la Contraloría General de Antioquia, el 2 de mayo de 2005, en el cual el Jefe de la Oficina Jurídica le manifestó expresamente a la demandante, respecto de su situación salarial, que la sentencia C-1098 de 2001 fue clara al señalar “que los derechos a percibir estos salarios no son absolutos, quiere decir lo anterior, que la consagración no es institucional sino personal; en consecuencia si el cambio de categoría se presenta durante el periodo de uno de estos funcionarios, obviamente no se puede disminuir sus salarios y honorarios, en desarrollo del artículo 53 de la Carta Política.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-882 de 2005

¿Se vulneran derechos fundamentales a la persona que se le niega la inscripción en la Red de Solidaridad Social por la manera como dio a conocer su situación de desplazamiento, bajo el argumento de falta de credibilidad? Función del Registro Único de la Población Desplazada. La solicitud de inclusión no comparte una investigación sobre el hecho mismo del desplazamiento para el simple hecho inicial del registro. Concedida - [Resumen automatizado: Agrega que el señor Estrada Tapiero, al ser interrogado sobre si "la guerrilla o el ejército visitaron la finca de ustedes", respondió "No señor pasaban siempre retiraditos"; que al preguntársele al mismo respecto de las amenazas y las razones que lo condujeron a salir del lugar donde vivía, contestó que no sufrió intimidaciones y que resolvió dejar su parcela "por miedo y porque no hay trabajo"; y que para fundamentar el recurso de reposición, interpuesto contra la Resolución que le negó la inscripción el actor dio "una versión diferente sobre los hechos". || El señor Norbey Estrada Tapiero reclama la protección constitucional de su derecho a la buena fe, porque la Presidencia de la República por intermedio de la Red de Solidaridad Social se niega a inscribirlo en el Registro Nacional de Población Desplazada, al considerar que de su declaración inicial no se deriva un estado de desplazamiento forzado y que para que la entidad reconsidere la negativa recurrió a una versión diferente sobre los hechos.]

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2004

Sentencia de Revisión de Tutela T-25 de 2004

Auto 52 de 2008 - Adopción de medidas tendientes a superar un estado de cosas inconstitucional en materia de desplazados. Solicitud a gobernadores y alcaldes de todo el país sobre información de la atención a la población desplazada, con el fin de asegurar la efectividad de la Ley 387 de 1997, del Decreto 250 de 2005 y de la sentencia T-025 de 2004. - [Resumen automatizado: 3. En la sentencia T-025 de 2004, numeral tercero de la parte resolutiva la Corte impartió la siguiente orden: "Comunicar, por medio de la Secretaría General, el estado de cosas inconstitucional al Ministro del Interior y de la Justicia, para que promueva que los gobernadores y alcaldes a que se refiere el artículo 7º de la Ley 387 de 1997, adopten las decisiones necesarias para asegurar que exista coherencia entre las obligaciones, constitucional y legalmente definidas, de atención a la población desplazada a cargo de la respectiva entidad territorial y los recursos que debe destinar para proteger efectivamente sus derechos constitucionales. || 1. Habida cuenta de que los derechos constitucionales de los desplazados obligan a todas las autoridades públicas, ¿cuál ha sido la política de la entidad territorial que usted dirige para asegurar la efectividad de la Ley 387 de 1997, el Decreto 250 de 2005, la sentencia T-025 de 2004 y de los autos de seguimiento al cumplimiento de dicha sentencia? || 1. Habida cuenta de que los derechos constitucionales de los desplazados obligan a todas las autoridades públicas, ¿cuál ha sido la política de la entidad territorial que usted dirige para asegurar la efectividad de la Ley 387 de 1997, el Decreto 250 de 2005, la sentencia T-025 de 2004 y de los autos de seguimiento al cumplimiento de dicha sentencia?]

Sentencia de Revisión de Tutela T-25 de 2004

¿Puede el Gobierno Nacional negar la separación de un desplazado del núcleo familiar con el que se inscribió en el Registro Único de Población Desplazada y con el cual ya había obtenido ayuda humanitaria, sin vulnerar los derechos de la población desplazada? - [Resumen automatizado: La Sala Tercera de Revisión, al resolver sobre las presentes acciones de tutela, concluye que por las condiciones de vulnerabilidad extrema en las cuales se encuentra la población desplazada, así como por la omisión reiterada de brindarle una protección oportuna y efectiva por parte de las distintas autoridades encargadas de su atención, se han violado tanto a los actores en el presente proceso, como a la población desplazada en general, sus derechos a una vida digna, a la integridad personal, a la igualdad, de petición, al trabajo, a la salud, a la seguridad social, a la educación, al mínimo vital y a la protección especial debida a las personas de la tercera edad, a la mujer cabeza de familia y a los niños (apartados 5 y 6). || Dada la condición de extrema vulnerabilidad de la población desplazada, no sólo por el hecho mismo del desplazamiento, sino también porque en la mayor parte de los casos se trata de personas especialmente protegidas por la Constitución tales como mujeres cabeza de familia, menores de edad, minorías étnicas y personas de la tercera edad -, la exigencia de presentar directamente o a través de abogado las acciones de tutela para la protección de sus derechos, resulta excesivamente onerosa para estas personas.]

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2003

Sentencia de Revisión de Tutela T-1161 de 2003

[Resumen automatizado: El Juzgado 9º Civil de Circuito de Barranquilla, en sentencia del 22 de mayo de 2003, tuteló el derecho a la vida del accionante y ordenó a la Red de Solidaridad Social que tomara las medidas necesarias para garantizar su derecho a la vida y adelantara el trámite para la apropiación presupuestal relativa al apoyo económico e informara al peticionario en qué fecha le sería pagado, dentro de un plazo razonable, respetando el orden cronológico si se trata de personas que se encuentran en peor o igual situación al tutelante. || No obstante, la forma de protección a tal derecho fundamental no se brindará en los términos solicitados por el peticionario toda vez que (ii) el Estado colombiano, en primera instancia, tiene la responsabilidad de atención de los desplazados y el deber de prevenir que tal situación desemboque en la solicitud de refugio, y (iii) el pago de la ayuda humanitaria ya reconocida para el accionante debe respetar los turnos de las demás personas que han acudido a la Red de Solidaridad para pedir tal apoyo con anterioridad al peticionario.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-955 de 2003

Derechos fundamentales de las comunidades negras. Daño ambiental - Explotación maderera en los territorios colectivos de las comunidades negras, actuaciones y denuncias. Actuaciones administrativas, demandas, decisiones judiciales y verificaciones - [Resumen automatizado: Se tutelará el derecho de los accionantes a la propiedad colectiva de sus suelos y bosques, de manera que la entidades accionadas ordenarán que se suspenda la extracción a que se hace mención, y dispondrán lo necesario para que tan pronto como el Ministerio del Interior y la Justicia defina el asunto de la representación legal de su Consejo Mayor, se consulte a las comunidades negras de la Cuenca del Río Cacarica, de buena fe y con el objeto de llegar a un acuerdo, la reglamentación sobre el aprovechamiento forestal de sus bosques colectivos, teniendo presente que dichas comunidades son las propietarias del recurso, y tendrán que ser las beneficiarias directas de la explotación, y ésta deberá permitirles avanzar y consolidar su proceso cultural. || Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución, el Congreso expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial que el Gobierno creará para tal efecto, una ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-602 de 2003

Mujer de tercera edad con nietos a su cargo e hija, ha solicitado programa de proyectos productivos y subsidio de vivienda - [Resumen automatizado: Y, en segundo término, de las pruebas allegadas al expediente se concluye que la demandante ha hecho numerosos esfuerzos tendientes a que se le brinde la ayuda indispensable para su estabilización socioeconómica pero, asimismo, resulta claro que tales esfuerzos han resultado infructuosos, puesto que en la práctica la actora no ha podido acceder ni a un proyecto productivo ni a una solución de vivienda, como se desprende de lo dicho por ella en el memorial remitido a la Corte Constitucional en el trámite de revisión de la sentencia de instancia, esto es, que efectivamente formuló un proyecto ante la Red según los criterios preestablecidos, y que solicitó al INURBE la asignación del subsidio de vivienda, pero que ni el proyecto presentado fue aprobado ni el subsidio asignado, este último ante la falta de postulación; a todo lo cual se suma la precaria atención en salud que reciben ella y su familia.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-268 de 2003

Desplazamiento interno entre lugares de misma ciudad. El calificativo de desplazado se adquiere de facto. Prevalencia del derecho sustancial sobre las formas - [Resumen automatizado: La doctora MARIA GIRLESA VILLEGAS MUÑOZ, Defensora del Pueblo, Regional Antioquia, instaura tutela a nombre de: YESID JORDAN SALAS, LUZ EDILMA ESPEJO MESA, MARIA VENTURA, ANGEL CUSTODIO MOSQUERA ROSALES, LUZ MILA MORENO GUERRERO, TERESA DE JESUS URIBE JARAMILLO, GLENDA ESTHER QUEJADA SOTO, LUIS HERNELIO IBARGUEN ASPRILLA, NIDIA AMPARO POSADA, OLGA ROCIO LOPERA, MARIA EFIGENIA SANCHEZ LOPEZ, BLANCA ADIELA LOPEZ FLOREZ, MARIE ERNESTA CUESTA RENTERIA, JUAN EVERTO ARCILA LOPEZ, AIDY POTE SALAS, IVONNE JORDAN SALAS, MARIA BERTHA ECHEVARRY, ROBERTO ALONSO POSADA ATEHORTUA, ERIKA YANETH SANCHEZ GONZALEZ, MARIA VICTORIA SANCHEZ GONZALEZ, RAMIRO DE JESUS POSADA LOPERA, MARIA ARACELY RUEDA ZAPATA, CARMEN ALICIA RESTREPO OSORIO, GLORIA INES RESTREPO, MARIA LUCIDIA URIBE JARAMILLO, SANDRA MILENA MACHADO, MARIA ELPIDIA POSADA, MARIA ORLLINDA RUIZ, ANA OFELIA RUIZ OQUENDO, BLANCA LIBIA URIBE, ELENA MARGARITA MEJIA ALVAREZ, MARIA OFELIA RUIZ RODAS, LUZ AMPARO URRUTIA GARCIA, MARIA LASTENIA OREJUELA MORENO, LILIANA LOPEZ JARAMILLO, MARTHA NELLY SERNA RAMIREZ, LUZ ENEIDA RESTREPO GRACIANO, NORA ELENA URREGO GRACIANO, ALBA MONTOYA OBANDO, MARIA LIRIS BEJARANO TAPIAS, SOR ERCILIA POSADA, GRACIELA GRACIANO RODRIGUEZ, JAIR DE JESUS VESALSCO ROJAS, CESAR AUGUSTO PARDO ECHEVERRY, BEATRIZ ELENA RUEDA MONTOYA, ROSA MELLIDA MENA RODRIGUEZ, ROSA ELENA OREJUELA MORENO, JHONY ALFREDO RODAS JARAMILLO, YOLANDA MARIA MONSALVE SERNA, MARIA AUXILIADORA RAIGOZA, LUIS CARLOS MONTOYA OBANDO, ROSA ANGELICA SERNA, MARIA EDUBITER CARDENAS, DIANA PATRICIA RAIGOZA VELASQUEZ, LILIANA MARIA MAZO MAZO, GILDARDO MONTOYA MORALES, ORLANDO DE JESUS SEPULVEDA, LUZ DARY MACHADO MONTOYA, MELIDA MORENO, MARIA ELVIGIA SEGURO, MARCO AURELIO ALVAREZ LONDOÑO, SANDRA MILENA URREGO ESPINOSA, YACIRA MORENO HURTADO, EDUARDO ANTONIO DURANGO, MARTHA ISABEL CALDERON, ENRIQUE ANTONIO TANGARIFE BEDOYA, MARIA EDILMA QUINTERO, JOSE VICENTE RICO OSSA, MARIA OFELIA USUGA DE GARCIA, PORFIRIO ANTONIO GOMEZ, MARIA ELENA QUINTERO y sus grupos familiares desplazados por la violencia dentro de la ciudad de Medellín.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-119 de 2003

Improcedencia de la acción de tutela para resolver conflictos sobre nivelación salarial de personero municipal - Tutela contra aplicación de acuerdo que fijó la remuneración para el cargo de personero municipal, en cuantía inferior a la prevista para el alcalde. Improcedencia de la tutela para cuestionar actos de carácter general, impersonal y abstracto; justificación del fallo. Control de los acuerdos municipales y de los actos de los alcaldes - [Resumen automatizado: La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández y Eduardo Montealegre Lynett, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente || Dentro del proceso de revisión de los fallos adoptados por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, en el trámite de la acción de tutela presentada por Jairo de Jesús Velásquez Suárez contra el Municipio de Mistrató (Risaralda), y por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el trámite de la tutela presentada por el mismo peticionario contra el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda. || Por último, explica que el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, en sentencia del 23 de marzo del 2001, se pronunció sobre el mencionado Acuerdo Municipal en el sentido de declarar la invalidez del artículo primero (que no autorizaba incremento salarial para los funcionarios de la administración municipal) y la validez del artículo segundo (el cual reguló el salario del personero de Mistrató). || En esta ocasión el demandante presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, por considerar que dicha Corporación incurrió en una vía de hecho al pronunciarse sobre la legalidad del Acuerdo Municipal antes mencionado.]

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2002

Sentencia de Revisión de Tutela T-215 de 2002

Grupo de menores desplazados por la violencia solicitaron cupos escolares al Colegio demandado pero les fueron negados por razones de extra edad, ausencia de cupos disponibles e imposibilidad de asumir los costos generados - [Resumen automatizado: - Que los menores Mónica Maryori Marín Avendaño; Carlos Alberto y Adrian Alexander David Urrego y Emer Aldairo Urrego David no se encuentran inscritos en el registro único de población desplazada por la violencia pues no aparece persona alguna que declare por ellos como representante legal o como jefe de hogar y que los menores Blanca, Rubiela, Yolanda y Orlando Tuberquia Gutiérrez, a pesar de estar inscritos en tal registro, no han manifestado interés alguno en cupos escolares y que, ante esa situación, es necesario que aquellos se inscriban en el registro y que éstos manifiesten su interés de acceder al sistema educativo. || 4. Para determinar si hay lugar a tutelar los derechos fundamentales de los menores en cuyo favor se interpuso la tutela, la Corte determinará (i) si ellos se encuentran en estado de desplazamiento, (ii) los motivos por los cuales varios de ellos no se encuentran en el registro único de la población desplazada por la violencia y, finalmente, (iii) las razones por las cuales no fueron admitidos en el Colegio Sol de Oriente de la ciudad de Medellín.]

Sentencia de Revisión de Tutela T-98 de 2002

Grupo de personas en su mayoría madres y menores de edad, en su condición de desplazados solicitan asistencia en educación, vivienda, alimentación entre otros, a la Red de Solidaridad - [Resumen automatizado: Si bien es cierto la Red de Solidaridad Social es una entidad coordinadora, las medidas que proponga, diseñe, promueva, propicie, concerte o coordine deben cristalizarse en primer lugar en la atención humanitaria de emergencia durante los tres primeros meses de la contingencia prorrogables por tres meses mas y, además, en todos los componentes de los programas de estabilización económica y por supuesto en la efectividad de la protección a los derechos fundamentales. || En efecto, el Estado debe proteger el derecho a la libertad de oficio y hacer cumplir el artículo 65 de la Carta sobre "fomento agropecuario, forestal y pesquero", pero por otro lado esos agricultores no pueden volver a sus parcelas y el artículo 54 establece como obligación del Estado "propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar". || En efecto, el Estado debe proteger el derecho a la libertad de oficio y hacer cumplir el artículo 65 de la Carta sobre "fomento agropecuario, forestal y pesquero", pero por otro lado esos agricultores no pueden volver a sus parcelas y el artículo 54 establece como obligación del Estado "propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar".]

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2001

Sentencia de Revisión de Tutela T-327 de 2001

DESPLAZAMIENTO FORZADO - Consecuencias. DESPLAZAMIENTO FORZADO - Vulneración múltiple, masiva y contínua de derechos fundamentales - [Resumen automatizado: Manifiesta el accionante que al negársele el registro y decírsele que no tiene la condición de desplazado, se configurarán graves vulneraciones a sus derechos fundamentales a la igualdad -por no ser registrado al igual que otras familias en las mismas condiciones-, a la vida, a la seguridad personal, a la salud, a la libertad de circulación, a la presunción de inocencia, al debido proceso y a los derechos del niño -con respecto a sus hijos menores de edad- para él y su familia. || La interpretación más favorable a la protección de los derechos humanos de los desplazados hace necesaria la aplicación de los Principios Rectores del Desplazamiento Interno consagrados en el Informe del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para el Tema de los Desplazamientos Internos de Personas[9], los cuales son parte del cuerpo normativo supranacional que integra el bloque de constitucionalidad de este caso. || La interpretación más favorable a la protección de los derechos humanos de los desplazados hace necesaria la aplicación de los Principios Rectores del Desplazamiento Interno consagrados en el Informe del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para el Tema de los Desplazamientos Internos de Personas[9], los cuales son parte del cuerpo normativo supranacional que integra el bloque de constitucionalidad de este caso.]

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