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Corte Constitucional - Autos

Contiene corte constitucional - autos y sentencias expedidas por la entidad seleccionada, organizadas por orden cronológico.

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Autos

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2022

Auto A-966 de 2022

[Resumen automatizado: Considera que la sentencia C-408 de 2021, al declarar inexequible parcialmente el artículo 8º del Decreto Ley 415 del 26 de febrero de 1979, «viola el Debido Proceso al dejar a los trabajadores afectados sin defensa, los cuales son representados por sus sindicatos a quienes no se les puso en conocimiento el proceso de inconstitucionalidad de la norma en comento, de conformidad al artículo 1º y 7º de la ley 2067 de 1.991, el cual expresa éste último en su segundo inciso lo siguiente: “En el auto admisorio de la demanda se ordenará fijar en lista las normas acusadas por el término de diez días para que, por duplicado, CUALQUIER CIUDADANO LAS IMPUGNE O DEFIENDA. || Destacó que la solicitud es improcedente toda vez que en este proceso el sindicato tuvo la oportunidad de intervenir dentro del término de fijación en lista y sus argumentos no cumplen los presupuestos establecidos para que proceda la nulidad de la sentencia a que alude el demandante, específicamente, los requisitos formales de oportunidad, de legitimación y de carga argumentativa.]

Auto A-962 de 2022

[Resumen automatizado: Entonces: ¿Los procesos judiciales adelantados en ejercicio del mecanismo de control de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los 4 meses indicados por el Consejo de Estado (desde la firmeza del auto que en cada caso inaplicó los artículos 23 y 45 de la Ley 2080), pueden seguir tramitándose sin necesidad de solicitar alguna nulidad ni nueva notificación del fallo con responsabilidad fiscal? || Por su parte, el segundo numeral, sobre el cual recae la solicitud de aclaración, se ocupa de tres materias, a saber: i) otorga efectos retroactivos a la declaratoria de inconstitucionalidad; ii) hace explícita la reviviscencia de las disposiciones vigentes antes de la promulgación de la Ley 2080 de 2021 y iii) establece las consecuencias jurídicas de la modulación de los efectos en el tiempo de la decisión, respecto de los procesos de control automático e integral de fallos con responsabilidad fiscal que a) se encontraban en curso al momento de notificación de la Sentencia o b) que, para la misma fecha, contaran con sentencia ejecutoriada; || En segundo lugar, las tres situaciones que, en criterio del solicitante, fueron omitidas por la Corte en la parte resolutiva de la Sentencia y que vía petición de aclaración deben ser incorporadas a ella, constituyen una forma de ampliar el alcance de la decisión, y no de desambiguar su contenido.]

Auto A-896 de 2022

[Resumen automatizado: Para el efecto, la ponente recalcó que los Autos 121 de 2018 y 486 de 2020 adjudicaron en el INPEC y en el Ministerio de Justicia y del Derecho, la responsabilidad de garantizar que los órganos de control, las entidades y organizaciones que contrastan los informes semestrales de seguimiento al ECI, tuvieran la posibilidad permanente y oportuna de ingresar a los ERON y acceder a la información sobre el sistema penitenciario y carcelario. || Adicionalmente: (i) ordenó a ambas entidades informar las medidas adoptadas para cumplir las órdenes duodécima del Auto 121 de 2018 y décima del Auto 486 de 2020; y, (ii) ofició a la CSSC, a la Defensoría del Pueblo, a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación, para que refirieran: (a) si reconocían algún protocolo de ingreso a los ERON; y (b) si, en ejercicio de su rol en el seguimiento, identificaban barreras de acceso a los mismos. || El Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria[10], reiteró que “es el INPEC la entidad competente para dar respuesta, ya que es quien tiene el control de acceso a los establecimientos y a la información sobre las condiciones de habitabilidad de la población privada de la libertad, toda vez que ejerce su custodia y vigilancia”[11].]

Auto A-878 de 2022

[Resumen automatizado: 3. Este asunto le correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Turbo, el cual rechazó la competencia para conocer del caso, mediante auto del 20 de abril de 2022. || De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que, en el presente caso, se configuró un conflicto aparente de competencia, porque el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Turbo invocó erróneamente las reglas de reparto contenidas en el Decreto 333 de 2021 al declararse incompetente para conocer de la acción de tutela interpuesta contra el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Turbo. || Como ya ha sido señalado en el auto 091 de 2022, al hacer esto, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Turbo perdió de vista que dicha normativa no desplaza su competencia para conocer de la acción de tutela y que, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, en este caso no se configuró un reparto caprichoso. || En virtud de lo anterior, esta Corte dejará sin efectos el auto del 20 de abril de 2020, proferido por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Turbo, mediante el cual se declaró incompetente para conocer de la acción de tutela.]

Auto A-875 de 2022

[Resumen automatizado: 4. El asunto de la referencia satisface los anteriores presupuestos porque: (i) el conflicto positivo se suscita entre una autoridad judicial que hace parte de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad penal, y otra de la jurisdicción especial indígena; (ii) la Sala constata que existe una controversia entre el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Mocoa (Putumayo) y la Jurisdicción Especial Indígena, representada por el Resguardo Indígena Yanaconas Pancitará. || 7. A partir de esa disposición, la Corte ha interpretado que la JEI comprende: “(i) la facultad de las comunidades de establecer autoridades judiciales propias; (ii) la potestad de conservar o proferir normas y procedimientos propios; (iii) la sujeción de los elementos anteriores [(i) y (ii)] a la Constitución y la Ley; (iv) la competencia del Legislador para señalar la forma de coordinación ínter jurisdiccional, sin que, en todo caso, (v) el ejercicio de la jurisdicción indígena esté condicionado a la expedición de la ley mencionada”. || Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena dirimirá el presente conflicto positivo de jurisdicciones en el sentido de determinar que el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Mocoa (Putumayo) es la autoridad competente para conocer del proceso penal adelantado en contra del señor Ramón Eduardo Jiménez López por la presunta comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.]

Auto A-854 de 2022

[Resumen automatizado: Entre otras disposiciones, esa decisión ordenó: (i) al INPEC, diseñar e implementar un mecanismo de seguimiento para proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad a propósito del impacto del COVID-19 en los establecimientos penitenciarios y carcelarios del orden nacional y, categorizar los ERON según su nivel de afectación por COVID-19; (ii) a la Defensoría del Pueblo, elevar�las solicitudes de libertad condicional o medidas sustitutivas de la privación de la libertad que resulten procedentes, ante las autoridades judiciales; (iii) al Consejo Superior de la Judicatura, adoptar medidas de priorización de las audiencias sobre solicitudes de libertad y otorgamiento de medidas sustitutivas a la prisión; (iv) al INPEC y la USPEC, adecuar espacios de aislamiento sanitario que garanticen condiciones dignas de reclusión para la población privada de la libertad, disponer las medidas necesarias para garantizar las visitas familiares e íntimas y las visitas de verificación de los organismos de control y de la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil y, garantizar el suministro constante de agua en los centros de privación de la libertad.]

Auto A-849 de 2022

[Resumen automatizado: En segundo lugar, la norma demandada privó a la Rama Judicial de la competencia para el cobro de las multas que se declaran a su favor a título de pena accesoria impuesta por los jueces penales, lo cual es contrario a su autonomía e independencia. || Respecto del cargo por violación de los principios de autonomía judicial y separación de poderes por incumplimiento de las condiciones para la atribución de funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas concluyó que incumplió la certeza, pertinencia y suficiencia. || PRIMERO.- CONFIRMAR PARCIALMENTE el Auto del 13 de mayo de 2022, proferido por la Magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, en cuanto rechazó los cargos por violación de la atribución excepcional de funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas, separación de poderes y autonomía judicial y del principio de racionalidad mínima en la actividad legislativa, en la demanda presentada por el ciudadano Leonardo Téllez Lozano contra el parágrafo del artículo 42 de la Ley 599 de 2000, introducido por el artículo 6° de la Ley 2197 de 2022 “por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones”.]

Auto A-792 de 2022

[Resumen automatizado: Conforme a esa disposición, la jurisprudencia de este Tribunal ha decantado que la misma comprende: “(i) la facultad de las comunidades de establecer autoridades judiciales propias; (ii) la potestad de conservar o proferir normas y procedimientos propios; (iii) la sujeción de los elementos anteriores [(i) y (ii)] a la Constitución y la Ley; (iv) la competencia del Legislador para señalar la forma de coordinación ínter jurisdiccional, sin que, en todo caso, (v) el ejercicio de la jurisdicción indígena esté condicionado a la expedición de la ley mencionada.[17]”. || A partir del reconocimiento constitucional de esta jurisdicción especial, se activa el derecho de los integrantes de las comunidades indígenas de contar con un fuero que implica ser juzgado por las autoridades, normas y procedimientos propios al interior de su ámbito territorial, de manera que se garanticen la cosmovisión y la conciencia étnica del individuo[19], así como la diversidad cultural y valorativa[20].]

Auto A-742 de 2022

[Resumen automatizado: Las referidas autoridades indígenas también aportaron el acta número 10 de la comunidad indígena de Loma Baja, en la cual se discutió el caso de José Harry García Garibán y se acordó solicitar a la Corte Constitucional que “se conceda adelantar este asunto ante la jurisdicción especial indígena y sea su juez natural […] en virtud de la autonomía y determinación de los pueblos indígenas, conforme a los artículos 7, 10 y 246 de la Constitución Política de 1991 y bloque de constitucionalidad”. || La Sala encuentra acreditado, el presupuesto subjetivo en el presente asunto, por cuanto la controversia fue promovida por dos autoridades que administran justicia, a saber: (i) el Juzgado 37 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá y (ii) las autoridades del Resguardo Indígena de Loma Baja, Loma Alta, Laguna Niñal y Cocuy, quienes actúan en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. || Como se reiteró, cuando en el análisis del elemento objetivo se advierte que el asunto implica una posible conducta de especial nocividad para la sociedad mayoritaria, el estudio del elemento institucional debe ser más riguroso, en particular, con relación a la garantía de los derechos de las víctimas cuando estas son sujetos de especial protección como mujeres y menores de edad.]

Auto A-710 de 2022

[Resumen automatizado: Conflicto de competencia suscitado entre la Sala Constitucional del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán (Cauca) y el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de la misma ciudad. || Se configuró un conflicto aparente de competencia, toda vez que la Sala Constitucional del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán tomó las reglas de reparto contenidas en el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, para abstenerse de asumir el conocimiento del asunto y emitir un pronunciamiento de fondo. || La autoridad competente para resolver la acción de tutela de la referencia es aquella que recibió en primer término la solicitud, esto es, la Sala Constitucional del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán. || 8. Finalmente, se advertirá a la Sala Constitucional del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán que, en lo sucesivo, debe observar con estricto rigor la jurisprudencia de esta Corte sobre los conflictos de competencia en materia de tutela. || ADVERTIR a la Sala Constitucional del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán que, en lo sucesivo, debe observar con estricto rigor la jurisprudencia de esta Corte sobre los conflictos de competencia en materia de tutela.]

Auto A-674 de 2022

[Resumen automatizado: A partir de esa disposición, la Corte ha interpretado que la JEI comprende: “(i) la facultad de las comunidades de establecer autoridades judiciales propias; (ii) la potestad de conservar o proferir normas y procedimientos propios; (iii) la sujeción de los elementos anteriores [(i) y (ii)] a la Constitución y la Ley; (iv) la competencia del Legislador para señalar la forma de coordinación ínter jurisdiccional, sin que, en todo caso, (v) el ejercicio de la jurisdicción indígena esté condicionado a la expedición de la ley mencionada”. || En este punto es pertinente destacar que, en todo caso, al margen de la relevancia que debe asignarse al factor institucional, el elemento objetivo cuenta con un peso importante en la toma de decisiones, pues aun cuando determinada conducta se considere muy gravosa para la sociedad mayoritaria, el juez que resuelve el conflicto no puede ignorar la cosmovisión que un pueblo étnico tiene en relación con las conductas que causan desarmonía al interior de la comunidad indígena o de las cuestiones que deben ser resueltas por la administración de justicia.]

Auto A-584 de 2022

[Resumen automatizado: Mediante auto de 11 de julio de 2018 la Sala de Seguimiento en aras de contar con elementos de juicio actualizado, le solicitó al Ministerio de Salud que respondiera ciertos interrogantes en relación con el cumplimiento de la orden décima sexta[147], relativos a las herramientas desarrolladas por la cartera de salud para: (i) superar la falta de médicos especialistas; (ii) evitar el sobrecupo en los servicios de urgencia II y III en el nivel de atención; (iii) disminuir el tiempo promedio de asignación de citas; (iv) garantizar la continuidad en el tratamiento de los pacientes con enfermedad de alto costo; (v) asegurar la prestación de servicios en forma oportuna, eficazmente y con calidad a la población que habita en zonas dispersas; (vi) disminuir negaciones por parte de las EPS; (vii) para la consulta en forma sencilla por parte de los usuarios del sistema del ranquin de EPS e IPS y, (viii) referente a la prescripción de servicios por parte de las EPS.]

Auto A-581 de 2022

[Resumen automatizado: Conflicto de jurisdicción suscitado por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá. || Sin embargo, ante la discordancia entre sus razonamientos y lo manifestado por la defensa técnica, ordenó el envío del expediente a la Corte Constitucional para que dirimiera el conflicto de jurisdicciones. || La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia entre jurisdicciones, de conformidad con el artículo 241.11 de la Constitución, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015. || El Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá propuso directamente el conflicto de jurisdicción ante la Corte Constitucional. || En el presente asunto, la Sala verifica que�no se configuró un conflicto de jurisdicción, lo que implica la necesidad de adoptar una providencia inhibitoria, ordenar el envío del expediente al juzgado de origen para lo de su competencia y, para que comunique la presente decisión a los interesados. || PRIMERO.- Declararse INHIBIDA para resolver sobre el conflicto de jurisdicción suscitado por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, por incumplirse el presupuesto subjetivo para su configuración. || SEGUNDO.- Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-1866 al Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados.]

Auto A-539 de 2022

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales y, particularmente, de la facultad prevista en el artículo 60A de la Ley 270 de 1996 “Ley Estatutaria de Administración de Justicia”, procede a resolver el recurso de reposición que presentó el señor Harold Eduardo Sua Montaña contra el Auto 190 del 24 de febrero de 2022. || A su vez, las solicitudes impertinentes truncan y retrasan la notificación y publicidad de la decisión que se toma; (ii) el señor Sua Montaña conoce desde el 16 de abril de 2021 la postura de esta Corporación respecto de la interpretación que ha hecho el peticionario sobre el trámite de los impedimentos, en consecuencia no es cierto que el ciudadano haya cumplido con lo ordenado en la Sala Plena, pues ha insistido en imponer su interpretación respecto de un trámite que no existe; (iii) por regla general no proceden recursos o solicitudes de nulidad en contra de autos de trámite.]

Auto A-527 de 2022

[Resumen automatizado: “i) ¿al expedir las providencias judiciales censuradas, el juzgado accionado incurrió en los defectos fáctico y sustantivo, alegados por el actor en su escrito de tutela, al no haber aceptado sus razones para negarse a posesionar en el cargo de abogado de oficio? || ii) ¿la autoridad judicial demanda incurrió en defecto por violación directa de la Constitución al desconocer los derechos a ejercer la libertad de profesión u oficio y la objeción de conciencia del accionante, al designarlo en el cargo de abogado de oficio por amparo de pobreza y negarse a reconocer su rechazo, aun cuando aseguró que estaba en plan de retiro del ejercicio profesional y que el medio de control pretendido era inviable?”. || Resaltó que, según esa decisión, las sentencias de tutela adolecen de nulidad cuando: (i) una Sala de Revisión cambia la jurisprudencia de la Corte; (ii) hay una incongruencia entre la parte motiva y la resolutiva que hace incomprensible la decisión adoptada; (iii) la sentencia se contradice abiertamente; (iv) la decisión carece por completo de fundamentación; (v) arbitrariamente la Sala deja de analizar asuntos trascendentales para el sentido de la decisión.]

Auto A-501 de 2022

[Resumen automatizado: Según esa disposición, la jurisprudencia de este Tribunal ha decantado que aquella comprende: “(i) la facultad de las comunidades de establecer autoridades judiciales propias; (ii) la potestad de conservar o proferir normas y procedimientos propios; (iii) la sujeción de los elementos anteriores [(i) y (ii)] a la Constitución y la Ley; (iv) la competencia del Legislador para señalar la forma de coordinación ínter jurisdiccional, sin que, en todo caso, (v) el ejercicio de la jurisdicción indígena esté condicionado a la expedición de la ley mencionada”. || En conclusión, para determinar la configuración del fuero indígena y activar la competencia de la jurisdicción especial indígena en un caso concreto, se debe realizar un análisis ponderado de los factores referidos a que: i) se acredite la pertenencia del sujeto a una comunidad indígena; ii) haya un nexo territorial entre el lugar donde ocurrieron los hechos y el territorio de asentamiento o desenvolvimiento de la cultura de la comunidad; iii) las autoridades indígenas cuenten con la capacidad para impartir justicia y iv) se constate que el bien jurídico a proteger o el asunto a decidir corresponda a los intereses particulares de la comunidad o, si por el contrario, este tiene un impacto prevalente para el conglomerado social.]

Auto A-496 de 2022

[Resumen automatizado: A través de auto del 11 de julio de 2018[115] se requirió al MSPS para que informara, entre otras cosas, las razones por las que disminuyó la oferta de servicios habilitados[116] en las ZGD; el indicador de la relación población-oferta de servicios de salud a nivel nacional y el mínimo recomendado por la OMS; número de personas que se afiliaron al RS y cuantas no, pese cumplir con los requisitos; cantidad de residentes que entre los años 2015 a 2018 perdieron su capacidad de pago para cotizar al RC y quedaron fuera del SGSSS; afiliados que entre el 2015 y 2018 pasaron del RC al RS; razones por las que las ZGD contaban con una baja relación de oferta de servicios respecto a su población; medidas por implementar para aumentar número de camas para adultos y niños, servicios de atención de quirófanos y sala de urgencias ambulatorias y EPS en ZGD; razones por las que Guainía era uno de los territorios que reportó menor porcentaje de oferta de servicios y resultados del plan piloto adelantado en el departamento citado.]

Auto A-466 de 2022

[Resumen automatizado: En esa oportunidad, el Juzgado 62 Administrativo del Circuito de Bogotá Sección Tercera sostuvo que la jurisdicción contencioso-administrativa no era competente para conocer el caso y propuso conflicto negativo de jurisdicciones. || Fundamentó su decisión en las siguientes razones: (i) aunque de conformidad el artículo 104 del CPACA, la jurisdicción de lo contencioso administrativo debe conocer las actuaciones originadas en hechos en que se encuentren involucradas entidades de derecho público, en este caso el estudio de fondo versa sobre la tenencia de un bien.; (ii) en este caso los demandados han ocupado el bien desde hace 48 años y por su propia cuenta, sin el consentimiento del propietario. || 2.3.1 Sobre el presupuesto subjetivo: la Corte lo encuentra satisfecho toda vez que el conflicto se suscita entre el Juzgado 46 Civil Municipal de Bogotá (autoridad de la jurisdicción ordinaria) y el Juzgado 62 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá Sección Tercera (autoridad de la jurisdicción contencioso-administrativa). || 2. En concordancia con lo anterior, la Sala dirime el presente conflicto de jurisdicción en el sentido de determinar que el Juzgado 46 Civil Municipal de Bogotá es la autoridad competente para conocer del proceso.]

Auto A-337 de 2022

[Resumen automatizado: 5. Finalmente, también le advertirá al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, Sala Civil, Familia y Laboral, -autoridad judicial que remitió el expediente a esta Corporación- que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018. || ADVERTIR al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, Sala Civil, Familia y Laboral -autoridad que remitió el expediente a esta Corporación- que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.]

Auto A-275 de 2022

[Resumen automatizado: Respecto de las exigencias materiales de admisibilidad o cargas de argumentación, el magistrado advirtió que los cargos en contra de los artículos 12, 29, 44 y 94 tampoco cumplieron con los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, debido a que: (i) el demandante no planteó "de manera clara las razones por las cuales la norma demandada es contraria al artículo 12 Superior, ni por qué desconoce el derecho al debido proceso, los derechos de los niños y los convenios internacionales vigentes"[23]; (ii) el requisito de certeza supone verificar que la demanda "recaiga sobre proposiciones jurídicas reales que surjan de las normas acusadas, y no simplemente deducidas por el demandante"[24], y en este caso, el demandante solo expuso razones personales; (iii) "los argumentos tampoco satisfacen el requisito de especificidad en la medida en que la formulación de los cargos de la demanda no resulta precisa, sino que se fundamentan en razones abstractas"[25], por ejemplo, en referencias abstractas a los modelos de justicia restaurativa en el mundo y en la inversión del Estado "en el modelo punitivista que predomina en algunos países del tercer mundo"[26]; (iv) "los argumentos no cumplen con el requisito de pertinencia"[27], porque el demandante fundamentó el cargo "a partir de su situación personal"[28], relacionada con su condena por "narcotráfico y concierto para delinquir"; además, sostuvo que dicha condena se basó en "interceptaciones telefónicas, sin ningún tipo de prueba pericial o cotejo de voz que permita probar [su] culpabilidad"[29] y, por último, (v) "la argumentación es insuficiente para generar una duda mínima de constitucionalidad". || Por último, el magistrado Lizarazo Ocampo señaló que (i) los cuestionamientos del demandante al Auto de Rechazo de 17 de marzo de 2021 "no brinda[n] argumentos para generar una duda mínima en relación con la admisión de la demanda"[34] y que, en todo caso, (ii) esta Corte no tiene competencia para "la estructuración legal de [la] demanda".]

Auto A-263 de 2022

[Resumen automatizado: Precisó que dentro del expediente existe un informe del 28 de enero de 2019 que indica que el Juzgado Sexto Penal Militar condenó al señor Peralta Arredondo por el delito de centinela y compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia. || De conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional está facultada para dirimir los conflictos de competencia entre las distintas jurisdicciones. || Específicamente sobre el primer presupuesto, en el Auto 282 de 2021, al resolver un caso análogo, la Corte sostuvo que “cuando no se está ante esa contradicción, es impropio concluir la presencia de un conflicto de competencia entre jurisdicciones o de competencia dentro de una misma jurisdicción. || Nótese que ante la solicitud del abogado defensor del señor Fabián Andrés Peralta Arredondo, el Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá dio trámite a una supuesta colisión de jurisdicciones y remitió el asunto a esta Corte, sin mediar pronunciamiento de alguna autoridad de la Jurisdicción Penal Militar en el sentido de reclamar o negar la competencia para asumir el proceso descrito con anterioridad. || REMITIR�el expediente CJU-1419 al�Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados.]

Auto A-149 de 2022

[Resumen automatizado: La Defensoría apoyó su solicitud en los siguientes argumentos: a) la elección y posesión de Zarwawiko Torres Torres trajo consigo un conflicto interno, pues parte de la población consideró que no se tuvo en cuenta la Ley de Origen y que existieron actos de presión y empleo de procedimientos violentos para imponer decisiones arbitrarias[3]; b) instituciones de orden local, regional y nacional (no se especifica cuáles) han injerido indebidamente en el pueblo y agudizado el conflicto[4]; c) la elección desconoció las recomendaciones emitidas en la circular conjunta (Ministerio del Interior y Ministerio de Salud) número 15 de dos mil veinte (2020)[5]; d) la decisión de la Alcaldía de Valledupar y de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, de registrar a Zarwawiko Torres Torres como Cabildo Gobernador a pesar de las advertencias hechas por miembros acrecentó el conflicto interno y puso en riesgo a la comunidad indígena. || Los mamos y autoridades tradicionales de Numa'ka y Seykúmuke y las autoridades de Nabusímake-Umunukunu lamentaron la suspensión de la audiencia pública del trece (13) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) y manifestaron que la intervención de la Corte Constitucional no constituye una vulneración de los principios de autonomía y autodeterminación, porque existen perturbaciones que impiden aplicar la justicia propia para restablecer, autónomamente, el orden, la armonía y la unidad afectada por las actuaciones de Zarwawiko Torres Torres[79].]

Auto A-120 de 2022

[Resumen automatizado: En audiencia del 12 de julio de 2021, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Barrancabermeja decidió la apelación en el sentido de (i) declarar la inhibición para decidir respecto de la falta de jurisdicción, por ser un asunto que le correspondería, en principio, a la Corte Constitucional; y (ii) confirmar la decisión de primera instancia respecto de la nulidad del proceso. || Aun cuando el abogado defensor del señor Sergey Villareal Miranda no compareció a la diligencia, sí remitió un correo electrónico al despacho, en el que insistió en la falta de competencia de la autoridad judicial y solicitó expresamente remitir el asunto a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que resolviera lo que, en su criterio, era un conflicto entre jurisdicciones con la Justicia Penal Militar. || Particularmente porque en este caso, aunque existe un pronunciamiento sobre la competencia de la Jurisdicción Ordinaria, en concreto por parte del Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías y de Conocimiento de Barrancabermeja, lo cierto es que no existe ninguna manifestación por parte de la Jurisdicción Penal Militar mediante la cual reclame o niegue su competencia para asumir el proceso penal seguido en contra de Jhan Carlos Ramos Torres y Sergey Villareal Miranda.]

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2021

Auto A-970 de 2021

[Resumen automatizado: En esa medida, este despacho requerirá al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para que, en el término de un (1) día siguiente a la notificación de esta providencia, cumplan lo ordenado en el Auto del 15 de octubre de 2021, que establece que dichas entidades: “(i) informarán si, con ocasión de los escritos radicados por la peticionaria el 17 de agosto y 2 de septiembre de 2021, y de los cronogramas de trabajo incluidos en ellos, se ha habilitado el acceso de aquella Comisión a la información y a las instalaciones de los centros penitenciarios, en condiciones de seguridad y bioseguridad, y (ii) referirán detalladamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ello ha ocurrido” || Del mismo modo, el despacho oficiará a la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sentencia T-388 de 2013, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, para que, en el término de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia, suministren información sobre las eventuales barreras de acceso a la información y posibles limitaciones al ingreso a los establecimientos penitenciarios que pueden haber encontrado en la labor de contraste que desarrollan en el marco de este seguimiento.]

Auto A-812 de 2021

[Resumen automatizado: Esta última providencia adoptó las siguientes órdenes: (i) diseñar un mecanismo de seguimiento para proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad a propósito del impacto del COVID-19 en los establecimientos penitenciarios y carcelarios del orden nacional; (ii) implementar la categorización de los establecimientos de reclusión del orden nacional, según su nivel de afectación por el COVID-19; (iii) adoptar medidas de priorización de las audiencias sobre solicitudes de libertad y otorgamiento de medidas sustitutivas a la prisión, por parte del Consejo Superior de la Judicatura; (iv) solicitó al INPEC contar con espacios de aislamiento sanitario que garanticen condiciones dignas de reclusión para la población privada de la libertad; (v) adoptar las medidas necesarias para garantizar las visitas familiares e íntimas y las visitas de verificación de los organismos de control y la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil; y, (vi) solicitó al INPEC y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-, garantizar el suministro constante de agua en los centros de privación de la libertad.]

Auto A-602 de 2021

[Resumen automatizado: La presunta vulneración de los derechos invocados se presentó con ocasión de la decisión del Inpec de suspender las visitas de familiares, amigos y abogados en el centro penitenciario desde marzo de 2020 por la COVID-19. || A través de Auto del 4 de agosto de 2021, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Tunja le requirió al Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Tunja informar si dentro de la acción de tutela radicada en dicho despacho -bajo el radicado 2021-00109- fungieron como accionantes los señores Orlando José Cadrazo Salcedo y Dorian Mejía Galeano. || Mediante Auto del 5 de agosto de 2021, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Tunja ordenó remitir la acción de amparo promovida por los señores Orlando José Cadrazo Salcedo y Dorian Mejía Galeano (radicada bajo el número 2021-00264) al Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Tunja. || El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Tunja explicó que en el presente asunto se configuró la triple identidad (objeto, causa y sujeto) exigida por la jurisprudencia constitucional para acreditar la tutela masiva. || Por el contrario, en la acción de tutela que conoció el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Tunja bajo el radicado 2021-00109-00 la accionada es únicamente la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Mediana Seguridad El Barne.]

Auto A-440 de 2021

[Resumen automatizado: Finalmente, ordenó al MSPS (i) verificar la conveniencia de tener a departamentos o municipios como estratos dentro de la metodología implementada; (ii) reportar en los siguientes informes de medición, los datos obtenidos respecto a los municipios, con independencia del estrato que definiera; (iii) incluir otros criterios de caracterización en la herramienta de medición[14]; (iv) realizar la medición desde todos los problemas jurídicos analizados en la sentencia T-760 de 2008 y el auto 590 de 2016; (v) ampliar la batería de indicadores GED, con inclusión de los determinantes sociales, aplicables a las EPS, IPS, ET y en general a todos los actores del sistema e; (vi) implementar el mecanismo participativo para dar publicidad a los informes presentados, así como hacer más visible en su página web el link que contiene los reportes de medición de tutelas allegados a esta Corporación.]

Auto A-413 de 2021

Corte Constitucional, Auto A-413/2021

Auto A-376 de 2021

Corte Constitucional, Auto A-376/2021

Auto A-287 de 2021

[Resumen automatizado: Finalmente, ordenó al Consejo Superior: (i) capacitar y difundir entre los funcionarios de la Rama Judicial que laboran en los municipios apartados y zonas dispersas del país la sentencia estructural, asimismo, continuar instruyendo a aquellos ubicados en los departamentos, capitales y principales cabeceras municipales; (ii) incluir en los programas de formación judicial el estado actualizado de las órdenes generales de la sentencia T-760 de 2008, la jurisprudencia que la Corte ha emitido y que se relacionara con los problemas analizados en la misma, así como la normatividad vigente; (iii) elaborar y entregar un informe de medición que estableciera el número de jueces y magistrados capacitados desde el momento en que se profirió la orden trigésima segunda, así como los autos que desarrollen sus órdenes y; (iv) presentar en un término de 45 días calendario, un cronograma de trabajo para el año 2019 con las actividades que iba a realizar dentro del cumplimiento del mandato treinta y dos, incluyendo las que desarrollarían en virtud de lo ordenado en la valoración, así como la obligación de entregar, a más tardar el 30 de enero de cada año, un plan anual de trabajo, iniciando en el 2020; (v) implementar medidas para que la población en general y de forma especial, los grupos más vulnerables, accedieran a la información relacionada con la sentencia T-760 de 2008, los autos de seguimiento y el derecho fundamental a la salud, con lenguaje comprensible, libre de tecnicismos propios del área jurídica o de la salud y, (vi) mantener actualizado el micrositio ubicado en la página web de la Rama Judicial, la transmisión de programas de televisión, la publicación de cartillas y folletos, no solo vinculados con la sentencia T-760 de 2008, sino el nivel de cumplimiento, el estado actualizado de las órdenes, el progreso de los problemas jurídicos allí evidenciados, incluyendo un plan de medios que acompañara al micrositio y permitiera que la información llegara a un grupo poblacional más amplio y de forma especial, al más vulnerable.]

Auto A-42 de 2021

[Resumen automatizado: CUARTO.- ADOPTAR los siguientes objetivos constitucionales mínimos, los cuales deberán ser cumplidos por medio de las acciones que establezcan las entidades públicas en el marco del Mecanismo Especial, en los términos y plazos señalados en el apartado 9 de las consideraciones, y cuyas metas serán medidas de acuerdo con los indicadores que se establezcan en el marco del Mecanismo Especial: (1) aumentar la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua, (2) mejorar los programas de atención alimentaria y aumentar la cobertura de los de seguridad alimentaria, (3) aumentar y mejorar las medidas inmediatas y urgentes en materia de salud a cargo del Gobierno Nacional; formular e implementar una política de salud para La Guajira que permita asegurar el goce efectivo del derecho a la salud para todo el pueblo Wayúu, (4) mejorar la movilidad de las comunidades Wayúu que residen en zonas rurales dispersas, (5) mejorar la información disponible para la toma de decisiones por todas las autoridades competentes para realizar acciones tendientes a la superación del estado de cosas inconstitucional, (6) garantizar la imparcialidad y la transparencia en la asignación de beneficios y en la selección de contratistas, (7) garantizar la sostenibilidad de todas las intervenciones estatales y (8) garantizar un diálogo genuino con las autoridades legítimas del pueblo Wayúu.]

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2020

Auto A-297A de 2020

[Resumen automatizado: 18 de enero de 2017 La magistrada María Victoria Calle Correa, dio respuesta a la consulta efectuada por la Coordinación de Procuradores Judiciales Penales y Apoyo a Víctimas del Conflicto Armado de Valledupar, el Procurador 401 Judicial I Penal, el Director General del Inpec y la Directora de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho, relacionada con que "se estudie la viabilidad de permitir el ingreso de la población privada de la libertad, al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, en 308 cupos disponibles, sin afectar la regla de equilibrio ordenada por la Corte Constitucional, teniendo en cuenta que el hacinamiento en otros establecimientos carcelarios especialmente en la Cárcel judicial, en la permanente de la policía y en la URI, inclusive en los comandos de policía de otros municipios del Cesar van en contra de los derechos fundamentales de los internos." En dicha contestación se señaló que el cumplimiento de las providencias judiciales es un deber de las autoridades, el cual es menester acatar acorde con sus facultades y competencias constitucionales, legales y reglamentarias.]

Auto A-92A de 2020

[Resumen automatizado: La Defensoría del Pueblo identificó como inconvenientes de MIPRES que (i) las dificultades que tienen los prescriptores para llevar a cabo el trámite a través de la herramienta, termina convirtiéndose en una negación de servicios, especialmente de medicamentos[23]; (ii) solo algunos profesionales están capacitados para inscribirse ante el ministerio y realizar los respectivos registros, siendo una preocupación la exigencia respecto a lo que se encuentra o no incluido en el PBS, toda vez que hay coberturas implícitas y no aparecen en ninguna norma; (iii) se induce en error al médico tratante al momento de prescribir a través de MIPRES para enfermedades huérfanas, artritis reumatoide y otros síndromes, por cuanto la herramienta emite un código que en la mayoría de los casos no corresponde a la tecnología indicada por el galeno para su paciente; (iv) las fallas de internet repercuten en la emisión de la orden médica, lo que se traduce en otra dilación para la atención del usuario; (v) se afecta la autonomía médica, toda vez que se obliga al prescriptor a formular lo existente en una base de datos específica, dejando de lado los segundos usos y los tratamientos no registrados en las mismas; (vi) el profesional debe descuidar al paciente para diligenciar el aplicativo y así evitar incurrir en errores; y (vii) a los prescriptores les preocupa que la herramienta sea utilizada para establecer un control del gasto y ello sea penalizado, a pesar de que solo se busca brindar la mejor atención del usuario.]

Auto A-77A de 2020

[Resumen automatizado: Del contenido del informe anual: i) mejorar la caracterización de las tutelas examinadas para obtener resultados más específicos; es decir, documento de identidad, raza, sexo, edad, condición económica, etnia, régimen, domicilio, grupo poblacional, condición social, discapacidad, diagnóstico, estado gestante, discapacidad en menores y adultos y demás aspectos que considere relevantes para los análisis; ii) indicar cuál es el porcentaje de usuarios que presentan tutelas en salud y su promedio de radicación por día y mes; iii) evaluar el comportamiento de las acciones de tutelas según cada problema jurídico teniendo en cuenta lo dispuesto en el considerando 7.3.4. || Respecto de lo ordenado en el auto 590 de 2016, adujo que el Ministerio radicó ante la Defensoría del Pueblo el informe anual dentro del plazo establecido (31 de enero de 2018), sin embargo advirtió que se observaron algunas falencias: (i) no se especificó el promedio de radicación de las acciones de tutela por día y mes; (ii) no se dijo nada sobre el cumplimiento efectivo de las solicitudes por las cuales se presentaban las principales causas en la demora en la prestación o autorización de los servicios de salud; (iii) no envió información respecto de los problemas jurídicos de la sentencia T-760 de 2008 y; (iv) no tiene conocimiento sobre la conformación de una base de datos autónoma, precisa y eficaz a partir del año 2016.]

Auto A-486 de 2020

[Resumen automatizado: En atención a las advertencias de organismos internacionales de protección de derechos humanos sobre los inminentes riesgos que podría tener el contagio de COVID-19 en la población reclusa y en consideración a las altas tasas de hacinamiento y el deficiente acceso a la salud en los establecimientos de reclusión, situaciones evidenciadas ampliamente en el seguimiento al ECI en materia penitenciaria y carcelaria, la Sala Especial emitió el Auto de 24 de marzo de 2020 y, como se verá más adelante, los Autos de 3 de junio de 2020, 157 de 2020 y el Auto 285 de 2020 con respecto a este tema. || Por esta razón, se expidió el Auto de 3 de junio de 2020, por medio del cual se solicitó información adicional a las autoridades sobre diversos asuntos, entre los cuales se destacan: (i) la prestación de los servicios básicos en los centros de reclusión[32]; (ii) la existencia de lugares de aislamiento en los establecimientos penitenciarios y carcelarios; (iii) la entrega de elementos de bioseguridad al personal médico y el diseño de un protocolo de atención en salud; (iv) la disponibilidad de pruebas diagnósticas para la población privada de la libertad; (v) la periodicidad y entrega del kit de aseo; (vi) la comunicación de las personas privadas de la libertad con sus familias; (vii) la adopción de protocolos adicionales para el uso de la fuerza en caso de motines; (viii) el cumplimiento de las obligaciones por parte de los entes territoriales en materia de sindicados; y, por último, (ix) la situación de las personas privadas de la libertad en centros de detención transitorios.]

Auto A-371 de 2020

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de aquella que le concede el artículo 50 del Acuerdo N.º 02 de 2015, dicta el presente auto que resuelve un recurso de súplica, de acuerdo con los siguientes: || En su opinión, la única vía de derecho para corregir la interpretación inadecuada de las autoridades judiciales contra los miembros de la Fuerza Pública era el estudio de la demanda por la Sala Plena de la Corte Constitucional. || Mediante auto del 14 de septiembre de 2020, la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado resolvió rechazar la demanda y ordenó informar al ciudadano David Mauricio Uribe Marín que contra dicha decisión procedía el recurso de súplica. || Así mismo, criticó la decisión de la magistrada sustanciadora de rechazar su demanda por estar dirigida a cuestionar la eficacia de las normas y no su validez, cuando ha sido la misma Corte Constitucional la que ha dificultado la aplicación efectiva disposiciones de los artículos 20, 27 y 29 de la Ley 65 de 1993.]

Auto A-285 de 2020

[Resumen automatizado: Así, en las órdenes primera y segunda del Auto 157 de 2020, se le solicitó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC): (i) actualizar la hoja de vida, cartilla biográfica y fólder de evidencias de las personas privadas de libertad en el centro carcelario de Villavicencio; (ii) clasificar a las personas sindicadas y condenadas de acuerdo con el tiempo de privación de la libertad en virtud de la imposición de una medida de aseguramiento o pena privativa de la libertad; (iii) identificar a las personas que por su condición etaria o de salud podrían estar más expuestas a sufrir impactos graves derivados del contagio por COVID-19; y (iv) remitir la caracterización de la población privada de la libertad a la Defensoría del Pueblo, en el caso de las personas sindicadas, y a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, respecto de las personas condenadas. || A su vez, se ordenará al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, al Consejo Superior de la Judicatura, a la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio y al Ministerio de Salud y de la Protección Social, que remitan copia de las respuestas que se envíen a esta Sala tanto a la Defensoría del Pueblo como a la Procuraduría General de la Nación para dar cumplimiento a lo establecido en el ordinal sexto del Auto 157 de 2020[29].]

Auto A-234 de 2020

[Resumen automatizado: Argumentó dicha decisión en que, el artículo 53 de la Ley 1922 de 2018 otorga una competencia especial y residual a la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad para conocer de las acciones de tutela, solo en aquellos casos en que sea promovida contra una providencia proferida por la Sección de Revisión del Tribunal Especial para la Paz, lo que en este caso no se advierte, así como tampoco acción u omisión atribuible a la misma, que presuntamente desconozca los derechos fundamentales de los demandantes[10]. || 9. Remitido el asunto, la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal Especial para la Paz, mediante auto del 19 de mayo de 2020[23], ordenó a la Secretaría Judicial incorporar la nueva acción constitucional[24] al expediente de tutela que fue remitido a la Corte Constitucional, al considerar que se refiere a los mismos hechos, pretensiones y parte accionada. || Las mencionadas acciones constitucionales fueron asignadas a la Sección de Primera Instancia para casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, Subsección Cuarta de Tutelas, del Tribunal Especial para la Paz, autoridad que mediante auto del 19 de junio de 2020[29] ordenó remitir los escritos de tutela a esta Corporación con destino al expediente ICC-3844 con el fin de que fueran adjuntados a la actuación TP-SeRVR-01-40-2020-0003.]

Auto A-219 de 2020

[Resumen automatizado: La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo y la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside; en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere el presente Auto, con fundamento en los siguientes: || Por todo lo expuesto, la parte accionante solicita[9] que se ordene a la Fiscalía General de la Nación y a sus dependencias concernidas, en relación con los hechos denunciados, (i) garantizar el principio de debida diligencia; (ii) crear un grupo especial de trabajo; (iii) convocar con urgencia al comité técnico jurídico, que debería estar compuesto por personal con experiencia y formación en violencia sexual, así como por expertos en tortura psicológica, enfoques diferenciales -énfasis en pertenencia religiosa y en análisis criminal de sectas; (iv) que ese comité adelante una sola investigación integral; (v) reasignar los procesos de Ana Milena Rubiano Madrid y María Fernanda Hernández Cubillos a un despacho capacitado en violencia sexual; (vi) evitar que nuevos casos contra José Francisco Jamocó Ángel sean conocidos por la Fiscal 219 y su secretario; (vii) permitir el acceso los expedientes; e (viii) iniciar investigaciones al mismo denunciado por lavado de activos y falsedad en documento público.]

Auto A-183 de 2020

[Resumen automatizado: 2. La demanda, luego de fijar el alcance de las normas demandadas, considera que ellas son incompatibles con el principio de igualdad y con los derechos al debido proceso, al trabajo, a la libertad de escoger profesión u oficio y al libre desarrollo de la personalidad y al principio de buena fe, al permitir que se realicen las audiencias inicial y de instrucción y juzgamiento, sin que comparezca el apoderado de una de las partes, a pesar de que haya manifestado que no podría asistir a ellas, con fundamento en un motivo que puede ser atendible. || Frente a esto, la providencia que rechaza la demanda sostiene que: 1) el fin perseguido por estas normas es el de una pronta y cumplida justicia; 2) que habiendo en esta materia un amplio margen de configuración del legislador, para calificar como desproporcionadas las normas demandadas, se debe "mostrar, al menos, no que había otras alternativas de regulación, sino que la opción seleccionada no es válida porque establece limitaciones constitucionales irrazonables o que, en general, es irracional debido a su contenido, a sus objetivos, etc."; 3) dado que esto no se muestra, se concluye que la demanda corregida carece de suficiencia y de especificidad.]

Auto A-157 de 2020

Para reducir la posibilidad de contagio de COVID-19 se hace necesario el distanciamiento social, que hace especialmente relevante la adopción de medidas de descongestión de los establecimientos de reclusión. El alto nivel de contagio, sumado al estado de hacinamiento del EPMSC Villavicencio, impone a la administración la obligación de centrar sus esfuerzos en preservar la vida e integridad de las personas privadas de la libertad allí recluidas, así como del personal administrativo y del cuerpo de custodia y vigilancia. Debido a la necesidad de priorizar el EPMSC Villavicencio, se proferirán medidas tendientes a descongestionar ese centro de reclusión para que pueda darse cumplimiento en mejores condiciones a las medidas sugeridas por la Organización Mundial de la Salud, así como facilitar el tratamiento de las personas contagiadas que no tengan acceso a beneficios judiciales y administrativos. Para la protección de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad en el EPMSC Villavicencio, la Sala adoptará medidas dirigidas a descongestionar dicho centro de reclusión mediante la siguiente estrategia: i) actualización de la documentación de las personas privadas de la libertad; ii) remisión de documentación a Defensoría del Pueblo y a jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad; iii) priorización de audiencias de libertad y estudio oficioso de sustitutos y subrogados penales; iv) plan para atención de libertades y prisiones domiciliarias concedidas; y (v) seguimiento de las órdenes por parte de los órganos de control - [Resumen automatizado: En atención a la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del virus COVID-19 en el territorio nacional y al incremento del contagio en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Villavicencio, se hace necesario adoptar medidas dirigidas a descongestionar dicho centro de reclusión, a través de: i) la actualización de la documentación de las personas privadas de la libertad; ii) la remisión de la documentación a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad; y iii) la priorización de audiencias de libertad y estudio oficioso de sustitutos y subrogados penales. || En primer lugar debe determinarse si esta Sala es competente para conocer el caso suscitado en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Villavicencio (en adelante EPMSC Villavicencio) y emitir un pronunciamiento de fondo para proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad que se encuentran allí recluidas, en el marco del seguimiento al ECI declarado en las Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015.]

Auto A-110 de 2020

[Resumen automatizado: 5. El 29 de abril de 2019, la Sala Segunda de Revisión profirió un nuevo Auto de pruebas por medio del cual desarrolló el enfoque de solicitar informes conjuntos en los que los niveles central, regional y local se alinearan y, en virtud del principio de colaboración armónica, presentaran su diagnóstico sobre la problemática de las personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria tales como estaciones e inspecciones de Policía y propusieran medidas específicas para enfrentarla. || 7. A través de Auto del 21 de mayo de 2019, la Sala Séptima de Revisión suspendió los términos para fallar, vinculó a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación y les ordenó que remitieran un informe con respecto al hacinamiento de personas con medida de aseguramiento en estaciones y subestaciones de Policía del país y en las unidades de reacción inmediata (URI). || En atención a las pruebas recaudadas y a que el problema de hacinamiento en centros de detención transitoria cubre estaciones de Policía y URI de todo el país, mediante Auto 545 de 2019, la Sala Plena vinculó al proceso constitucional al Consejo Superior de la Judicatura; y a las gobernaciones de los departamentos de Arauca, Atlántico, Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle y Vichada.]

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2019

Auto A-651 de 2019

[Resumen automatizado: Por su parte, en el recurso de reposición en contra del auto inadmisorio, el actor argumenta que la providencia judicial incurrió en una falsa motivación por yerro procedimental absoluto, ya que, a su juicio, el cargo por la presunta violación del principio de igualdad era autónomo e independiente de la acusación por la transgresión de los derechos a recibir una respuesta oportuna del sistema judicial y del derecho de acceso a la administración de justicia, por lo cual, las eventuales falencias en el primero no habilitaban a la magistrada sustanciadora para inadmitir la totalidad del escrito de acusación. || Primero, con respecto al cargo por la vulneración del principio de igualdad, en el auto de rechazo se insiste en que el escrito de acusación no da cuenta del trato discriminatorio, cuando, de manera clara y diáfana, allí se explica cómo el precepto demandado da lugar a que en los procesos laborales de única instancia, en una misma diligencia la parte accionada conteste la demanda, el accionante replantee la controversia, y el juez fije los elementos del litigio, cosa que no ocurre en los procesos laborales ordinarios.]

Auto A-582 de 2019

[Resumen automatizado: 4. Igualmente, se advertirá al Juzgado 2º Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Valledupar que siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018. || Cuarto: ADVERTIR al Juzgado 2º Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Valledupar que siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018 de esta Corporación.]

Auto A-564 de 2019

[Resumen automatizado: Referencia: Recurso de súplica contra el Auto del 24 de julio de 2019 que rechazó la demanda de inconstitucionalidad formulada en contra de los artículos 11 y 18 de la Ley 1908 de 2018 "Por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujeción a la justicia y se dictan otras disposiciones". || Finalmente, con respecto al cargo por el desconocimiento del principio de unidad de materia, la demanda no aportó elementos de juicio de constitucionalidad, puesto que de los antecedentes legislativos y en el propio contenido de la Ley 1908 de 2019 se pretendía ofrecer herramientas e instrumentos para combatir el accionar de las organizaciones criminales y, precisamente, la norma impugnada tiene por objeto prevenir las conductas criminales de estas estructuras, cuando alguno de sus miembros se encuentran en establecimientos carcelarios (falta de pertinencia y especificidad). || Sin embargo, para este caso en concreto, en virtud del artículo 83 de la Constitución Política, que fundamenta la confianza legítima, y de manera excepcional, se analizará el recurso de súplica, dado que, el magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez estudió la solicitud de aclaración presentada respecto del auto de rechazo y dio aplicación al artículo 285 del Código General del Proceso, creando en el ciudadano una expectativa frente a dicho trámite.]

Auto A-545 de 2019

[Resumen automatizado: Los cinco procesos versan, en general, sobre las condiciones de personas a quienes les fue impuesta medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión y que se encuentran privadas de la libertad en diferentes estaciones e inspecciones de policía: la Inspección Única Municipal de Policía de Calarcá (Quindío) (T-6.720.290), la Estación de Policía Castilla (Carabineros) de Medellín (T-6.846.084), las estaciones de Policía de Turbo, Apartadó, Carepa y Chigorodó (Antioquia) (T-6.870.627), las estaciones de Policía del CAI Aeropuerto y de Belén de San José de Cúcuta (T-7.066.167), y la Estación de Policía de Curumaní (Cesar) (T-7.256.625). || Por intermedio de la Secretaría General, VINCULAR al presente proceso al Consejo Superior de la Judicatura; y a las gobernaciones de los departamentos de Arauca, Atlántico, Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle y Vichada. || Por intermedio de la Secretaría General, OFICIAR a (i) las gobernaciones de los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle y Vichada[21]; (ii) a las alcaldías Mayor de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Santiago de Cali, Arauca, Cartagena, Valledupar, Riohacha, Santa Marta, Pasto, Cúcuta, Armenia, Ibagué, Puerto Carreño; y (iii) a las alcaldías directamente relacionadas con los asuntos de la referencia: alcaldías de Apartadó, Calarcá, Carepa, Chigorodó, Itagüí, Turbo, Ocaña y Curumaní, para que en el término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente Auto, remitan informes en los que respondan lo siguiente:]

Auto A-441 de 2019

[Resumen automatizado: 1. De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso se configuró un conflicto aparente de competencia, en la medida que la Sala Civil-Familia Unitaria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué usó indebidamente las reglas de reparto dispuestas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, para abstenerse de conocer la acción de tutela de la referencia. || 5. Así mismo, advertirá a la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación que, siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. || ADVERTIR a la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué que, siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018 de esta Corporación.]

Auto A-424 de 2019

[Resumen automatizado: 2. �La Sala Plena precisó que la inconstitucionalidad del mencionado precepto no significaba la ausencia de una instancia judicial para resolver sobre dichos conflictos, pues la misma quedaba en cabeza de la Corte Constitucional, conforme con lo previsto en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015[3]. || 6. En este orden de ideas, mediante Auto 329 de 2019 la Sala Plena de la Corte Constitucional precisó que “la impugnación de competencia, prevista en el artículo 341 de la Ley 906 de 2004, es una figura diseñada para resolver los conflictos de competencia que se suscitan al interior de la jurisdicción penal ordinaria, la cual no puede aplicarse frente a conflictos de jurisdicciones”. || La remisión a la Corte Constitucional del expediente No. 11-001-6000-000-2018-02378-00, por parte del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Puerto Asís, Putumayo, fue desacertada, dado que no existe conflicto de competencia y su actuación afecta el adecuado funcionamiento de la administración de justicia, en cuanto que suspende sin justificación el proceso, lo que atenta contra el principio de decisión de los asuntos en un plazo razonable.]

Auto A-371 de 2019

[Resumen automatizado: 2. Conforme con lo anterior, en la misma diligencia, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Neiva, Huila, instancia judicial en la que se adelanta el proceso penal en contra de lo señores Jairo Alberto Rico Silva, Aris Ramírez Campos, Diomedes Bermúdez Pinilla y Aycardo Leyton Penagos, consideró que "la petición está dirigida a una falta de jurisdicción respecto del presente asunto... || 6. En este orden de ideas, mediante Auto 329 de 2019 la Sala Plena de la Corte Constitucional precisó que “la impugnación de competencia, prevista en el artículo 341 de la Ley 906 de 2004, es una figura diseñada para resolver los conflictos de competencia que se suscitan al interior de la jurisdicción penal ordinaria, la cual no puede aplicarse frente a conflictos de jurisdicciones”. || Primero.- Declararse�INHIBIDA�para pronunciarse sobre el inexistente conflicto de competencia entre jurisdicciones planteado por la defensa de los señores Jairo Alberto Rico Silva, Aris Ramírez Campos, Diomedes Bermúdez Pinilla y Aycardo Leyton Penagos dentro del proceso penal con radicado No. 2018-02365-00, acorde con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.]

Auto A-370 de 2019

[Resumen automatizado: 2.�Con fundamento en los anteriores criterios, la Corte Constitucional dejará sin efectos el auto del 11 de junio de 2019, proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto y ordenará la remisión del expediente ICC-3691, que contiene la acción de tutela presentada por Fabio Adelmo Narváez Bravo en contra de la Defensoría del Pueblo, Regional Nariño al referido despacho judicial para que, de manera inmediata, tramite y decida el amparo solicitado. || 3. Finalmente, la Sala le advertirá al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, Sala Penal -autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación- que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional[10]. || CUARTO.- ADVERTIR al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, Sala Penal que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.]

Auto A-337 de 2019

[Resumen automatizado: El 2 de mayo de 2016 la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional evaluó, a través del Auto 191 de 2016,[3] el nivel de cumplimiento de cada una de las órdenes emitidas en la referida sentencia, a partir de la información suministrada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, el INPEC, la USPEC, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, el Tribunal Administrativo del Cesar, la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado de Valledupar EMDUPAR, y las organizaciones no gubernamentales como la Corporación Centro de Atención Psicosocial, Lazos de Dignidad y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. || Segundo.- Remitir, a través de la Secretaría General de esta Corporación, los informes que se relacionan en el cuadro anexo, allegados por las organizaciones y personas que hacen seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-282 de 2014, a la Sala Especial de Seguimiento en materia penitenciaria y carcelaria, para que, en su función de constatar el avance, rezago o retroceso en la superación del estado de cosas inconstitucional, tenga en cuenta la información brindada por tales entidades, con respecto a la situación del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar “La Tramacua (sic)” [8].]

Auto A-275 de 2019

[Resumen automatizado: De manera que considera indiscutible que estos terceros "así demuestren interés jurídico y que están afectados patrimonialmente, no pueden presentar directamente acción de revisión en contra de la sentencia condenatoria injusta que los afecte porque, simple y llanamente, el sistema acusatorio los excluyó como intervinientes en el proceso penal, no pueden hacerse parte dentro del mismo, lo que da lugar, indefectiblemente, a que las demandas de revisión que presenten sean inadmitidas por falta de legitimación para adelantarlas. || En cuanto a los autos proferidos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, citados nuevamente como ejemplo de la exclusión por parte del actor, el despacho sustanciador reiteró lo dicho en el auto inadmisorio ya que los mismos constituyen argumentos indirectos que no muestran que la norma no permite que los terceros civilmente responsables o incidentales sean considerados con interés y reconocidos legalmente en el proceso penal. || Así, indicó que no es posible pedirle a un tercero civilmente responsable o incidental haber sido reconocido legalmente dentro del proceso penal acusatorio, aunque tengan interés jurídico para presentar la acción en contra de una sentencia condenatoria que los afecta directamente.]

Auto A-273 de 2019

[Resumen automatizado: Recurso de súplica contra el Auto proferido el 23 de abril de 2019, que rechazó la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra la interpretación que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hace respecto del artículo 1º de la Ley 1786 de 2016 || El ciudadano Jaime Enrique Niño Ojeda presentó demanda de inconstitucionalidad contra la interpretación que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hizo, mediante auto AP4711-2017, sobre el artículo 1º de la Ley 1786 de 2016, por considerar que va en contra del contenido de la decisión de exequibilidad que sobre esta misma norma realizó la Corte Constitucional a través de la sentencia C-221 de 2017. || No obstante, debido a que el señor Jaime Enrique Niño Ojeda manifestó en el escrito del 2 de abril de 2019, que se daba por notificado del auto inadmisorio, la Magistrada sustanciadora tomó tal afirmación como una prueba de notificación por conducta concluyente y consideró que había sido presentada en tiempo la corrección de la demanda; por tanto, procedió a analizar los argumentos allí contenidos.]

Auto A-262 de 2019

[Resumen automatizado: El señor Édgar Antonio Ahumada Sabogal interpuso acción de tutela contra la sentencia proferida el 29 de agosto de 2018 por Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se resolvió no casar la providencia dictada el 20 de febrero de 2017 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, que revocó el fallo de primera instancia adoptado el 3 de agosto de 2011 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de la misma ciudad, en el que se absolvió al actor como responsable del delito de peculado. || De este modo, en principio, no existe un mínimo de certeza sobre la afectación del derecho invocado como fundamento de la pretensión de tutela, pues si bien, en abstracto, de acuerdo con la jurisprudencia, el recurso extraordinario de casación no es idóneo para proteger el derecho a impugnar el primer fallo inculpatorio[14], en el presente caso existe evidencia de cuyo análisis preliminar se puede inferir que la decisión adoptada el 29 de agosto de 2018 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación sí satisfizo los estándares de protección señalados en la sentencia C-792 de 2014.]

Auto A-228 de 2019

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado -quien la preside-, Alberto Rojas Ríos, Carlos Bernal Pulido, Alejandro Linares Cantillo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Antonio José Lizarazo, José Fernando Reyes Cuartas, Diana Fajardo y Cristina Pardo Schlesinger, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, procede a decidir sobre la solicitud de nulidad presentada por la apoderada judicial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, contra la sentencia T-011 del 22 de enero de 2019, proferida por la Sala Séptima de Revisión[1]. || 1. Los señores Julio Manuel Viloria Ujueta y Digno Santiago Gerónimo, en representación de la comunidad indígena Mokaná del Resguardado Colonial de Tubará, Puerto Colombia, Bajo Ostión, Juarúco, Morro Hermoso, Puerto Caimán, Corral de San Luis, Cuatro Bocas y Guaimaral, instauraron acción de tutela el 18 de diciembre de 2017, en contra de la Agencia Nacional de Tierras - en adelante ANT -, la Alcaldía Municipio de Tubará, la Gobernación del Atlántico, la Concesión Costera Cartagena-Barranquilla, el Consorcio Vía al Mar, el Proyecto Urbanización "Complejo Campestre Jwaeirruko Unidad Residencial y Club el Poblado, (jurisdicción de la parcialidad indígena de Juarúco), el Relleno Sanitario los Pocitos, el Parque Ambiental los Pocitos, Ecosol, el Horno Crematorio Tecnianza, la Fabrica de Llantas "Michelin", la Ladrillera Cuatro Bocas, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barraquilla y "otros que resulten vinculados a las pretensiones", por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso.]

Auto A-160 de 2019

[Resumen automatizado: A través de la Sentencia T-680 de 1996[1], la Sala Cuarta de Revisión de esta Corporación estudió la acción de tutela interpuesta por el señor Luis Fernando Marín contra el entonces director de la Cárcel de la Policía Nacional de Facatativá, por una presunta amenaza de sus derechos a la integridad física y a la vida. || Por ende, la sentencia en cita solamente cobija al señor Luis Fernando Marín y no a los 18 ex miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, que, como ya se dijo, carecen de legitimación en la causa por activa para exigir el cumplimiento del fallo en estudio. || Finalmente, si bien es cierto que la Corte tuteló los derechos del señor Luis Fernando Marín y revocó el fallo de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, no puede dejarse de lado que en la Sentencia T-680 de 1996, la Sala Cuarta de Revisión no ordenó el traslado del accionante a la Cárcel de la Policía Nacional de Facatativá.]

Auto A-121 de 2019

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, Alejandro Linares Cantillo, Carlos Bernal Pulido, Diana Fajardo Rivera, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Antonio José Lizarazo Ocampo, Cristina Pardo Schlesinger, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere el siguiente auto en la presente acción de tutela, con fundamento en los siguientes: || La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en segunda instancia, concedió la medida cautelar[7] consistente en, según los demandantes, "ordenar a la Superintendencia de Notariado y a la Alcaldía de Riosucio suspender cualquier transacción, inscripciones y registro de negocios jurídicos en predios del territorio colectivo; ordenar a las inspecciones de policía de Riosucio y a los jueces correspondientes suspender los procesos civiles que estén a su cargo y la realización de cualquier diligencia de desalojo, restitución o similares; cesar cualquier clase de aprovechamiento ilegal de los recursos naturales al interior del territorio colectivo oficiando para ello a la Policía Nacional y a la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó CODECHOCÓ-, esta última a la que también le ordena abstenerse de otorgar cualquier licencia ambiental para la explotación de cualquier recurso natural y la suspensión de las licencias ya otorgadas; y finalmente ordena al comandante de la Policía de Riosucio la elaboración de un plan para garantizar la seguridad de las personas del Consejo Comunitario y de sus bienes, especialmente los cultivos propiedad de estos".]

Auto A-110 de 2019

[Resumen automatizado: En ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, la Sala Especial de Seguimiento a las Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015 de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados José Fernando Reyes Cuartas, Carlos Bernal Pulido y la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, profiere el presente auto con fundamento en los siguientes, || En consecuencia, la regla de equilibrio decreciente no puede ser eliminada del ordenamiento jurídico por esta Sala Especial por las siguientes razones: (i) hace parte de una decisión judicial que goza de cosa juzgada constitucional y tiene el carácter de regla jurídica constitucional; y (ii) en atención al principio de autonomía judicial, corresponde a cada juez decidir, de conformidad con el caso que resuelve, cuál el tipo de órdenes requeridas para amparar los derechos de la población privada de la libertad, por lo que no es posible proscribir el uso de este remedio jurídico [68]. || En este punto, el juez constitucional debe valorar si la reducción del hacinamiento carcelario a través de la aplicación de la regla de equilibrio decreciente, “resulta útil para alcanzar el propósito constitucional”[86] que persigue, es decir, la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad recluidas en los establecimientos penitenciarios y carcelarios.]

Auto A-73 de 2019

[Resumen automatizado: Finalmente, se calificaron con cumplimiento bajo aquellas que dispusieron la creación de un registro de servicios negados, alimentado con la información suministrada por las EPS[8]; un ranking de IPS[9]; un mecanismo de autorización directa de medicamentos, tratamientos y tecnologías para que los trámites administrativos no continúen siendo una barrera de acceso[10]; el aseguramiento del flujo adecuado de recursos al interior del sistema y su sostenibilidad financiera[11]; el rediseño del procedimiento de recobros[12], la medición de las acciones de tutela que se presentan invocando el derecho a la salud[13], y la difusión de la sentencia entre los funcionarios judiciales. || Los interrogantes relacionados con este tema se elevaron al Ministerio de Salud, el cual profundizó en algunos aspectos de la Base de Datos Única de Afiliados[55]; hizo pronunciamientos sobre la descentralización en el RS y la responsabilidad de las entidades territoriales frente a las EPS y las IPS[56]; Resaltó la importancia de los procedimientos censales sin desconocer que aún debe avanzarse en la materia; acotó que varios de los procesos de cruce de información le competen directamente a la Registraduría Nacional, y entre otros, mencionó la tabla de evolución del documento de identidad[57], señalando que esta herramienta permite la asociación de todos los documentos de identificación de una misma persona y evita duplicidad de afiliación.]

Auto A-24 de 2019

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, Carlos Bernal Pulido, Diana Fajardo Rivera, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Cristina Pardo Schlesinger, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución, procede a decidir la solicitud de nulidad presentada por la doctora Nohra Emilia Carbonell Rojas, en ejercicio del poder conferido por el señor Nicolás Cipriano Pájaro Peñaranda, contra la sentencia T-249 de 2018. || 2. El artículo 49 del Decreto Ley 2067 de 1991[33] establece que, “contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno”; no obstante, la misma disposición contempla la posibilidad de solicitar la declaratoria de nulidad de los fallos proferidos por esta Corporación[34] tanto en sede de revisión eventual de tutelas, como en el control abstracto de constitucionalidad, cuando se evidencie que adolecen de graves irregularidades que impliquen la violación del debido proceso de cualquiera de las partes o de terceros en el trámite.]

Auto A-8 de 2019

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial aquellas que le concede el Decreto ley 2067 de 1991 y el artículo 50 del Reglamento Interno de la Corporación (Acuerdo 02 de 2015), procede a resolver el recurso de súplica interpuesto por Milena Beatriz Quijano Zapata, contra el auto del 13 de marzo de 2018, que dispuso rechazar la demanda de la referencia, con fundamento en los siguientes: || El 13 de diciembre de 2018, se radicó en la Secretaría General el recurso de súplica presentado por el demandante en término[18], precisando que si bien se admite la prevalencia de los derechos del menor sobre los de los demás, "sería bueno que aquel que un día infringió la ley en un delito sexual sea este mismo quien de ejemplo y de esta manera el Estado también pueda demostrar que su política de resocialización en las cárceles es real".[19] Sin embargo, en criterio del actor, el numeral 5.º del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 no "permite que una justa resocialización se lleve a cabo" y contraría los principios constitucionales, entre ellos el de la libertad condicional.]

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2018

Auto A-789 de 2018

[Resumen automatizado: En consecuencia, y con fundamento en las consideraciones de esta providencia, la Sala Plena dejará sin efectos el auto proferido el 8 de octubre de 2018 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y ordenará que se le remita el expediente para que, de forma inmediata, continúe con el trámite y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991. || Por último, se advertirá a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia (autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación) que, siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el auto 550 de 2018.]

Auto A-747 de 2018

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional decidió, mediante la Sentencia SU-061 de 2018, amparar los derechos a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la parte actora, al advertir que el fallo proferido por la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, fechado el 26 de abril de 2016, incurrió en los defectos procedimental y sustantivo, puesto que a la luz de la Constitución, los presupuestos fácticos del caso, el desarrollo jurisprudencial sobre la acción de reparación directa y el principio de justicia rogada, se estaba ante un caso límite y excepcional, desde la perspectiva constitucional, en donde era jurídicamente admisible darle prevalencia al derecho sustancial sobre las formas. || Teniendo en cuenta los anteriores presupuestos, le corresponde a esta Corporación determinar si: ¿a través de la Sentencia SU-061 de 2018, la Sala Plena de la Corte Constitucional vulneró el derecho al debido proceso, al desconocer el principio de juez natural, arrogándose una competencia que no le correspondía y desconociendo que el Consejo de Estado era la autoridad encargada de adoptar la orden de reemplazo en cumplimiento del fallo de tutela?]

Auto A-730 de 2018

[Resumen automatizado: La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Alejandro Linares Cantillo y la Magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside; en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere el siguiente: || Entendiendo lo anterior, es al Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento del Distrito Judicial de Tunja -Boyacá a quien le compete, dentro de sus funciones, adoptar las acciones que resulten necesarias para lograr el goce efectivo de los derechos de un ciudadano que hace parte de una población altamente vulnerable por encontrarse privado de la libertad y, con esa finalidad, requerir, en desarrollo de sus competencias y según el caso, a quien corresponda para que, en el marco de la relación especial de sujeción, al señor Ibarra Herrera no "[se le quite o prohíba] la tenencia de la imagen del Divino Niño Jesús sin que se cumpla la carga de razonabilidad [que se requiere en estos eventos para interferir legítimamente en el ejercicio del derecho a la libertad religiosa y de cultos]" (primer presupuesto).]

Auto A-670 de 2018

[Resumen automatizado: ORDENAR�al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC,� a la Policía Metropolitana de Bogotá, y a la Secretaría de Gobierno de la� Alcaldía Mayor de Bogotá que, si aún no lo han hecho, en un término razonable que en ningún caso puede superar los ocho (8) días contados a partir de la notificación de esta providencia, procedan a trasladar a las personas sindicadas y condenadas que lleven más de 36 horas en las Unidades de Reacción Inmediata URI de Bogotá y salas de retenidos de las Estaciones de Policía de Bogotá, a los establecimientos de reclusión del orden nacional o distrital en los que, en condiciones dignas y de acuerdo con la Constitución y la ley, deben permanecer hasta que la autoridad judicial competente ordene su libertad, éste proceso de traslado de�los internos debe tener en cuenta la regla de equilibrio decreciente fijada para el ingreso de internos a los establecimientos carcelarios, impuesta en la sentencia T-388 de 2013, de modo que no genere una situación de hacinamiento en los establecimientos carcelarios y penitenciarios receptores.]

Auto A-653 de 2018

[Resumen automatizado: Mediante escrito radicado el día 12 de junio de 2018, la Procuraduría General de la Nación rindió concepto, haciendo dos tipos de requerimientos a este tribunal: (i) primero, que declare infundadas las objeciones gubernamentales planteadas por el gobierno nacional relacionadas con la presunta vulneración de los artículos 154 y 48 de la Carta Política, esto es, con respecto a los reparos por la falta del aval gubernamental y por la presunta violación de los principios de solidaridad, eficiencia y equidad en el sistema pensional; (ii) y segundo, que se ordene la devolución del proyecto al Congreso de la República, para que incluya las medidas necesarias para asegurar la sostenibilidad financiera de la normatividad cuestionada, y que, una vez regrese a la Corte, se adopte un fallo definitivo. || Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, este tribunal debe efectuar el escrutinio judicial del proyecto de ley mediante el cual se redujo en 150 semanas el período mínimo de cotizaciones al sistema pensional por parte de las mujeres, tomando como referente de análisis los señalamientos formulados en su contra por el Presidente de la República y el Ministerio de Hacienda, esto es, por el presunto desconocimiento de los principios del sistema pensional, entre ellos la sostenibilidad fiscal, la equidad, la solidaridad y la eficiencia, y por no contar con el respaldo del Ejecutivo en una materia que requería del aval gubernamental.]

Auto A-651 de 2018

[Resumen automatizado: La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas y las Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere el siguiente auto. || Las comunidades indígenas "La Laguna Siberia" y "Las Mercedes", a través de dos de sus autoridades indígenas, Nibaldo Panche Cogue y Nancy Milena Chocue Guetio, consideran que el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (en adelante ANI), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (en adelante ANLA) y Nuevo Cauca S.A.S. comprometen su derecho fundamental a la consulta previa por haber desarrollado el proyecto vial "Segunda Calzada Popayán - Santander de Quilichao", y concretamente su unidad funcional 3, sin haberles consultado. || Por lo anterior, una vez se haya adecuado el trámite constitucional, los jueces de primera instancia deberán emitir fallo en los términos previstos en el Decreto 2591 de 1991, y en caso de no ser impugnada la decisión, remitirán este asunto directamente al Despacho de la Magistrada Sustanciadora, para efecto de que se surta el proceso de revisión por parte de esta Sala.]

Auto A-566 de 2018

[Resumen automatizado: La autoridad competente para resolver la acción de tutela presentada por Jorge Eliécer Cardona Corral en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá es a quien primero le fue repartida, esto es, a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. || 2. Con base en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el auto del 12 de julio de 2018, proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y remitirá a este despacho judicial el expediente ICC-3412, que contiene la acción de tutela formulada por Jorge Eliécer Cardona Corral en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar. || REMITIR el expediente ICC-3412, que contiene la acción de tutela presentada por Jorge Eliécer Cardona Corral en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.]

Auto A-556 de 2018

[Resumen automatizado: Para ello, expresó que "teniendo en cuenta el trámite previsto en el artículo 9 del Acto Legislativo 01 de 2017, donde se indica que los conflictos como el aquí suscitados deberán ser resueltos por la Sala Incidental conformada por tres Magistrados de la Corte Constitucional y tres más de las Salas o Secciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, se ordena la remisión de este expediente a la Corte Constitucional"[4]. || 1. La Corte Constitucional, mediante sentencia C-674 de 2017[5] decidió, entre otros asuntos, declarar inexequible el artículo transitorio 9º del Acto Legislativo 1 de 2017, norma que establecía las autoridades judiciales encargadas de resolver los conflictos de competencia entre las diferentes jurisdicciones y la Jurisdicción Especial para la Paz. || Si bien es cierto que este tribunal ha entendido que, de manera provisional los conflictos de jurisdicción deben ser resueltos por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mientras entra en funcionamiento la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, esta conclusión se aplica respecto de atribuciones que habían sido asignadas por la Constitución Política a dicho organismo, y no, como ocurre en este caso, respecto de potestades que nunca le fueron conferidas.”]

Auto A-549 de 2018

[Resumen automatizado: De igual forma le ordenó al MSPS que dentro del término máximo de veinte días hábiles contados a partir de la notificación: (i) expidiera una nueva normatividad que regulara de forma unificada los parámetros prescritos sobre el contenido y entrega de las cartas de derechos y deberes de los pacientes, y de desempeño de las EPS, de conformidad con los lineamientos establecidos en los numerales 3.1.1 al 3.1.3[8], 3.2.1 al 3.2.3[9] y los incorporados en el numeral 8.4[10] del Auto 264 de 2012, atendiendo los parámetros señalados en el numeral tercero de la parte resolutiva; (ii) enviara copia de la normatividad anteriormente relacionada en el mismo término; (iii) presentara informes semestrales que dieran a conocer las actuaciones adelantadas respecto al acatamiento del mandato constitucional y de la providencia en mención; (iv) adoptara las medidas necesarias para verificar la entrega material de las cartas a los usuarios a cargo de las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado, y la imposición de las sanciones a que hubiere lugar con ocasión al incumplimiento.]

Auto A-520 de 2018

[Resumen automatizado: La Sala Segunda de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Alejandro Linares Cantillo, y la Magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y 63 a 65 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional, procede a dictar el presente auto. || 4. El expediente de la referencia, fue seleccionado para su revisión y repartido al Despacho de la Magistrada Diana Fajardo Rivera[14], quien el 20 de junio de 2018 emitió un auto de solicitud de pruebas, en el ejercicio de las competencias que poseen los magistrados sustanciadores para el recaudo de elementos de juicio relevantes en el trámite de revisión de tutelas. || 6. El 9 de julio de 2018, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) por intermedio de Jorge Nelson Urueña López, en calidad de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, envió a esta Corporación un escrito en respuesta al auto de solicitud de pruebas del 20 de junio del año en curso y señaló: “(…) en ejercicio del derecho de defensa y contradicción, me permito SOLICITAR incidente de nulidad teniendo en cuenta que nunca el fallo dio orden a esta entidad”.]

Auto A-470 de 2018

[Resumen automatizado: (iii) Finalmente, sostuvo el Magistrado sustanciador, Luis Guillermo Guerrero Pérez, que el actor no expuso argumentos ciertos, claros, específicos ni suficientes sobre el presunto desconocimiento de los artículos 13 y 29 superiores, pues en el escrito de corrección "el actor se limita simplemente a sostener que las normas acusadas violan sus derechos constitucionales a la dignidad humana, a la igualdad y al debido proceso, a partir de la decisión judicial que le negó el subrogado penal de la libertad condicional, pero sin exponer razones o motivos claros de inconstitucionalidad que den lugar a la violación alegada por tales disposiciones", más aún cuando se observa que en el escrito de corrección de la demanda el actor "no hace ningún tipo de pronunciamiento al respecto, por el contrario, se limita a censurar la decisión que presuntamente profirió un juez de la república en su caso particular".]

Auto A-460 de 2018

[Resumen automatizado: La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 del 2004, integrada por el Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez y por las Magistradas Diana Fajardo Rivera y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, adopta el presente Auto con fundamento en los siguientes, || Por otro lado, y, específicamente, en lo relativo al impacto desproporcionado para las mujeres desplazadas de diferentes riesgos del conflicto armado, el Auto 009 de 2015 declaró reservado el documento anexo con cuatrocientos cuarenta y dos (442) casos de violencia sexual, con excepción de algunas entidades, entre ellas, la Defensoría del Pueblo[8], a quien, además, se le solicitó enviar a esta Sala Especial un informe mensual con los resultados de la labor de promoción, garantía y protección de los derechos fundamentales de las mujeres protegidas en dicho anexo. || CONCEDER a la Defensoría del Pueblo el acceso a la información del anexo reservado del Auto 092 de 2008, relativa a los diez (10) casos que corresponden al departamento del Valle del Cauca, únicamente para el ejercicio de sus funciones, definidas por el artículo 282 de la Constitución Política y, específicamente, para el restablecimiento y fortalecimiento de los derechos de ese grupo poblacional.]

Auto A-240 de 2018

[Resumen automatizado: El señor José Luis Serna Arbeláez, actuando en nombre propio y como guardador sustituto de su hermano Juan David, promovió acción de tutela mediante apoderado, contra el Juzgado Décimo de Familia de Bogotá, al considerar que la autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y al libre desarrollo de la personalidad con ocasión de la decisión proferida el 21 de mayo de 2003, en el marco del proceso de filiación extramatrimonial. || (4-72) con la anotación "No reside"[14] y que la notificación de la tutela por aviso de un día en la Secretaría de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Bogotá y en la página web de la Rama Judicial[15] no podrían haber asegurado el conocimiento fehacientemente de la existencia de la acción de tutela, el Magistrado Sustanciador, mediante auto del 10 de abril de 2018, con el fin de garantizar el derecho de contradicción y defensa del señor Pájaro Peñaranda, dispuso ponerlo en conocimiento de la acción de tutela a la cual fue vinculado.]

Auto A-206 de 2018

[Resumen automatizado: La actora radicó el escrito de corrección de la demanda[7], que fue recibido por la Corte el 28 de febrero de este año.[8] En esa oportunidad, introdujo un nuevo argumento, al sostener que la reforma en los términos para interponer y sustentar el recurso extraordinario de casación, vulneró los principios de progresividad y de no regresividad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, contexto en el que "una medida regresiva, en principio, se presume inconstitucional lo cual debe desvirtuar el legislador mediante un análisis más riguroso al que le es exigido normalmente, señalando la no existencia de mecanismos menos lesivos para obtener el fin perseguido con la medida regresiva". || La ciudadana Milena Beatriz Quijano Zapata aportó un escrito manifestando que el cargo por exceso en el ejercicio de la libertad de configuración legislativa es apto, porque el aparte censurado del artículo 98 de la Ley 1395 de 2010, recortó los términos del recurso extraordinario de casación penal, contrariando los principios de progresividad y no regresividad, democrático y de soberanía popular, así como los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la justicia y a la primacía de la realidad sobre las formas.]

Auto A-186 de 2018

[Resumen automatizado: El Ministerio de Salud remitió el 14 de noviembre de 2008 un informe en el que evidencia la participación del Fosyga, toda vez que se adjunta "Cronograma [suscrito por él] para el trámite de recobros de medicamentos NO POS y fallos de tutela MYT-04 'OBJECIÓN A LA GLOSA' pendientes a septiembre 30 de 2008 Resolución 2933 de 2006" y con el que expuso los procedimientos y actividades adelantados para dar cumplimiento a la orden vigésimo quinta[12], que se enuncia a continuación: || En el auto 030 del 10 de febrero de 2015, esta Sala corrió traslado de los soportes allegados en respuesta al auto 264 de 2014 al Ministerio de Salud y lo requirió para que precisara las razones por las cuales a la fecha no habían sido levantadas y pagadas las glosas "principio activo en POS" y "fallo de tutela" a algunas EPS; asimismo, le pidió que certificara si en sus archivos o bases de datos existían soportes de radicación sobre 4 Entidades Promotoras de Salud adicionales.]

Auto A-153 de 2018

[Resumen automatizado: Se observa entonces, que la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado dio mayor relevancia dentro de su análisis, a la ausencia de apelación por parte de la accionante Sofía, que al deber de impartir justicia material en el caso concreto, lo cual no es adecuado, por cuanto aunque ella no haya apelado la decisión del Tribunal Administrativo del Tolima, la autoridad judicial demandada debió valorar de manera oficiosa y sin apego excesivo a las formalidades, el hecho de que: (i) al ser hija del señor Carlos (q.e.p.d.), se constituye como víctima en el proceso de reparación directa de la referencia; (ii) al ser menor de edad, goza de unas prerrogativas que la hacen sujeto de especial protección constitucional, por lo que, por sus condiciones especiales y vulnerabilidad en razón de su edad, requiere de una atención especial y un tratamiento jurídico diferenciado frente al del resto de la población; (iii) de las circunstancias de la accionante también era posible "inferir que su padre le habría reportado una ayuda económica hasta el momento en que cesara completamente su obligación legal de prestarles alimentos a sus hijos";[2] y (iv) en virtud de la igualdad, la accionante tenía derecho a que se le hicieran los mismos reconocimientos que a su media hermana."]

Auto A-121 de 2018

Seguimiento unificado a las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015 - [Resumen automatizado: Estos dos principios, definitorios de las relaciones que se tejen al interior de los establecimientos penitenciarios, llevan, desde la perspectiva de un seguimiento por objetivos y mínimos asegurables, a la necesidad de contemplar los lineamientos normativos y jurisprudenciales con relación a las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana que deben respetar los centros penitenciarios y carcelarios en lo relativo a los principales aspectos de la vida en reclusión: 1) resocialización, 2) infraestructura, 3) alimentación, 4) derecho a la salud, 5) servicios públicos y 6) acceso a la administración pública y a la justicia, ámbitos que son ilustrativos, y no excluyentes, de otros que la Corte, los organismos de control, o las autoridades responsables de la política, consideren pertinentes incluir en el proceso de seguimiento. || Sin embargo, el proceso de seguimiento y de cumplimiento son dos cosas distintas (ver supra fundamentos 9 al 13) y, en tal virtud, es necesario contar con las condiciones mínimas del seguimiento al ECI definidas en la Sentencia T-762 de 2015 y reiteradas en esta providencia, lo que implica la obligación de consolidar, de manera urgente, los cuatro bastiones del seguimiento: (i) la base de datos y el sistema de información sobre política criminal; (ii) las normas técnicas sobre privación de la libertad; (iii) la línea base; y (iv) la definición de los indicadores de goce efectivo de derechos, mismos que deben dar cuenta de los mínimos constitucionalmente asegurables en un escenario carcelario.]

Auto A-94 de 2018

[Resumen automatizado: Ese Juzgado sustentó su falta de competencia en que, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 32 del Decreto 2591 de 1991, y el Auto 521 del 4 de octubre de 2017, proferido por la Corte Constitucional, se puede concluir que: (i) la segunda instancia en acción de tutela debe ser conocida por los superiores jerárquicos y funcionales de los jueces que conocieron en primera instancia, y (ii) los juzgados penales especializados para adolescentes, no son superiores jerárquicos ni funcionales de los juzgados penales municipales que conocen de asuntos de adultos. || Con base en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el auto del auto del 18 de enero de 2018, proferido por el Juzgado 4º Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, y remitirá a este despacho judicial el expediente ICC-3209, que contiene la acción de tutela formulada por Luis Carlos Linares Linares contra la Secretaría Distrital de Movilidad -Subdirección de Contravenciones de Tránsito de Bogotá- para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar respecto de la impugnación presentada por el accionante. || Segundo.- REMITIR el expediente ICC-3209, que contiene la acción de tutela presentada por el apoderado judicial de Luis Carlos Linares Linares, al Juzgado 4º Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar respecto de la impugnación presentada por la accionante.]

Auto A-29 de 2018

[Resumen automatizado: Advierte que la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas impuesta a los condenados no permite deducir la existencia de una suspensión de la ciudadanía y, si así fuera, una sanción de tal magnitud "impuesta de manera automática a todo condenado, sin motivación o justificación alguna, o la clase, gravedad del delito, o relación con el sistema democrático, participativo o incluso el sistema electoral quebrantaría la garantía constitucional del voto o derecho al sufragio" [4]. || 5. El actor interpuso el recurso de súplica en término[19], en el cual reiteró los argumentos de la demanda inicial y manifestó que el Auto 242 de 2015, que cita en extenso, habilita la edificación de un cargo de constitucionalidad sobre el derecho al sufragio de los condenados, pues si bien la jurisprudencia ha conceptuado que la prohibición de voto se deriva de la suspensión del ejercicio de su ciudadanía, la Corte al permitir que presenten acciones de inconstitucionalidad reconoce que su condición de ciudadano continua vigente.]

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2017

Auto A-548 de 2017

[Resumen automatizado: Para resolver el asunto planteado, la Sala estima necesario abordar las siguientes cuestiones previas: (i) la naturaleza del principio de unidad de la jurisdicción constitucional y, en relación con él, el carácter vinculante de las declaratorias de estados de cosas inconstitucionales para el juez de tutela y su papel en el desarrollo y materialización de la estrategia de superación de un estado de cosas inconstitucional, a través de órdenes complejas, sus límites y la demanda de colaboración interna de los funcionarios judiciales que componen la jurisdicción constitucional, en la superación de afectaciones masivas y generalizadas de las garantías ius fundamentales; (ii) los mecanismos para hacer efectivos los fallos de tutela y las herramientas de las que dispone el juez constitucional para asegurar el cumplimiento, incluso a través del incidente de desacato de sus decisiones; (iii) las causales que permiten que la Corte pueda reasumir excepcionalmente la competencia para asegurar la ejecución de lo ordenado en una sentencia proferida por este Tribunal, lo cual en principio, corresponde al juez de primera instancia; y (iv) el trámite de incidentes de desacato en el marco de un ECI que involucra órdenes complejas y estructurales, y la competencia del juez de tutela de instancia para emitirlas y seguirlas.]

Auto A-543 de 2017

[Resumen automatizado: Conforme con lo anterior, la autoridad competente para resolver la impugnación de la acción de tutela instaurada por la señora Nubia Estela contra de EMSSANAR ESS y el Instituto Departamental de Salud de Nariño IDSN, es el el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto Sala Penal, dado que es el superior funcional del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pasto, teniendo en cuenta la especialidad material a la que pertenecen, dentro de la Jurisdicción Ordinaria, esto es la materia penal. || Con base en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el auto proferido el 7 de junio de 2017 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto Sala Penal, dentro de la acción de tutela formulada por la señora Nubia Estela contra de EMSSANAR ESS y el Instituto Departamental de Salud de Nariño IDSN. || Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el 7 de junio de 2017 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto Sala Penal , dentro del proceso de acción de tutela formulada por la señora Nubia Estela contra de EMSSANAR ESS y el Instituto Departamental de Salud de Nariño IDSN.]

Auto A-510 de 2017

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Carlos Bernal Pulido, Diana Fajardo Rivera, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Cristina Pardo Schlesinger, José Fernando Reyes Cuartas, Alberto Rojas Ríos y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido el siguiente || “(i) En las providencias adoptadas por el Juzgado Segundo de Descongestión Civil del Circuito de Bogotá, el 27 de octubre de 2006, y por el Tribunal accionado, el 20 de noviembre de 2007, en las cuales se decidió continuar con el proceso ejecutivo en contra de Gloria María Mansilla y declarar la prescripción de la obligación sólo en relación con la cuota parte de propiedad de Miguel Ángel Díaz en aplicación del artículo 2514 del Código Civil, se configuró un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, así como un error por consecuencia, toda vez que en dichas decisiones al efectuarse una subsunción simple de dicha norma en el caso concreto, en vez de una ponderación que tuviera en cuenta la situación excepcional que rodeaba el proceso, se ignoró el hecho de que la deuda fue contraída por la sociedad conyugal y que por ello la extinción de la acreencia debió beneficiar a los dos esposos.]

Auto A-448 de 2017

[Resumen automatizado: TERCERO.- ORDENAR al Ministerio de la Protección Social así como al Ministerio de Educación Nacional, a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para que de manera pronta, constante e insistente diseñen y pongan en movimiento campañas masivas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos que contribuyan a asegurar a las mujeres en todo el territorio nacional el libre y efectivo ejercicio de estos derechos y, en tal sentido, el conocimiento de lo dispuesto en la sentencia C-355 de 2006 así como lo desarrollado en la presente providencia y URGIR a estas mismas entidades para que hagan el debido seguimiento de tales campañas con el objetivo de poder constatar su nivel de impacto y eficacia. || Una vez evidenciado el incumplimiento de las órdenes dadas a las autoridades públicas competentes e involucradas en la resolución del asunto, esta Sala mediante Auto 210 de 2010 del seis de julio, requirió a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación para que dieran cumplimiento a lo resuelto en el numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia T-388 de 2009, como quiera que dichas entidades públicas no presentaron los informes respectivos dentro de la orbita de sus competencias, en el término de tres meses, a pesar de que la notificación de la sentencia surtida en el mes de octubre de 2009.]

Auto A-400 de 2017

[Resumen automatizado: Adujo que durante el trámite de la diligencia les informaron que el procesado no podría ser trasladado por parte del INPEC y del Centro de Reclusión Militar EJUPA del Batallón La Popa de Valledupar, a la ciudad de Bucaramanga para la celebración de la audiencia de instalación del juicio programada por el Juzgado Tercero Penal Especializado del Circuito de Bucaramanga, para los días 1° y 2° de noviembre de 2016. || Esa Corporación avocó conocimiento mediante auto del dos (2) de noviembre de 2016, en el que ordenó vincular al director general del INPEC, al Ministro de Defensa, al comandante del Ejército Nacional, a los directores de los centros de reclusión militar EJUPA Batallón la Popa de Valledupar y Quinta Brigada de Bucaramanga, al Juez Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga y al interno Willington Ortiz Pineda. || De igual manera, en esa misma fecha, ese juzgado radicó vía correo electrónico, escrito mediante el cual solicitó la nulidad de todo lo actuado por la falta de notificación del auto dos (2) de noviembre de 2016, que admitió a trámite la presente solicitud de amparo, con fundamento en el artículo 137 del Código General del Proceso.]

Auto A-398 de 2017

[Resumen automatizado: 3.- En el contexto normativo anterior, actualmente la Corte adelanta el control de constitucionalidad del Decreto Ley 775 del 16 de mayo de 2017, "Por la cual se dictan normas para el Sistema de Defensa Técnica y Especializada de los miembros de la Fuerza Pública, financiado por Fondetec preste servicios de defensa técnica a los miembros activos retirados de la Fuerza Pública en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición", dentro del expediente RDL-014 cuyo término de vencimiento para adoptar la decisión es el veintinueve (29) de agosto de 2017 a partir del registro realizado el pasado veintiocho (28) de julio del año en curso. || PRIMERO.- SUSPENDER los términos en el expediente RDL-014, correspondiente al control automático de constitucionalidad del Decreto Ley 775 de 2017 "Por la cual se dictan normas para que el Sistema de Defensa Técnica y Especializada de los miembros de la Fuerza Pública, financiado por Fondetec preste servicios de defensa técnica a los miembros activos y retirados de la Fuerza Pública en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición".]

Auto A-292 de 2017

[Resumen automatizado: El 15 de octubre de 2014, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió declarar EXEQUIBLE�la expresión "previa valoración de la conducta punible" contenida en el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014, en el entendido de que�para decidir sobre la libertad condicional de los condenados, los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad han de valorar la conducta punible y para ello deben tener en cuenta las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez penal en la sentencia condenatoria, bien sean favorables o desfavorables a la solicitud del interno. || Con fundamento en esa disposición, como en la que normaba la materia en el Código de Procedimiento Civil, esta Corporación ha establecido que únicamente analizará las solicitudes de aclaración que: (i) sean formuladas por quien esté legitimado para hacerlo; (ii) en el término de ejecutoria de la sentencia[7]; y (iii) por causa de una ambigüedad evidente en la parte resolutiva de la decisión. || Las valoraciones de la conducta punible que hagan los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad para decidir sobre la libertad condicional de los condenados debe tener en cuenta todas las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez penal en la sentencia condenatoria, sean éstas favorables o desfavorables al otorgamiento de la libertad condicional."]

Auto A-116 de 2017

[Resumen automatizado: En sus casos, la protección especial�se manifiesta, cuanto menos, en el derecho a que durante el proceso de liquidación, pero antes del término de sus vínculos al final del trámite, se hubiese adoptado una política de reubicación ocupacional."[8] Como en el contexto de liquidación de TELECOM no se adoptó una política de reubicación para las personas beneficiarias del retén social, la Sala Plena amparó los derechos de seis (6) accionantes que contaban con la calidad de padres o madres cabeza de familia, sin que ello implicara pago de salarios, prestaciones sociales o convencionales desde su desvinculación, porque tal solicitud se tornaba improcedente teniendo en cuenta que al liquidarse la entidad y suprimirse sus cargos, todos esos conceptos ya les habían sido reconocidos. || En relación a su caso, dicha providencia resolvió declarar improcedente su solicitud de amparo sobre la base de que había cosa juzgada constitucional, pues en el expediente obraba prueba de que ella había interpuesto previamente otra acción de tutela contra el PAR, sobre los mismos hechos, causas y pretensiones.[32] La solicitante alega, sin embargo, que esa decisión vulneró su derecho al debido proceso, por lo que la sentencia debe declararse nula, pues al no estudiarse de fondo su caso se "omitió el análisis de los requisitos que cumpl[e] para ser beneficiaria del PPA, y que de hacerse, [la] haría acreedora a la protección que para el PAR se derivan del llamado retén social".]

Auto A-54 de 2017

[Resumen automatizado: ORDENAR�al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC,� a la Policía Metropolitana de Bogotá, y a la Secretaría de Gobierno de la� Alcaldía Mayor de Bogotá que, si aún no lo han hecho, en un término razonable que en ningún caso puede superar los ocho (8) días contados a partir de la notificación de esta providencia, procedan a trasladar a las personas sindicadas y condenadas que lleven más de 36 horas en las Unidades de Reacción Inmediata URI de Bogotá y salas de retenidos de las Estaciones de Policía de Bogotá, a los establecimientos de reclusión del orden nacional o distrital en los que, en condiciones dignas y de acuerdo con la Constitución y la ley, deben permanecer hasta que la autoridad judicial competente ordene su libertad, éste proceso de traslado de�los internos debe tener en cuenta la regla de equilibrio decreciente fijada para el ingreso de internos a los establecimientos carcelarios, impuesta en la sentencia T-388 de 2013, de modo que no genere una situación de hacinamiento en los establecimientos carcelarios y penitenciarios receptores.[36]]

Auto A-48 de 2017

[Resumen automatizado: El primero, porque no obstante que el Municipio de San José de Cúcuta había contado con todos los mecanismos de defensa, había asumido una actitud pasiva y no había utilizado la oportunidad para dar respuesta a la demanda arbitral, ni para proponer excepciones y solicitar pruebas, así como tampoco había asistido a la audiencia de conciliación, y por último, tampoco había hecho uso del recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia que resolvió la anulación. || Con fundamento en las anteriores consideraciones, en la Sentencia T-430 de 2016 la Corte concluyó, que en el caso concreto no se cumplía el requisito de subsidiariedad toda vez que el municipio tutelante no había agotado los mecanismos y oportunidades que el proceso arbitral concedía para la defensa de sus intereses y, en su lugar, pretendió trasladar al juez de tutela una controversia de carácter sustancial y probatoria sobre la obligación del pago de los subsidios a los que fue condenado en el laudo arbitral.]

Auto A-37 de 2017

[Resumen automatizado: 1. El 17 de noviembre de 2016, las compañías Seguros Generales Suramericana S.A y Allianz Seguros S.A radicaron ante la Corte Constitucional solicitud de nulidad contra la sentencia SU-556 de 2016, por considerar que la Sala Plena violó su derecho al debido proceso, en tanto a su juicio (i) desconoció la jurisprudencia sobre la relevancia constitucional como requisito de procedencia de la tutela contra providencias; (ii) desconoció la jurisprudencia sobre el defecto sustantivo; (iii) desconoció la jurisprudencia sobre defecto fáctico; (iv) desconoció la jurisprudencia sobre imposibilidad de que el juez de tutela asuma funciones del juez ordinario o del tribunal de arbitramento; (v) no consideró un asunto trascendental, como era la inexistencia de un riesgo por el ejercicio de la función regulatoria; (vi) incongruencia; y (vii) falta de motivación del numeral 4º de la parte resolutiva, y desconocimiento de la jurisprudencia en lo pertinente. || En cuarto lugar, la solicitud de nulidad aduce que además de no haber argumentos que muestren la relevancia constitucional de este problema, la misma tampoco es evidente, como lo requiere la jurisprudencia de la Corte, por cuanto no está asociado al debido proceso constitucional, no tiene ninguna trascendencia para la interpretación de la Constitución, y antes bien su consideración en una sentencia de tutela convierte al juez constitucional en una instancia más dentro del litigio originario.]

Auto A-35 de 2017

[Resumen automatizado: [13] La pertinencia, como atributo esencial de las razones expuestas al demandar una norma por inconstitucional, indica que "el reproche formulado por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional", esto es, basado en la evaluación del contenido de una norma superior frente al de la disposición demandada, apartándose de sustentos "puramente legales[14] y doctrinarios",[15] o simples puntos de vista del actor buscando un análisis conveniente y parcial de sus efectos.[16] Finalmente, la suficiencia se refiere, por una parte, a "la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche", [17] y por otra, a la exposición de argumentos que logren despertar "una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada"[18] que haga necesario un pronunciamiento de la Corte. || Primero.- CONFIRMAR en todas sus partes el Auto del 11 de enero de 2017, proferido por el despacho del Magistrado Ponente en el proceso D-11856, doctor Jorge Iván Palacio Palacio, mediante el cual se rechazó la demanda presentada por el ciudadano Orlando García Blanco contra el artículo 19 de la Ley 1453 de 2011, que modifica el artículo 365 de la Ley 599 de 2000.]

Auto A-25 de 2017

[Resumen automatizado: La Sala Segunda de la Corte Constitucional -integrada por los magistrados Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo- profirió la sentencia T-544 de 2015, en el trámite de revisión de los fallos dictados en la acción de tutela de la referencia. || SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTOS las decisiones judiciales proferidas con posterioridad al auto de 26 de noviembre de 2013 que concedió el amparo de pobreza, para que el Juzgado Quinto de Ejecución Civil de Bogotá rehaga las actuaciones procesales en el marco del proceso ejecutivo hipotecario, previo a la designación de un apoderado judicial que asuma la defensa eficiente y diligente de la señora María Elena Acosta. || En efecto, en dicha sentencia -luego de identificar el error procedimental y de desvirtuar el fáctico- se dispuso que se debían dejar "(...) sin efectos las decisiones judiciales proferidas con posterioridad al auto de 26 de noviembre de 2013 que concedió el amparo de pobreza, para que el Juzgado Quinto de Ejecución Civil de Bogotá rehaga las actuaciones procesales en el marco del proceso ejecutivo hipotecario, previo a la designación de un apoderado judicial que asuma la defensa eficiente y diligente de la señora María Elena Acosta".]

Auto A-16 de 2017

[Resumen automatizado: Mediante escrito radicado el 11 de noviembre de 2016, la Secretaría General de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, remitió a esta Corporación el memorial presentado por el apoderado judicial de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, el 25 de octubre de 2016, solicitando se declare la nulidad de la sentencia T-767 de 2015 aduciendo una vulneración al debido proceso toda vez que, en su sentir, la acción de tutela no era procedente en vista de que se encontraba pendiente por resolver la solicitud de nulidad presentada por la actora ante el tribunal demandado. || La acción de tutela es un dispositivo constitucional que se rige por el principio de la informalidad, en virtud del cual no está sometida a requisitos especiales ni fórmulas sacramentales que puedan implicar una prevalencia de las formas sobre la búsqueda material de protección de los derechos de las personas que la invocan.[15] En esa medida, ha debido tenerse en cuenta la fecha de presentación de la solicitud de nulidad ante el Consejo de Estado, ya que la jurisprudencia de esta Corporación, aplicando el Decreto 2067 de 1991, no ha exigido que deba radicarse ante la Secretaría General de este Tribunal, porque que se ha entendido como requisitos, únicamente, que la petición de nulidad de la sentencia se presente en el término de la ejecutoria, es decir, dentro de los tres días siguientes a la notificación.]

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2016

Auto A-588 de 2016

[Resumen automatizado: Esta Corporación, al resolver distintas nulidades interpuestas en contra de fallos de tutela, ha hecho alusión a la causal de nulidad que aquí se estudia, y ha señalado que consiste en el desconocimiento de una sentencia anterior y pertinente cuya ratio decidendi conduce a una regla determinante para resolver los casos que guarden identidad fáctica y jurídica con el asunto que previamente desató el mismo problema jurídico.[40]Así, el Auto 004 de 1996, decidió la solicitud de nulidad interpuesta contra la Sentencia T-057 de 1995, a través de la cual se decidió el asunto de un traslado de competencias de los jueces ordinarios a la justicia arbitral en temas de ejecución, y se concedió el amparo deprecado, por cuanto “la ley mantiene el criterio tradicional de reserva por parte del Estado del poder jurisdiccional de ejecución, en razón de lo cual, se excluye la posibilidad de cláusula compromisoria, compromiso y arbitraje en asuntos de ejecución”.[41]La solicitud de nulidad referida se presentó porque, a juicio del solicitante, con la decisión en ella contenida se modificó la jurisprudencia constitucional sin haberse dado cumplimiento a las exigencias establecidas en los artículos 34 del Decreto 2591 de 1991 y 53 del Acuerdo 5 de 1992.]

Auto A-489 de 2016

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, de conformidad con el Decreto 2067 de 1991 y el artículo 50 del Acuerdo número 02 de 2015, procede a resolver el recurso de súplica interpuesto por el señor Rosendo Espitia Muñoz contra el auto de fecha 1 de septiembre de 2016, mediante el cual se rechazó la demanda contenida en el expediente D-11551. || La Sala Plena de este Tribunal ha señalado que cuando los demandantes son personas privadas de la libertad en cárceles o penitenciarías del país se debe hacer una excepción a la regla general, consagrada en el Código General del Proceso, sobre la notificación por estado de las providencias, pues lo más adecuado en estos casos es aplicar la norma prevista en el artículo 169 del Código de Procedimiento Penal[21], la cual admite que (i) la notificación se surta por el medio más eficaz y expedito, (ii) siempre y cuando se garantice el conocimiento de la decisión judicial por parte del interesado en la institución carcelaria en la que se halla confinado [22].]

Auto A-445 de 2016

[Resumen automatizado: La acción de tutela fue repartida al Juzgado 2º Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Medellín y por auto del 19 de mayo de 2016, declaró su falta de competencia para fallar, en razón a que, de conformidad con lo previsto en el numeral 1º, del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, cuando una acción de tutela se dirige en contra de una autoridad pública del orden nacional, como es el caso de la Registraduría Especial del Estado Civil, la idoneidad para estudiar de fondo el amparo debe recaer en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, por lo que ordenó remitir el expediente a esa autoridad. || Por tanto, esta Corporación dejará sin efecto el auto del 19 de mayo de 2016 dictado por el Juzgado 2º Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Medellín y, en su lugar, dispondrá la remisión del expediente que contiene la acción de tutela promovida por el señor Carlos Mauricio Mejía Urrea en nombre propio y en representación de Carlos Andrés Cuesta Murillo en contra de la Juez Coordinadora del Centro de Servicios Judiciales del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de Medellín y la Registraduría Especial del Estado Civil de Medellín, a ese despacho judicial, para que con la debida prelación constitucional imparta el trámite que corresponda y dicte la decisión de primera instancia conforme a la situación fáctica y las pretensiones propuestas.]

Auto A-373 de 2016

[Resumen automatizado: Primero.- ORDENAR, a través de la Secretaría General de esta Corporación, al Director de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y al Director del Departamento Nacional de Planeación, que presenten un documento, con la participación de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, en el que informen acerca de cuáles son las necesidades de capacidad institucional y administrativa requeridas, al igual que los ajustes a la actual batería de indicadores que consideren adecuados, para efectos de realizar un análisis que permita evaluar, en última instancia, lo siguiente: (i) si la población desplazada enfrenta o no mayores situaciones de riesgo que el resto de la población nacional en relación con los derechos a la vida, la libertad y la integridad personal; (ii) si el Estado actúa de manera eficaz para atender la situación de extrema vulnerabilidad que caracteriza los días y meses que siguen al desarraigo (i.e. registro y ayuda humanitaria), de una parte y, de la otra, (iii) si promueve las acciones y las medidas a mediano y largo plazo con el propósito de generar las condiciones de sostenibilidad económica y social a favor de la población desplazada (i.e. vivienda, generación de ingresos, restitución de tierras, retornos y reubicaciones), de forma tal que la población desplazada tenga acceso a estos bienes y servicios en el mismo plano que los miembros de la población residente con necesidades comparables.]

Auto A-368 de 2016

Solicitud de apertura de incidente de desacato frente al presunto incumplimiento de las órdenes generales de la Sentencia T-762 de 2015 - [Resumen automatizado: En forma reiterada se ha reconocido que esta Corporación, a través de sus Salas de Revisión, tiene competencia excepcional para conocer de los incidentes de desacato promovidos para lograr el cumplimiento de alguna de las sentencias en las que ha declarado un ECI, cuando en ella se haya reservado la facultad de seguimiento; puede hacerlo “excepcional y específicamente, reservándose la competencia, como se hizo por ejemplo en la sentencia T-025 de 2004, para garantizar la efectividad de las órdenes complejas dictadas para superar un estado de cosas inconstitucional.”[39] || La excepción a la norma general, según la cual la Corte conserva la competencia para seguir el cumplimiento de sus sentencias, cuando sus órdenes respondan a la necesidad de frenar la vulneración masiva y generalizada de derechos que implica un ECI, se explica básicamente porque “la supervisión del acatamiento de un fallo estructural es una actuación que impone mayores responsabilidades al juez constitucional, teniendo en cuenta que lo que está en juego no solo es el máximo respeto que toda autoridad debe prodigar a los mandatos judiciales, sino 'la eficacia y la vigencia material y real de nuestra Carta Política' pilares del Estado social de derecho”[42].]

Auto A-291 de 2016

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, profiere el presente auto en el que se decide la solicitud de nulidad presentada por los señores Pedro Cesar Pestana Rojas y Antonio de Jesús Martínez Hernández, a través de apoderado judicial, contra la sentencia T-685 del 04 de noviembre de 2015. || Mediante sentencia T-097 del 16 de febrero de 2012[11], la Corte Constitucional negó una acción de tutela interpuesta por los aquí accionantes contra el INPEC, en la cual pretendían que se reconociera al Centro de Reclusión y Resocialización Indígena Zenú “Cacique Mexión” como un establecimiento de reclusión especial respecto de las autoridades tradicionales indígenas, como frente a los jueces y los magistrados de la República, y que como consecuencia de ello se computara el tiempo que habían estado retenidos en dicho centro como parte de la pena impuesta en la jurisdicción ordinaria, y se autorizara continuar la ejecución de la pena en el mismo lugar.]

Auto A-251 de 2016

[Resumen automatizado: La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alberto Rojas Ríos, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Jorge Iván Palacio Palacio, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en especial las que le confiere el Decreto Estatutario 2591 de 1991 y el Reglamento Interno (Acuerdo 02 de 2015, artículo 64), profiere el siguiente: || Según los hechos narrados por la actora, esta solicitó el amparo de pobreza al Juzgado 50 Civil Municipal de Bogotá dentro del proceso ejecutivo hipotecario adelantado en su contra por parte de Davivienda S.A., dicha petición fue radicada el día 11 de noviembre de 2015 y no había sido resuelta para el momento en que el Jugado 28 Civil del Circuito de Bogotá avocó el conocimiento de la acción de tutela, esto es, el 24 de noviembre de 2015. || Si bien la acción de tutela fue presentada en contra del Juzgado Cincuenta Civil Municipal de Bogotá, la Sala ha podido observar, de las pruebas recientemente aportadas, que el proceso ejecutivo con título hipotecario adelantado por el Banco Davivienda S.A. en contra de Jazmind Benítez Celeita continuó su curso al punto de haberse adjudicado el inmueble objeto del proceso a la señora Xiomara Garavito Carvajal, quien actuó como rematante en la diligencia ocurrida el 25 de noviembre de 2015.]

Auto A-234 de 2016

[Resumen automatizado: SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE LAS SANCIONES POR DESACATO IMPUESTAS A CAPRECOM EICE EN LIQUIDACION-Negar por cuanto peticionario no ofrece elementos de juicio suficientes sobre la incapacidad institucional actual, ni un plan de contingencia diferenciado con el que logre mermar la afectación de los derechos de la población carcelaria a su cargo || La Sala Quinta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y por la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere este auto con fundamento en los siguientes: || El 30 de diciembre de 2015, entre el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2015 (que asumió la administración del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad) y CAPRECOM EICE En Liquidación, se celebró contrato por el que esta última se obligó a contratar y a garantizar la prestación integral de los servicios de salud para la población privada de la libertad, con cargo al Fondo administrado por la primera. || Primero.- NEGAR la solicitud de levantamiento de las sanciones existentes por desacato contra CAPRECOM EICE En Liquidación, en relación con la prestación de los servicios de salud a favor de la población privada de la libertad, en mérito de lo considerado en esta decisión.]

Auto A-191 de 2016

[Resumen automatizado: La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada María Victoria Calle Correa, el magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez y el suscrito magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, quien la preside, procede a estudiar, en uso de sus facultades constitucionales y legales, la solicitud de cumplimiento de la sentencia T-282 de 2014 que formularon, el 19 de febrero de 2016, los señores Juan Carlos Palomeque García, Javier Pico Rivero y José Marbel Zamora Pérez, en calidad de accionante en la tutela de la referencia, Representante de Derechos Humanos y Vocero de los Internos de la Torre Nº 3, respectivamente, del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar. || 4. Los señores Juan Carlos Palomeque, Javier Pico Rivero y José Marbel Zamora Pérez, en calidad de accionante en la tutela de la referencia, Representante de Derechos Humanos y Vocero de los Internos de la Torre Nº 3, respectivamente, del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar, remiten un escrito a este despacho con fecha 16 de febrero de 2016, recibido en la Secretaría General de esta Corporación el día 19 del mismo mes y año, en el que destacan el incumplimiento a la sentencia de revisión y solicitan"1)Se realice una verificación al dictamen de la visita técnica realizada el día 19 de enero de 2016.]

Auto A-164 de 2016

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, de conformidad con el Decreto 2067 de 1991 y el artículo 50 del Acuerdo número 02 de 2015, procede a pronunciarse sobre el escrito de súplica presentado por el señor Antonio Arley Grimaldo Contreras contra el auto de fecha 18 de marzo de 2016, mediante el cual se rechazó la demanda de la referencia. || Así las cosas y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 y en el artículo 106 del Acuerdo No. 02 de 2015[15] se declarara la nulidad de todo lo actuado a partir de la notificación del auto de fecha 4 de marzo de 2016, a efecto de que la Secretaría General de la Corte Constitucional (i) notifique al actor de la inadmisión de conformidad con la parte motiva del presente proveído y, cumplido lo anterior (ii) remita el expediente de la referencia al Despacho del magistrado sustanciador, Luis Guillermo Guerrero Pérez, para lo de su competencia.]

Auto A-64 de 2016

[Resumen automatizado: 7. En primer lugar, encuentra el Magistrado Sustanciador que los cargos en contra del texto normativo demandado carecen de la especificidad necesaria para poder discernir del escrito de la demanda una línea argumentativa que dé cuenta de la incompatibilidad entre la norma y el texto constitucional. || El artículo 6° del Decreto 2067 de 1991, "Por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional", prevé que contra el auto de rechazo de una demanda de inconstitucionalidad, procede el recurso de súplica. || Como ha señalado esta corporación en sus providencias[8] se debe hacer una distinción entre la etapa procesal de admisión de la acción de inconstitucionalidad, cuya finalidad es determinar si la acción cumple con los requisitos formales y materiales de procedencia establecidos por el ordenamiento jurídico, y la etapa procesal que activa el recurso de súplica, en la cual, se le brinda al demandante un mecanismo para controvertir los fundamentos jurídicos y la estructura argumentativa que llevaron al Magistrado Sustanciador a rechazar la demanda.]

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2015

Auto A-556 de 2015

[Resumen automatizado: 2. El señor Saúl Cáceres Mejía, de 79 años de edad[3], y la señora Tulia Muñoz Ruiz, de 77 años de edad[4], interpusieron acción de tutela contra Seguros de Vida Suramericana S.A. e Interseg Intermediarios de Seguros por considerar que estas vulneraron sus derechos fundamentales a la vida, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia[5], con fundamento en los siguientes hechos: || “[…] es claro que frente a este asunto no se ha iniciado nunca una acción judicial, con miras a reclamar los derechos que nacieron de la póliza de vida grupo docentes adquirida por ROSA TULIA CACERES MUÑOZ, ya que lo[s] peticionarios iniciaron directamente acción de tutela, sin antes ir a la jurisdicción ordinaria a hacer valer sus derechos y no existe decisión de juez que permita inferir que dicho derecho fue vulnerado, por el contrario el derecho constitucional del debido proceso de INTERSEG intermediarios de seguros, SI FUE VULNERADO, con la presente sentencia, por cuanto existen otras acciones o medios para que los aquí accionantes hagan valer sus derechos y a su vez INTERSEG tenga las oportunidades legales para demostrar también los suyos.]

Auto A-532 de 2015

[Resumen automatizado: Que la Sala Plena de esta Corte, como máximo tribunal de la jurisprudencia constitucional, es competente para resolver los conflictos de competencia que surjan dentro de procesos de tutela cuando las autoridades judiciales involucradas no cuenten con superior funcional común[1]. || Que la tutela le correspondió a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, quien señaló su falta de competencia funcional, argumentando que la Superintendencia de Industria y Comercio, es un organismo de carácter técnico adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico, que goza de autonomía administrativa, financiera y presupuestal, lo que demuestra que se trata de una entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional. || Que el caso fue sometido a reparto y enviado al Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá, quien declaró su incompetencia por considerar que al ser la demandada una entidad centralizada del orden nacional, le correspondería asumir el conocimiento de esta acción a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Sala Penal. || Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto del 22 de septiembre de 2015, proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, dentro de la acción de tutela contenida en el expediente ICC-2293.]

Auto A-486 de 2015

[Resumen automatizado: 1. El 3 de julio de 2015, el Procurador General de la Nación, Doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, radicó ante la Corte Constitucional solicitud de nulidad contra la sentencia T-444 de 2014, por considerar que violó el debido proceso del Ministerio Público, en tanto en ella (i) “se dejó de analizar, de manera arbitraria, asuntos de relevancia constitucional que tienen efectos determinantes en el sentido de la decisión”; (ii) hubo una “violación directa de la Constitución Política pues allí se adoptó una decisión que contrar[í]a el mandato contenido en el artículo 83 superior, en donde se establece el principio de buena fe”; y (iii) se desconoció finalmente “la cosa juzgada constitucional al contrariar lo decidido en la sentencia C-577 de 2011 respecto del artículo 113 del Código Civil, el artículo 2º de la Ley 294 de 1996 y 2º de la Ley 1361 de 2003”.]

Auto A-463 de 2015

[Resumen automatizado: 6. En el Auto 278 de 2015, la Sala Plena de la Corte Constitucional fijó el alcance del Acto Legislativo No. 02 de 2015, específicamente sobre la competencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para conocer sobre los conflictos de competencia que se provoquen entre distintas jurisdicciones. || 7. Concluyó la Sala Plena que hasta la fecha en que se posesionen los magistrados que integrarán la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, corresponderá a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, continuar con el ejercicio de sus funciones y conservar su competencia para (i) ejercer la función jurisdiccional disciplinaria, (ii) resolver sobre conflictos de competencias que surjan entre distintas jurisdicciones y; (iii) conocer de acciones de tutela. || PRIMERO.- ORDENAR a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander que continúe ejerciendo sus competencias en relación con el conocimiento de acciones de tutela, hasta que concurra alguno de los supuestos señalados en la parte motiva de este auto. || TERCERO.-REMITIR a Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Norte de Santander, el expediente que contiene la acción de tutela para que conozca, sin dilaciones, de la acción de tutela presentada por el señor José Leonardo Guerrero Pabón contra la Policía Nacional y otros.]

Auto A-244 de 2015

[Resumen automatizado: En conclusión, encuentra la Sala que, desde el punto de vista sustancial, la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para canalizar la pretensión del demandante, comoquiera que tal como lo ha señalado la jurisprudencia de esta corporación, el cumplimiento de los dictámenes emanados de organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de la ONU, no es exigible a través de este mecanismo constitucional, a menos que se constate una vulneración actual o inminente de un derecho fundamental, subyacente a la situación que dio lugar a las observaciones, y que exija medidas inmediatas, asunto que no se constató en el presente caso.]

Auto A-242 de 2015

[Resumen automatizado: El derecho político del que se trata no se concreta en su ejercicio actual y efectivo sino bajo la condición indispensable de hallarse en ejercicio de la ciudadanía, luego quien sufre la pena de interdicción de derechos y funciones públicas está excluido de esa posibilidad, y si presenta una demanda ante la Corte Constitucional, ésta no puede resolver por falta de legitimación del accionante, de lo cual resulta que la demanda debe ser rechazada de plano, o proferir la Sala Plena sentencia inhibitoria, como se hará en el presente caso. || En vigencia de la Constitución de 1886 hubo durante un tiempo una discusión en torno a si este era un derecho político,[18] pero a partir de la segunda mitad del siglo XX la Corte Suprema de Justicia y la doctrina en forma dominante le adjudicaron inequívocamente ese carácter, ante todo porque sus titulares eran los "ciudadanos", y por su función como instrumento al servicio del control sobre el poder político.[19] La Corte Constitucional ha sostenido asimismo, desde la expedición de la Constitución de 1991, que el de promover acciones públicas contra los actos reformatorios de la Carta, las leyes y los decretos ley, es un derecho político.]

Auto A-241 de 2015

[Resumen automatizado: El derecho político del que se trata no se concreta en su ejercicio actual y efectivo sino bajo la condición indispensable de hallarse en ejercicio de la ciudadanía, luego quien sufre la pena de interdicción de derechos y funciones públicas está excluido de esa posibilidad, y si presenta una demanda ante la Corte Constitucional, ésta no puede resolver por falta de legitimación del accionante, de lo cual resulta que la demanda debe ser rechazada de plano, o proferir la Sala Plena sentencia inhibitoria, como se hará en el presente caso. || En vigencia de la Constitución de 1886 hubo durante un tiempo una discusión en torno a si este era un derecho político,[22] pero a partir de la segunda mitad del siglo XX la Corte Suprema de Justicia y la doctrina en forma dominante le adjudicaron inequívocamente ese carácter, ante todo porque sus titulares eran los "ciudadanos", y por su función como instrumento al servicio del control sobre el poder político.[23] La Corte Constitucional ha sostenido asimismo, desde la expedición de la Constitución de 1991, que el de promover acciones públicas contra los actos reformatorios de la Carta, las leyes y los decretos ley, es un derecho político.]

Auto A-151 de 2015

[Resumen automatizado: S en C., de la cual el señor Torres Hurtado era a la sazón socio gestor principal y representante legal; (ii) esa dirección la suministró directamente el mismo señor Torres Hurtado a la EPS Colpatria como lugar de trabajo, y con el fin de ser contactado allí en caso de ser necesario; (iii) tal dirección estaba vigente en la base de datos de la EPS Colpatria durante el proceso penal, y permaneció inalterable incluso al momento en el cual se surtió el proceso de tutela ante la Corte; (iv) el actor no probó durante la revisión que hubiese pedido suprimirla o cambiarla por juzgarla desactualizada; (v) en contraste, sí había efectuado una solicitud de cambio y actualización respecto de otros datos almacenados en la misma base; (vi) Finalmente, ni el actor ni su apoderado ofrecieron razones para suponer que eran ineficaces los envíos con destino a la Calle 93B N° 11A 44 Of. 201, de Bogotá, como sí las expresaron para demostrar la ausencia de efectividad de los envíos remitidos a la calle 86 A N° 15-22 Piso 5 de Bogotá.]

Auto A-12 de 2015

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Luis Ernesto Vargas Silva quien la preside, María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Martha Sáchica Méndez, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, procede a decidir sobre la solicitud de nulidad presentada por los apoderados judiciales de los pensionados en la Acción de Grupo interpuesta contra el Departamento del Chocó, contra la sentencia T-849 A de 2013, proferida por la Sala Séptima de Revisión. || El 20 de marzo de 2014, Esther Arango Blanquiceth, César Gómez Murillo e Ignacio Cuesta Allín, apoderados judiciales de "la mayoría de pensionados en la acción de grupo aquí identificada bajo el expediente T-3975573", radicaron en la Secretaría General de la Corte Constitucional una solicitud de nulidad de la Sentencia T-849A de 2013, "con base en la causal de no integración del contradictorio por ausencia de notificación a terceros interesados y violación al derecho fundamental al debido proceso de los pensionados", con base en que "no conocimos en ninguna de las etapas procesales del proceso de revisión de tutela, providencia alguna que nos hubiera citado o vinculado al proceso, para ejercer el derecho de defensa de los pensionados que representamos en el proceso por acción de grupo, que dejó sin efectos la sentencia de revisión T-849A de 2013".]

Auto A-9 de 2015

Por medio del cual se hace seguimiento a la orden segunda y tercera del Auto 092 de 2008, en lo concerniente al traslado de casos de violencia sexual a la Fiscalía General de la Nación, y a la creación e implementación de un programa de prevención de impacto de género mediante la prevención de los riesgos extraordinarios de género en el marco del conflicto armado y el programa de prevención de la violencia sexual contra la mujer desplazada y de atención integral a sus víctima, en el marco del seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 - [Resumen automatizado: Por otra parte, la Sala también se referirá a la gestión de la Procuraduría General de la Nación, quien fue invitada a ejercer su rol de vigilancia en los procesos del Anexo Reservado, y en la gestión de los órganos rectores de la política criminal del Estado, cuyas directrices y seguimiento deberían influir en el buen curso de las investigaciones relacionadas con violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario; teniendo en cuenta que en ambos casos la gestión debe ser diligente y prioritaria, en razón de las condiciones de especial vulnerabilidad en que se encuentran las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado, por razones de género, etnia, edad y presencia de discapacidades. || Sobre este último punto, la Sala observa que en buena medida esto se origina, de un lado, en la falta de articulación inter-institucional entre la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Ministerio de Salud y de Protección Social para el diseño, implementación y evaluación del "Programa de Prevención de la Violencia Sexual contra la Mujer Desplazada y de Atención Integral a sus Víctimas", y de otro, en la falta de adopción de los criterios de racionalidad mínima establecidos por esta Corte en el Auto 092 de 2008[406] al momento de formular esta clase de programas.]

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2014

Auto A-314 de 2014

[Resumen automatizado: Por medio del cual se resuelve la solicitud de prórroga de la suspensión de sanciones por desacato a tutelas dispuesta en el Auto 090 de 2014 y se hace seguimiento al cumplimiento de las órdenes dictadas en el proceso de la referencia frente al ISS en Liquidación. || La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada María Victoria Calle Correa, y los magistrados Mauricio González Cuervo y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido el siguiente, || 2. En los Autos 320 de 2013 y 090 de 2014 la Corte señaló que para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional para la prórroga de esta modalidad de intervención judicial resulta indispensable establecer el grado de cumplimiento de las órdenes dictadas en el proceso, pues dicho seguimiento revela el nivel de compromiso y diligencia de las entidades accionadas en el propósito de superación del estado de cosas inconstitucionales, así como la idoneidad y eficacia del instrumento de intervención constitucional de excepción, con miras a disponer su continuidad, modificación o revocatoria (A320/13, f.j. 125 y 126 y; A090/14, f.j. 59 y 60).]

Auto A-285 de 2014

[Resumen automatizado: Hechas las anteriores precisiones, debe destacarse que del recuento fáctico expuesto, no puede entenderse que la parte actora haya atacado la posición de la Sala de Casación Penal, en la medida que en la primera oportunidad, cuando la Fiscalía remitió las diligencias a esa Corporación, expuso que se debían anular todas las actuaciones adelantadas, sin mostrar inconformidad con la posición esbozada y en la etapa posterior si bien refirió que a pesar de no compartir el hecho que la Corte Suprema asumiera el conocimiento del asunto, consideró inviable presentar recurso en contra de dicho punto, máxime si se tiene en cuenta que el auto a través del cual ese tribunal asumió la competencia permitía interponer los recursos de ley, teniendo en cuenta que en él se consignó la expresión 'Notifíquese y cúmplase', de lo que puede extraerse que en este caso se trataría más de una estrategia defensiva que la imposibilidad de presentar su inconformidad con el hecho que ahora considera vulnerador de sus derechos fundamentales.]

Auto A-284 de 2014

[Resumen automatizado: La Sala Octava de Revisión analizó las causales de procedencia de tutela contra providencias judiciales formuladas por el accionante y concluyó que la única que tenía fundamento suficiente para ser evaluada, era la acusación relacionada con la violación del derecho al debido proceso por la declaratoria de persona ausente. || La Sala sostuvo que la declaratoria de persona ausente hecha por la Fiscalía tuvo fundamento legal y probatorio suficiente, pues "las autoridades judiciales correspondientes desplegaron las diligencias pertinentes para lograr la notificación del investigado penalmente; y dicha obligación se debe entender constitucional y razonablemente extinguida ante la verificación de la entidad pública respectiva, de que el ciudadano Bolaños Mafla había emigrado del país sin fecha de retorno." || [2] La doctrina sobre la nulidad de las sentencias de revisión puede consultarse, entre otros, en los Autos 031A de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, 002A M.P. Clara Inés Vargas Hernández, 063 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y 131 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil, 008 de 2005 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y 042 de 2005 M.P. Humberto Sierra Porto.]

Auto A-269 de 2014

[Resumen automatizado: Procede la Sala Plena de la Corte Constitucional a decidir sobre las solicitudes de aclaración presentadas por los ciudadanos Javier Mejía Arias, el seis (6) de agosto de dos mil catorce (2014) y Ricardo del Cristo Rodríguez Vilar, el once (11) de agosto de dos mil catorce (2014), respecto de la Sentencia C-390 de 2014. || Señala el señor Rodríguez Vilar, que a pesar de que en el texto de la sentencia se expone que la única interpretación que resulta ajustada a la Constitución es la de entender que la expresión “formulación de la acusación” se equipara a la presentación del escrito de acusación, no se entiende cómo este Alto Tribunal permite la vulneración de derechos fundamentales como el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad con la decisión de diferir los efectos de la decisión en el segundo resuelve de la sentencia C-390 de 2014. || La solicitud presentada por el ciudadano Ricardo del Cristo Rodríguez Vilar, fue radicada en la Secretaría General de esta Corporación el once (11) de agosto de dos mil catorce (2014). || Como se explicó en la parte considerativa de esta providencia, en aras de garantizar la seguridad jurídica y la cosa juzgada, la aclaración de los alcances de un fallo de la Corte Constitucional por regla general supera las competencias otorgadas por la Constitución a esta Corporación.]

Auto A-7 de 2014

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, decide sobre el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en la acción de tutela interpuesta por el señor David Alonso Marín contra el Director de la Cárcel Modelo de Bogotá, las Oficinas de Asignación de Fiscalías Especializadas de Medellín y la Oficina de Reparto de Juzgados Administrativos de Medellín. || Por su parte, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín con Funciones de Conocimiento de Medellín, por auto del 28 de octubre de 2013, planteó un conflicto negativo de competencias y decidió remitir el expediente a esta Corporación para que lo dirimiera; por estimar que en el presente caso procede el denominado “fuero de atracción”, al tratarse de una demanda de tutela contra autoridades del orden nacional descentralizada por servicios, como es el establecimiento carcelario la Modelo y corresponde la competencia a los jueces del circuito de Bogotá porque es en la ciudad de Bogotá donde se interpuso la solicitud de tutela y sus efectos se producen igualmente allí, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.]

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2013

Auto A-292 de 2013

[Resumen automatizado: La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el presente auto, mediante el cual resuelve la solicitud de incidente de desacato y/o cumplimiento presentada por los internos del Centro Penitenciario ERON Heliconias el día treinta (30) de octubre de 2013, en relación con la sentencia T-266 de 2013, proferida por esta Sala. || Más de cien internos de la Penitenciaría de Florencia (Caquetá) Las Heliconias instauraron acción de tutela contra dicho establecimiento y el Instituto Penitenciario y Carcelario -INPEC- al considerar que el mencionado centro de reclusión no reunía las condiciones mínimas para su funcionamiento, violando sus derechos a la dignidad humana, a la vida digna, a la salud, a la comunicación, a la redención de penas y al buen trato. || La Sala observa que la intervención de este tribunal no es procedente, toda vez que a partir de los elementos probatorios y los hechos expuestos por los internos, aparece demostrado que estos no han acudido a la autoridad judicial de primera instancia (Juzgado Primero Laboral del Circuito de Florencia -Caquetá) para solicitar el incidente de desacato o el cumplimiento de las órdenes impartidas en el fallo emitido por esta Corte.]

Auto A-245 de 2013

[Resumen automatizado: Procede la Sala Plena de la Corte Constitucional a resolver el recurso de súplica interpuesto por el ciudadano Luis Fernando Jaramillo Duque, en contra del Auto calendado 27 de septiembre de 2013, que dispuso rechazar la demanda de la referencia. || 3.- Finalmente, precisó que la cosa juzgada es un atributo de carácter constitucional del que gozan las leyes ya promulgadas; por lo tanto, si en el ejercicio del control previo la Corte está decidiendo sobre un proyecto de ley, no se suprime la oportunidad de los ciudadanos de interponer acciones con posterioridad a la promulgación; e insistió en que de aceptar el evento contrario se estaría anulando desde antes del nacimiento de la norma, el "derecho fundamental a demandar las leyes". || No obstante, la misma jurisprudencia ha explicado que a pesar del carácter definitivo del control constitucional de los proyectos de ley estatutaria, es posible el ejercicio de la acción pública a que se refieren los artículos 241-4 y 242-1 de la Constitución, con posterioridad a la revisión realizada por la Corte cuando opera un cambio en el parámetro constitucional utilizado para adelantar su control, evento en el cual surge una modificación de las normas constitucionales que fueron base de la confrontación con la ley estatutaria, o cuando sobreviene un vicio de inconstitucionalidad, que se presenta cuando se vulnera el procedimiento subsiguiente que debe seguirse para la aprobación de la ley[8].]

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2012

Auto A-211 de 2012

[Resumen automatizado: Recurso de súplica contra auto del diecinueve (19) de julio de dos mil doce (2012), dictado por el magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, mediante el cual se rechazó la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la Ley 733 de 2002, Ley 1121 de 2006, Ley 1098 de 2006 y Ley 1142 de 2007 || El Magistrado Sustanciador, Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, mediante auto del 10 de julio de 2012, inadmitió la demanda con fundamento en que en la sentencia C-073 de 2010 ya se había efectuado un estudio del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, donde se analizó si la norma violaba el principio de unidad de materia y el derecho a la igualdad frente a los condenados bajo otras legislaciones. || Con fundamento en los anteriores argumentos, los demandantes solicitaron a la Sala Plena de esta Corporación revocar el auto de diecinueve (19) de julio de dos mil doce (2012) mediante el cual se rechazó la demanda de inconstitucionalidad presentada contra las leyes 733 de 2002, 1121 de 2006, 1098 de 2006 y 1142 de 2007 (D-9176) y, en consecuencia, proceder a admitir la misma. || De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el objeto del recurso de súplica es que el ciudadano demandante cuente con una oportunidad ante el pleno de esta Corporación para controvertir los argumentos expuestos por el Magistrado Sustanciador al rechazar la demanda[4].]

Auto A-205 de 2012

[Resumen automatizado: En escrito dirigido a esta Corporación el dieciséis (16) de agosto de 2012, el Magistrado de la Sala Familia del Tribunal Superior de Medellín, Antonio Pineda Rincón, solicitó que la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional aclarara si era o no necesario que el Tribunal en mención adoptara una nueva decisión con respecto a su sentencia del diecisiete (17) de junio de 2010, la cual resultó contraria a la expedida por el Alto Tribunal el quince (15) de mayo de 2012 (sentencia T-352 de 2012-expediente T-2864427). || Expresa el peticionario que se debe aclarar y/o adicionar la citada providencia, por cuanto en la parte motiva y en la resolutiva sólo se estableció que se dejaba sin efectos la sentencia emitida por la Sala Cuarta de Decisión Familia del Tribunal Superior de Medellín, que confirmó la pronunciada por el Juzgado Once de Familia de esa misma ciudad el tres (03) de diciembre de 2009, sin disponer si es o no necesario el proferimiento por el Tribunal en mención, de una nueva decisión que remplace la anterior.]

Auto A-110 de 2012

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo -quien la preside-, María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo, Nilson Pinilla Pinilla, Juan Carlos Henao Pérez, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Humberto Antonio Sierra Porto, y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, procede decidir sobre la solicitud de nulidad presentada por el señor Fariel Morales Pertuz, en su condición de apoderado judicial de los señores Rosa Luz Garavito Medina y otros, contra la sentencia T-313 del 3 de mayo de 2010, proferida por la Sala Séptima de Revisión. || El Instituto Nacional de Vías INVÍAS , a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincé Sucre, por haber vulnerado presuntamente el derecho fundamental al debido proceso y de defensa de INVIAS, al declarar desierto el recurso de apelación interpuesto contra los fallos proferidos por ese Despacho, al no haber cancelado el porte para el traslado de los procesos relacionados con la demanda de acción reivindicatoria ordinario agrario, a fin de que fueran remitidos al tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, dentro del cual INVIAS fue demandado por Rosa Luz Garavito, Hernán Ruiz, Ruth de Cristo Álvarez, Carmen Elena Montes, Teobaldo Beltrán, Aurelio Monterrosa, y Napoleón Jaraba, y, condenado a pagar la suma de $467.552.200,oo.]

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2011

Auto A-265A de 2011

[Resumen automatizado: Ahora bien, lo que soslayó absolutamente la Sala Segunda de Revisión en la sentencia T-841 de 2009, fue el hecho de que la regla general de improcedencia de la acción de tutela para cuestionar actos administrativos, encuentra una excepción claramente desarrollada por la Corte Constitucional en una serie de providencias judiciales dictadas por diferentes Salas de Revisión, consolidando un precedente jurisprudencial en el sentido de que la acción de tutela es el mecanismo idóneo para la protección del derecho constitucional al debido proceso, en los casos en que su trasgresión se concreta en la expedición de un acto administrativo de revocatoria directa de otro acto administrativo particular y concreto, sin que sea constitucionalmente admisible la remisión a las acciones ante la jurisdicción contenciosa administrativa para procurar el restablecimiento de los derechos vulnerados, como quiera que éstas no resultan eficaces para resolver con urgencia problemas jurídicos que surgen en tales escenarios, en los que se comprometen gravemente los principios de seguridad jurídica, buena fe, respeto del acto propio y proporcionalidad, entre otros.]

Auto A-172 de 2011

[Resumen automatizado: TERCERO.- ORDENAR al Ministerio de la Protección Social así como al Ministerio de Educación Nacional, a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para que de manera pronta, constante e insistente diseñen y pongan en movimiento campañas masivas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos que contribuyan a asegurar a las mujeres en todo el territorio nacional el libre y efectivo ejercicio de estos derechos y, en tal sentido, el conocimiento de lo dispuesto en la sentencia C-355 de 2006 así como lo desarrollado en la presente providencia y URGIR a estas mismas entidades para que hagan el debido seguimiento de tales campañas con el objetivo de poder constatar su nivel de impacto y eficacia. || “PRIMERO.- SOLICITAR a la Superintendencia Nacional de Salud que, dentro del mes siguiente a la notificación del presente auto, informe (i) si, además de la expedición de la Circular Externa 058 de 2009, ha adoptado otras medidas de carácter general en cumplimiento de la orden dada en el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia T-388 de 2009, (ii) las actividades que ha emprendido para supervisar el cumplimiento de la Circular Externa 058 de 2009 y si ha recibido quejas y/o ha abierto investigaciones administrativas contra EPS o IPS públicas o privadas por el desconocimiento de la misma y el estado en el que están y (iii) si ha advertido obstáculos para la aplicación de la Circular Externa 058 de 2009 y, de ser así, en qué consisten.]

Auto A-117 de 2011

[Resumen automatizado: Asunto: Recurso de súplica interpuesto contra el Auto del 5 de abril de 2011, dictado por el Magistrado Juan Carlos Henao Pérez, mediante el cual se rechazó la demanda presentada en el proceso de la referencia || De hecho, los argumentos que esbozan las actoras parten de la contraposición de una norma -Ley 583 de 2000, que modificó artículos del Decreto 196 de 1971-, con la posibilidad de que estudiantes de los Consultorios Jurídicos actúen como defensores en procesos de responsabilidad fiscal, asunto desarrollado en la Ley 610 de 2000. || Encontrándose dentro del término, el día 12 de abril de 2011, las demandantes interpusieron recurso de súplica contra el Auto de Rechazo; el cual sustentaron manifestando que la argumentación expuesta en la demanda y en su corrección siempre estuvo dirigida a demostrar que existe una oposición, objetiva y verificable, entre el contenido de la norma demandada y el artículo 29 de la Constitución Política. || 4.- Concluye la Sala Plena de la Corte Constitucional, en coincidencia con el Magistrado Sustanciador, que las ciudadanas Patricia Ortiz Nievez y Cindy Ruiz Guarnizio no corrigieron el libelo en los términos indicados en el auto del 24 de marzo de 2011, razón por la que procede el rechazo de la demanda, conforme con lo dispuesto para el efecto, por el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991.]

Auto A-41 de 2011

[Resumen automatizado: Los solicitantes (ver considerando 1.2.1.) reconocen que “ha habido una gran inversión en infraestructura carcelaria”, pero que a pesar de ello “la tasa de hacinamiento ha fluctuado constantemente”, llegando al punto actual, en que las cifras de hacinamiento “se asimilan a las existentes en el momento de declararse el estado de cosas inconstitucional”.[15] En tal medida, las causas y los hechos que dan lugar a las aparentes violaciones y amenazas que sufre parte de la población privada de la libertad, son situaciones nuevas, no consideradas por la Corte en su momento, ni posteriormente, en desarrollo del cumplimiento de sus órdenes, pues no conservó la competencia para el efecto.[16] Sostienen los solicitantes que las políticas criminales y penales de la última década han incrementado notablemente la población carcelaria, de tal suerte que las políticas y programas planeados inicialmente, aparentemente válidos y adecuados para la situación inicialmente considerada, serían inadecuados e insuficientes para las actuales demandas. || En tal medida, la Sala se limita a constatar la aparente grave situación en la que se encuentran muchas personas privadas de la libertad, según la información presentada por los solicitantes y a dar traslado de la misma a las autoridades competentes constitucional y legalmente para tomar las medidas adecuadas y necesarias a que haya lugar, para asegurar el imperio del orden constitucional vigente y de los derechos constitucionales que reconoce.]

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2010

Auto A-285A de 2010

[Resumen automatizado: La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, JORGE IVÁN PALACIO PALACIO y JUAN CARLOS HENAO PÉREZ, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, resuelve lo pertinente respecto de la solicitud de aclaración de la sentencia de tutela T-101 de 2010. || 3. Excepcionalmente, cuando se trata de la solicitud de aclaración de sentencias de tutela proferidas por las Salas de Revisión de esta Corporación, se ha señalado en diversos pronunciamientos[1] con base en el artículo precitado, que es admisible su procedencia en términos formales una vez se cumplan los siguientes requisitos: a) que sea presentada dentro del término de su ejecutoria, esto es, dentro de los tres días siguientes a su notificación y b) por una parte legitimada para tal fin. || 5. Con base en las anteriores consideraciones, esta Sala concluye en primer lugar, que el peticionario satisface los requisitos formales para el estudio de la solicitud de aclaración de la sentencia de tutela T- 101 de 2010.]

Auto A-351 de 2010

[Resumen automatizado: La accionante plantea ante la Corte la eventual vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa técnica por haber sido vinculada al proceso disciplinario seguido en su contra de forma irregular mediante edicto, luego que fallara el intento por notificarla personalmente-, no haber sido resuelta dentro del término la solicitud de nulidad hecha a la Procuraduría Segunda delegada para la Contratación y no haberla escuchado en versión libre una vez se hizo parte en el proceso disciplinario. || No obstante lo anterior, la posibilidad de proponer un incidente de nulidad contra una sentencia proferida por la Corte Constitucional es excepcional, ya que no implica reconocer que existe "un recurso contra esta clase de providencias", ni mucho menos una nueva oportunidad para reabrir el debate o examinar controversias que ya han sido definidas[3], en esa medida, quien solicite la nulidad de un fallo de tutela proferido por una sala de revisión debe dar cumplimiento de una exigente carga argumentativa, en el sentido de explicar de manera clara y expresa los preceptos constitucionales transgredidos y su incidencia en la adopción adoptada.]

Auto A-339 de 2010

[Resumen automatizado: La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, JORGE IVÁN PALACIO PALACIO y JUAN CARLOS HENAO PÉREZ, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, resuelve lo pertinente respecto de la solicitud de aclaración de la sentencia de tutela T-101 de 2010. || 1. Fredy Antonio Mayorga Meléndez, presidente nacional de la Asociación Sindical de Empleados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, ASEINPEC, y Julio Roberto Gómez Esguerra, miembro de la Secretaría General de la C.G.T y miembro titular del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo solicitaron aclaración de la sentencia de tutela T-101 de 2010 proferida por la Sala Tercera de Revisión de esta Corporación. || 7. En mérito de lo expuesto, esta Sala rechazará la solicitud de aclaración de la sentencia de tutela T- 101 de 2010 presentada por Fredy Antonio Mayorga Meléndez, presidente nacional de la Asociación Sindical de Empleados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, ASEINPEC, y Julio Roberto Gómez Esguerra, Secretaría General de la C.G.T y Miembro Titular del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo.]

Auto A-330 de 2010

Corte Constitucional, Auto A-330/2010

Auto A-319 de 2010

[Resumen automatizado: La Sala Primera de Revisión, conformada por los magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Juan Carlos Henao Pérez, en uso de sus facultades constitucionales y legales, y fundándose en las siguientes || En nueve de los diez procesos analizados en dicha sentencia, las demandas fueron puestas por mujeres que acusaban al Director y al Subdirector y Capitán de la Guardia de la Cárcel Distrital Villahermosa de Cali, de violar sus derechos a la dignidad humana (art. || 3. Jenny Adriana Bautista Bohórquez, abogada defensora de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, en representación de 80 mujeres, solicitó a la Corte Constitucional dar trámite de desacato y cumplimiento de la sentencia T-848 de 2005, entre otras, y ordenar a las autoridades demandadas “respetar los derechos del visitante y que se prohíba la requisa tal y como está establecido en las sentencias alegadas, ni se obligue a la utilización de prendas determinadas para el ingreso de los alimentos, ni se obligue a la utilización de prendas determinadas para el ingreso de nosotras al penal, que se ordene el ingreso de comestibles por vía encomienda por correos legales para nuestros familiares allí recluidos.]

Auto A-92 de 2010

[Resumen automatizado: Recurso de súplica presentado contra el auto del 12 de abril de 2010, proferido por el magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, que rechazó la demanda de inconstitucionalidad presentada por Gustavo Rojas Salazar || Una vez repartido el expediente por la Sala Plena de esta Corporación, correspondió su sustanciación al magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, quien mediante Auto del 16 de marzo de 2010 resolvió inadmitir la demanda, debido a que incumplía tanto con las condiciones formales previstas en el artículo 2º del Decreto Ley 2067/91, como con los requisitos de especificidad, suficiencia, pertinencia y certeza, estipulados por la jurisprudencia constitucional. || En consecuencia y de conformidad con las reglas de procedimiento previstas en la norma citada, el magistrado sustanciador, mediante auto del 12 de abril de 2010, rechazó la demanda de la referencia y advirtió que contra esa decisión procedía el recurso de súplica ante la Sala Plena de la Corte. || RECHAZAR POR EXTEMPORÁNEO el recurso de súplica propuesto por el demandante contra el Auto proferido el 12 de abril de 2010 por el Magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, que rechazó la demanda formulada por Gustavo Rojas Salazar contra los artículos 4º y 5º de la Ley 890 de 2004.]

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2009

Auto A-208 de 2009

[Resumen automatizado: Sostuvo, así mismo, que la decisión del Consejo de Estado además de desconocer el peritaje reñía con otras pruebas que obran dentro del proceso tales como la respuesta de la Superintendencia Bancaria a una solicitud de información presentada por la parte actora, en la cual se afirma que los indicadores empleados por esta entidad no son tenidos en cuenta en su totalidad por el FOGAFIN. || A juicio de la accionante la Sección Cuarta del Consejo de Estado para decidir sobre los cargos planteados contra el artículo 3º de la Resolución 005 de 2000 expedida por la Junta Directiva de FOGAFIN no tuvo en cuenta el dictamen pericial rendido dentro del proceso, en el cual se concluía, según su parecer, que la disposición demandada era una regulación inaplicable debido a que era incompleta, puesto que para hacer cualquier cálculo de la devolución o prima adicional del seguro de depósitos a favor de una entidad debía conocerse la Circular Externa 003 de 2002, acto administrativo posterior a la regulación demandada. || Así mismo, considera que la sentencia proferida por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado tampoco tiene en cuenta el dictamen pericial en relación con la aplicación retroactiva de la Circular Externa 003 de 2002, lo que también configura una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.]

Auto A-207 de 2009

[Resumen automatizado: Una vez recibida dicha documentación, y en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 137 superior, por auto de marzo 3 de 2009, el Magistrado ponente convocó al doctor Cadena Clavijo a una audiencia privada a realizarse el día 11 del mismo mes, “…para que, ante la Sala Plena de la corporación, presente las explicaciones razonadas, tendientes a justificar su excusa para comparecer a la Comisión Séptima Constitucional del Senado de la República”. || 5. Realizada dicha audiencia en la fecha antes señalada, y una vez oídas las explicaciones ofrecidas por el funcionario citado, la Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante auto A-149 de abril 1° de 2009 resolvió sobre el presente asunto declarando “no válidas las excusas presentadas por el doctor Héctor José Cadena Clavijo, Presidente de la compañía Nueva EPS S. || Así pues, la alegada vulneración al debido proceso dentro de la actuación surtida bajo el expediente E-012, cuya nulidad se solicita en este caso, depende entonces de la probada discordancia que pudiere observarse entre las ya referidas normas procesales y el trámite efectivamente seguido por el Magistrado sustanciador y por la Sala Plena de esta Corte para la solución de la controversia planteada.]

Auto A-48 de 2009

[Resumen automatizado: La Sala Sexta de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Humberto Antonio Sierra Porto, Nilson Pinilla Pinilla y Marco Gerardo Monroy Cabra, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y con base en los siguientes: || En el mismo sentido, el artículo 5º del decreto 306 de 1992 estableció que "todas las providencias que se dicten en el trámite de una acción de tutela se deberán notificar a las partes o a los intervinientes (...) El juez velará porque de acuerdo con las circunstancias, el medio y la oportunidad de la notificación aseguren la eficacia de la misma y la posibilidad de ejercer el derecho de defensa". || Como se desarrolló en la parte motiva de esta providencia, la gratuidad es uno de los principios que se infieren del trámite de la acción de tutela, y por tanto, la supuesta omisión en el pago de la notificación al demandado no se encuentra dentro de las causales por las cuales le es permitido a un juez de la República abstenerse en el conocimiento de fondo de una acción de tutela.]

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2008

Auto A-279 de 2008

[Resumen automatizado: 2. Por auto del 4 de julio de 2008, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Barranquilla del análisis de las documentales obrantes en el expediente consideró que era necesario vincular al trámite de la acción a la Subdirección Financiera Oficina Jurídica de la Dirección Nacional de Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo, lo cual a su juicio hacía que ese despacho perdiera competencia para asumir el conocimiento de la acción de tutela en aplicación de lo dispuesto en el Decreto reglamentario 1382 de 2000. || De esta manera, si en el presente caso la acción de tutela fue dirigida contra la Secretaría de Hacienda Departamental del Atlántico, aspecto sobre el cual el actor insistió en su memorial del 4 de julio de 2008, la regla de reparto aplicable era la contenida en el inciso segundo del numeral 1 del artículo 1º del Decreto reglamentario 1382 de 2000[7] y en consecuencia la autoridad judicial encargada de tramitarla era el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Barranquilla al cual corresponderá determinar si a la Defensoría del Pueblo corresponde alguna responsabilidad o no en la presunta lesión de los derechos fundamentales del accionante. || [2] En el Auto 009A de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, la Sala Plena de la Corte Constitucional precisó que "(...) el Decreto 1382 de 2000 no es la norma legal que establece cuál es el despacho competente para conocer un proceso de acción de tutela.]

Auto A-234 de 2008

[Resumen automatizado: Valencia, Uriel Humberto Mejía, Jhon Jairo Bedoya Vélez, Eduardo Guevara y 76 internos más recluidos en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario "Peñas Blancas" de Calarcá, interpusieron acción de tutela contra el Director y el Subdirector de dicha institución, al considerar que el estado de deterioro en que se encuentra la infraestructura del centro carcelario, afecta su derecho fundamental a una vida digna, así como la prevención y recelo de las directivas del centro de reclusión frente a las solicitudes formuladas por ellos, afecta su libertad de expresión. || El debate en esta oportunidad se circunscribe a determinar si es procedente la acción de la tutela interpuesta por varios reclusos del Establecimiento Penitenciario y Carcelario "Peñas Blancas" de Calarcá contra su director y subdirector, argumentando que se les han vulnerado sus derechos fundamentales a la vida digna, a la igualdad y a la libertad de expresión, dadas las condiciones infrahumanas en que se encuentran por el deterioro de la infraestructura del penal y la actitud de sus directivas, que consideran las solicitudes de los internos como una amenaza o falta de respeto para con ellos.]

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2007

Auto A-183 de 2007

[Resumen automatizado: 4. Las Sentencia del Tribunal de Antioquia contra la que se dirigía la acción de tutela hacia una interpretación errónea de la Sentencia C-108 de 1995; en éste último fallo se establece que para el retiro por inconveniencia es necesario adelantar un debido proceso que le permita al funcionario ejercer su derecho de defensa ante la Junta Asesora de la Carrera Penitenciaria, cosa que no había sucedido en su caso, lo cual no había sido tenido en cuenta por el Tribunal. || "Para la Sala, la interpretación de la Sentencia C-108 de 1995 hecha por el Tribunal de Antioquia no es errónea; en tal virtud, no estima que se haya configurado una causal de procedibilidad de la acción de tutela por desconocimiento del precedente jurisprudencial recogido en dicho fallo, en el cual la Corte Constitucional estableció, con efectos erga omnes, el alcance del derecho fundamental al debido proceso de los funcionarios de carrera penitenciaria cuando son objeto de retiro del servicio por razones de inconveniencia.]

Auto A-182 de 2007

[Resumen automatizado: 6.4 Entrando en el estudio del caso concreto sometido a su revisión, la Sala Quinta inicialmente analizó si la demanda cumplía los requisitos de procedencia de la acción de tutela intentada contra providencias judiciales, definidos en la mencionada Sentencia C-590 de 2005[8], concluyendo que efectivamente los cumplía, pues: (i) el asunto planteado por el demandante era de evidente relevancia constitucional, en cuanto se alegaba que en las sentencias demandadas se habían desconocido precedentes sentados por esta Corporación en materia de constitucionalidad y también de tutela, relativos al alcance de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, del personal de carrera penitenciaria retirado del INPEC por razones de inconveniencia; Además, (ii) estaba acreditado que el actor había instaurado acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo del Meta, y al haber obtenido un pronunciamiento adverso había interpuesto oportunamente el recurso de apelación ante el h.]

Auto A-177 de 2007

[Resumen automatizado: En el numeral tercero de ese mismo auto fechado el día 14 de agosto de 2006, el Magistrado Sustanciador ordenó que por Secretaría General de la Corte Constitucional se oficiara al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, para que “en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de esta providencia [enviara] copia de procesos decididos con base en la norma demandada, esto es, con fundamento en el artículo 56, inciso 2º del Decreto 196 de 1971 “Por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía.” En el numeral séptimo de ese mismo auto, se ordenó que el traslado al señor Procurador de la Nación se correría luego de que las pruebas solicitadas en el numeral anteriormente referido, se hubiesen allegado al expediente.]

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2006

Auto A-165A de 2006

[Resumen automatizado: que resuelve la solicitud presentada por el señor Dagoberto Ipus Correa para que se declare la nulidad de la sentencia T-1021 de 2005, proferida por la Sala Primera de Revisión de esta Corporación dentro de la acción de tutela incoada por él contra la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Subsección B de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. || Por otra parte, en lo que a este último aspecto se refiere, la Sala consideró que de la inactividad del accionado podía inferirse que estaba utilizando la acción de tutela para un fin antijurídico como es el revivir términos procesales precluidos, toda vez que dentro de la oportunidad correspondiente no interpuso la acción de revisión que establece el Código Contencioso Administrativo en sus artículos 185 y subsiguientes cuando, luego de proferida una sentencia, se recobran documentos decisivos con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente.]

Auto A-191 de 2006

[Resumen automatizado: La Sala Sexta de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto y Álvaro Tafur Gálvis, ha proferido este auto con fundamento en los siguientes: || Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional, salvo lo dispuesto en el siguiente inciso, serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura. || A los Jueces del Circuito o con categorías de tales, le serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública del orden departamental. || De la norma transcrita se tenía que, ante la demanda dirigida contra dos autoridades de diferente jerarquía, resultaba imperioso repartir el libelo, para que fuera tramitada en primera instancia, al juez competente de mayor jerarquía, en este caso, “a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura”, tal como lo señala en inciso primero del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.]

Auto A-140 de 2006

[Resumen automatizado: Magistrado que la Sala Octava de Revisión de esta Corte, al proferir la Sentencia en mención incurrió en nulidad de lo actuado, en cuanto i) esa Corporación es “el máximo tribunal de la justicia ordinaria y órgano de cierre de la misma, con facultad de decidir definitivamente, con vocación de cosa juzgada, los conflictos sometidos a su consideración en sede de casación”; y ii) “[n]o es cierto que el Fiscal General de la Nación careciera de competencia para cumplir las funciones de investigación y juzgamiento en el caso del Ex ministro Villamizar, como tampoco que la decisión de hacerlo violara el principio de la doble instancia”. || Sin embargo, la actuación procesal indica que el defensor del actor impugnó la sentencia de primera instancia y recurrió la proferida por el Ad quem, fundado, entre otras razones, i) en que “desde el momento en que [aquel] dejó de ser Ministro de Minas, esto es el 20 de agosto de 1997, la Fiscalía debió adecuar el trámite de la investigación a fin de que prosiguiera con la misma y calificara el mérito sumarial el funcionario competente, ya que no lo eran para esos fines el Fiscal General ni su delegada”, y iii) en que estaba siendo condenado “en juicio viciado de nulidad por la existencia de irregularidades trascendentes que afectan el debido proceso (..) sostiene que el Fiscal General adelantó la fase instructiva y calificó el proceso penal (..) desconociendo los presupuestos procesales que le permitían adelantarlo en única instancia, y pretermitiendo así la garantía de la segunda instancia en una excepción no cubierta por la excepción legal ni constitucional (..) (cargos primero y segundo) y violación indirecta de disposiciones de derecho sustancial a consecuencia de errores en la apreciación probatoria (tercer cargo)”.]

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2005

Auto A-8 de 2005

[Resumen automatizado: En criterio de AFA, tanto el Laudo Arbitral como su aclaración incurrieron en vía de hecho, puesto que la cláusula del contrato COMER 005 que señaló que cualquier corrección en la información presentada se haría sin ningún costo para el contratante no era aplicable al caso, toda vez que de lo que se trataba no era de una corrección de información del trabajo realizado por AFA, sino del reconocimiento de los gastos en que el contratista incurrió para demostrarle a Electrocosta sus propios errores en los informes de auditoría, los cuáles en su mayoría fueron rechazados por estar mal hechos, en criterio de AFA, circunstancia que fue aceptada por la Contratante al corregirlos. || Posteriormente, la Sala Sexta de revisión negó la tutela “por considerar que (i) la interpretación de las cláusulas del contrato realizada por el Tribunal de Arbitramento en el Laudo Arbitral del 23 de mayo de 2003 y el Auto de Aclaración del 20 de junio del mismo año e[ra] razonable y, en esa medida no constitu[ía] grave error sustantivo, y (ii) si bien se presentó un error de carácter procedimental al haber considerado que la objeción por error grave en el dictamen pericial estaba llamada a prosperar, tal error no e[ra] constitutivo de una vía de hecho, puesto que así se hubiera considerado el peritazgo como prueba, no hubiera cambiado el sentido del Laudo.”[5]]

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2004

Auto A-134 de 2004

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Jaime Araujo Rentería, quien la preside, Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido el siguiente || Y esas interpretaciones que hace la Corte Constitucional, especialmente en sentencias de inconstitucionalidad, deben tenerse necesariamente en cuenta son imprescindibles ellas cuando de encontrarle la correcta y jurídica aplicación de la ley al caso concreto, como en el mío, se trata; en donde la ruptura unilateral del contrato debe decidirse no exclusivamente atendiendo al numeral primero del artículo 6 de la ley 50 de 1990 (ejercicio de un derecho subjetivo por parte de la empresa), sino considerando, al mimo tiempo o simultáneamente, lo preceptuado por la Constitución en punto a estabilidad laboral, abuso del derecho, derechos adquiridos, prevalencia del interés general sobre el particular, etc. || Corte en la sentencia T-431 de 1992”, los juzgados y la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, específicamente en este proceso del cual es actor han aplicado esa norma “rigurosamente a partir de su simple contenido.” Sobre este punto considera que se ha seguir la senda fijada por la sentencia T-519 de 2003, así: “Por ejemplo, la ETB hizo solicitud de nulidad, entre otras causas, por cambio de jurisprudencia, en relación con la sentencia T-519/03, con ponencia del doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.]

Auto A-44 de 2004

[Resumen automatizado: En aras de determinar en qué casos es procedente una nueva demanda en contra de una norma ya acusada, en otras palabras, en qué casos se constituye cosa juzgada relativa, la Corte ha manifestado que esta excepción sólo se dará cuando en el texto de la providencia se haya restringido expresamente los efectos de su decisión, por no haberse llevado a cabo un estudio de constitucionalidad frente a todas las normas de la Carta, sino frente a algunas disposiciones de ésta. || Por tanto en este caso la Corte delimita el contenido de cierta norma, con el objetivo de preservarla dentro del ordenamiento jurídico, sin que ésta atente contra los principios constitucionales; y no, como en el caso de la cosa juzgada relativa, se amplia la posibilidad para que una norma que ya ha sido objeto de estudio sea demandada nuevamente por la ocurrencia de otras razones distintas a las presentadas originariamente.]

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2002

Auto A-10A de 2002

[Resumen automatizado: (...) no todo párrafo de una sentencia aprobada por la Corte Constitucional, aun citado fuera de contexto, se convierte de manera automática en jurisprudencia." Siguiendo la línea jurisprudencial según la cual hay nulidad de una sentencia de la Corte de irrespetarse el debido proceso en los términos de los decretos 2591/91 y 2067/91, en materia de tutela se considera causal de nulidad el hecho de que frente a un caso con iguales características a los precedentes exista cambio de jurisprudencia sin que tal modificación en la línea jurisprudencial haya sido aprobada en Sala Plena como lo establece expresamente el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991. || Siguiendo la línea jurisprudencial según la cual hay nulidad de una sentencia de la Corte de irrespetarse el debido proceso en los términos de los decretos 2591/91 y 2067/91, en materia de tutela se considera causal de nulidad el hecho de que frente a un caso con iguales características a los precedentes exista cambio de jurisprudencia sin que tal modificación en la línea jurisprudencial haya sido aprobada en Sala Plena como lo establece expresamente el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991.]

Auto A-9 de 2002

[Resumen automatizado: El señor Carlos Alfredo Ceballos Tangarife, interno en la cárcel municipal de El Retiro (Antioquia), interpone acción de tutela contra el Alcalde de dicho ente territorial, en su calidad de Director de la aludida Cárcel municipal, pues considera que se ha vulnerado su derecho a la vida, al no practicársele la quimioterapia ordenada desde el 25 de julio de 2001 para el tratamiento del cáncer que padece. || En Sentencia de agosto treinta y uno (31) de 2001, el Juzgado Promiscuo Municipal de El Retiro (Antioquia) concedió el amparo invocado señalando que la atención prestada a Carlos Alfredo Ceballos Tangarife por parte del Alcalde del municipio de El Retiro, como Director de la Cárcel de dicha municipalidad, no puede considerarse un acto de solidaridad sino el cumplimiento de un deber legal (Ley 65 de 1993 art. || Para esta Sala, no cabe duda que la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo de Familia de la Ceja (Antioquia) se encuentra viciada de nulidad, precisamente, por no haber vinculado al proceso a la entidad sobre la cual -a su juicio- recaía toda la responsabilidad de la amenaza del derecho alegado.]

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2001

Auto A-298A de 2001

[Resumen automatizado: "Conforme a lo dispuesto en el artículo 49 del decreto 2067 de 1991, corresponde a la Sala Plena de la Corte tramitar y decidir los incidentes de nulidad que se promuevan dentro de los procesos que se sigan ante ella, por lo cual esta Corporación es competente para examinar la presente solicitud. || En aquella oportunidad, la Corte considero (i) que el demandante había interpuesto el recurso de casación; (ii) que el Tribunal Nacional incurrió en vía de hecho al no analizar la posible existencia de una homonimia; (iii) que, dado que se cuestiona la identidad del procesado, de no intervenir la justicia constitucional y de establecerse únicamente cuando se resuelva el recurso de casación dicha identidad, el demandante habría sufrido un perjuicio irremediable, pues existe la eventualidad de que sea cierto que había sido inculpado por las conductas de un homónimo, habría estado injustamente privado de la libertad. || En dicha oportunidad la Corte tuvo en consideración que el demandante alegaba errores graves en el trámite del proceso penal incompetencia del ente acusador, violación del principio de legalidad, ausencia de ministerio público y falta de independencia-, los que a juicio de la Corporación, podían ser debidamente estudiados por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, habida consideración de su competencia para proteger las garantías fundamentales y su obligación de declarar la nulidad de la sentencia en caso de que se observe que el proceso hubiese estado viciado de nulidad.]

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1999

Auto A-48 de 1999

[Resumen automatizado: 4° La Secretaría de la Sección 2ª del Tribunal Administrativo de Cundinamarca recibió el memorial de impugnación el 17 de marzo de 1999 y procedió a remitirlo al despacho del magistrado sustanciador con la aclaración de que el 12 del mismo mes, el expediente se había enviado a la Corte Constitucional para su eventual revisión. || Tal como se desprende de los hechos aquí narrados, el memorial de apelación contra la providencia de tutela arribó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 17 de marzo de 1999, esto es, 5 días después de que la Secretaría de la Sección 2ª de dicha corporación hubiera enviado a la Corte Constitucional, mediante oficio SC-036, el expediente respectivo. || Así las cosas, esta Sala de Revisión considera que el recurso de apelación del 11 de marzo de los corrientes, interpuesto por Luis Humberto Rodríguez Romero en contra de la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que denegó la tutela impetrada, fue presentado dentro del término concedido por el Decreto 2591 de 1991 y, por tanto, debe dar lugar al trámite a la segunda instancia, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. || Primero: Por la Secretaría General de la Corte Constitucional, DEVUELVASE el expediente T-208.668 al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que, conforme a las consideraciones hechas en la parte motiva de esta providencia, se le dé trámite a la segunda instancia correspondiente.]

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1998

Auto A-26A de 1998

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por los por los Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa, Antonio Barrera Carbonell, Alfedro Beltrán Sierra, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, ha pronunciado el siguiente auto en el incidente de nulidad contra la sentencia T-008 de 1998. || Decide la Sala sobre la solicitud de nulidad presentada por ALEJANDRO DECASTRO GONZALEZ, obrando en calidad de apoderado judicial del señor WILLIAM ALBERTO TULENA TULENA, quien fuera el actor en el expediente que concluyó con la sentencia T-008 de 1998 (MP Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz), proferida en esta Corporación dentro de la actuación número T-145292 que, según el peticionario de la nulidad viola el derecho fundamental al debido proceso por cuanto la Sala Tercera de Revisión modificó unilateralmente la jurisprudencia vigente, sin la aprobación de la Sala Plena, desconociendo el inciso final del artículo 29 superior y el artículo 49 del Decreto 2591 de 1991.]

Auto A-63 de 1998

[Resumen automatizado: La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados FABIO MORON DIAZ, VLADIMIRO NARANJO MESA y ALFREDO BELTRAN SIERRA, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve sobre el proceso de acción de tutela presentada mediante apoderado por el señor MAURICIO ANTONIO TOBON JIMENEZ, contra los Fiscales Delegados ante los Jueces del Circuito de Bello (Antioquia), JOHN JAIRO GOMEZ, GLORIA CECILIA NIEBLES ALVAREZ Y GERMAN CEBALLOS VALLEJO, así como contra la doctora BETTY BASTIDAS ACEVEDO, Juez Segundo Penal del Circuito de Bello y los Magistrados de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín, Dres. || Luego de admitir la acción de tutela y de dar cumplimiento a los trámites propios, previstos en la ley, el Juzgado Octavo Penal Municipal de Medellín, mediante auto de dos de abril de 1998, e invocado el artículo 37 del decreto 2591 de 1991, remitió la demanda de tutela a las autoridades judiciales de Bello, quienes la repartieron para su conocimiento al Juzgado Segundo Penal Municipal de Bello, quien luego de admitirla ordenó la inspección judicial al proceso No. 940112 que se adelantó en contra de MAURICIO ANTONIO TOBON JIMENEZ, una vez finalizada la práctica de las referidas pruebas, dictó el fallo de 21 de abril de 1998, el cual resolvió negar por improcedente la acción de tutela presentada por el doctor JUAN FERNANDO GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, en su calidad de apoderado del actor referido.]

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1997

Auto A-9 de 1997

[Resumen automatizado: La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los Magistrados Hernando Herrera Vergara, Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz, procede a revisar el fallo proferido por el Juzgado 26 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, en el proceso de la referencia. || Mediante auto del 25 de noviembre de 1996 el Juzgado 26 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá avocó el conocimiento y decretó la práctica de algunas pruebas al Ministerio de Defensa y al Hospital Militar para el estudio del caso, sin que se evidencie prueba de la notificación al accionado de esa providencia�; y, el día 29 de noviembre de 1996, profirió sentencia tutelando los derechos fundamentales a la vida y a la salud de Jesús Alberto Ortíz Millán ordenando al Ministerio de Defensa Nacional proceder en forma inmediata a prestarle la atención médica requerida y a suministrarle el tratamiento adecuado para su rehabilitación, mediante los centros de prestación de servicios de salud a su cargo. || Tercero.- ORDENAR que por Secretaría General se devuelva el expediente del proceso de la referencia al Juzgado 26 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, para el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral anterior.]

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1996

Auto A-49 de 1996

[Resumen automatizado: El actor presentó ante el Tribunal Superior de Quibdó, Sala Penal, acción de tutela contra el Juzgado Primero Penal del Circuito de Quibdó, pues consideró que el juzgado demandado le había vulnerado sus derechos a la defensa , el debido proceso y a la libertad, pues durante el trámite del proceso penal que se adelantó en su contra, careció de defensa técnica. || El tribunal Superior de Quibdó, Sala Penal, mediante sentencia del 26 de abril de 1996, denegó la acción de tutela promovida por el señor Vicente Valencia Asprilla, contra el Juzgado Primero Penal del Circuito de Quibdó. || Sin embargo, el Tribunal Superior de Quibdó, Sala Penal, remitió el expediente a esta Corporación, según constancia secretarial del 6 de mayo de 1996, sin que se hubiera tramitado la impugnación. || Por consiguiente, se declarará la nulidad del auto mediante el cual se ordenó el envío del expediente a esta Corporación, y de toda la actuación posterior, a fin de que el Tribunal tramite la impugnación presentada por el actor. || Segundo: ORDENASE a la Secretaría General devolver el expediente de la referencia al Tribunal Superior de Quibdó, Sala Penal, para que se dé el trámite correspondiente a la impugnación presentada por el actor.]

Auto A-38 de 1996

[Resumen automatizado: El Juzgado Promiscuo de Familia de Amalfi, mediante sentencia del 2 de abril de 1996, denegó la acción de tutela promovida por la señora Martha Lucía Martínez Villa contra el Juez Promiscuo Municipal de Amalfi y el Juez Promiscuo del Circuito de Amalfi. || El Juzgado Promiscuo de Familia de Amalfi remitió el expediente a esta Corte, según constancia secretarial del 10 de abril de 1996, antes de surtirse las notificaciones. || Tal circunstancia, de conformidad con el Código de Procedimiento Civil, constituye una de las causales de nulidad del proceso, no saneable. || En consecuencia, se declarará la nulidad del auto que ordenó el envío del presente expediente a esta Corporación, para que el Juzgado tramite las impugnaciones que hayan sido presentadas oportunamente en el proceso. || Primero: DECLARAR NULA la providencia de fecha 10 de abril de 1996, del Juzgado Promiscuo de Familia de Amalfi, mediante la cual remitió el expediente a la Corte Constitucional, lo mismo que la actuación posterior a dicho auto. || Segundo: Por la Secretaría General de la Corte, devuélvase el expediente de la referencia al Juzgado Promiscuo de Familia de Amalfi.]

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1995

Auto A-14 de 1995

[Resumen automatizado: Procede la Corte Constitucional a resolver el recurso de súplica interpuesto por el Defensor del Pueblo, doctor Jaime Córdoba Triviño, contra el auto de fecha marzo 2 de 1995, por medio del cual el Magistrado Sustanciador, doctor Fabio Morón Díaz, rechazó la demanda contra el artículo 1o. || de la ley 24 de 1992 "en el sentido de que dentro del marco de la Carta Política aquella disposición no le permite al Defensor del Pueblo acudir en su condición de funcionario y de autoridad pública ante esta Corporación para demandar, como tal, la inconstitucionalidad de una disposición de rango legal". || "El ciudadano Jaime Córdoba Triviño, en su calidad de Defensor del Pueblo, con fundamento en el artículo 9, numeral 9, de la ley 24 de 1992, que lo faculta para interponer acciones públicas en defensa de la Constitución, presentó ante esta Corporación demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 338 (parcial) del Código Sustantivo de Trabajo, expedido por medio de los decretos 2663 y 3743 de 1950, adoptados como legislación permanente por la ley 141 de 1961". || Son estas las razones por las cuales los suscritos magistrados consideran que la Corte Constitucional carece de competencia para conocer de las demandas de inconstitucionalidad presentadas por el defensor del pueblo, cuando en éstas invoca tal condición.]

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