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Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal

Contiene corte suprema de justicia - autos y sentencias expedidas por la entidad seleccionada, organizadas por orden cronológico.

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Autos y sentencias

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2020

CSJ SCP AP762_2020(56911) de 2020

[Resumen automatizado: La Sala dirime la colisión negativa de competencia suscitada entre los Juzgados Único Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Villavicencio y Primero de Bogotá para conocer del proceso de extinción de dominio adelantado respecto del vehículo con placa BCI-731, en el cual figuran como afectados Diego Parra Romero y Luis Alfredo Huependo Díaz. || 5.- La actuación correspondió al Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de esa ciudad, cuya titular, mediante auto del 31 de julio de 2019,[5] rehusó la competencia toda vez que «(...) las agencias judiciales (Juzgados de Extinción de Dominio) creadas por la Ley 1708 de 2014, fueron instituidas para la aplicación exclusiva de ese compendio y el Acuerdo PSAA16-10517 de 2016, constituye la regulación de dicha normatividad»; de manera que en el sub judice la autoridad llamada a administrar justicia es uno de los despachos homólogos de Bogotá, en tanto la resolución de procedencia se dictó bajo la regulación de la Ley 793 de 2002.]

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2019

CSJ SCP AP5399_2019(56762) de 2019

[Resumen automatizado: La Corte define la colisión negativa de competencia suscitada entre los Juzgados Penal del Circuito Especializado de Barranquilla y 2° Penal del Circuito de la misma categoría de Bogotá, ambos de Extinción de Dominio, para conocer del proceso que se adelanta contra varios bienes de propiedad de WILLIAM ZAMBRANO WATSON, MARCOS ALBERTO ZAMBRANO WATSON, MORLE ESTHER WATSON MAYERS y PAOLA LIÑAN SALAZAR. || En auto del 3 de mayo de 2019 indicó que siguiendo el derrotero jurisprudencial trazado por la Corte Suprema de Justicia en decisión de radicado Nro. 52.776, la norma que determina la competencia en el presente asunto es la establecida en el artículo 11 de la Ley 793, modificada por el artículo 79 de la Ley 1453 de 2011, según la cual: «corresponderá a los Jueces Penales del Circuito Especializados de Extinción de Dominio de Bogotá, proferir sentencia de primera instancia que resuelva sobre la extinción de dominio, sin importar la ubicación de los bienes». || 2. En el presente asunto, la Sala debe determinar a cuál de los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Extinción de Dominio de Barranquilla o Bogotá, le corresponde conocer del proceso de extinción de dominio adelantado respecto de varios bienes de propiedad de WILLIAM ZAMBRANO WATSON, MARCOS ALBERTO ZAMBRANO WATSON, MORLE ESTHER WATSON MAYERS y PAOLA LIÑAN SALAZAR.]

CSJ SCP AP5397_2019(56564) de 2019

[Resumen automatizado: Se pronuncia la Sala sobre la colisión negativa de competencia suscitada entre el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Villavicencio y su homólogo 2º de Bogotá, los cuales rehúsan conocer del asunto y proferir el correspondiente fallo, dentro del trámite de extinción de dominio adelantado respecto de los bienes que figuran a nombre de OSCAR ALFONSO AREVALO SERNA y ZULY GIMENA OLARTE ZAMORA. || 1. Esta Corte es competente para definir la colisión de competencias planteada entre el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Villavicencio y su homólogo 2º de Bogotá, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 75 de la Ley 600 de 2000. || Así las cosas, para la Sala, los Juzgados Penales de Circuito Especializados de Extinción de Dominio del territorio nacional están habilitados para conocer de las actuaciones de esa naturaleza, aun cuando la legislación que rija su trámite sea anterior a aquella que ordenó su creación. || Entonces, como acertadamente lo refirió el Juzgado 2° Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá, la resolución de inicio del trámite de extinción de dominio contra los inmuebles de propiedad de OSCAR ALFONSO AREVALO SERNA y ZULY GIMENA OLARTE ZAMORA fue proferida el 28 de septiembre de 2009, esto es, en vigencia de la normativa en cita, antes de la promulgación de la Ley 1453 de 2011.]

CSJ SCP AP5225_2019(56572) de 2019

[Resumen automatizado: La Corte dirime la colisión negativa de competencias suscitada entre el Juzgado 2° Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Antioquia y su homólogo de Bogotá, para conocer del proceso que se adelanta contra unos bienes de los ciudadanos MARIO PRADA COBOS, ALIRIO DE JESÚS HENAO JARAMILLO, CARLOS ALBERTO HOYOS ÁLVAREZ, JOSÉ WALTER LOZANO MURILLO, FRANCISCO JAVIER SILVA VALLEJO, EDUARDO MARIO GALEANO DORIA y JUAN CAMILO RÍOS RESTREPO. || El 30 de marzo de 2009[1], por las causales 1ª y 2ª del artículo 2 de la Ley 793 de 2002, la Fiscalía 6ª Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos profirió resolución de inicio de dicho trámite sobre varios inmuebles, vehículos y sociedades comerciales pertenecientes a los señores MARIO PRADA COBOS, ALIRIO DE JESÚS HENAO JARAMILLO, CARLOS ALBERTO HOYOS ÁLVAREZ, JOSÉ WALTER LOZANO MURILLO, FRANCISCO JAVIER SILVA VALLEJO, EDUARDO MARIO GALEANO DORIA y JUAN CAMILO RÍOS RESTREPO[2]. || Por reparto, la causa correspondió al Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado en Extinción de dominio de Bogotá, el cual, por auto de 25 de octubre hogaño[10], argumentó que los bienes objeto de la acción se encuentran en Córdoba y Antioquia y la resolución de inicio fue emitida el 30 de marzo de 2009, por lo que la norma aplicable es la Ley 793 de 2002, como lo indicó esta Sala de Casación en providencia AP5012-2018.]

CSJ SCP AP4804_2019(56393) de 2019

[Resumen automatizado: La Sala decide el impedimento manifestado por el doctor Óscar Hernando García Ramos, Juez Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Neiva, para conocer de la actuación que se adelanta sobre los semovientes propiedad de MILLER MEDINA CARDOZO, AGLAIDE BRAND AMU, JOSÉ EDGAR GUAZA MINA, JUAN JAIRO GUAZA MOSQUERA, MELQUISEDEC DUSSAN LOZADA, MELIDA VALDERRAMA, MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA JIMÉNEZ, ELBER MEDINA TRUJILLO, WILLIAM GUAZA MINA, WILLIAM FERNANDO GUAZA ALARCÓN, LUZ DEYSI PLAZA, EDGAR MEDINA ARAUJO, MERY ARAUJO, NELLY NAIDU RIVERA ALDANA, JUAN ANDRÉS GUAZA CABEZAS, JOHAN ANDRÉS VARGAS SOTO, KARTEWIS USECHE ARIAS, ADER ANDRÉS GUAZA CABEZAS y JOHAN ANDRÉS GUAZA SOTO. || En el presente caso, el doctor Óscar Hernando García Ramos, Juez Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Neiva, precisó que al resolver la solicitud elevada por los afectados, referente al control de legalidad sobre las medidas cautelares impuestas por la Fiscalía General de la Nación, comprometió su objetividad para definir de fondo el asunto, por lo cual invocó la circunstancia prevista en el numeral 6º del artículo 99 de la Ley 600 de 2000, la cual reza:]

CSJ SCP AP4103_2019(56160) de 2019

[Resumen automatizado: La Sala se pronuncia en relación con la competencia para ejercer el control de legalidad de los actos de investigación desarrollados por la Fiscalía General de la Nación, en el proceso de extinción de dominio del establecimiento de comercio "The Epica House", propiedad de Fabio Hernán Quiroz Sosa. || En primer lugar, debe reseñarse que en virtud de lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley 1708 de 2014, el legislador había previsto una regla de remisión normativa en eventos no consagrados en la ley de extinción de dominio, puntualizando que durante la fase inicial de investigación el trámite debía acogerse a los postulados de la ley 906 de 2004, excepto en lo relativo a los controles judiciales por parte del juez de garantías o de la Dirección Nacional de Fiscalías: || PRIMERO: DEFINIR que la competencia para ejercer el control de legalidad de los actos de investigación efectuados por la Fiscalía General de la Nación en el proceso de extinción de dominio adelantado contra el establecimiento de comercio "The Epica House", corresponde a los Jueces Penales Municipales con Función de Control de Garantías de Cartagena (Reparto).]

CSJ SCP AP4100_2019(56395) de 2019

[Resumen automatizado: Los juzgados penales de circuito especializados de extinción de dominio creados por el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo PSAA16-10517, están habilitados para conocer actuaciones de esa naturaleza adelantadas bajo una legislación anterior -Ley 793 de 2002 a la que ordenó su creación Ley 1708 de 2014 . || Como bien lo refirió el Juzgado 3° Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá, la resolución de inicio del trámite de extinción de dominio contra los inmuebles de propiedad de Hélmer Herrera Buitrago, alias «Pacho Herrera» (q.e.p.d.), y otros, fue proferida el 29 de junio de 2004, adicionada por las resoluciones de 21 de julio, 28 y 30 de septiembre, todas de 2004, esto es, en vigencia de la normatividad señalada, antes de la promulgación de la Ley 1453 de 2011. || 7. Así las cosas, se dispondrá la remisión inmediata de la actuación con destino al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Cali, dado que la normatividad que regenta este asunto es la Ley 793 de 2002 y los bienes perseguidos están adscritos al círculo registral de esa ciudad, donde está aquella autoridad facultada para conocer sobre la misma.]

CSJ SCP AP3842_2019(56056) de 2019

[Resumen automatizado: En el presente caso, expone el Juez Óscar Hernando García Ramos que, al resolver la solicitud elevada por los afectados, referente al control de legalidad sobre las medidas cautelares impuestas por la Fiscalía General de la Nación al inmueble objeto de extinción de dominio, su objetividad está comprometida para definir de fondo el asunto, por lo cual invocó la circunstancia prevista en el numeral 6º del artículo 99 de la Ley 600 de 2000, la cual reza: || Vistos los presupuestos anteriores acerca de las circunstancias en que al funcionario judicial en virtud de su competencia funcional- le está permitido tramitar y resolver de fondo un determinado proceso, cabe concluir que, en este asunto, el hecho de que el Juez Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Neiva, doctor Óscar Hernando García Ramos, hubiese definido la solicitud de control de legalidad sobre las medidas cautelares que impuso la fiscalía al referido predio de manera adversa a los intereses de los afectados, no le impide que ahora, como fallador singular de primer grado, siga ventilando el asunto y dicte sentencia, inclusive.]

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2018

CSJ SCP SP2430_2018(45909) de 2018

[Resumen automatizado: 9. Recurrida esa decisión por el representante de la Fiscalía[17] y los defensores de los procesados[18], el 20 de enero de 2015 la Sala Penal del Tribunal Superior de Riohacha lo revocó parcialmente para i) condenar a Dilber Alfonso Barros Vanegas y Orlando Antonio Vergara Valencia por el punible de extorsión, en calidad de cómplices, a las penas principales de noventa y seis (96) meses de prisión y cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo período que la privativa de la libertad y ii) modificar las sanciones impuestas a Mariela Milena Ceballos Sarmiento y fijarlas en doscientos dieciséis (216) meses de prisión y novecientos (900) salarios mínimos legales mensuales vigentes como consecuencia de la condena adicional por el concurso homogéneo de extorsiones agravadas. || Para sustentar tal postura, el censor reproduce un fragmento de la sentencia de segunda instancia en la que el ad quem afirma que Reinaldo del Prado refirió en el juicio que i) Bula Soto lo llamaba al celular de Barros Vanegas, quien también estaba siendo extorsionado y ii) Pablo Salgado, quien justamente es la víctima de este proceso, por igual servía de puente para que Bula se comunicara con él, solo que, aquél denunció, mientras Dilber Barros y Orlando Vergara «con pleno conocimiento y dejando "doblegar su voluntad" accedieron por "beneficio propio" a realizar una serie de conductas las cuales los ubican como cómplices del delito de extorsión»[33].]

CSJ SCP AP5012_2018(52776) de 2018

[Resumen automatizado: 2. El 8 de octubre de 2010, para atender tal solicitud y con fundamento en las previsiones de la Ley 793 de 2002, una Fiscalía adscrita a la Unidad Nacional Antinarcóticos profirió resolución por la cual dio inicio a la fase inicial del trámite de extinción de dominio sobre las mencionadas propiedades y ordenó el recaudo de algunas pruebas, tras considerar que «la orden de decomiso dispuesta por las autoridades norteamericanas...no tiene efectos vinculantes en nuestro país»[2]. || 2. En vigencia de la Ley 793 de 2002, la Fiscalía Once de la Unidad Nacional Antinarcóticos profirió la resolución de 8 de octubre de 2010, mediante la cual dispuso «adelantar fase inicial» del proceso de extinción de dominio sobre los cuatro bienes inmuebles referenciados en la Orden Final de Decomiso proferida contra JAMES CIFUENTES DÍAZ por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York[8]. || 4. Con base en el anterior razonamiento, la Sala reitera que, como el proceso de extinción de dominio que se adelanta sobre los bienes de JAMES CIFUENTES DÍAZ fue iniciado en vigencia de la Ley 793 de 2002 y tiene por base la causal prevista en el numeral 2º del artículo 2° de la misma, modificado por la Ley 1453 de 2011, debe continuarse su diligenciamiento con apego a esa normatividad y, por consecuencia, compete a la Fiscalía General de la Nación tramitarlo.]

CSJ SCP AP4349_2018(53848) de 2018

[Resumen automatizado: Procede la Corte a resolver el conflicto negativo de competencias suscitado entre el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Neiva y su homólogo de la ciudad de Cali, para conocer del proceso de extinción de dominio adelantado respecto del vehículo de placas PEO-367, clase camioneta, de propiedad de ALBERTO FERNÁNDEZ CORREA. || 5. Correspondió el asunto al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Pereira, el cual mediante auto de 31 de julio de 2018 se declaró incompetente para conocer del proceso extintivo, toda vez que, en su parecer, debía adelantarse en la ciudad de Neiva, atendiendo que el vehículo fue inmovilizado en San Vicente del Caguán, que corresponde a la circunscripción territorial de esa ciudad, según acuerdo PSAA16-10517 de 2016. || 1. Obedeciendo a la remisión ordenada por el artículo 26 de la Ley 1708 de 2014, de aplicar el procedimiento reglado en la Ley 600 de 2000, el cual a su vez dispone en el numeral 4° del artículo 75 que a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le corresponde conocer de las colisiones de competencia que se susciten entre juzgados de diferentes distritos judiciales, procede la Corte a definir cuál es el juzgado que debe conocer del juicio de extinción de dominio, adelantado respecto de un bien mueble de propiedad de ALBERTO FERNÁNDEZ CORREA.]

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2017

CSJ SCP STP18232_2017(94910) de 2017

[Resumen automatizado: Se pronuncia la Sala acerca de las impugnaciones interpuestas por la accionante JUAN DAVID SEPÚLVEDA VARGAS y la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia Corantioquia-, contra el fallo de tutela de 28 de septiembre de 2017, proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, mediante el cual le negó el amparo de sus derechos fundamentales de petición, trabajo, educación y familia, presuntamente vulnerados por la Procuraduría General de la Nación, así como que tuteló la garantía fundamental al debido proceso, vulnerado por la citada Corporación, en actuación que vinculó a los Juzgados 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y 19 Penal del Circuito de Conocimiento de Medellín y a la Caja de Compensación Familiar de Antioquia COMFAMA-. || 1. Pretende JUAN DAVID SEPÚLVEDA VARGAS por vía constitucional, se le ordene a la Procuraduría General de la Nación no reportar en sus antecedentes las anotaciones judiciales que se registran a su nombre en razón de la sentencia condenatoria que le fue impuesta por el Juzgado 19 Penal del Circuito de Conocimiento de Medellín, por el delito de empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos agravado, toda vez que ya fue declarada extinta, pues considera que ello lesiona sus derechos fundamentales al trabajo y educación, en tanto le impide acceder al programa gubernamental Estado Joven.]

CSJ SCP AP7847_2017(51646) de 2017

[Resumen automatizado: Procede la Corte a resolver el conflicto negativo de competencias suscitado entre el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Pereira y su homólogo de la ciudad de Barranquilla, para conocer del proceso de extinción de dominio adelantado respecto de varios bienes inmuebles de propiedad de JOEL YANNICX ROJAS VILLADIEGO, VITALIA MARÍA YEPES ARAQUE, LUIS MIGUEL TORRADO OSPINO, entre otros. || 1. Obedeciendo a la remisión ordenada por el artículo 26 de la Ley 1708 de 2014[7] de aplicar el procedimiento reglado en la Ley 600 de 2000, el cual a su vez dispone en el numeral 4° del artículo 75 que a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le corresponde conocer de las colisiones de competencia que se susciten entre juzgados de diferentes distritos judiciales, procede la Corte a definir cuál es el juzgado que debe conocer del juicio de extinción de dominio, adelantado respecto de varios bienes inmuebles de propiedad de JOEL YANNICX ROJAS VILLADIEGO, VITALIA MARÍA YEPES ARAQUE, LUIS MIGUEL TORRADO OSPINO, entre otros. || 4. En este asunto, el requerimiento de extinción de dominio presentado por la Fiscalía Tercera Especializada ED involucra 35 bienes inmuebles de propiedad de JOEL YANNICX ROJAS VILLADIEGO, VITALIA MARÍA YEPES ARAQUE, LUIS MIGUEL TORRADO OSPINO, entre otros, ubicados en diferentes distritos judiciales.]

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2016

CSJ SCP AP8035_2016(49295) de 2016

[Resumen automatizado: En consecuencia, el despacho competente se determina según los dictados del artículo 11 de la Ley 793 de 2002, el cual dispone, en lo pertinente, que: "Corresponderá a los Jueces Penales del Circuito Especializados de Extinción de Dominio de Bogotá, proferir la sentencia de primera instancia que resuelva sobre la extinción de dominio, sin importar el lugar de ubicación de los bienes". || En ese orden de ideas, en su concepto, es competente el juez especializado en extinción de dominio del distrito judicial donde se encuentren los bienes (artículo 35), en este caso el de Cali, porque el inmueble sobre el que se ejerce la acción se localiza en el municipio de Ipiales (Nariño), que hace parte de su comprensión territorial según el Acuerdo PSAA16-10517 del Consejo Superior de la Judicatura. || Así lo quiso el legislador al expedir el Código de Extinción de Dominio Ley 1708 de 2014-, buscando descentralizar la función judicial, en tanto, la competencia recaía de manera exclusiva en los despachos judiciales de la ciudad de Bogotá, toda vez que únicamente en esta ciudad habían sido creados los juzgados penales del circuito especializados de extinción de dominio, circunstancia que conducía a que ellos, independientemente del lugar de la ubicación del bien denunciado, impulsarán la fase del juzgamiento y emitieran la correspondiente sentencia.]

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2015

CSJ SCP SP2192_2015(38635) de 2015

[Resumen automatizado: Decide la Sala el recurso extraordinario de casación interpuesto por el defensor del Mayor del Ejército Nacional, JAVIER BECERRA HERRERA, contra la sentencia de segundo grado de 9 de septiembre de 2011 mediante la cual el Tribunal Superior de San José de Cúcuta revocó parcialmente la emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Ocaña, que sólo lo había condenado como autor del delito de falsedad ideológica en documento público, para declarar también su responsabilidad penal en los ilícitos de homicidio agravado en concurso con lesiones personales. || Transcribe lo dicho por el otrora capitán BECERRA HERRERA en la audiencia pública y los soldados en sus indagatorias, para concluir que ellos protegían a la comunidad y los oleoductos en lugares con presencia subversiva, por ello, aquél enterado del cobro de extorsiones o «vacunas», acudió con sus hombres en un camión prestado por un señor de apellido Urquijo, que había sido víctima de ese hecho delictivo quien no asistió al juicio por terror, y como nadie sabía conducir lo hizo el propio Capitán, se puso una camiseta de civil, mientras sus subalternos iban ocultos en la carrocería tras la carpa, al acercarse a la vereda La Cecilia otro conductor lo enteró de lo mismo y ya en el caserío cuando vio a un sujeto que salió a su encuentro haciéndole el gesto con la mano propio de parar el carro que coetáneamente desenfundó un arma de fuego, disparó primero el militar impulsado por el miedo insuperable.]

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2010

CSJ SCP 32585(12_05_10) de 2010

[Resumen automatizado: Manifestó el censor que el objetivo de la impugnación extraordinaria es que la Corte Suprema de Justicia unifique la jurisprudencia en torno al miedo insuperable como causal excluyente de responsabilidad en el delito, eximente que en el presente caso fue negada por los jueces de instancia con el argumento que el acusado actuó sin que mediara esa situación cuando se dirigió hacia donde se hallaba la víctima, sin considerar que la defensa planteó que ese ánimo o estado emocional de temor se debe reconocer ante la manifestación del ofendido quien expresó “matemos a este hijueputa”. || Se tergiversó la declaración rendida por Amparo Muñoz Quiceno quien afirmó que observó a Luis Gonzaga Ortega Obando y al procesado Rubiel Rodríguez Zapata forcejeando con las manos, que ella en ningún momento vio machete en poder del primero, sin embargo el ad quem negó la existencia de la legítima defensa cuando de lo aseverado por la declarante se infiere que entre los contrincantes sí se reflejaba un altercado o controversia que finalizó con un hecho de sangre.]

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