RESOLUCIÓN DEFENSORIAL 9 DE 2001
(mayo 9)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
SOBRE LA SITUACIÓN DE ORDEN PÚBLICO EN LA REGIÓN DE RÍO NAYA
VISTA
La grave situación por la que atraviesa la comunidad que habita la región del río Naya, en zona limítrofe entre los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, en donde se estima la muerte de cerca de 40 personas y el desplazamiento forzado de más de mil habitantes, como consecuencia de los hechos ocurridos entre el 10 y el 13 de abril de 2001, situación que pudo ser constatada en desarrollo de la visita defensorial realizada el 17 de abril del año en curso.
CONSIDERANDO
Primero: Competencia de la Defensoría del Pueblo.
- Es competencia de la Defensoría del Pueblo velar por el ejercicio y vigencia de los derechos humanos, de conformidad con el artículo 282 de la Constitución Política.
- Le corresponde al Defensor del Pueblo hacer las recomendaciones y observaciones a las autoridades y a los particulares en caso de amenaza o violación a los derechos humanos, de acuerdo con el ordinal 3 del artículo 9 de la Ley 24 de 1992.
- Corresponde al Defensor del Pueblo rendir informes periódicos sobre el resultado de sus investigaciones, denunciando públicamente el desconocimiento de los derechos humanos, según lo prescrito en el ordinal 22 del artículo 9 de la Ley 24 de 1992.
- Es atribución de la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas tramitar, de oficio o a petición de cualquier persona, las solicitudes y quejas en forma inmediata, oportuna e informal, y abogar por la solución del objeto de las mismas ante las autoridades y los particulares, de conformidad con el artículo 26, ordinal primero de la Ley 24 de 1992.
- Son competentes para la atención y trámite de las quejas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo primero de la Resolución No.2112 de 1995, las Defensorías Regionales y las Oficinas Seccionales, en el ámbito de su jurisdicción.
Segundo: Acción Defensorial
La Defensoría del Pueblo, por conducto de la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas y de las Defensorías Regionales del Cauca y Valle del Cauca, oportunamente denunció ante las distintas autoridades del orden nacional y departamental los diferentes hechos que marcaron el deterioro del orden público en la región y cuyo hecho más repudiable, hasta la fecha, ha sido la masacre perpetrada en el Alto Naya.
A continuación, se reseñan algunas de las gestiones más relevantes sobre el particular:
1. Frente a la aparición de volantes de las denominadas Autodefensa Unidas de Colombia en los municipios de Cali, Yumbo y Jamundí (Valle del Cauca) el 26 de julio de 1999, la Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio del Interior, al Ministerio de la Defensa y a la III Brigada del Ejército la adopción de medidas para evitar la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de los habitantes de esa región del país. Asimismo, se requirió a la Fiscalía General de la Nación para que adelantara las investigaciones penales pertinentes.
2. En el caso de la incursión violenta de las denominadas autodefensas por las veredas La Ventura y San Francisco del corregimiento de Timba, el 21 de junio de 2000, en donde resultaron 10 personas asesinadas y unas 2.500 desplazadas, la Defensoría hizo los respectivos requerimientos a las autoridades, arriba citadas, y a la Red de Solidaridad Social.
3. Luego de la acción militar de las FARC en las áreas urbanas de los municipios de Santander de Quilichao y Miranda, el 29 de agosto de 2000, esta Entidad solicitó medidas de protección al Ministerio del Interior y a la Fiscalía General de la Nación la investigación penal respectiva.
4. Frente a los hechos ocurridos en la localidad La Balsa, en donde fueron asesinadas 4 personas, al parecer, por parte de las denominadas autodefensas, el 4 de septiembre de 2000, la Defensoría tuvo conocimiento de la desaparición de aproximadamente 30 personas desde esa fecha hasta el 24 de octubre de 2000 y de una posible incursión de ese grupo por las localidades de Timba, La Esperanza, El Ceral y Palo Blanco. Por lo anterior, la Entidad presentó solicitudes de protección y medidas preventivas a los Ministerios del Interior y de la Defensa Nacional y de investigación a la Fiscalía General de la Nación.
5. En el caso de la información recibida, el 9 de noviembre de 2000, acerca de la presencia por más de un año de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia en las localidades de Robles, Villa Paz, Quinamayó, Chagres y Timba y de la posible omisión de las autoridades de Jamundí para contrarrestar sus acciones, esta Entidad requirió a los Ministros del Interior y de la Defensa Nacional y solicitó, igualmente, a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación el inicio de las correspondientes investigaciones.
6. El 10 de noviembre de 2000, la Defensoría solicitó la adopción de medidas de protección a los Ministros del Interior y de Defensa Nacional, a favor de los habitantes de la comunidad indígena perteneciente al Cabildo Páez del Alto Naya, luego de que se recibiera información acerca de la presencia de las denominadas autodefensas en Timba. Asimismo, la Entidad dio traslado de la queja a la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior y se solicitó la correspondiente investigación a la Fiscalía General de la Nación.
7. La Defensoría tramitó una alerta temprana, ante la inminencia de una acción violenta en los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Morales y Cajibío, por parte de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, a través de sus Bloques Calima y Farallones de Cali, el 12 de diciembre de 2000. En consecuencia, se dio traslado de la información, para la adopción de medidas de protección y prevención, a los Ministros del Interior y de Defensa Nacional. De igual forma, se solicitó el inicio de las investigaciones a que hubiese lugar a la Fiscalía General de la Nación. Por último, al Gerente de la Red de Solidaridad Social se le puso en conocimiento de los hechos.
8. El 1o de diciembre de 2000, la Defensoría del Pueblo fue informada sobre el incremento de la presencia y actuaciones violentas de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, en el sur del Valle del Cauca y Norte del Cauca. En consecuencia, se gestionó ante los Ministros del Interior y de la Defensa Nacional la adopción de medidas de protección y se presentó la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Igualmente, se informó de los hechos al Procurador General de la Nación.
9. El 12 de diciembre de 2000, se presentó queja por el asesinado, ese mismo día, del gobernador indígena del Alto Naya, Elías Tróchez. Paralelamente, se comunicó a la Defensoría acerca de la presencia de las denominadas autodefensas en esa zona. La Entidad solicitó la adopción de medidas de protección a los Ministros del Interior y de la Defensa Nacional. De la misma manera, se dio traslado de la comunicación a la Fiscalía General de la Nación y a la Red de Solidaridad Social.
10. El 27 de diciembre de 2000, la Defensoría alertó a los Ministros del Interior, y de la Defensa Nacional, al Director de la Policía Nacional, al Comandante del Ejército Nacional, a los Gobernadores del Cauca y Valle del Cauca, a la Fiscalía General de la Nación y a la Red de Solidaridad Social, sobre el desplazamiento de aproximadamente 6.000 personas de las comunidades indígenas, negras y mestizas del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, debido a las amenazas de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia. De la misma manera, el 28 de diciembre de 2000, una comisión encabezada por el Defensor del Pueblo se desplazó al lugar, para establecer una coordinación interinstitucional a fin de agilizar la ayuda humanitaria para la población afectada.
11. La Defensoría del Pueblo recibió, el 29 de diciembre de 2000, por parte de los cabildos indígenas de la zona norte del departamento del Cauca, Resguardos de Toribío, Canoas, Jambaló y La Paila, la denuncia pública por los asesinatos, las masacres y las amenazas de que han sido víctimas los habitantes de esa zona del país. En la misma comunicación, estas comunidades manifestaron su preocupación por la acusación que se les había hecho de ser colaboradores de la guerrilla, en un caso, y de las autodefensas, en el otro. Por lo anterior, la Defensoría alertó acerca de esta situación a las autoridades del nivel nacional concernidas.
12. El 17 de enero de 2001, la Defensoría alertó a las autoridades pertinentes sobre una posible incursión de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, por los municipios de Tororó y Corinto.
13. El 6 de abril de 2001, la Defensoría recibió una comunicación en la que se denuncia la irrupción de algunos miembros de las denominadas Autodefensas, en el municipio de Cajibío. Como en los casos anteriores, la Entidad dio traslado de la queja a las autoridades competentes.
14. El 11 de abril de 2001, se enviaron de manera urgente los oficios respectivos, a las autoridades civiles y militares del orden nacional, con el fin de alertarlos por la movilización masiva de un grupo, presuntamente de las denominadas autodefensas, desde el municipio de Buenos Aires hacia el Alto Naya, por las localidades de La Esperanza y El Playón. El 16 y 17 de abril de 2001, una comisión encabezada por el Defensor del Pueblo visitó la región, luego de los hechos de violencia ocurridos durante la Semana Santa.
15. La Defensoría del Pueblo conjuntamente con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR, y varios organismos no gubernamentales de derechos humanos del nivel nacional llevó a cabo una visita a la región de El Naya, del 3 al 5 de mayo del año en curso.
Tercero: La región de El Naya
La región del río Naya, ubicada en la zona limítrofe de los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, sobre la cordillera occidental colombiana, es una extensa área de difícil acceso, que está integrada a los Farallones de Cali en su región oriental y a la costa pacífica por el occidente. Desde el punto de vista de su adscripción administrativa, pertenece a los municipios de Buenos Aires, departamento del Cauca, y a los municipios de Jamundí y Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca.
En la actualidad, por la precariedad de la presencia del Estado y de los sistemas de producción y comercialización de los productos, la zona se ha visto afectada, adicionalmente, por un número considerable de hectáreas destinadas a cultivos ilícitos.
La región de El Naya se encuentra habitada en forma preponderante por comunidades indígenas, negras y, en menor medida, por comunidades campesinas.
La zona de cordillera de El Naya está habitada por cerca de 4.000 personas, población que se distribuye, entre otras, en las veredas El Placer, La Vega, Las Brisas, Loma Linda, Sinaí, La Paz, Río Mina, El Playón, Pitalito, El Pital y Río Azul (Cauca) y Las Minas, Miravalle, Santa Helena, El Edén, Pico de Loro, La Playa, Riecito y Ramos Hidalgo (Valle del Cauca).
El corregimiento La Playa es el lugar más céntrico y poblado de la región, allí habitan aproximadamente 1.200 personas, el 95% son indígenas y el 5% negros, siendo la población infantil la mayoritaria.
Para llegar al Alto Naya, vía terrestre, se transita por una carretera que pasa por los poblados de Buenos Aires, Timba y El Ceral y de allí se continúa por un camino de herradura. Aproximadamente a 12 horas, a lomo de mula, se encuentra el corregimiento de La Playa.
Economía
La economía tradicional de los indígenas Paeces que habitan la región de El Naya se basa en pequeños cultivos de plátano, malangana, yuca, maíz, borojó y fríjol. Los indígenas practican, aún, cacería de animales de monte como el guatín, la guagua, el tatabro, el venado y el armadillo y pescan -en el río Naya- zabaletas, barbudos, corvinas y corronchos.
Las actividades tradicionales han venido siendo sustituidas por cultivos ilícitos, en áreas que oscilan entre media y una hectárea por familia. De esta manera, es posible afirmar que la economía indígena actual está basada en la siembra y raspado de la hoja de coca, de lo cual derivan su sustento diario.
La pobreza generalizada, las escasas y precarias vías de comunicación en la región han sido factores determinantes para el auge y permanencia de una economía que gira alrededor de dichos cultivos.
Es oportuno señalar que en la región no existe ninguna política de gobierno encaminada a la sustitución de este tipo de cultivos. El PLANTE, en particular, no tiene contemplada a esta zona dentro de sus programas de sustitución, los cuales se hacen necesarios, teniendo en cuenta los patrones culturales y tradicionales de las comunidades indígenas que participan en dicha actividad.
Territorio
En la zona, el único resguardo conformado como tal es el de La Paila - Naya. El resto del territorio habitado por los indígenas del Alto Naya, aún no ha sido titulado por parte del INCORA. Es necesario señalar que este Instituto adelantó un análisis socioeconómico de la región y, actualmente, se encuentra realizando un estudio de las escrituras que acreditan a la Universidad del Cauca como su propietaria. En una situación similar se encuentra el territorio habitado por las comunidades negras de la zona del pacífico. En la actualidad, éstas adelantan el proceso de titulación colectiva de sus tierras.
El conflicto armado y su influencia sobre la región de El Naya
En la región, las FARC hacen presencia desde hace más de 20 años y actúan de manera intermitente. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, opera desde hace aproximadamente 10 años en la parte alta de la cordillera. Las condiciones topográficas y la ausencia estatal han facilitado esta presencia y las operaciones insurgentes de los diferentes grupos armados.
En la actualidad, se afirma que el ELN ha utilizado la región como ruta de escape y área de habitación de las personas secuestradas en forma masiva, tanto en el caso de la Iglesia La María de Cali, como en los hechos registrados en el kilómetro 18 de la ruta de esa ciudad hacia el mar.
La zona de El Naya constituye también una importante ruta de acceso de los actores armados al pacífico colombiano. Dadas las condiciones de abandono de la región y de baja densidad de población, los diferentes grupos al margen de la ley pueden, más fácilmente, llevar a cabo sus acciones ilícitas, tales como, el tráfico de armas, la comunicación entre diversos frentes armados y la comercialización de productos relacionados con el tráfico de estupefacientes.
Vale la pena señalar que esta ruta permite conectar el pacífico colombiano con la vía Panamericana y, por consiguiente, con el oriente del Valle del Cauca y, hacia el sur, con el Macizo Colombiano.
Por estas razones, entre otras, la zona se ha convertido en un escenario de disputa entre los actores armados, por el dominio territorial. Esta situación permite comprender que los hechos registrados durante los días de la pasada Semana Santa, no son aislados, ni coyunturales, sino que, por el contrario, responden a la dinámica del conflicto en la región y a la estrategia de guerra de los actores armados.
Los indicadores de violencia relacionados con el conflicto armado en la zona, muestran un deterioro creciente en las condiciones de vida de los habitantes del norte del departamento del Cauca y del sur del departamento del Valle del Cauca. Los grupos de autodefensa de escasa presencia en la región hasta hace dos años han ido en forma progresiva fortaleciendo su presencia y propuesta armada en el área.
Todo parece indicar que existe coincidencia entre la práctica de secuestros masivos por parte del Ejército de Liberación Nacional y el fortalecimiento de las autodefensas en la zona, en un intento por alcanzar aliados y ganar el respaldo de sectores de la población, mediante la práctica equivocada del terror contra la misma.
Tasa de Homicidios por cada 100.000 habitantes
Fuente: Policía Nacional, Presidencia de la República.
La evolución de la tasa de homicidio en los municipios de Buenaventura y Santander de Quilichao muestra un cambio drástico entre 1998 y 1999, que constituye el punto de partida del reciente recrudecimiento de la situación de violencia en la zona.
Estas dos localidades marcan la pauta de violencia en la región de El Naya. Las poblaciones ubicadas en las cuencas de los Ríos Naya y Yurumanguí, en el pacífico, reciben la influencia de lo que ocurre en Buenaventura, al punto que sus habitantes temen acudir o buscar amparo en este municipio, como consecuencia de la presencia de autodefensas en el lugar.
De manera similar, Santander de Quilichao (Cauca) constituye el eje de expansión de las autodefensas en el norte del Cauca, desde allí extienden su dominio hacia la subregión comprendida entre Cajibío, Caloto y Buenos Aires.
Homicidios cometidos por actores armados organizados. Jun-Dic 2000
Fuente: DAS. Presidencia de la República.
Como puede apreciarse en el gráfico anterior, desde el mes de agosto de 2000 se presenta un incremento en el número de homicidios cometidos por actores armados organizados, entre los que se encuentran los grupos de autodefensa.
Sobre este particular, es pertinente señalar que en carta abierta, suscrita por las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, el 11 de mayo de 2000, éstas le expresaron al Gobernador César Negret Mosquera, lo siguiente: “tal como le habíamos anunciado públicamente las AUC hemos llegado al departamento del Cauca con nuestro frente de guerra CALIMA. En el día de ayer incursionamos en algunos corregimientos del municipio de Buenaventura en el departamento del Valle, y en otros caseríos pertenecientes al departamento del Cauca, con el resultado de 14 guerrilleros de las FARC dados de baja por nuestras tropas en combate y doce guerrilleros ejecutados de civil. Usted señor Gobernador quien representa la máxima autoridad departamental está fortaleciendo descaradamente a las guerrillas en el departamento del Cauca”.
Posteriormente, se conoció, además del Frente Calima, la existencia del Frente Farallones de las denominadas autodefensas. De esta forma, el fenómeno paramilitar se ha ido extendiendo no sólo por el centro del Valle del Cauca, sino por el occidente, hacia los municipios de Dagua y Buenaventura y hacia el sur, pasando por Jamundí, hasta llegar a los municipios del Norte del Cauca.
Asimismo, en la zona han sido constantes las denuncias sobre presencia de retenes y controles ilegales realizados por las denominadas autodefensas, en especial, sobre las vías que conducen de Santander de Quilichao y de Jamundí a Timba. En la primera de ellas se ha denunciado la presencia de miembros de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia en la vereda San Antonio y en el corregimiento La Balsa. En cuanto a la vía Timba-Jamundí, se ha señalado el punto Verejonal, después del corregimiento de Robles, como sitio de presencia paramilitar.
Los anteriores elementos permiten confirmar que existe una tendencia hacia el deterioro de las condiciones del conflicto armado en la región y que, en consecuencia, el nivel de riesgo para la población es cada vez mayor.
En cuanto a la presencia del Ejército Nacional, éste entró a la zona solo hasta el pasado mes de noviembre, cuando efectuó una operación militar con más de 2.000 hombres, muchos de los cuales permanecieron durante un mes en los alrededores de la comunidad de La Playa.
Luego de este operativo y, al parecer, aprovechando el debilitamiento consecuente de la insurgencia en la zona, las denominadas Autodefensas iniciaron un proceso de fortalecimiento militar en el Alto Naya.
El desplazamiento de diciembre de 2000
Las Autodefensas Unidas de Colombia incursionaron violentamente en el mes de junio de 2000, en un sitio ubicado a 4 kilómetros de Timba, por la vía que de este lugar conduce a la vereda El Ceral. En esa ocasión, sembraron el terror entre los habitantes, al asesinar, sin motivo conocido, a un joven de 17 años y a un campesino del corregimiento El Porvenir.
Desde mediados del año anterior, en forma prácticamente permanente, las denominadas autodefensas han hecho presencia en el corregimiento de Timba. Su retiro ocasional, obedece a la presencia del Ejército Nacional. En noviembre de 2000, se informó a la Defensoría acerca de la existencia de un retén paramilitar en la vía que de Buenos Aires y Santander de Quilichao conduce a la región de El Naya. Desde este lugar se estuvo controlando, por parte de miembros de las denominadas autodefensas, el acceso de alimentos y víveres hacia las comunidades de El Naya.
En el mes de diciembre, las denominadas autodefensas amenazaron a la población del resguardo de La Paila Naya y obligaron a por lo menos 4.000 personas a abandonar el lugar. El desplazamiento se realizó hacia Timba, Santander de Quilichao, Buenos Aires, Caloto y Jamundí.
La llegada de tropas del Batallón Pichincha al corregimiento de Timba, en diciembre de 2000, normalizó en forma temporal la situación de la zona y facilitó el retorno de la población, luego de un proceso de concertación entre las comunidades y algunas autoridades del Gobierno, en medio de unas condiciones de alto riesgo para los habitantes de la zona.
La presencia del Ejército se mantuvo hasta mediados del mes de enero de 2001. Con su salida, nuevamente las denominadas autodefensas hicieron presencia en dicho corregimiento. Las tropas del Ejército reaccionaron frente a esta situación e hicieron presencia nuevamente en el lugar. Sin embargo, el ataque realizado por las FARC al Cerro Tokio, en jurisdicción del municipio de Dagua, Valle, obligó al Ejército a reforzar su presencia en ese punto, con efectivos del Batallón Pichincha. Este hecho facilitó una nueva ocupación del corregimiento, por parte de las denominadas autodefensas, el 10 de marzo pasado.
A mediados del mismo mes, la Fiscalía realizó operaciones en contra de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, en el sitio conocido como La Balsa, como consecuencia de las cuales, fue incautado un vehículo y cuatro personas resultaron retenidas, al parecer vinculadas con esta organización.
La Comisión del 26 de marzo de 2001
Con el fin de efectuar un seguimiento al proceso de retorno y verificar la situación de la región, se llevó a cabo una comisión interinstitucional, de carácter humanitario, entre el 25 y el 28 marzo pasado, la cual estuvo integrada por representantes de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio del Interior, de las Gobernaciones del Cauca y Valle del Cauca y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR.
La comisión pudo constatar la presencia activa de las denominadas autodefensas sobre la vía Timba - El Ceral, específicamente en las veredas La Esperanza y El Porvenir.
La situación registrada por la comisión fue puesta en conocimiento de las autoridades civiles y militares, lo que propició el retorno del Ejército Nacional, el 30 de marzo de 2001.
Los hechos de ocurridos durante la Semana Santa, en abril de 2001
De acuerdo con las informaciones recaudadas, las denominadas autodefensas prepararon la acción, el sábado 7 de marzo, durante una reunión llevada a cabo en el lugar conocido como el Cerro La Teta. La Defensoría tuvo conocimiento de que desde este punto y por la vereda San Miguel, miembros de las denominadas autodefensas ingresaron a la localidad El Ceral y a las veredas Patio Bonito, Río Minas, La Paz y El Placer, con cerca de 500 hombres armados.
Este grupo, entre el 10 y el 13 de abril del año 2001, realizó un recorrido de violencia por toda la región de El Naya, cuyo resultado definitivo aún no ha sido precisado por las autoridades, pero que, de conformidad con las versiones recogidas, deja como saldo la muerte de cerca de cuarenta personas y el desplazamiento forzado de más de 1.000 habitantes de la localidad.
A la fecha, no existe certeza respecto a la forma como se desarrolló el operativo paramilitar. Según una versión de los hechos, los victimarios se movilizaron en un solo bloque. De acuerdo con otra interpretación, dos grupos armados recorrieron senderos diferentes, cada uno de los cuales estaba conformado por 250 miembros.
Es oportuno destacar que los posibles lugares de ingreso a la zona de los hechos se encuentran ubicados en las inmediaciones del corregimiento de Timba, localidad que contaba, entonces, con la presencia de efectivos de las Fuerzas Militares.
El día 11 de abril, fue asesinada una menor en la vereda El Ceral, ubicada a una hora de Timba, en automóvil por carretera destapada. De allí, los hombres armados continuaron su camino hacia la vereda Patio Bonito, lugar en donde fue asesinada otra mujer. Los miembros de las autodefensas prosiguieron su recorrido de terror hacia las veredas Río Minas, La Paz y El Placer, situadas a más de 12 horas a pie, de la vereda El Ceral.
En el sitio Río Minas, los hombres reunieron a la población, la amenazaron y le ordenaron que anunciaran que ese territorio era propiedad de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia y que éstas no estaban dispuestas a abandonarlo.
Aunque de acuerdo con algunas versiones, el número de muertos asciende a cuarenta, sólo ha sido posible verificar la muerte de 22 personas. El Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, por su parte, ha llevado a cabo 20 diligencias de levantamiento de cadáveres.
De acuerdo con la información obtenida por la Defensoría, algunos cuerpos fueron arrojados a los abismos y otros a los ríos de la región que desembocan en el río Cauca. Según las versiones, algunas víctimas fueron desmembradas con motosierra. No existe información precisa acerca de señales de torturas y vejámenes en los cuerpos de las víctimas.
Finalmente, el sábado 13 de abril, las denominadas autodefensas abandonaron la zona. El domingo de ramos, hizo su arribo la Fuerza Pública hasta el sitio conocido como La Silvia, distante, aproximadamente, 10 horas a pie de las veredas en donde se presentó el mayor número de víctimas.
Como consecuencia de estos hechos, numerosas familias se vieron forzadas a desplazarse hacia Timba, Jamundí, Cali, Santander de Quilichao y Buenaventura, muchas de las cuales tuvieron que fraccionarse en el momento del desplazamiento.
Resulta oportuno reiterar que luego de efectuado el proceso de retorno de la población de El Naya, a mediados de enero del presente año, las autoridades y entidades acompañantes de las comunidades efectuaron actividades de seguimiento y verificación de las condiciones de atención y seguridad en la zona. Estas labores permitieron advertir el riesgo y vulnerabilidad de las comunidades, al igual que sus necesidades de ayuda humanitaria. No obstante, la acción desplegada fue insuficiente para alcanzar una adecuada coordinación interinstitucional, que permitiera adoptar las medidas necesarias para que los riesgos advertidos pudieran ser evitados efectivamente.
Finalmente, es preciso advertir que se ha vuelto práctica común el hecho que los grupos armados al margen de la ley aprovechen puentes festivos, períodos de vacaciones y fines de semana para llevar a cabo sus acciones violentas en contra de la población civil.
Actuación de las autoridades frente a los hechos de abril
Teniendo en cuenta la dimensión del operativo desplegado por las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia y la alerta transmitida de manera urgente a las autoridades civiles y militares, el miércoles 11 de abril por la Defensoría del Pueblo, resulta evidente la debilidad del Ejército para reaccionar de manera inmediata, ante la presencia de los grupos armados al margen de la ley, en una zona fuertemente golpeada por el accionar violento de las denominadas Autodefensas, como puede apreciarse fácilmente, de la descripción, arriba detallada. Y aunque la Fuerza Pública se encontraba en la región, no se adoptaron oportunamente las medidas necesarias para evitar el cruento desenlace de Semana Santa.
Para la Defensoría del Pueblo, resulta inexplicable la forma cómo aproximadamente 500 hombres de las autodefensas pudieron realizar una movilización de estas características, sin ser advertidos, más aún cuando la zona por donde se estima incursionaron los hombre armados al área, se encuentra situada a 20 minutos del corregimiento de Timba, lugar en donde está ubicada la base del Ejército Nacional, desde el 30 de marzo del año en curso.
Por otra parte, la Defensoría ha comprobado la ausencia de compromiso por parte del Alcalde de Buenos Aires, Cauca, quien en las dos ocasiones de desplazamiento masivo ha omitido sus obligaciones para con la población desplazada por la violencia. En efecto, el Alcalde no convocó al Comité Municipal de Atención a la Población Desplazada por la Violencia y no ha dado cumplimiento a los dispuesto en el Decreto 2569 del 12 de diciembre de 2000, por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 387 de 1997, en cuanto a la adopción de medidas para prevenir y atender el desplazamiento de la población.
Cabe resaltar, que la primera autoridad estatal, diferente del Ejército Nacional, que arribó a la zona, una semana después de ocurridos los hechos, fue la Defensoría del Pueblo. Lo anterior significa que, al momento de la visita defensorial, la población aún no había recibido la ayuda humanitaria de emergencia prevista en la ley 387 de 1997, ni se había iniciado el trámite para la atención integral a los desplazados, previsto en el Decreto 2569 de 2000.
De otro lado, durante la visita efectuada el 16 de abril pasado, la Defensoría del Pueblo recibió una invitación de la comunidad del Alto y del Bajo Naya, perteneciente a los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, para llevar a cabo una comisión interinstitucional en la región donde ocurrieron los hechos.
Por último, la Defensoría del Pueblo tuvo conocimiento de la retención de 73 personas, presuntamente, miembros de las denominadas autodefensas que participaron en los hechos de violencia, arriba descritos. Las mismas se encuentra a disposición de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, en las ciudades de Palmira y Bogotá.
La Comisión Preparatoria de mayo de 2001
La Defensoría del Pueblo aceptó la invitación presentada por las comunidades de la zona y conjuntamente con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR y varios organismos no gubernamentales de derechos humanos del nivel nacional, llevaron a cabo, del 3 al 5 de mayo del año en curso, una visita a la región de El Naya.
Los organismos participantes conformaron dos subcomisiones. La primera debía ingresar a la zona, pasando por Jamundí, Santander de Quilichao, Timba y El Ceral, hasta llegar, de ser posible, a La Playa y a El Playón. La segunda debía tomar los ríos Naya y Yurumanguí, pasando por Buenaventura y Puerto Merizalde, y visitar los distintos caseríos que integran la región.
Miembros de las dos subcomisiones se entrevistaron, efectivamente, con las autoridades civiles y militares, con los representantes de la Iglesia, con los voceros comunitarios y con los testigos de los hechos. El objetivo de esta visita fue, en principio, verificar lo sucedido y determinar las condiciones de la población.
Es necesario advertir que no fue posible llevar a cabo la inspección de toda la región, por la brevedad del término previsto para la visita, por las difíciles condiciones naturales de acceso a la zona y por los precarios niveles de seguridad en algunos de sus lugares.
No obstante, la comisión pudo verificar en el lugar, la lenta respuesta de las distintas autoridades, en materia de protección y atención humanitaria de la población víctima de los hechos. Este hecho ha reforzado el temor de la población, que se siente aún más vulnerable.
Asimismo, la comisión constató la urgente necesidad de brindar asesoría jurídica a los familiares de las víctimas, con el fin de que éstas puedan acceder a las indemnizaciones y al apoyo económico previsto en la ley.
De igual manera, gracias al trabajo preparatorio adelantado, se puso de presente la urgencia de conformar una comisión que pueda ingresar a toda la región, con el fin de escuchar a los habitantes y acompañar a estas comunidades.
Finalmente, la comisión pudo establecer que tan sólo hasta el sábado 5 de mayo, cuando la comisión preparatoria salía de la región, comenzó a llegar la ayuda humanitaria, coordinada por la Red de Solidaridad Social.
RESUELVE
PRIMERO. RECOMENDAR al Comando General de las Fuerzas Militares llevar a cabo una evaluación de los mecanismos de inteligencia militar en la región de El Naya, zona de alto riesgo para la población civil, por la presencia de grupos armados al margen de la ley.
SEGUNDO. EXHORTAR a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional para que, en desarrollo de su misión constitucional y por razones humanitarias, ante la disyuntiva que pueda surgir entre las operaciones de ataque a los grupos armados al margen de la ley y las acciones directas de protección a la población civil, se privilegie esta última labor.
TERCERO. SOLICITAR a las autoridades civiles de la región de El Naya, diseñar y adoptar, conjuntamente con las autoridades militares y de policía, un plan preventivo en el que se dispongan los mecanismos de coordinación y respuesta institucional articulada, en caso de incursiones, ataques y amenazas contra la población civil, durante los puentes festivos y la época de vacaciones, fechas durante las cuales, los grupos armados al margen de la ley han incrementado sus actuaciones violentas en contra de la población civil.
CUARTO. REQUERIR a las autoridades civiles de los municipios de Buenos Aires y Santander de Quilichao en el departamento del Cauca y de Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca, así como a los Gobernadores de los dos Departamentos, para que, conjuntamente con la Red de Solidaridad Social, determinen la posibilidad de establecer puntos de albergue temporal, concertados con las comunidades, que faciliten la protección y la atención de la población desplazada por la violencia.
QUINTO. DEMANDAR a los Gobernadores de los departamentos del Valle del Cauca y del Cauca, en coordinación con la Red de Solidaridad Social y las autoridades civiles y militares, el diseño y la puesta en marcha de un mecanismo permanente de seguimiento y verificación de las condiciones de riesgo en la zona.
SEXTO. APREMIAR a los señores Alcaldes Municipales de las zonas en donde se desarrolla la confrontación armada, para que en forma oportuna convoquen a los Comités Municipales de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, a efecto de que se establezcan las medidas encaminadas a la prevención de los hechos generadores de desplazamiento y a la adopción de los planes de contingencia para la atención de la población vulnerada, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 387 de 1997 y en su Decreto Reglamentario 2569 de 2000.
SÉPTIMO. ENCARGAR a la Oficina de Coordinación para la Atención del Desplazamiento, con la colaboración de las Defensorías Regionales del Cauca y del Valle del Cauca, y con el apoyo de la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas, la conformación inmediata de una comisión interinstitucional, con el fin de que inicie una estrategia de acompañamiento permanente a las comunidades de la región de El Naya.
Dicha comisión debe procurar, en primera instancia, llegar a toda la región y con la participación de las comunidades, determinar sus necesidades más sentidas, a efectos de propiciar la intervención y gestión de las autoridades, a través de planes y programas de desarrollo.
En desarrollo de su misión, la comisión, en coordinación con las instancias comprometidas en el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia y con los organismos no gubernamentales que hacen presencia en la región, determinará los mecanismos idóneos para visitar los sitios más afectados por la violencia y las estrategias para la protección de la población y el desarrollo de la región.
OCTAVO. INVITAR a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Colombia, a la Procuraduría General de la Nación, al Ministerio del Interior, a la Vicepresidencia de la República y la Red de Solidaridad Social, para que se vinculen a la comisión prevista. Asimismo, SOLICITARLES estudien la viabilidad de participar en los mecanismos y estrategias que se adopten, con el fin de ejercer una presencia permanente en la zona.
NOVENO. CONMINAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que, en desarrollo del trabajo que viene adelantando en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas -ACNUR, agilice la labor de documentación de los habitantes de la región.
DÉCIMO. RECOMENDAR al PLANTE la inclusión de la región de El Naya dentro de sus políticas y programas de sustitución de cultivos ilícitos.
DÉCIMO PRIMERO. SOLICITAR a la Procuraduría General de la Nación evaluar los hechos expuestos en esta Resolución y, si es del caso, abrir la correspondiente investigación preliminar, por la posible omisión de funciones por parte del señor Alcalde del municipio de Buenos Aires, departamento del Cauca.
DÉCIMO SEGUNDO. SOLICITAR a las Defensorías Regionales del Cauca y Valle del Cauca brindar asesoría a los familiares de las víctimas y, de ser necesario con la asistencia de la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales, a efecto de facilitarles su acceso a los programas que sobre el particular tiene previsto la ley.
DÉCIMO TERCERO. TRASLADAR esta Resolución a las autoridades nacionales competentes, así como a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Naciones Unidas con sede en Colombia y a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Colombia, para los fines en ella establecidos.
DÉCIMO CUARTO. ENCARGAR a la Oficina de Coordinación para la Atención del Desplazamiento, con la colaboración de las Defensorías Regionales del Cauca y de Valle del Cauca, y con el apoyo de la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas el seguimiento de la presente Resolución.
DÉCIMO QUINTO. INCLUIR la presente Resolución Defensorial y su seguimiento en el Informe Anual ante el Congreso de la República previsto en el artículo 282 numeral 7 de la Constitución Política.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Defensor del Pueblo
