Ley 10 de 1943
LEY 10 DE 1943
(marzo 11)
Diario Oficial No. 25.208, del 11 de marzo de 1943
Por la cual se aprueba una Convención Internacional (Protocolos sobre uniformidad del régimen legal de los Poderes, a la firma de los Estados miembros de la Unión Panamericana, el 17 de febrero de 1940).
EL CONGRESO DE COLOMBIA.
visto el " Protocolo sobre uniformidad del Régimen Legal de los Poderes, abierto a la firma de los Estados miembros de la Unión Panamericana el 17 de febrero de 1940", y que a la letra dice:
"PROTOCOLO
sobre uniformidad del Régimen de los Poderes.
La Séptima Conferencia Internacional Americana aprobó la siguiente Resolución (número XLVIII):
La Séptima Conferencia Internacional Americana
RESUELVE:
1. Que el Consejo Directivo de la Unión Panamericana designe una Comisión de Expertos formada por cinco miembros para que redacte un anteproyecto de unificación de legislaciones sobre simplificación y uniformidad de poderes y personería jurídica de compañías extranjeras, si tal unificación es posible; y en caso contrario, para que aconseje el procedimiento más adecuado para reducir al mínimo posible los sistemas a que responden las distintas legislaciones sobre éstas materias, así como también las reservas de que se hace uso en las convenciones al respecto.
2. El informe será expedido en el año de 1934 y remitido al Consejo Directivo para que éste lo somete a la consideración de todos los Gobiernos de la Unión Panamericana a los efectos preindicados.
La Comisión de Expertos designada por el Consejo Directivo de la Unión Panamericana,de acuerdo con la Resolución arriba transcrita, redacto un proyecto sobre uniformidad del régimen legal de los poderes que se otorgan para obrar en países extranjeros, que fue sometido a los Gobiernos de las Repúblicas americanas por el Consejo Directivo y revisado luego en conformidad con las observaciones de los Gobiernos miembros de la Unión panamericana. Varios de los Gobiernos de las Repúblicas americanas han manifestados que están dispuestos a suscribir los principios de dicho proyecto y a darle expresión convencional, en los términos siguientes:
En los poderes que se otorgan en los países que forman la Unión Panamericana, destinados a obrar en el extranjero, se observarán las reglas siguientes:
1.Si el poder lo otorgare en su propio nombre una persona natural, el funcionario que autorice el acto (Notario, Registrador, Escribano, Juez o cualquier otro a quien la ley del respectivo país atribuyere tal función) dará fé de que conoce al otorgante y de que éste tiene capacidad legal para el otorgamiento.
2. Si el poder fuere otorgado en nombre de un tercero fuere delegado o sustituído por el mandatario, el funcionario que autorice el acto, además de dar fé, respecto al representante que hace el ortorgamiento del poder, delegación o sustitución, de los extremos indicados en el número anterior, la dará también de que él tiene efectivamente la representación en cuyo nombre procede, y de que ésta representación es legítima, según los documentos auténticos que al efecto se le exhibieron y los cuales mencionará específicamente, con expresión de sus fechas y de su origen o procedencia.
3. Si el poder fuere otorgado en nombre de una persona jurídica, además de la certificación a que se refieren los números anteriores, el funcionario que autorice el acto dará fé, respecto a la persona jurídica en cuyo nombre se hace el otorgamiento, de su debida constitución, de su sede, de su existencia legal actual y de que el acto para el cual se ha otorgado el poder está comprendido entre los que constituyen el objeto o actividad de ella. Esa declaración la basará el funcionario en los documentos que al efecto le fueron presentados, tales como escritura de constitución, estatutos, acuerdos de la junta u organismo director de la persona jurídica y cualesquiera otros documentos justificativos de la personería que se confiere. Dichos documentos los mencionará el funcionario con expresión de sus fechas y su origen.
La fe que, conforme al artículo anterior, diere el funcionario que autorice el poder, no podrá ser destruída sino mediante prueba en contrario producida por el que objetare su exactitud.
A este efecto no es menester la tacha por falsedad del documento cuando la objeción se fundare únicamente en la errónea apreciación o interpretación jurídica en que hubiere incurrido el funcionario en su certificación.
No es menester para la eficacia del poder que el mandatario manifieste en el propio acto su aceptación. Esta resultará del ejercicio mismo del poder.
En los poderes especiales para ejercer actos de dominio que se otorguen en cualquiera de los países de la Unión Panamericana, para obrar en otro de ellos, será preciso que se determine el mandato a fin de que el apoderado tenga todas las facultades necesarias para el hábil cumplimiento del mismo, tanto en lo relativo a los bienes como a toda clase de gestiones ante los Tribunales o autoridades administrativas a fin de defenderlos.
En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se confieren con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas, inclusive las necesarias para pleitos y procedimientos administrativos y judiciales referente a la administración.
En los poderes generales para pleitos, cobranzas o procedimientos administrativos o judiciales bastará que se diga que se otorgan con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación o restricción alguna.
La disposición de este artículo tendrá el carácter de regla especial que prevalecerá sobre las reglas generales que en cualquier otro sentido establecerá la legislación del respectivo país.
En cada uno de los países que componen la Unión Panamericana serán válido legalmente los poderes otorgados en cualquiera otro de ellos que se ajusten a las reglas formuladas en este Protocolo, siempre que estuvieren además legalizados de conformidad con las reglas especiales sobre legalización.
Los poderes otorgados en país extranjero y en idioma extranjero podrán dentro del cuerpo del mismo instrumento ser traducidos al idioma del país donde estuvieren destinados a obrar. En tal caso la traducción así autorizada por el otorgamiento se tendrá por exacta en todas sus partes. Podrá también hacerse la traducción del poder en el país donde se ejercerá el mandato, de acuerdo con el uso o la legislación del mismo.
Los poderes otorgados en el país extranjero no requieren como formación previa a su ejercicio la de ser registrados en oficinas determinadas, sin perjuicio de que se practique el registro o la protocolización cuando así lo exija la ley como formalidad especial en determinados casos.
Cualquiera persona que de acuerdo con la ley pueda intervenir o hacerse parte en un procedimiento judicial o administrativo para la defensa de sus intereses, podrá ser, representada por un gestor presente por escrito el poder legal necesario, o de que, mientras no se acredite debidamente la personería, el gestor preste fianza o caución a discreción del Tribunal o de la autoridad administrativa que conozca del negocio, para responder de las costas o de los perjuicios que pueda causar la gestión.
En los casos de poderes formalizados en cualquier país de la Unión Panamericana, con arreglo a las disposiciones que anteceden, para ser ejercidos en cualquiera de los otros países de la misma Unión, los Notarios debidamente constituídos como tales conforme a las leyes del respectivo país, se estimarán capacitados para ejercer funciones y atribuciones equivalentes a las conferidas a los Notarios pos las leyes de (nombre del país), sin perjuicio, sin embargo, de la necesidad de protocolizar el instrumento en los casos a que se refiere el artículo VII.
Lo que en los artículos anteriores se dice respecto de los Notarios, se aplicará igualmente a las autoridades y funcionarios que ejerzan funciones notariales conforme a la legislación de sus respectivos países.
El original del presente Protocolo, en español, portugués, inglés y francés, con la fecha de hoy, será depositado en la Unión Panamericana, y quedará abierto a la firma de los Estados miembros de la Unión Panamericana.
El presente Protocolo entrará en vigor respecto de cada una de las Altas Partes Contratantes, desde la fecha de su firma por dicha Parte Contratante, quedará abierto a la firma de los Estados miembros de la Unión Panamericana, y permanecerá indefinidamente en vigor, pero cualquiera de las Partes puede terminar las obligaciones contratadas por el Protocolo, tres meses después de haber notificado su intención a la Unión Panamericana.
No obstante lo estipulado en el párrafo anterior, cualquier Estado que lo desee, puede firmar ad referendum el presente Protocolo, que en éste caso no estará en vigor respecto de dicho Estado, sino después del depósito en la Unión Panamericana del instrumento de la ratificación conforme a su procedimiento constitucional.
Cualquier Estado que desee aprobar el presente Protocolo con algunas modificaciones podrá declarar antes de su firma la forma en que le dará aplicación.
En fe de lo cual, los infrascritos Plenipotenciarios, despues de haber depositado sus plenos poderes que se han encontrado en buena y debida forma, firman y sellan este Protocolo en nombre de sus respectivos Gobiernos en las fechas indicadas junto a sus firmas.
Este documento ha sido en esta fecha depositado en la Unión Panamericana y abierto a la firma de los Estados miembros de la Unión Panamericana, en conformidad con la resolución del Consejo Directivo de la Unión Panamericana del 3 de enero de 1940.
Washington, D. C., 17 de febrero de 1940.
(F.), L.S. Rowe, Director General de la Unión Panamericana."
Organo Ejecutivo-Bogotá, seis de septiembre de mil novecientos cuarenta.
Aprobada. Sométase a la consideración del Congreso para los efectos
constitucionales.
(Firmado), EDUARDO SANTOS
El Ministro de Relaciones Exteriores.
(Firmado), LUIS LOPEZ DE MESA."
Es copia fiel.
El Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores,
(Firmado), A. GONZALEZ FERNANDEZ",
DECRETA:
ARTICULO UNICO. Aprúebase el Protocolo preinserto sobre uniformidad del régimen legal de los poderes, en los términos que fue firmado por el Plenipotenciario de Colombia el 25 de mayo de 1940, a saber:
"El Plenipotenciario de Colombia firma ad referendum de la aprobación del Congreso Nacional el Protocolo sobre Régimen Legal de los Poderes, haciendo la reserva de que la legislación colombiana consignada en el artículo 2590 del Código Civil, establece qué los Notarios no responden sino de la parte formal y no de la sustancial de los actos y contratos que autorizan:
(Firmado), GABRIEL TURBAY.
Mayo 25 de 1940.
(Sello),"
Dada en Bogotá a venticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres.
El Presidente del Senado,
PEDRO CASTRO MONSALVO.
El Presidente de la Cámara de Representantes,
MOISES PRIETO.
El Secretario de Senado,
JAIME SOTO.
El Secretario de la Cámara de Representantes,
ANDRES CHAUSTRE B.
Organo Ejecutivo-Bogotá, 11 de marzo de 1943.
Publíquese y ejecútase.
ALFONSO LOPEZ
El Secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores,
encargado del Despacho,
A. GONZALEZ FERNANDEZ.