DOCUMENTO CONPES 4100 DNP DE 2022
(Bogotá, D.c., julio 11 de 2022)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
ESTRATEGIA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN MIGRANTE VENEZOLANA COMO FACTOR DE DESARROLLO PARA EL PAÍS
Departamento Nacional de Planeación
Ministerio del interior
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Hacienda y crédito Público
Ministerio de Justicia y del Derecho
Ministerio de Defensa Nacional
Ministerio de salud y Protección social
Ministerio del Trabajo
Ministerio de comercio, industria y Turismo
Ministerio de Educación Nacional
Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio
Departamento Administrativo Nacional de Estadística
Departamento para la Prosperidad social
oficina para la Atención e integración socioeconómica de la Población Migrante
instituto colombiano de Bienestar Familiar
servicio Nacional de Aprendizaje
Unidad Administrativa Especial Migración colombia
CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL
CONPES
Iván Duque Márquez
Presidente de la República
Marta Lucía Ramírez Blanco
Vicepresidenta de la República
| Daniel Palacios Martínez Ministro del Interior | Marta Lucía Ramírez Blanco Ministra de Relaciones Exteriores |
| José Manuel Restrepo Abondano Ministro de Hacienda y Crédito Público | Wilson Ruíz Orejuela Ministro de Justicia y del Derecho |
| Diego Andrés Molano Aponte Ministro de Defensa Nacional | Rodolfo Enrique Zea Navarro Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural |
| Fernando Ruíz Gómez Ministro de Salud y Protección Social | Ángel Custodio Cabrera Báez Ministro del Trabajo |
| Diego Mesa Puyo Ministro de Minas y Energía | María Ximena Lombana Villalba Ministra de Comercio, Industria y Turismo |
| María Victoria Angulo González Ministra de Educación Nacional | Carlos Eduardo Correa Escaf Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible |
| Susana Correa Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio | Carmen Ligia Valderrama Rojas Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |
| Ángela María Orozco Gómez Ministra de Transporte | Angélica María Mayolo Obregón Ministra de Cultura |
| Guillermo Antonio Herrera Castaño Ministro del Deporte | Tito José Crissien Borrero Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación |
Alejandra Carolina Botero Barco
Directora General del Departamento Nacional de Planeación
| Laura Milena Pabón Alvarado Subdirectora General de Prospectiva y Desarrollo Nacional (E) | Amparo García Montaña Subdirectora General del Sistema General de Regalías |
| Yesid Parra Vera Subdirector General de Inversiones, Seguimiento y Evaluación (E) | Lorena Garnica De La Espriella Subdirectora General de Descentralización y Desarrollo Territorial |
Resumen ejecutivo
El nivel de integración de la población migrante venezolana es aún insuficiente para materializar su aporte al desarrollo y la prosperidad del país. En los últimos cinco años, esta población ha demostrado su vocación de permanencia en Colombia, por lo que, el gobierno nacional ha adoptado medidas de flexibilización migratoria, adaptado sus entidades y creado instancias de coordinación para su debida atención. Aunque estas aún no son suficientes, estos avances han permitido consolidar un engranaje institucional y un entorno social que han logrado comprender que persisten vulnerabilidades específicas que deben ser abordadas en el contexto humanitario y de emergencia y que debe avanzarse paralelamente en garantizar el acceso de la población migrante venezolana a mercados y servicios con el fin de que se pueda integrar con la comunidad de acogida. En ese sentido, este documento CONPES define la política que se implementará de manera progresiva hasta 2032 con el objetivo de adaptar la respuesta institucional a las nuevas necesidades en materia de integración social, económica y cultural de la población migrante venezolana, de manera que se materialice su contribución al desarrollo y la prosperidad del país. Esto mediante (i) la construcción de una ruta de acción unificada para la atención e integración de la población migrante venezolana, que contemple la oferta y el acceso integral a mercados y servicios; y (ii) el fortalecimiento del esquema de gobernanza para la atención e integración de la población migrante venezolana, promoviendo la toma de decisiones basadas en evidencia.
Para ello, se establecen 7 líneas de acción: (i) implementar estrategias que permitan aumentar la oferta y viabilizar el acceso integral a servicios de la población migrante y receptora; (ii) fortalecer la capacidad de respuesta del Estado en la prevención y atención a vulnerabilidades; (iii) robustecer y adoptar estrategias que permitan la integración económica de la población migrante venezolana; (iv) promover ambientes que favorezcan la integración social y cultural de la población migrante venezolana; (v) robustecer la institucionalidad encargada de la atención e integración de la población migrante; (vi) definir una estrategia de financiación para garantizar la integración y el aprovechamiento en materia de desarrollo; y (vii) fortalecer la generación, procesamiento, intercambio de información y evaluación de la oferta.
La implementación de esta política, entre 2022 y 2032, estará a cargo de: la Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, del Ministerio de Salud y Protección Social, del Ministerio de Defensa Nacional, del Ministerio de Justicia, del Ministerio del Interior, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, y del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. El costo indicativo total de la política es de 13.295.095 millones de pesos.
Clasificación: D78; J18
Palabras clave: migración, integración económica, integración social, inclusión.
TABLA DE CONTENIDO
| 1. | INTRODUCCIÓN...................................................................................... | 10 |
| 2. | ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN...................................................... | 12 |
| 2.1. | Contexto general de la migración ........................................................... | 12 |
| 2.2. | Avances en materia de oferta y acceso a los servicios para la población migrante desde Venezuela....................................................................... | 15 |
| 2.3. | Gobernanza para la atención de la población migrante venezolana y apoyo internacional ................................................................................. | 25 |
| 2.4. | Justificación.............................................................................................. | 33 |
| 3. | MARCO CONCEPTUAL........................................................................... | 34 |
| 4. | DIAGNÓSTICO......................................................................................... | 38 |
| 4.1. | Ausencia de una ruta de acción unificada para la atención y la integración ............................................................................................... | 38 |
| 4.1.1. | Limitaciones en la oferta y el acceso integral a mercados y servicios de población migrante y refugiada venezolana............................................................................................... | 39 |
| 4.1.2. | Nuevas necesidades en materia de respuesta y atención de vulnerabilidades que se profundizan en el contexto migratorio................................................................................................. | 53 |
| 4.1.3. | Baja Integración económica de la población migrante venezolana......... | 61 |
| 4.1.4. | Dificultades para la integración social y cultural de los migrantes venezolanos............................................................................................. | 72 |
| 4.2. | Dificultades en las condiciones habilitantes para brindar una respuesta institucional adecuada para garantizar la integración de la población migrante venezolana................................................................................ | 77 |
| 4.2.1. | Debilidad en el esquema de gobernanza para la atención e integración de la población migrante venezolana....................................................... | 78 |
| 4.2.2. | Financiamiento insuficiente para garantizar la integración y el aprovechamiento en materia de desarrollo.............................................. | 83 |
| 4.2.3. | Dificultad en la toma de decisiones derivada de las debilidades en la recolección, procesamiento, análisis y evaluación de la información y oferta institucional .................................................................................... | 86 |
| 5. | DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA................................................................ | 90 |
| 5.1. | Objetivo general....................................................................................... | 90 |
| 5.2. | Objetivos específicos ............................................................................... | 90 |
| 5.3. | Plan de acción ......................................................................................... | 91 |
| 5.3.1. | Construir una ruta de acción unificada para la atención y la integración que contemple la oferta y el acceso integral a mercados y servicios de la población migrante .............................................................................. | 91 |
| 5.3.2. | Fortalecer el esquema de gobernanza para la atención e integración de la población, promoviendo la toma de decisiones basadas en evidencia. | 95 |
| 5.4. | Seguimiento.............................................................................................. | 98 |
| 5.5. | Financiamiento......................................................................................... | 99 |
| 6. | RECOMENDACIONES............................................................................. | 101 |
| Glosario.............................................................................................................. | 104 | |
| Anexos................................................................................................................ | 105 | |
| Anexo A. | Plan de Acción y Seguimiento (PAS)................................................... | 105 |
| Anexo B. | Avances cuantitativos por acción documento CONPES 3950 a diciembre de 2021.............................................................................. | 105 |
| Anexo C. | Normatividad asociada con registro y regularización de la población Migrante desde Venezuela................................................................. | 123 |
| Anexo D. | Instancias territoriales de coordinación formalizadas.......................... | 127 |
| BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................. | 140 | |
ÍNDICE DE TABLAS
| Tabla 1. | Permisos Especiales de Permanencia expedidos a venezolanos, por fase y género (2017-2021)................................................................... | 22 |
| Tabla 2. | Comparativo de horas trabajadas a la semana en relación con el salario promedio en hombres y mujeres migrantes, vs. hombres y mujeres no migrantes en Bogotá (2019) ............................................. | 64 |
| Tabla 3. | Cronograma de seguimiento................................................................ | 99 |
| Tabla 4. | Financiamiento por entidad (Millones de pesos) ................................. | 100 |
ÍNDICE DE GRÁFICOS
| Gráfico 1. | Evolución de la población migrante venezolana en Colombia........... | 13 |
| Gráfico 2. | Personas reconocidas como refugiadas 2017-2022......................... | 14 |
| Gráfico 3. | Número de venezolanos con TMF aprobada o entregada................ | 16 |
| Gráfico 4. | Evolución de encuestas Sisbén a migrantes..................................... | 42 |
| Gráfico 5. | Tiempo promedio de encuestas a migrantes, por mes de solicitud... | 42 |
| Gráfico 6. | Distribución de población migrante de nacionalidad venezolana por grupo Sisbén IV ............................................................................... | 44 |
| Gráfico 7. | Brecha servicio de acueducto por ciudades capitales | 45 |
| Gráfico 8. | Brecha pobreza monetaria por ciudades capitales (2019 - 2020) | 49 |
| Gráfico 9. | Índice de Pobreza Multidimensional para hogares con al menos un migrante venezolano que lleve viviendo en el municipio un año (2021) | 50 |
| Gráfico 10. | Cobertura de necesidades básicas de los migrantes en Colombia | 51 |
| Gráfico 11. | Grado de dificultad de acceso de la población migrante a bienes y servicios (2022) | 52 |
| Gráfico 12. | Población migrante con nacionalidad venezolana que cotiza en PILA 20202022 | 65 |
| Gráfico 13. | Aspectos positivos asociados a la llegada de personas de otros países intención de vivir en Colombia (2020) | 74 |
| Gráfico 14. | Percepción sobre la acogida de la población venezolana (abril, 2022) | 75 |
| Gráfico 15. | Percepción de la población venezolana en Colombia (abril, 2022) | 75 |
| Gráfico 16. | Porcentaje de confianza en los diferentes grupos de personas. (2022) | 77 |
| Gráfico 17. | Entidades miembro de instancias o espacios intersectoriales para la atención de la migración venezolana en Colombia | 81 |
SIGLAS Y ABREVIACIONES
| ACAPS | Assessment Capacities Project |
| Acnur | Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados |
| BID | Banco Interamericano de Desarrollo |
| BM | Banco Mundial |
| CIDH | Comisión Interamericana de Derechos Humanos |
| CNIM | Comisión Nacional Intersectorial de Migración |
| Codhes | Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento |
| CONPES | Consejo Nacional de Política Económica y Social |
| DANE | Departamento Administrativo Nacional de Estadística |
| Dapre | Departamento Administrativo de la Presidencia de la República |
| DNP | Departamento Nacional de Planeación |
| DPS | Departamento Administrativo para la Prosperidad Social |
| EPS | Entidad Promotora de Salud |
| ETPV | Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos |
| FIP | Fundación Ideas para la Paz |
| GEIH | Gran Encuesta Integrada de Hogares |
| GIFMM | Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos |
| GIZ | Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit |
| ICBF | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar |
| IMI | Índice Multidimensional de Integración Socioeconómica de Migrantes |
| IPA | Innovations for Poverty Action |
| IPS | Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud |
| LGTBIQ+ | Lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer |
Migración Colombia | Unidad Administrativa Especial Migración Colombia |
| MIPG | Modelo Integrado de Planeación y Gestión |
| NBC | Núcleo Básico del Conocimiento |
| NNA | Niños, niñas y adolescentes |
| NNAJ | Niños, niñas, adolescentes y Jóvenes |
| OIM | Organización Internacional para las Migraciones |
| OMV | Observatorio colombiano de Migración desde Venezuela |
| ONMS | Observatorio Nacional de Migración y Salud del Ministerio de Salud y Protección Social |
| ONU | Organización de Naciones Unidas |
| PARD | Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos |
| PCM | Puestos de Control Migratorio |
| PEP | Permiso Especial de Permanencia |
| PGN | Presupuesto General de la Nación |
| PIB | Producto Interno Bruto |
| PIM | Política Integral Migratoria |
| pp | Puntos porcentuales |
| PPT | Permiso por Protección Temporal |
| R4V | Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela |
| RAMV | Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos |
| RUMV | Registro Único de Migrantes Venezolanos |
| Rutec | Registro Único de Trabajadores Extranjeros |
| SDIS | Secretaría Distrital de Integración Social |
| SEN | Sistema Estadístico Nacional |
| SENA | Servicio Nacional de Aprendizaje |
| SGSSS | Sistema General de Seguridad Social en Salud |
| SIEM | Sistema de Información de Estadísticas de Migración |
| Simat | Sistema de Matrícula de Educación Preescolar, Básica y Media |
| Sisbén | Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales |
| SISE | Sistema de Información del Servicio Público de Empleo |
| SNM | Sistema Nacional de Migraciones |
| SPE | Servicio Público de Empleo |
| Undoc | Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, por sus siglas en inglés |
| UPC | Unidad de Pago por Captación |
| VBG | Violencia Basadas en Género |
1. INTRODUCCIÓN
El nivel de integración de la población migrante venezolana es aún insuficiente para materializar su aporte al desarrollo y la prosperidad del país. Desde 2015 aumentó aceleradamente el flujo de la población migrante venezolana hacia Colombia, lo cual llevó al gobierno de Colombia a adoptar medidas para afrontar este nuevo contexto, brindar atención humanitaria y formular una política pública encaminada a la atención de esta población. Con el fin de dar una rápida respuesta a las necesidades de la población migrante, se adelantaron, en un principio, acciones encaminadas a brindar atención humanitaria. Sin embargo, estas medidas de corto plazo debieron adaptarse rápidamente a las nuevas necesidades de la población migrante venezolana, especialmente dada su vocación de permanencia en Colombia. Por ello, se tomó la decisión de formular una política pública que trazara la ruta para la atención de la población migrante venezolana en el mediano plazo y que fortaleciera las capacidades del Estado colombiano para la atención de esta migración a nivel nacional y territorial. Como resultado, en el año 2018, se expidió el Documento CONPES 3950 (1) Estrategia para la atención de la migración desde Venezuela.
A partir de la aprobación de esta política, el país logró avances significativos en materia de atención a las necesidades de la población migrante, integración a mediano plazo y coordinación interinstitucional. Las intervenciones de los diferentes sectores de Gobierno y de los territorios han permitido avanzar en la atención de las primeras necesidades identificadas a través de la definición e implementación de estrategias de atención en salud, educación, desarrollo integral de la primera infancia, infancia y adolescencia, trabajo, vivienda y seguridad, entre otras.
Los logros en el acceso a la oferta que suple las necesidades básicas de la población migrante venezolana y los avances en la integración económica, social y cultural han demostrado la rápida y acertada respuesta del Gobierno nacional, sin embargo, todavía persisten brechas en los diferentes sectores entre la población migrante y las comunidades de acogida. Si bien las iniciativas en materia de atención y respuesta a las necesidades básicas y de acceso a la oferta institucional han sido efectivos y responden a las dinámicas propias y limitaciones ante la nueva realidad migratoria, es importante seguir trabajando en la ampliación de la cobertura de servicios, la integración social, económica y cultural de la población migrante, el fortalecimiento de capacidades institucionales, el financiamiento para la garantía de sus derechos, la generación e intercambio de datos y la evaluación de la oferta brindada. Ello permitirá superar el limitado acceso de la población migrante y refugiada venezolana a los servicios del Estado y fortalecer el esquema de gobernanza para la atención e integración de esta población.
Este documento traza una ruta de trabajo para los próximos diez años con el propósito de garantizar la sostenibilidad de la integración de la población migrante de forma que la migración se convierta en un factor de desarrollo sostenible para Colombia. Dado que esta población ha demostrado su vocación de permanencia y se ha avanzado en términos de su atención y acceso a derechos se hace necesario formular una política pública orientada a su integración social, económica y cultural. La ruta contempla acciones encaminadas a la implementación de estrategias para aumentar la oferta y viabilizar el acceso integral a servicios para la población migrante y receptora; fortalecer la capacidad de respuesta del Estado en la prevención y atención a vulnerabilidades; robustecer y adoptar estrategias para la integración económica, social y cultural de la población migrante venezolana; fortalecer la institucionalidad encargada de la atención e integración de esta población; definir una estrategia de financiación para garantizar la integración y el aprovechamiento en materia de desarrollo; y fortalecer la generación, el procesamiento y el intercambio de información, así como la evaluación de la oferta. En todo caso, se parte de reconocer que el contexto migratorio en Colombia ha tenido unas características particulares, existiendo una migración pendular y de tránsito que también debe ser abordada al igual que la de las personas con vocación de permanencia.
El documento está compuesto por seis secciones: (i) la presente introducción; (ii) antecedentes y justificación, donde se detalla el estado y el avance en el acceso y atención de la migración venezolana en Colombia transcurridos tres años de la expedición del Documento CONPES 3950 y donde se expone la necesidad de formular una nueva política encaminada a la atención e integración social, económica y cultural de la población migrante venezolana; (iii) marco conceptual, donde se explican en detalle los conceptos y las teorías sobre la migración, el proceso de integración a través de las tres dimensiones progresivas e interdependientes del Índice Multidimensional de Integración Socioeconómica de Migrantes (IMI) y la mirada de la migración como un factor de desarrollo para el país; (iv) diagnóstico, en donde se presentan las brechas que persisten asociadas con las limitaciones para contar con una ruta de acción unificada para la atención e integración de la población migrante, y para el fortalecimiento del esquema de gobernanza, el financiamiento y la toma de decisiones basadas en evidencia; (v) definición de la política, donde se relacionan el objetivo general y los objetivos específicos de la política, se detallan las líneas estratégicas y las acciones para afrontar las problemáticas identificadas, la periodicidad con la que se hará seguimiento a su implementación y los recursos que se destinarán para su financiamiento; y (vi) recomendaciones para el logro de los objetivos planteados en este documento.
2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
2.1. Contexto general de la migración
Las últimas tendencias migratorias a nivel global muestran que para el año 2020, había aproximadamente 281 millones de migrantes internacionales en el mundo, equivalente al 3,6 % de la población mundial. Aunque la gran mayoría de las personas permanece en su país de origen, aquellas que migran dejan una huella importante en las comunidades con las que se relacionan. Los flujos de migrantes no son homogéneos en todo el mundo, y responden a factores económicos, geográficos, políticos y sociales de las comunidades de origen y de destino. Europa es el principal continente de destino de migrantes, con 87 millones de migrantes (30,9 %), seguido por Asia, con 86 millones (30,5 %), América del Norte con 59 millones (20,9 %), y África, con 25 millones (9 %). América Latina y el Caribe, por su parte, es una región que, aunque con números netos menores de migrantes -7 millones en 2020, 5,3 % de la población migrante- ha duplicado el número de migrantes en tan solo 15 años y tiene la tasa más alta de aumento de esa población. Este crecimiento del número de migrantes en tan poco tiempo ha significado grandes retos para la región, así como grandes oportunidades de crecimiento. Finalmente, en Oceanía residen 9 millones de migrantes internacionales, aproximadamente el 3,3 % del total del mundo (Organización Internacional para las Migraciones [OIM], 2022).
La población migrante aporta más del 9 % de Producto Interno Bruto (PIB) mundial, aproximadamente USD 3 billones, más que si se quedaran en su país de origen. La inclusión de la migración como un factor de reducción de la desigualdad y de desarrollo sostenible en la agenda global es un reconocimiento a los aportes de la movilidad humana en términos de habilidades, trabajo, remesas, conocimiento, aportes culturales, entre otros(OIM, 2018).
Colombia no ha sido ajena a esta realidad, pues la llegada de la población venezolana generó un cambio drástico en las dinámicas migratorias del país. En efecto, el número de personas que ha acogido procedentes del vecino país, se ha multiplicado casi por 10 entre 2017 y 2022. De acuerdo con datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), de los 6,13 millones de venezolanos refugiados y migrantes en el mundo, 5,08 millones han migrado a países de América Latina y el Caribe (R4V, 2022). De ellos, cerca de dos millones se encuentran en Colombia según reportes de Migración Colombia.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en su publicación Población Migrante Venezolana en Colombia (2021), los dos principales motivos relacionados con la migración venezolana en el año 2020 fueron la unificación familiar y la búsqueda de trabajo, particularmente. Frente a la unificación familiar, el 55,1 % de las mujeres y el 41,4 % de los hombres encuestados manifestaron haber migrado para acompañar a otros miembros del hogar. En cuanto a la migración por razones de trabajo, el 17 % de las mujeres y el 32,3 % de los hombres emigraron por dicha razón a Colombia (DANE, 2021).
Gráfico 1. Evolución de la población migrante venezolana en Colombia
Fuente: DNP (2022) con información de Migración Colombia.
Nota: estimación de Migración Colombia sobre el número de venezolanos con vocación de permanencia; para el 2021, con corte de 31 de agosto de 2021 (2).
Sumado a los cambios experimentados en materia migratoria, se observó un aumento histórico en el número de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado radicadas en los últimos cinco (5) años, pasando de 625 solicitudes en el 2017 a 15.954 al cierre de 2021, lo cual representa un incremento porcentual de 2.453 %, y un acumulado de 42.106 solicitudes radicadas al 30 de abril de 2022. Se destaca que, de la anterior cifra el 98.80 % corresponde a solicitudes radicadas por nacionales venezolanos(3).
En total, entre 2017 y 2022, se han reconocido como refugiadas 1.289 personas, de las cuales 1224 son de nacionalidad venezolana entre solicitantes (539) y beneficiarios (685) (Gráfico 2).
Gráfico 2. Personas reconocidas como refugiadas 2017-2022
Fuente: DNP con información del Ministerio de Relaciones Exteriores (2022).
Ahora bien, teniendo en cuenta que en los últimos cinco años la migración desde Venezuela ha tenido un incremento significativo, el Gobierno nacional ha enfrentado nuevos retos en términos de garantía de derechos de la población migrante, su integración y la estabilidad macroeconómica del país. Esto ha implicado repensar las políticas, programas, proyectos y estrategias como país receptor de esta población. Es por ello que el país ha implementado políticas públicas y reformas normativas para la atención de esta nueva dinámica migratoria, que ha implicado diversos desafíos tanto a nivel nacional como territorial, en términos de cobertura y calidad de la oferta del Estado para una población cada vez más grande.
En este sentido, la apuesta de país se ha orientado a desarrollar una política de acogida respetuosa de los derechos de la población migrante venezolana, que entiende la actual dinámica migratoria como una potencial fuente de progreso y desarrollo sostenible, que puede traer impactos positivos, tanto para los individuos que arriban, como para la nación colombiana en su conjunto. Así, Colombia le ha apostado a la integración de la población migrante, donde las instituciones han dado respuesta y se han adaptado sobre la marcha, para pasar de un abordaje de atención y asistencia humanitaria hacia una integración efectiva de esta población en nuestra sociedad.
2.2. Avances en materia de oferta y acceso a los servicios para la población migrante desde Venezuela
El país ha adelantado una serie de acciones que ratifican su compromiso con la integración de la población migrante venezolana. En este apartado se presentan los avances en términos de las iniciativas de política lideradas por el Gobierno nacional para la oferta y acceso a los servicios para la población migrante desde Venezuela.
Primero, es fundamental considerar que la situación humanitaria que atraviesa el país vecino no solamente origina migración con vocación de permanencia hacia el territorio nacional. En efecto, decenas de miles de migrantes pendulares transitan en zonas de frontera para adquirir víveres y bienes de primera necesidad, así como para utilizar los servicios de salud y visitar familiares. Para realizar el seguimiento a estos flujos de migrantes y facilitar su acceso a bienes y servicios nacionales, el Gobierno creó en 2015 la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF)(4) y habilitaron nuevos Puestos de Control Migratorio (PCM) en la frontera entre Colombia y Venezuela. De igual manera, por Colombia transitan venezolanos que buscan trasladarse hacia otros países de la región. Para la atención de esta población, se crearon rutas de atención humanitaria(5) para migrantes venezolanos que transitan a pie por el territorio colombiano (Ruta del Caminante). Estas rutas cuentan con diferentes servicios ofrecidos por el Estado, organizaciones humanitarias y otros actores tales como puntos de atención en alimentación y salud, alojamiento, información de orientación, acceso a internet y llamadas telefónicas, transferencias monetarias, espacios de protección de niños, niñas y adolescentes (NNA), y orientación legal (Gráfico 3).
Gráfico 3. Número de venezolanos con TMF aprobada o entregada
Fuente. DNP con información de Migración Colombia (2021)
Segundo, desde 2015, se ha presentado un retorno significativo de personas nacidas en Colombia que en algún momento migraron a Venezuela y decidieron retornar al país, así como de sus descendientes y familiares que, aunque nacieron en Venezuela tienen derecho a la nacionalidad colombiana. Desde agosto de 2016, la Registraduría Nacional del Estado Civil puso en marcha un procedimiento excepcional para facilitar la expedición de registros de nacimiento para personas nacidas en Venezuela de padre o madre colombianos que ahora se encuentren en territorio nacional.
Además, entre los esfuerzos iniciales en materia de política pública, se expidió el Documento CONPES 3950 de 2018, Estrategia de atención de la migración desde Venezuela, el cual se formuló con el objetivo de trazar las rutas de atención en los principales sectores orientadas a la población migrante desde Venezuela en el mediano plazo y fortalecer la institucionalidad para su atención. Para la ejecución de sus 68 acciones, este Documento CONPES estimó un costo aproximado de 422.779 millones de pesos, que involucró a 22 entidades(6). Es así como el referido Documento CONPES, a través de la oferta multisectorial, trazó la ruta para los avances en materia de cobertura escolar de educación, convalidación de estudios de los niños y niñas provenientes de Venezuela, equivalentes a educación preescolar, básica y media, inserción en el mercado laboral legal, estrategias para el desarrollo de competencias ciudadanas y socioemocionales para la prevención de la xenofobia, al igual que otras situaciones que afectan la convivencia y generan discriminación (ver anexo A).
Sin embargo, la acción institucional avanzó mucho más rápidamente que lo previsto en el documento, trascendiendo su alcance y logrando resultados efectivos en materia de atención e integración. Adicionalmente, el aumento de la población que debe ser atendida y la necesidad de avanzar en las distintas dimensiones de la integración, hacen necesario que estos esfuerzos se profundicen, apuntando principalmente al cierre de brechas en integración social, económica y cultural. Por lo tanto, se requiere seguir trabajando en esos nuevos retos que tiene el país después de varios años de implementación de iniciativas para la atención e integración de la población migrante venezolana y, sobre todo, en definir acciones que permitan potenciarla como una fuerza para el desarrollo del país. Un aspecto importante de esta integración consiste en la promoción constante del trabajo decente entre los y las trabajadoras migrantes, como un aspecto que incide en la diversidad y productividad de la esfera laboral, que representa una oportunidad de crecimiento y desarrollo para los y las migrantes y que promueve el desarrollo local y la cohesión social en los territorios (Ley 1997 de 2019(7)).
En 2019, el Gobierno nacional a través de la Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante de la Presidencia de la República y con apoyo del PNUD, construyó y publicó la Estrategia Nacional de Generación de Ingresos para la población migrante proveniente de Venezuela y las comunidades de acogida con el fin de abordar las dificultades que se presentaban para la integración socioeconómica de la población migrante venezolana en el país.
La Estrategia permitió identificar los principales obstáculos que existían a nivel normativo, institucional y presupuestal y que impedían que tanto los inmigrantes venezolanos como los retornados colombianos se insertaran de manera productiva en la economía colombiana. Este diagnóstico se elaboró en articulación con un número amplio de instituciones públicas y privadas colombianas e internacionales y se enfocó en la implementación de dos rutas así: (i) la ruta de empleabilidad: buscando promover la formalización laboral mediante una flexibilización de los esquemas de regularización, así como de los mecanismos de convalidación de títulos y certificación de competencias, una oferta mayor de capacitación, un mejoramiento del sistema de intermediación laboral y una lucha más aguda contra el trabajo forzoso; y (ii) la ruta de emprendimiento: enfocada en la simplificación de los trámites necesarios para la creación empresarial, un mejoramiento de la formación y del acompañamiento a los emprendedores, un incremento de los financiamientos para proyectos empresariales, y un fortalecimiento de las empresas ya consolidadas.
A finales del 2021 y nuevamente con el apoyo del PNUD, la Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante de la Presidencia de la República llevó a cabo el balance de esta estrategia para identificar los avances en la superación de los obstáculos y la adaptación de las recomendaciones descritas en el documento base de la Estrategia en mención. Se resaltan avances en materia de documentación, registro y caracterización, ruta de empleabilidad, ruta de emprendimiento, inclusión financiera, enfoque diferencial, desarrollo económico local, coordinación interinstitucional y cooperación regional e internacional. Es importante destacar que, aunque la Estrategia propone la ejecución de sus acciones a partir de cuatro grupos de trabajo, entre ellos: documentación registro y caracterización, procesos formativos y educativos, empleabilidad y emprendimiento; para el ejercicio de balance, también se analizó el avance de líneas de trabajo como inclusión financiera y cohesión social, de las que en el documento principal de la estrategia se describen como obstáculos por superar. A partir de este balance, y en el marco de la implementación del ETPV, se publicará una estrategia versión 2.0 que identificará nuevos retos y necesidades en cada una de estas líneas, así como recomendaciones que recojan el nuevo escenario de integración social y económica que existe actualmente para la población migrante venezolana.
A través de la regularización migratoria, intersectorialmente se ha facilitado el acceso a la oferta estatal y, por ende, la garantía de los derechos con miras a la reducción de las vulnerabilidades y brechas existentes. Es así como, se garantizó el derecho a la salud de la población migrante venezolana mediante el acceso a la atención inicial de urgencias sin costo(8) y, además, mediante el proceso de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) para toda la población regular(9). En este sentido, a corte de febrero de 2022, el Ministerio de Salud y Protección Social ha brindado más de 17,9 millones de atenciones a más de 2,1 millones de migrantes venezolanos, centrados en atención a mujeres gestantes y en periodo de lactancia, primera infancia, desnutrición, enfermedades transmisibles y violencia basada en género (VBG). Adicionalmente, con corte a abril de 2022, según datos del Ministerio de Salud, 652.540 migrantes venezolanos regularizados estaban afiliados al SGSSS, lo cual representa aproximadamente el 67 % de la población total de migrantes venezolanos regularizados, según cifras de Migración Colombia con corte a agosto de 2021.
Para el Gobierno de Colombia es central la atención integral a la niñez. Los primeros cinco años de vida son fundamentales para el desarrollo de cualquier ser humano. Durante esta etapa de la vida se generan entre 700 a 1.000 nuevas conexiones neuronales por segundo, más que en cualquier otro período vital, con gran incidencia futura en las capacidades de aprendizaje y adaptación (United Nations International Children's Emergency Fund, 2016). Por esta razón, invertir en educación inicial es una de las estrategias más rentables (eficiente y eficaz) de política pública que puede hacer una sociedad para su crecimiento social y económico. El premio Nobel de Economía James Heckman estimó que la tasa de retorno anual de esta inversión está entre 7 % y 10 %, basado en el rendimiento escolar y profesional, y la reducción de costos futuros asociados con educación compensatoria, la salud y los gastos del sistema de justicia penal (Heckman, s.f).
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) atiende a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ) procedentes de Venezuela, sin que su situación migratoria o la de sus padres o cuidadores sea impedimento para proteger sus derechos, bajo los principios de no discriminación y del interés superior. El ICBF desarrolla acciones que promueven la inclusión social de esta población en situación de vulnerabilidad, bajo la premisa de que invertir en la niñez, adolescencia y juventud tiene "consecuencias en la acumulación de capital humano y, por lo tanto, en las oportunidades disponibles al momento de ingresar al mercado laboral u obtener ingresos" (Banco Mundial [BM], 2021).
En la búsqueda por materializar el compromiso con la garantía de los derechos de las (NNA) migrantes, el Instituto ha realizado un esfuerzo importante para fortalecer la respuesta institucional, a través del incremento en la cobertura de los servicios y el diseño de proyectos dirigidos a esta población. En sus programas de prevención, el ICBF pasó de atender 66.565 personas migrantes en 2018 a 111.077(10) en 2021, esto es un incremento del 67 %. En 2021, del total de atendidos, 100.256 fueron NNA menores de 18 años (90 %) y 90.276 niñas y niños menores de cinco años. El número de ingresos a los programas de protección, es decir, cuando los NNA tienen sus derechos vulnerados o amenazados o están en riesgo, pasó de 1.068 en 2018 a 3.609 en 2021, esto es un incremento del 238 %.
A las niñas y niños venezolanos también se les ha garantizado su derecho a la educación, sin importar su estatus migratorio. El número de estudiantes de origen venezolano incrementó de forma exponencial en muy poco tiempo, lo cual pone acelerada presión en las instituciones educativas. A corte de mayo de 2022, 454.219 NNA provenientes de Venezuela habían sido matriculados en instituciones de educación preescolar, básica y media(11).
Con el objetivo de fortalecer la gestión de la migración de autoridades locales y mejorar el acceso a servicios orientados a la integración la Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante de la Presidencia de la República ha liderado la iniciativa de los Centros Intégrate. Esta consiste en dar atención a la población migrante a través la instalación de ventanillas únicas (espacios físicos que concentran servicios de diferentes sectores) donde a través del modelo administración de casos se garantiza la atención integral. El esquema de atención contempla un momento de acogida, identificación y registro de personas, luego se realiza una evaluación de necesidades que permite la definición de un plan integral de atención con enfoque familiar. El plan se ejecuta a partir de los servicios prestados por asesores ubicados al interior de los Centros Intégrate o derivaciones externas cuando la necesidad o el trámite sobrepasan las capacidades del lugar. El flujo de atención contempla seguimiento a cada uno de los componentes registrados en el plan de trabajo, una reevaluación de necesidades, para proceder al cierre de casos cuando el plan se cumple en su totalidad.
Los servicios priorizados para los Centros Intégrate son principalmente del Estado y orientados a la integración, sin perjuicio de las articulaciones con servicios complementarios o de atención humanitaria que aliados de cooperación ofrecen en los territorios priorizados. Algunos de estos son: identificación, registro y servicios migratorios, aseguramiento en salud, acceso a cupo escolar y servicios educativos, rutas de empleabilidad y emprendimiento, oferta de programas sociales locales y nacionales, programas para la mujer y la equidad de géneros, orientación y acceso a la justicia, entre otros. El proceso de consolidación de los Centros Intégrate contempla el fortalecimiento de la gestión local de la información de la población migrante a través de una herramienta tecnológica que permite tener trazabilidad de las atenciones dadas y el fortalecimiento de las capacidades locales para administrar la información. La puesta en marcha de los Centros Intégrate ha sido coordinada con las autoridades locales y cuenta con el apoyo técnico y financiero de USAID y otros aliados de la cooperación. Actualmente se tienen activos los Centros Intégrate de Cúcuta, Bucaramanga y Medellín, y próximamente se contempla la apertura en Cali, Santa Marta, Riohacha, Barranquilla, Bogotá y Cartagena.
Otro aspecto que considerar es que, de acuerdo a supuesto normativo establecido en el en el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011(12), la población migrante proveniente de Venezuela puede ser reconocida como víctima del conflicto armado, en caso de que haya sufrido alguno de los hechos victimizantes consagrados en la norma. En este sentido, el Gobierno nacional, consciente del impacto que representa la violación a los DDHH o infracciones al DIH sobre la población vulnerable, expidió el Documento CONPES 4031 de 2021(13) Política Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas a través del cual se busca optimizar el acceso de las víctimas del conflicto armado a las medidas de prevención, protección, atención, asistencia y reparación. En este documento de política pública se disponen los mecanismos de orientación a la población víctima para la declaración de los hechos victimizantes, así como acciones y metas relacionadas con la entrega de atención y ayuda humanitaria, de las que serían también beneficiarias las personas con nacionalidad diferente a la colombiana afectadas en el marco del conflicto armado.
En este sentido, es importante mencionar que la base de la aproximación de los avances institucionales ha sido la apuesta a la regularización de la población venezolana. En efecto, desde el inicio de este contexto migratorio, el Gobierno Nacional comprendió que no sería posible avanzar en materia de garantía de derechos y acceso a bienes y servicios, sin la base de la regularización. Es así como, desde 2017, se creó el Permiso Especial de Permanencia (PEP)(14) que le permitió a la población migrante venezolana regularizar su permanencia en el país con una vigencia de 90 días prorrogables automáticamente hasta completar 2 años. En particular, el PEP-Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV - PEP III) facilitó la regularización de 281.778 migrantes en condición migratoria irregular. Así, el PEP fue un primer instrumento de corto plazo que permitió a un total de 737.430 migrantes venezolanos regularizar su estatus migratorio(15). La Tabla 1 muestra los PEP expedidos por fase entre 2017 y 2021.
Tabla 1. Permisos Especiales de Permanencia expedidos a venezolanos, por fase y género (2017-2021)
| Fase | Femenino | Indefinido | Masculino | Total |
| PEP I | 30.132 | - | 38.725 | 68.857 |
| PEP II | 50.165 | - | 62.457 | 112.622 |
| PEP III | 139.716 | 196 | 141.866 | 281.778 |
| PEP IV | 66.810 | 6 | 66.670 | 133.486 |
| PEP V | 94 | - | 698 | 792 |
| PEP VI | 1 | - | 4 | 5 |
| PEP VII | 46.147 | - | 44.862 | 91.009 |
| PEP VIII | 6.613 | 26 | 12.823 | 19.462 |
| PEP IX | 15.301 | - | 14.118 | 29.419 |
| Total | 354.979 | 228 | 382.223 | 737.430 |
Fuente: DNP, con información de Migración Colombia (2021)
Los aprendizajes de la expedición del PEP, sumados a la vocación de permanencia de largo plazo de la mayoría de los migrantes venezolanos16 y sus implicaciones para la oferta de bienes y servicios del país, conllevaron a pensar en nuevas soluciones en materia de regularización. En enero de 2021 se estimaban un millón setecientos mil venezolanos(16) en territorio colombiano(17), la mayoría de ellos en situación migratoria irregular. De hecho, a pesar de las medidas del Gobierno colombiano por regularizar a la población migrante, la proporción de personas venezolanas en situación migratoria irregular superó en alto porcentaje, a las cifras de aquellos regularizados a través del PEP. La falta de documentación, caracterización e irregularidad migratoria implicaba grandes riesgos para la población migrante, incrementados por razones de género, discapacidad, orientación sexual y edad. Incluso enfrentando situaciones de violencia sexual, explotación laboral, xenofobia, tráfico y trata de personas en sus diferentes modalidades, hecho que venía representando un reto para el diseño de políticas públicas orientadas a mitigar los riesgos asociados a los procesos migratorios, y la adecuada planeación institucional y presupuestal.
Además, el Gobierno colombiano garantizó los derechos del creciente número de niños y niñas nacidos en Colombia de padres venezolanos que estaban en riesgo de apatridia. En septiembre de 2019 se concedió la nacionalidad colombiana a todos los hijos de padres venezolanos nacidos en Colombia a partir de enero de 2015, medida excepcional que estará vigente hasta el 2023 (Ley 1997 de 2019). A finales de mayo de 2022, 78.303 niños y niñas hijos de padres venezolanos nacidos en Colombia habían recibido nacionalidad colombiana. Se espera que esta cifra de beneficiados incremente permanentemente durante la vigencia de la Resolución 8617 del 2021.
En 2021, el Gobierno colombiano, implementó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos Bajo Régimen de Protección Temporal (ETPV)(18), acogiendo la recomendación del Documento CONPES 3950 de 2018, sobre la creación de figuras alternativas de flexibilización migratoria que facilitaran la gobernanza del flujo migratorio procedente de Venezuela y permitieran resolver las limitaciones derivadas del estatus migratorio a efectos de atender la inserción económica de los migrantes y la satisfacción necesidades críticas. Se trata de una medida con vigencia de 10 años que permite la regularización de la población migrante venezolana en condiciones migratorias especiales, y les otorga el Permiso por Protección Temporal (PPT) como un documento de identificación que autoriza su permanencia en el territorio nacional, y a ejercer durante su vigencia, cualquier actividad u ocupación legal en el país, acceder a la oferta de servicios en el sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión, en las entidades financieras, en el sistema educativo, entre otros, además de acreditar su estatus migratorio frente a instituciones del Estado y particulares.
Para acceder al ETPV, los venezolanos que hubieren ingresado de manera irregular a Colombia antes del 31 de enero de 2021 debían, entre otros requisitos, presentar una prueba sumaria y podían registrarse hasta el 28 de mayo de 2022 en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV). Quienes hayan ingresado por un PCM tendrán la posibilidad de acceder al ETPV hasta el 24 de noviembre de 2023, y, quienes hayan ingresado después del 29 de mayo de 2022 tendrán hasta dos años para acogerse al Estatuto. Para los NNA, en el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD), los adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) y niñas y niños en servicios de educación inicial y NNA vinculados al sistema educativo, el plazo es hasta el 30 de mayo de 2031. De igual manera, el Estatuto prevé que durante el tiempo de vigencia del PPT, los migrantes deberán hacer tránsito al régimen de visado ordinario.
Esta es una medida que, con corte a 31 de mayo de 2022, ha permitido que más de 2,3 millones de migrantes venezolanos hayan diligenciado la encuesta para acceder al ETPV. Asimismo, se han aprobado más de 1,2 millones de permisos de protección temporal, impreso 1,18 y entregado más de 1 millón. Cabe anotar que, a través del RUMV es posible conocer las caracterizaciones generales completas de la población migrante que se encontraban desactualizadas y no incluían a la totalidad de esa población. Este registro contiene una encuesta de caracterización comprensiva, que es aplicada a cada persona que quiera acogerse al ETPV, lo que facilitará la toma de decisiones integrales de política pública, dada la intersectorialidad y pertinencia de la información que se recoge. El ámbito de aplicación del ETPV se hizo extensivo a los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado venezolanos, con el propósito de permitir su inscripción en el RUMV, así como optar por el PPT, circunstancia que se explica, en parte, por la intención de la gran mayoría de los solicitantes por regularizarse migratoriamente en el país a efectos de buscar trabajo y lograr el acceso a los bienes y servicios que ofrece el Estado.
Otro avance significativo en materia migratoria del gobierno colombiano es la expedición de la Ley de Política Integral Migratoria (PIM)(19). Ésta busca establecer los lineamientos generales y los espacios interinstitucionales de coordinación de la política migratoria en concordancia con lo establecido en la Constitución Política y los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por el Estado, lo que representa un esfuerzo mancomunado por dotar al país de un instrumento de política pública necesario para la gestión de la migración. La PIM, en su capítulo quinto sobre la integración socioeconómica y productiva de la población migrante contempla, el fomento al empleo, el desarrollo económico local, el emprendimiento y la inclusión financiera.
2.3. Gobernanza para la atención de la población migrante venezolana y apoyo internacional
Una respuesta institucional unificada, con objetivos claros y una ruta de acción es necesaria para responder a un contexto migratorio de la magnitud y el nivel de impacto de la migración proveniente de Venezuela. Es por ello que Colombia efectuó, entre sus acciones de gestión de la migración venezolana, ajustes normativos e institucionales para brindar una respuesta efectiva a las dinámicas y necesidades de esta población en este nuevo contexto.
Previo a la llegada masiva de la población migrante venezolana, mediante el Decreto 1239 de 2003, se creó la Comisión Nacional Intersectorial de Migración (CNIM), como un órgano para la coordinación y orientación en la ejecución de la política migratoria del país. Esta Comisión se encuentra presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y tiene dentro de sus funciones sugerir las pautas para la formulación, el establecimiento y la coordinación de la política migratoria, de conformidad con la normatividad vigente; coordinar estudios relacionados con las necesidades sociales, demográficas, económicas, científicas, culturales, de seguridad, de orden público y sanitario, que tengan incidencia en materia migratoria nacional; efectuar estudios comparativos de la política migratoria colombiana con otros Estados; y hacer seguimiento a los acuerdos o tratados y demás compromisos internacionales adquiridos por Colombia, con incidencia en el tema migratorio, para velar por su aplicación. También tiene a su cargo la reglamentación interna en materia migratoria, con el fin de emitir las recomendaciones necesarias para su debida aplicación; entre otras. Este espacio de articulación interinstitucional aún existe; sin embargo, en el marco de la coyuntura migratoria, se crearon nuevas instancias cuyas funciones están estrechamente relacionadas.
En términos de intersectorialidad, el Estado colombiano también ha realizado diversos esfuerzos para la atención de la población migrante venezolana (a pesar de que, desde antes de 2015, se realizó el cierre de fronteras colombo - venezolanas). Entre ellas se encuentra la instalación de Puestos de Mando Unificados para la identificación de necesidades y situaciones problemáticas en los sectores fronterizos, que pone en conocimiento un panorama amplio y al tiempo desagregado con respecto a los diferentes escenarios y retos presentados, para la búsqueda de soluciones a través de la articulación y comunicación entre el orden nacional y los territorios.
De igual manera, se creó el Sistema Nacional de Migraciones (SNM) a partir de la Ley 1465 de 2011(20), modificada por la Ley 2136 de 2021, como un conjunto de instituciones, organizaciones de la sociedad civil, normas, procesos, planes y programas, desde el cual se deberá acompañar el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de la Política Migratoria. El SNM tiene por objeto mejorar la calidad de vida de los colombianos en el exterior, considerando todos los aspectos de la emigración y la inmigración. Este Sistema está integrado por la CNIM como eje central, así como las entidades estatales y gubernamentales, las Comisiones Segundas del Senado y la Cámara de Representantes, y la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, coordinada por Colombia Nos Une, donde podrá inscribirse cualquier ciudadano colombiano residente en el exterior o en el territorio nacional en calidad de retornado o migrante regular en Colombia, interesado en el tema migratorio. Este mecanismo facilita y promueve la participación ciudadana en los temas alrededor de la PIM.
Desde el sector empleo y conforme a lo que plantea la Resolución 425 de 2013(21) se crea la Subcomisión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para el Diálogo Social Tripartito en Gestión Migratoria Laboral que tiene como objetivo promover la participación del Gobierno nacional, Empleadores y Trabajadores a través de mecanismos de concertación que generen planes, acciones, estrategias, propuestas y recomendaciones que orienten la toma de decisiones en materia migratoria laboral considerando la dinámica de los flujos migratorios en el país.
De igual manera, frente a la inclusión financiera también se resalta la creación de la mesa técnica de inclusión financiera con la participación de la Unidad de Regulación Financiera, la Banca de las Oportunidades y Migración Colombia, en la cual se gestionan las acciones que a nivel de gobierno deben adelantarse para lograr la inclusión financiera de la población migrante venezolana.
Asimismo, en noviembre de 2018 el Gobierno nacional creó la Unidad Interinstitucional de Cooperación Internacional para la migración proveniente de Venezuela, integrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores - Dirección de Cooperación Internacional, quien funge como secretaria técnica, la Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC) Colombia. En este espacio, se coordina con las entidades sectoriales y locales, la consolidación de las necesidades más apremiantes a nivel territorial para establecer las acciones de cooperación con los donantes bilaterales y el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) y se hace un seguimiento periódico de las mismas. En ese sentido, se debe formalizar y fortalecer la capacidad de acción de la Unidad Interinstitucional de Cooperación Internacional para la migración proveniente de Venezuela para articular y hacer seguimiento a los recursos y programas de cooperación internacional en apoyo a la atención e integración socioeconómica de esta población.
Los ajustes normativos y la oferta ampliada de servicios debido al aumento de flujos migratorios desde 2015, se vieron acompañados de la adecuación institucional, pues se acrecentó la necesidad de coordinación para responder articuladamente a los retos de la migración proveniente de Venezuela. A través del Decreto 1185 de 2021(22), se constituye de manera oficial la Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante en el mes de septiembre de 2021, que hace parte del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y tiene las funciones de coordinar con las instancias competentes en los ámbitos nacional y local la implementación de estrategias y políticas para la integración socioeconómica y productiva de los migrantes; apoyar a las instituciones del nivel central y a las entidades territoriales en el diseño e implementación de políticas, planes y proyectos relevantes para la orientación y asistencia de la población migrante en general, y para la integración socioeconómica y productiva de la población migrante con vocación de permanencia en el país; y desarrollar estrategias pedagógicas y de comunicación encaminadas a promover la integración socioeconómica de la población migrante; diseñar instrumentos, estudios e indicadores que permitan analizar, generar conocimiento y hacer seguimiento a la respuesta institucional relacionada con la integración socioeconómica de la población migrante, entre otras. A partir de esta nueva Oficina, e incluso antes de su oficialización, se han logrado avances importantes en términos de articulación de la intervención del Estado en el nivel nacional y territorial, así como en coordinación de la ejecución de los recursos provenientes de distintas fuentes de financiación.
El Gobierno nacional con acciones específicas desde la Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante de la Presidencia de la República, viene implementado una estrategia para la construcción de espacios locales de discusión para la toma de decisiones en atención a la migración venezolana denominados mesas migratorias; a nivel territorial, estas mesas se crearon como una estrategia de articulación entre el Gobierno nacional, las autoridades locales, la cooperación internacional y la sociedad civil en los departamentos con alta presencia de migrantes venezolanos. Su propósito es el de coordinar y articular la respuesta en el territorio, así como evaluar estrategias y medidas para estructurar un esquema de atención a esta población. Bajo este mecanismo, los tres niveles de gobierno (nacional, departamental y municipal) se reúnen para encontrar soluciones y generar acciones de atención para la población migrante. En las mesas se identifican problemáticas derivadas del proceso migratorio y se definen compromisos con el fin de darles pronta y efectiva solución; también se revisa la respuesta humanitaria y se visibilizan las acciones complementarias para enfrentar las dinámicas de este éxodo. Un total de 26 entidades territoriales, entre departamentos y municipios han creado instancias para articular la atención de la población migrante venezolana, entre ellas, Santander, Bucaramanga, Pasto, Nariño, Barranquilla, Cartagena, Norte de Santander, que las han formalizado a través de actos administrativos (Anexo D). Otras entidades cuentan con Mesas Migratorias en proceso de formalización, entre ellas Medellín, Santa Marta, Valledupar, Maicao y Riohacha.
Una decisión reciente, ha sido la de hacer una transición de un mecanismo de atención exclusivamente humanitaria orientado a la población migrante, a uno que incorpore elementos para la integración y asimilación de las migraciones, tomando en consideración las ventajas y oportunidades de la migración. Por esto se elaboró el documento Lineamientos para la Conformación y Operación de Mesas Migratorias como un insumo guía para gobiernos departamentales y municipales en el proceso de constitución de mesas migratorias en sus territorios. El documento es de carácter orientativo con la finalidad exclusiva de prestar el acompañamiento técnico y operativo desde la Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante de la Presidencia de la República para que las entidades territoriales puedan establecer espacios locales de diálogo, que faciliten la coordinación interinstitucional y la toma de decisiones frente a la atención del fenómeno migratorio desde un enfoque de inclusión socioeconómica y cultural. Desde esta Oficina de Presidencia se busca que estos lineamientos sigan impulsando la conformación de espacios de coordinación en aquellos territorios en donde el fenómeno migratorio es más relevante y requiere cada vez de una atención articulada entre los diferentes actores, generando espacios de coordinación alineados en aspectos estructurales, operativos y decisorios; así como diversas oportunidades para fortalecer las capacidades técnicas en cada uno de estos aspectos y en temas migratorios.
En adición, la Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante de la Presidencia de la República en la actualidad se encuentra trabajando en la elaboración de una caja de herramientas con la que se busca poner a disposición de las autoridades departamentales y municipales una serie de instrumentos técnicos y operativos que faciliten el funcionamiento y consolidación de los espacios de coordinación existentes o en proceso de creación, así como la alineación de políticas y la coordinación interinstitucional para la gestión de la migración. La Caja de Herramientas estará constituida por 7 instrumentos que brindarán una hoja de ruta para las autoridades nacionales, departamentales y locales en el marco de las acciones que adelanten para promover la instalación, operación, sostenibilidad, seguimiento, evaluación, relacionamiento nación-territorio y aprendizajes, entre otros aspectos, de las mesas migratorias. Además, de impulsar aspectos de género e inclusión social que permita a las Mesas Migratorias hacer visibles estos asuntos en sus procesos de toma de decisiones, coordinación y articulación de acciones.
El apoyo de la comunidad internacional ha jugado un papel esencial en los resultados de los esfuerzos institucionales en esta materia. Con el fin de cumplir los objetivos estipulados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el Pacto para una Migración Ordenada, Segura y Regular(23) y en el Pacto Mundial sobre los Refugiados(24), el estado Colombiano ha desarrollado diferentes estrategias en el ámbito internacional. El país firmó con la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el año 2020, el Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible en Colombia 2020-2023, donde una de las áreas estratégicas priorizadas fue el apoyo para la integración socioeconómica de migrantes desde Venezuela y el acceso a los servicios del Estado entendida como un factor clave de desarrollo (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2020). Cabe resaltar que se ha avanzado en esfuerzos de articulación de los programas, planes de acción y recursos provenientes de la cooperación internacional, principalmente a través de la R4V a nivel regional y a la plataforma del GIFMM a nivel local, que son dirigidas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la OIM.
A nivel internacional, y en concordancia con los compromisos ya adquiridos en materia migratoria, Colombia firmó la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección(25) durante la Cumbre de las Américas de 2022 en la que los Estados firmantes se comprometen a crear las condiciones de una migración segura, ordenada, humana y regular y a consolidar los marcos para la protección y la cooperación internacional. La declaración establece: (i) promover la estabilidad y la asistencia para las comunidades de destino, origen, tránsito y retorno; (ii) Promover vías regulares para la migración y la protección internacional; (iii) promover la gestión humana de la migración; (iv) promover una respuesta coordinada ante emergencias; y (v) un enfoque común para reducir y gestionar la migración irregular (Gobierno de los Estados Unidos, 2022). A nivel regional, Colombia hace parte del Proceso de Quito, instancia creada en 2018 para coordinar la respuesta a la crisis migratoria venezolana, intercambiar información y buenas prácticas en América Latina(26). En su última reunión, Colombia manifestó la importancia y urgencia de la celebración de la conferencia de donantes para fortalecer los esfuerzos regionales en respuesta a la migración venezolana. Colombia también hace parte de otras instancias de gobernanza regional de las migraciones como la Conferencia Suramericana sobre Migraciones y se acoge a lo establecido por la Comunidad Andina en la materia.
Adicionalmente, la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional (ENCI), lanzada en 2019, y el Sistema Nacional de Cooperación Internacional de Colombia, creado por medio del Decreto 603 de 25 de abril de 2022(27), son instrumentos que coordinan y articulan a los actores de la cooperación con el propósito de contribuir al logro de los objetivos de política exterior del país, de acuerdo con las prioridades de desarrollo del Gobierno nacional. Esta normativa reafirma los roles del Ministerio de Relaciones Exteriores, como entidad que lidera el Sistema y define los lineamientos de política exterior; del Departamento Nacional de Planeación (DNP), quien realiza la identificación de prioridades de desarrollo; y de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC), quien aporta los lineamientos técnicos de la cooperación Internacional y hace seguimiento a los proyectos de cooperación. Asimismo, se definen las dinámicas de relacionamiento con los actores territoriales, generándoles obligaciones de informar a la APC-Colombia sobre la cooperación que reciben.
Para el 2020 se movilizaron USD 330 millones y en el 2021 USD 321 millones de parte de la comunidad internacional a través de la plataforma del R4V. Aunque se trata de cifras significativas, es una donación que no ingresa al tesoro de la Nación y es reducida en comparación con otros contextos migratorios similares. De igual forma, a través de las distintas iniciativas a nivel nacional y local, el país ha recibido ayuda no solo para brindar una mayor y mejor oferta, sino también para adecuarse institucionalmente y fortalecer las capacidades de las entidades nacionales y locales. También se han establecido diversas plataformas binacionales con los países donantes interesados en impulsar la protección e integración socioeconómica de la población migrante venezolana.
Otros apoyos estratégicos para la integración social y económica de los migrantes venezolanos en Colombia han sido los recursos movilizados a través de créditos y recursos no reembolsables por parte de la banca multilateral. Desde el 2018, el BM ha movilizado recursos por 1.604,5 millones en préstamos y recursos no reembolsables. A finales del 2021 el BM aprobó un préstamo por USD 500 millones para apoyar las políticas de integración de población proveniente de Venezuela, entre ellas la regularización, la vacunación contra la COVID-19, el acceso a subsidios de renta y los mecanismos de coordinación entre el nivel nacional y subnacional para atender las necesidades de la población migrante y reducir sus vulnerabilidades (BM, 2021).
De igual manera, el BID viene financiando una serie de proyectos con recursos de crédito, de donaciones del Banco y canalizando recursos de cooperación internacional por más de USD 590 millones, fomentando, principalmente, reformas de política para la integración socioeconómica de los migrantes a nivel nacional y local. Asimismo, las operaciones han promovido el aumento de la cobertura en salud, agua potable, vivienda, de programas de empleabilidad, de educación inicial y atención del riesgo de desnutrición aguda nutrición a la primera infancia migrante y sus familias. También se ha impulsado el fortalecimiento institucional mediante el diseño de una hoja de ruta de interoperabilidad de sistemas de información, la construcción del IMI del DNP y el robustecimiento del Sistema de Información de la Mesa de Estadísticas de Migración del DANE.
Con relación a la producción de información en materia de migración, se han realizado varias acciones. Por un lado, desde 2015 las entidades encargadas de atención a migrantes reconocieron la necesidad de identificar a la población en sus registros existentes, así como de crear nuevos registros administrativos e instrumentos que faciliten su caracterización. Con ese objetivo, se fortalecieron varios sistemas de información sectoriales, como el Sistema de Matrícula de Educación Preescolar, Básica y Media (Simat) y el Sistema Integrado de Información de la Protección Social, a la vez que se crearon sistemas nuevos, como el Registro Único de Trabajadores Extranjeros (Rutec) en Colombia (Rutec) del Ministerio del Trabajo, que permiten a cada sector hacer seguimiento a la atención e integración de esta población.
De otra parte, en el marco del Sistema Estadístico Nacional (SEN) y como respuesta al Documento CONPES 3950 aprobado en 2018 se instaló la Mesa de Estadísticas de Migración, la cual articula a las entidades del SEN, para la identificación, generación e integración de información estadística de calidad para la toma de decisiones y la evaluación de la PIM; a través del trabajo articulado de las entidades que conforma la mesa estadística, se concibió el Sistema de Información de Estadísticas de Migración (SIEM) como respuesta a la necesidad de contar con información estadística insumo para el ciclo de la política pública en el tema migratorio.
Adicionalmente, se ha producido información estadística a través del módulo de migración de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), las preguntas de caracterización de la Encuesta de Calidad de Vida, el Registro Estadístico de Migración Internacional (REMI) y se trabaja en el fortalecimiento del Registro Estadístico Base de Población que integra 27 registros administrativos y que permite la identificación y caracterización de los migrantes en el tiempo.
Frente a la necesidad de contar con acceso a la información sectorial e intersectorial, como evidencia para la toma de decisiones en materia de gestión de la migración, se construyeron herramientas específicas para el seguimiento y monitoreo de información sobre migración. Entre ellas se encuentran el Observatorio Colombiano de Migración desde Venezuela del DNP (OMV) y el Observatorio Nacional de Migración y Salud del Ministerio de Salud y Protección Social (ONMS); mediciones, como IMI del DNP; y sistemas, como el SIEM. Estas herramientas permiten una consulta pública de los datos sobre migración, de manera agregada y a la vez que generan análisis e informes para la construcción y seguimiento de programas y estrategias para atender e integrar a la población migrante.
Los esfuerzos institucionales han tenido un avance significativo, que ha llevado al posicionamiento del país como un referente mundial en términos de buenas prácticas para la integración de población migrante y en materia de gobernanza migratoria. Sin embargo, aún persisten retos que deben abordarse para lograr una atención de acuerdo con las necesidades diferenciadas de esta población e integración efectiva, de manera que contribuya al desarrollo del país.
2.4. Justificación
Desde 2018 el país ha logrado consolidar un engranaje institucional robusto que ha permitido tener resultados tangibles en materia de atención e integración a la población migrante venezolana. Sin embargo, la integración social, económica y cultural es un proceso escalonado y progresivo que obliga a dar respuestas adaptadas a los distintos momentos de su evolución. Esto implica que las políticas públicas y la normatividad que busquen atender las problemáticas relacionadas con este contexto deben ser revisadas y actualizadas periódicamente para garantizar su efectividad ante los nuevos desafíos. En consecuencia, aunque el Documento CONPES 3950 permitió preparar al país para una atención inicial, el contexto actual requiere de unos nuevos lineamientos de política que permitan planear, organizar y atender las nuevas necesidades poblacionales e institucionales y profundizar los esfuerzos ya realizados.
En particular, es importante en esta nueva fase de la política pública, pasar de una aproximación asistencial y de atención de emergencia a medidas estructurales, que busquen la integración de la población migrante, y de acogida reconociendo el potencial aporte en materia de innovación, prosperidad y desarrollo social, económico y cultural que la migración trae al país.
Adicionalmente, se hace necesario prever lineamientos que permitan definir las bases para discusiones estructurales en relación con un potencial aumento constante y permanente de la población migrante, proveniente no solamente del vecino país sino también de otras naciones. Esto adquiere especial relevancia para la población que sigue ingresando de manera irregular pues sus niveles de vulnerabilidad tienden a ser más severos. De igual manera, las mediciones en materia de atención e integración han permitido evidenciar que las brechas entre población migrante y población de acogida obligan a poner la atención institucional en aspectos como el acceso al empleo, a la educación y a servicios básicos lo que conlleva el reto de garantizar que las intervenciones institucionales favorezcan tanto a la población migrante como a la de acogida.
En este sentido, es esencial proyectar las acciones que deben adelantarse en aras de garantizar una adecuada planeación en la respuesta futura, más allá de la profundización de esfuerzos actuales, sobre la base de un diagnóstico actualizado de las necesidades institucionales. Lo anterior, asegurando que se defina una ruta que permita trazar una senda de integración efectiva para la población migrante, al tiempo que el país empieza a percibir los beneficios de haber acogido a esta población.
Así, se requiere formular una nueva política orientada al desarrollo de apuestas para la atención e integración social, económica y cultural de la población migrante desde Venezuela, con el fin de reducir las barreras de acceso integral a mercados y servicios para la población migrante y receptora mientras se garantizan los derechos laborales y el acceso al trabajo decente; así como, para fortalecer la gobernanza institucional incorporando los lineamientos de instrumentos internacionales de derechos de los migrantes, definir rutas para el financiamiento de las necesidades identificadas y avanzar en la producción de datos con calidad, en el intercambio de información, y la evaluación de resultados de las intervenciones y esfuerzos institucionales (OIM, 2021).
3. MARCO CONCEPTUAL
La historia de la humanidad se ha caracterizado por el movimiento de personas hacia distintas áreas, regiones y continentes en búsqueda de nuevas o mejores condiciones de vida. La migración, definida por la OIM como el "movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea a través de una frontera internacional o dentro de un país" (OIM, 2021), tiene profundas influencias en la composición, la cultura y la economía de las sociedades. Mientras que durante siglos esos movimientos eran en general libres y desregulados, particularmente a partir del siglo XX, los estados han ejercido mayor control sobre quién puede entrar, y en ocasiones salir, de sus territorios. Este control se da con el fin de identificar y regular los efectos de la llegada de personas extranjeras al territorio nacional. La soberanía de cada Estado, enmarcada en el derecho internacional, le da potestad a cada país de determinar la admisión y exclusión de extranjeros en su territorio, así como para establecer los criterios de entrada y permanencia (OIM, 2022). Las razones más comunes para la migración internacional son la migración laboral y la reunificación familiar. También es dominante la migración forzada, en que las personas se ven obligadas a salir de su país de origen por un deterioro en las condiciones de vida, que se puede dar por condiciones sociales o políticas, desastres naturales, entre otros. A nivel mundial, Acnur reporta que a 2021 había 89,34 millones de personas desplazadas forzosamente, de las cuales 53,2 millones eran desplazados internos, 27,1 millones refugiados, 4,6 millones solicitantes de asilo, y 4,4 millones venezolanos desplazados en el exterior (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2022)
La situación social, económica y política de Venezuela, ha llevado a un éxodo masivo de venezolanos, y la mayoría de los Estados receptores han reconocido que la población venezolana necesita protección internacional. Esta protección internacional se traduce en ayuda humanitaria, regularización y estrategias de inclusión e integración a largo plazo. La atención inmediata de los países de la región ante la llegada de venezolanos se enfocó en atención humanitaria, una labor de asistencia, protección y promoción que se centra en atender necesidades básicas a corto plazo. Sin embargo, dada la naturaleza persistente de la situación en Venezuela y el constante flujo de venezolanos en el exterior y la vocación de permanencia de esta población en Colombia, se ha necesitado de una estrategia a mediano y largo plazo que se concentre en la integración, definida por la OIM como un proceso de adaptación, de doble dirección, entre migrantes y comunidades de acogida, en el que los primeros se incorporan en la vida económica, social, y cultural de la comunidad (OIM, 2019).
Trascender los abordajes de la migración hacia una visión de desarrollo implica no solamente analizar el fenómeno a partir de cifras y aproximaciones estándar de política pública, sino incluir análisis comportamentales y motivacionales que permitan entender cómo un individuo sopesa los pros y los contras de su decisión. Adicionalmente, implica generar una conciencia en el individuo sobre las consecuencias de su decisión en términos de corresponsabilidad con el país de acogida: migrar implica que él tendrá que concebirse como agente y protagonista de su propio desarrollo, al tiempo que se adapta económica, social y culturalmente a un nuevo entorno. Evidenciar la relación entre la migración y el desarrollo también implica evaluar las consecuencias de ciertas decisiones públicas y analizar los aprendizajes de otros procesos de integración.
Tal como lo contempla el IMI del OMV(28), el proceso de integración se desarrolla a través de tres dimensiones progresivas e interdependientes, que comienzan con la cobertura de necesidades básicas, entendido como la obtención de un mínimo vital en el país de acogida. Sin este mínimo vital, no es posible, o concebible para las personas procurar una integración económica, ni mucho menos social o cultural. En ese sentido, es necesario garantizar primordialmente unas condiciones fundamentales de vida, que incluyan el acceso a servicios básicos de salud; la posibilidad de habitar una vivienda digna con acceso a servicios esenciales; el acceso a educación inicial, preescolar, básica y media de calidad; el restablecimiento de derechos humanos para NNA; un ingreso monetario que permita garantizar mínimos de supervivencia, como la alimentación diaria; y la posibilidad de acceso a programas sociales estatales que permitan superar condiciones de vulnerabilidad.
Como segunda dimensión, está la integración económica, que permite reforzar la dimensión de cobertura de necesidades básicas y preparar el terreno para la integración social. Esta incluye subdimensiones como el acceso al mercado laboral y la percepción de satisfacción con la vida. Es sólo a través de una integración económica, que las personas migrantes llegan a cubrir sus necesidades básicas de manera sostenida, dejando de depender del Estado para su supervivencia y comenzando a aportar al desarrollo económico del país. Es también a través de la integración económica, que las personas comienzan a percibir al país de acogida como propio, en la medida en que depende de todos los que lo integran proveer las condiciones para que se supere cada día.
En tercer lugar, la integración social se presenta normalmente cuando ya se han satisfecho las necesidades propias de la supervivencia y la estabilización económica. A través de la integración social, la población migrante se reconoce como parte social de la nación del país de acogida y toma como suyas las necesidades de la Nación. De esa manera, aporta a ella social y culturalmente, a través de participación ciudadana, cívica, social o comunal, entre otras, y respeta la normatividad en materia de seguridad y convivencia. Ahora bien, el proceso de integración es bidireccional, y por eso requiere de responsabilidad compartida ente las personas migrantes y las comunidades de acogida. Así, para la integración social es indispensable que se desdibujen las preconcepciones o prejuicios sobre las personas migrantes y que se excluyan sentimientos de rechazo o discriminación hacia esta población.
De manera complementaria y transversal, la gestión pública de la migración juega un rol esencial en este proceso. En este sentido, la política migratoria en Colombia centrada en el éxodo venezolano ha pasado de un enfoque humanitario de corto plazo a un enfoque de integración para el desarrollo a mediano y largo plazo.
De acuerdo con lo anterior, para lograr la integración de los migrantes se necesita un proceso gradual y progresivo de estabilización de la población más vulnerable por medio de atención humanitaria, para luego integrarlos al sistema local de provisión de servicios básicos, y más adelante establecer las condiciones legales y estructurales para su integración a largo plazo a la vida económica, social y cultural de sus comunidades de acogida. Dada la continuidad de nuevos flujos migratorios a lo largo de los últimos años, se debe mantener en paralelo la atención humanitaria para la estabilización de los recién llegados y el trabajo habilitante de integración a largo plazo de quienes ya se han asentado en el país.
Es importante resaltar que la migración puede ser un factor de desarrollo sostenible para los migrantes, sus comunidades de acogida y las comunidades de origen. La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 define el desarrollo sostenible como aquel capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Para ello, es necesario armonizar el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. Se debe promover un crecimiento económico sostenible, inclusivo y equitativo, que cree mayores oportunidades para todos, que reduzca las desigualdades, mejore los niveles de vida básicos, fomente el desarrollo social equitativo e inclusivo y promueva la ordenación integrada y sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas (Naciones Unidas, 2015). La Agenda 2030 de desarrollo sostenible (Naciones Unidas, 2015) reconoce que la migración puede traer significativos aportes al desarrollo en materia de habilidades de los migrantes, fortalecimiento de la fuerza laboral, inversión, remesas, diversidad cultural, entre otros. No obstante, la realización del potencial de la migración para el desarrollo depende de cómo se maneje el proceso político, social y económico de la gobernanza migratoria, para que se establezcan efectivamente los factores que habilitan el aporte positivo de los migrantes a las comunidades y se mitiguen los posibles impactos negativos. Las políticas públicas de cada país sobre gobernanza migratoria, que deben ser multidimensionales y multisectoriales, son determinantes para que se puedan recoger los frutos de la migración en el mediano y largo plazo.
En este sentido, es fundamental considerar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las políticas públicas pues la migración es transversal en la Agenda 2030. En términos de lograr una integración económica y social es necesario proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios (8.8). Del mismo modo se debe facilitar la migración y la movilidad ordenada, segura y responsable de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas (10.7). En el ODS 10.2 se enfatiza particularmente en la necesidad de potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.
Colombia ha hecho un esfuerzo importante en transformar la condición de movilidad del migrante, en empoderarlo de su situación, dotándolo con herramientas prácticas para su proceso de integración. Cambiar la agencia del sujeto es un primer paso para construir una agenda de desarrollo, pues implica ponerlo en el centro de su propio proyecto de vida. En este sentido, el país pasó de un abordaje inicial de atención y asistencia humanitaria en las fronteras a una apuesta de integración en el largo plazo, que redunda en desarrollo individual para los migrantes y en desarrollo social y económico para el país. El país ha trascendido de un modelo de asistencia a uno de desarrollo, no sólo concebido hacia el beneficio del migrante, sino uno que busca transformar positivamente el modelo de desarrollo del país, al tiempo que responde a sus nuevas realidades en materia de dinámicas migratorias.
Lograr el desarrollo de cada individuo y el desarrollo del país implica considerar a la población migrante como contribuyente y a la vez beneficiaria en la construcción del país del futuro según lo establecido en el Documento Visión Colombia 2050. Este documento plantea un modelo de crecimiento, desarrollo y bienestar que beneficie a todos. De este modo, se podrán mejorar las condiciones de vida de todos, cubriendo las necesidades básicas y generando una cohesión social en la que sean respetados los derechos de toda la población.
4. DIAGNÓSTICO
A la fecha, Colombia es el primer país receptor de población venezolana con alrededor de dos millones de migrantes con vocación de permanencia (R4V, 2020). A partir de los últimos reportes de Migración Colombia en relación con el RUMV, el número de personas con caracterización completa está cerca de 2,3 millones de venezolanos. El aumento fue particularmente masivo en el periodo entre 2016 y 2019, en donde el número estimado de migrantes provenientes de Venezuela pasó de un poco más de 53.000 personas a más de 1,77 millones de migrantes, lo que significó un incremento del 3.195 % en estos 3 años. Sin embargo, para 2020 y 2021, se presentó una reducción del flujo migratorio que se tradujo en la disminución de la población con vocación de permanencia, estimando una reducción del 2 % en la población venezolana en el país.
Entendiendo la integración como un proceso escalonado y progresivo, el país se enfrenta actualmente al reto de avanzar en la integración económica y social de la población migrante y refugiada venezolana, sobre la base de los resultados en materia de cubrimiento de necesidades y regularización, que han sido producto de los esfuerzos realizados a lo largo de los últimos siete años. En particular, este desafío implica responder a las oportunidades de mejora que aún existen para consolidar una ruta de acción institucional unificada para la atención e integración. En efecto, a pesar de contar con grandes avances en términos de atención, adecuación institucional y generación de datos, aún deben superarse algunas limitaciones en la oferta y en el acceso integral a mercados y servicios de población migrante y receptora. Asimismo, el actual esquema de gobernanza para atención y la integración de la población migrante tiene necesidades en relación con su fortalecimiento, de manera que permita continuar cumpliendo con los compromisos y avanzar de manera decidida en lo determinado por el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular y el Pacto Mundial sobre los Refugiados. En este sentido, cabe resaltar que uno de los grandes retos para perfeccionar la respuesta institucional, es lograr trascender la baja producción, actualización y transferencia de datos intersectoriales acerca de la situación que permitan la toma de decisiones basada en evidencia.
4.1. Ausencia de una ruta de acción unificada para la atención y la integración
En un primer abordaje de respuesta al contexto migratorio proveniente de Venezuela, el Gobierno nacional enfocó principalmente sus esfuerzos en la atención de la población venezolana y en el fortalecimiento de la institucionalidad para garantizar efectivamente sus derechos y la superación de su situación de vulnerabilidad. A pesar de los avances significativos en términos de definición e implementación de estrategias de atención en salud, educación, a la primera infancia, infancia y adolescencia, inclusión y fortalecimiento de proyectos de vida de jóvenes, trabajo, vivienda y seguridad, entre otras, cerca de cuatro años después de haberse formulado el Documento CONPES 3950, el país aún debe profundizar sus esfuerzos institucionales conjuntos para el mejoramiento del acceso por parte de los migrantes a la oferta del Estado, a mercados y a bienes y servicios; en la prevención y atención de vulnerabilidades; y en la integración económica, social y cultural.
4.1.1. Limitaciones en la oferta y el acceso integral a mercados y servicios de población migrante y refugiada venezolana
Si bien, el acceso a servicios básicos para la superación de la vulnerabilidad ha avanzado de manera decidida, se requiere de un esfuerzo adicional para cubrir de manera integral las necesidades básicas de la población migrante venezolana y garantizar una mayor cobertura (DNP, 2022). Por ejemplo, es fundamental resaltar que en el sector salud, a través de la estrategia de aseguramiento y búsqueda activa de población migrante para su afiliación, se han logrado aumentar las afiliaciones al sistema de seguridad social, pasando de 306.601 migrantes regulares afiliados al cierre de la vigencia 2020 a 738.349 afiliados al mes de mayo de 2022. A diciembre de 2022 se espera que 945.169 personas migrantes se afilien al SGSSS, lo cual deja ver un avance del 78,1 % de la meta esperada para 2022 (Ministerio de Salud y Protección Social, 2022). Cabe aclarar que el aseguramiento en salud es una estrategia más integral frente a la atención en salud sin afiliación. Por ejemplo, el pago de la prima del aseguramiento en Colombia se hace a través la Unidad de Pago por Captación (UPC), que para el régimen subsidiado es de 964.807,2 millones de pesos (al año en 2022) (29), cubriendo los servicios del Plan de Beneficios en Salud; mientras que el costo de un sólo evento de atención en salud para una persona sin afiliación puede representar mayores costos, como es el caso del paquete de atención de parto vaginal que equivale a 1,8 millones de pesos o un paquete de parto por cesárea que oscila en 2,8 millones de pesos(30); servicios que serían asumidos dentro de la UPC, de estar afiliado el migrante al sistema de salud.
Cabe resaltar que, entre el año 2017 y mayo del 2022, el 67 % de las atenciones en salud se realizaron en mujeres. En servicios integrales de salud sexual y reproductiva relacionados con salud materno perinatal, infecciones de transmisión sexual y anticoncepción, y se ha visto un incremento de las atenciones a mujeres refugiadas y migrantes venezolanas en los últimos años, principalmente en aquellas entre los 18 y 28 años (R4V, 2022).
De acuerdo con datos del Ministerio de Salud y Protección Social y Migración Colombia, con corte al 31 de mayo del 2022 se han entregado más de 1 millón de PPT y hay 738.349 migrantes afiliados al SGSSS. Esto significa que aproximadamente el 32 % de la PMV regular no registra aseguramiento en salud (aunque sí puede ser atendida a través del servicio de urgencias y se ha establecido una ruta para la afiliación de oficio de la población regular una vez requiera atención en salud (31)).
En este sentido, es fundamental considerar en este análisis la percepción de la población migrante sobre eventuales barreras para la afiliación. De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Calidad Vida e Integración de los Migrantes Venezolanos en Colombia del Observatorio del Proyecto Migración Venezuela, entre otras se encuentran las siguientes barreras: la ausencia de documentos de identificación para la afiliación, seguido no contar con la encuesta del Sisbén y, en tercer lugar, la ausencia de conocimiento de la ruta para la afiliación (Proyecto Migración Venezuela, 2021). Estas percepciones dan cuenta de dos elementos cruciales: por un lado, la necesidad de seguir avanzando en materia de regularización, lo que redundará en mayores niveles de afiliación, y por otro, que hay un desconocimiento importante por parte de la población migrante sobre los canales puestos a su disposición para este propósito. Por ejemplo, en los encuentros comunitarios con población migrante se encuentra que existe desconocimiento en lo relacionado al régimen de afiliación al sistema o el rol de los integrantes del sistema de salud (i.e. Entidad Promotora de Salud (EPS), Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), puntos de corte Sisbén, entre otros).
Avanzar en la regularización y de esta manera en el aseguramiento en seguridad social en salud permitirá cerrar brechas en términos de atención integral a la primera infancia y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Según la Encuesta de Calidad de Vida 2020, de las niñas y niños menores de 6 años, el 77,8 % contaban con el esquema de vacunación completo, sin embargo, esta cifra es 4,5 puntos porcentuales (pp) menor respecto a 2019. Asimismo, al indagar sobre la asistencia a controles de crecimiento y desarrollo, aproximadamente la mitad de las niñas y niños migrantes en primera infancia fueron llevados. De las niñas y niños que no fueron llevados a estos controles, la razón principal en todos los casos es que no contaban con afiliación al SGSSS.
En los temas asociados con la maternidad en las adolescentes migrantes, en el total nacional, para 2020, el 91,6 % de las adolescentes no estaba embarazada ni había tenido hijos en el momento de ser encuestada, 2,7 pp adicionales respecto a 2019 (88,9 %). De las que habían tenidos hijos, la edad promedio en la que tuvieron a su primer hijo fue 15,4 años para 2020.
Existen niveles de desnutrición en primera infancia y gestantes. En materia de seguimiento nutricional de las modalidades y servicios de atención a la primera infancia del ICBF, para el primer trimestre de 2022, del total de niñas y niños menores de 5 años migrantes, el 0,9 % (579) presentan desnutrición aguda moderada o severa; mayor que la prevalencia presentada en niños colombianos (0,8 %); el 7,5 % (4.755) presenta riesgo de desnutrición aguda, estando 1,4 pp por encima de los usuarios colombianos (6,1 %). En las gestantes migrantes con reporte de seguimiento nutricional durante el mismo periodo, el bajo peso para la edad gestacional fue de 15,8% (417) en gestantes venezolanas, mayor que la prevalencia en gestantes colombianas (12,1 %;15.508).
En términos de los programas disponibles para la población migrante, las cifras muestran que el proceso de realización de encuestas a migrantes ha avanzado satisfactoriamente, y que se ha venido consolidando progresivamente desde el lanzamiento del Sisbén IV(32). El siguiente gráfico (Gráfico 4) muestra el número de migrantes registradas en Sisbén IV por mes y su proporción frente a las encuestas mensuales realizadas, reflejando cómo la cobertura de Sisbén IV en migrantes viene creciendo de manera acelerada, y alcanzando 552.441 migrantes con corte junio de 2022.
Gráfico 4. Evolución de encuestas Sisbén a migrantes.
Fuente: Cálculos SPF-DDS-DNP, con corte a junio de 2022.
Por otro lado, el tiempo promedio de realización de una encuesta en Sisbén IV desde su lanzamiento ha sido de 32 días. Particularmente, el siguiente gráfico (Gráfico 5) muestra que este tiempo promedio ha venido disminuyendo progresivamente, llegando a ser de 17 días en febrero de 2022. 66 % de las encuestas solicitadas en febrero de 2022 se aplicaron en menos de 15 días, además, 712 municipios registraron tiempos promedios de realización de encuestas solicitadas en febrero menores a este umbral. Esta reducción en los tiempos de aplicación de encuestas se ha dado en parte por la consolidación de la metodología Sisbén IV desde el momento de su implementación y el compromiso de las entidades territoriales en la aplicación de encuestas, pero también de la implementación de una estrategia de fortalecimiento territorial. Esta estrategia financiada con recursos de cooperación internacional e implementada por el Programa Mundial de Alimentos, estaba enfocada en aumentar la cobertura del Sisbén IV en la población migrante venezolana, pero también contempla realizar encuesta a población nacional. En el marco de esta estrategia, se han fortalecido a 38 entidades territoriales con personal, Dispositivos Móviles de Captura y computadores.
Gráfico 5. Tiempo promedio de encuestas a migrantes, por mes de solicitud
Fuente: Cálculos SPF-DDS-DNP, con corte a junio de 2022.
La caracterización de la población migrante y sus hogares también da cuenta de la necesidad de profundizar los avances en materia de superación de la vulnerabilidad. Según la encuesta de caracterización del Sisbén IV, el 29,6 % se ubica en el grupo A, donde se caracteriza a la población con pobreza extrema; el 36,8 % se ubica en el grupo B, donde se encuentra la población en condición de pobreza moderada; el 26,8 % se ubica en el grupo C, donde se clasifica la población vulnerable; y el 6,7 % se ubica en el grupo D, como población no vulnerable. De esta caracterización, los departamentos con mayores registros de inscripción son Bogotá D.C. con 61.900 registros (16,7 %), Antioquia con 50.220 (13,5 %), Valle del Cauca con 38.359 (10,3 %), Atlántico con 33.484 (9 %) y Norte de Santander con 30.071 registros de población inscrita (8 %) (Gráfico 6) (Observatorio de Migración desde Venezuela [OMV], 2022)
Gráfico 6. Distribución de población migrante de nacionalidad venezolana por grupo Sisbén IV
Fuente: DPN (2022) con datos de Sisbén IV a corte de 10 de mayo de 2022).
De acuerdo con Innovations for Poverty Action (IPA) la falta de conocimiento sobre qué es y para qué sirve el Sisbén es una de las principales barreras para caracterizar a la población vulnerable que requiere del acceso a servicios básicos (IPA, 2022). En los hallazgos de este estudio se identificó que los migrantes asocian al Sisbén con el sistema de salud y las EPS. Asimismo, se concluye que las mujeres se ven mayormente interesadas en hacer el registro frente a los hombres, y que las redes de apoyo al interior de las comunidades de acogida son un factor relevante en la difusión sobre lo que es el Sisbén y en el proceso para su registro.
Ahora bien, al analizar los datos disponibles, se evidencia que aún existen retos importantes para la superación de la vulnerabilidad de los migrantes. Así, se identificó que el 40,87 % de la población migrante venezolana inscrita en el Sisbén presenta un bajo logro educativo(33) y el 5,62 % registra analfabetismo. Frente a la tasa de informalidad, de acuerdo con la encuesta Sisbén IV, esta es del 74,15 % y el desempleo de larga duración es del 23,5 %. Por otro lado, el 32 % de la población migrante venezolana con encuesta Sisbén reporta estar trabajando, el 19 % realiza oficios del hogar, el 17,6 % busca trabajo, el 10,6 % estudia y el 8,4 % no realiza ninguna actividad. Además, el 77,3 % de la población inscrita no cotiza a pensión frente a un 3,77 % que sí cotiza (OMV, 2022).
En cuanto a las limitaciones en vivienda y servicios públicos se registran porcentajes considerables que denotan algunas dificultades para lograr una mayor cobertura. Al respecto, el 34,45 % de la población migrante con encuesta Sisbén presenta niveles de hacinamiento crítico en su vivienda, el 42,5 % de los inscritos no cuenta con servicio público de gas, el 24,5 % no tiene alcantarillado, el 17,9 % no cuenta con el servicio de recolección de basuras, el 17,5 % no tiene acueducto y el 6,1 % no tiene servicio de energía. Asimismo, de acuerdo con los resultados de la medición del IMI, las ciudades que presentan una mayor brecha entre la población de acogida y la población migrante en acceso al servicio de acueducto son Santa Marta (13,1), Riohacha (9,5) y Quibdó (9,3) (Gráfico 7).
Gráfico 7. Brecha servicio de acueducto por ciudades capitales
Fuente: DNP, Observatorio Colombiano de Migración desde Venezuela con información de Encuesta de Calidad de Vida (2022).
Entre los años 2015 y el 2020 las condiciones de vulnerabilidad y las dificultades relacionadas con la necesidad de vivienda de la población refugiada y migrante venezolana resultó en el crecimiento y consolidación de un alto número de asentamientos en el territorio nacional. De acuerdo con las cifras presentadas por iMMAP, que resultaron de un proceso detección y caracterización de asentamientos en 2020, se indica que la infraestructura existente de agua y saneamiento en los asentamientos es precaria. Esta condición de privación o restricción es una tendencia general y se hace más visible en aquellos territorios donde las necesidades se relacionan con temas estructurales. En promedio 66 % de los asentamientos visitados no tienen acceso a infraestructura sanitaria, el 82 % no tiene acceso a agua por fuentes mejoradas. Las viviendas disponen de tanques de agua, no obstante, son carentes las intervenciones sobre el cuidado y el manejo del agua para el consumo seguro (iMMAP, 2021).
En materia de atención a NNA migrantes uno de los avances es el acceso al sistema educativo, donde se cuenta con 559.605 NNA venezolanos matriculados en educación preescolar, básica y media al mes de abril de 2022, esto, independientemente de su estatus migratorio. Esto representa un avance del 101,7 % frente a la meta de integración esperada de 458.000 NNA matriculados al cierre de 2022. Además, se estima una tasa de cobertura escolar mayor al 100% en la población migrante entre los 5 a los 17 años, según cifras de Migración Colombia(34) y el Ministerio de Educación Nacional(35) De esta población, el 33,6 % se ubica en la región Centro Oriente, el 32,9 % en Caribe, 15,4 % en Eje Cafetero y Antioquia, 9,8 % en Pacífico, 6 % en los Llanos y 2,4 % en Centro Sur y Amazonía. Sin embargo, del total de NNA matriculados en el Simat, el 67,2 % están matriculados con tipo de documento (Número de identificación establecido por la Secretaría de Educación), lo cual puede implicar que (i) no han accedido al ETPV; (ii) que están a la espera del PPT; o (iii) que cuentan con PEP, pero no han realizado la actualización de tipo de documento en la institución educativa.
Si bien los avances son notorios, existen barreras que trascienden el registro y se dan en términos de permanencia de los NNA en el sistema educativo. Un ejemplo de ello es la inasistencia escolar de los NNA entre los 5 y 17 años derivado de factores tales como el déficit de acceso a la educación virtual, como consecuencia de la falta de acceso a internet, la nivelación escolar y útiles escolares; el hacinamiento en los hogares; la dificultad de acceder a educación superior, entre otros. El indicador del IMI con mayor diferencia entre población de acogida y migrantes se presenta en los puntajes obtenidos en las pruebas SABER. De igual manera, de acuerdo con la información del OMV, el no contar con PEP, la falta de cupos, la falta de certificados para matrículas, la falta de dinero, entre otros, han sido motivos que agudizan la inasistencia escolar de la población migrante. En efecto, un estudio en Bogotá encontró que, durante la pandemia, algunas familias tuvieron dificultades para acceder a la educación por medios virtuales debido a los costos del servicio de internet, pero también pues muchas familias salieron de la ciudad o retornaron a Venezuela; a ello se suma que los NNA permanecieron en contextos familiares complejos, lo cual aumentó el riesgo de sufrir múltiples formas de violencia (Rodríguez, López, & Barrera, 2022).
Si bien los avances son notorios, existen barreras que trascienden el registro y se dan en términos de permanencia de los NNA en el sistema educativo. Un ejemplo de ello es la inasistencia escolar de los NNA entre los 5 y 17 años derivado de factores tales como el déficit de acceso a la educación virtual, como consecuencia de la falta de acceso a internet, la nivelación escolar y útiles escolares; el hacinamiento en los hogares; la dificultad de acceder a educación superior, entre otros. El indicador del IMI con mayor diferencia entre población de acogida y migrantes se presenta en los puntajes obtenidos en las pruebas SABER. De igual manera, de acuerdo con la información del OMV, el no contar con PEP, la falta de cupos, la falta de certificados para matrículas, la falta de dinero, entre otros, han sido motivos que agudizan la inasistencia escolar de la población migrante. En efecto, un estudio en Bogotá encontró que, durante la pandemia, algunas familias tuvieron dificultades para acceder a la educación por medios virtuales debido a los costos del servicio de internet, pero también pues muchas familias salieron de la ciudad o retornaron a Venezuela; a ello se suma que los NNA permanecieron en contextos familiares complejos, lo cual aumentó el riesgo de sufrir múltiples formas de violencia (Rodríguez, López, & Barrera, 2022).
Adicionalmente, un alto número de niñas y niños en primera infancia no reciben educación inicial; las principales razones para que las niñas y los niños de primera infancia no asisten obedecen a que sus padres o acudientes consideran que aún no están en edad de asistir o a la falta de cupos. Frente a la educación inicial y el cuidado de las niñas y niños de 0 a 4 años y 11 meses, según datos de la Encuesta de Calidad de Vida, en el nivel nacional para 2020, el 69,5 % de los NNA migrantes permanecían la mayor parte del tiempo entre semana con su padre o madre en la casa, 9,7 pp más que en 2019, y el 15,1 % asistían a un hogar comunitario, jardín o centro de desarrollo, 12,4 pp menos frente a 2019.
Según la quinta ronda del GIFMM el porcentaje de NNA que permanecen entre semana con su padre o madre en la casa es del 77 % (iMMAP, 2022). A mediados del año 2021, alrededor de 328 mil estudiantes venezolanos no habían registrado un documento de identificación válido en el sistema educativo de Colombia, esta situación infiere una brecha en el estatus migratorio de los NNA que afecta trámites en el sector educativo y en otras situaciones como la presentación de pruebas de estado y la obtención del grado de bachiller. El 21 % de la población que se encuentra en esta situación, es decir, 71 mil NNA estudiaron en colegios rurales (iMMAP, 2022).
En relación con indicadores de desempeño educativo, el 17,2% de las niñas y niños migrantes entre los 6 y 11 años no sabe leer, ni escribir, y en cuanto al logro educativo, medido como los años de educación alcanzados y aprobados, el promedio de años de educación era 1,6 años en 2020, y 1,9 años en 2019. Al hacer un análisis para quienes tenían 11 años, la máxima edad al interior del grupo se encuentra que el promedio de años de educación era 3,8, esto es 1,2 años menos del logro educativo para la edad. Lo anterior se reafirma con la medición de rezago escolar, en donde para 2020 en el nivel nacional, el 65% de las niñas y niños de infancia tenían rezago escolar, 6,3 pp por encima de los resultados encontrados en 2019.
En el caso de los adolescentes entre 12 y 17 años, en cuanto al logro educativo, el promedio de años de educación fue de 6,5 años en 2020, y 6,8 años en 2019, al hacer un acercamiento para la máxima edad al interior del grupo, 17 años, se observa que el logro educativo fue de 8,4 años, 2,6 años menos que el logro educativo para la edad. En términos de rezago escolar, para 2020, el 81,8 % de los adolescentes migrantes estaban 5 pp por encima de los resultados encontrados en 2019. En relación con los jóvenes entre 17 y 28 años, se identifica que aquellos que no contaban con educación superior y no se encontraban estudiando fue superior en la población migrante venezolana en Colombia (94,4 %) respecto al resto de la población (71,1 %).
Además, a pesar de los avances notorios, la falta de infraestructura escolar y docentes, especialmente en áreas fronterizas entre Colombia y Venezuela suponen retos para garantizar el acceso a la educación de la población venezolana. De acuerdo con análisis y censos realizados por autoridades educativas locales y apoyados por la cooperación internacional en áreas vulnerables y de recepción de población venezolana hay 2 de cada 20 NNAJ no logran acceder a la educación debido a la falta de cupos escolares. La falta de acceso incrementa los riesgos de los menores de edad al trabajo forzado, la mendicidad, la explotación sexual, el tráfico e incluso el reclutamiento forzado de actores armados como ha destacada la Defensoría del Pueblo en sus informes de riesgo.
En el año 2020, 2.927 estudiantes de origen venezolano presentaron el examen de estado de la Educación Media, ICFES -SABER 11-. Los resultados de estudiantes venezolanos en las pruebas estuvieron por debajo de los promedios de estudiantes de Colombia y de otros países. Respecto con las competencias evaluadas, este grupo poblacional se ubicó en el nivel 2 (de 4) para Matemáticas, Sociales y ciudadanas y Ciencias naturales y en nivel 3 (de 4) en Lectura crítica. Adicionalmente, el 63 % de los NNA provenientes de Venezuela se ubicaron en el nivel A en inglés que es la escala más baja en la competencia (iMMAP, 2022).
Por otra parte, la población migrante venezolana es más pobre que la de acogida. Para la totalidad de las 23 ciudades analizadas por el IMI, la incidencia de pobreza monetaria es mayor para la población migrante que para la población de acogida. En el promedio de 23 ciudades capitales, se tiene que la incidencia de pobreza para la población venezolana se ubica en 61,3 % frente a 33,3 % para la población colombiana. Esto implica una brecha de 28 pp. Entre las ciudades que presentaron una mayor brecha en los resultados de 2020 están Bucaramanga (31,4 %), Manizales (30,9 %) y Villavicencio (30,4 %), y las ciudades que presentan una menor diferencia son Quibdó (9,0 %), Neiva (19,5 %) y Florencia (20,6 %) (Gráfico 8).
Gráfico 8. Brecha pobreza monetaria por ciudades capitales (2019 - 2020)
Fuente: DNP, Observatorio Colombiano de Migración desde Venezuela con información de GEIH (2022).
Según el informe de Pobreza Multidimensional realizado por el DANE para el año 2021, se reporta que la incidencia de pobreza multidimensional de personas que pertenecen a hogares donde al menos un miembro es migrante y reporta que nació en Venezuela es del 42,6 % a nivel nacional y de 64,2 % en los centros poblados y rural disperso(36). En las cabeceras, el índice es de 39,6 % para migrantes venezolanos, mientras que índice para la población colombiana es de 11,5 %. Para la población migrante que lleva viviendo en el municipio de acogida más de cinco años, las cifras reportan una ligera reducción(37). Sin embargo, persisten las brechas con respecto al total de la población (Gráfico 9).
Gráfico 9. Índice de Pobreza Multidimensional para hogares con al menos un migrante venezolano que lleve viviendo en el municipio un año (2021)
Fuente: DNP, con información suministrada del DANE (2022).
La población migrante también enfrenta brechas significativas en satisfacción de necesidades básicas. Tal como se observa en el Gráfico 10 existen brechas en términos del cubrimiento de necesidades básicas entre la población migrante y la población local, explicadas principalmente porque los niveles de ingreso de los migrantes son más bajos y la incidencia de la pobreza monetaria más alta que para la población colombiana. Esto también se explica por las dificultades en el acceso a la salud para habitantes de centros poblados y rural disperso frente a la alta cobertura del sistema en las ciudades capitales.
Gráfico 10. Cobertura de necesidades básicas de los migrantes en Colombia
Fuente: DNP, Observatorio Colombiano de Migración desde Venezuela (2022).
En este sentido, a pesar de que el país ha logrado dar respuestas sectoriales para el acceso de la población migrante a la oferta institucional, aún persisten algunas dificultades para el acceso a los bienes y servicios. Acorde con los resultados del IMI, se identificaron retos en materia de acceso a internet y hacinamiento, dificultades en el acceso a la salud para habitantes de centros poblados y rural disperso, frente a la alta cobertura del sistema en las ciudades capitales. Adicionalmente, de acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida e Integración de los Migrantes Venezolanos en Colombia del Observatorio del Proyecto Migración Venezuela, un alto porcentaje (superior al 60 %) de los encuestados consideran difícil o muy difícil el acceso a trabajo, documentos migratorios legales y servicios de salud, mientras que entre el 37,5 % y el 57,7 % de los encuestados consideran fácil o muy fácil el acceso a servicios de Internet y TV, educación y telefonía celular (Gráfico 11).
Gráfico 11. Grado de dificultad de acceso de la población migrante a bienes y servicios (2022)
Fuente DNP, con información del Observatorio Proyecto Migración Venezuela (2022).
Nota: Encuesta. Respuesta a la pregunta: ¿Qué tan fácil o difícil considera el acceso a los siguientes bienes y servicios en Colombia?
De acuerdo con lo expuesto, se hace esencial la identificación del impacto de algunas brechas de acceso sectoriales y la profundización de otras. En efecto, las deficiencias en algunos servicios generan afectaciones en otros sectores y grandes retos en términos de satisfacción de las necesidades básicas. Este es el caso del sector salud sobre el cual repercuten las consecuencias de determinantes sociales de la salud, tales como, el hacinamiento, falta de alcantarillado y recolección de basuras, servicios que inciden directa y negativamente en la proliferación de enfermedades. De ahí la importancia de considerar abordajes intersectoriales a partir de una ruta de acción institucional unificada.
El Gobierno nacional ha tenido un avance significativo en materia de acceso y ampliación de la cobertura de servicios para satisfacer las necesidades básicas de la población migrante, demostrado en las cifras ya presentadas, sin embargo, persisten los retos derivados de diferentes factores, entre estos, las vulnerabilidades y riesgos enfrentados por la población, que acrecientan las dificultades y barreras para su integración.
4.1.2. Nuevas necesidades en materia de respuesta y atención de vulnerabilidades que se profundizan en el contexto migratorio
La primera respuesta del país se orientó a la atención inmediata humanitaria y de emergencia debido, en gran medida, a los niveles importantes de vulnerabilidad que caracterizaron la llegada de la población migrante venezolana. Aunque la migración es una fuente potencial de desarrollo, los migrantes y sus comunidades de acogida se enfrentan muchas veces a situaciones de vulnerabilidad, que requieren de intervenciones que busquen apoyar su desarrollo. En efecto, persisten situaciones de vulnerabilidad en la población migrante y nuevos desafíos humanitarios que requieren mantener abordajes de atención humanitaria en paralelo con los avances y esfuerzos institucionales de integración. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha identificado debilidad en acciones de articulación que garanticen la unidad o reunificación familiar de la población migrante, en especial cuando la misma se refiere a niñas, niños, adolescentes y sus padres o cuidadores (CIDH, s.f).
Los principales motivos de los migrantes para salir de Venezuela son el reflejo de la profunda vulnerabilidad en la que emprenden la ruta migratoria, la cual comúnmente transita a pie, exacerbando las vulnerabilidades y exponiendo a los migrantes a nuevos riesgos en el trayecto. Como ya se había mencionado anteriormente, una de las principales motivaciones de los migrantes para salir de Venezuela son la falta de empleo o bajos ingresos (81 %), a esto se suman otros factores tales como la falta de acceso a alimentos (60 %), falta de acceso a servicios médicos (32 %), falta de acceso a educación (13 %) y falta de servicios públicos (12 %), entre otros (GIFMM, 2021).
Las causas de la migración demuestran una población con altos índices de pobreza, de inseguridad alimentaria, deficiencias nutricionales y desnutrición, con necesidades de atención médica y rezagos educativos. Estas características exigen atención humanitaria y un proceso de estabilización para su protección e integración. Vale la pena mencionar que de acuerdo con un informe del Assessment Capacities Project (ACAPS) del año 2021, el 62 % de estas personas salen a pie (ACAPS, 2021). De otro lado, según la Caracterización Conjunta sobre Movimientos Mixtos (2021) del GIFMM, el 29 % de quienes reingresan a Colombia y el 31 % de quienes retornan a Venezuela declararon haber corrido riesgos para su seguridad durante su viaje en Colombia, principalmente robos, violencia física y amenazas (GIFMM, 2021).
Las necesidades básicas de las personas que migran a pie han sido principalmente cubiertas por programas de asistencia humanitaria de la cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil. Estos programas incluyen albergues, alimentación, agua, saneamiento e higiene, acceso a información, y en casos de muy elevada vulnerabilidad, acceso a opciones de transporte seguros. No obstante, la ausencia de datos representativos sobre esta población o de herramientas que permitan su caracterización de manera periódica y sistemática dificultan la asistencia humanitaria (ACAPS, 2021). Adicionalmente, la dependencia en la cooperación internacional y la sociedad civil para la atención humanitaria crea brechas en la prestación de servicios por falta de cobertura, falta de sostenibilidad de las fuentes de financiamiento, entre otros factores. Un estudio reciente identificó que en el tránsito los caminantes tienen problemas económicos que les impiden pagar un alojamiento o adquirir alimentos y a menudo son víctimas de discriminación (Aliaga, Díaz, Arias, & Flórez, 2022).
Por otra parte, la dinámica de la crisis migratoria de la población venezolana se caracteriza por tener un componente relevante de género y por una feminización de la migración, que impacta los derechos de niñas, mujeres y personas de la comunidad Lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer (LGTBIQ+). Esta población es objeto de diferentes vulnerabilidades y riesgos, como trata de personas, explotación sexual, VBG, violencia intrafamiliar, mendicidad, barreras para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, entre otros (Cooperative for Assistance and Relief Everywhere, 2020). Es frecuente que las mujeres sean abordadas en los pasos fronterizos, especialmente en los pasos irregulares, por tratantes que buscan captarlas para explotarlas sexualmente y agredirlas física y sexualmente.
La vulnerabilidad particular de las mujeres y población LGTBIQ+. De acuerdo con el informe Movimientos migratorios Sur Sur: condiciones sociosanitarias de las mujeres migrantes en situación de prostitución en el espacio fronterizo de Colombia y Venezuela, no podría indicarse un número exacto de las personas que ejercen trabajo sexual remunerado, debido a que se da en un marco de ilegalidad. Sin embargo, una aproximación a la problemática revela condiciones y factores de riesgo sin abordar, donde se cruzan estructuras legales e ilegales de poder que afectan la vida y la salud de las mujeres, y las exponen a una mayor vulnerabilidad y negación del ejercicio de sus derechos humanos (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2021).
Diferentes organizaciones tanto públicas como privadas, la sociedad civil y las autoridades coinciden en afirmar que la migración irregular es una situación muy conveniente para las redes de trata de personas, que aprovechan y potencializan las vulnerabilidades que presenta esta población en cuanto acceso a servicios como la salud, educación y empleo. En este sentido el Ministerio del interior en su informe sobre trata de personas y migración venezolana en 2018 afirmó que se estima que un número significativo pero indeterminado de ciudadanos venezolanos puedan ser víctimas del delito de Trata de Personas en el territorio colombiano (Ministerio del Interior, 2018). Lo anterior, entre otros, lleva a la necesidad de redoblar esfuerzos en la formulación de mecanismos que permitan elaborar y actualizar diagnósticos interdisciplinarios que permitan valorar con exactitud la magnitud del problema público.
La trata de personas es un riesgo al que son más vulnerables los migrantes venezolanos, en particular los NNA y las mujeres(38). Según el Observatorio del Delito de Trata de Personas del Ministerio del Interior, entre enero de 2017 y diciembre de 2020, se identificaron 429 víctimas, entre ellas se reportaron 72 (16,8 %) casos de personas de nacionalidad venezolana. De esta población venezolana, el 61 % fue captada por medio de una falsa promesa de oportunidad laboral, el 80 % es de género femenino y cerca del 50 % se encuentra entre los 15 y 24 años, aunque también se cuenta con registros de casos de los 10 a los 44 años (Ministerio del Interior, 2022).
El rango de edad identificado muestra que la afectación de la trata de personas se da en mayor medida en las mujeres jóvenes. Debido a la crisis económica de su país de origen, las mujeres migrantes jóvenes buscan alternativas para superar su situación, la cual es aprovechada por organizaciones criminales para explotarlas para diferentes finalidades. Esta problemática ha sido evidenciada especialmente en la zona de frontera por organizaciones de la sociedad civil. En 2021, la iniciativa Laboratorio de Frontera identificó en el informe Una mirada a la trata de personas en Norte de Santander que entre 2018 y 2020 hubo un aumento de las víctimas que reportaron a Venezuela como su país de origen, pasando del 10,6 % al 37,5 % en ese departamento (Colmenares, Fuentes, & Mantilla, 2021).
La violencia de género es otra de las afectaciones que vulnera los derechos de la población migrante venezolana, particularmente a las mujeres jóvenes. De acuerdo con el boletín especial del Observatorio Colombiano de las Mujeres, denominado la Violencia contra las mujeres migrantes en Colombia: una frontera por superar, entre 2015 y 2020 los casos de violencia contra las mujeres venezolanas aumentaron de manera significativa. Mientras que en 2015 se registraron 21 casos, en 2020 pasaron a 2.538. Para ese periodo, los reportes de violencia física contra las mujeres se incrementaron en 1.255 casos; los de violencia sexual en 779 casos; violencia psicológica en 108 casos y la negligencia y abandono en 375 casos (Vicepresidencia de la República, 2021).
Adicionalmente, las mujeres jóvenes migrantes provenientes de Venezuela tienen más riesgo de ser víctimas de VBG. En 2020: (i) más del 50 % de los casos por violencia física y violencia psicológica se había registrado contra mujeres entre los 18 y 28 años de edad; (ii) un 39 % contra adolescentes entre los 12 y 17 años; y (iii) el 47,77 % de los casos por negligencia y abandono contra niñas en la primera infancia. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2022).
Del total de los casos, el 79,4 % se presentan contra mujeres, con una mayor proporción en mujeres con edades entre los 18 y 28 años (29,31 %), seguido de mujeres entre 29 y 59 años (16,55 %). A nivel territorial, 415 de los casos se presentaron en Bogotá, seguido de Cali con 122 Casos y Cúcuta con 112 casos. Es relevante mencionar que, de los casos registrados, el 60,34 % de las víctimas convive con su agresor. De igual forma, el Observatorio Nacional de Violencias de Género registró, para 2020, 3.197 casos, de los cuales 1.485 son asociados a violencia física, 899 a violencia sexual, 690 negligencia y abandono, y hay 123 casos asociados a violencia psicológica contra personas migrantes venezolanas (Ministerio de Salud y Protección Social, 2022).
Además de los riesgos elevados de ser víctimas de VBG, las mujeres migrantes enfrentan más barreras judiciales para denunciar a sus agresores. De acuerdo con el Center for Global Development, en el estudio Superación de obstáculos a la inclusión y participación de mujeres venezolanas en Colombia, publicado en mayo de 2022, las barreras de acceso a la justicia más frecuentes para esta población son: (i) falta de recursos para denunciar; (ii) dificultades para interponer acciones judiciales contra sus agresores; (iii) falta de conocimiento de los canales disponibles en el territorio para denunciar; y (iv) la complejidad de los procedimientos jurídicos colombianos para las mujeres migrantes (Woldemikael, López, Uribe, & Daly, 2022).
Por otra parte, se encontró que la población migrante venezolana se ve expuesta a un alto riesgo de ser víctima de explotación laboral por su situación de alta vulnerabilidad al llegar a Colombia y este riesgo es mayor para las mujeres. La explotación laboral se traduce en remuneración inferior a la que corresponde, jornadas de trabajo que superan la máxima permitida y la ausencia de pago de prestaciones sociales según lo estipulado por ley, entre otras. Además, la vulneración laboral de la población migrante se deriva de su estatus migratorio, sus condiciones económicas y sociales, sumado a que factores como el género incrementan su vulnerabilidad. Para mitigar el riesgo de explotación, el Grupo de Gestión de la Política de Migración Laboral de la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo del Ministerio del Trabajo estableció una ruta de atención y orientación para casos de ofertas laborales fraudulentas, con el fin de prevenir la trata de personas con fines de explotación laboral(39).
Durante los últimos años se han incrementado los casos de niñas y niños no acompañados, a 31 de marzo de 2022, el ICBF reportó 218 casos. A esto se suma la necesidad de profundizar en soluciones para las niñas y niños migrantes abandonados que no cuentan con documentos ni con familiares o conocidos, más de 1.200 niños que, en este momento, se encuentran en custodia del Instituto, que han sido abandonados, que no tienen familia, y que, ante la falta de regulación normativa, carecen de medidas de protección especiales (ICBF, 2022).
La carencia de redes de apoyo familiar, comunitario e institucional, así como las barreras de acceso al empleo formal, la situación migratoria irregular, el hurto o pérdida de sus pertenencias y documentos y los ingresos económicos insuficientes son factores que pueden llevar a la población migrante a la mendicidad. De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, la situación de mendicidad de las personas migrantes de Venezuela puede desencadenar en otro tipo de vulneraciones a sus derechos humanos, como desescolarización, desnutrición, exposición a enfermedades en adultos, adolescencia y primera infancia, barreras al acceso al sistema general de seguridad social y exposición a violencia intrafamiliar y a trata de personas (Procuraduría General de la Nación, 2021).
A nivel territorial, el informe de la Estrategia de Abordaje contra la Mendicidad en Bogotá identificó esta problemática en las localidades de Chapinero, Usaquén, Fontibón y Suba. Se presentaron condiciones de mendicidad alta y permanencia en la calle en 102 núcleos familiares caracterizados, en los cuales se destacó ampliamente la población venezolana (94 %), seguido por la colombiana (4 %) y colombo-venezolana (2 %). El informe evidenció que, de 125 registros, el 81 % no contaba con documento migratorio, 4 % tenía PEP, 4 % contaba con un documento o estatus migratorio y el 11 % restante no sabía/no respondía (Secretaría Distrital de Integración Social [SDIS], 2019). Adicionalmente, a través de una intervención masiva en el Sistema Integrado de Transporte Transmilenio en Bogotá, se encontraron 359 NNA, de las cuales 300 eran de origen venezolano en condición de irregularidad migratoria, de los cuales 219 vivían en contextos de mendicidad propia; 126 en trabajo infantil, en acompañamiento en ventas ambulantes; y 14 en trabajo infantil en ventas ambulantes (SDIS, 2019).
Además de la mendicidad, la población migrante venezolana en habitabilidad en calle se enfrenta los mismos riesgos de discriminación que la población colombiana en esta situación, sumado a la xenofobia. Según el censo de habitabilidad en calle del DANE, el 16,2 % de los habitantes en calle nacieron en otro país (863 personas). La mayoría de ellos se encuentra en el departamento de Norte de Santander (460), le sigue La Guajira (194) y Magdalena (58); en los demás departamentos la presencia de esta población no supera el 19,0 % (DANE, 2021)(Fundación Ideas para la Paz [FIP], 2019).
Del lado de la convivencia y seguridad ciudadana existe un consenso reciente entre académicos y estudiosos del tema de la seguridad relativo a que no existe una correlación directa entre inmigración y crimen. No obstante, informaciones de inteligencia y de organizaciones no gubernamentales confirman el fenómeno de la instrumentalización de inmigrantes venezolanos por parte del crimen organizado. De acuerdo con la FIP el comportamiento de los delitos de mayor impacto a nivel nacional entre 2012 y 2018 sugiere que los índices delictivos no se han visto afectados por la entrada de venezolanos al país. Sin embargo, han existido tendencias revictimizantes y estigmatizadoras de percepción de ciudadanos venezolanos como generadores de desorden y criminalidad. De igual manera diferentes informes denuncian reclutamiento forzado y vinculación de esta población vulnerable a economías criminales por parte de organizaciones del crimen transnacional organizado (FIP, 2019). Lo anterior hace necesario el fortalecimiento de las capacidades de identificación, impacto y desarticulación de las organizaciones que victimizan a la población migrante, así como el desarrollo de estrategias de fomento de la convivencia pacífica y prevención del delito con enfoque diferencial.
Otro riesgo al que se enfrenta la población migrante es el reclutamiento ilícito por parte de grupos armados organizados al margen de la ley. Si bien la Defensoría del Pueblo ha identificado en algunas alertas tempranas (Norte de Santander y La Guajira) el reclutamiento forzado de NNA migrantes, a nivel nacional no se tiene una cifra que dé cuenta de la problemática. La Defensoría del Pueblo, a través del monitoreo del Sistema de Alertas Tempranos, ha tenido conocimiento de varios casos de homicidios, desaparición forzada de mujeres y trata de mujeres adolescentes y jóvenes con fines de explotación sexual (Defensoría del Pueblo, 2020). Por su parte, el ICBF, a través de su programa de atención especializada para el restablecimiento de derechos a NNA víctimas de reclutamiento ilícito que se desvinculan de grupos armados organizados al margen de la ley, reportó que 9 menores venezolanos ingresaron a un PARD por motivo de amenaza inminente de reclutamiento (ICBF, 2021). A pesar de que esta cifra no revela la magnitud de la problemática, dado el importante grado de subregistro, sí es un indicador inicial para tomar en cuenta el riesgo latente de reclutamiento, uso y utilización de NNA de nacionalidad venezolana por parte de grupos armados al margen de la ley.
Al riesgo de reclutamiento se suma el desplazamiento forzado de familias de origen venezolano al interior del territorio colombiano. Según un informe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, (Codhes), la presencia de estructuras armadas ilegales principalmente en departamentos fronterizos ha derivado en el desplazamiento de un número importante de personas venezolanas. Por ejemplo, se registra que, en Norte de Santander durante el año 2020, se desplazaron 1.650 personas venezolanas, el número más alto de víctimas, seguido del Cauca con 440. Del mismo modo, se reporta que la población venezolana ha sido víctima de amenazas de grupos armados ilegales al incumplir los pagos de arriendos o inquilinatos en algunas ciudades (Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento, 2021).
De otro lado, en los últimos cinco años, un número importante de migrantes ha perdido la vida en el territorio colombiano de manera violenta. De acuerdo con cifras del Observatorio de Violencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, desde 2017 hasta abril de 2022, se había registrado un total de 4.600 muertes violentas (homicidios, muertes en accidentes de transporte, suicidios) de ciudadanos venezolanos. De estas, 84 % son hombres y 16 % mujeres. Además, se registraron 491 homicidios con arma de fuego y 269 con arma blanca. Adicionalmente, 424 venezolanos han muerto en accidentes de tránsito y los suicidios alcanzaron la cifra de 154 personas (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2022).
El tráfico ilegal de migrantes también afecta a la población venezolana. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc), la información que se dispone en materia de tráfico ilegal de migrantes en la actualidad es demasiado dispersa e incompleta, lo cual no permite conocer con exactitud el número de personas que son objeto de tráfico ilícito cada año (Undoc, 2009). Sin embargo, la poca evidencia permite observar que las prácticas ilegales relacionadas con el tráfico de migrantes en Colombia han tendido al aumento en la última década a partir, entre otros, de cambios en las expectativas de vida de ciudadanos extranjeros y la existencia de amplias extensiones fronterizas en las que se dificulta el control estatal.
Lo anterior permite a las organizaciones delincuenciales explotar la vulnerabilidad social de las personas que buscan nuevas y mejores alternativas de vida y movilizar a sus víctimas a menor costo y riesgo. En 2012, Undoc y Migración Colombia analizaron un total de 217 casos a nivel nacional que involucraban 548 víctimas en situaciones de ingreso, tránsito y salida irregular, desde o hacia el interior del territorio colombiano. Particularmente para el caso de la Frontera colombo-venezolana se identificó que entre enero y septiembre del 2012, en esta zona fronteriza fueron detectados el 6 % de los casos de víctimas de tráfico de personas, cuya nacionalidad no necesariamente era venezolana (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2012). Este porcentaje resulta relativamente bajo si se le compara con el 36 % representado en el caso de la frontera colombo ecuatoriana y seguido por Antioquia con 19 % para el mismo periodo observado (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2012).
Con respecto a los pueblos indígenas venezolanos, una mesa convocada por el sector de protección del R4V identificó ocho ejes de afectación a esta población en los países de acogida, en Colombia en particular en los departamentos de La Guajira, Norte de Santander y Arauca. En términos de la regularización se evidenció, entre otros aspectos, que el ETPV no tiene un enfoque étnico y se presentan dificultades en la presentación de documentación como el registro civil por parte de esta población a pesar de que la población indígena puede presentar como prueba de nacionalidad y de ingreso al territorio nacional, la certificación de la autoridad indígena registrada. Por otra parte, debido a fracturas al interior de los pueblos, estos se han asentado de manera informal en el territorio y en muchos casos no cuentan con una vivienda digna con acceso a servicios básicos. La población indígena asentada en estos territorios también corre riesgos por a la presencia de actores armados y crimen organizado, entre los cuales se cuentan el reclutamiento de NNA, desplazamiento forzado, restricciones a la movilidad, amenazas y violencia sexual. Los pueblos indígenas son además víctimas de VBG, trata de personas y explotación laboral en el servicio doméstico por su situación de vulnerabilidad. Además, la mesa identificó situaciones de matrimonio infantil y embarazo adolescente. Esta población también se ha visto afectada por discriminación y xenofobia, en particular hacia NNA en las escuelas (R4V, 2022).
A pesar de los esfuerzos en la prevención y protección de violaciones a derechos, se evidencia que la población migrante aún está expuesta a numerosos riesgos que incluyen la trata de personas, las VBG, la mendicidad, el reclutamiento, uso y utilización de NNA y el desplazamiento. Estas afectaciones tienen un carácter diferenciado en NNA, mujeres jóvenes y población indígena e implican que los esfuerzos en materia de atención humanitaria y asistencia profundicen su conocimiento y registro de estas dinámicas para poder brindar respuestas efectivas en la superación de estas situaciones de vulnerabilidad particulares.
El relator especial sobre las formas contemporáneas de racismo (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2017), identificó que existen procedimientos especiales de carácter administrativo que limitan la protección efectiva de los derechos de NNA, como, por ejemplo, vacíos legislativos, y baja capacidad institucional y de los funcionarios públicos para entender y actuar de manera sensible frente a las necesidades de la población migrante. El ICBF, como entidad estatal encargada de la protección integral y la garantía de los derechos de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias, ha identificado que paralelo al aumento del flujo migratorio proveniente de Venezuela, han aumentado los ingresos a PARD de los NNA venezolanos. Con corte a 30 de abril de 2022, se encontraban con PARD 3.265, de los cuales 907 procesos correspondían a ingresos por motivo de violencia sexual y trata de personas (explotación sexual comercial).
4.1.3. Baja Integración económica de la población migrante venezolana
La integración económica y productiva es una de las dimensiones más importantes en el proceso de acogida de la población migrante, ya que les permite tener una mayor autonomía en su desarrollo y desenvolvimiento dentro de la sociedad colombiana. Así mismo, facilita que la población migrante acceda a otro tipo de servicios y se acerque al goce efectivo de sus derechos laborales, incluida la seguridad social. Para garantizar esto, la integración económica debe darse en condiciones de trabajo decente, igualdad y formalidad. Dar empleo a la población venezolana contribuye a la convivencia ciudadana y la superación de barreras culturales, sociales y económicas (La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, 2022).
Si bien se presentan avances en la integración económica de la población migrante venezolana, las cifras demuestran que persisten las brechas. En el mercado laboral existen importantes barreras para la integración económica de la población migrante, una de ella corresponde la falta de reconocimiento de las habilidades, destrezas y conocimientos de las personas adquiridos a lo largo de la vida. En este sentido, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) viene evaluando y certificando las competencias laborales(40) desarrolladas por los migrantes a lo largo de la vida, con un total de 7.235 migrantes certificados a 2021, dentro de los cuales está incluido el programa Saber Hacer Vale, ejecutado en alianza con el Ministerio de Trabajo.
En relación con la integración económica de la población migrante, se evidencia que persisten brechas en materia de percepción de satisfacción frente a la vida, el mercado laboral y la vocación de permanencia en el territorio, especialmente para la población de nacionalidad venezolana. Según los resultados del IMI para la vigencia de 2020, se destaca que la percepción de satisfacción con la vida es la subdimensión mejor calificada, por encima del mercado laboral y la permanencia de la población migrante en el territorio. Lo anterior, obedece a que en las ciudades capitales tiende a facilitarse la generación de ingresos y aumenta la satisfacción de necesidades de los migrantes. Sin embargo, según la Encuesta de Calidad de Vida realizada por el DANE en diciembre de 2020, el 49,3% de los hogares migrantes afirmaron que sus condiciones de vida actuales eran peores en comparación con las que tenían antes de marzo de 2020, con ocasión del COVID 19. Además, el 61,7 % de los hogares tuvo alguna dificultad durante el confinamiento por el Covid-19, principalmente relacionada con la generación de ingresos y acceso a alimentación (Proyecto Migración Venezuela. 1021). (Proyecto Migración Venezuela. 1021).
De acuerdo con los resultados del IMI, en la dimensión de integración económica, se resaltan las brechas existentes en el mercado laboral, destacando la informalidad en el trabajo y los bajos niveles de certificación en oficios por parte de la población migrante. Los resultados de este indicador muestran que en promedio existe una brecha del 46,5% entre el porcentaje de afiliación al SGSSS entre la población local y la población venezolana. Asimismo, se encuentra que la tasa de certificación en competencias laborales por cada 1000 personas, realizada por el SENA, es del 7.6%. Según el Observatorio del Proyecto Migración Venezuela con base en cifras de la GEIH con corte a 30 de junio de 2021, el 72,8 % de la población migrante venezolana se encontraba en edad de trabajar, debido a la población joven que llegó al país proveniente de Venezuela. Sin embargo, los efectos de la pandemia hicieron que se presentara un cambio en la participación de la población migrante en el mercado laboral. La tasa global de participación (TGP)(41) mostró una reducción del 74,3 % al 69,8 % entre 2019 y 2021, en la población que se encontraba trabajando o que se encontraba en búsqueda de empleo. Lo anterior, con ocasión de la pandemia y, las dificultades presentadas para la búsqueda de empleo, por lo tanto, la población migrante en edad de trabajar pasó a ser inactiva(42) (Proyecto Migración Venezuela, 2021).
Según el Observatorio del Proyecto Migración Venezuela, la población ocupada disminuyó, pasando del 63 % en junio de 2019 a 58,4 % en junio de 2021; presentando una reducción de 4,6 pp. Es importante destacar que la población de nacionalidad venezolana siempre ha presentado altos porcentajes de informalidad (9 de cada 10 venezolanos se emplean de esta forma). Así mismo, según los resultados del módulo de migración de la GEIH para 2021, la tasa de desempleo de la población migrante en Colombia que hace 12 meses vivía en Venezuela fue de 24,4 %, 1,6 pp más que la registrada en el 2020, cuando se ubicó en 22,8 %.
Por otra parte, se identificó facilidad del ingreso al mercado laboral de acuerdo con el tiempo de permanencia de la población migrante en el país. La población migrante que ha permanecido más tiempo en Colombia ha podido acceder a fuentes de empleo para la generación de ingresos más fácilmente que los que llevan menos tiempo en el país. Para el año 2021, la tasa de desempleo para los migrantes que vivían hace 5 años en Venezuela disminuyó del 18,2 % al 14,9 %, en comparación con los que hace 12 meses vivían en Venezuela pasando del 22,8% a 24,4 %.
En términos de empleo hay logros en la participación laboral de la población migrante frente a la población local, pero desventajas en relación con la participación de las mujeres migrantes. La población nacida en Venezuela exhibe mayores tasas de participación laboral que la población local con un 70,4 % frente a un 60,3 %, respectivamente (DANE, 2021). Sin embargo, la tasa de desempleo de los migrantes es del 17,3 % frente el 15,3 % de la población local, y se presentan mayores brechas de género para las mujeres migrantes: la tasa de desempleo de las mujeres migrantes es del 26,8 %, frente el 19,7 % de las mujeres locales, y 10,5 % de los hombres migrantes.
La calidad de los trabajos en los que se emplean adolescentes y jóvenes migrantes también refleja un incremento en la brecha de desarrollo. El ICBF adelantó un análisis de brechas de desarrollo humano en el que identificó que los adolescentes y jóvenes migrantes venezolanos experimentan mayores niveles de ocupación (48.6 %), cuando se les compara con el resto de la población en su mismo rango de edad (33.6 %). La mayoría de los adolescentes y jóvenes se ocupan en actividades informales, que no contempla la afiliación a seguridad social (salud, pensiones y riesgos laborales) (92.5 %). El porcentaje de jóvenes migrantes que no acceden a la educación ni a la fuerza laboral es del 22 % y se encuentra por encima del resto de la población que se ubica en un 15.3 %. La vinculación total de adolescentes y jóvenes migrantes se correlaciona con un incremento del 1,2 % del PIB (ICBF, 2022).
La población migrante venezolana recibe menos ingresos mensuales que la población colombiana, aun cuando la población migrante venezolana registra mayor número de horas laboradas, según información de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)), evidenciando brechas de ingresos de la población. En Bogotá, la brecha entre mujeres migrantes y no migrantes es significativa: las primeras trabajan en promedio 42,5 horas con una remuneración mensual de 785.814 mil pesos, mientras que las mujeres no migrantes trabajan semanalmente un promedio de 37 horas con una remuneración de 1.072.000 pesos Tabla 2 (Organización Internacional del Trabajo, 2021).
Tabla 2. Comparativo de horas trabajadas a la semana en relación con el salario promedio en hombres y mujeres migrantes, vs. hombres y mujeres no migrantes en Bogotá (2019)
| Promedio de horas remuneradas semanalmente | Promedio de ingresos mensuales fruto del trabajo (millones de pesos) | |
| Hombres migrantes | 51 | 1.003.233 |
| Hombres no migrantes | 47.7 | 1.230.000 |
| Mujeres migrantes | 42.5 | 785.814 |
| Mujeres no migrantes | 37.0 | 1.072.000 |
| Horas de trabajo | ||
| semanal según art. | 48.0 | |
| 161 de CST | ||
Fuente: DNP con información de la Organización Internacional del Trabajo (2021)
Para el año 2019, había una brecha salarial del 12,6 % entre los hombres y mujeres colombianas mientras que esta se ampliaba a 26,5 % entre hombres y mujeres venezolanos (Proyecto Migración Venezuela, 2021). Además, las mujeres venezolanas percibían 39,6 % menos salario que las mujeres colombianas. Según el DANE, a partir de la GEIH para el 2021, se observó que el desempleo fue mayor en las mujeres tanto en las que vivían hace 12 meses en Venezuela (33,8 %) como las que vivían hace 5 años en Venezuela (23,1 %), evidenciando las condiciones adversas que enfrentan las mujeres migrantes para acceder a un empleo en Colombia.
El promedio de ingresos de la población migrante es inferior al salario mínimo legal vigente en Colombia. Según los resultados de la GEIH para el año 2019, se evidencia que los ingresos laborales en promedio de la población migrante venezolana ocupada están sobre los 700.000 pesos mensuales, presentando una brecha importante entre hombres y mujeres de alrededor de 100.000 pesos mensuales. Para las mujeres venezolanas migrantes, presentan un mayor nivel educativo en donde el 33,1 % de las mujeres venezolanas cuenta con un título de educación superior, mientras que para el mismo año, tal solo el 24,7 % de los hombres contaba con un título de este nivel educativo (Proyecto Migración Venezuela, 2021).
Según el Ministerio del Trabajo, con corte a 28 de febrero de 2022, se registraron 102.166 personas migrantes de nacionalidad venezolana cotizantes a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y tan solo para el mes de febrero ingresaron 8.043 nuevos cotizantes al sistema (Gráfico 12). Por otra parte, la meta de integración acumulada para este mismo mes se ubicó en 115.939 cotizantes, lo que permite observar que aún hay brechas existentes en este sentido. A diciembre de 2022, se espera que 125.097 migrantes estén cotizando a seguridad social. De cumplirse esta proyección, el estado de avance de esta meta se ubicaría en 81,7 % de cumplimiento con corte a febrero de 2022. Al desagregar la información a nivel territorial, Bogotá ocupó el primer puesto con 33.221 migrantes cotizando a través de la PILA, seguido de Antioquia con 29.921 migrantes, Valle del Cauca con 8.260 migrantes, Cundinamarca con 4.974 migrantes y Atlántico con 3.021 migrantes.
Gráfico 12. Población migrante con nacionalidad venezolana que cotiza en PILA 2020- 2022
Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Trabajo (2022)
Según información del Ministerio de Trabajo, a 31 de mayo de 2022, el 70 % del total de extranjeros registrados en el Rutec(43) son migrantes de nacionalidad venezolana, con un total de 41.702 personas registradas. Según el OMV, el 25 % de las personas registradas realizaban actividades de servicios temporales y el 18,8 % se dedicaban a realizar actividades en centros de llamadas (call center), representando los grupos con mayor número de personas registradas (DANE, 2021).
Las redes de contacto de la población migrante han incidido en la búsqueda de mejores oportunidades. Según resultados de la GEIH, la población migrante ha logrado encontrar trabajo a través de familiares y amigos llegando a un 40 % en el 2019, 79 % en el 2020 y 22 % para junio del 2021. Así mismo, la búsqueda a través de visitar empresas o empleadores pasó del 57 % en el 2019 a un 38 % en el 2021. Por otra parte, la utilización del Servicio Público de Empleo (SPE) paso del 1,3 % en el 2019 a un 5,2 % en el 2021. El estudio del Center for Global Development (CGD), también demuestra como las mujeres venezolanas acuden a las redes sociales para encontrar trabajo e incluso como medio de consulta de la oferta de servicios (Woldemikael, López, Uribe, & Daly, 2022).
Entre los sectores socioeconómicos que más han empleado a población migrante venezolana se destacan los sectores de comercio y construcción en el caso de los hombres y alojamiento y servicios de comida y comercio en el caso de las mujeres. Durante la pandemia, estos sectores fueron aquellos que más emplearon población migrante; en el caso de las mujeres, se incrementaron las actividades de los hogares y demás formas de empleo relacionadas con la producción de bienes y servicios de uso del hogar, así como, oficios domésticos y cuidado de niños. Por otra parte, en cuanto a las posiciones ocupacionales buscadas por los migrantes se observa que mientras los hombres buscaron emplearse en labores de cuenta propia, las mujeres buscaron hacerlo como empleadas domésticas (Proyecto Migración Venezuela, 2021).
Los sectores de trabajo predominantes de los migrantes son provisión de servicios y mercancías, ocupaciones elementales y artes mecánicas. Según la Encuesta Pulso de la Migración del DANE, entre los migrantes ocupados, el 33,8 % son trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercancías; el 27 % se encuentra en ocupaciones elementales; el 17,4 % son oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios; el 4,3 % son operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores; el 4,2 % son técnicos y profesionales de nivel medio; el 3,4 % son agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros; el 1,6 % son personal de apoyo administrativo; el 2,2 % son profesionales científicos e intelectuales; y el 1,3 % son directores y gerentes (DANE, 2022).
La población migrante venezolana enfrente dificultades para insertarse en el mercado laboral. Por otra parte, según la Encuesta de Pulso de la Migración del DANE, para los meses de enero y febrero de 2022, de acuerdo con la pregunta dirigida a la población de nacionalidad venezolana referente a si ha tenido dificultades para tener un trabajo pago, el 85 % de la población encuestada respondió que sí ha tenido problemas, con una mayor dificultad de la población de sexo femenino con el 89,2 %, en comparación con el sexo masculino con el 80,8 %. Según la percepción de la población migrante, los tipos de dificultades que más infieren a la hora de la tenencia del trabajo se relacionan con la falta de oportunidades laborales; la falta de permiso de trabajo y las oportunidades laborales limitadas o irregulares (DANE, 2022).
Las mujeres migrantes venezolanas se enfrentan a labores de cuidado no remuneradas, ampliando la brecha existente frente a los hombres en materia de ingresos económicos (Woldemikael, López, Uribe, & Daly, 2022). La OIT ha enfatizado en la necesidad de invertir en licencias y servicios de cuidado para una mayor igualdad en el mundo del trabajo; esto incluye políticas de cuidados, protección de la maternidad, políticas sobre licencia de paternidad, cuidados de larga duración, servicios de cuidado infantil y de larga duración. En este sentido, la OIT hace recomendaciones para la inversión en la economía de los cuidados para avanzar en la construcción de un mundo del trabajo mejor y con mayor igualdad de género. El estudio de la OIT resalta las barreras para el acceso a la seguridad social de las mujeres migrantes relacionados con requerimientos de residencia, por lo que es necesario considerar en enfoque de género en sectores como salud teniendo en cuenta las especificidades de esta población(44). Asimismo, las mujeres migrantes enfrentan impactos mentales y físicos a su salud asociados a un acceso limitado a los servicios de salud, una inadecuada protección social y una falta de redes de apoyo.
Según un estudio de caracterización hecho por la Unidad Administrativa Especial del SPE a migrantes venezolanos y retornados registrados en el Sistema de Información del Servicio Público de Empleo (SISE) entre enero del 2017 y septiembre de 2020, se destaca el porcentaje de población juvenil, su nivel técnico de estudios alcanzado y el núcleo básico de conocimientos que posee. Según el estudio, el 55,2 % de los migrantes venezolanos que se registraron en SISE en el periodo analizado son hombres y el 44,8 %, mujeres. El 65,3 % de los migrantes venezolanos inscritos tenían entre 24 a 39 años, el 24,9 % tenía 40 años o más y el 9,9 %, 23 años o menos. El 53,8% de los migrantes indicaron residir en Bogotá y Antioquia. El 41,4% de los migrantes tenían como último nivel educativo alcanzado un técnico, tecnólogo o universitario y el 2,7 % de ellos alcanzaron un posgrado. Asimismo, el 38 % tenía el bachillerato como su último nivel educativo alcanzado, mientras que el 6,8 %, la secundaria. De los 51.980 registrados que tenían como último nivel educativo un técnico profesional, tecnológico, universitario o posgrado, el 23,4 % tienen un título dentro del núcleo básico del conocimiento (NBC) en administración, el 11,8% en educación, el 6,4 % en contaduría pública y el 6,2 % en ingeniería de sistemas, telemática y afines. El 52,2 % restante se distribuye en otros 51 NBC.
Otra de las dificultades que enfrenta la población migrante se relaciona con el proceso de convalidación de estudios y la expedición de matrículas o tarjetas profesionales. El 93 % de migrantes que cuentan con un título profesional venezolano no lo han convalidado, debido a falta de documentación, desconocimiento del procedimiento y falta de recursos. Se refleja una debilidad en el proceso de convalidaciones por parte los migrantes venezolanos al no tener: (i) los certificados académicos de su país de origen; (ii) los documentos apostillados para el trámite administrativo ante el Ministerio de Educación; y (iii) un desconocimiento del proceso de convalidación, impidiendo el acceso a la formación que ofrece la entidad. Se evidencia que pese a haber podido convalidar sus títulos de educación superior ante el Ministerio de Educación Nacional, la población migrante debe cumplir con unos requisitos que a pesar de haber sido flexibilizados, aún impide acceder a una tarjeta profesional que lo habilite para trabajar en su profesión. De las personas venezolanas que están empleadas, solamente 2 de cada 10 trabajan en algo relacionado con su profesión (Ramírez & Arroyave, 2022). Es clave recordar que recientemente se creó un mecanismo alternativo para la apostilla de los títulos de educación superior obtenidos en Venezuela en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada del Gobierno Interino de Venezuela, lo que ha permitido iniciar el trámite de convalidación de títulos ante el Ministerio de Educación Nacional a miles de ciudadanos venezolanos. Con corte a 30 de abril de 2022, se han convalidado 2.148 títulos (DANE, 2022).
Asimismo, de acuerdo con las cifras reportadas por el SPE, con corte a julio de 2020 se contaba con 144.390 personas con nacionalidad venezolana registradas en el sistema. De esta población, solo el 5,3 % había sido colocada por el SPE. Nuevamente, los departamentos con mayor número de personas colocadas fueron, Bogotá con 2.240 personas migrantes colocadas, Antioquia con 1.585 personas, Cundinamarca con 1.524 personas, Santander con 465 personas y Valle del Cauca con 409 personas colocadas (DNP, 2022).
Hay iniciativas para mejorar la participación en el mercado laboral. Desde 2020, el Departamento Administrativo de Prosperidad Social (DPS) ha impulsado cuatro programas para fomentar la inserción y retención laboral de segmentos vulnerables de la población colombiana bajo un esquema de pago por resultados. A través de la iniciativa Fondo de Pago por Resultados (Logra), está en proceso de diseño e implementación del programa Reto Migrantes, el cual tendrá un componente de intermediación laboral integral para migrantes venezolanos vulnerables con estatus migratorio regular. A través del Fondo de Pago por Resultado, se realizará el primer programa de empleabilidad para población migrante venezolana, retornada y de comunidades de acogida en situación de pobreza y pobreza extrema en Colombia a oportunidades permanentes de empleo formal. El programa plantea un modelo de pago por resultados a socios implementadores que logren formar y/o certificar en competencias, vincular y retener a la población objetivo. Para ello, se espera que los socios lleven a cabo actividades de orientación socio-ocupacional, formación de habilidades blandas, intermediación y colocación laboral, apoyo psicosocial y gestión empresarial. El componente de formación y/o certificación de competencias contará con el apoyo del SENA. Como resultado se buscará la atención de 4000 personas en formación complementaria y/o certificación de competencias laborales, con un 25% como mínimo de vinculación laboral. Al menos el 60% de las personas que participen en el programa (inscripción) serán mujeres.
Es importante anotar la existencia de brechas a nivel territorial con respecto al mercado de trabajo. Como ilustración, un estudio de Refugees International resalta las barreras existentes en La Guajira para la inserción laboral de la población venezolana entre las que se encuentra que no hay suficientes oportunidades, hacen falta programas de empleo, las mujeres enfrentan mayores desafíos para acceder al mercado laboral, no hay suficientes fondos para la integración y aún se presenta discriminación, xenofobia y violencia hacia la población migrante venezolana. Adicionalmente, la precariedad económica impide a los migrantes venezolanos trasladarse a otras zonas de Colombia para encontrar un empleo (Guerrero & López, 2022). Lo anterior se evidencia por medio de los registros de población migrante certificada en competencias laborales a través del SENA, en donde la mayor parte de la población empleada o independiente se encuentra en la ciudad de Bogotá, seguido de los departamentos de Antioquia y Cundinamarca. Según las cifras del Observatorio Colombiano de Migración desde Venezuela del DNP, en el periodo entre 2017 y mayo de 2021, se registraron 3.950 venezolanos certificados en competencias laborales en condición de empleado o independiente. El departamento con mayor representación de la población fue Bogotá con el 24 %, seguido de Antioquia con el 13 %, Cundinamarca con el 12 % y Santander con el 8 % del total.
Según cifras del SENA, entre el periodo de enero de 2017 y mayo de 2021, se registraron únicamente 127.038 cupos en formación titulada y complementaria, ocupados por la población venezolana. A mayo de 2021, se registraron 29.081 cupos ocupados tan solo en ese año, en relación con 30.935 cupos ocupados en 2020. El aumento de la demanda para formación titulada refleja una necesidad de integración efectiva en donde no solo se aproveche esta formación, sino que los migrantes puedan integrarse a los programas de formación con los de empleabilidad ofrecidos por el Gobierno nacional.
Para que la integración de la población migrante venezolana se traduzca en desarrollo sostenible, se debe involucrar activamente al sector privado, que aún identifica falencias en términos de la información sobre las medidas de integración y otras barreras para la contratación. Un estudio de la FIP indagó sobre la mirada empresarial frente al fenómeno migratorio en Colombia, concluyendo, a partir de una encuesta, que solo 7 % manifestó conocer el ETPV. Algunas de las dificultades encontradas por los empresarios fue la información disponible, tal como la falta de documentación requerida (47 %), la dificultad para acreditar la experiencia laboral (35 %), la falta de homologación de títulos (26 %), la dificultad en los trámites para la contratación de extranjeros (23 %), entre otras. Pese a estas barreras, los empresarios consideran muy importantes las medidas de integración y 84 % volvería a contratar migrantes en su empresa. Los empresarios se benefician particularmente de la mano de obra joven y capacitada para realizar distintos oficios, además del beneficio que puede traer en términos de consumo (FIP, 2021).
El acceso a servicios financieros es un factor clave para la integración económica de la población migrante. A pesar de ello, aún se identifican retos por superar en la materia. En cuanto a la oferta de servicios por parte de las instituciones financieras, se identifican las siguientes barreras para migrantes: (i) Altas tarifas para validar la identidad de los migrantes(45); (ii) Desconocimiento del PPT como documento válido para la apertura de productos o servicios financieros de acuerdo con la Carta Circular 071 de la Superintendencia Financiera, y (iii) Ausencia_de sistemas operativos digitales de las entidades financieras adecuados para la validación de diferentes tipos de documentos de los migrantes regularizados.
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Según la Superintendencia Financiera, a 31 de marzo de 2022, en Colombia hay 536.793 productos financieros adquiridos por migrantes venezolanos, donde un 0,32 % ha dado apertura a un producto con documento de identificación PPT. Este indicador ha tenido un avance significativo, dado que ya supera la meta definida por el Gobierno para la vigencia 2022, en más de 69.000 productos financieros, es decir tiene un cumplimiento de la meta del 114, 9 %.
La migración venezolana para el ecosistema de emprendimiento e innovación, presenta barreras para la integración económica relacionadas con y la capacidad de iniciar un negocio o crear un emprendimiento por parte de la población de nacionalidad venezolana. Estudios a nivel internacional han demostrado que los países tienen entre 25% y 60% de posibilidades de patentar nuevas tecnologías cuando cuentan con un mayor número de migrantes, además también se ha encontrado que hay mayor probabilidad de abrir una nueva línea de exportación si se incrementa la población migrante en un 10% (Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2021). Adicionalmente, y de acuerdo con resultados del Global Entrepreneuship Monitor (GEM) en el año 2012, en Centroamérica y Sudamérica había una mayor tasa de actividad emprendedora entre extranjeros que en la comunidad nativa, encontrando una tendencia de 18% entre migrantes de primera y segunda generación a crear nuevas empresas, mientras que en la población nativa era del 4,2% (BID, 2021).
En materia de emprendimiento el Gobierno nacional ha desarrollado acciones importantes para la atención a la población migrante proveniente de Venezuela, destacando entre ellas: (i) ley de emprendimiento con enfoque inclusivo, lo cual permite gestionar los ajustes en los programas de apoyo a emprendimiento con la participación de la población migrante; (ii) diseño y puesta en marcha del programa de emprendimiento social con iNNpulsa Colombia con el fin de identificar y ejecutar soluciones innovadoras y creativas dirigidas a la generación de ingresos de población migrante y presentadas por parte del sector privado; (iii) diseño de un programa piloto de empleabilidad y emprendimiento rural que permite la contratación formal de población migrante y oferta de servicios agrícolas a domicilio en el sector cafetero; y (iv)inclusión de la población migrante en la Ruta de Emprendimiento Social de iNNpulsa Colombia y atención a emprendedores migrantes en los diferentes Cemprende del país (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2021) (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2021)
Según la Encuesta de Pulso de la Migración del DANE, para los resultados de los meses de enero y febrero de 2022, se identificó que la más grande dificultad para iniciar un negocio reportada por la población venezolana fue la obtención de un crédito formal para iniciar un negocio. Tan solo el 0,32 % de los migrantes venezolanos, con corte al 31 de marzo de 2022, ha dado apertura a un producto financiero con documento de identificación PPT, y un porcentaje bajo de estos productos corresponde a crédito (Superintendencia Financiera, 2022). En particular, los obstáculos se acentúan sobre la población de sexo femenino con el 85,7 %, en comparación con la población de sexo masculino, la cual alcanza un 79,6 %. Asimismo, según Confecámaras para noviembre de 2020, se identificaron varios obstáculos para identificar a la población migrante proveniente de Venezuela inscrita en el Registro Único Empresarial y Social (RUES). Entre ellas se destacan la falta de identificación de la nacionalidad para las personas jurídicas y el subregistro para aquellas personas naturales. Tan solo 10 personas naturales de origen venezolano estaban inscritas con corte a noviembre de 2020 en el RUES.
4.1.4. Dificultades para la integración social y cultural de los migrantes venezolanos
Colombia sigue presentando altos niveles de discriminación y rechazo hacia la población migrante venezolana. Según el último boletín mensual del Barómetro de Xenofobia para Colombia(46), emitido en diciembre de 2021(47), los mensajes xenófobos en las redes sociales se concentran en dos temas principales: de un lado, la mujer migrante, como símbolo de hipersexualización y relación con la prostitución y el trabajo sexual. De otro lado, están los discursos, prejuicios y mitos relacionados con la salud, como la priorización en vacunación para la población migrante sobre la población local, el esparcimiento del COVID- 19, el aumento de los flujos migratorios por el otorgamiento de vacunas y la obtención de beneficios por parte del Gobierno por el servicio de vacunación a la población migrante, datos que se generaron sin fundamento ya que, de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, Decreto 109 de 2021 y sus modificatorios, las consideraciones de priorización de vacunación en el país respondieron a criterios de riesgo en salud y no a la nacionalidad de los receptores de las vacunas.
Los mensajes discriminatorios se han trasladado a la sociedad civil reforzando los estereotipos asociados con la población migrante venezolana. Según el Barómetro de Xenofobia, en el año 2021, a diario se publicaron en promedio 154 mensajes con contenido que incluía estereotipos, prejuicios xenófobos y llamados a la acción contra la población migrante venezolana (Barómetro de Xenofobia, 2021).
La cantidad de comentarios xenófobos aumentó a cierre de la vigencia 2021, a causa de algún suceso o reacción generada por un líder de opinión en relación con la población migrante. Los más llamativos respondieron al anuncio del ETPV; las declaraciones de asociadas con temas de inseguridad en el país; y los hechos de seguridad y noticias relacionadas con la llegada de migrantes afganos y su relación con los migrantes venezolanos. Lo anterior incidió en la respuesta de la ciudadanía con mensajes de odio y prejuicios relacionados con la expulsión de la población migrante, la actividad delictiva y la errónea percepción de derechos no adquiridos a causa del ETPV. Según el Barómetro de Xenofobia, la medición de xenofobia construida para 2021 evidencia que los 6 municipios con mayor tasa son: Campoalegre, Huila con un 71 %; el Banco, Magdalena con el 38 %; Chiquinquirá, Boyacá, Tame y Arauca con el 33 % y Tumaco, Nariño y Sonsón, Antioquia con el 29 %. La anterior tasa se mide de acuerdo con las menciones en Twitter relacionadas con contenido xenófobo en publicaciones relacionadas con la migración.
A pesar de que algunos colombianos no identifican aspectos positivos con la migración venezolana, el crecimiento económico es reconocido por 2 de cada 10 personas encuestadas, mientras el desempleo y la inseguridad son los principales aspectos negativos en la llegada de la población migrante. Según la Encuesta de percepción ciudadana al plan nacional de desarrollo (EPC-PND) 2018-2022, en su segundo levantamiento entre septiembre y octubre de 2020 realizada por el DNP, el 37% de la población encuestada no identifica ningún aspecto positivo con la llegada de población migrante al país. Tan solo el 22 % de la población cree que ha habido un crecimiento económico y solo el 13 % identifica una mayor solidaridad de la población local hacia la población migrante. Por el contrario, el principal aspecto negativo identificado es el desempleo con el 37 %, seguido de la inseguridad con el 29 % y la pobreza con el 21 % (Gráfico 13).
Gráfico 13. Aspectos positivos asociados a la llegada de personas de otros países intención de vivir en Colombia (2020)
Fuente: DNP-DSEPP Encuesta de Percepción Ciudadana al Plan Nacional de Desarrollo. Información con corte a 31 de diciembre del 2020.
De otro lado, la aceptación de los colombianos hacia la integración es limitada y esto constituye una barrera importante tanto para el acceso a servicios y mercados, como para la integración de la población migrante en las comunidades de acogida. Desde mediados del 2019, se revirtió la tendencia de aprobación de las medidas de acogida del Gobierno, y está se ha venido tornando más desfavorable hacia la población migrante que reside en Colombia (Gráfico 14). De acuerdo con los gráficos a continuación, existe un porcentaje mayor de personas que están en desacuerdo en que el Gobierno acoja a los migrantes venezolanos. De hecho, se registran reacciones de sanción social y solidaridad ante los ataques discriminatorios y xenófobos hacia la población migrante.
Gráfico 14. Percepción sobre la acogida de la población venezolana (abril, 2022)
Fuente: DNP con información de Invamer. Colombia Opina #11 (2022). Pregunta de la encuesta: Que el Gobierno Colombiano acoja a los venezolanos que ingresen a Colombia dada la situación en Venezuela.
Gráfico 15. Percepción de la población venezolana en Colombia (abril, 2022)
Fuente: DNP con información de Invamer. Colombia Opina #11 (2022). En general ¿tiene usted una opinión favorable o desfavorable de los venezolanos que han llegado a Colombia para quedarse?
En la Encuesta de Percepción de la Migración en Colombia del Proyecto Migración Venezuela de junio de 2021, se encuentra que hay un importante consenso en la opinión de los colombianos frente, a que los migrantes venezolanos tengan acceso al sistema de salud y al sistema educativo, sobre todo cuando se trata de NNA migrantes (Gráfico 16). Sin embargo, hay otras temáticas como el acceso al mercado laboral y medidas de integración de largo plazo de la población migrante donde la población colombiana se muestra más en desacuerdo (Proyecto Migración Venezuela, 2021). En este sentido, mientras que el 72 % de los encuestados está de acuerdo con que los migrantes venezolanos accedan a salud y educación, solo el 52 % está de acuerdo con brindar documentos legales a los migrantes para que puedan trabajar y acceder a servicios en igual de condiciones que los colombianos. Por su parte, el 53 % de los migrantes venezolanos son percibidos como una carga para los servicios sociales de Estado colombiano y el 68 % está de acuerdo con que los migrantes aumentan los niveles de pobreza del país, lo que puede denotar la existencia de aporofobia en las percepciones de los colombianos, más allá de la xenofobia. Por último, una de las temáticas que más percepción negativa genera hacia los migrantes son los temas relacionados con la seguridad, es así como, a junio de 2021, el 42 % de los colombianos estaban de acuerdo con que los migrantes son una amenaza para la seguridad ciudadana de los colombianos.
De acuerdo con la Encuesta de Pulso Social, realizada por el DANE para las 23 ciudades reportadas en el mes de mayo de 2022, se evidenció que, al preguntar por el nivel de confianza en los diferentes grupos de personas, el 54,4 % de la población mostró no tener confianza hacia las personas de otra nacionalidad, solo después de la categoría de desconocidos, la cual presenta el nivel más alto de desconfianza sobre los demás grupos poblacionales.
Gráfico 16. Porcentaje de confianza en los diferentes grupos de personas. (2022)
Fuente: DNP con información del DANE. Encuesta de Pulso Social. Boletín No. 22- DANE (mayo de 2022). Nota: El rango de confianza donde 1 es nada y 5 es completamente.
Finalmente, se identifica que, aunque se han realizado esfuerzos por integrar a la población migrante por medio de campañas de integración social y cultural realizadas por el Gobierno nacional, cooperación internacional y diferentes organizaciones de la sociedad civil, aún existen brechas para su integración. Las percepciones se acentúan en los temas de seguridad y convivencia ciudadana y en los beneficios otorgados a la población migrante por encima de la población local, lo cual sigue generando sentimientos negativos y no permite avanzar en la integración esperada. Esto, a su vez, afecta el completo desenvolvimiento de la población migrante y su participación en el desarrollo local, el cual permitiría avances significativos en la participación ciudadana y procesos de mejora en la gestión pública del país.
4.2. Dificultades en las condiciones habilitantes para brindar una respuesta institucional adecuada para garantizar la integración de la población migrante venezolana El fortalecimiento institucional, la captación de recursos y los avances en la
generación de información requieren todavía de atención. La migración de la población venezolana trajo consigo varios cambios para el país, los cuales debieron ser afrontados por el Gobierno nacional, es así como progresivamente se adelantaron adecuaciones normativas e institucionales, se priorizaron recursos y se desarrollaron herramientas y sistemas de información que permitieran la captura de datos e información frente a la oferta y resultados del accionar gubernamental. Sin embargo, las dinámicas propias de la migración hacen que los retos persistan en materia de gobernanza, financiamiento para la atención, producción, procesamiento e interoperabilidad de la información, y en la evaluación sistemática de la oferta entregada.
4.2.1. Debilidad en el esquema de gobernanza para la atención e integración de la población migrante venezolana
Entendiendo la gobernanza como los procesos de toma de decisiones en asuntos colectivos de manera articulada, fluida, con responsabilidad compartida a través de la suma de diferentes actores (Torres-Melo, 2007); el país enfrenta la necesidad de fortalecer su gobernanza bajo la articulación de las entidades del orden nacional y territorial, para poder atender a los migrantes de manera integral, efectiva y eficiente. Para ello, se identifican problemas relacionados con la articulación intersectorial y fortalecimiento organizacional, que se expondrán a continuación.
Teniendo como base el objetivo de la Política del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), denominada Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, cuyo propósito es "fortalecer las capacidades organizacionales mediante la alineación entre la estrategia institucional y el modelo de operación por procesos, la estructura y la planta de personal, de manera que contribuyan a la generación de mayor valor público en la prestación de bienes y servicios, aumentando la productividad estatal", en esta sección se presentarán los retos y/o barreras identificadas para la integración de la población migrante.
La Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante, del Dapre, ejerce su rol como instancia de coordinación con entidades del orden nacional, local, y organizaciones de la sociedad civil, para lograr una efectiva atención e integración socioeconómica y productiva de la población migrante presente en el país. Es por ello que la Oficina, como líder y articuladora, se ha posicionado como una instancia clave en el mapa de actores para la gestión de la migración y su integración. Sin embargo, al ser una instancia relativamente nueva se requiere revisar su participación y protagonismo en espacios de articulación, análisis, formulación, seguimiento y evaluación de las intervenciones a nivel nacional, territorial y regional.
La creación de la Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante es una innovación significativa en materia de gestión y por su impacto positivo en la respuesta, no obstante, requiere de esfuerzos adicionales para su consolidación. Su creación, tras su funcionamiento de manera informal desde 2018, significó un hito decisivo al definir, vía decreto, la responsabilidad de poner en marcha lagobernanza migratoria, y de crear las condiciones con las que deben contar distintas organizaciones interdependientes para lograr resultados conjuntos en materia de atención e integración de migrante, en cabeza del Dapre. Esta Oficina ha facilitado la construcción y mejora paulatina de la respuesta integral (multisectorial y multinivel) a esta y otras posibles situaciones migratorias que se han presentado. De igual manera, la mirada supra sectorial de la Oficina ha sido determinante en la identificación e implementación de medidas claves para la integración, incluyendo el cumplimiento de metas de cobertura en servicios para población con PPT. Al ser una Oficina recientemente creada, y teniendo en cuenta que no existe una estructura institucional para la gobernanza migratoria, es indispensable seguir fortaleciendo su rol y la articulación de ésta con otras instancias ya creadas de coordinación interinstitucional incluyendo la CNIM y el Ministerio de Relaciones Exteriores(48).
Como mecanismo de seguimiento a la implementación del ETPV y la coordinación para el acceso de la población regularizada a bienes y servicios de sectores habilitantes (Salud, Educación, ICBF, DNP -focalización a través del Sisbén-, Trabajo, Prosperidad Social -acceso a programas sociales-, Financiero), se creó, de manera informal, un Comité de seguimiento a la implementación del ETPV. En él participan el director del Dapre, la Consejería de Transformación Digital, Gestión y Cumplimiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Migración Colombia, y la Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante. Este esquema de seguimiento busca garantizar la continuidad en la gestión de la implementación del ETPV; establecer hitos claros, indicadores y metas para garantizar la inclusión de la población migrante regularizada en la oferta de cada sector; organizar revisiones periódicas formales para identificar cuellos de botella o aspectos de especial intervención; realizar análisis de sensibilidad de los resultados para mejorar la eficacia de lo planeado; establecer planes de recuperación o choque para acelerar la finalización de tareas atrasadas.
De esta manera, este Comité busca no solo el trabajo coordinado y articulado de los sectores habilitantes para la integración de la población migrante, sino también la definición de metas para su inclusión dentro de su oferta y la interoperabilidad entre los sectores, para que los registros en los diferentes sistemas de información se comuniquen entre sí y poder entregar los bienes y servicios de manera eficiente y oportuna a la población migrante regularizada. Este comité se estableció con unos seguimientos periódicos y ha generado importantes resultados en cuanto a lograr un seguimiento granular de la implementación del ETPV, ha logrado contar con datos de la implementación del ETPV en diferentes sectores de manera oportuna, lo que ha facilitado la toma de decisiones y el trabajo para solventar cuellos de botella existentes. Sin embargo, dicho comité es un acuerdo de voluntades que no se ha formalizado y del cual se vislumbran oportunidades para ser una instancia de coordinación que permita gestionar asuntos relacionados con el ETPV y la integración social, económica y cultural de la población migrante.
Si bien el Gobierno nacional y los gobiernos locales han creado y adaptado los espacios e instancias para la toma de decisiones, coordinación y seguimiento, aún hay limitaciones en la respuesta a las nuevas demandas y realidades de la población migrante venezolana. En este sentido, el Gobierno nacional ha realizado diversos esfuerzos en la articulación del aparato estatal a través de instancias y espacios de intersectorialidad en donde convergen diferentes actores con un objetivo común. Sin embargo, persisten dificultades en torno a la articulación en el nivel nación-territorio, con la cooperación internacional y la sociedad civil, así como en los procesos de planeación y toma de decisiones basadas en evidencia que dificultan una atención eficiente, integral y efectiva de la población migrante. En efecto, pese a que se han desarrollado alrededor de nueve espacios e instancias distintos de intersectorialidad(49) para la atención de la migración, al menos 17 de 40 entidades de la rama ejecutiva están en más de uno de ellos, lo que representa un total de 42 % de las entidades inmersas. Esto se traduce en un nivel importante de duplicidad de composiciones de estos espacios y por lo tanto en duplicidad de esfuerzos de los actores que tienen asiento y asisten a instancias de similares características y funciones (Gráfico 17).
Gráfico 17. Entidades miembro de instancias o espacios intersectoriales para la atención de la migración venezolana en Colombia
Fuente: DNP (2022).
La necesidad de capacitación del talento humano es uno de los factores expresados por algunas de las entidades que brindan atención a la población migrante venezolana. Entidades y actores inmersos en la atención de esta población han evidenciado que, pese a los constantes espacios de capacitación, el talento humano enfocado en la atención y recepción de población migrante y las autoridades administrativas encargadas de la protección de NNA migrantes en situación de vulnerabilidad presenta debilidades en el conocimiento y manejo de información, fuentes, actualización de normativa, programas y demás acciones encaminadas a la protección integral de los mismos, lo que en ocasiones conlleva a la revictimización y vulneración de derechos. Esto se refleja, por ejemplo, en las barreras de acceso a bienes y servicios por parte la población venezolana, cuando los servidores que deben atenderlos desconocen la validez del PEP o del PPT para este propósito.
En las diferentes instancias se identificaron barreras para una atención eficiente y eficaz relacionada con limitaciones en el acceso de la sociedad civil y el sector privado en la atención migratoria, pues aún persiste una necesidad del fortalecimiento de la participación ciudadana en la gestión de las instancias creadas. De acuerdo con el concepto de gobernanza, la mayoría de los espacios e instancias tienen una baja participación de la sociedad civil, del sector privado o de entidades no gubernamentales, ya que muchos son espacios limitados para las instituciones públicas. De las instancias existentes, la Subcomisión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales para el Diálogo Social Tripartito en Gestión Migratoria Laboral vincula a gobiernos, empleadores y trabajadores en procesos de concertación y de creación de planes de acción que den respuesta a las necesidades que en materia migratoria se presentan en el país y en los territorios. A nivel territorial, algunas de las mesas migratorias contemplan la invitación a organizaciones de la sociedad civil y del GIFMM, pero, en general estas no cuentan con voto.
Según el informe de la OIM Organizaciones de personas migrantes y refugiadas venezolanas en Latinoamérica y Caribe (2021), las organizaciones son quienes pueden facilitar la identificación de problemas y canalizar posibles soluciones hacia las instituciones. Este tipo de estudios exploratorios debe ser un punto de partida para la caracterización de estas organizaciones y su participación en la toma de decisiones que les conciernen (OIM, 2021). Para ello, la PIM contempla la creación de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones que debe reglamentarse para que haya un espacio de participación ciudadana en que la información que recogen estas organizaciones pueda ser aprovechada no solo para la formulación de políticas públicas sino también para visibilizar su trabajo y poder así aumentar su capacidad de atención mediante estrategias de fortalecimiento organizativo.
A nivel nacional, el SNM, modificado por la PIM en 2021, aún no es operativo. Esto incide en las dificultades y barreras presentadas para la atención a la población venezolana en la medida en que, por ejemplo, aún no ejerce sus funciones como la de formular propuestas para el desarrollo de la PIM o hacer seguimiento a la PIM que contribuirían a dar una respuesta articulada. Además, siendo la CNIM parte del SNM, las entidades que la conforman deben actualizarse para responder a la realidad migratoria actual. El Decreto que crea CNIM no ha sido modificado para adaptarse a las instituciones existentes y hay otras que deben sumarse teniendo en cuenta que, desde 2003 a la fecha, la arquitectura institucional en materia migratoria ha sido modificada y se han creado nuevas instancias para su gestión tanto a nivel nacional como local que requieren de un mecanismo de articulación.
Los avances en la creación de instancias de coordinación interinstitucional e intersectorial en corto tiempo para adaptarse a una nueva realidad migratoria son significativos, pero requieren de mayores esfuerzos para que el país alcance una gobernanza de las migraciones. Persisten dificultades en la articulación en el nivel nacional y local para la atención a la población migrante. A ello se suma la falta de capacidades a nivel local en términos de formación en varios asuntos de derechos de la población migrante, normativa vigente y rutas de atención. Del mismo modo, hay una insuficiencia de recursos humanos, técnicos y financieros a nivel institucional que imposibilitan avanzar hacia la integración de esta población. También se identificó la falta de participación ciudadana, tanto de la población migrante como de la de acogida en estos espacios.
4.2.2. Financiamiento insuficiente para garantizar la integración y el aprovechamiento en materia de desarrollo
La atención de la población migrante venezolana representa un gasto significativo para el Estado. Según cifras del Gobierno nacional, entre 2017 y 2019, el gasto fiscal por servicios de salud, educación y atención integral a la primera infancia orientado a esta población ascendió a 1,3 billones de pesos, lo que representó un 0,12 % del PIB. Los gastos para atención en salud fueron 616.235 millones de pesos y representaron un 0,06 % del PIB (0,05 % servicios de urgencias y 0,01 % régimen subsidiado), mientras que los gastos para educación y primera infancia alcanzaron 460.205 millones de pesos (0,04 % del PIB) y 236.287 millones (0,02 % del PIB), respectivamente. Ante diferentes escenarios, se estimó que la cifra para estos rubros oscilaría entre 0,19 % y 0,26 % para el 2020, de continuar el proceso migratorio. Asimismo, para 2021 se estimó que ascendería al 0,19 % y 0,34 %, mientras que para el 2022 se ubicaría entre 0,20 % y 0,42 %. Teniendo en cuenta estas proyecciones, el Estado tendría que considerar la asignación de nuevos recursos fiscales para garantizar la provisión de estos servicios a este grupo poblacional (Melo & et al, 2020).
La atención de la población migrante genera así una presión adicional importante en la destinación de recursos de inversión y funcionamiento por parte del Gobierno nacional. En el corto plazo, las estimaciones de gasto en la atención a migrantes pueden oscilar anualmente entre el 0,4 y 0,5 del PIB. La presión se genera, en primer lugar, en sectores administrativos de los servicios sociales básicos como la salud, educación y la atención integral a la primera infancia. Considerando que en el mediano y largo plazo la migración puede incrementar el crecimiento anual promedio entre 0,7 y 0,9 pp, dicho gasto generaría un desequilibrio de las finanzas públicas al no contar con mecanismos para atender la población migrante de nacionalidad venezolana por parte de las entidades que les prestan servicios para la integración social, económica y cultural. Según el Sistema Integrado de Información Financiera - Nación (SIIF), con corte a 30 de abril de 2022, se identifican 32 proyectos de inversión asociados a los sectores de relaciones exteriores, trabajo, salud y protección social. El 81% de estos proyectos están a cargo de Migración Colombia el 13% al Ministerio de Trabajo y tan solo el 6 % al Ministerio de Salud. Sin embargo, los dos proyectos asociados al Ministerio de Salud representan el 23 % de la apropiación presupuestal actual del total de la asignación de los proyectos. Los proyectos más representativos son: (i) el fortalecimiento de la atención en salud de la población migrante no asegurada nacional liderada por el Ministerio de Salud y Protección Social; (ii) la optimización de servicios tecnológicos para la atención de los procesos migratorios a nivel nacional de Migración Colombia; y (iii) el fortalecimiento de la política de formación para el trabajo, aseguramiento de la calidad y movilidad laboral de los trabajadores, específicamente en el apoyo para la población migrante del Ministerio del Trabajo.
Adicionalmente, a nivel nacional el desarrollo de las funciones a cargo de la Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la población migrante, del Dapre, puede tener comprometida su sostenibilidad en el largo plazo. Lo anterior teniendo en cuenta que ésta opera con personal y recursos técnicos y logísticos que dependen en gran parte de la financiación de organizaciones multilaterales y de donantes internacionales.
A lo anterior se suman las necesidades que persisten en términos de atención donde aún es necesario reforzar capacidades en todos los niveles de gobierno para la mitigación de vulnerabilidades, ya que continúan las deficiencias en términos de dotación de personal, recursos técnicos y financieros necesarios para la integración. Hay necesidades evidentes, pero en la actualidad no hay un estimado de las inversiones necesarias para agilizar, flexibilizar y/o innovar los procesos con impacto directo en las precondiciones para el ejercicio de las capacidades productivas de los migrantes. Tampoco existe información suficiente para calcular los costos en los que incurriría cada organización pública si decide ajustar sus procesos internos, actualizar manuales de funciones, cargas de trabajo y necesidades de personal, planes de capacitación, entre otros aspectos.
Por su parte, los gobiernos territoriales tienen a su cargo el pago de servicios de atención inicial de urgencias en el caso de la población migrante. Para cumplir con esta función, se han asignado recursos a las entidades territoriales para la atención de la población migrante venezolana, mediante las Resoluciones 3954 de 2018, 5869 de 2018, 1175 de 2019, 1176 de 2019, 3343 de 2019 y 1879 de 2021. Cabe mencionar que el sistema de salud continúa con deudas a las entidades territoriales del orden departamental y municipal, y estos a su vez con las IPS por servicios prestados a población migrante no asegurada. Según datos del Ministerio de Salud y Protección Social, entre el 1° de marzo de 2017 al 31 de diciembre de 2021, se han reportado un total de 15.153.674 atenciones en salud realizadas a 1.681.673 personas procedentes de Venezuela (Ministerio de Salud y Protección Social, 2022). Lo anterior ha ocasionado un pasivo acumulado que a la fecha no cuenta con una fuente definida, fija y recurrente de recursos. A pesar de que durante el periodo de 2018 a 2021, fueron asignados recursos extraordinarios del Presupuesto General de la Nación (PGN) al sector salud, la sostenibilidad del sistema aún se encuentra comprometida producto de estas deudas, asociadas a los pagos realizados para la atención de la población irregular. Según Mapa Inversiones con corte al 27 de mayo de 2022, se identifican 119 proyectos de inversión de los cuales aproximadamente el 45 % se concentran en los departamentos del Putumayo, Valle del Cauca, Arauca, Santander y Norte de Santander. De los anteriores, el 68 % se encuentran en estado de ejecución, el 31 % están inactivos y tan solo dos proyectos se identifican sin recursos para la vigencia actual. El sector de Inclusión Social y Reconciliación representa el sector con mayor número de proyectos con el 38 % del total a nivel territorial, seguido del sector salud y protección social con el 19 %.
En la vigencia 2021, el Gobierno de Colombia realizó dos operaciones de crédito con el BM y el BID con el propósito de generar mecanismos de financiamiento para la integración social y económica de la población migrante venezolana. La operación del BM asciende a USD 500 millones y la del BID a USD 300 millones, y se configuran como las primeras operaciones de préstamo de políticas de desarrollo (DPL por sus siglas en inglés) completamente enfocadas en migración que recibe Colombia para el apoyo a una serie de reformas de políticas que contribuyan al proceso de integración de los migrantes venezolanos, en el marco del acceso a servicios que permite el ETPV. El préstamo realizado por los Bancos se ve complementado por una contribución de USD 44 millones, a través del Mecanismo Global de Financiamiento Concesional (GCFF por sus siglas en inglés). Estos recursos se encuentran en dos cuentas especiales en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y serán distribuidos en coordinación con el Ministerio y el DNP, a las entidades del Gobierno Nacional que implementan proyectos de inversión que impacten en la integración social y económica de la población migrante venezolana.
En términos de financiamiento por parte de la comunidad internacional, limitados recursos ingresan al PGN para apoyar en los mecanismos de integración social y económica de migrantes venezolanos. Los recursos provenientes de donantes y cooperantes internacionales no ingresan directamente al presupuesto de las Entidades, sino que, en la mayoría de las veces, son destinados a los socios que hacen parte del GIFMM, según la prioridad temática y territorial de cada donante. Aun cuando las donaciones de la comunidad internacional son importantes para el financiamiento de necesidades básicas insatisfechas de la población, cubren una parte de las necesidades y de los gastos de atención a migrantes, son impredecibles y no tienen sostenibilidad a largo plazo. En efecto, entre el período del 2019 al 2021 se movilizaron USD 1.069.910.941 millones por parte de donantes y cooperantes internacionales para complementar la respuesta en la atención e integración de la población migrante. Se resalta que, para la atención en salud, se destinaron USD 152.853.869 millones, de los cuales, por ejemplo, USD 41.411.427 millones fueron para la contratación de servicios para población migrante de la red pública en la salud. De igual forma, para la atención en educación se destinaron USD 54.591.253 millones, para atención a grupos vulnerables USD 65.198.184 millones y para integración económica USD 40.108.115 millones (APC, 2022)
Se espera que la demanda en el acceso a servicios ofrecidos por entidades del orden nacional y territorial incremente en la medida en que la población migrante obtenga el PPT, y también puede incrementar por un potencial aumento de nuevos flujos migratorios. Por esto, se deben identificar nuevas y mayores fuentes de financiamiento que cubran las necesidades de integración de esta población. Entre ellos se encuentra una redistribución de la asignación de recursos de presupuesto nacional a territorios con mayor presión migratoria, proyectos de financiación mixta con la participación de donaciones, aportes del sector privado y fundaciones sin ánimo de lucro, así como mecanismos de pago por resultados y bonos de impacto social. Todo esto con el fin de maximizar los recursos y el impacto en la población migrante y de acogida para efectivamente recoger los frutos de desarrollo de la migración.
4.2.3. Dificultad en la toma de decisiones derivada de las debilidades en la recolección, procesamiento, análisis y evaluación de la información y oferta institucional
Tanto el Documento CONPES 3950 como la PIM evidencian la necesidad de recolección, procesamiento, análisis y evaluación de información que permita caracterizar a la población migrante de nacionalidad venezolana. Lo anterior, como elemento esencial para diseño, formulación, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas, donde las estrategias para la atención e integración sean eficientes y sostenibles.
Las entidades involucradas en el proceso de atención e integración fortalecieron sus distintos instrumentos de recolección de datos, con el propósito de comprender los flujos migratorios, las necesidades de la población y las oportunidades que ofrece para el desarrollo del país. Es así como se han desarrollado esfuerzos sectoriales para adelantar la trazabilidad de sus acciones y caracterizar a la población migrante.
Los esfuerzos institucionales en materia de recolección, procesamiento, análisis y evaluación de información se desarrollaron de manera sectorial o a nivel de cada entidad, lo que dificulta la consulta intersectorial de los datos, su estudio, análisis, y, en consecuencia, la toma de decisiones integrales basadas en evidencia. Es por ello que se han desarrollado estrategias que han mejorado el acceso y calidad de la información disponible, gracias a la articulación intersectorial. El DANE constituyó la Mesa de Estadística de Migración en el marco del SEN, como mandato del Documento CONPES 3950 y de la Ley 2136 de 2021. La mesa articula a las entidades del SEN para la identificación, generación e integración de información estadística de calidad para la toma de decisiones y la evaluación de la Política Integral Migratoria. Adicionalmente, el DANE pone a disposición del público el módulo de migración de la GEIH, las preguntas de caracterización de la Encuesta de Calidad de Vida, la encuesta Pulso de la Migración y el Registro Estadístico Base de Población, en el cual se integran 28 registros administrativos, logrando trazabilidad desde el año 2018 para la caracterización de la migración en Colombia.
De otra parte, se construyó el OMV del DNP, que contiene un repositorio de información de consulta pública, con más de 350 variables para la toma de decisiones
de gestión de la migración, en áreas como salud, trabajo, educación, colombianos retornados, niñez, entre otras. A su vez, la información del repositorio es utilizada para la generación de informes nacionales y territoriales, estudios y mediciones periódicas. Se destaca el SIEM del DANE, y el ONMS del Ministerio de Salud y Protección Social.
En términos de mediciones, es importante resaltar la construcción del IMI, por parte del OMV del DNP (DNP, 2022), con apoyo del BID. Esta herramienta, única en la región, permite hacer seguimiento al proceso de integración e identificar las oportunidades de mejora, a nivel sectorial o territorial, a través de la medición de indicadores que contienen como fuente registros administrativos y encuestas de caracterización de hogares. Se destaca, que el IMI cuenta con enfoque poblacional y permite llevar a cabo un análisis comparativo entre población migrante y población de acogida, visibilizando la brecha entre ellas.
En el 2021, con la expedición del ETPV, se comenzó a aplicar una encuesta de caracterización de la población migrante venezolana, con más de 80 preguntas(50), que deben ser respondidas por toda persona que esté haciendo el trámite en el RUMV, para hacer parte del ETPV. Esta es la primera encuesta de caracterización que se aplica a un número de personas cercano a la totalidad de migrantes de Venezuela con vocación de permanencia en el país y que permite la identificación de cada una de ellas, evidenciando sus necesidades y su potencial para aportar al desarrollo del país. La información y los análisis que se desarrollen respecto de los resultados de la encuesta serán valiosos para responder a la migración de manera adecuada y fortalecer el proceso de su integración.
A pesar de los esfuerzos del Estado, persiste el reto de optimizar los procesos de recolección, procesamiento y transferencia de datos, con el fin de utilizar información oportuna y de calidad, tanto para la toma de decisiones, como para la atención de la población. En esa línea se identifican desafíos relacionados con: (i) calidad y uso de los datos; (ii) recolección de datos sobre migrantes sobre todas las áreas pertinentes; (iii) enfoque diferencial y de género; (iv) interoperabilidad de los sistemas de información.
Primero, no existe una uniformidad o equivalencia de los diccionarios de datos entre los sistemas que recogen información sobre migrantes. Asimismo, se identificó la ausencia de acuerdos interinstitucionales que determinen cuál es la variable con la que se identifican a las personas migrantes venezolanas. Esto es necesario para permitir la comparabilidad intersectorial e interseccional de datos(51). Asimismo, es importante fortalecer los procesos de recolección de datos, tanto a nivel nacional como en territorio, con el fin de que la información que llegue a los tomadores de decisiones o las personas encargadas de atender a la población migrante sea veraz y oportuna.
Segundo, aún persiste la necesidad de recolectar datos sobre población migrante en algunas áreas importantes para la toma de decisiones acertada y la atención de manera adecuada. En algunos casos los datos no se recolectan, o los sistemas de información no permiten identificar a las personas migrantes venezolanas. En otros, se presentan subregistros importantes. Y finalmente, los datos que sí son recolectados y permiten la identificación de esta población, en ocasiones no son representativos, no se pueden desagregar territorialmente, o no les puede hacer seguimiento en el tiempo. Eso último sucede sobre todo en el caso de las encuestas. Es necesario unificar a nivel interinstitucional e intersectorial las variables para la recolección de la información de la población, que permitan caracterizar la de forma adecuada y hacer seguimiento.
Las fuentes de información cuentan con vacíos de información en relación con las variables definidas para la caracterización de la población con un enfoque diferencial, orientado hacia la población migrante, sus necesidades y realidades, que permitan desarrollar políticas que protejan a las poblaciones más vulnerables, y brinden atención y prestación de servicios adecuada. Ese enfoque diferencial se puede dar en razón de su edad o etapa del ciclo vital, género, orientación sexual, identidad de género, pertenencia étnica, y discapacidad.
La información de la población migrante venezolana no se encuentra en actualizada en tiempo real para la toma de decisiones. A pesar de que actualmente existen herramientas para la consulta de datos intersectoriales, los datos allí expuestos no están conectados a las fuentes de información directamente, y, por tanto, deben ser actualizados manualmente, a través de un proceso poco eficiente. Por otro lado, las personas que atienden a la población directamente no cuentan con información intersectorial necesaria para brindar una atención integral y pertinente. Por ello, se hace necesario avanzar en la interoperabilidad para el acceso a información de las diferentes fuentes, sistemas y herramientas que se han generado.
Según la Política de Gobierno Digital, liderada por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la interoperabilidad es la capacidad de instituciones para el intercambio de información y conocimiento, con el fin de alcanzar objetivos beneficiosos para las partes y facilitar la prestación de servicios digitales. Uno de los beneficios de la interoperabilidad es la posibilidad de crear mediciones más precisas sobre cada una de las personas migrantes, que permitan focalizar mejor las acciones que se deben brindar para pasar de una etapa de vulnerabilidad a la integración exitosa. Para esto se deben crear criterios de avance en esta ruta, los cuales deben ser acordes a la información y variables disponibles de las diferentes fuentes. Adicionalmente es indispensable, crear herramientas que hagan más ágil esta labor como diccionarios de variables, definiciones homogéneas de las variables, clasificaciones sectoriales, entre otros. La interoperabilidad permite fortalecer la visión de unidad del Gobierno hacia la población migrante, al tener una mayor capacidad de comunicación, entrega y uso de servicios digitales de valor para mejorar la calidad de vida de la población objeto del proyecto.
Es por eso que se requiere, además de fortalecer las herramientas de análisis y visualización de información, la creación de un sistema interoperable de datos sobre población migrante, que recopile, comparta y proyecte información, tanto de atenciones y caracterización, como de la oferta institucional a nivel nacional y territorial, a la cual esta población tiene acceso. Un sistema interoperable de intercambio entre entidades del Gobierno nacional y territoriales, además de permitir la verificación de la calidad de los datos y el fortalecimiento de los procesos de recolección, contribuye a la validación de resultados, a través del fácil acceso a la información disponible, agregada e individual, sobre la atención y servicios a los que los migrantes han tenido acceso, caracterizando así su condición y necesidades. Experiencias respecto de las herramientas de gobernanza creadas para crisis similares, como aquella para la atención a las víctimas del conflicto armado, han demostrado la necesidad de implementar un sistema de información para dar soporte al diseño, formulación, implementación y monitoreo y evaluación de las políticas públicas correspondientes, resaltando la posibilidad de identificar, persona a persona, cómo supera la situación de vulnerabilidad y a su vez lograr su estabilización socioeconómica.
5. DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA
Ajustar la respuesta institucional a las necesidades en materia de integración social, económica y cultural de la población migrante venezolana, para lograr la materialización de su contribución al desarrollo y la prosperidad del país, requiere de la implementación de estrategias intersectoriales con enfoques amplios, que consideren la capacidad del Estado, así como la complejidad de los contextos y las necesidades de la población migrante y receptora. En ese sentido, esta política pública expide unos lineamientos nacionales que se implementarán de manera progresiva en los próximos 10 años con el propósito de garantizar la integración, para que la migración se convierta en un factor de desarrollo sostenible para Colombia. En primera instancia, las limitaciones en el acceso integral a mercados y servicios, los de riesgos impulsados por las vulnerabilidades de los contextos y las barreras para la efectiva integración de la población migrante venezolana, requieren de estrategias que permitan la construcción de una ruta de acción unificada que fomente el aumento de la oferta de esos servicios, facilite el acceso a mercados formales, fortalezca la capacidad de respuesta del Estado para prevenir y atender los factores de riesgo y, adicionalmente, promueva ambientes para la integración económica, social y cultural. El primer objetivo de esta política define acciones en ese sentido.
De manera complementaria, es relevante considerar la institucionalidad, los recursos y la información como elementos claves para el diseño, desarrollo e implementación de planes, políticas y estrategias encaminadas a dar respuesta a las necesidades de la población y para el cierre de brechas entre los migrantes venezolanos y la población de acogida. Es por esto que el segundo objetivo específico establece acciones dirigidas a fortalecer la intervención del Estado en los diferentes niveles (nacional, territorial y regional); definir estrategias que permitan habilitar fuentes de financiación sostenibles; fortalecer los procesos de producción, procesamiento, intercambio de información; y adelantar evaluaciones de la oferta entregada a los migrantes.
5.1. Objetivo general
Adaptar la respuesta institucional a las nuevas necesidades en materia de integración social, económica y cultural de la población migrante venezolana de manera que se materialice la contribución de este grupo social al desarrollo y la prosperidad del país en los próximos diez años.
5.2. Objetivos específicos
OE1. Construir una ruta de acción unificada para la atención e integración de la población migrante venezolana, que contemple la oferta y el acceso integral a mercados y servicios.
OE2. Fortalecer el esquema de gobernanza para la atención e integración de la población migrante venezolana, promoviendo la toma de decisiones basadas en evidencia.
5.3. Plan de acción
5.3.1. Construir una ruta de acción unificada para la atención y la integración que contemple la oferta y el acceso integral a mercados y servicios de la población migrante
Línea de acción 1. Implementar estrategias que permitan aumentar la oferta y viabilizar el acceso integral a servicios de la población migrante y receptora
Teniendo en cuenta la necesidad de diseñar e implementar acciones encaminadas al cierre de las brechas en acceso a servicios y mercados de la población migrante, el Ministerio de Salud y Protección Social, para el desarrollo de acciones que permitan la vinculación de la población migrante regular al SGSSS, definirá e implementará una estrategia para aumentar la afiliación de la población, la cual se desarrolla entre los años 2022 y 2027. Así mismo, con el fin de prevenir enfermedades y ofrecer mejor calidad de vida, se adelantarán acciones entre 2023 y 2026, para vacunar a la población migrante venezolana con los biológicos incluidos en el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).
De manera complementaria, el DNP entre 2022 y 2023 diseñará e implementará una herramienta para flexibilizar el registro de solicitudes de encuesta Sisbén IV para la población migrante, que permita disminuir los tiempos de la solicitud. A su vez, realizará talleres con población migrante para la difusión de información del Sisbén IV y sus beneficios desde el 2022 hasta el 2026.
Con el objeto de robustecer la oferta educativa a la población migrante venezolana, el Ministerio de Educación Nacional, entre 2022 y 2023, diseñará e implementará una Ruta de Acceso, Bienestar y Permanencia para NNA migrantes matriculados en preescolar, básica y media, que promueva el fortalecimiento de sus trayectorias educativas, para lo cual se elaborará, socializará con las entidades territoriales certificadas en educación, e implementará una estrategia para su acceso, bienestar y permanencia.
Igualmente, el Ministerio de Educación Nacional, entre 2023 y 2029, formulará e implementará una estrategia para el fortalecimiento de los aprendizajes, el cierre de brechas y el mejoramiento de la calidad educativa con la población migrante, en educación básica y media.
Reconociendo la importancia de la convalidación para el acceso a la educación superior y al trabajo formal, el Ministerio de Educación Nacional, entre 2022 y 2032 implementará una estrategia que permita agilizar el proceso de convalidación de títulos de educación de instituciones de educación superior de Venezuela. Para el adecuado desarrollo de esta acción, esta entidad conformará un equipo de trabajo para la atención de solicitudes de convalidación de títulos. Además, realizará un reporte semestral de avance de las solicitudes atendidas. Igualmente, en 2022 esta entidad construirá una circular para socializar la política de atención e integración al migrante a las instituciones de educación superior.
Igualmente, atendiendo la necesidad de hacer seguimiento y evaluar las estrategias adoptadas, el Ministerio de Educación Nacional, entre 2022 y 2032, realizará un informe de seguimiento al proceso de convalidación de educación preescolar, básica y media de estudiantes provenientes de Venezuela, que incluya el número de convalidaciones en el periodo, dificultades encontradas en el proceso y acciones de mejora.
Por su parte, para promover el acceso a la vivienda y a servicios básicos, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, entre 2023 y 2026 asignará subsidios de arriendo de vivienda a través del programa de Semillero de Propietarios Arrendamiento.
Adicionalmente, entre 2022 y 2032 el ICBF atenderá a niñas y niños migrantes venezolanos de 0 a 5 años en servicios de educación inicial, en el marco de la atención integral.
Asimismo, entre 2022 y 2032 el ICBF mejorará el estado nutricional de las niñas y niños migrantes venezolanos menores de cinco años con riesgo de desnutrición aguda atendidos por la entidad.
Igualmente, el ICBF, entre 2022 y 2023, implementará el modelo de educación inicial flexible e itinerante para niñas y niños migrantes en primera infancia, a través de equipos interdisciplinarios móviles en departamento priorizados. Adicionalmente, en 2022 y 2023 el ICBF implementará puntos de atención fronteriza para niñas, niños, adolescentes y jóvenes migrantes venezolanos y sus familias, en dos departamentos priorizados, para lo cual se priorizará la localización de los Puntos de atención fronteriza a implementar y se adelantará informe con las recomendaciones de la implementación.
En 2022 hasta 2032, el ICBF atenderá a adolescentes y jóvenes migrantes venezolanos para el fortalecimiento de sus proyectos de vida. Asimismo, entre 2022 y 2032, esa entidad atenderá a familias venezolanas en programas de acompañamiento psicosocial familiar.
Línea de acción 2. Fortalecer la capacidad de respuesta del Estado en la prevención y atención a vulnerabilidades
Con el objeto de fortalecer las estrategias y la política pública contra la trata de personas, el Ministerio del Interior, entre 2022 y 2032, realizará informes sobre la activación de la Ruta de Protección y Asistencia para Víctimas de Trata de Personas en el que se haga énfasis en el proceso de restablecimiento de derechos para migrantes explotados en Colombia.
De manera complementaria y con el ánimo de fortalecer la atención a las personas migrantes que sufren afectaciones a sus derechos humanos, el Ministerio de Salud y Protección Social, entre 2023 y 2032, desarrollará una estrategia de salud mental para población migrante víctima de trata de personas, violencia de género, explotación sexual y comercial, entre otras.
Asimismo, el Ministerio de Salud y Protección Social, teniendo en cuenta las brechas de acceso a los servicios de salud de las mujeres y niñas migrantes, entre 2023 y 2032 implementará las estrategias de salud sexual y reproductiva en especial para la atención de niñas y mujeres migrantes teniendo en cuenta el paquete mínimo de servicios en salud sexual y reproductiva y mantendrá las submesas territoriales del subclúster de salud sexual y reproductiva.
Aunado a lo anterior, entre 2022 y 2032 el ICBF atenderá a niñas y niños (entre 6 y 13 años) migrantes venezolanos para la promoción de derechos y la prevención de vulneraciones, a través de fortalecimiento de las habilidades del siglo XXI y las herramientas de autoprotección. Entre 2022 y 2032, el ICBF diseñará e implementará la modalidad de atención (Hogar de Acogimiento) para NNA migrantes venezolanos, que permanezcan por más de 18 meses bajo el Sistema de Protección del ICBF con un PARD.
Por su parte, con la finalidad de ampliar las fuentes de información relevantes para la difusión de herramientas normativas que promuevan la defensa de los derechos de la población migrante, el Ministerio de Justicia y del Derecho, entre 2022 y 2032, actualizará y divulgará en la plataforma SUIN- JURISCOL del Ministerio la normatividad relacionada con la garantía de derechos de la población migrante. De igual manera entre el 2023 y el 2032 actualizará y divulgará en sus plataformas las rutas de acceso a la justicia de LegalApp relacionadas con la garantía de derechos de esta población.
Entre el 2023 y el 2025 el Ministerio de Justicia y del Derecho elaborará, publicará y socializará una circular orientadora para cada grupo de interés de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos sobre el estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos, para que conozcan la normatividad aplicable y puedan orientarlos al respecto cuando acudan a los servicios de justicia. Los grupos de interés son cuatro e incluyen: (i) casas de justicia y centros de convivencia ciudadana; (ii) centros de conciliación, conciliadores en equidad que operan en casas de justicia; (iii) alcaldes; y (iv) secretarios de gobierno donde operan los sistemas locales de justicia.
Línea de acción 3. Robustecer y adoptar estrategias que permitan la integración económica de la población migrante venezolana
Con el objeto de contribuir al proceso de integración de la población migrante, de manera que se atiendan los retos persistentes que impiden cerrar brechas y limitan los resultados en materia de inclusión, el Dapre, entre 2024 y 2028, elaborará análisis de los procesos de integración de la población migrante en Colombia y la evolución de los flujos migratorios con el fin de dar recomendaciones sectoriales para la integración y acceso de la población migrante a la oferta de Estado colombiano. Igualmente, en 2023 y 2024 diseñará e implementará una estrategia pedagógica y de comunicación que promueva la integración social y económica de la población migrante.
Asimismo, entre 2022 y 2032, el Dapre diseñará, pondrá en marcha y hará monitoreo a una estrategia de coordinación intersectorial para la integración social y económica de la población migrante venezolana. Para el desarrollo de esta acción, el Dapre realizará un diagnóstico de las principales brechas, mecanismos y estrategias institucionales para el acceso a la oferta de la integración social. Con base en los hallazgos del diagnóstico elaborará la estrategia, definirá un plan de acción y hará anualmente seguimiento para verificar los resultados de su implementación. De igual manera, entre el 2022 y 2023, el Dapre implementará una estrategia de coordinación de espacios de articulación de la oferta pública y privada para la integración social y económica de la población migrante (Centros de integración).
De otra parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Banca de Oportunidades de Bancóldex desde la vigencia 2022 hasta el 2025, desarrollará un programa que promueva la inclusión y educación financiera en municipios del país con mayor concentración de población migrante venezolana con estatus regular o en proceso, colombianos retornados y comunidades receptoras, para lo cual adelantará la convocatoria, desarrollará la caracterización del programa y posteriormente su implementación.
Por su parte, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, implementará rutas de emprendimiento a nivel nacional para promover y fortalecer emprendimientos liderados por población migrante venezolana con enfoque diferencial, entre 2022 y 2025. A su vez, promoverá la realización de ejercicios de caracterización social y económica de la población migrante venezolana y los emprendimientos que estos lideran con el fin de facilitar el diseño y/o ajustes de programas de apoyo al emprendimiento en las vigencias 2022 y 2023.
Ahora bien, el Ministerio de Trabajo, entre 2023 y 2032, desarrollará campañas para promover la afiliación al Sistema General de Seguridad Social de la población migrante venezolana. También, durante el periodo 2022 y 2032 el Ministerio de Trabajo diseñará e implementará una estrategia de movilidad territorial entre las zonas de alta concentración de población migrante venezolana y aquellas de baja concentración. Adicionalmente, del 2023 al 2032 desarrollará espacios de articulación con el sector empresarial que fomenten la generación de empleo y el desarrollo local de aquellas zonas de mayor recepción de migrantes venezolanos en el país.
Línea de acción 4. Promover ambientes que favorezcan la integración social y cultural de la población migrante venezolana
Con el ánimo de combatir la xenofobia, fortalecer el capital social y promover la integración entre locales y migrantes, el Ministerio de Educación Nacional, entre 2022 y 2024, socializará con las entidades territoriales certificadas en educación, el protocolo de prevención de la xenofobia en los entornos escolares.
Igualmente, entre 2023 y 2024, con el objeto de ampliar la oferta y brindar a la población migrante venezolana mayores oportunidades para el acceso a servicios, el DPS realizará los desarrollos tecnológicos o procesos operativos necesarios para garantizar la atención de los migrantes venezolanos que sean focalizados por Prosperidad Social en sus programas. En el mismo periodo de tiempo diseñará e implementará una estrategia de comunicación con el fin de orientar el acceso a la oferta de Prosperidad Social hacia la población migrante.
Ahora bien, con el objeto de fortalecer los lazos comunitarios y mejorar el proceso de acogida en las comunidades receptoras, el Ministerio del Interior, entre 2023 y 2032, diseñará en implementará una estrategia para la prevención de la xenofobia y la conflictividad social hacia la población migrante venezolana, con enfoque interseccional.
5.3.2. Fortalecer el esquema de gobernanza para la atención e integración de la población, promoviendo la toma de decisiones basadas en evidencia
Línea de acción 5. Robustecer la institucionalidad encargada de la atención e integración de la población migrante
Para el abordaje de los cuellos de botella en factores habilitantes claves que limitan la capacidad integradora del país, en 2023 Dapre analizará las instancias creadas para la atención e integración social y económica de la población migrante venezolana, para lo cual se adelantará el mapeo de las mesas e instancias a nivel territorial y nacional y posteriormente se analizarán las mismas.
Igualmente, con el ánimo de fortalecer la institucionalidad encaminada a la atención e integración de la población migrante venezolana, Dapre en 2022 efectuará un proceso de formalización del Comité de seguimiento a la implementación del ETPV como instancia de coordinación, que permita gestionar asuntos relacionados con el ETPV y la integración, social, económica y cultural de la población migrante.
Bajo esa misma orientación, el Ministerio de Relaciones Exteriores en 2022 y 2023 revisará y ajustará la conformación y las funciones de la Comisión Nacional Intersectorial para las Migraciones. De igual manera, en 2022 analizará el impacto en el sistema de refugio, de la implementación del ETPV y similares medidas de regularización migratoria respecto de la migración venezolana, en el sistema de refugio.
A su turno, con la finalidad de fortalecer el talento humano destinado a la atención de la población migrante venezolana, el Ministerio de Salud y Protección Social, entre 2023 y 2026 promoverá el desarrollo de acciones de formación continua adelantadas por oferentes aliados para el fortalecimiento de capacidades del talento humano en salud, para la atención con calidad a las personas migrantes y sus familias, reconociendo los impactos en salud mental y fortaleciendo el apoyo psicosocial, con enfoque diferencial.
Adicionalmente, Migración Colombia, vinculará a las entidades participantes de este documento CONPES en los programas de capacitación sobre deberes y derechos de la población migrante venezolana, entre las vigencias 2023 a 2026.
Por su parte, el Ministerio del Interior, entre 2023 y 2025, realizará acompañamiento técnico al Dapre para fortalecer las capacidades institucionales de las entidades territoriales en la atención e integración de la población migrante, a través de la estrategia de intervención territorial y de coordinación nación-territorio de la política pública de víctimas del conflicto, y para las vigencias 2022 al 2032 realizará asistencias técnicas a los Comités Territoriales de Lucha contra la Trata de Personas sobre el protocolo de identificación de víctimas de trata de personas, con especial atención a los municipios con mayor flujo de población migrante.
Línea de acción 6. Definir una estrategia de financiación para garantizar la integración y el aprovechamiento en materia de desarrollo
Con la finalidad de habilitar fuentes de financiación sostenible que permitan ampliar la cobertura de la oferta, el DNP, en 2023 adelantará un análisis con los posibles mecanismos y fuentes de financiamiento para la atención e integración social y económica de la población migrante.
Aunado a lo anterior, entre 2022 y 2024 el Ministerio de Relaciones Exteriores diseñará e implementará una estrategia para la obtención de los recursos técnicos y financieros no reembolsables de parte de la cooperación internacional para apoyar la atención e integración de la población migrante. Asimismo, creará una instancia estratégica interinstitucional para la articulación de la cooperación internacional.
Bajo esta línea de acción, en el 2023, el DNP construirá una herramienta para la identificación y trazabilidad del gasto en materia de migración. Finalmente, en 2025 formulará un proyecto tipo que contemple recursos de regalías para la integración económica, social y/o cultural de los migrantes.
Línea de acción 7. Fortalecer la generación, procesamiento, intercambio de información y evaluación de la oferta
Con el fin de impulsar los sistemas de recolección, análisis y uso de la información, el Gobierno nacional pondrá en marcha acciones encaminadas a fortalecer el SIEM en el marco del SEN. Para ello, el DANE se propone trabajar en una estrategia que estandarice y fortalezca los conceptos y temáticas de los procesos de producción, recolección, procesamiento y calidad de la oferta estadística en temas migratorios, en la implementación de una estrategia que fortalezca los registros administrativos producidos por cada una de las entidades que participan la ejecución de las acciones del presente documento CONPES, en el desarrollo de capacidades técnicas y tecnológicas para la recolección, acopio y procesamiento de la información migratoria en el DANE y así como en desarrollar procesos de intercambio de información continua para la producción estadística.
Adicional a lo anterior, entre 2022 y 2032, el DANE implementará una estrategia que estandarice y fortalezca los conceptos y temáticas de los procesos de producción, recolección, procesamiento y calidad de la oferta estadística en temas migratorios. Asimismo, durante ese periodo, desarrollará capacidades técnicas y tecnológicas para la recolección, acopio y procesamiento de la información migratoria dentro de la entidad.
Bajo la necesidad de lograr la interoperabilidad entre la información sobre la migración desde Venezuela, el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre 2023 y 2024, actualizará el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano y desarrollará servicios de interoperabilidad entre los sistemas de información del Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia, según las necesidades identificadas para los trámites a cargo del Ministerio y la Unidad, y que beneficiaran a la población migrante de Venezuela.
Con el ánimo de fortalecer la calidad de la recolección y procesamiento de datos, Migración Colombia, entre 2023 y 2032, analizará y socializará la información recolectada a través del RUMV conforme a las capacidades (tecnológicas, humanas y financieras) y canales establecidos por Migración Colombia, y de acuerdo con la normatividad vigente.
Por su parte, el DNP, entre 2022 y 2032 con el objeto de contribuir a la generación de insumos para la toma de decisiones basadas en evidencia, realizará estudios del fenómeno migratorio desde Venezuela que aporten a la formulación de políticas, planes y proyectos. También, en los años 2022 a 2032 diseñará e implementará una herramienta que visualice la oferta estatal y no estatal de proyectos y programas de atención y acogida para la población migrante venezolana. Adicionalmente, en 2024, evaluará los resultados de la implementación de las iniciativas en materia de política de atención e integración de población migrante venezolana.
A su turno, el Ministerio de Justicia y del Derecho, entre 2023 y 2026, con la finalidad de mejorar los procesos de captura y análisis de la información ajustará el sistema de información de casas de justicia y convivencia ciudadana de manera que permita identificar la nacionalidad de la población atendida para la generación de reportes. Adicionalmente, entre 2027 y 2032 realizará y socializará o publicará reportes anuales estadísticos sobre la atención de población migrante, de acuerdo con la información registrada en los sistemas de información de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos.
Asimismo, entre 2022 y 2032 el Ministerio de Educación Nacional, pensando en la superación de vulnerabilidades de la población migrante, construirá y socializará un diagnóstico anual de las brechas existentes en términos de educación para la población migrante venezolana, que incluya recomendaciones de política para promover su trayectoria educativa, en educación preescolar, básica y media.
5.4. Seguimiento
El seguimiento a la ejecución física y presupuestal de las acciones propuestas para el cumplimiento de los objetivos del presente documento se realizará a través del PAS. En este se señalan las entidades responsables de cada acción concertada y con financiamiento, los periodos de ejecución de estas, los recursos necesarios y disponibles para llevarlas a cabo, y la importancia de cada acción para el cumplimiento del objetivo general de la política.
El reporte periódico al PAS se realizará por todas las entidades concernidas en este documento de acuerdo con lo establecido en la Tabla 3. Como se evidencia, la política tiene un periodo de implementación entre el 2022 y el 2032. Su seguimiento se hará de manera semestral, iniciando su reporte en diciembre de 2022 y finalizando con el informe de cierre con corte al 31 de diciembre de 2032.
Tabla 3. Cronograma de seguimiento
| Corte | Fecha |
| Primer corte | Diciembre de 2022 |
| Segundo corte | Junio de 2023 |
| Tercer corte | Diciembre de 2023 |
| Cuarto corte | Junio de 2024 |
| Quinto corte | Diciembre de 2024 |
| Sexto corte | Junio de 2025 |
| Séptimo corte | Diciembre de 2025 |
| Octavo corte | Junio de 2026 |
| Noveno corte | Diciembre de 2026 |
| Décimo corte | Junio de 2027 |
| Décimo primer corte | Diciembre de 2027 |
| Décimo segundo corte | Junio de 2028 |
| Décimo tercero corte | Diciembre de 2028 |
| Décimo cuarto corte | Junio de 2029 |
| Décimo quinto corte | Diciembre de 2029 |
| Décimo sexto corte | Junio de 2030 |
| Décimo séptimo corte | Diciembre de 2030 |
| Décimo octavo corte | Junio de 2031 |
| Décimo noveno corte | Diciembre de 2031 |
| Vigésimo corte | Junio de 2032 |
| Informe de cierre | Diciembre de 2032 |
Fuente: DNP (2022).
5.5. Financiamiento
Para efectos del cumplimiento de esta política, las entidades involucradas en su ejecución priorizarán en las cifras del Marco de Gasto de Mediano Plazo del respectivo sector los recursos suficientes para la financiación de las actividades a su cargo conforme lo establecido en el PAS. El costo indicativo total de la política es de 13.295.095 millones de pesos. En la Tabla 4 se presenta el financiamiento discriminado por entidad.
Tabla 4. Financiamiento por entidad (Millones de pesos)
| Entidad | Costo total |
| Dapre | 6.323 |
| DANE | 5.598 |
| Prosperidad Social | 888 |
| DNP | 13.507 |
| ICBF | 985.514 |
| Migración Colombia | 3.230 |
| Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | 18.882 |
| Ministerio de Defensa - Policía | 9.344 |
| Ministerio de Educación | 5.338 |
| Ministerio de Justicia | 1.245 |
| Ministerio de Relaciones Exteriores | 4.060 |
| Ministerio de Salud y Protección Social | 12.171.149 |
| Ministerio de Trabajo | 4.300 |
| Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio | 58.165 |
| Ministerio del Interior | 3.744 |
| Ministerio de Hacienda y Crédito Público(a) | 3.808 |
Fuente: DNP (2022).
Nota: (a) los recursos que financiaran el monto asociado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en realidad corresponden a recursos del Portafolio de la Banca de las Oportunidades y no hacen parte del PGN.
6. RECOMENDACIONES
El Departamento Nacional de Planeación (DNP); el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; el Ministerio de Relaciones Exteriores; el Ministerio de Trabajo; el Ministerio de Industria y Comercio; el Ministerio de Salud y Protección Social; el Ministerio de Defensa Nacional; el Ministerio de Justicia y del Derecho; el Ministerio del Interior; el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; el Ministerio de Educación Nacional; el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE); y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, recomiendan al Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES):
1. Aprobar la presente política junto con su Plan de Acción y Seguimiento para lograr una atención e integración efectivas de la población migrante venezolana, en el marco de un desarrollo sostenible y articular e implementar oportunamente las acciones propuestas por las entidades participantes, en el marco de una hoja de ruta unificada que garantice la eficiencia del gasto y permita un mayor impacto en la integración de la población migrante.
2. Solicitar al Departamento Nacional de Planeación (DNP):
a. Consolidar y divulgar la información del avance de las acciones según lo planteado en el Plan de Acción y Seguimiento (Anexo A). La información deberá ser proporcionada por las entidades involucradas en este documento de manera oportuna según lo establecido en la Tabla 3 del presente documento.
b. Elaborar diagnósticos territoriales través del Observatorio Colombiano de Migración desde Venezuela, que sirvan como insumo para priorizar la implementación de estrategias, iniciativas, programas y/o proyectos para la población migrante venezolana.
c. Realizar una evaluación intermedia de resultados de la implementación de esta política.
3. Solicitar al Gobierno nacional:
a. Brindar asesoría técnica en la implementación de las acciones de este documento CONPES a las entidades involucradas.
b. Socializar y articular con el sector privado las acciones encaminadas a la integración económica de la población migrante venezolana.
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c. Promover espacios de participación de la sociedad civil en las diferentes instancias relacionadas con política migratoria que permitan mejorar la relación del Estado con la ciudadanía, permitiendo la identificación de problemas y soluciones en el marco de los procesos de participación ciudadana.
d. Focalizar las acciones contenidas en este CONPES en los territorios con mayor presión migratoria, así como en los municipios de frontera con Venezuela.
e. Articularse con el DANE para la estandarización y fortalecimiento de los conceptos y temáticas de los procesos de producción, recolección, procesamiento y calidad de la oferta estadística en temas migratorios.
f. Garantizar que cada línea de acción cuente con una estrategia de comunicación, información y participación para la integración de la población migrante para garantizar el acceso a información, participación e incidencia en cada una de las acciones y estrategias que plantea este CONPES.
g. Garantizar que la política de fronteras esté armonizada con la política migratoria y se actualice acorde con el contexto migratorio reciente.
4. Solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores:
a. Incorporar en la agenda internacional la experiencia y posicionamiento del país en materia migratoria reconociendo los avances, experiencias exitosas y las nuevas apuestas en materia de integración de la población migrante como factor de desarrollo.
b. Trabajar de manera mancomunada con la Oficina Para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante de la Presidencia de la República, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, y las demás entidades relevantes en el marco de la nueva instancia estratégica interinstitucional, con el fin de promover la articulación y el acompañamiento de las agencias y actores internacionales y nacionales expertos de temas migratorios para que promover la cooperación financiera y técnica.
c. Articular las instancias de coordinación, en particular la Comisión Nacional Intersectorial de Migración, con las Mesas migratorias departamentales y municipales para la mejora de la planeación de la respuesta a las necesidades de la población migrante venezolana.
d. Robustecer la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado con recurso humano de manera que puedan procesarse ágilmente las solicitudes de refugio.
5. Solicitar a la Oficina Para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante de la Presidencia de la República:
a. Liderar la coordinación para la implementación de esta política con el apoyo del DNP para lograr una integración económica, social y cultural de la población migrante venezolana como factor de desarrollo.
b. Analizar alternativas de flexibilización migratoria para la población migrante venezolana que no esté incluida en el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos.
c. Articular las instancias nacionales de coordinación intersectorial e interinstitucional existentes con las Mesas migratorias departamentales y municipales con el fin de coordinar la atención e integración económica, social y cultural de la población migrante venezolana.
d. Fortalecer la socialización del Permiso por Protección Temporal con el sector público, el sector privado, la cooperación internacional y demás actores relevantes para su reconocimiento como un documento de identidad válido para el acceso a derechos y servicios provistos por el Estado de acuerdo con las regulaciones vigentes.
6. Solicitar al Ministerio de Trabajo:
a. Incluir a la población migrante venezolana en los programas desarrollados en los territorios en materia de empleo.
b. Analizar las posibilidades de movilidad laboral de la población migrante venezolana a municipios con mayor demanda laboral de acuerdo con un diagnóstico sectorial en conjunto con el sector privado.
7. Solicitar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo incluir a la población migrante venezolana en los programas relativos al emprendimiento y proyectos productivos desarrollados a nivel nacional con el fin de facilitar la creación de empresa.
8. Solicitar al Ministerio de Educación:
a. Elaborar una ruta para adolescentes graduados de bachiller en situación irregular para que puedan obtener su diploma y acceder a educación superior.
b. Profundizar los esfuerzos para la prevención de la discriminación y la xenofobia en los entornos escolares en un trabajo conjunto con la comunidad escolar.
Glosario
Migraciones: movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea a través de una frontera internacional o dentro de un país (OIM, 2021).
Refugiado: toda persona que reúna las siguientes condiciones: (i) que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él o; (ii) que se hubiera visto obligada a salir de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente al orden público; (iii) que haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en caso de que se procediera a la expulsión, devolución o extradición al país de su nacionalidad o, en el caso que carezca de nacionalidad, al país de residencia habitual (Ley 2136, artículo 62).
Tráfico de migrantes: Promover, inducir, facilitar, generar, financiar, colaborar o participar de cualquier forma de entrada o salida irregular de personas con el ánimo de obtener algún lucro o provecho, (Ley 2136 de 2021, articulo 23).
Trata de personas: "la trata de personas se define como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, el fraude, el engaño, el rapto, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos, (Ley 2136, 2021)
Xenofobia: rechazo u odio expresado hacia una persona extranjera.
Anexos
Anexo A. Plan de Acción y Seguimiento (PAS)
<Para consultar el anexo de este documento dirigirse al siguiente link: https://www.avancejuridico.com/docpdf/PAS_4100.xlsx.pdf>
Anexo B. Avances cuantitativos por acción documento CONPES 3950 a diciembre de 2021
| No | Acción | Producto (%) | Meta (%) | Porcentaje de avance (%) |
| 1.1 | Identificar la oferta de servicios de salud ubicada en el territorio y articular la gestión de prestación de servicios con otras instancias que apoyen la atención de las necesidades de la población migrante procedente de Venezuela, retornados y con status de refugiados. | 100 % Identificar la oferta de 100 servicios de salud ubicada en el territorio y articular la gestión de prestación de servicios con otras instancias que apoyen la atención de las necesidades de la población migrante procedente de Venezuela, retornados y con status de refugiados. | 100 | 100 |
| 1.2 | Realizar asistencia técnica a los departamentos sobre la ruta de aseguramiento que presentan población migrante desde Venezuela, retornados y con status de refugiados. | 100 % Departamentos con 100 asistencias técnicas realizada | 100 | 100 |
| 1.3 | Desarrollar capacidades del talento humano para el abordaje diferencial de la población migrante, retornada y con status de refugiados y la respuesta articulada desde el sector salud. | 100 | 67 | |
| 1.4 | Definir y socializar a los países fronterizos un protocolo que permita establecer un flujo de información básica en salud de migrantes desde Venezuela, retornados y con status de refugiados. | 100 % en la elaboración y socialización del plan de acción elaborado para el diseño y adopción de un registro clínico electrónico básico en salud compatible con la base de datos regional de migrantes venezolanos. | 100 | 100 |
| 1.5 | Incluir en el Análisis de Situación de Salud nacional y territorial la dinámica demográfica y morbi-mortalidad de la población migrante a corto y mediano plazo. | Elaboración del documento de análisis de Situación de Salud nacional y territorial la dinámica demográfica y morbi-mortalidad de la población migrante a corto y mediano plazo. 100 | 100 | 100 |
| 1.6 | Identificar la capacidad de respuesta de los prestadores públicos para la prestación de servicios de salud de la población migrante en la zona de frontera y los territorios de acogida con mayor concentración. | 100 % Documento diagnóstico con las necesidades de inversión en infraestructura física y dotación para fortalecer la capacidad de respuesta de los prestadores públicos para la atención de la población migrante en zona de frontera y territorios de acogida con mayor concentración. | 100 | 100 |
| 1.7 | Adaptar e implementar el plan de respuesta para la población migrante del sector salud a nivel territorial. | 100 % Entidades territoriales con inclusión de actividades dirigidas a población migrante en planes territoriales. | 100 | 83 |
| 1.8 | Identificar a través de las secretarías de educación certificadas, la oferta DISPONIBLE para el acceso disponible. al sistema educativo en los municipios priorizados por el documento CONPES. | 100 % en secretarías de educación que reportan al MEN información de oferta disponible | 100 | 100 |
| 1.9 | Diseñar e implementar una estrategia de comunicación, en articulación con las Secretarías de Educación Certificadas, que permita divulgar la oferta educativa para que tanto estudiantes migrantes como retornados tengan conocimiento y puedan acceder a ella. | 120 jornadas de 100 socialización sobre la oferta educativa realizadas | 100 | 100 |
| 1.10 | Realizar asistencias técnicas integrales a las secretarías de educación focalizadas por el CONPES, para promover y fortalecer el acceso, permanencia y calidad de la educación destinada a los niños, niñas y jóvenes provenientes de Venezuela. | 100 % Secretarías de 100 Educación Certificadas con asistencias técnicas integrales realizadas. | 100 | 70 |
| 1.11 | Diseñar e implementar una estrategia para agilizar la convalidación de estudios de los niños provenientes de Venezuela equivalentes a educación preescolar, básica y media. | 100 % en el diseño e implementación de la estrategia que permita agilizar el proceso de convalidación de estudios equivalentes a PBM. | 100 | 100 |
| 1.12 | Actualizar los sistemas de información de convalidaciones de educación preescolar, básica y media, para la atención efectiva de las solicitudes presentadas por los estudiantes provenientes de Venezuela que solicitan convalidar. | 100 % en actualización del 100 sistema de información de convalidaciones. | 100 | 100 |
| 1.13 | Diseñar una estrategia que permita agilizar el proceso de convalidación de títulos de educación superior procedentes de IES venezolanas. | 100 % en el diseño de una 100 estrategia que permita agilizar el proceso de convalidación de títulos. | 10 | 91 |
| 1.14 | Diseñar e implementar en el marco del plan de formación para la ciudadanía, estrategias en las instituciones educativas para el desarrollo de competencias ciudadanas y socioemocionales para la prevención de la xenofobia y otras situaciones que afectan la convivencia escolar y generan discriminación con ocasión de la llegada de comunidades de migrantes, refugiados y retornados a sus entornos. | 100 % en el diseño e 100 implementación de la estrategia en los establecimientos educativos. | 100 | 100 |
| 1.15 | Realizar asistencia técnica a los comités territoriales de convivencia escolar para el trabajo articulado de prevención de violencia, xenofobia y otras discriminaciones en los colegios y municipios focalizados por el CONPES. | 90% en comités territoriales 100 de convivencia escolar que incluyen en sus planes de acción estrategias de prevención de violencia, xenofobia y otras discriminaciones en los colegios y municipios focalizados por el CONPES. | 100 | 100 |
| 1.16 | Diseñar y socializar con las secretarías de educación certificadas focalizadas, documentos con las pautas para la realización de pruebas de suficiencia para los estudiantes migrantes desde Venezuela en el marco del sistema de evaluación institucional. | 100 % en el diseño y socialización de un documento de pautas para la realización de pruebas de suficiencia. | 100 | 15 |
| 1.17 | Diseñar e Implementar una estrategia de nivelación para niños, niñas y adolescentes migrantes y retornados reconociendo las diferencias de aprendizaje en el sistema educativo. | 100 en diseño e implementación de la estrategia de nivelación para NNA migrantes. | 100 | 15 |
| 1.18 | Elaborar un documento de orientaciones técnicas para socialización por parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en las mesas de infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar para la protección, integración y atención integral de las niñas, niños, adolescentes y familias migrantes desde Venezuela. | 100 % en elaboración del documento orientador para la protección, integración y atención integral. | 100 | 100 |
| 1.19 | Brindar asistencia técnica a agentes e instancias corresponsables, sobre el abordaje y los derechos de niñas, niños adolescentes y familias migrantes desde Venezuela, y su vinculación a rutas integrales de atención. | 100 % Entidades territoriales asistidas técnicamente en el abordaje y los derechos de niñas, niños adolescentes y familias migrantes, y su vinculación a rutas integrales de atención. | 100 | 100 |
| 1.20 | Brindar asistencia técnica a las autoridades administrativas frente al debido proceso de los trámites de restablecimiento de derechos para niños, niñas y adolescentes migrantes o retornados desde Venezuela. | 1.508 autoridades administrativas con asistencia técnica frente al debido proceso de los trámites de restablecimiento de derechos para niños, niñas, adolescentes venezolanos | 100 | 100 |
| 1.21 | Desarrollar un reporte estadístico descriptivo sobre la atención del ICBF a niños, niñas, adolescentes y sus familias de nacionalidad venezolana en el territorio colombiano. | 100 % en el desarrollo y 100 publicación del reporte estadístico descriptivo de la atención del ICBF a niños, niñas, adolescentes y sus familias en Colombia. | 100 | 100 |
| 1.22 | Desarrollar las acciones administrativas tendientes al restablecimiento de derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes desde Venezuela que posterior a la verificación de garantía de derechos, se encuentren con amenaza o vulneración. | 100 % (640) niños, niñas, 100 adolescentes migrantes con medida de restablecimiento de derechos dentro del marco de un proceso de restablecimiento de derechos. | 100 | 100 |
| 1.23 | Brindar atención a la población de mujeres gestantes con bajo peso y niñas y niños menores de 5 años con riesgo de desnutrición aguda en condición de migrantes desde Venezuela mediante acciones orientadas a la prevención de la desnutrición aguda. | 748 niños y niñas migrantes 100 desde Venezuela menores de 5 años con riesgo de desnutrición aguda y mujeres gestantes migrantes desde Venezuela con bajo peso atendidas con acciones orientadas a la prevención de la desnutrición aguda. | 100 | 100 |
| 1.24 | Brindar la atención en las modalidades de niñez y adolescencia para niños, niñas y adolescentes migrantes desde Venezuela que lo requieran | 1.500 niñas, niños y 100 adolescentes migrantes desde Venezuela atendidos | 100 | 100 |
| 1.25 | Realizar campañas de promoción y sensibilización, en el marco de la oferta de la Dirección de Niñez y Adolescencia, para el reconocimiento y garantía de derechos, inclusión social y participación de los NNA, y familias migrantes desde Venezuela. | 36 campañas de promoción y sensibilización, en el marco de la oferta de la Dirección de Niñez y Adolescencia, para el reconocimiento y garantía de derechos, inclusión social y participación de los NNA, y familias migrantes desde Venezuela realizadas | 100 | 100 |
| 1.26 | Brindar atención en las modalidades de apoyo y fortalecimiento a familias con niños, niñas y adolescentes migrantes desde Venezuela que lo requieran. | 1.600 familias con niños, niñas o adolescentes migrantes desde Venezuela incluidas en las Modalidades de la Dirección de Familia y Comunidades | 100 | 100 |
| 1.27 | Brindar la atención en las modalidades de primera infancia a niñas y niños migrantes desde Venezuela que lo requieran. | 44.375 niñas y niños migrantes desde Venezuela menores de 5 años y mujeres gestantes atendidos en servicio de primera infancia. | 100 | 100 |
| 1.28 | Definir los requerimientos técnicos de los Centros de Atención Transitorios al Migrante para la población migrante con vocación de permanencia y población transitoria. | 100 % en elaboración de lineamientos donde se establezcan los requerimientos mínimos para la construcción o adecuación de alojamientos temporales. | 100 | 40 |
| 1.29 | Definir los criterios de priorización para la recepción de la población migrante proveniente de Venezuela en los Centros de Atención Transitorios para la población migrante con vocación de permanencia y población transitoria. | Elaboración de lineamientos donde se establezcan los criterios de priorización para la recepción de la población migrante proveniente de Venezuela. 100 | 100 | 100 |
| 1.30 | Generar la normativa que permita el establecimiento de medidas especiales de contratación, por parte de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012. | 1 normatividad que permita el establecimiento de medidas especiales de contratación, por parte de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012, expedidas | 100 | 100 |
| 1.31 | Identificar los bienes inmuebles aptos para los Centros de Atención Transitorios al Migrante para atender a la población migrante con vocación de permanencia y población transitoria. | 4 bienes inmuebles identificados para los Centros de Atención Transitorios al Migrante habilitados | 100 | 25 |
| 1.32 | Adecuar los Centros de Atención Transitorios al Migrante para atender a la población proveniente de Venezuela con vocación de permanencia y población transitoria. | 4 centro de Atención Transitorios al Migrante habilitados para atender a la población proveniente de Venezuela con vocación de permanencia y población transitoria. | 100 | 25 |
| 1.33 | Brindar atención humanitaria a la población migrante con vocación de permanencia y población transitoria a través de los Centros de Atención Transitorios al Migrante. | 4 centros de Atención Transitorios al Migrante operando para brindar atención humanitaria a la población migrante con vocación de permanencia y población transitoria | 100 | 25 |
| 1.34 | Priorizar proyectos en el mecanismo de viabilización que beneficien la población migrante con vocación de permanencia, población en tránsito y población pendular, de acuerdo con los recursos de cooperación internacional disponibles y los proyectos presentados. | 3 proyectos viabilizados en mecanismo de viabilización en los departamentos fronterizos con Venezuela | 100 | 100 |
| 1.35 | Realizar acompañamiento diferenciado a los departamentos fronterizos con Venezuela en el programa de Planes Departamentales de Agua. | 5 departamentos con acompañamiento diferenciado a través del programa de Planes Departamentales de Agua 10% de población migrante venez | 100 | 100 |
| 1.36 | Certificar el aprendizaje y la experticia adquirida a lo largo de la vida laboral de migrantes venezolanos regulares y colombianos retornados para contribuir a la inserción laboral en el territorio colombiano. | 10% de la población migrante venezolana y olana y colombianos retornados certificados en competencias laborales | 100 | 100 |
| 1.37 | Sensibilizar, asesorar y entrenar a través de los Centros de Desarrollo Empresarial SBDC - SENA a la población migrante desde Venezuela regular para apoyar la estructuración de sus ideas de negocios. | 1500 personas sensibilizadas a la cultura de emprendimiento. | 100 | 100 |
| 1.38 | Facilitar el acceso en la ruta de empleabilidad del Servicio Público de Empleo a la población migrante desde Venezuela y retornados para reducir las barreras para el acceso al mercado laboral. | 271.000 migrantes procedentes de Venezuela inscritos | 100 | 59 |
| 1.39 | Promover convocatorias de alternativas de reconversión socio laboral mediante proyectos productivos a la población dedicada a la comercialización ilícita de combustibles en el país (con independencia de la nacionalidad) para apoyar el acceso al mercado laboral. | 9 convocatorias de alternativas de reconversión socio laboral mediante proyectos productivos a la población dedicada a la comercialización ilícita de combustibles promovidas | 100 | 67 |
| 1.40 | Brindar servicios de orientación ocupacional a la población migrante desde Venezuela y retornados para reducir las barreras para el acceso al mercado laboral | 40% de población migrante desde Venezuela orientada | 100 | 100 |
| 1.41 | Capacitar a través de programas de formación complementaria a la población migrante desde Venezuela para actualizar y fortalecer las competencias para asumir nuevos desempeños laborales | 40.000 cupos en formación complementaria otorgados a población migrante desde Venezuela | 100 | 100 |
| 1.42 | Elaborar un inventario de programas del nivel nacional, que se ajusten a las necesidades identificadas, para determinar requisitos de acceso y las necesidades de recursos adicionales que permitan atender a la población migrante procedente de Venezuela en procesos de emprendimiento y desarrollo empresarial. | 100 % en la Elaboración del inventario de programas, requisitos de acceso y necesidades de financiamiento para atender a la población migrante procedente de Venezuela en procesos de emprendimiento y desarrollo empresarial. | 100 | 100 |
| 1.43 | Presentar ante el Congreso de la República un proyecto de ley de régimen especial -en materia tributaria y económica-, para atraer inversión nacional y extranjera; para Cúcuta y los municipios del área metropolitana, orientado a estimular la creación de empresas y la generación de empleo en la región, y adelantar las labores de acompañamiento respectivo hasta la aprobación de la Ley. | 100 % en la presentación del proyecto de Ley para crear un régimen especial -en materia tributaria y económica-, para atraer inversión nacional y extranjera; para Cúcuta y los municipios del área metropolitana, orientado a estimular la creación de empresas y la generación de empleo en la región y en el acompañamiento hasta la aprobación. | 100 | 100 |
| 1.44 | Apoyar a las entidades responsables para identificar y solucionar las restricciones legales existentes que impiden la inclusión de la población migrante desde Venezuela en distintos programas de emprendimiento, acompañamiento técnico, encadenamientos y financiación, tanto en programas del gobierno nacional como territoriales. | 100 % en la elaboración del 100 documento de identificación y propuesta de solución a las restricciones legales existentes que impiden la inclusión de la población migrante desde Venezuela. | 100 | 100 |
| 1.45 | Implementar el Registro Único de Trabajadores Extranjeros en Colombia (Rutec) con el fin de caracterizar la inmigración laboral formal en el país. | 100 % de avance en la 100 implementación del Registro Único de Trabajadores Extranjeros en Colombia (Rutec) | 100 | 100 |
| 1.46 | Diseñar y aplicar cursos de contextualización sobre normativa, derechos laborales y acogida para extranjeros y retornados en el país con el fin de facilitar su adaptación al mercado de trabajo, tanto regulares como irregulares. | 100 | 100 | |
| 1.47 | Definir los lineamientos generales para facilitar el acceso a la oferta institucional dirigida a venezolanos para la población migrante que autoreconoce pertenencia étnica indígena y ROM en la República Bolivariana de Venezuela, en el marco de la protección de los derechos humanos. | 100 % en la elaboración del Documento de lineamientos generales dirigido a población migrante de Venezuela que autoreconoce pertenencia étnica indígena y ROM | 100 | 100 |
| 1.48 | Realizar capacitaciones a las entidades territoriales de La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca, Boyacá (Cubará), Vichada y Guainía, fronterizos con la República Bolivariana de Venezuela, en temas relacionados con igualdad y no discriminación en la atención dirigida a la población venezolana migrante que se han auto- reconocido como afrodescendientes. | 7 capacitaciones a entidades territoriales fronterizas con la República Bolivariana de Venezuela en temas relacionados con igualdad y no discriminación de la población migrante venezolana que se autorreconoce como afrodescendientes realizadas | 100 | 87 |
| 1.49 | Realizar estrategias de acompañamiento a población retornada que contemple orientación y referenciación de esta población (solamente actuales CRORES); atención humanitaria; estrategias de retorno productivo, difusión de la ley de retorno y estrategias del presente CONPES. | 27.355 retornados 100 atendidos en estrategias de acompañamiento al retorno de connacionales procedentes del exterior Nacional. | 100 | 16.47 |
| 1.50 | Valorar las declaraciones de población migrante (retornados y venezolanos con vocación de permanencia) desde Venezuela, que se consideren víctimas en el marco del conflicto colombiano, que no se encuentren incluidos en el Registro Único de Víctimas y que presenten su declaración ante el ministerio público. | 100 % de declaraciones de 100 población migrante desde Venezuela, que se consideren víctimas en el marco del conflicto colombiano, que no se encuentren incluidos en el Registro Único de Víctimas, y que presenten su declaración ante el ministerio público valoradas. | 100 | 100 |
| 1.51 | Acompañar y orientar a núcleos familiares retornados de Venezuela que sean víctimas del conflicto armado en el proceso de asentamiento en el municipio receptor. | 100 % de núcleos familiares 100 acompañados en el proceso de asentamiento en el municipio receptor | 100 | 100 |
| 1.52 | sidades 100 % de víctimas en el 100 de la población víctima marco del conflictodel conflicto armado colombiano retornadasinterno colombiano que desde Venezuelasean retornados desde caracterizadas Venezue a para elrestablecimiento de susderechos. | 100 % de víctimas en el marco del conflicto colombiano retornadas desde Venezuela caracterizadas | 100 | 96 |
| 1.53 | Brindar asistencia humanitaria a la población retornada de Venezuela que sea víctima en el marco del conflicto colombiano. | 100 % de núcleos familiares retornados que sean víctimas en el marco del conflicto colombiano de Venezuela con asistencia humanitaria | 100 | 100 |
| 1.54 | Gestionar la oferta (educación, salud, trabajo, entre otras) con las entidades competentes para el restablecimiento de derechos de la población víctima del conflicto armado interno colombiano retornada de Venezuela. | Porcentaje de víctimas retornadas desde Venezuela que acceden a oferta social | 100 | 96 |
| 1.55 | Realizar la caracterización de fenómenos que afectan seguridad y convivencia ciudadana en el marco del fenómeno migratorio procedente de Venezuela | 100 % de avance en la caracterización de fenómenos que afectan seguridad y convivencia ciudadana | 100 | 100 |
| 1.56 | Definir una mesa de trabajo entre Cancillería, sector Defensa y Ministerio de Interior para establecer la relación entre el crimen organizado y la población migrante proveniente de Venezuela | 6 mesas interinstitucional de relación entre el crimen organizado y la población migrante venezolana realizada | 100 | 83 |
| 1.57 | Promover procesos de sensibilización, prevención y mitigación de conflictividades sociales asociadas al fenómeno migratorio proveniente de Venezuela | 100% en la implementación de procesos de sencibilidad, prevención y mitigación de conflictividades sociales conflictividades sociales asociadas al fenómeno migratorio proveniente de venezuela | 100 | 70 |
| 1.58 | Definir los protocolos de apoyo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional a otras instituciones del Estado para atender el fenómeno migratorio proveniente de Venezuela. | 2 protocolos de apoyo del 100 Ministerio de Defensa (CGFM-PONAL) a otras instituciones del Estado para atender el fenómeno migratorio definidos | 100 | 100 |
| 1.59 | Brindar asistencias técnicas a entidades territoriales en herramientas de prevención, atención y judicialización del delito de trata de personas, derivado del fenómeno migratorio proveniente de Venezuela | 13 asistencias técnicas en 100 materia de lucha contra la trata de personas realizadas | 100 | 100 |
| 1.60 | Revisar las asignaciones mensuales de volúmenes máximos de combustibles subsidiados definidos para los departamentos de las zonas de frontera con Venezuela para evitar el aumento del contrabando de combustible y promover el desarrollo económico. | 38 actas de revisión de las 100 asignaciones mensuales de volúmenes máximos de combustibles subsidiados definidos para los departamentos de las zonas de frontera con Venezuela | 100 | 86 |
| 2.1 | Definir e implementar la estrategia de comunicación para dar a conocer de manera eficiente todos los temas referentes a la migración desde Venezuela y coordinarla con todas las entidades involucradas con el fenómeno migratorio. | 100% de avance en la 100 estrategia de comunicación de rutas de atención y registro diseñada e implementada | 100 | 68 |
| 2.2 | Crear una instancia estratégica de articulación institucional para asesorar al Gobierno nacional en la definición de lineamientos generales para la atención e integración de los flujos mixtos migratorios de población proveniente de Venezuela. | 100 % en la creación de una 100 instancia estratégica de articulación institucional para asesorar al Gobierno nacional en la definición de lineamientos generales para la atención e integración de los flujos mixtos migratorios de población proveniente de Venezuela. | 100 | 100 |
| 2.3 | Definir la estructura y el funcionamiento del modelo de gobernanza que permita articular la oferta de todos los actores en todos los niveles territoriales para la atención e integración de la población migrante (venezolanos regulares e irregulares, refugiados, migrantes en tránsito y pendulares y retornados). | 100 % en la elaboración del 100 documento que contiene la estructura específica del modelo de gobernanza para la articulación de los niveles regional, nacional y territorial. | 100 | 60 |
| 2.4 | Definir una hoja de ruta del Sector de Relaciones Exteriores para el manejo del fenómeno migratorio procedente de Venezuela, en particular las acciones relacionadas con la población retornada, así como otros grupos poblacionales en el marco de las competencias propias del sector, haciendo especial énfasis en las acciones frente a la comunidad internacional para la consecución de recursos y la articulación con las autoridades nacionales y los países de la región. | 100 % en la elaboración de 100 la Hoja de Ruta del Sector de Relaciones Exteriores para el manejo del fenómeno migratorio procedente de Venezuela. | 100 | 100 |
| 2.5 | Apoyar técnicamente a la Cancillería en el fortalecimiento de capacidades institucionales a Entidades Territoriales para la atención del fenómeno de migración proveniente de Venezuela, en el marco de la Estrategia de Intervención Territorial y de coordinación nación - territorio de la política pública de víctimas. | 120 asistencias técnicas 100 realizadas a entidades territoriales para la atención del fenómeno de migración proveniente de Venezuela, en el marco de la Estrategia de Intervención Territorial y de coordinación nación - territorio de la política pública de víctimas realizadas | 100 | 100 |
| 2.6 | Definir nuevos mecanismos de flexibilización migratoria para la integración de la población migrante desde Venezuela mediante ajustes normativos institucionales en materia de regularización y socialización de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional. | 100 % en la elaboración y socialización de un documento que contiene las propuestas para aprobación o modificación de actos administrativos en materia de flexibilización migratoria. | 100 | 100 |
| 2.7 | Realizar, a través de un documento técnico, un costeo del total de actividades requeridas para la atención e integración de los migrantes provenientes de Venezuela, y evaluar alternativas de financiación orientadas a atender el fenómeno migratorio desde el país vecino. | 100 % en la elaboración del 100 documento con el costeo del total de actividades requeridas para la atención e integración de los migrantes provenientes de Venezuela, y evaluar alternativas de financiación orientadas a atender el fenómeno migratorio desde el país vecino. | 100 | 100 |
| 2.8 | Instalar la mesa de estadísticas sectoriales de migración para iniciar la articulación de las entidades productoras de información. 100 % de avance en la instalación de la Mesa de estadísticas de migración. | 100 % de avance en la 100 instalación de la Mesa de estadísticas de migración. | 100 | 100 |
Fuente: DNP. SisCONPES (2022)
Anexo C. Normatividad asociada con registro y regularización de la población Migrante desde Venezuela
| Norma | Detalle |
| Resolución 3317 de 2018 | Por la cual se implementa un nuevo término para acceder el Permiso Especial de Permanencia - PEP, establecido mediante la Resolución 10677 del 18 de diciembre de 2018 del Ministerio de Relaciones Exteriores(52). |
| Resolución 6370 de 2018 | Por la cual se reglamenta la expedición del Permiso Especial de Permanencia - PEP creado mediante Resolución 5797 de 2017 del Ministerio de Relaciones Exteriores, para su otorgamiento a las personas inscritas en el Registro Administrativo de Migrantes venezolanos, de conformidad con lo dispuesto en el decreto 1288 del 25 de julio de 2018 (53). |
| Resolución 2033 de 2018 | Por la cual se implementa la expedición del Permiso Especial de Permanencia - PEP, creado mediante la Resolución 5797 de 2017 del Ministerio de Relaciones Exteriores, para su otorgamiento de las personas inscritas en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 6370 del 01 de agosto de 2018(54). |
| Resolución 10677 de 2018 | Por la cual se establece un nuevo término para acceder al Permiso Especial de Permanencia (PEP), creado mediante Resolución 5797 del 25 de julio de 2017 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y se dictan otras disposiciones sobre la materia(55). |
| Resolución 0740 de 2018 | Por la cual se establece un nuevo término para acceder al Permiso Especial de Permanencia - PEP, creado mediante la resolución 5797 de 25 de julio de 2017 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y se dictan otras disposiciones sobre la materia.(56) |
| Resolución 0361 de 2028 <SIC> | Por la cual se implementa un nuevo término para acceder el Permiso Especial de Permanencia (PEP) establecido mediante Resolución 0740 del 5 de febrero de 2018 del Ministerio de Relaciones Exteriores(57). |
| Resolución 3107 de 2018 | Por la cual se implementa un nuevo término para que las personas inscritas en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV), puedan acceder al Permiso Especial de Permanencia (PEP), establecido mediante Resolución 10064 del 3 de diciembre de 2018, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores(58). |
| Resolución 2540 de 2019 | Por la cual se reglamenta la expedición del Permiso Especial de Permanencia (PEP) creado mediante Resolución 5797 de 2017, en virtud del Memorando de Entendimiento suscrito entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 13 de mayo de 2019(59). |
| Resolución 1465 de 2019 | Por la cual se implementa la expedición del Permiso Especial de Permanencia (PEP), creado mediante Resolución 5797 de 2017, para su otrogamiento a los nacionales venezolanos miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 2540 del 21 de mayo de 2019 del Ministerio de Relaciones Exteriores(60). |
| Resolución 1567 de 2019 | Por la cual se implementa el procedimiento dirigido a renovar el Permiso Especial de Permanencia (PEP), creado mediante la Resolución número 5797 de fecha 25 de julio de 2017, otorgado entre el 03 de agosto de 2017 y el 31 de octubre de 2017(61). |
| Resolución 3548 de 2019 | Por medio de la cual se crea un Permiso Especial Complementario de Permanencia (PECP)(62). |
| Resolución 2278 de 2019 | Por la cual se implementa el Permiso Especial Complementario de Permanecía (PECP), creado mediante Resolución 3548 del 03 de julio de 2019 por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y se establece el procedimiento para su expedición a los nacionales venezolanos. |
| Resolución 6667 de 2019 | Especial de Permanencia (PEP), creado mediante la Resolución número 5797 de fecha 25 de julio de 2017, otorgado entre el 7 de febrero de 2018 y el 7 de junio de 2018(63). |
| Resolución 2634 de 2019 | Por la cual se establece el procedimiento dirigido a renovar el Permiso Especial de Permanencia (PEP), creado mediante la Resolución número 5797 de fecha 25 de julio de 2017, otorgado entre el 3 de agosto de 2017 y el 31 de octubre de 2017(64). |
| Resolución 3870 de 2019 | Por la cual se implementa el procedimiento dirigido a renovar el Permiso Especial de Permanencia (PEP), creado mediante la Resolución 5797 de fecha 25 de julio de 2017, otorgado entre el 7 de febrero de 2018 y el 7 de junio de 2018(65). |
| Resolución 0240 de 2020 | Por la cual se establece un nuevo término para acceder al Permiso Especial de Permanencia - PEP, creado mediante Resolución 5797 del 25 de Julio de 2017 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y se dictan otras disposiciones sobre la materia(66). |
| Resolución 1667 de 2020 | Por la cual se establece el procedimiento dirigido a renovar el Permiso Especial de Permanencia (PEP) otorgado a las personas inscritas en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos, reglamentado mediante Resolución 6370 de 2018 modificada por la Resolución 10064 de 2018 y, otorgado entre el 1 de agosto de 2018 y el 21 de diciembre de 2018(67). |
| Resolución 8470 de 2019 | Por la cual se adopta una medida administrativa de carácter temporal y excepcional, para incluir de oficio la nota "Válido para demostrar nacionalidad" en el Registro Civil de Nacimiento de niñas y niños nacidos en Colombia, que se encuentran en riesgo de apatridia, hijos de padres venezolanos, que no cumplen con el requisito de domicilio(68). |
| Decreto 216 de 2021 | Por medio del cual se expide el Estatuto Temporal de Protección V, compuesto por el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) y el Permiso por Protección Temporal (PPT)(69). |
| Resolución 1006 de 2020 | Por la cual se adoptan medidas urgentes y transitorias para garantizar la prestación del servicio y se suspenden términos en procesos y procedimientos adelantados por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia(70). |
| Decreto 1016 de 2020 | Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.1.11.4.9. y 2.2.3.1.4.1. del Decreto 1067 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores", a efectos de ampliar la vigencia del salvoconducto de permanencia para trámite de refugio, pasando de treinta (30) días calendario a una ampliación de hasta ciento ochenta (180) días calendario(71). |
Fuente: Elaboración propia DNP (2022).
Anexo D. Instancias territoriales de coordinación formalizadas
| Entidad territorial | Tipo de instancia de coordinación | Nombre | Tipo de acto administrativo mediante el cual se creó | Número | Fecha | Objeto |
| Arauca | Puesto de Mando Unificado | Puesto de Mando Unificado en el Municipio de Arauca | Decreto | 100 | Noviembre de 2020 | Conformar el Puesto de Mando Unificado con el propósito de implementar, articular y ejecutar planes que atiendan la problemática fronteriza con enfoque en la seguridad, bioseguridad y la migración regulada |
| Arauca | Mesa | Por medio del cual se crea la mesa de coordinación de asuntos migratorios del departamento de Arauca | Decreto | 83 | 20 de enero de 2022 | La mesa de Coordinación de Asuntos Migratorios del Departamento de Arauca tiene como objeto la articulación institucional de acciones de protección y promoción de los derechos de la población migrante, refugiada y colombianos retornados del Departamento de Arauca y que se articulará con los siete (7) municipios del Departamento y demás entidades públicas del orden nacional y territorial, así como también harán parte las organizaciones internacionales. |
| Armenia | Consejo | Consejo Municipal de Atención al Migrante | Acuerdo | 87 | 2017 | Atención integral a la población migrante en la ciudad de Armenia. |
| Barranquilla | Mesa | Por el cual se crea la mesa migratoria para la coordinación y articulación institucional para la atención a población migrante, refugiada, apátrida y retornado en el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla | Decreto | 236 | 26 de octubre de 2021 | Articular con las diferentes dependencias del Distrito de Barranquilla las acciones de protección, promoción y acceso a derechos de la población migrante,refugiada, apátrida y retornado, a su vez articulará con las diferentes entidades territoriales y de orden nacional, cooperación internacional y organizaciones de base comunitaria, en atención a lo establecido en el acuerdo 0011 de 2011. |
| Bogotá | Comisión | Comisión Intersectorial para la Atención e Integración de la población proveniente de flujos migratorios mixtos | Decreto | 510 | Diciembre de 2021 | Con el propósito de establecer una concertación de carácter distrital entre los diferentes sectores involucrados en la toma de decisiones. Esta comisión, según establece el decreto, tendrá una perspectiva de derechos con enfoque de género y diferencial, mediante la cual se fomentará el diálogo intercultural y el impulso de la capital como ciudad acogedora. |
| Boyacá | Mesa | Mesa departamental de migraciones | Decreto | 115 | 23 de Marzo DE 2021 | La MDM- Boyacá tendrá por objeto articular las acciones pertinentes con las entidades que la conforman para la garantia protección y promoción de los derechos de la población migrante y connacionales retornados. |
| Bucaramanga | Mesa | Mesa de Coordinación de Asuntos Migratorios | Decreto | 52 | Febrero 2020 | El objeto de la Mesa de Coordinación de Asuntos Migratorios de Bucaramanga es la de articulación acciones de protección y promoción de los derechos de la población migrante y la población de acogida |
| Cali | Comité | Comité de atención a la población migrante de la Alcaldía de Santiago de Cali | Decreto | 782 | 2018 | Modificado por decreto 698 del año 2019 " Por medio del cual se crea el comité de atención a población migrante de la Alcaldía de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones" |
| Cartagena | Mesa | Mesa de Gestión Migratoria del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. | Decreto | 1621 | Diciembre de 2020 | El alcance de la Mesa, implica la adopción de medidas de articulación y fortalecimiento de las distintas instituciones gubernamentales y no gubernamentales, buscando garantizar, proteger y promover los derechos de la población migrante, refugiada y colombianos retornados. |
| Casanare | Mesa | Mesa de Coordinación de Asuntos Migratorios | Resolución | 87 | 13 de mayo de 2021 | La Mesa de Coordinación de Asuntos Migratorios del departamento de Casanare tiene como objeto la articulación interinstitucional de acciones y protección y promoción de los derechos de la población migrante que se encuentra ubicada en el departamento de Casanare y que se articulará con los 19 municipios del departamento y demás entidades públicas y privadas. |
| Guainía | Mesa | Por medio del cual se crea la mesa de gestión migratoria del departamento del Guainía | Decreto | 540 | 26 de no | El alcance de la Mesa de Gestión Migratoria implica la adopción de medidas de articulación y fortalecimiento desde las distintas instituciones gubernamentales y gubernamentales, buscando garantizar, proteger y promover los derechos de la población migrante, refugiada y colombianos retornados. |
| Ibagué | Mesa | Mesa Municipal de Migraciones | Decreto | Noviembre de 2021 | Atención integral a la población migrante en la ciudad de Ibagué. | |
| Ipiales | Mesa | Mesas de Coordinación y Atención a Población Migrante Venezolana | 710 | 2019 | ||
| La Guajira | Mesa | Mesa de coordinación de asuntos migratorios | Decreto | 171 | 21 de julio del 2021 | La mesa migratoria tiene como objeto la articulación de acciones de protección y promoción de los derechos de la población migrante y la población de acogida. |
| Meta | Mesa | Mesa Migratoria Ciudad de Villavicencio. | Decreto | 124 | Mesa de Migrantes se priorizaron cuatro temas: generación de ingresos, infancia y adolescencia, educación y ruta migratoria. Y con el liderazgo de la Secretaría de Gestión Social se establecerá un plan de trabajo para acciones concretas que garanticen una vida digna a migrantes. | |
| Nariño | Mesa Departamental de migraciones | Decreto | 364 | 2019 | ||
| Nariño | Mesa | Mesa de movilidad humana, Mesa coordinación y atención a población migrante | Decreto | 197 | 6 de octubre de 2021 | Coordinación de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional, entidades territoriales e instituciones gubernamentales y no gubernamentales en aras de propender por la protección y promoción de los derechos de las personas migrantes provenientes de Venezuela. |
| Norte de Santander | Puesto de Mando Unificado de Fronteras | Puesto de Mando Unificado de fronteras Norte de Santander | Decreto | 3888 | 10 de octubre de 2007 | Trabajar de manera articulada para responder a la dinámica y desafíos de la migración en el Departamento, articulando acciones de la institucionalidad y la cooperación internacional con el objetivo de minimizar la contingencia que se presenta en todos los frentes debido al desplazamiento masivo de personas de manera permanente. |
| Norte de Santander | Consejo Departamental | Consejo de atención Departamental integral a la población migrante | Ordenanza | 3 | 31 de mayo de 2017. | Consejo Departamental de Atención Integral a la Población Migrante en Norte de Santander, Ordenanza N°. 003 del 31 de mayo del 2017. Para le I sesión en nov 22 o 23 (por definir) la Secretaría de fronteras y cooperación internacional, junto con la defensoría del pueblo, trabajan el marco de la resolución para crear las mesas migratorias en los siguientes 10mmunicipios: Cúcuta, Villa del Rosario, Los patios (de tránsito), Puerto Santander, Pamplona (de tránsito), Convención, El Carmen, Tibu, Ragonvalia, Toledo, Herrán y Teorama |
| Pasto | Mesa | Mesas de Coordinación y Atención a Población Migrante Venezolana | Decreto | 497 | 2018 | instancia técnica para la articulación de la oferta institucional existente en materia de atención, protección y promoción de los derechos de la población migrantes en el departamento de Nariño |
| Pereira | Mesa | Mesa Migratoria | Decreto | 365 | Junio de 2021 | Mesa Municipal interinstitucional para la población con experiencia migratoria nacional e internacional del Municipio de Pereira |
| Quindío | Consejo | Consejo Departamental de Atención para la Migración | Ordenanza | 3 | 2018 | Promover el desarrollo de acciones focalizadas que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de la población migrante en el departamento. |
| Risaralda | Consejo | Consejo Departamental Migratorio | Ordenanza | 12 | Marzo 2011 | Atención integral de para la migración en el departamento de Risaralda. |
| Santander | Mesa | Mesa de Gestión Migratoria en Santander | Resolución | 10031 | Noviembre de 2020 | Instancia de coordinación y articulación interinstitucional de acciones de acuerdo con las competencias instituciones para la garantía, protección y promoción de los derechos de la población refugiada, migrante y retornada ubicada en el Departamento de Santander, que se articulará con las Mesas municipales y buscará la concurrencia de entidades públicas y privadas, así como internacionales. |
| Soledad | Mesa | Mesa migratoria | Decreto | 153 | 16 de julio de 2021 | La articulación y fortalecimiento de las distintas instituciones gubernamentales para la búsqueda de la garantía, protección y promoción de los derechos de la población migrante, así como su participación e incidencia en la discusión, análisis, formulación e implementación de la política pública de asistencia y atención a la población migrante. |
| Sucre | Subcomisión | Subcomisión Departamental de Atención de Migrantes | Decreto | 717 | Octubre de 2017 | Asesorar, coordinar, e implementar acciones que desarrolle el Estado colombiano encaminadas a la atención de personas migrantes del departamento, en atas de impulsar la política nacional correspondiente a esta población. |
| Valle del Cauca* | Consejo | Consejo Departamental | Ordenanza | 270 | 17 de Diciembre de 2008 | |
| Vichada | Mesa | Mesa de agentes cooperantes | Decreto | 218 | 2 de Diciembre de 2020 | |
| Villavicencio | Mesa | Mesa Gestión Migratoria | Decreto | 124 | 13 de julio de 2021 | Mesa de Migrantes se priorizaron cuatro temas: generación de ingresos, infancia y adolescencia, educación y ruta migratoria. Y con el liderazgo de la Secretaría de Gestión Social se establecerá un plan de trabajo para acciones concretas que garanticen una vida digna a migrantes. |
* En proceso de actualización. Este consejo se creó en el marco del retorno de la población colombiana.
Fuente: Dapre - Oficina Para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante (2022).
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Woldemikael, O., López, S., Uribe, M., & Daly, J. (2022). Superación de obstáculos a la inclusión y la participación de mujeres venezolanas en Colombia. Washington, D.C: Center for the Global Development. Obtenido de https://www.cgdev.org/sites/default/files/overcoming-barriers-venezuelan-womens- inclusion-and-participation-colombia_ESP.pdf
1. Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ0micos/3950.pdf.
2. Antes del ETPV, la estimación de concentración de venezolanos era resultado del cruce de los registros administrativos del Sistema de Información de Registro de Extranjeros (SIRE), Permiso Especial de Permanencia (PEP), Entradas migratorias (Intención de hospedaje) y Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 - DANE. Posterior a la implementación del ETPV, las fuentes de información que se tienen en cuenta para la estimación son: Permiso Especial de Permanencia (PEP), Cédulas de Extranjería, Flujos Migratorios de Entradas y el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos- ETPV. A corte de mayo de 2022, se identificaron 2.191.039 personas con Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) finalizado.
3. La condición o estatus de refugiado está reglamentada en el artículo 2.2.3.1.1.1. del Decreto 1067 de 2015 - Reglamentario del Sector de Relaciones Exteriores - que, en su tenor literal dispone: "[...] ARTÍCULO 2.2.3.1.1.1.
Definición. A efectos del presente capítulo, el término refugiado se aplicará a toda persona que reúna las siguientes condiciones:
a) Que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él;
b) Que se hubiera visto obligada a salir de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente al orden público, o
c) Que haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura u otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes en caso de que se procediera a la expulsión, devolución o extradición al país de su nacionalidad o, en el caso que carezca de nacionalidad, al país de residencia habitual.
4. TMF: Este documento autoriza a los venezolanos el ingreso y tránsito circunstancial por las zonas delimitadas en la frontera colombiana con Venezuela y se crea mediante el Decreto 1743 de 2015.
5. Para esta población se creó el Permiso de Ingreso y Permanencia Tránsito Temporal PIP-TT mediante Resolución 3346 del 21 de diciembre de 2018 como un permiso que se otorga a los ciudadanos extranjeros, que pretendan transitar dentro del territorio nacional, con el fin de hacer conexiones o escalas para abordar algún medio de transporte, ya sea marítimo, terrestre, aéreo o fluvial, para retornar hacia un país de origen o hacia un tercer país, sin el ánimo de establecerse en Colombia.
6. Las entidades con acciones en el PAS del Documento CONPES son: 1. Ministerio de Salud y Protección Social.
2. Instituto Nacional de Salud. 3. Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. 4. Ministerio de Salud y Protección Social. 5. Ministerio de Educación Nacional. 6. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 7. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 8. Ministerio de Relaciones Exteriores. 9. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 10. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 11. Servicio Nacional de Aprendizaje. 12. Unidad de Servicio Público de Empleo. 13. Ministerio de Minas y Energía. 14. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 15. Ministerio del Trabajo. 16. Ministerio del Interior. 17. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 18. Policía Nacional. 19. Ministerio de Defensa Nacional. 20. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 21. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 22. Departamento Nacional de Planeación.
7. Por medio del cual se establece un Régimen Especial y Excepcional para Adquirir la Nacionalidad Colombiana por Nacimiento, para hijos e hijas de Venezolanos en Situación de Migración Regular o Irregular, o de Solicitantes de Refugio, Nacidos en Territorio Colombiano, con el fin de Prevenir la Apatridia.
8. Colombia tiene un sistema de salud basado en el aseguramiento, esto significa que la puerta de entrada a todo el sistema implica estar afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Aun así, es importante aclarar que la prestación del servicio de urgencias se da para todas las personas no afiliadas en el marco de los derechos humanos, y el costo financiero es asumido por las entidades territoriales: los municipios el primer nivel y los departamentos segundo y tercer nivel de complejidad. Para la población migrante, la afiliación al SGSSS solo es posible si se cuenta con un documento válido en el país y el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (Decreto 216 del 2021) ha permitido un proceso de regularización masiva mediante el otorgamiento del Permiso por Protección Temporal (PPT) para esta población (el cual es un documento válido en el país).
9. Ver Decretos 064 de 2020 y 616 de 2022. Con la regularización migratoria de la población migrante venezolana a través del Permiso por Protección Temporal -PPT, el cual es válido como documento para la afiliación en el SGSSS, la afiliación en este sistema, particularmente en el Régimen Subsidiado, se ha incrementado. Este régimen exige que el afiliado esté clasificado según la última metodología disponible del Sisbén. La afiliación se ha venido adelantando de oficio siguiendo lo señalado por el artículo 2.1.5.1.4 del Decreto 616 de 2022, la cual aplica, tanto a migrantes venezolanos como a la población en general. En este sentido, la citada norma que indica que las personas que no cuenten con la clasificación según la última metodología vigente del Sisbén se inscribirán transitoriamente en una EPS del Régimen Subsidiado autorizada para operar en el municipio o distrito de su domicilio, y la persona así afiliada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes debe solicitar la aplicación de la ficha de caracterización socioeconómica del Sisbén ante la Entidad Territorial quien la debe realizar dentro de los cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de afiliación y así determinar el mecanismo de afiliación al SGSSS que corresponda. Si pasados los cuatro (4) meses no se ha aplicado la ficha de caracterización socioeconómica del Sisbén, procede la terminación de la afiliación de oficio, constituyéndose en un riesgo dado que la población migrante venezolana que ha recibido el PPT y ha sido afiliada de Oficio requiere de la aplicación de la citada encuesta, trámite que requiere de la gestión del mismo encuestado quien debe solicitarla, gestión que no realiza, con lo cual la Entidad Territorial respectiva no tiene como iniciar su gestión para realizar la encuesta con la consecuencia de que pasados los cuatro meses aludidos, procede la terminación de la afiliación.
10. Corte 31 de diciembre de cada vigencia. Para 2021 corresponde al corte preliminar. Fuente: Dirección de Planeación - ICBF. Fecha de consulta: 02 de junio de 2022.
11. Presidencia de la Republica con información reportada por las entidades.
12. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.
13. Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4031.pdf.
14. PEP: Se creó como un documento administrativo de control, autorización y registro, que autoriza a los nacionales venezolanos ejercer cualquier actividad u ocupación legal en el país, incluidas aquellas que se desarrollen en virtud de una vinculación o de contrato laboral, sin perjuicio de los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano para el ejercicio de las actividades reguladas.
15. Disponible en https://public.tableau.com/app/profile/migraci.n.colombia/viz/PermisoEspecialdePermanencia-PEP/Inicio
16. Según el Proyecto Migración Venezuela (2020) encontró que de los migrantes encuestados en la Encuesta de Calidad de Vida e Integración de Migrantes Venezolanos en Colombia, solo el 22,5 % tiene entre sus planes retornar a Venezuela.
17. Disponible en https://www.miqracioncolombia.qov.co/infoqrafias/distribucion-de-venezolanos-en-colombia- corte-31-de-enero-de-2021
18. Decreto 216 de 2021 "Por medio del cual se adopta el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos Bajo el Régimen de Protección Temporal y se dictan otras disposiciones en materia migratoria."
19. Ley 2136 de 2021 Por medio de la cual se establecen las definiciones, principios y lineamientos para la reglamentación y orientación de la política migratoria del Estado colombiano - PIM, y se dictan otras disposiciones.
20. Por la cual se crea el Sistema Nacional de Migraciones y se expiden normas para la protección de los colombianos en el exterior.
21. Por medio de la cual se crea la Subcomisión para el Diálogo Social Tripartito en Gestión Migratoria Laboral.
22. Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
23. Disponible para consulta en: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/452/03/PDF/N1845203.pdf7OpenElement
24. Disponible para consulta en: https://www.acnur.org/5c782d124# ga=2.125853197.1 059455999.1 6573744441014285393.1657374444
25. Disponible para consulta en: https://www.state.gov/translations/spanish/declaración-de-los-angeles-sobre-migracion-y-proteccion/
26. https://www.procesodequito.org/es
27. Por medio del cual se adiciona el Título 8 en la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1067 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores, para crear el Sistema Nacional de Cooperación Internacional de Colombia y se dictan disposiciones relacionadas con el desarrollo del mismo.
29. Resolución 2381 de 2021 del Ministerio de Salud y Proyección Social por la cual se fija el valor anual de la Unidad de Pago por Capitación - UPC que financiará los servicios y tecnologías de salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado para la vigencia 2022 y se dictan otras disposiciones.
30. Resolución 1792 de 2021 del Ministerio de Salud, por la cual se determinan los criterios para la asignación de recursos del Proyecto de Inversión con Código BPIN 2020011000097 "Fortalecimiento de la Atención en Salud de la Población Migrante no Asegurada Nacional" para la atención de partos a mujeres migrantes venezolanas no aseguradas y se definen los valores a reconocer por dicha atención.
31. Ruta establecida por el Gobierno nacional en los Decretos 064 de 2020 y 616 de 2022
32. Desde el pasado 5 de marzo de 2021 se encuentra vigente la versión IV del Sisbén (Resolución DNP 553 de 2021) y cuyas disposiciones técnicas, metodológicas y operativas se encuentran en el CONPES 3877 de 2016 y su reglamentación en el Decreto 441 de 2017 (el cual sustituyó el Título 8 del Libro 2 de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015). Actualmente, el Sisbén IV se encuentra en 'fase de demanda', lo que implica que la encuesta se solicita de manera voluntaria para que el municipio en el cual reside la persona atienda esa solicitud y realice la encuesta. En la fase de demanda, un informante calificado del hogar debe solicitar voluntariamente que se le realice la encuesta del Sisbén. Para esto, actualmente existen dos medios. Primero, puede realizar esta solicitud de manera presencial en la oficina municipal del Sisbén, las cuales están presentes en 1.101 municipios del país. Segundo, la solicitud de una nueva encuesta puede realizarse de manera completamente virtual a través del Portal Ciudadano Sisbén (www.portalciudadano.sisben.gov.co), el cual fue lanzado en noviembre de 2021. De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 1176 de 2207 y reglamentado por el Decreto 441 de 2017, la competencia para la aplicación de encuestas del Sisbén recae únicamente en el municipio o distrito. Por tal razón, cuando se recibe la solicitud de la encuesta, el municipio procede a realizar la visita para aplicar la ficha de caracterización, la cual depende de su capacidad operativa, y de factores como el número de encuestadores disponibles, número de solicitudes acumuladas, consideraciones logísticas, priorización de poblaciones especiales, priorización de las solicitudes más antiguas, y otros.
33. El indicador de bajo logro educativo esta medido con relación al promedio de años de estudio de las personas mayores de 15 años que están en un hogar. Si el promedio es menor a 9 años de educación, el hogar se considera privado, en caso contrario no lo estará. Si hay hogares que no tienen población mayor o igual a 15 años se consideran privados.
34. Prerregistros en el sistema del Grupo de Estudios Migratorios y Estadística de Migración Colombia. Información publicada en: https://public.tableau.com/app/profile/m¡grac¡.n.colomb¡a/v¡z/EstatutoTemporaldeProteccin-Prerreg¡stros/Pre-registrosPublichttps://public.tableau.com/app/profile/migraci.n.colombia/i¡z/EstatutoTemporaldeProteccion-Prerregistros/Pre-registrosPublichttps://public.tableau.com/app/profile/migracion.colombia/viz/EstatutoTemporaldeProteccin-Prerreg¡stros/Pre-registrosPublico
35. Estudiantes venezolanos matr¡culados en ¡nst¡tuc¡ones de educac¡ón preescolar, bás¡ca y med¡a (Informac¡ón prel¡m¡nar) https://www.dnp.gov.co/DNPN/observatorio-de-m¡grac¡on/Pag¡nas/Educac¡on.aspx
36. Este indicador se reporta de la población migrante proveniente de Venezuela que menciona estar viviendo hace un año en el municipio de acogida.
37. El IPM para migrantes venezolanos a nivel nacional es del 40,3 %, y para cabecera y centro poblados y rural disperso son del 36,8 % y 60,8 % respectivamente.
38. Acnur. Trata de personas. Disponible en: https://www.acnur.org/trata-y-trafico-de-personas.htmlhttps://www.acnurAcnur.org/trata-y-trafico-de-personas.html
39. Disponible en https://www.mintrabajo.gov.co/empleo-y-pensiones/movilidad-y-formacion/grupo-de-gestion- de-la-politica-de-migracion-laboral/iii.-orientacion-laboral-al-migrante
40. El SENA adelanta la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales 61 alimentación (Proyecto Migración Venezuela, 2021). (Proyecto Migración Venezuela, 2021).
41. Este indicador refleja la presión de la población en edad de trabajar sobre el mercado laboral y es la relación entre la población económicamente activa y la que se encuentra en edad de trabajar.
42. En la inactividad se incluyen todas las personas en edad de trabajar que no se emplean porque no necesitan, no pueden o no están interesadas en realizar una actividad remunerada. La tasa se calcula como la población inactiva con respecto a la PET.
43. El Ministerio del Trabajo creó e implementó el Registro Único de Trabajadores Extranjeros en Colombia (Rutec) por medio de la Resolución 4388 de 2018. Con este registro se pretende recopilar y controlar la información de los trabajadores extranjeros en el país. Todas las entidades o empleadores del sector público y privado que contraten trabajadores extranjeros independientes, trabajadores venezolanos con PEP o Permiso de Protección Temporal, así como el personal administrativo de las embajadas o consulados en Colombia deberán registrarse en esta plataforma.
44. La recomendación general de la CEDAW n° 26 subraya que los Estados están obligados a proteger los derechos básicos de las mujeres migrantes, independientemente de su estatus migratorio.
45. De acuerdo al convenio entre Migración Colombia y Experian, el producto desarrollado para la interconsulta por parte de los bancos y la validación de la información para los migrantes venezolanos permitirá que la tarifa se reduzca de 1.003.000 millones de pesos (Resolución 0247 de 2021) a 363 mil pesos. Para la validación de la información para un colombiano a través de la Registraduría la tarifa está en 74 mil pesos.
46. El Barómetro de Xenofobia es una plataforma que sistematiza, analiza y difunde como información pública el resultado de análisis de conversaciones en Twitter sobre la población migrante en diferentes ciudades de Colombia. El Barómetro recopila información de Twitter, portales web de noticias y medios de comunicación web. Los datos los obtienen a partir de un ejercicio de captura de todas las publicaciones públicas realizadas a través de metodologías de web scrapping.
47. Disponible en https://issuu.com/elderechoanoobedecer/docs/boleti_n_colombia2021
48. El Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo con las funciones establecidas en el Decreto 869 de 2016 y en su Resolución 1318 de 2019 es la entidad responsable de articular las acciones de las distintas entidades del Estado en todos los niveles, en lo que concierne a las relaciones internacionales y la política exterior del país en el ámbito de la cooperación internacional, orientando y formulando la política de cooperación internacional en sus diferentes modalidades y evaluando su ejecución, y, en ese sentido, de coordinar y articular a donantes internacionales, organizaciones internacionales, humanitarias y de cooperación.
49. Puestos de mando Unificados; Comisión Nacional Intersectorial de Migración; Sistema Nacional de Migración; Comisión Intersectorial de lucha contra el tráfico de migrantes; mesas migratorias y mesas de integración regional; Grupo Especial Migratorio (GEM); Mesa Nacional de Sociedad Civil; Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
50. Estas preguntas se reducen según el perfil del grupo poblacional que responde (mujeres, NNA, adultos mayores).
51. Comparabilidad intersectorial hace referencia a la comparación entre sectores y la interseccional permite conocer la presencia simultanea de dos o más características diferenciales de las personas (pertenencia étnica, genero, discapacidad, etapa de ciclo vital, entre otras).
52. Disponible en https://www.migracioncolombia.gov.co/jdownloads/Resoluciones/Resoluciones%20-%202018/Resoluci%c3%b3n%203317%20de%2019-12-2018%20implementa%20nuevo%20t%c3%a9rmino%20PEP%20(3).pdf
53. Disponible en https://www.migracioncolombia.gov.co/jdownloads/Resoluciones/Resoluciones%20- %202018/RESOLUCI%c3%93N%206370%20DEL%2001%20DE%20AGOSTO%20DE%202018.pdf
54. Disponible en https://www.migracioncolombia.gov.co/jdownloads/Resoluciones/Resoluciones%20- %202018/RESOLUCI%c3%93N%202033%20DEL%2002%20DE%20AGOSTO%20DE%202018.pdf
55. Disponible en https://www.migracioncolombia.gov.co/jdownloads/Resoluciones/Resoluciones%20- %202018/Resolucion%2010667%20ampliacion_plazo_pep.pdf
56. Disponible en https://www.migracioncolombia.gov.co/jdownloads/Resoluciones/Resoluciones%20-%202018/RESOLUCION%200740%20DE%202018%20PEP.pdf
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60. Disponible en https://www.migracioncolombia.gov.co/jdownloads/Resoluciones/Resoluciones%20-%202019/RESOLUCI%c3%93N%201465%20DEL%2021-05-2019.pdf
61. Disponible en https://www.migracioncolombia.gov.co/jdownloads/Resoluciones/Resoluciones%20-%202019/Resoluci%c3%b3n%201567%20de%20fecha%2030%20de%20mayo%20de%202019%20-%20Implementa%20UAEMC%20(3).pdf
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