|

JAWS

|

ZOOM TEXT

|

CENTRO DE RELEVO

NORMOGRAMA

Inicio
La Entidad
Derechos Humanos
Participación Ciudadana
Sala de Prensa
Orientación al Ciudadano

menu

Inicio La Entidad Derechos Humanos Participación Ciudadana Sala de Prensa Orientación al Ciudadano

tour

Corte Constitucional - Autos

Contiene corte constitucional - autos y sentencias expedidas por la entidad seleccionada, organizadas por orden cronológico.

menu

keyboard_backspace Inicio

Juventudes

Jurisprudencia de interés

Autos

menu

keyboard_backspace Atrás

Autos

early_on

2023

Auto A-241 de 2023

[Resumen automatizado: Con el fin de recaudar mayores elementos de juicio para resolver el asunto de la referencia, mediante Auto del 7 de diciembre de 2022[14], el magistrado sustanciador dispuso oficiar al Juzgado Promiscuo Municipal de C con el fin de que citara al gobernador indígena ADG del resguardo indígena CHAF para que se pronunciara respecto de varios cuestionamientos orientados a conocer la manera como se adelantan procesos relacionados con el comportamiento por el que se vinculó penalmente al joven ALG. || 2. La Sala Plena debe resolver la controversia suscitada entre el Juzgado Promiscuo Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de C y el resguardo indígena CHAF, la cual versa sobre la competencia para conocer el proceso penal que se adelanta contra el joven ALG. || - A través de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-3213 al Juzgado Promiscuo Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de C para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a la Jurisdicción Especial Indígena del resguardo indígena CHAF y a los sujetos procesales interesados en este trámite.]

early_on

2022

Auto A-926 de 2022

[Resumen automatizado: En segundo lugar, indicó que, además de acreditarse el elemento personal del fuero, en el presente caso concurren los demás factores establecidos en la Sentencia T-617 de 2010, así: (i) territorial, ya que de conformidad con el Decreto 2001 de 1988 y la Sentencia T-496 de 1996, se demostró que los hechos ocurrieron en la jurisdicción de la comunidad, si se tiene en cuenta que esta se extiende cuando los miembros se trasladan a otros municipios por razones laborales, circunstancia que no los desliga de su cultura ancestral; (ii) institucional, pues el pueblo étnico cuenta con autoridades competentes para realizar la investigación y juzgamiento de delitos que, precisamente son aquellas que reclaman el conocimiento de este asunto, de acuerdo con lo establecido en la Ley 89 de 1890 y el Decreto 2150 de 1995; y (iii) objetivo, por cuanto el bien jurídico que presuntamente resultó afectado es de interés de la comunidad, ya que su vulneración transgrede la convivencia pacífica de la misma.]

Auto A-894 de 2022

Valoración de la superación de bloqueos institucionales y prácticas inconstitucionales en la prevención del desplazamiento forzado y la protección de la población desplazada - [Resumen automatizado: En esos casos, la Corte fijó unos elementos mínimos de racionalidad: (i) especificidad individual del Programa; (ii) definición de metas puntuales a corto, mediano y largo plazo; (iii) cronograma acelerado de implementación; (iv) presupuesto suficiente y oportunamente disponible; (v) cobertura material suficiente; (vi) garantías de continuidad hacia el futuro; (vii) adopción e implementación de indicadores de resultado, basados en el criterio del goce efectivo de los derechos fundamentales; (viii) diseño e implementación de mecanismos e instrumentos específicos de coordinación interinstitucional; (ix) desarrollo e implementación de mecanismos de evaluación y seguimiento; (x) diseño e implementación de instrumentos de corrección oportuna; (xi) diseño e implementación de mecanismos internos de respuesta ágil y oportuna a las quejas o solicitudes puntuales de atención presentadas por la población desplazada; (xii) diseño e implementación de mecanismos de divulgación periódica de información para la población desplazada; (xiii) armonización con los demás elementos de la política pública e integración formal a la misma; (xiv) apropiación nacional y autonomía; y (xv) armonización con otros procesos y programas que se adelantan por el Gobierno Nacional || Esta situación se concreta en cuatro aspectos puntuales: (i) la expansión y agudización del conflicto armado y la violencia; y, el retroceso en la garantía de los derechos de la población en situación de desplazamiento (supra: análisis de resultado); (ii) la continuidad de las prácticas inconstitucionales en materia de coordinación para la prevención del desplazamiento; (iii) el aumento sostenido en la solicitud de medidas de protección ante la UNP; y, (iv) la falta de continuidad de la respuesta institucional en el marco de la pandemia por el COVID-19.]

Auto A-862 de 2022

[Resumen automatizado: El presupuesto objetivo se cumple considerando que el proceso materia de conflicto, esto es el radicado bajo el número 76-109-6001-64-2017-00461, versa sobre el delito de lesiones personales y otros, en donde figuran como víctimas, al menos 114 ciudadanos de Buenaventura, algunos líderes sociales y de derechos humanos, por los hechos ocurridos entre el 16 de mayo y el 06 de junio del año 2017, en virtud del paro cívico desarrollado en el municipio de Buenaventura, Valle del Cauca. || De los elementos materiales probatorios hasta ahora allegados con el expediente, no puede concluirse con certeza la finalidad del uso de la fuerza porque de acuerdo con lo denunciado (a) varios ciudadanos afirmaron que se vieron afectados en su integridad física por el ESMAD por el uso indiscriminado de gases lacrimógenos a pesar de no hacer parte de las manifestaciones, (b) algunos manifestantes aseguraron que el paro cívico se llevaba a cabo de manera pacífica antes de la alteración del orden público por la intervención del ESMAD; y (c) al expediente se han aportado múltiples informes de veedurías, ONG's, el ICBF, la Defensoría del Pueblo, entre otros, sobre el desarrollo de los desmanes durante las movilizaciones, los cuales recogen eventuales actuaciones ejercidas por la Fuerza Pública que pueden llegar a ser catalogadas ajenas al servicio.]

Auto A-769 de 2022

[Resumen automatizado: El día 20 de marzo de 2022[3], a través de correo electrónico, la Personera Municipal de Puerto Boyacá remitió a la Corte Constitucional el escrito presentado por los señores Dovigama Chalarca, por medio del cual solicitaron a esta corporación: “dar trámite al incidente de desacato y en ese sentido ordenar a las entidades accionadas que de manera inmediata tal y como reza la sentencia [entiéndase la sentencia T-737 de 2017] (...) adopte las medidas indispensables y adelante las actuaciones que sean necesarias para la constitución del resguardo promovido a favor de la comunidad Embera Katío (...)”. || En un ejercicio de interpretación sistemática del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991[13], la jurisprudencia constitucional, de manera reiterada y pacífica, ha establecido que, por regla general, corresponde al juez de primera instancia adoptar las medidas necesarias para que el fallo de tutela se cumpla, así como conocer de los incidentes de desacato que se interpongan frente al desconocimiento de las órdenes emitidas para garantizar la protección de los derechos fundamentales, tanto en el caso de que la decisión sea tomada por el juez de instancia, como cuando es la Corte Constitucional la que resuelve en sede de revisión.]

Auto A-674 de 2022

[Resumen automatizado: A partir de esa disposición, la Corte ha interpretado que la JEI comprende: “(i) la facultad de las comunidades de establecer autoridades judiciales propias; (ii) la potestad de conservar o proferir normas y procedimientos propios; (iii) la sujeción de los elementos anteriores [(i) y (ii)] a la Constitución y la Ley; (iv) la competencia del Legislador para señalar la forma de coordinación ínter jurisdiccional, sin que, en todo caso, (v) el ejercicio de la jurisdicción indígena esté condicionado a la expedición de la ley mencionada”. || En este punto es pertinente destacar que, en todo caso, al margen de la relevancia que debe asignarse al factor institucional, el elemento objetivo cuenta con un peso importante en la toma de decisiones, pues aun cuando determinada conducta se considere muy gravosa para la sociedad mayoritaria, el juez que resuelve el conflicto no puede ignorar la cosmovisión que un pueblo étnico tiene en relación con las conductas que causan desarmonía al interior de la comunidad indígena o de las cuestiones que deben ser resueltas por la administración de justicia.]

Auto A-636 de 2022

[Resumen automatizado: Lo anterior porque confluían cuatro elementos: i) el personal porque el procesado pertenece a la etnia Piapoco, se encuentra registrado dentro del censo poblacional e integra el Resguardo el Paujil Limonar; ii) el geográfico porque los hechos sucedieron en su territorio; iii) el orgánico porque existe una institucionalidad con derecho propio integrado por sus usos y costumbres; y iv) el objetivo pues se trata de un asunto de interés de la comunidad indígena. || “(i) la facultad de las comunidades de establecer autoridades judiciales propias; (ii) la potestad de conservar o proferir normas y procedimientos propios; (iii) la sujeción de los elementos anteriores [(i) y (ii)] a la Constitución y la Ley; (iv) la competencia del Legislador para señalar la forma de coordinación ínter jurisdiccional, sin que, en todo caso, (v) el ejercicio de la jurisdicción indígena esté condicionado a la expedición de la ley mencionada”. || DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Promiscuo del Circuito de Inírida y el Resguardo Indígena el Paujil, en el sentido de DECLARAR que le corresponde a la jurisdicción ordinaria conocer el proceso penal seguido en contra de Eduardo Rodríguez Ginao por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de catorce años y actos sexuales con menor de catorce años agravados.]

Auto A-525 de 2022

[Resumen automatizado: 6. A través de escrito del 31 de enero de 2022, la Fiscal 5 Seccional de Girón, Santander rechazó la competencia de la Jurisdicción Ordinaria para conocer del asunto y, por tanto, propuso conflicto negativo de jurisdicciones ante “el Consejo Superior de la Judicatura.” Como sustento de su determinación, señaló que a partir de los elementos materiales probatorios recaudados, así como de la denuncia formulada por la señora María Isabel Torres Hernández, se advertía que los hechos presuntamente cometidos por los integrantes de la Fuerza Pública eran susceptibles de tipificarse bajo los tipos penales de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto (Art. 416), lesiones personales (Art. 111) y hurto (Art. 239), de acuerdo con las previsiones de la Ley 599 de 2000. || En efecto, se advierte que el presunto conflicto fue trabado entre la Fiscalía 5 Seccional de Girón Santander y el Juzgado 168 de Instrucción Penal Militar de Bucaramanga sin que prima facie los hechos y conductas objeto de investigación, que fueron calificados bajo los delitos de “abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, lesiones personales, hurto y violación de habitación ajena”, constituyan una grave violación de derechos humanos.]

Auto A-193 de 2022

Corte Constitucional, Auto A-193/2022

Auto A-149 de 2022

[Resumen automatizado: La Defensoría apoyó su solicitud en los siguientes argumentos: a) la elección y posesión de Zarwawiko Torres Torres trajo consigo un conflicto interno, pues parte de la población consideró que no se tuvo en cuenta la Ley de Origen y que existieron actos de presión y empleo de procedimientos violentos para imponer decisiones arbitrarias[3]; b) instituciones de orden local, regional y nacional (no se especifica cuáles) han injerido indebidamente en el pueblo y agudizado el conflicto[4]; c) la elección desconoció las recomendaciones emitidas en la circular conjunta (Ministerio del Interior y Ministerio de Salud) número 15 de dos mil veinte (2020)[5]; d) la decisión de la Alcaldía de Valledupar y de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, de registrar a Zarwawiko Torres Torres como Cabildo Gobernador a pesar de las advertencias hechas por miembros acrecentó el conflicto interno y puso en riesgo a la comunidad indígena. || Los mamos y autoridades tradicionales de Numa'ka y Seykúmuke y las autoridades de Nabusímake-Umunukunu lamentaron la suspensión de la audiencia pública del trece (13) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) y manifestaron que la intervención de la Corte Constitucional no constituye una vulneración de los principios de autonomía y autodeterminación, porque existen perturbaciones que impiden aplicar la justicia propia para restablecer, autónomamente, el orden, la armonía y la unidad afectada por las actuaciones de Zarwawiko Torres Torres[79].]

early_on

2021

Auto A-1196 de 2021

Corte Constitucional, Auto A-1196/2021

Auto A-1193 de 2021

Corte Constitucional, Auto A-1193/2021

Auto A-105A de 2021

[Resumen automatizado: 4. El 27 de noviembre de 2020, la ciudadana Vilma Graciela Martínez Rivera radicó ante la Secretaría de la Corte Constitucional, un memorial bajo el asunto: “solicitud para declararse impedidos de cualquier pronunciamiento, por parte de esta Corte sobre el tema del Aborto (o “IVE”, procesos 13225 y 13255 y cualquier otro relacionado con este tema) dada la presunción de ausencia de imparcialidad, por estar esta institución apoyada tanto por el Banco Mundial como por el Banco Interamericano de Desarrollo, desde los acuerdos firmados entre esas instituciones como públicamente se expresó en la Rendición de Cuentas”. || 9. Recuerda Andrés Mateo Sánchez Molina que: “En sesión virtual de Sala Plena celebrada el cuatro (4) de febrero de dos mil veintiuno (2021), se resolvieron las recusaciones formuladas por la doctora NATALIA BERNAL CANO, en contra de los Magistrados ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO, ALEJANDRO LINARES CANTILLO y GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO y las recusaciones presentadas por la ciudadana VILMA GRACIELA MARTÍNEZ RIVERA y otros, dentro del proceso D-13956 donde se demanda la “Ley 599 de 2000, artículo 122” y, en esa medida, en aplicación del principio de economía procesal debe aplicarse el mismo criterio dentro del proceso de la referencia y continuar con la actuación que lleve a la sentencia.]

Auto A-960 de 2021

[Resumen automatizado: Decisión de la autoridad judicial En Auto del 18 de agosto de 2021, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Santa Marta sostuvo que, en atención al oficio DESAJ OFJUD21-0041 de 23 de julio de 2021, remitido por la oficina de reparto, y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1834 de 2015, en este caso era procedente la acumulación de la acción de tutela con el asunto admitido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta, pues: (i) los accionantes controvierten los mismos actos administrativos, esto es, la Resolución 777 del 2 de junio de 2021 y la Directiva 05 del 17 junio de 2021; (ii) demandan a la misma entidad; y, (iii) las acciones de amparo giran en torno a los mismos hechos, pretensiones y derechos fundamentales[8]. || Decisión de la autoridad judicial En Auto del 18 de agosto de 2021, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Santa Marta sostuvo que, en atención al oficio DESAJ OFJUD21-0041 de 23 de julio de 2021, remitido por la oficina de reparto, y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1834 de 2015, en este caso era procedente la acumulación de la acción de tutela al asunto admitido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta, dado que: (i) los accionantes controvierten los mismos actos administrativos, esto es, la Resolución 777 del 2 de junio de 2021 y la Directiva 05 del 17 junio de 2021; (ii) demandan a la misma entidad; y, (iii) las acciones de amparo giran en torno a los mismos hechos, pretensiones y derechos fundamentales[11].]

Auto A-889 de 2021

[Resumen automatizado: Para el actor, las providencias judiciales vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso y la seguridad social, por cuanto: (i) desconocieron la línea de la jurisprudencia constitucional que estableció que el Acuerdo 049 de 1990 sí permite la acumulación de tiempos de servicios cotizados a cajas o fondos de previsión con las semanas aportadas al ISS[10], e (ii) ignoraron el principio de favorabilidad, consagrado en el artículo 53 superior, puesto que sus condiciones de cotización permitían la aplicación del mencionado régimen al ser el más favorable. || En consecuencia, la omisión de asuntos de relevancia constitucional es un motivo de nulidad admitido por la jurisprudencia constitucional que debe evaluarse a partir de las siguientes reglas: (i) la Corte Constitucional tiene la facultad de fijar los asuntos a decidir en la sentencia de revisión y, por la especial naturaleza de la acción de tutela, su carácter informal y la competencia asignada a esta Corporación, no está obligada a pronunciarse sobre cada uno de los puntos planteados por las partes e intervinientes; (ii) la causal se configura cuando, de forma arbitraria, se omite el examen de argumentos, pretensiones o cuestiones de orden jurídico siempre que se compruebe que, de haber sido analizados, se hubiese llegado a una decisión diferente; (iii) si el asunto fue analizado se descarta el motivo de nulidad, pues no fue omitido y, por lo tanto, la nulidad estaría dirigida a refutar la corrección del examen, pretensión ajena a la nulidad; y (iv) el alcance de la causal se proyecta en la carga argumentativa para el solicitante, que debe no solo identificar el asunto omitido sino también exponer por qué si hubiera sido examinado cambiaría total o parcialmente el sentido de la decisión.]

Auto A-888 de 2021

[Resumen automatizado: De acuerdo con los documentos firmados por el entonces secretario de educación (el 28 de julio y el 25 de septiembre de 2018) y por el jefe de la Oficina Jurídica del Departamento de La Guajira (el 18 de diciembre de 2020), los accionantes expusieron que esta entidad territorial reconoció la deuda que, por concepto de los subsidios derivados de la Ordenanza 214 de 2007, existía en favor de la Universidad Antonio Nariño por los periodos académicos de 2017 a 2019. || En consecuencia, los peticionarios solicitaron al juez de tutela ordenar a la Universidad Antonio Nariño que: i) expida nuevos recibos para el pago de la matrícula correspondiente al primer periodo académico de 2021 en los cuales aplique, en favor de los accionantes, los beneficios previstos por la Ordenanza 214 de 2007; ii) realice el trámite respectivo ante la Secretaria de Educación del Departamento de La Guajira para el otorgamiento de dichos beneficios a los accionantes; iii) inicie y lleve a término el proceso de cobro coactivo en contra del Departamento de La Guajira para que, una vez obtenido el pago, iv) les entregue a los accionantes los pagarés que respaldan los descuentos otorgados en los periodos académicos previos.]

Auto A-811 de 2021

[Resumen automatizado: Finalmente, para acreditar que la adaptación del procedimiento cumple la finalidad de asegurar la ayuda y atención humanitaria oportuna a la población y la materialización efectiva del principio de subsidiariedad, el director de la Unidad para las Víctimas deberá presentar los resultados en términos de: (i) entidades identificadas previamente con necesidades de apoyo subsidiario y que afrontan emergencias recurrentes; (ii) eventos de desplazamiento y confinamiento que son reportados por las Direcciones Territoriales y la Defensoría del Pueblo; (iii) trámites iniciados respecto de los trámites concluidos con entrega efectiva de recursos a las entidades territoriales; y, (iv) asistencia y trabajo conjunto con las entidades territoriales durante la emergencia para que accedan efectivamente al mecanismo de subsidiariedad y atiendan a las comunidades desplazadas y confinadas. || No obstante, respecto de la oferta a la que accedió la población desplazada en el año 2020, el Gobierno Nacional no evidenció que los resultados de la medición de vulnerabilidad fueron empleados por las entidades del SNARIV en la identificación, focalización o definición de criterios de acceso o permanencia de las víctimas en los programas y proyectos para la garantía de los derechos asociados a la estabilización socioeconómica[103].]

Auto A-750 de 2021

[Resumen automatizado: Mediante escrito allegado el 1º de septiembre de 2020, José Robeiro Montano Castro, en calidad de Cabildo Gobernador del Resguardo Indígena Belalcázar-Páez del departamento del Cauca, solicitó al Juzgado Quinto Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Bogotá remitir “el caso del Joven Daniel (…) para trasladarlo a nuestro Resguardo y llevar a cabo este proceso, por encontrarse censado y se actuará de acuerdo a nuestros usos y costumbres, donde al (sic) joven se verá en la obligación de cumplir con los compromisos que la comunidad y el Cabildo le imponga”[11]. || El artículo 246 de la Constitución reconoce la facultad de las autoridades indígenas para ejercer funciones jurisdiccionales dentro del ámbito territorial de la comunidad, de conformidad con los usos y costumbres propios, siempre que sean compatibles con la Constitución y la Ley. El precepto dispone, en todo caso, que "[l]a ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional"[29]. || Al respecto, la Corte ha considerado que de este artículo constitucional, se derivan cuatro presupuestos: i) la facultad de las comunidades indígenas de establecer autoridades judiciales propias[30]; ii) la prerrogativa para expedir normas y procedimientos autónomos[31]; iii) la sujeción de los criterios previos a la Constitución y la Ley[32]; y iv) la competencia del Legislador para señalar la forma de coordinación interjurisdiccional.]

Auto A-727 de 2021

[Resumen automatizado: Previamente, el día 23 de julio de 2021, la Oficina Judicial de Santa Marta informó a los juzgados de la misma ciudad que estaba ocurriendo una aparente presentación de tutelas masivas contra el Ministerio de Educación Nacional y que el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta fue la autoridad que recibió por reparto la primera tutela del asunto. || No obstante, para la Sala Plena, los juzgados mencionados no demostraron la triple identidad entre las acciones de tutela interpuestas por las señoras Enna Margarita López Galindo, Daneysi Sayuris Villas Rebolledo y Duberlys Caballero, radicados 2021-00171, 2021-00122 y 2021-00477, respectivamente, y la repartida al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta bajo el radicado 2021-00216. || En todo caso, a fin de no alargar aún más el trámite de las acciones de tutela y proteger los principios le subyacen, la Corte procederá disponer que el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Santa Marta debe conocer las tres acciones de tutela, (radicados 2021-00122, 2021-00171 y 2021-00477), por ser la primera autoridad con competencia a la que le fue repartida una de ellas.]

Auto A-692 de 2021

[Resumen automatizado: Decisión de la autoridad judicial En Auto del 26 de julio de 2021, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Santa Marta sostuvo que, en atención al oficio remitido por la Oficina de Reparto, y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1834 de 2015, en este caso era procedente la acumulación de la acción de tutela con el asunto admitido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta, pues: (i) los accionantes controvierten los mismos actos administrativos, esto es, la Resolución 777 del 2 de junio de 2021 y la Directiva 05 del 17 junio de 2021; (ii) demandan a la misma entidad; y, (iii) las acciones de amparo giran en torno a los mismos hechos, pretensiones y derechos fundamentales.[10]]

Auto A-653 de 2021

[Resumen automatizado: Sobre este punto, también se ha pronunciado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha señalado que si bien no puede desconocerse que el bien jurídico contra el cual se atenta es esencialmente frágil la salud pública, ello no puede admitirse como único criterio idóneo para sustraer a la Jurisdicción Especial Indígena del conocimiento de un asunto, como tampoco lo podrían ser los castigos que, por esas conductas, se prevean en los reglamentos del resguardo que corresponda, por cuanto el factor que debe examinarse de manera predominante es el de carácter institucional, una vez se ha acreditado que el sujeto vinculado con la causa tiene fuero indígena. || Recientemente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia reiteró dicha postura al emitir un concepto de extradición en el trámite adelantado en contra de un comunero del Resguardo Indígena de San Juan, pues indicó que "el bien jurídico de la salud pública no se ve desconfigurado si el enjuiciamiento de los ilícitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado se entrega a las autoridades ancestrales, por cuanto el factor institucional implica sujeción al principio de legalidad y otorga seguridad de un debido proceso para el acusado y una garantía de protección a los derechos de las víctimas"[23].]

Auto A-641 de 2021

[Resumen automatizado: 2. Dicha demanda fue repartida al Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Valleducar, cuyo juez a cargo, mediante Auto del 4 de diciembre de 2017, declaró su falta de competencia por considerar que son los jueces contencioso administrativos los que deben asumir el conocimiento del asunto. || Para justificar su decisión, indicó que (i) el centro de formación demandado es una entidad de beneficio social sin ánimo de lucro sujeta al régimen de los establecimientos públicos y, al corroborar la calidad del demandante concluyó que, (ii) no es un trabajador oficial pues las funciones de su cargo no corresponden con las de dichos servidores, por lo tanto, el litigio plantea una controversia respecto de la situación legal y reglamentaria de un empleado público, problemática que no es competencia de los jueces laborales, pues según el numeral 1º del artículo 2 de la Ley 712 de 2001, estos solo conocen de asuntos que se relacionen con contratos de trabajo. || En aquellos casos en los que el conflicto jurídico se origine directa o indirectamente en un contrato de trabajo celebrado con una entidad privada, la competencia para asumir su conocimiento recae en la jurisdicción ordinaria, especialidad laboral, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 2º de la Ley 712 de 2001.]

Auto A-584 de 2021

[Resumen automatizado: Las accionantes Nubia Amparo Ortega Arcos y Dora Pepinosa Calderón y los accionantes Henry Paul Rosero López, José Alfonso Rodríguez Muñoz, Tomás Ignacio Erira Erira, Ricardo Palomino Ducuará y Francisco Gamboa Hurtado coincidieron en sostener en sus escritos de tutela que suscribieron el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera y que en la actualidad se hallan en proceso de reincorporación. || Con fundamento en los motivos expuestos, acudieron al juez de tutela a efectos de solicitar la protección de sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la seguridad e integridad personal y a la paz y, como consecuencia de ello, pidieron que se ordenara de manera urgente a la Unidad Nacional de Protección hacer efectivas las medidas de protección solicitadas y aprobadas para la Nueva Área de Reincorporación de Tallambí en el municipio de Cumbal (Nariño). || El señor Ricardo Palomino Ducuará puso de presente en su escrito de tutela que suscribió el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera y que, en la actualidad, se desempeña como presidente de la Junta de Acción Comunal del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), ubicado en Tumaco (Nariño) en el que se encuentran alrededor de noventa (90) excombatientes de la Columna Móvil Daniel Aldana y del Frente 29 de las antiguas FARC-EP.]

Auto A-440 de 2021

[Resumen automatizado: Finalmente, ordenó al MSPS (i) verificar la conveniencia de tener a departamentos o municipios como estratos dentro de la metodología implementada; (ii) reportar en los siguientes informes de medición, los datos obtenidos respecto a los municipios, con independencia del estrato que definiera; (iii) incluir otros criterios de caracterización en la herramienta de medición[14]; (iv) realizar la medición desde todos los problemas jurídicos analizados en la sentencia T-760 de 2008 y el auto 590 de 2016; (v) ampliar la batería de indicadores GED, con inclusión de los determinantes sociales, aplicables a las EPS, IPS, ET y en general a todos los actores del sistema e; (vi) implementar el mecanismo participativo para dar publicidad a los informes presentados, así como hacer más visible en su página web el link que contiene los reportes de medición de tutelas allegados a esta Corporación.]

Auto A-371 de 2021

[Resumen automatizado: Referencia: Recurso de súplica contra el auto del 16 de junio de 2021 que rechazó la demanda de inconstitucionalidad formulada en contra del artículo 2.2.4.3.1.1.5 del Decreto 1069 de 2015 "el cual establece el "Derecho de postulación en la conciliación extrajudicial" || La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de aquella que le concede el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991 y el artículo 50 del Acuerdo No. 02 de 2015, profiere el presente auto respecto del recurso de súplica interpuesto por la ciudadana María Estela Durán Maury, de acuerdo con los siguientes: || El artículo 6° del Decreto 2067 de 1991, por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional, prevé que contra el auto de rechazo de una demanda de inconstitucionalidad procede el recurso de súplica, ante la Sala Plena de la Corte Constitucional. || Primero.- RECHAZAR POR IMPROCEDENTE el recurso de súplica presentado contra el auto del 16 de junio de 2021, proferido por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, el cual rechazó la demanda de inconstitucionalidad formulada por la ciudadana María Estela Durán Maury, en contra del artículo 2.2.4.3.1.1.5 del Decreto 1069 de 2015, en el expediente D-14298, por las razones señaladas en el presente auto.]

Auto A-132 de 2021

[Resumen automatizado: Las accionantes Nubia Amparo Ortega Arcos y Dora Pepinosa Calderón y los accionantes Henry Paul Rosero López, José Alfonso Rodríguez Muñoz, Tomás Ignacio Erira Erira, Ricardo Palomino Ducuará y Francisco Gamboa Hurtado coincidieron en sostener en sus escritos de tutela que suscribieron el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera y que en la actualidad se hallan en proceso de reincorporación. || ORDENAR que por Secretaría General de la Corte Constitucional se oficie a la Alcaldía del municipio de Cumbal (Nariño), a la Alcaldía del municipio de Tumaco (Nariño), a la Alcaldía del municipio de San José del Guaviare (Guaviare) y a la Gobernación de los departamentos de Nariño y Guaviare, para que en el término de ocho (8) días, contados a partir de la notificación del presente auto, informen si en la formulación de los planes integrales de prevención y protección incluyeron a los excombatientes de las FARC- EP acreditados y en proceso de reincorporación política, social o económica, como sujeto de atención y su situación de riesgo, con el fin de adoptar las medidas idóneas para garantizar su derecho a la vida e integridad personal y seguridad.]

Auto A-67 de 2021

[Resumen automatizado: Por consiguiente, se llegó a la conclusión de que el criterio estructurado por la Corte Penal Internacional CPI frente al proceso iniciado contra Bosco Ntaganda era aplicable al caso sub examine, puesto que, en dicha oportunidad, la CPI "afirmó que las violaciones del DIH también pueden ocurrir al interior de los grupos armados al margen de la ley y, por ello, al existir un indiscutible nexo entre el conflicto armado interno colombiano y la comisión de actos de violencia sexual y de género contra las mujeres combatientes, no se podría desconocer la calidad de víctimas que ostentan aquellas mujeres, de conformidad con el artículo 8, numeral 2, literal e del Estatuto de Roma, el cual hace parte del bloque de constitucionalidad; criterio similar al aplicado en el análisis desarrollado en la sentencia C-781 de 2012, fallo en el que también se afirmó que 'es necesario examinar en cada caso si existe una relación cercana y suficiente con el conflicto armado' para poder definir en qué contextos se puede proteger los derechos de las víctimas"[15].]

Auto A-11 de 2021

[Resumen automatizado: a Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por la magistrada Cristina Pardo Schlesinger quien la preside, y los magistrados José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido el presente auto con fundamento en los siguientes || El señor Ricardo Palomino Ducuará puso de presente en su escrito de tutela que suscribió el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera y que, en la actualidad, se desempeña como presidente de la Junta de Acción Comunal del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), ubicado en Tumaco (Nariño) en el que se encuentran alrededor de noventa (90) excombatientes de la Columna Móvil Daniel Aldanda y del Frente 29 de las antiguas FARC-EP. || COMUNICAR dicho Estado de cosas inconstitucional a la Presidencia de la República y a las demás entidades accionadas, para que dentro de la órbita de su competencia y en cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales ligados a la implementación efectiva de los compromisos adquiridos en el Acuerdo Final, verifiquen la magnitud de esta discordancia y diseñen, ejecuten e implementen planes de acción coordinados para superarla, dando especial prioridad las personas amenazadas y/o en riesgo sobre su vida e integridad personal.]

early_on

2020

Auto A-358 de 2020

[Resumen automatizado: Sobre las medidas implementadas para el diseño de la herramienta virtual que permita a los usuarios consultar de manera sencilla, y de acuerdo a la EPS, la institución prestadora que mejor posición cuenta en el ranking conforme a su necesidad, señaló que en el Observatorio Nacional de Calidad se han dispuesto los resultados de los indicadores de calidad en salud, desagregados por departamento, municipios e IPS, los cuales se muestran a manera de ordenamiento (ranking) por cada una de las IPS en el departamento o municipio, en relación con aspectos como oportunidad de la atención para especialidad básicas tales como medicina interna, ginecología, pediatría, cirugía general; imagines diagnosticas como ecografía y resonancia nuclear magnética; tratamientos quirúrgicos trazadores como cataratas, remplazos de cadera y revascularización miocárdica; eventos adversos tales como infecciones intrahospitalarias por dispositivos médicos, caídas de pacientes, administración de medicamentos y resultados de salud como manejo de enfermedades crónicas cardiovasculares, salud materno infantil, enfermedades endémicas, cáncer. || Por otra parte, expresó que los indicadores usados por el Ministerio y la Superintendencia para evaluar el desempeño de la IPS y EPS frente a la garantía del derecho a la salud deberían ser unificados y adoptados como resultado de una construcción o un acuerdo con las entidades involucradas en aras a evitar generación de mediciones con distintos indicadores para un mismo resultado, o igual indicador, pero con diferentes parámetros de evaluación.]

Auto A-328 de 2020

[Resumen automatizado: En relación con el cargo por violación del principio non bis in ídem, sostuvo que carece de certeza porque el actor hace una interpretación particular, sin fundamento y subjetiva al asumir automáticamente que los menores de edad, los adultos mayores y las persona con discapacidad se subsumen en la categoría “incapaces de resistir” expresada en el artículo 210 del Código Penal. || En cuanto al cargo por violación del principio non bis in ídem, la referida magistrada desglosó el argumento presentado por el actor, según el cual, los mayores de 14 años y menores de 18, los adultos mayores y las personas en situación de discapacidad están inmersos en la categoría de “incapaces de resistir” y, por tanto, son sujetos pasivos del artículo 210 del Código Penal. || Conforme lo anterior, admitió el cargo contra los apartes de los artículos 210 y 211-7 del Código Penal por vulneración del principio non bis in ídem, pero “exclusivamente en lo referido a las personas en situación de discapacidad como sujetos pasivos de la norma”. || El auto del 13 de agosto de 2020 admitió la demanda contra los artículos 210 y 211-7 del Código Penal por vulneración del principio non bis in ídem, pero únicamente en relación con las personas en situación de discapacidad como sujeto pasivo del tipo penal y su agravante.]

Auto A-286 de 2020

[Resumen automatizado: Explicó que: (i) el texto acusado consagra la expedición de términos de referencia por parte de la autoridad minera así como la adopción del Estándar Colombiano para el Reporte Público de Resultados de Exploración, Recursos y Reservas Minerales de la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas Minerales o cualquier otro reconocido por CRIRSCO para la presentación de información, por lo que la interpretación alegada en la demanda no se desprende del texto normativo, incumpliendo así el requisito de certeza; (ii) los reproches formulados así como las peticiones presentadas obedecen al desacuerdo de los demandantes con el contenido de la Resolución 100 de 2020, debate sobre el cual carece de competencia esta Corporación al no ser una norma con contenido material de ley; (iii) las razones esgrimidas no son de naturaleza constitucional en tanto parten de problemas relacionados con la promoción del empleo para jóvenes o de las malas prácticas de la CCRRM, que además son interpretaciones subjetivas de los accionantes; (iv) no se logró determinar cómo la disposición demandada, de carácter amplio y optativo, en la que no se regulan elementos específicos para el ejercicio de la profesión, y que confiere la reglamentación a la Agencia Nacional Minera, es contraria a la Constitución; y (v) no lograron fundamentar por qué, a pesar de la amplia libertad de configuración de que goza el legislador, la disposición es inconstitucional, máxime cuando se refieren a unos requisitos de habilitación que no se entienden ni fueron parte del artículo demandado.]

Auto A-264 de 2020

[Resumen automatizado: Finalmente, en relación con la necesaria participación y consulta con las comunidades indígenas respecto de la implementación de las medidas urgentes (numeral 3 y 4 de la orden quinta de la sentencia T-466 de 2016): (i) la Gobernación del departamento de La Guajira, a través de la Secretaría de Asuntos Indígenas, señaló que facilitó la reunión de las comunidades con las distintas entidades encargadas de ejecutar dichas medidas en tres oportunidades tras la publicación de la sentencia: el 13 y 27 de diciembre de 2016 y el 11 de enero de 2017[30]; (ii) el DAPRE y el DNP señalaron que desde el mes de septiembre de 2017 se dio comienzo a la estructuración del documento CONPES 3944 y que para tal fin se le comunicó al gobernador del departamento y de los municipios de Barrancas, Distracción y Riohacha tal circunstancia, para que convocaran a las comunidades indígenas con el fin de recibir sus observaciones a los ejes del documento de política pública[31]; (iii) la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y ROM del Ministerio de Interior señaló que acompañó la coordinación del diálogo y consulta con las comunidades indígenas vinculadas en la elaboración del documento CONPES desde el comienzo de septiembre y en octubre[32]; y (iv) el municipio de Manaure relató en su informe[33] que, en materia de prestación de servicios de salud, en mayo de 2017 se instalaron mesas de trabajo interinstitucional y con las comunidades para discutir las alternativas de mejoramiento de la atención, tratamiento y prevención de los casos de desnutrición en niños, niñas y adolescentes.]

Auto A-254 de 2020

[Resumen automatizado: Así lo ha entendido esta corporación que en la sentencia C-488 de 1995[3] sostuvo que la declaratoria de inconstitucionalidad de un decreto de emergencia origina una "inconstitucionalidad por consecuencia" esto es el "decaimiento de los decretos posteriores a raíz de la desaparición sobreviniente de la norma que permitía al Jefe del Estado asumir y ejercer las atribuciones extraordinarias previstas en la Constitución" y luego, en la sentencia C-135 de 1997[4] recabó en que al desaparecer la causa jurídica (decreto declaratorio de emergencia), los dictados en su desarrollo son todos inconstitucionales[5], pues el Presidente de la República "queda despojado de toda atribución legislativa derivada del estado de excepción y, por ende, ha perdido la competencia para dictar normas con fuerza de ley". || PRIMERO.- SUSPENDER los términos en el expediente RE-308, correspondiente al control de constitucionalidad del Decreto Legislativo 659 del 13 de mayo de 2020 "Por el cual se entrega una transferencia monetaria no condicionada, adicional y extraordinaria en favor de los beneficiarios de los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor y Jóvenes en Acción y se dictan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica".]

Auto A-252 de 2020

[Resumen automatizado: La Corte no ha analizado en sus pronunciamientos anteriores los riesgos para la salud que suponen los procedimientos abortivos legales, los cuales son métodos de tortura crueles y violentos a que son sometidas las mujeres; en la jurisprudencia sólo se ha analizado el aborto en centros clandestinos; no se ha valorado el hecho de que la despenalización de la conducta en casos de violación repercute en un aumento de estos crímenes; ni se ha examinado debidamente la incidencia que en este campo tienen varios instrumentos internacionales como el tratado sobre los derechos de las personas en condición de discapacidad, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención Internacional para la prevención y sanción del delito de genocidio, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra la mujer, la Convención Internacional de los derechos del niño, y la Convención Interamericana (sic) de derechos humanos.]

Auto A-248 de 2020

[Resumen automatizado: Dentro del proceso de seguimiento que adelanta la Corte Constitucional a la superación del Estado de Cosas Inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, la Sala Especial recibió una petición elevada por María Rosalba Palacio para verificar el cumplimiento de las medidas ordenadas por esta Corporación en el Auto 092 de 2008, para la protección de sus derechos fundamentales[1]. || En consecuencia, en la presente providencia la Corte Constitucional resolverá (i) dejar sin efectos la Resolución 04102019-373774 del 08 de abril de 2020 por cuanto esta decisión impuso cargas desproporcionadas sobre la actora y desconoció los principios de buena fe, confianza legítima y respeto al acto propio; (ii) ordenar a la Unidad para las Víctimas adoptar una nueva decisión en la que se indique a los beneficiarios el momento en que se hará efectiva su indemnización; y (iii) advertir al director de esta entidad que, no es posible trasladar a las víctimas las cargas derivadas del incumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades.]

Auto A-163 de 2020

Impacto de la emergencia sanitaria en la garantía de los derechos de la población en situación de desplazamiento forzado. La Comisión de Seguimiento a la Política Pública Sobre Desplazamiento Forzado y diferentes Mesas de Participación Efectiva de Víctimas informaron a la Sala Especial acerca de la condición de vulnerabilidad socioeconómica que afronta la población en situación de desplazamiento forzado, producto de los impactos diferenciados y particulares que genera el COVID-19. Al respecto, mediante el Auto 149 de 2020, esta Corporación reiteró la distinción entre las medidas de asistencia social, la atención humanitaria y la reparación integral en la atención de los derechos de las víctimas de desplazamiento. Igualmente, reafirmó la importancia de garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación en la respuesta estatal a esta población. En línea con lo anterior, se ordenará a la Ministra del Interior, a la Alta Consejera de los Derechos Humanos y al director de la Unidad para las Víctimas que, si no lo han hecho, incluyan a las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó en los programas y servicios que se implementen para atender a la población en la emergencia producida por el COVID-19 - [Resumen automatizado: Dentro del proceso de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y los Autos 005 de 2009, del 18 de mayo de 2010, 045, 112 y 299 de 2012, diferentes integrantes de las comunidades uno de ellos a través de apoderado judicial del Consejo Comunitario de Curvaradó (Carmen del Darién Chocó)[1], solicitaron a esta Sala Especial: (i) dar inicio al trámite de un incidente de desacato en contra de la Ministra del Interior, el inspector ad hoc del Ministerio del Interior y el director de la Agencia Nacional de Tierras; y (ii) adoptar medidas para garantizar la restitución material de sus territorios y la elección de sus autoridades étnicas de manera libre, segura y transparente.]

Auto A-154 de 2020

[Resumen automatizado: En el escrito se sostiene que el fallo cuya nulidad se solicita adolece de cuatro tipos de vicios: (i) primero, vulneró directamente el derecho a la dignidad humana y la prohibición de discriminación; (ii) segundo, ignoró los precedentes constitucionales en los que se reconoce el derecho de los menores de edad de acceder a terapias que se encuentran por fuera del Plan de Beneficios, y la posibilidad de apelar al mecanismo de la acción de tutela para ordenar pagos en favor de personas en condición de discapacidad y menores de edad, así como en favor de empresas que tienen créditos con entidades territoriales que se encuentran sujetas al régimen previsto en la Ley 550 de 1999; (iii) tercero, se acumularon indebidamente las acciones de tutela en un solo proceso, pues mientras en los 36 casos restantes que integran el expediente T-2893757 se debatía sobre el derecho de unos menores de edad de acceder a unas terapias especializadas en IPS específicas, “en el caso de Funtierra esta etapa fue superada, encontrándose en un nivel superior al pretendido por las IPS de diferentes ciudades de Colombia (…) al proferirse los diferentes fallos de tutela”, lo cual daría lugar a un defecto procedimental; (iv) finalmente, se advierte que el fallo incurre en algunos defectos fácticos y probatorios, como quiera que en la providencia se afirma que los menores atendidos por Funtierra no se encuentran enfermos, con base en unas entrevistas telefónicas que se hicieron a los padres y acudientes de los menores atendidos por la IPS, cuando en realidad los niños atendidos sí tienen enfermedades graves; de igual modo, en la providencia judicial se cuestiona la metodología y los procedimientos seguidos para obtener los pagos de la Gobernación de Córdoba, cuando estos siempre se ajustaron al ordenamiento jurídico.]

Auto A-149 de 2020

Medidas para garantizar los derechos de la población desplazada en el marco de la emergencia sanitaria declarada con ocasión del COVID-19. Esta Corporación precisó que la población desplazada puede ser destinataria, de manera simultánea de: (i) la ayuda humanitaria, en razón de la situación que se deriva del desarraigo forzado; (ii) la política social, debido a la situación de pobreza y vulnerabilidad; y (iii) las medidas de reparación, por su condición de víctima del conflicto armado. De acuerdo con el contenido de las comunicaciones remitidas a esta Sala Especial, la solicitud elevada por la CSPPDF y en virtud de la naturaleza dialógica de este proceso, la Sala Especial de Seguimiento: i) Reiterará al Gobierno Nacional el deber de distinción entre las medidas de asistencia social, la atención humanitaria y la reparación integral, así como la obligación de garantizar el derecho la igualdad (que en ocasiones implica un trato distinto, más favorable) y la no discriminación en el acceso a la oferta institucional a las víctimas de desplazamiento forzado. ii) Exhortará a las instituciones competentes a que, en la formulación e implementación de las disposiciones que tienen por objeto atender los impactos generados por el COVID-19, observe las reglas reiteradas en esta decisión - [Resumen automatizado: En virtud de lo anterior, dentro de los límites del seguimiento encomendado a la Sala Especial, esta providencia reiterará el deber de diferenciación entre las medidas de política social, de atención humanitaria y de reparación, así como la obligación de garantizar el derecho a la igualdad material y no discriminación de la población desplazada para acceder a la oferta institucional del Estado. || La Mesa Nacional, así como algunas Mesas Departamentales y Municipales de Participación Efectiva de las Víctimas, mediante escritos separados cuyas copias allegaron, vía correo electrónico, a la Sala Especial de Seguimiento entre el 21 y el 27 de marzo del presente año, solicitaron a las autoridades nacionales y locales adoptar acciones urgentes para la protección de los derechos de las víctimas de desplazamiento durante la emergencia generada por el COVID-19[2]. || La Secretaría Técnica de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (en adelante la CSPPDF), mediante comunicación remitida por correo electrónico y tramitada por la Secretaria General de esta Corporación el 13 de abril del año en curso, solicitó a la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 adoptar medidas dirigidas a asegurar la atención diferenciada de las víctimas de desplazamiento forzado durante la emergencia generada por el COVID-19.]

Auto A-135 de 2020

[Resumen automatizado: Por su parte, con respecto al principio de intrasectorialidad, en la sentencia C-473 de 2019 se argumentó que, en virtud de la normatividad demandada, los recursos del FOSFEC ya no se destinan al segmento empleador-trabajador, sino a otros grupos y segmentos sociales que no participaron en la financiación de esta carga impositiva, para financiar programas gubernamentales de interés general, relacionados con el desarrollo territorial, la promoción del empleo y la ocupación, el desarrollo de la infraestructura nacional en las zonas rurales y de posconflicto, y el apoyo de la empresa y el emprendimiento.]

Auto A-77 de 2020

[Resumen automatizado: Sexto.- En relación con el mismo asunto señalado en la orden quinta, ORDENAR a la Directora de la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, dependencia que hace parte de la Fiscalía General de la Nación, que dentro de las investigaciones que adelante, incluya y priorice, en la medida en que sus competencias y las posibilidades fácticas y jurídicas se lo permitan, los delitos cometidos contra integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. || En relación con la orden prevista en el numeral octavo, ORDENAR a la Defensoría del Pueblo que, dentro de los dos (2) meses siguientes a la comunicación de esta providencia, coordine y lidere las gestiones para la reactivación y actualización del Comité Interinstitucional creado para el cumplimiento de la orden de adelantar un procedimiento de revisión de la aplicación de los principios del Derecho Internacional Humanitario frente a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.]

early_on

2019

Auto A-122A de 2019

[Resumen automatizado: El 3 de abril de 2017,[76] el Consejo Superior de la Judicatura allegó el informe periódico en el que enunció las siguientes actividades desarrolladas con la finalidad de darle cumplimiento al mandato analizado: (i) señaló la actualización del micrositio incluido en la página web de la Rama Judicial, el cual contiene en su totalidad la sentencia T-760 de 2008, 118 autos genéricos, 482 autos específicos expedidos por la Sala Especial; (ii) la inclusión en este enlace de 121 registros relacionados con la normatividad vinculada con el derecho a la salud y 58 de doctrina que reposa en la biblioteca "Enrique Low Mutra", aclarando que durante el año 2017 han registrado 1394 ingresos al link destinado a esta labor; (iii) la difusión de información mediante memorandos internos; (iv) la emisión de programas de televisión y proyecciones vía streaming y, (v) recapituló las actividades adelantadas de forma presencial desde el año 2011 al 2016 en diferentes municipios del país, concluyendo que a la fecha capacitaron 1566 funcionarios judiciales.]

Auto A-644 de 2019

[Resumen automatizado: El señor Julián Daza Malo como representante legal de la Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y la Guajira Dusakawi EPSI (en adelante, “Dusakawi EPSI”), y José Luis Chimoquero Gil Cabildo Gobernador de la etnia Wiwa formularon acción de tutela contra la Alcaldía Municipal de Valledupar por la presunta vulneración de los derechos de petición, agua potable, salud y vida de los indígenas del pueblo Wiwa que habitan la comunidad Tezhumake[1] del corregimiento de Patillal, municipio de Valledupar, departamento del Cesar, Sierra Nevada de Santa Marta. || Con fundamento en lo anterior, la Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional deberá resolver el siguiente problema jurídico: ¿la solicitud de nulidad alegada por EMDUPAR procede respecto al trámite de la acción de tutela interpuesta por el señor Julián Daza Malo como representante legal de la Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y la Guajira Dusakawi EPSI (en adelante, “Dusakawi EPSI”), y José Luis Chimoquero Gil Cabildo Gobernador de la etnia Wiwa, Resguardo WIWA en contra de la Alcaldía Municipal de Valledupar, referida a la configuración de la causal de nulidad dispuesta en el numeral 8 del artículo 133 del Código General del Proceso?]

Auto A-574 de 2019

[Resumen automatizado: La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por el magistrado José Fernando Reyes Cuartas y por las magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en especial las contenidas en el artículo 7° del Decreto 2591 de 1991[1], profiere el presente auto en la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los siguientes: || El señor Julián Daza Malo como representante legal de la Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y la Guajira Dusakawi EPSI (en adelante Dusakawi EPSI), y José Luis Chimoquero Gil Cabildo Gobernador de la etnia Wiwa, Resguardo WIWA formularon acción de tutela contra la Alcaldía de Valledupar por la presunta vulneración de los derechos de petición y al agua potable en conexidad con el derecho a la vida de los indígenas Wiwa ubicados en la comunidad de Thezhumake del Corregimiento de Patillal, municipio de Valledupar, departamento del Cesar, Sierra Nevada de Santa Marta. || A los 23 días de no recibir respuesta a la petición elevada ante la Alcaldía de Valledupar, los señores Julián Daza Malo y José Luis Chimoquero Gil interpusieron una acción de tutela con el fin de solicitar la protección de los derechos de petición y al agua potable en conexidad con el derecho a la vida de los indígenas Wiwas ubicados en la comunidad de Thezhumake del Corregimiento de Patillal, municipio de Valledupar, departamento del Cesar, Sierra Nevada de Santa Marta.]

Auto A-429 de 2019

[Resumen automatizado: La Directora Ejecutiva y representante legal de la corporación colombiana de padres y madres RED PAPAZ[1] formuló acción de tutela el 18 de mayo de 2018 contra Caracol Televisión S.A. y RCN Televisión S.A., integrantes del Consorcio de Canales Nacionales Privados CCNP por considerar vulnerados los derechos fundamentales a la libertad de expresión, a la información y a la igualdad de su representada; así como, a los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a recibir la información necesaria para tomar decisiones de consumo que les permitan proteger su derecho a la alimentación equilibrada, a la salud y a la vida. || El juez de primera instancia argumentó que Caracol Televisión S.A. y RCN Televisión S.A., al condicionar la emisión del mensaje informativo de RED PAPAZ al cumplimiento de exigencias adicionales a las legalmente establecidas, como fue la solicitud de aportar i) el documento de la Organización Panamericana de la Salud que defina el concepto de comida chatarra y ii) los soportes científicos en los cuales se señale qué productos están clasificados como comida chatarra, transgredieron el derecho a la libertad de expresión de la corporación accionante pues ejercieron un control previo sobre el contenido de la información a transmitir, erigiéndose dicho proceder indiscutiblemente en censura previa, la cual está proscrita conforme lo indica el artículo 20 de la Constitución Política.]

Auto A-360 de 2019

[Resumen automatizado: Debido a la importancia de asegurar la efectividad de los derechos de las víctimas de desplazamiento y a la complejidad de esta problemática, la Corte Constitucional conformó una Sala Especial de Seguimiento, como órgano especializado de la Sala Plena encargado de valorar la información aportada por el Gobierno Nacional, los organismos de control del Estado, la población desplazada y los demás intervinientes en el proceso, con el objetivo de evidenciar los avances y resultados en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional declarado[2]. || Posterior a la realización de la diligencia citada mediante los Autos 634 y 700 de 2018, la Defensoría del Pueblo solicitó convocar una audiencia pública con el objetivo de presentar a los magistrados que conforman la Sala Especial de Seguimiento, así como a las autoridades responsables de la política pública de atención y protección a la población desplazada, los principales hallazgos identificados en relación con[6]: || Qué obstáculos consideran que: (a) inciden en los componentes de prevención, protección, atención humanitaria, registro, retornos y reubicaciones, e impiden cumplir a cabalidad las órdenes dictadas por esta Corporación en el seguimiento a la superación del ECI en materia de desplazamiento forzado, en particular, aquellas impartidas en los Autos 173 de 2012, 373 de 2016, 504, 266 y 620 de 2017; e impiden (b) garantizar efectivamente los derechos de la población desplazada y en riesgo de desplazamiento; y (c) evitar la ocurrencia de nuevas afectaciones sobre las comunidades.]

Auto A-136 de 2019

[Resumen automatizado: En el marco del caso 004 de 2018, relacionado con la "situación territorial de la región de Urabá"[1], la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz, mediante Auto del 12 de marzo de 2019[2], asumió el conocimiento de la solicitud de medidas cautelares preventivas elevada por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, en favor de "las comunidades de Pueblo indígena del Alto Guayabal -Coredocito del resguardo Urada (SIC) Jiguamiandó-, especialmente Cabildo Mayor CAMERUJ, Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de Jiguamiandó y de Curbaradó". || Como resultado de lo anterior, la Sala Especial de Seguimiento evidenció que, en relación con la población indígena y afrodescendiente persiste el Estado de Cosas Inconstitucional y, en consecuencia, dictó diferentes órdenes con la finalidad de proteger los derechos fundamentales de estos grupos, superar las prácticas inconstitucionales observadas y desbloquear la respuesta institucional, tales como: "la adopción de una estrategia de armonización de las órdenes emitidas en el marco del proceso de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, con la política pública que posteriormente fue introducida con los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011, para que la intervención estatal avance progresivamente hacia el restablecimiento, conservación, protección y fortalecimiento de los modos de vida de las comunidades étnicas afectadas por el conflicto armado, la violencia generalizada y el desplazamiento forzado"[10].]

Auto A-25 de 2019

[Resumen automatizado: TERCERO.- ORDENAR a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué que, en el término de un (1) mes contado a partir de la notificación de la presente providencia, emita una sentencia en la que establezca con precisión -a partir de una apreciación conjunta de los medios de prueba- (i) el respectivo período de convivencia de Eusebio Lozano Lozano con Digna Dolores Fandiño de Lozano y con Ana Jesús Moreno Delgado (sic), y (ii) si efectivamente se presentó una convivencia simultánea de las mencionadas señoras y Ana Clovia Avilés Ramírez -quien demostró la convivencia de 1994 al 18 de diciembre de 2004- con Eusebio Lozano Lozano en los cinco años anteriores a su fallecimiento, de acuerdo con lo establecido en el fundamento jurídico N° 5.6 de esta sentencia. || El 4 de julio de 2018, la apoderada de Ana Jesús Moreno Agudelo[50] solicitó (i) declarar la nulidad de la Sentencia T-221 de 2018, manifestando ostentar legitimación en la causa para solicitarla y hacerlo en el término legalmente establecido; (ii) declarar como improcedente la revisión de la acción de tutela instaurada por Ana Clovia Avilés Ramírez; y (iii) disponer "de manera preventiva que en ningún caso se debe suspender el pago de la pensión de jubilación de [su] poderdante y de la prestación del servicio de salud, hasta tanto se llegue a adoptar una decisión definitiva sobre este asunto que se encuentre debidamente ejecutoriada (...)."[51] Las solicitudes se fundamentan en los siguientes argumentos:]

early_on

2018

Auto A-684 de 2018

[Resumen automatizado: Esto, por cuanto la Corte constató que la situación de las jóvenes, niñas y adultas víctimas de desplazamiento forzado constituía una de las manifestaciones más críticas del Estado de Cosas Inconstitucional puesto que sus derechos a pesar de contar con una protección constitucional múltiple y reforzada eran vulnerados de forma sistemática, extendida y masiva a lo largo del territorio nacional, al tiempo en que la respuesta institucional resultaba insuficiente y la política pública dispuesta para su atención presentaba vacíos que hacían más grave su condición. || Considerando la importancia que revisten dichos documentos y de la necesidad de adoptar medidas pertinentes para la protección y salvaguarda de los derechos de la población de los municipios de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte (Nariño), se remitirá una copia en medio digital de los documentos allegados a esta Sala Especial en el marco del seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos complementarios, de acuerdo con la solicitud elevada por Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas.]

Auto A-549 de 2018

[Resumen automatizado: De igual forma le ordenó al MSPS que dentro del término máximo de veinte días hábiles contados a partir de la notificación: (i) expidiera una nueva normatividad que regulara de forma unificada los parámetros prescritos sobre el contenido y entrega de las cartas de derechos y deberes de los pacientes, y de desempeño de las EPS, de conformidad con los lineamientos establecidos en los numerales 3.1.1 al 3.1.3[8], 3.2.1 al 3.2.3[9] y los incorporados en el numeral 8.4[10] del Auto 264 de 2012, atendiendo los parámetros señalados en el numeral tercero de la parte resolutiva; (ii) enviara copia de la normatividad anteriormente relacionada en el mismo término; (iii) presentara informes semestrales que dieran a conocer las actuaciones adelantadas respecto al acatamiento del mandato constitucional y de la providencia en mención; (iv) adoptara las medidas necesarias para verificar la entrega material de las cartas a los usuarios a cargo de las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado, y la imposición de las sanciones a que hubiere lugar con ocasión al incumplimiento.]

Auto A-515 de 2018

[Resumen automatizado: “(i) ¿En qué fecha y cómo se recolectó y se procesó la información de los casos remitidos?; (ii) ¿Cuáles fueron las acciones legales emprendidas puntualmente por la Clínica Jurídica del Programa de Asistencia Legal a Población Desplazada de la Corporación Opción Legal en los ciento treinta y siete (137) casos documentados y remitidos a esta Sala Especial?; y (iii) ¿Cuál es la situación actual de las personas referidas en los casos remitidos con relación a:�(a)�la inclusión en el RUV;�(b)�el acceso a la oferta institucional para las víctimas;�(c)�el estado de su reparación integral;�(d)�el acceso a los servicios de salud y a la atención psicosocial para la víctima y para su familia; y�(e)�la existencia de denuncia penal por los hechos relatados y el estado actual del proceso penal?”[2] || Por tal razón, se solicitará a la UARIV que informe a esta Sala Especial la situación actual de las ciento treinta y siete (137) personas implicadas en los casos remitidos a la Corte Constitucional, en los que se relatan hechos de violencia sexual en el marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado, específicamente con relación a:]

Auto A-322 de 2018

[Resumen automatizado: El 15 de diciembre de 2016, las autoridades de las comunidades referenciadas[1] promovieron acción de tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, en razón de la ausencia i) de la instalación de mesas electorales en los asentamientos de las comunidades y ii) de medidas para facilitar el derecho al voto de las personas que no hablan castellano, con lo cual consideran que se vulneraron los derechos fundamentales de la población indígena a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, específicamente la posibilidad de tomar parte en formas de participación democráticas, al voto, a la igualdad y a la no discriminación. || Los accionantes estiman necesaria la intervención del juez de tutela para que ordene a las autoridades accionadas que para cualquier ejercicio electoral o de participación democrática que se realice a través del sufragio, disponga de la instalación de puestos de votación en cada una de las 32 comunidades indígenas que se ubican en el municipio de Bojayá o, de no ser posible, se realice un ejercicio de concertación con las comunidades, mesa de votación en las comunidades de Unión Baquiaza, Unión Cuity, Punto Cedro, Nuevo Jerusalén, Salina, Chanó, Mojaudó, Santa Lucía, Puerto Antioquia, Apartadó y Nuevo Olivo, ubicadas estratégicamente en su territorio.]

Auto A-283 de 2018

[Resumen automatizado: INVITAR a PAIIS Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social, a la Fundación Saldarriaga Concha, a la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Educación Especial-FIDES, a la UNICEF Colombia, a la UNESCO Colombia y al Director del Grupo de Investigación de Derechos Humanos de la escuela de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda y experto en temas relacionados con las garantías de las personas en condiciones de discapacidad, al Doctor Carlos Parra Dussán y a la abogada Andrea Parra, para que, si lo estiman conveniente, intervengan en este proceso de constitucionalidad dentro del término de fijación en lista. || De esa forma, se ordenará a la Secretaría General de la Corte Constitucional dar cumplimiento a los numerales segundo, tercero y décimo del auto admisorio y a todos aquellos a los que no se les haya dado trámite conforme al Decreto 2067 de 1991. || Ordenar a la Secretaría General de esta Corporación dar trámite a los numerales segundo, tercero y décimo del Auto del diecisiete (17) de julio de dos mil diecisiete (2017), mediante el cual se admitió la demanda de la referencia.]

Auto A-160 de 2018

[Resumen automatizado: Mediante auto del 27 de octubre de 2017, el Magistrado Sustanciador rechazó las demandas presentadas, contra los artículos 25, 26, 28, 30, 31 y 51 de la Ley 789 de 2002 debido a que: (i) los artículos 25 y 51 de la Ley 789 de 2002 perdieron vigencia al entrar a regir la Ley 1846 de 2017, razón por la cual, la Corte carece de competencia para analizar su constitucionalidad; y (ii) existe el fenómeno de cosa juzgada constitucional en la demanda promovida en contra de los artículos 26, 28, 30 y 31 de la Ley 789 de 2002, en los siguientes términos: || Lo anterior debido a que cuando el precepto demandado no forma parte del ordenamiento positivo, no existe objeto sobre�el cual pueda recaer pronunciamiento alguno de la Corte, pues ha de tenerse en cuenta que si los fallos que dicta esta Corporación tienen como efecto propio permitir que las normas acusadas puedan seguir cumpliéndose o ejecutándose (exequibilidad), o excluir éstas de la normatividad jurídica por lesionar la Constitución (inexequibilidad), restableciendo de esta forma el orden lesionado, no tiene sentido alguno que se acuse un precepto que ha dejado de regir y que, por tanto, no está en condiciones de quebrantar la Constitución Política.]

early_on

2017

Auto A-737 de 2017

[Resumen automatizado: En relación con estas órdenes, el Gobierno Nacional, en respuesta a la solicitud de información del Auto 443 de 2015, solicitó expresamente a esta Sala Especial de Seguimiento que reconociera que "el Documento CONPES 3784 de 2013 y la Ley 1448 de 2011 contribuyen a la garantía, protección y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres víctimas a la atención, asistencia y reparación integral, también facilitan la incorporación del enfoque diferencial en la política pública de población en situación de desplazamiento y, finalmente, se erigen como la base esencial para el restablecimiento y aseguramiento de los derechos de referidas mujeres, cuya implementación, tiene la potencialidad de responder asertivamente frente a las graves y particulares manifestaciones y riesgos de la violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado que fueron identificadas por la Corte Constitucional en los autos 092 de 2008, 098 de 2013 y 009 de 2015".]

Auto A-620 de 2017

[Resumen automatizado: Posteriormente, luego de advertir que el pueblo indígena Awá (Nariño y Putumayo) continuaba padeciendo una grave crisis humanitaria producto de diferentes problemáticas, entre ellas, la presencia de cultivos ilícitos y de actores armados pertenecientes a grupos ilegales, sumado a las condiciones de extrema pobreza, la ausencia de inversión social y en infraestructura por parte de las autoridades, y la expansión de fronteras agrícolas con cultivos de uso lícito e ilícito, la Corte, mediante auto 174 de 2011, ordenó al Gobierno Nacional la adopción de medidas cautelares urgentes para proteger los derechos individuales y colectivos de este pueblo. || En la misma, se realizaron conversatorios con algunos líderes y lideresas de las comunidades afrodescendientes de Nariño, especialmente de las sub-regiones del Sanquianga, Telembí y Pacífico Sur; de los pueblos indígenas Eperara-Siapidaara y Awá; representantes de las organizaciones de segundo nivel que las agrupan[18]; integrantes de las Mesas de Participación de Víctimas; personeros de dicha región; los alcaldes y secretarías de los municipios de El Charco, La Tola, Olaya Herrera Satinga, Santa Bárbara de Iscuandé, Mosquera, Barbacoas, Magüí Payán, Roberto Payán, Francisco Pizarro[19] Salahonda y Tumaco; enlaces de víctimas; la Gobernación de Nariño y la Unidad para la Restitución de Tierras.]

Auto A-533 de 2017

[Resumen automatizado: Esta Sala, mediante proveído del 1° de junio, declaró la falta de competencia con fundamento en el artículo 32 del Decreto Estatutario 2591 de 1991, aduciendo que las impugnaciones en sede de tutela deben ser asumidas por el superior jerárquico de quien conoció la solicitud de amparo en primera instancia, es decir, el Juzgado 3° de Familia de Pasto y, por tanto, a quien le corresponde el conocimiento del recurso es a la Sala Unitaria Civil Familia del Tribunal Superior de esa ciudad. || PRIMERO: DEJAR SIN EFECTOS el auto 14 de junio de 2017, proferido por el Tribunal Superior de Pasto- Sala Unitaria de Decisión Civil - Familia, mediante el cual rechazó la competencia para conocer de la impugnación interpuesta por la señora Sofía Catalina Guerrero Villarreal durante el trámite de la acción de tutela contra el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social Territorial Seccional Nariño. || SEGUNDO: REMITIR al Tribunal Superior de Pasto- Sala Unitaria de Decisión Civil- Familia, el expediente ICC-3021, para que, de manera inmediata, tramite y resuelva la impugnación en el trámite de tutela interpuesto por la señora Sofía Catalina Guerrero Villarreal durante el trámite de la acción de tutela contra el Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social Territorial Seccional Nariño.]

Auto A-504 de 2017

[Resumen automatizado: En consecuencia, se solicitará a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, en tanto ejerce la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por parte de Grupos Armados Ilegales y Organizaciones Delictivas Organizadas CIPRUNNA, al Gobernador del departamento de Chocó, a los alcaldes de los municipios Riosucio, Carmen del Darién, Acandí, Unguía, Juradó, Nuquí, Bahía Solano, Alto, Medio y Bajo Baudó, Litoral San Juan, Cantón de San Pablo, Certequi, Unión Panamericana, Tadó, lstmina, Río Iró, Medio San Juan, Condoto, Novita, San José del palmar, Sipí, Bojayá, Vigía del Fuerte, Murindó, Medio Atrato, Quibdó, Carmen de Atrato, Bagadó, Lloró, Atrato y Río Quito, y la Directora de la Unidad para las Víctimas en tanto coordinadora del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas�SNARIV, presentar un informe de acuerdo con sus competencias en el cual deberán reportar lo siguiente:]

Auto A-483 de 2017

[Resumen automatizado: La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Cristina Pardo Schlesinger quien la preside -, Diana Fajardo Rivera y Alberto Rojas Ríos, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el Decreto 2591 de 1991, emite el siguiente auto con base en las siguientes || “(...) la extensión del plazo para el cumplimiento de la sentencia de la referencia, que en su parte resolutiva ordena a la Federación Colombiana de Fútbol conformar la Cámara Nacional de Resolución de Disputas (...) en observancia de los Estatutos de ésta Federación y de la Resolución No. 1934 de 2008, dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de la mencionada providencia, con el fin de que dicha Cámara, ejerciendo la competencia que se le ha otorgado, tramite y resuelva la demanda de indemnización por formación presentada por el accionante contra el Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A.”.]

Auto A-448 de 2017

[Resumen automatizado: TERCERO.- ORDENAR al Ministerio de la Protección Social así como al Ministerio de Educación Nacional, a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para que de manera pronta, constante e insistente diseñen y pongan en movimiento campañas masivas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos que contribuyan a asegurar a las mujeres en todo el territorio nacional el libre y efectivo ejercicio de estos derechos y, en tal sentido, el conocimiento de lo dispuesto en la sentencia C-355 de 2006 así como lo desarrollado en la presente providencia y URGIR a estas mismas entidades para que hagan el debido seguimiento de tales campañas con el objetivo de poder constatar su nivel de impacto y eficacia. || Una vez evidenciado el incumplimiento de las órdenes dadas a las autoridades públicas competentes e involucradas en la resolución del asunto, esta Sala mediante Auto 210 de 2010 del seis de julio, requirió a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación para que dieran cumplimiento a lo resuelto en el numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia T-388 de 2009, como quiera que dichas entidades públicas no presentaron los informes respectivos dentro de la orbita de sus competencias, en el término de tres meses, a pesar de que la notificación de la sentencia surtida en el mes de octubre de 2009.]

Auto A-400 de 2017

[Resumen automatizado: Adujo que durante el trámite de la diligencia les informaron que el procesado no podría ser trasladado por parte del INPEC y del Centro de Reclusión Militar EJUPA del Batallón La Popa de Valledupar, a la ciudad de Bucaramanga para la celebración de la audiencia de instalación del juicio programada por el Juzgado Tercero Penal Especializado del Circuito de Bucaramanga, para los días 1° y 2° de noviembre de 2016. || Esa Corporación avocó conocimiento mediante auto del dos (2) de noviembre de 2016, en el que ordenó vincular al director general del INPEC, al Ministro de Defensa, al comandante del Ejército Nacional, a los directores de los centros de reclusión militar EJUPA Batallón la Popa de Valledupar y Quinta Brigada de Bucaramanga, al Juez Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga y al interno Willington Ortiz Pineda. || De igual manera, en esa misma fecha, ese juzgado radicó vía correo electrónico, escrito mediante el cual solicitó la nulidad de todo lo actuado por la falta de notificación del auto dos (2) de noviembre de 2016, que admitió a trámite la presente solicitud de amparo, con fundamento en el artículo 137 del Código General del Proceso.]

Auto A-266 de 2017

[Resumen automatizado: En este sentido, la Sala Especial de Seguimiento observa cómo la actuación del Ministerio del Interior, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Unidad para las Víctimas (UARIV), en el marco de sus responsabilidades de prevención, protección y restitución de derechos territoriales, así como el INCODER (en liquidación), ahora la Agencia Nacional de Tierras, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, que participan en la ejecución de estas medidas, ubican en una situación de invisibilidad a las comunidades étnicas que no están focalizadas en el trámite de restitución de derechos territoriales, a pesar de presentar fuertes afectaciones producto de las emergencias o situaciones de inminente riesgo asociadas al desplazamiento forzado o las restricciones a la movilidad, y en razón del desarrollo de actividades de economía lícita o ilícita en sus territorios, son víctimas de confinamiento, abandono o despojo territorial.]

Auto A-23A de 2017

[Resumen automatizado: 1. Las señoras Blanca Cecilia García Sánchez y Blanca Emilia Montiel instauraron acción de tutela contra el Tribunal Contencioso Administrativo del Tolima en protección del derecho fundamental al debido proceso que consideraron vulnerado con la decisión mediante la cual dicha autoridad judicial revocó la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Ibagué que ordenó al Ministerio de la defensa Nacional reparar integralmente a las accionantes, como consecuencia del fallecimiento de sus hijos Víctor Alfonso Lozada García y Andrés Bravo Montiel (hijos), dentro del proceso de reparación directa con número de radicación 2009-00184 (2011-00116). || 5. En auto del 7 de octubre de 2016 el Despacho del Magistrado Ponente Alberto Rojas Ríos ordenó por Secretaría General de la Corte Constitucional oficiar a la Sección Quinta del Consejo de Estado, en su condición de juez de tutela de primera instancia para que enviara a esta Corporación copia de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Ibagué, dentro del proceso de reparación directa con número de radicado 2009-00184 (2011-00116).]

Auto A-206 de 2017

[Resumen automatizado: La Corte Constitucional, tanto en sede de revisión de tutela como en el marco del seguimiento a la sentencia T-025 del 2004, ha proferido diferentes autos encaminados a verificar e impulsar el cumplimiento de las órdenes emitidas en el 2004, en ejercicio de las competencias atribuías en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991.[31] Conforme lo precisó esta Sala Especial en el auto 373 del 2016, la intervención del juez constitucional en la política pública dirigida a la población desplazada es excepcional y residual, en tanto "se justifica ante situaciones complejas de�bloqueos institucionales�o de�prácticas inconstitucionales, que a pesar de provocar una vulneración masiva y sistemática de los derechos fundamentales, no reciben una adecuada respuesta por parte de la administración en el marco de sus procedimientos ordinarios de seguimiento y de corrección de falencias".[32] Esto implica que el juez constitucional no está investido para intervenir ante cualquier obstáculo de la política pública, ni para "suplantar las funciones y labores de las entidades estatales",[33] sino para "encauzarlas cuando han demostrado fallas o defectos graves".[34] En tanto las autoridades puedan servirse de los mecanismos habituales, constitucionales y legales de corrección de falencias, no hace falta que la Corte mantenga la intervención en la materia.]

Auto A-148 de 2017

[Resumen automatizado: El día dos (2) de marzo de 2017, se recibió en la Secretaría General esta Corporación escrito suscrito por la ciudadana FANNY CECILIA ROMERO ROJAS, mediante el cual interpone recurso de súplica contra el auto del 23 de febrero de 2017”. || Esta sentencia fue reiterada en las siguientes providencias (entre otras) en las que se analizó el caso específicamente frente al requisito de especificidad: Sentencia C-426 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil), Sentencia C-831 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), Sentencia C-572 de 2004 (MP Rodrigo Uprimny Yepes; AV Rodrigo Uprimny Yepes y Jaime Araújo Rentería), Sentencia C-309 de 2009 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), Sentencia C-304 de 2013 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), Sentencia C-091 de 2014 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), Sentencia C-694 de 2015 (MP Alberto Rojas Ríos; SPV María Victoria Calle Correa). || Esta sentencia fue reiterada en las siguientes providencias (entre otras) en las que se analizó el caso específicamente frente al requisito de suficiencia: Sentencia C-557 de 2001 (Manuel José Cepeda Espinosa), Sentencia C-803 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño), Sentencia C-802 de 2008 (MP Clara Inés Vargas Hernández) y Auto 145 de 2014 (MP Alberto Rojas Ríos).]

Auto A-91 de 2017

Solicitud de información al Gobierno Nacional y a las entidades territoriales sobre las medidas adoptadas para atender y proteger a las comunidades étnicas de la región del Bajo San Juan y Bajo Calima (Valle del Cauca y Chocó),en el marco del seguimiento a los autos A.004/09 y A.005/09 - [Resumen automatizado: 7. Para conocer en detalle cuál ha sido la respuesta gubernamental frente al escenario de vulnerabilidad advertido en el transcurso de la visita, esta Sala Especial solicitará a las autoridades nacionales y territoriales responsables que presenten información actualizada, completa y precisa en torno a: (i) la política pública encaminada a la protección de las comunidades, autoridades étnicas y sus miembros, (ii) la atención y asistencia culturalmente adecuada, y (iii) el retorno y la reubicación de la población, en el marco de la garantía de los derechos territoriales. || 9. Sin embargo, en la visita a la región del Bajo San Juan, esta Sala Especial conoció de varias emergencias humanitarias sobre las comunidades indígenas y afrodescendientes que habitan esta zona, asociadas a los riesgos identificados en los citados autos, y producto de la presencia, control y disputa territorial entre distintos actores armados ilegales (los grupos post-desmovilización, el ELN y las FARC-EP). || i)¿Qué medidas se han adoptado desde el nivel nacional y territorial para contrarrestar las situaciones de riesgo de las comunidades étnicas ubicadas en la región del Bajo San Juan y del Bajo Calima, sobre todo en zonas con el orden público alterado por el accionar de los grupos armados y donde la población está con restricciones a la movilidad o en riesgo de desplazamiento?, ¿Cuáles han sido los resultados alcanzados con su aplicación en el periodo 2014-2017?]

early_on

2016

Auto A-597 de 2016

[Resumen automatizado: Adicionalmente, cabe destacar que el día 15 de septiembre del presente año, la Corte Constitucional llevó a cabo una audiencia pública en la cual el abogado Guillermo Forero Álvarez, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad Dejusticia , la Sociedad de Agricultores de Colombia y otros intervinientes y entidades públicas, expresaron oralmente ante la Sala Plena de esta Corporación sus argumentos sobre los aspectos esenciales de la Ley ''Por la cual se crean y se desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social - ZIDRES-"[2], por lo cual no se estima necesario realizar otra audiencia sobre aspectos similares de la misma ley. || 6. En relación con la solicitud de oficiar a ASORINOQUIA para que aporte los documentos que acrediten las actividades de las empresas agrícolas y agroindustriales que conforma, la Sala considera que no le corresponde a la Corte Constitucional en este proceso analizar las actuaciones específicas de las empresas representadas por el interviniente relacionadas con el pago de impuestos, la construcción de vías, la consolidación de la red vial férrea y marítima, la prestación de servicios o la generación de empleos, las cuales pueden ser relevantes en un análisis de políticas públicas, pero no son pertinentes en un control abstracto en el cual no se analiza la conveniencia, sino la constitucionalidad de las normas demandadas[5].]

Auto A-554 de 2016

[Resumen automatizado: La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, y por los Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio y Aquiles Arrieta Gómez (e), en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere el presente auto de nulidad en la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los siguientes: || El 2 de febrero de 2016,�Ludis Navarro Estrada, actuando como representante legal del Consejo Comunitario de Comunidades Negras y Afrodescendientes del Municipio de San Jacinto (Bolívar)[1], interpuso acción de tutela contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (en adelante I.C.B.F), al considerar que dicha entidad vulneró los derechos a la consulta previa, a la concertación, a la participación y a una educación con enfoque diferencial de la comunidad que representa. || 7. Mediante sentencia del 16 de febrero de 2016[11], el Juzgado Décimo Primero Administrativo Oral del Circuito de Cartagena decidió conceder el amparo del derecho fundamental al debido proceso, al considerar que el I.C.B.F no le ha informado a los miembros del Consejo Comunitario de Comunidades Negras y Afrodescendientes del Municipio de San Jacinto de forma precisa los plazos en los cuales deben presentar las propuestas de enfoque diferencial, ni tampoco sobre los cronogramas de contratación de los operadores del servicio.]

Auto A-523 de 2016

[Resumen automatizado: En la Sentencia T-074 de 2016, la Sala Octava de Revisión estudió el expediente T-5.085.945 correspondiente a la acción de tutela interpuesta el 9 de junio de 2015 por el señor Miguel Antonio Camargo en representación de su hijo menor de edad, Yocimar Stiben Camargo Talero en contra del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones FONCEP- para que fueran protegidos sus derechos fundamentales a la seguridad social, el mínimo vital, la protección a la familia y la vida en condiciones dignas presuntamente vulnerados por la de la entidad demandada de reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes en calidad de hijo de crianza del señor Luis María Camargo, abuelo biológico del menor de edad. || Por lo anterior, se observa que la demanda, el problema jurídico y la decisión, no guardan relación con lo decido en la Sentencia T-074 de 2016, en tanto en esta oportunidad, la Sala Octava discutió la vulneración de los derechos fundamentales de la seguridad social, del mínimo vital, la protección a la familia y la vida en condiciones dignas, de un menor de edad, como consecuencia de la negativa de un fondo de pensiones, de reconocer y pagar una pensión de sobrevivientes en calidad de hijo de crianza del causante.]

Auto A-471 de 2016

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial, obrando de conformidad con el Acuerdo número 02 de 2015, Por medio del cual se unifica y actualiza el Reglamento de la Corte Constitucional, dicta el presente auto que resuelve un recurso de súplica, interpuesto contra un auto de rechazo de demanda proferido por el magistrado Alejandro Linares Cantillo, de conformidad con las siguientes consideraciones: || La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. || Frente a la situación descrita, concluye la Sala Plena de la Corte Constitucional, en coincidencia con el Magistrado Sustanciador Alejandro Linares Cantillo, que los ciudadanos Guillem Frederick Solo Uribe y Efraín Vera Vera no corrigieron el libelo en los términos indicados en el auto inadmisorio del 16 de agosto de 2016, razón por la que procede el rechazo de la demanda, conforme con lo dispuesto, para el efecto, por el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991.]

Auto A-421 de 2016

[Resumen automatizado: ZONAS DE INTERES DE DESARROLLO RURAL, ECONOMICO Y SOCIAL - ZIDRES-Reafirmar la convocatoria a audiencia pública dentro del proceso de control de constitucionalidad contra la Ley 1776 de 2016 || 2. Que la Senadora Maritza Martínez Aristizábal quien había sido convocada como vocera de los Ponentes del proyecto de ley 223 de 2015 Cámara/ 174 de 2015 Senado, en esa célula legislativa, manifestó razones para excusarse de asistir a la audiencia programada. || En su lugar, se extiende la invitación al Senador Luis Emilio Sierra Grajales, quien suscribió ponencia positiva para primer debate y actuó como ponente para segundo debate. || PRIMERO: Reafirmar la CONVOCATORIA a una audiencia pública dentro del proceso de control de constitucionalidad correspondiente a los radicados D-11275 y D-11276, en el cual se acumularon dos demandas contra la Ley 1776 de 2016 “Por la cual se crean y se desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social ZIDRES ”. || La idoneidad de los mecanismos previstos en la Ley 1776 de 2016 para promover un modelo de desarrollo económico y social del sector rural basado en la equidad, la sostenibilidad desde el punto de vista humano, ambiental y cultural.]

Auto A-392 de 2016

[Resumen automatizado: De conformidad con lo que acaba de exponerse, y en el contexto de la decisión adoptada a través del Auto 588 de 2015[14], la Sala deberá determinar el grado de cumplimiento de la Sentencia T-576 de 2014, que, como se ha dicho, amparó los derechos fundamentales a la igualdad, a la participación y a la consulta previa de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que fueron excluidas del proceso de elección de los integrantes del Espacio Nacional de Representación de Autoridades y Consejos Comunitarios convocado por la Resolución 121 de 2012 por no contar con un territorio titulado cuando se realizó la convocatoria.]

Auto A-388 de 2016

[Resumen automatizado: ZONAS DE INTERES DE DESARROLLO RURAL, ECONOMICO Y SOCIAL ZIDRES-Convocar a audiencia pública dentro del proceso de control de constitucionalidad contra la Ley 1776 de 2016 || 2. Que varios de los intervinientes en el proceso de la referencia han solicitado expresamente a la Corte la convocatoria de una audiencia pública, y teniendo en cuenta la importancia de la materia analizada, sus implicaciones de orden técnico, económico y social, así como la necesidad de que la ciudadanía conozca los diferentes argumentos y puntos de vista que se expusieron dentro del trámite judicial de la referencia, la Sala Plena considera pertinente convocar a audiencia pública en el presente proceso. || 3. Que se está dentro del término previsto en la norma legal citada para convocar a audiencia pública y el Magistrado Sustanciador realizó solicitud en ese sentido ante la Sala Plena, en los términos del artículo 12 del Decreto Ley 2067 de 1991. || PRIMERO: CONVOCAR a audiencia pública dentro del proceso de control de constitucionalidad correspondiente a los radicados D-11275 y D-11276 en cual se acumularon dos demandas contra la Ley 1776 de 2016 “Por la cual se crean y se desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social ZIDRES ”.]

Auto A-373 de 2016

[Resumen automatizado: Primero.- ORDENAR, a través de la Secretaría General de esta Corporación, al Director de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y al Director del Departamento Nacional de Planeación, que presenten un documento, con la participación de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, en el que informen acerca de cuáles son las necesidades de capacidad institucional y administrativa requeridas, al igual que los ajustes a la actual batería de indicadores que consideren adecuados, para efectos de realizar un análisis que permita evaluar, en última instancia, lo siguiente: (i) si la población desplazada enfrenta o no mayores situaciones de riesgo que el resto de la población nacional en relación con los derechos a la vida, la libertad y la integridad personal; (ii) si el Estado actúa de manera eficaz para atender la situación de extrema vulnerabilidad que caracteriza los días y meses que siguen al desarraigo (i.e. registro y ayuda humanitaria), de una parte y, de la otra, (iii) si promueve las acciones y las medidas a mediano y largo plazo con el propósito de generar las condiciones de sostenibilidad económica y social a favor de la población desplazada (i.e. vivienda, generación de ingresos, restitución de tierras, retornos y reubicaciones), de forma tal que la población desplazada tenga acceso a estos bienes y servicios en el mismo plano que los miembros de la población residente con necesidades comparables.]

Auto A-339 de 2016

[Resumen automatizado: 1. La Sala Plena de esta Corporación, como máximo Tribunal de la jurisdicción constitucional, es competente para resolver los conflictos de competencia que se susciten dentro de procesos de tutela cuando las autoridades judiciales involucradas carezcan de un superior jerárquico común o, excepcionalmente, cuando teniéndolo la demora en la decisión pueda comprometer la efectividad de los derechos fundamentales cuya protección se solicita[1]. || 5. Al reasignarse, la acción fue repartida al Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Tunja, el cual a través de auto de fecha 4 de mayo 2016, aceptó el conflicto negativo de competencia propuesto por el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, y ordenó remitir el expediente a esta Corte al considerar errado el planteamiento conforme al cual declaró su falta de competencia. || Primero.- DEJAR SIN EFECTOS la decisión de fecha 19 de abril de 2016, a través de la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja se declaró sin competencia para conocer de la acción de tutela interpuesta por el señor Rodolfo Galeano Ballén y en consecuencia, la providencia del 2 de mayo de 2016 emitida por el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, mediante la cual resolvió adecuar el trámite de la tutela y en su lugar impartirle el de una acción popular.]

Auto A-316 de 2016

[Resumen automatizado: Primero.- SOLICITAR, por medio de la Secretaría de esta Corporación, al Director de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de Víctimas y al Ministro de Salud que, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del presente auto, alleguen, en medio físico y digital, un informe detallado y actualizado sobre las medidas que fueron adoptadas a favor de la mujer fallecida incluida en el anexo reservado del Auto 009 de 2015, así como las medidas concedidas a los miembros de su núcleo familiar. || Segundo.- SOLICITAR, por medio de la Secretaría de esta Corporación, al Director de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de Víctimas y al Ministro de Salud que, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del presente auto, alleguen, en medio físico y digital, un informe detallado y actualizado sobre las medidas que fueron adoptadas a favor de cada una de las mujeres incluidas en los anexos reservados de los Auto 092 de 2008, 098 de 2013 y 009 de 2015, así como las medidas concedidas a los miembros de su núcleo familiar.]

Auto A-311 de 2016

[Resumen automatizado: La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alberto Rojas Ríos, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Jorge Iván Palacio Palacio, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en especial las que le confiere el Decreto Estatutario 2591 de 1991 y el Reglamento Interno (Acuerdo 02 de 2015, artículo 64), profiere el siguiente auto: || El joven Edison Alberto Cuervo Forero promovió acción de tutela, en nombre propio y como agente oficioso de la menor Jessica Valentina Cuervo Forero, en contra de COLPENSIONES por estimar vulnerados sus derechos a la vida digna, al mínimo vital y a la seguridad social, y el de su hermana Jessica Valentina Cuervo Forero, debido a que esa entidad no les concedió la sustitución pensional de su abuelo José Manuel Cuervo. || Solicitar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado[5], la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (ASOFONDOS)[6], la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP)[7], el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República (FONPRECON)[8] y el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP)[9] que, en el término de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del presente auto, rindan informe sobre: (i) el caso en concreto; y (ii) la figura de la familia de crianza, así como el rango de protección que esta genera en materia de prestaciones sociales.]

Auto A-255 de 2016

[Resumen automatizado: 2. Mediante oficio recibido por la Secretaría General de esta Corporación el día 3 de febrero de los corrientes, el Secretario General del Senado de la República,[1] remitió el Proyecto de Ley No. 067/14 Senado 125/13 Cámara “por medio de la cual la Nación se vincula a la celebración de los 50 años de la Universidad de Córdoba, se autorizan apropiaciones presupuestales, se modifica la Ley 382 de 1997 y se dictan otras disposiciones”, objetado por el Gobierno Nacional[2] por razones de inconstitucionalidad, para que, de conformidad con lo previsto en los artículos 167 de la Constitución y 32 del Decreto 2067 de 1991, la Corte se pronuncie sobre su exequibilidad, teniendo en cuenta que al decidir sobre tales objeciones la Corporación las consideró infundadas. || 9. Revisado el trámite legislativo seguido en la aprobación del informe de objeciones gubernamentales al Proyecto de Ley No. 067 de 2014 Senado, 125 de 2013 Cámara “por medio de la cual la Nación se vincula a la celebración de los 50 años de la Universidad de Córdoba, se autorizan apropiaciones presupuestales, se modifica la ley 382 de 1997 y se dictan otras disposiciones”, la Sala Plena de esta Corporación encontró que no se cumplieron en su totalidad los requisitos previstos en la Constitución y en la Ley 5 de 1992, reformada por la Ley 1431 de 2011, como pasa a analizarse.]

Auto A-190 de 2016

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados María Victoria Calle Correa, quien la preside, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, resuelve la solicitud de nulidad de la Sentencia SU-696 de 2015, formulada por el Procurador General de la Nación. || Con el fin de resolver los problemas jurídicos la Sala, (i) estudió la procedibilidad de la acción de tutela; (ii) abordó el estudio del contenido general y los elementos de la cláusula de interés superior de los derechos de los menores de edad en la Constitución y el derecho que tienen los niños a conformar una familia y a no ser separados de ella; (iii) se refirió a la protección legal y constitucional de la relación filial entre padres e hijos; (iv) explicó las obligaciones y límites de la función notarial; y (v) analizó el caso concreto.]

early_on

2015

Auto A-549 de 2015

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados María Victoria Calle Correa, quien la preside, Myriam Ávila Roldán, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, profiere el presente auto en el que se deciden las solicitudes de nulidad presentadas por el Procurador General de la Nación, María Cecilia Henao de Brigard, Edgar Alberto Garzón, Natalia Villabona Pinzón, Tatiana Céspedes Arboleda, la Corporación Santamaría, la Red Familia Colombia, la Asociación de Padres de Familia del Centro Santa María, el Foro Nacional de la Familia y el establecimiento educativo Centro Santa María en contra de la sentencia T-478 de 2015.]

Auto A-458 de 2015

[Resumen automatizado: 8. Ahora bien, mediante el Oficio No. DRP/136/2015/CB, el Coordinador del Equipo de Análisis e Incidencia de la Oficina en Colombia de la Alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó a esta Sala Especial la copia de los anexos reservados de los Autos 092 de 2008 y 009 de 2015, "[...] para la construcción de un sistema de un sistema de información interno que permita a la Oficina identificar tendencias y patrones de comisión de estos eventos, y a partir de allí, construir propuestas y recomendaciones para la efectiva judicialización de la violencia sexual perpetrada contra mujeres en Colombia". || Por lo expuesto, a través de la Secretaría General de esta Corporación, se autorizará la expedición de copias de los anexos de los Autos 092 de 2008, 098 de 2013 y 009 de 2015 al Coordinador del Equipo de Análisis e Incidencia de la Oficina en Colombia la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, recordando la estricta confidencialidad que debe mantenerse con la información suministrada. || Primero- Por medio de la Secretaría General de esta Corporación, CORRER TRASLADO de los anexos de los Autos 092 de 2008, 098 de 2013 y 009 de 2015, con omisión de la información personal de las víctimas, al Coordinador del Equipo de Análisis e Incidencia de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.]

Auto A-395 de 2015

Solicitud de información al gobierno nacional en relación con lo ordenado en los autos 008 de 2009 y 219 de 2011, en materia de generación de ingresos a favor de la población desplazada por la violencia, como parte del cumplimiento a la sentencia T-025 de 2004 - [Resumen automatizado: Frente a las objeciones formuladas por los Organismos de Control en materia de articulación institucional[16], que ya habían sido señaladas por esta Corporación en los autos 008 de 2009 y 219 de 2011[17], el Gobierno Nacional afirma que la política de generación de ingresos y de empleo se integra con la ruta de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, contemplando esquemas que permiten la atención de la población desplazada en la etapa de emergencia -desde el componente generación de ingresos-, buscando con ello obtener los medios para garantizar la satisfacción de sus necesidades mínimas y así avanzar hacia la superación de la situación de vulnerabilidad, hasta alcanzar el restablecimiento económico que se materializa garantizando los demás derechos relacionados: vivienda, salud, educación y alimentación. || 11.1.2 La Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de la Ley 1448 señaló que si bien la ruta propuesta por el gobierno es coherente en términos teóricos, "los programas vigentes no se integran y articulan como lo contempla la ruta (...) Aún falta articular y consolidar una política de formación, empleo, generación de ingresos y estabilización socioeconómica orientada a las víctimas del conflicto armado que incorpore en un esquema único la estrategia para permitir a las víctimas incorporarse a la vida económica y social del país"[67].]

Auto A-333 de 2015

[Resumen automatizado: 6. Una vez revisados los informes referidos y, a pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional por disponer de instrumentos e implementar acciones para enfrentar la situación de los niños y niñas afectados por el conflicto armado y el desplazamiento, a esta Sala Especial le asisten dudas sobre la eficacia de los de los proyectos y programas presentados como política de protección efectiva y prioritaria contra las graves vulneraciones a los derechos humanos a los que aún se encuentran expuestos los niños y niñas desplazados. || En particular, en el informe presentado a esta Sala Especial en agosto de 2014[9], el Gobierno Nacional destacó como avances en materia de prevención y protección, los siguientes: (i) el "fortalecimiento de la capacidad institucional" y de coordinación a favor de los derechos de la niñez y la juventud en la Unidad para las Víctimas[10]; (ii) la participación de la Unidad para las Víctimas en la Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por parte de Grupos Armados Ilegales y Organizaciones Delictivas Organizadas CIPRUNNA-[11]; (iii) la articulación de la Unidad de Víctimas con las acciones de la Comisión Intersectorial para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos[12] y con diferentes espacios de prevención del SNARIV[13]; (iv) el impulso de la Estrategia de Promoción de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, con el cual se pretende fortalecer los entornos protectores de la familia, la comunidad y el Estado para la prevención de reclutamiento y la utilización y demás vulneraciones a esta población.]

Auto A-281 de 2015

[Resumen automatizado: Asimismo, con el propósito de salvaguardar los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación, con garantías de no repetición para las víctimas, la orden segunda del Auto 092 de 2008 dispuso el traslado de ciento ochenta y tres (183) casos de violencia sexual a la Fiscalía General de la Nación para que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, diera inicio a las correspondientes investigaciones penales de los hechos narrados. || De igual manera, por medio del Auto 009 de 2015, esta Sala Especial: (i) trasladó al Fiscal General de la Nación mediante anexo reservado, 442 casos de violencia sexual contra mujeres desplazadas, recabados en el seguimiento a la orden segunda del Auto 092 de 2008, para efectos de iniciar las investigaciones penales correspondientes; (ii) trasladó el Anexo Reservado al Procurador General de la Nación y al Defensor del Pueblo, en los términos de las órdenes tercera y cuarta de la parte resolutiva del Auto 009 y; (iii) trasladó el anexo reservado a la Directora de la Corporación Casa de la Mujer, a la Directora de la Corporación Sisma Mujer y al Director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (CODHES), con el propósito de promover el acompañamiento y orientación de las mujeres referidas en el anexo reservado.]

Auto A-246 de 2015

[Resumen automatizado: En su artículo 29, esta norma dispone que: "[...], el Centro de Memoria Histórica presentará en el término de dos (2) años al Gobierno Nacional, al Congreso de la Republica, a las Altas Cortes y a la Fiscalía General de la Nación, un informe especial de carácter público, sobre violencia sexual con ocasión del conflicto armado." || 8. En desarrollo de este mandato legal, mediante el Oficio No. 20150515-200-1929-01 allegado a esta Corte el 29 de mayo de 2015, la Dra. Camila Medina Arbeláez, Directora Técnica de la Dirección de Construcción de la Memoria Centro Nacional de Memoria Histórica-, solicitó a esta Sala Especial la copia de los anexos reservados de los Autos 092 de 2008 y 009 de 2015, con el propósito de ser incluidos como insumos para el informe nacional de violencia sexual con ocasión del conflicto armado colombiano, encomendado por la Ley 1719 de 2014 a ese Centro. || Primero- Por medio de la Secretaría General de esta Corporación, CORRER TRASLADO de los anexos reservados de los Autos 092 de 2008 y 009 de 2015, a la Directora Técnica de la Dirección de Construcción de la Memoria Centro Nacional de Memoria Histórica-.]

Auto A-97 de 2015

[Resumen automatizado: En desarrollo de esta norma, la Corte Constitucional ha proferido con fundamento en la sentencia T-025 de 2004, numerosos autos de seguimiento los cuales han analizado la idoneidad de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para lograr la superación del estado de cosas inconstitucional, así como para garantizar el goce efectivo de los derechos de la población desplazada. || Ahora bien, teniendo en cuenta que de la lectura del informe integrado del Gobierno Nacional en respuesta del auto del 11 de marzo de 2014, surgen varios cuestionamientos sobre la cobertura de cupos escolares, la gratuidad del acceso y los apoyos requeridos, esta Sala Especial ordenará a la UARIV y al Ministerio de Educación Nacional que den respuesta clara y detallada a las siguientes preguntas: || Teniendo en cuenta lo anterior, el Ministerio de Educación y la UARIV deben informar a esta Sala Especial (i) ¿Cuántos recursos han sido trasferidos a las respectivas Secretarías de Educación en los años 2012, 2013 y 2014 para garantizar la entrega de útiles escolares, transporte y uniformes a la población desplazada, en los términos del artículo 91 del decreto 4800 de 2011, y (ii) ¿Qué impacto ha tenido la entrega de dichos recursos en la superación de la falencia detectada en la Sentencia T-025 de 2004[18]?]

Auto A-29 de 2015

[Resumen automatizado: 7. De igual manera, por medio del Auto 009 de 2015, esta Sala Especial: (i) trasladó al Fiscal General de la Nación mediante anexo reservado, cuatrocientos cuarenta y dos (442) casos de violencia sexual contra mujeres desplazadas recabados en el seguimiento al Auto 092 de 2008, para efectos de iniciar las investigaciones penales correspondientes; (ii) trasladó el Anexo Reservado al Procurador General de la Nación y al Defensor del Pueblo, en los términos de las órdenes tercera y cuarta de la parte resolutiva del Auto 009 de 2015 y; (iii) trasladó el Anexo Reservado a la Directora de la Corporación Casa de la Mujer, a la Directora de la Corporación Sisma Mujer y al Director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (CODHES), con el propósito de promover el acompañamiento y orientación de las mujeres referidas en el Anexo Reservado || 8. Por otra parte, en la orden Décimo Tercera del Auto 009 de 2015, esta Sala Especial solicitó al Fiscal General de la Nación y al Director de la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior, el diseño e implementación de estrategias concretas para dar aplicación a la presunción de riesgo extraordinario respecto de las mujeres víctimas de violencia sexual perpetradas por actores armados, y respecto de sus familias; de manera reforzada cuando los riesgos se originan en la declaración o denuncia de los hechos constitutivos de violencia sexual frente a las autoridades públicas.]

Auto A-9 de 2015

Por medio del cual se hace seguimiento a la orden segunda y tercera del Auto 092 de 2008, en lo concerniente al traslado de casos de violencia sexual a la Fiscalía General de la Nación, y a la creación e implementación de un programa de prevención de impacto de género mediante la prevención de los riesgos extraordinarios de género en el marco del conflicto armado y el programa de prevención de la violencia sexual contra la mujer desplazada y de atención integral a sus víctima, en el marco del seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 - [Resumen automatizado: Por otra parte, la Sala también se referirá a la gestión de la Procuraduría General de la Nación, quien fue invitada a ejercer su rol de vigilancia en los procesos del Anexo Reservado, y en la gestión de los órganos rectores de la política criminal del Estado, cuyas directrices y seguimiento deberían influir en el buen curso de las investigaciones relacionadas con violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario; teniendo en cuenta que en ambos casos la gestión debe ser diligente y prioritaria, en razón de las condiciones de especial vulnerabilidad en que se encuentran las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado, por razones de género, etnia, edad y presencia de discapacidades. || Sobre este último punto, la Sala observa que en buena medida esto se origina, de un lado, en la falta de articulación inter-institucional entre la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Ministerio de Salud y de Protección Social para el diseño, implementación y evaluación del "Programa de Prevención de la Violencia Sexual contra la Mujer Desplazada y de Atención Integral a sus Víctimas", y de otro, en la falta de adopción de los criterios de racionalidad mínima establecidos por esta Corte en el Auto 092 de 2008[406] al momento de formular esta clase de programas.]

early_on

2014

Auto A-383 de 2014

[Resumen automatizado: La Sala concluyó, a partir de los parámetros establecidos en la sentencia C-728 de 2009, que la acción de tutela era el mecanismo idóneo para alegar la objeción de conciencia frente a la prestación del servicio militar obligatorio, no obstante, en el caso no se configuraban los requisitos para estructurar la objeción, así: “Para esta Magistratura es completamente respetable la posición asumida por el señor Wilmar Dario Gallo Alcaraz en cuanto a su concepción de la vida militar y de manera más específica de la guerra misma; sin embargo, dichas apreciaciones no se pueden tomar como circunstancias excepcionales extremas que así lo justifiquen, pues no pueden tenerse como comprobadas, serias y reales tales razones, mírese que el no matar a otra o la toma de las armas es un mandamiento no sólo de la Iglesia Pentecostal, sino también del catolicismo y cristianismo, así entonces en ponderación del derecho individual, sobre el interés general de la patria y la defensa de su soberanía, la que se traduce en su obligación como ciudadano colombiano de prestar el servicio militar en pro de la Nación, debe primar en este asunto.”.]

Auto A-294 de 2014

[Resumen automatizado: En el asunto objeto de revisión, se observa que la presente acción de tutela se dirige contra la decisión judicial tomada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en sentencia del 13 de agosto de 2013, que ordenó la restitución del inmueble ubicado en la carrera 66A N° 51-02 de la ciudad de Bogotá D.C, arrendado por la Fundación Protección de la Joven Amparo de Niñas a la Sociedad Educadora Simón Bolívar Ltda., en cuanto tal decisión amenaza los derechos fundamentales de los niños que estudian en la institución, así como los derechos de los trabajadores que prestan sus servicios a la misma. || En este caso es evidente que, independientemente de las razones de derecho que le puedan asistir a las partes dentro de la actuación judicial adelantada en la justicia ordinaria, y de la revisión sobre eventuales vicios o defectos de la providencias judiciales ordinarias o constitucionales de instancia, es perentorio adoptar como medida provisional la suspensión de la ejecución de la orden judicial dictada el 13 de agosto de 2013, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., con el fin de garantizar la continuidad en el disfrute del derecho fundamental a la educación de los niños y el trabajo digno de algunos empleados del Colegio Militar Simón Bolívar, entre quienes se encuentran padres y madres cabezas de familia, sujetos de especial protección constitucional.]

Auto A-196 de 2014

[Resumen automatizado: Octavo.- SOLICITAR, por medio de la Secretaría General de esta Corporación, al Ministro de Defensa Nacional, a la Directora de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, conjuntamente con el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), que dentro de sus competencias, en el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de este auto, presenten un informe sobre el estado actual de la compra de los predios para reubicar, en mejores condiciones, a las comunidades Jiw desplazadas en el departamento del Meta. || Noveno.- SOLICITAR, por medio de la Secretaría General de esta Corporación, a la Directora de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a los Gobernadores de los departamentos de Chocó y Risaralda, a los Alcaldes de los municipios de Bagadó y Carmen del Darién en el Chocó y Pueblo Rico y Mistrató en Risaralda, dentro de sus competencias, que en el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de esta providencia, presenten un informe sobre las medidas implementadas y el seguimiento efectuado, en el proceso de retorno de las comunidades Embera Katío y Chamí llevado a cabo a finales de 2013 y la situación de salud de los menores indígenas en el Alto Andágueda y Alto Guayabal en el Chocó.]

Auto A-173 de 2014

Seguimiento a las órdenes proferidas por la Corte Constitucional en el auto 006 de 2009 sobre protección de las personas en situación de desplazamiento con discapacidad, en el marco del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004 - [Resumen automatizado: Como resultado de la valoración constitucional de los casos, la Corte ordenó en términos generales: (i) la entrega inmediata y completa de la ayuda humanitaria a la cual tenían derecho por su situación de desplazamiento forzado, (ii) que las entidades encargadas de la atención a la población desplazada garantizaran a estas personas y a los miembros de sus núcleos familiares el acceso a la oferta institucional con carácter prioritario, teniendo en cuenta su discapacidad, (iii) la realización de valoraciones individuales de su situación, con el objetivo de determinar cuáles eran las barreras que enfrentaban para el goce efectivo de sus derechos y para definir las medidas necesarias para garantizar su acceso al sistema educativo, de salud, atención psicosocial y posibilidades de generación de ingresos, (iv) la inscripción como beneficiarios/as de los componentes del Programa Diferencial que debía implementarse a partir de esta providencia y (v) la plena garantía de acceso a soluciones de cuidado, ayudas técnicas y rehabilitación integral que permitieran su plena inclusión social y su estabilización socioeconómica.]

Auto A-118 de 2014

[Resumen automatizado: Órdenes dirigidas a garantizar el goce efectivo de los derechos de los veinticinco (25) accionantes y sus familias, y de los demás recicladores de Navarro incluidos en el censo a: (i) salud; (ii) educación; (iii) alimentación; (iv) vivienda e inclusión en programas sociales de la alcaldía; cumplimiento de los acuerdos pactados en las actas del trece (13) de junio y ocho (8) de agosto de dos mil ocho (2008) y en el PGIRS relacionados con: (v) soluciones temporales de trabajo para garantizar la subsistencia; (vi) soluciones de negocio para garantizar la subsistencia; (vii) soluciones periféricas de subsistencia (órdenes No. 2, 5 y 6). || En cumplimiento de la orden impartida en el numeral 2º de la sentencia (dirigida a beneficiar al grupo de 25 accionantes), la CVC informa que generó treinta (30) empleos directos por un término de tres (3) meses a los recicladores de Navarro, a través del Convenio de Asociación No. 126 de dos mil ocho (2008), celebrado entre la CVC y la Fundación Samaritanos de la Calle, cuyo objeto fue: "Aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos tendientes para la recuperación de áreas impactadas en las zonas verdes de la ciudad por escombros y sectores críticos de residuos vegetales, de acuerdo con las actividades establecidas en su Plan Operativo según proyecto 1500 'Plan de Manejo de especies arbóreas, parques, zonas verdes y control de hormiga arriera en la ciudad de Santiago de Cali".]

Auto A-99 de 2014

[Resumen automatizado: El Auto 109 de 2010, mediante el cual se dispuso que el ente ministerial allegara: i) un informe sobre el cumplimiento de cada una de las actividades que componían el cronograma presentado, tendiente a lograr la cobertura universal, relacionando cada uno de los municipios en donde se presentaron problemas y especificando cómo se superaron los mismos; y ii) la relación de las medidas normativas y materiales, así como de las variables adoptadas para medir la efectividad de las mismas, en aras a mitigar los efectos de la movilidad entre municipios o la territorialidad del aseguramiento y registrar los nacimientos y las defunciones. || En este contexto, la OMS ha propuesto tres ejes para lograr la cobertura universal: el primero, "amplitud"[34] que supone que la proporción de la población protegida por el sistema debe ampliarse progresivamente para lograr que todos y especialmente aquellos sectores sociales que carecen de acceso a los servicios, estén asegurados; el segundo, "profundidad"[35], alude a la ampliación de la gama de servicios esenciales para atender con calidad y oportunidad las necesidades sanitarias, teniendo en cuenta la demanda y expectativas, así como los recursos que se asignarán para avanzar en dicho objetivo; y, el tercero, "nivel"[36], esto es, que la proporción del gasto en salud aumente de forma tal que se reduzcan los pagos complementarios directos en el punto de prestación de los servicios.]

Auto A-73 de 2014

Medidas de prevención, protección y atención de las comunidades afrodescendientes de la región pacífica del departamento de Nariño en riesgo y víctimas de desplazamiento forzado, en el marco del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004 y de las medidas específicas ordenadas en el auto 005 de 2009 - [Resumen automatizado: Adicionalmente, emitió seis órdenes específicas para la prevención, protección y atención de la población afrodescendiente víctima o en riesgo de desplazamiento forzado, confinamiento y/o resistencia: (i) diseñar y poner en marcha un plan específico de protección y atención para cada una de las 62 comunidades identificadas como casos emblemáticos en el auto[5]; (ii) diseñar e implementar un plan de caracterización de los territorios colectivos y ancestrales habitados mayoritariamente por población afrocolombiana; (iii) poner en marcha la ruta étnica de protección propuesta por la antigua Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) en el marco del Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio; (iv) diseñar y aplicar una estrategia que permita adoptar en cada caso y de manera urgente, las medidas necesarias para garantizar que la población afrocolombiana en situación de confinamiento reciba atención humanitaria de manera integral, oportuna y completa, respetando los criterios de especificidad cultural aplicables; (v) diseñar y aplicar un plan integral de prevención, protección y atención a la población desplazada afrocolombiana, y (vi) presentar informes bimensuales sobre las acciones adoptadas para obtener el cumplimiento de las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en relación con las comunidades de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, en el departamento del Chocó.]

Auto A-42 de 2014

[Resumen automatizado: Ahora bien, hallándose demostrado que: (i) la joven Ángela Lizeth Cely Rojas, quien es mayor de edad, sufre retardo mental moderado, con incapacidad de 56.25%; (ii) la Dirección General de Sanidad Militar, aduciendo como fundamento lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1998, al finalizar el año 2010, le dio por terminado un subsidio económico que le venía otorgando a Ángela Lizeth para educación especial en la Corporación Educativa CANE, en virtud de que la beneficiaria había cumplido 18 años de edad; (iii) el señor Ubaldo Jairo Cely Montaño carece de recursos económicos para pagar los gastos correspondientes a la educación especial que requiere su hija discapacitada; (iv) esta última se encuentra sin ese servicio desde el inicio del año 2012, la Sala concluye, con base en la jurisprudencia constitucional, en las normas superiores y de orden legal, ya examinadas en esta misma providencia, que están siendo vulnerados a Ángela Lizeth sus derechos fundamentales a la educación inclusiva y a la igualdad, para cuyo amparo procede en este caso la acción de tutela, por tratarse de una persona de especial protección constitucional, quien no dispone de otro medio de defensa judicial más eficaz e idóneo, teniendo en cuenta que la educación inclusiva es un derecho fundamental de las personas en situación de discapacidad."]

Auto A-31 de 2014

[Resumen automatizado: 1. En cuanto a la orden efectuada a la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, SED, de hacer "inscribir al niño Luis Hartmann Cardona como beneficiario de los programas de subsidios o becas existentes del Icetex” e incorporarlo en un “plan de cubrimiento gradual para la adecuada atención educativa de las personas con capacidades o talentos excepcionales diseñado por esa misma Secretaría, de tal manera, que se garantice efectivamente el derecho a la educación especial, procediendo además de manera consecuente con las dificultades económicas evidenciadas por la señora Claudia Cardona Londoño, progenitora y soporte del niño amparado, por lo cual se les posibilitará también acceder a los programas de ayudas educativas previstos para personas de escasos recursos económicos”, contenida en el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia en cuestión, es clara, tanto en su texto literal como en lo que ilustra la motivación respectiva, desarrollada así (pág.]

early_on

2013

Auto A-303 de 2013

[Resumen automatizado: Los ciudadanos Carlos Alfredo Guerrero Ardila, Miguel Antonio Caro Melais, Miguel Darío Guerrero López, Jairo Páez Cano, Rosa María Valencia Delgado, Nicodemus Fernández Rozo, Erwin Laureano Hoyos Ángulo y María Marjorie Barboza Solano, en su condición de demandantes dentro del expediente T-2.631.287, por intermedio de apoderado judicial, presentaron solicitud de nulidad de la sentencia T-764 del 22 de septiembre de 2010, proferida por la Sala Cuarta de Revisión. || Los demandantes dentro de los procesos acumulados, promovieron acción de tutela, en procura de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad social, al debido proceso, a la igualdad, así como de los principios de no discriminación en materia laboral y de primacía de la realidad sobre las formalidades, ante su presunta vulneración por parte de ECOPETROL S.A., al negarse a reconocer como factor salarial el estímulo de ahorro económico que actualmente les viene otorgando. || Tal y como se indicó previamente, el apoderado judicial de los ciudadanos Carlos Alfredo Guerrero Ardila, Miguel Antonio Caro Melais, Miguel Darío Guerrero López, Jairo Páez Cano, Rosa María Valencia Delgado, Nicodemus Fernández Rozo, Erwin Laureano Hoyos Ángulo y María Marjorie Barboza Solano, demandantes dentro del expediente T-2.631.287, presentó incidente de nulidad de la Sentencia T-764 de 2010, proferida por la Sala Cuarta de Revisión.]

Auto A-234 de 2013

[Resumen automatizado: Teniendo en cuenta la ausencia de registro y la consecuente falta de asistencia, atención y protección de la población desplazada por el accionar de las llamadas bandas criminales (BACRIM) que, por considerar que no tienen vínculo cercano ni suficiente con el conflicto armado, no son incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV), la Sala concluyó: (a) el rótulo o denominación del actor como “banda criminal” no puede ser un criterio a priori y formal para definir si un hecho tiene un vínculo cercano y suficiente con el conflicto armado, y (b) aún cuando se establezca que dichos hechos no se enmarcan en el conflicto armado, siempre que se presente un desplazamiento forzado[10] “la protección debe activarse en los términos de la Ley 387 de 1997 y sus decretos reglamentarios; de acuerdo con el artículo 2º de la Constitución Política; y los distintos autos proferidos por la Corte Constitucional como parte del proceso de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004”, de modo tal que se garantice su derecho fundamental “al reconocimiento de su condición [de desplazado] mediante el registro por su vínculo estrecho con el goce de sus derechos fundamentales, con la mejora de sus condiciones de vida desde el momento inmediato al desarraigo hasta la estabilización socioeconómica mediante el retorno o la reubicación, y con la protección de sus garantías básicas, en los mismos términos que el resto de la población desplazada con ocasión del conflicto armado”.]

Auto A-98 de 2013

Por medio del cual se hace seguimiento a las acciones adelantadas por el Gobierno Nacional en materia de prevención y protección de los derechos a la vida, integridad y seguridad personal de las mujeres líderes desplazadas y de las mujeres que desde sus organizaciones trabajan a favor de la población desplazada por el conflicto armado, en el marco del seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y a los autos 200 de 2007 y 092 de 2008 - [Resumen automatizado: 7. Al verificar que entre los diversos riesgos de género en el marco del conflicto armado colombiano como causa del desplazamiento, el riesgo derivado de la pertenencia de las mujeres a organizaciones sociales, comunitarias o políticas, o de sus labores de liderazgo y promoción de los derechos humanos, constituye una situación fáctica alarmante por ser altamente lesiva de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario que ampara a las mujeres como víctimas del conflicto, en el numeral tercero de la parte resolutiva del auto 092 de 2008, la Corte ordenó al Director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, el diseño e implementación de un programa de promoción a la participación de la mujer líderes desplazadas y de prevención de la violencia sociopolítica en su contra.]

Auto A-28 de 2013

[Resumen automatizado: 9. Mediante auto del dos (2) de mayo de 2012, el Presidente de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 solicitó a la Fiscalía General de la Nación información actualizada y detallada sobre los avances de los 183 casos de violencia sexual contenidos en el anexo reservado del auto 092 de 2008, así como de las nuevas investigaciones relacionadas con hechos de similar naturaleza, entre otros interrogantes vinculados con la gestión que ha venido desarrollando el ente investigador para impulsar estos casos. || Segundo.- SOLICITAR, por medio de la Secretaría de esta Corporación, a la Fiscalía General de la Nación que dentro del término de los diez (10) días hábiles siguientes a la comunicación del presente auto, allegue en medio físico y digital, un informe actualizado y detallado sobre el estado de avance de las investigaciones iniciadas por hechos de violencia sexual contra las mujeres en el marco del desplazamiento forzado, incluidos los 183 casos remitidos en el anexo reservado del auto 092 de 2008.]

Auto A-27 de 2013

[Resumen automatizado: Dada la seriedad de las denuncias, esta Sala Especial de Seguimiento citó a una sesión técnica informal el siete (7) de febrero de 2013 a la Directora de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, al Ministro del Interior, al Director de la Unidad Nacional de Protección, al Fiscal General de la Nación, al Procurador General de la Nación a la Procuradora Delegada para la Infancia, la Adolescencia y la Familia, a la Procuradora Delegada para la Prevención en Derechos Humanos y Asuntos Étnicos y a varias líderes y representantes del organizaciones de mujeres que hacen parte de la Mesa de Seguimiento al auto 092 de 2008, con el propósito de conocer cuáles han sido los resultados de las medidas adoptadas con el fin de garantizar los derechos a la vida, integridad y seguridad personal de las mujeres desplazadas líderes, así como los avances en la investigación, enjuiciamiento y sanción de los presuntos responsables de estos actos de violencia.]

Auto A-8 de 2013

[Resumen automatizado: Conforme a lo anterior, esta Sala Especial de Seguimiento citará a una sesión técnica informal el próximo siete (7) de febrero de 2013, en el noveno piso del Consejo Superior de la Judicatura, en la que se convocará a la Directora de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, al Ministro del Interior, al Director de la Unidad Nacional de Protección, al Fiscal General de la Nación, al Procurador General de la Nación a la Procuradora Delegada para la Infancia, la Adolescencia y la Familia y a la Procuradora Delegada para la Prevención en Derechos Humanos y Asuntos Étnicos con el objetivo de cada una las entidades, en el ámbito de sus competencias, expongan ante los Magistrados que integran esta Sala Especial cuáles han sido los resultados de las medidas adoptadas con el fin de garantizar los derechos a la vida, integridad y seguridad personal de las mujeres desplazadas líderes, así como los avances en la investigación, enjuiciamiento y sanción de los presuntos responsables de estos actos de violencia.]

early_on

2012

Auto A-115A de 2012

[Resumen automatizado: Como quiera que a la luz de lo señalado en la sentencia T-025 de 2004 y en sus autos de seguimiento, es necesario contar con un sistema de indicadores de goce efectivo de derechos que sea medible y que permita al Gobierno Nacional, a las entidades territoriales, a los órganos de control, a todas las organizaciones no gubernamentales y organismos nacionales e internacionales, que han participado en el proceso de seguimiento al cumplimiento de dicha sentencia para determinar si se está avanzando, retrocediendo o si ha habido estancamientos en la superación del estado de cosas inconstitucional y en la garantía al goce efectivo de los derechos de la población desplazada, para la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, las deficiencias de participación advertidas en el proceso de ajuste de indicadores de goce efectivo de derechos durante la sesión técnica, la ausencia de un informe concreto por parte del gobierno con los resultados alcanzados hasta el momento que permitiera valorar si los indicadores propuestos eran adecuados, suficientes, pertinentes, así como la necesidad del plazo de 18 meses planteado por el Gobierno para poder establecer una nueva línea de base, no sólo deja la impresión de que se estaba volviendo a comenzar y podría implicar que mientras se lograba el ajuste final de los indicadores y se avanzaba en la transición planteada en la Ley 1448 de 2011, no iba a ser posible medir la contribución de los esfuerzos estatales en favor de las víctimas del desplazamiento forzado.]

Auto A-235 de 2012

[Resumen automatizado: Señalaron los accionantes que las determinaciones adoptadas por parte de la Inspección de Policía de El Peñón, suponen el desconocimiento de una norma de orden sustancial - el artículo 5° del Decreto 747 de 1992[11]- que protege un interés que antecede el inicio de la acción policiva, por varias razones: (i) los hechos que fueron tenidos en cuenta por la UNAT en su oportunidad, sustentan el inicio de la actuación administrativa que precede aún a la compraventa de los derechos sujetos a registro entre el titular- señor Escobar Fernández- y las sociedades compradoras; (ii) la falta de explotación por parte del entonces titular del predio subyace como una situación negativa concomitante con los actos positivos de posesión efectuados por la comunidad y (iii) la ambigüedad manifiesta de la parte resolutiva de la Resolución. || El problema jurídico que debió resolver la Corte consistió en determinar si en el proceso policivo adelantado por la Inspección Única de Policía de El Peñón, Bolívar, correspondiente al amparo a la posesión o mera tenencia, solicitado por las sociedades citadas -CI Tequendama SA y Aportes San Isidro SA- contra los accionantes en tutela -Misael Payares Guerrero y otros-, se violaron sus derechos fundamentales a la vida digna, igualdad, trabajo, libre desarrollo de la personalidad, debido proceso, derecho a la propiedad y a la posesión de tierras de la población en situación de desplazamiento.]

early_on

2011

Auto A-273 de 2011

[Resumen automatizado: TERCERO.- ORDENAR al Ministerio de la Protección Social así como al Ministerio de Educación Nacional, a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para que de manera pronta, constante e insistente diseñen y pongan en movimiento campañas masivas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos que contribuyan a asegurar a las mujeres en todo el territorio nacional el libre y efectivo ejercicio de estos derechos y, en tal sentido, el conocimiento de lo dispuesto en la sentencia C-355 de 2006 así como lo desarrollado en la presente providencia y URGIR a estas mismas entidades para que hagan el debido seguimiento de tales campañas con el objetivo de poder constatar su nivel de impacto y eficacia. || “PRIMERO.- Por Secretaría General de esta Corporación SOLICITAR al Ministerio de Protección Social y al Ministerio de Educación Nacional que, dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación del presente auto y de forma conjunta, envíen un informe detallado que describa exhaustivamente la forma y contenido de la campaña de comunicación masiva “Por el derecho a una sexualidad con sentido”, en el cual, además, deben quedar resueltas las siguientes preguntas:]

Auto A-219 de 2011

[Resumen automatizado: Por lo anterior, en el presente auto, la Sala Especial de Seguimiento señalará las constataciones y conclusiones que surgen tanto del informe presentado por el gobierno el 16 de marzo de 2011, como de las evaluaciones a las acciones emprendidas y los resultados alcanzados por el Gobierno Nacional en el período 2004-2010, remitidas a la Corte Constitucional por los organismos de control, la Comisión de Seguimiento, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, centros académicos y organizaciones de población desplazada, que han participado en el proceso de seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia T-025 de 2004, en términos de (i) reformulación de la política en donde se justifica el compás de espera solicitado por el gobierno, pero que por la generalidad con que fueron formulados requieren de mayor concreción; (ii) asuntos en los que el gobierno propone la continuación del enfoque desarrollado durante los últimos 7 años, en donde es necesario determinar los ajustes requeridos para avanzar de manera acelerada en la superación del estado de cosas institucional y superar los obstáculos identificados; (iii) componentes en los que no hubo avance alguno o incluso hubo retrocesos importantes y, por lo tanto, dada la participación de los órganos de control en el proceso de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 y sus competencias constitucionales y legales, es necesario indagar sobre los mecanismos disciplinarios, penales o de control fiscal que hayan sido activados por la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación o la Contraloría General de la República para determinar la eventual responsabilidad de los funcionarios a cargo de dichos componentes, el estado actual y los resultados de dichos procesos y los obstáculos y prácticas institucionales que hayan dificultado la adopción de dichas medidas; (iv) asuntos en los cuales la respuesta del gobierno es demasiado vaga e indeterminada, o técnicamente no sustentable y se requiere clarificación; (v) componentes frente a los cuales los cambios normativos imponen nuevos retos que deben ser sopesados por el gobierno, para no repetir los errores del pasado, incorporar los aprendizajes y hacer los ajustes necesarios para atender los nuevos retos; y (vi) componentes frente a los cuales hubo avances significativos en términos de goce efectivo de derechos y de corrección de falencias, en donde no es necesario mantener el seguimiento estrecho por la Corte Constitucional al cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004.]

Auto A-174 de 2011

[Resumen automatizado: 4. Que la Corte, al constatar que la respuesta estatal a la situación de los pueblos indígenas había sido meramente formal y se había traducido en la expedición de documentos de política sin repercusiones prácticas, concluyó en el referido auto, que el Estado colombiano había incumplido sus deberes constitucionales, en forma grave y, en consecuencia, ordenó al Gobierno Nacional el diseño e implementación de (i) un programa de garantía de los derechos de los pueblos indígenas afectados por el desplazamiento,[4] y de (ii) planes de salvaguarda étnica ante el conflicto y el desplazamiento,[5] para cada uno de los pueblos identificados en el auto.[6] Igualmente, pidió a la Fiscalía General de la Nación (iii) adoptar las determinaciones encaminadas a evitar la impunidad de las conductas delictivas de las cuales han sido víctimas los miembros de los pueblos indígenas. || 8. Que en el marco de lo ordenado en el auto 004 de 2009, a la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 y sus autos complementarios, han llegado diferentes informes provenientes de agrupaciones indígenas, entidades de control y organizaciones internacionales, en donde se da cuenta de la aguda crisis humanitaria que enfrenta el Pueblo Indígena Awá y que tiene como focos de las graves y sistemáticas violaciones de sus derechos fundamentales, el conflicto armado, los megaproyectos y monocultivos, que traen consigo señalamientos, amenazas, hostigamientos, siembra de minas, desapariciones forzadas, asesinatos selectivos y masacres, por un lado, y por otro, confinamiento, desalojo, desplazamiento, pérdida de la identidad cultural y de la autonomía, inseguridad alimentaria, omisión de la consulta previa, entre otros.]

Auto A-172 de 2011

[Resumen automatizado: TERCERO.- ORDENAR al Ministerio de la Protección Social así como al Ministerio de Educación Nacional, a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para que de manera pronta, constante e insistente diseñen y pongan en movimiento campañas masivas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos que contribuyan a asegurar a las mujeres en todo el territorio nacional el libre y efectivo ejercicio de estos derechos y, en tal sentido, el conocimiento de lo dispuesto en la sentencia C-355 de 2006 así como lo desarrollado en la presente providencia y URGIR a estas mismas entidades para que hagan el debido seguimiento de tales campañas con el objetivo de poder constatar su nivel de impacto y eficacia. || “PRIMERO.- SOLICITAR a la Superintendencia Nacional de Salud que, dentro del mes siguiente a la notificación del presente auto, informe (i) si, además de la expedición de la Circular Externa 058 de 2009, ha adoptado otras medidas de carácter general en cumplimiento de la orden dada en el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia T-388 de 2009, (ii) las actividades que ha emprendido para supervisar el cumplimiento de la Circular Externa 058 de 2009 y si ha recibido quejas y/o ha abierto investigaciones administrativas contra EPS o IPS públicas o privadas por el desconocimiento de la misma y el estado en el que están y (iii) si ha advertido obstáculos para la aplicación de la Circular Externa 058 de 2009 y, de ser así, en qué consisten.]

Auto A-144 de 2011

[Resumen automatizado: La Sala Especial de la Corte Constitucional para efectuar el seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-760 de 2008, conformada por la Sala Plena en sesión del 1° de abril de 2009, integrada por los magistrados Mauricio González Cuervo, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Iván Palacio Palacio; en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, procede a dictar el presente Auto, con base en los siguientes || 5. En respuesta a dicho auto, el Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura informó que había trasladado la orden al Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) y a la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, con el fin de que procedieran a estudiar y a formular las medidas necesarias para acatar el mandato de la Corte, haciendo hincapié en la realización del respectivo estudio de presupuesto para gestionar “la publicación de manuales”, como también la difusión a través de conferencias académicas y demás[2]. || 7. Para la Sala Especial de la Corte Constitucional, estas reglas justifican la necesidad de que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura propugne por una difusión amplia y eficiente de las diferentes dimensiones del derecho a la salud.]

Auto A-100 de 2011

[Resumen automatizado: Que, de manera reciente, a esta Corporación no se ha remitido información precisa y detallada sobre acciones concretas y resultados de las medidas adoptadas para asegurar el cumplimiento de las órdenes dadas en los autos de seguimiento 200 de 2007, 092 de 2008 y 004, 005, 009 de 2009, en relación con (i) las medidas de protección adoptadas para garantizar los derechos fundamentales a la vida y seguridad personal de las directivas y representantes de la Liga de Mujeres Desplazadas; (ii) el cumplimiento de las medidas específicas ordenadas en el Auto 092 de 2009, en el caso particular de las ciudadanas Deyanire Barinas López, Dora Elvenis Chaverra, Claudia Milena Chaverra, Aracely Culma Cangrejo, Gloria Inés Henao, Rubi María Hurtado, María Judith Medina Mahecha, Mariela Laudice Medina Mahecha, Myriam Medina Mahecha, Marleny Moreno Arias, María Martina Núñez, Deyanira Rivera, Yolanda Roa, María Victoria Ruiz, Rosalba Palacio, Tarcila Vargas Martínez y Modesta Catalina Acosta; (iii) la formulación y puesta en marcha de los planes de salvaguarda étnica a favor de los pueblos indígenas Embera, Wounaan, Katío, Chamí y Tule del Departamento del Chocó[2], y demás medidas de protección ordenadas por la Corte Constitucional en el auto 004 de 2009 a favor de esas comunidades; y (iv) la situación actual de la población afrodescendiente del Palenque Regional El Congal, perteneciente al Consejo Comunitario de La Cuenca Baja del Río Calima.]

Auto A-38 de 2011

[Resumen automatizado: No obstante lo anterior, la posibilidad de proponer un incidente de nulidad contra una sentencia proferida por la Corte Constitucional es excepcional, ya que no implica reconocer que existe "un recurso contra esta clase de providencias", ni mucho menos una nueva oportunidad para reabrir el debate o examinar controversias que ya han sido definidas[5], en esa medida, quien solicite la nulidad de un fallo de tutela proferido por una sala de revisión debe dar cumplimiento de una exigente carga argumentativa, en el sentido de explicar de manera clara y expresa los preceptos constitucionales transgredidos y su incidencia en la adopción adoptada. || En este orden, adicionalmente a los requisitos formales de admisibilidad de las solicitudes de nulidad, también se han dispuesto determinadas condiciones y limitaciones a los argumentos que sean utilizados para sustentar los cargos en contra de la sentencia respectiva, los cuales adquieren una índole cualificada, pues con los mismos debe demostrarse que la afectación a este derecho constitucional fundamental por parte de la Sala de Revisión, "debe ser ostensible, probada, significativa y trascendental, es decir, que tenga repercusiones sustanciales y directas en la decisión o en sus efectos (Subraya la Corte)"[14].]

early_on

2010

Auto A-383 de 2010

Coordinación de la política pública de la población desplazada de las entidades territoriales y nacionales en el marco de la Sentencia T-025 de 2004 y sus Autos de cumplimiento

Auto A-382 de 2010

Medidas de protección a derechos fundamentales de personas e indígenas desplazados en el marco del estado de cosas inconstitucional en sentencia T-025/04 y auto A004/09 - [Resumen automatizado: El amplísimo cúmulo documental que ha sido aportado a la Corte Constitucional -el cual sirve de base para la descripción detallada que se hace en el anexo a esta providencia de la situación de las etnias más afectadas, de la grave afectación de sus derechos colectivos fundamentales, de los delitos de los cuales han sido víctimas, así como de su relación con el desplazamiento - en el marco del proceso de seguimiento a la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, no deja duda alguna sobre la forma cruenta y sistemática en la que los pueblos indígenas de Colombia han sido victimizados por un conflicto al cual son completamente ajenos y ante el cual se han declarado, de manera repetida, autónomos y neutrales, clamando a los grupos armados ilegales que respeten sus vidas, su integridad colectiva y sus territorios. || El “Programa de Garantía de los Derechos de los Pueblos Indígenas Afectados por el Desplazamiento” específicamente ordenado en el auto 004 de 2008, refiere que “deberá ser adoptado, junto con un cronograma para su implementación y seguimiento, dentro del término de seis (6) meses, y deberá contener componentes de prevención y atención así como respetar los criterios de racionalidad constitucional en las políticas públicas mencionadas en el presente auto y en otros donde se ha ordenado incluir un enfoque diferencial, en este caso en cumplimiento del principio de diversidad etnocultural.]

Auto A-206 de 2010

[Resumen automatizado: En el proceso de revisión automática del “Acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Comunidad Andina y sus países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), por otra parte”, firmado en Roma el quince (15) de diciembre de 2003, así como de la Ley 1349 de 2009, mediante la cual fue aprobado. || Mediante oficio recibido el día 11 de agosto de 2009, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, remitió a esta Corporación copia auténtica del “Acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Comunidad Andina y sus países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), por otra parte”, firmado en Roma el quince (15) de diciembre de 2003, así como de la Ley 1349 de 2009, mediante la cual fue aprobado, para que de conformidad con lo previsto en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución, la Corte decida sobre la exequibilidad del tratado internacional y su ley aprobatoria.]

Auto A-122 de 2010

[Resumen automatizado: 2. En el caso que ocupa la atención de la Sala, el Magistrado Sustanciador, por medio del Auto del 14 de mayo de 2010, conforme con lo establecido por el artículo 6° del Decreto 2067 de 1991, rechazó la demanda de la referencia, por considerar que, al tenor de lo dispuesto por el artículo 243 de la Constitución Política, había operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, en la medida en que la Corte Constitucional en la Sentencia C-371 de 1994[3], declaró la exequibilidad de “las expresiones "...sancionarlos moderadamente", contenidas en el artículo 262 del Código Civil, tal como quedó redactado según el artículo 21 del Decreto 2820 de 1974, pero de las sanciones que apliquen los padres y las personas encargadas del cuidado personal de los hijos estará excluída toda forma de violencia física o moral, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12, 42 y 44 de la Constitución Política.”]

early_on

2009

Auto A-342A de 2009

[Resumen automatizado: Como mínimo, dentro del mismo término, la Comisión o el Consejo debe allegar lo siguiente: (i) los resultados del proceso de “socialización, revisión y aprobación de la metodología [de unificación de los planes de beneficios en niñ@s] por parte de cada uno de los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud”; (ii) los resultados del examen efectuado sobre dicha metodología por parte del Ministerio de la Protección Social; (iii) los trámites, adelantos y resultados de las consultas ejecutadas sobre la “propuesta” sobre el POS unificado para niñ@s; (iv) relación de los estudios, evaluaciones y resultados efectuados para conseguir el equilibrio micro y el equilibrio macro necesarios para alcanzar el POS unificado para niñ@s antes del 1 de octubre de 2009, especialmente, cuáles son los factores y cálculos identificados a la fecha aplicables a los ajustes de la UPC; (v) resultados de la revisión de las políticas en salud, en lo relativo a los planes de beneficios y su financiación; (vi) describir de manera detallada los avances efectuados sobre cada uno de los pasos indicados en el “plan de actividades” descrito en el informe del 13 de marzo, justificando cómo es que cada una de ellas se va a cumplir antes del 1º de octubre de 2009;]

Auto A-10 de 2009

[Resumen automatizado: AUTO DE SALA DE REVISION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Traslado de la respuesta enviada por el Gobierno Nacional al Auto 251/08 contenida en el documento “Protección de los Derechos Fundamentales de niños, niñas y adolescentes desplazados por la violencia” || La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil || 2. Que el Gobierno Nacional remitió a la Corte Constitucional el documento titulado “Protección de los Derechos Fundamentales de niños, niñas y adolescentes desplazados por la violencia. || 3. Que es necesario que las diferentes organizaciones que participaron en la sesión de información técnica sobre desplazamiento interno desde la perspectiva de los niños y adolescentes desplazados, se pronuncien sobre el contenido de dicho documento. || CORRER TRASLADO de la respuesta del Gobierno Nacional al Auto 251 de 2008, contenida en el documento “Protección de los Derechos Fundamentales de niños, niñas y adolescentes desplazados por la violencia.]

Auto A-9 de 2009

[Resumen automatizado: La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha adoptado el presente Auto con el propósito de proteger los derechos a la vida y a la seguridad personal de algunos líderes de la población desplazada y ciertas personas desplazadas en situación de riesgo, en el marco del proceso de seguimiento a la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004. || Aunque mediante el Auto 200 de 2007 la Corte Constitucional señaló explícitamente a dicho grupo como uno en situación en riesgo de nivel alto y ordenó al Director del Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia adoptar medidas de protección eficaces y adecuadas; y a pesar de que a la fecha la Defensoría del Pueblo ha emitido al menos tres alertas tempranas resaltando el riesgo específico al que están expuestos los y las directivas y los y las integrantes de la Liga de Mujeres Desplazadas, es un hecho notorio[1] que el día 12 de enero de 2009 el señor Fernando Henry Acuña Ruiz, hermano de una líder del mencionado grupo de desplazados, y él mismo líder comunal, fue asesinado al frente de su vivienda en el Municipio de Turbaco.]

Auto A-6 de 2009

Protección de las personas desplazadas con discapacidad, en el marco del Estado de Cosas Inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004. Constatar que los derechos de las personas en condición de discapacidad son vulnerados; constatar que la política pública de atención a la población desplazada carece de un enfoque diferencial respecto a personas con discapacidad - [Resumen automatizado: La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha adoptado la presente providencia con el objeto de proteger los derechos fundamentales de las personas con discapacidad afectadas por el desplazamiento forzado interno, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, después de haber convocado una sesión de información técnica el día 1 de abril de 2008, con la participación de personas desplazadas con discapacidad y de organizaciones que trabajan con dicha población, y de haber analizado los informes que le fueron presentados después de dicha sesión.]

Auto A-5 de 2009

Protección de los derechos fundamentales de la población afro víctima de desplazamiento forzado, en el marco del Estado de Cosas Inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004 - [Resumen automatizado: La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha adoptado la presente providencia con el objeto de proteger los derechos fundamentales de las comunidades afro colombianas afectadas por el desplazamiento forzado interno, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, y después de haber convocado una sesión de información técnica el día 18 de octubre de 2007, con la participación de los voceros de las organizaciones y los líderes de las comunidades afro descendientes desplazadas. || Los distintos informes presentados a la Corte Constitucional sobre la situación de la población afrocolombiana desplazada señalan los altos niveles de subregistro de esta población, ocasionado por factores como (i) la discriminación; (ii) la localización en lugares lejanos; (iii) la práctica de hacer resistencia al interior de las comunidades y la ocurrencia de fenómenos como el confinamiento y el retorno sin seguridades; (iv) las debilidades del formato de registro para facilitar protección de comunidades consolidadas y territorios ancestrales; (v) el alto porcentaje de población afro sin documento de identidad; y (vi) el rechazo de solicitudes de inclusión en el registro por parte de personas que se han desplazado y señalan como responsable del desplazamiento la realización de fumigaciones o la presencia de megaproyectos.]

Auto A-4 de 2009

Protección de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado, en el marco de la superación del Estado de Cosas Inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004 - [Resumen automatizado: El amplísimo cúmulo documental que ha sido aportado a la Corte Constitucional -el cual sirve de base para la descripción detallada que se hace en el anexo a esta providencia de la situación de las etnias más afectada, de la grave afectación de sus derechos colectivos fundamentales, de los delitos de los cuales han sido víctimas, así como de su relación con el desplazamiento - en el marco del proceso de seguimiento a la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, no deja duda alguna sobre la forma cruenta y sistemática en la que los pueblos indígenas de Colombia han sido victimizados por un conflicto al cual son completamente ajenos y ante el cual se han declarado, de manera repetida, autónomos y neutrales, clamando a los grupos armados ilegales que respeten sus vidas, su integridad colectiva y sus territorios.]

early_on

2008

Auto A-251 de 2008

Protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes desplazados por el conflicto armado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, después de la sesión pública de información técnica realizada el 28 de junio de 2007 ante la Sala Segunda de Revisión - [Resumen automatizado: Las fuentes principales de esta información son los diversos informes que han presentado ante la Corte Constitucional tanto las autoridades estatales que conforman el SNAIPD, como los entes públicos de control y las organizaciones nacionales e internacionales que promueven los derechos de la población desplazada en particular Plan Internacional y la Universidad Nacional-, con ocasión de la realización ante la Sala Segunda de Revisión de la sesión pública de información técnica que tuvo lugar el día 28 de junio de 2007, sobre la adopción de un enfoque diferencial específico frente a los menores de edad dentro de la política pública de atención a la población desplazada.[9] Tales informes han proporcionado a esta Corporación descripciones y valoraciones comprehensivas y sistemáticas, realizadas desde diversas perspectivas, de la situación actual de los niños, niñas y adolescentes desplazados, y de las respuestas oficiales a sus condiciones de vida.]

Auto A-237 de 2008

[Resumen automatizado: En este segmento se describen algunas actuaciones generales de distintas entidades gubernamentales, principalmente anteriores a la adopción del Auto 092/08; se explica al inicio del capítulo que “anticipándose al Auto 092 de 2008, el Gobierno Nacional había considerado fundamental incorporar el enfoque diferencial de género a la Política Pública de Atención a la Población Desplazada, siguiendo un proceso técnico y adoptando 'Medidas comprehensivas para la protección de los derechos fundamentales de las mujeres desplazadas por la violencia y para la prevención del impacto de género desproporcionado del desplazamiento forzado', tal y como lo ha señalado la Honorable Corte Constitucional.” A continuación sigue la descripción de algunas actividades de entidades administrativas del orden nacional, que no se relacionan con el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional al Director de Acción Social. || También explica el Director de Acción Social que, en su criterio, la oferta institucional existente ya provee una respuesta a los riesgos y facetas de género señalados en el Auto 092 de 2008, así: “El Estado colombiano en respuesta a la problemática del desplazamiento forzado interno ha establecido desde el año 1997 una Política Pública de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, y en desarrollo de ésta ha ejecutado programas y proyectos para que las entidades que conforman el SNAIPD atiendan a dicha población.]

Auto A-116 de 2008

[Resumen automatizado: (ii) Declaró que no habían sido superados los vacíos detectados en el Auto 109 de 2007, para medir el goce efectivo de los derechos de la población desplazada en las etapas de prevención del desplazamiento, de asistencia inmediata y ayuda humanitaria de emergencia y retorno ni incorporan el enfoque diferencial de la atención específica que deben recibir los sujetos de especial protección constitucional, tales como los niños, los ancianos, los discapacitados, las mujeres cabeza de familia, los indígenas y los afrodescendientes. || Que en el Auto 233 de 2007, la Sala Segunda de Revisión advirtió que "la persistencia de vacíos en los indicadores de resultado solicitados le impedirá al gobierno demostrar el avance, estancamiento o retroceso en la superación del estado de cosas inconstitucional y en la garantía del goce efectivo de los derechos de la población desplazada en las etapas de prevención, asistencia inmediata, atención humanitaria, y retorno, o para demostrar el goce efectivo de los derechos de los sujetos de especial protección constitucional que son víctimas del desplazamiento forzado.]

Auto A-92 de 2008

Protección de los Derechos fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado, en el marco de la superación del Estado de Cosas Inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004, después de la sesión pública de información técnica realizada el 10 de mayo de 2007 ante la Sala Segunda de Revisión

early_on

2007

Auto A-304 de 2007

[Resumen automatizado: Cámara de Representantes, para que fueran enviadas distintas pruebas sobre el trámite seguido para la aprobación del Informe de objeciones presidenciales al proyecto No. 293 de 2006 - Senado de la República -, 12 de 2005- Cámara de Representantes - "Por el cual se dictan normas para la elección, conformación y funcionamiento de los consejos de la juventud”. || Segundo.- ORDENAR que el presente auto se ponga en conocimiento de los Presidentes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, con el fin de que sean enviadas a la Corte Constitucional las Gacetas del Congreso necesarias para poder determinar, con base en las pruebas pertinentes, si para la aprobación del informe de objeciones presidenciales se cumplió con el procedimiento establecido. || Cuarto.- Una vez el Magistrado Sustanciador verifique que las anteriores pruebas han sido adecuadamente aportadas se continuará el trámite de las objeciones presidenciales al Proyecto de Ley No. 293 de 2006 - Senado de la República -, 12 de 2005- Cámara de Representantes “Por el cual se dictan normas para la elección, conformación y funcionamiento de los consejos de la juventud”.]

Auto A-262 de 2007

[Resumen automatizado: Estas comunidades y organizaciones son: la comunidad de Curvaradó (Chocó), la comunidad de Jiguamiandó (Chocó), la comunidad de Cacarica (Chocó), las comunidades de El Charco (Nariño), las comunidades del Río Tapaje (Nariño), la comunidad de San Miguel del municipio de San Juan (Chocó), las comunidades del Bajo Río Naya (municipios de Buenos Aires y López de Micay en el Cauca, y Buenaventura en el Valle), las comunidades de los municipios de Mosquera y Olaya Herrera (Nariño), la Mesa Municipal de Población Desplazada de Tumaco, la comunidad de La Nupa (Tumaco) y otras personas afrodescendientes desplazadas desde la ciudad de Tumaco a otras regiones del país, representadas por la Fundación Arte y Cultura del Pacífico (FUNDARTECP), el Consejo para el Desarrollo Integral de las Comunidades Negras de la Cordillera Occidental de Nariño, algunos líderes y personas afrodescendientes desplazados en Buenaventura, la Asociación de Comunidades Afrodescendientes del Bajo Atrato (ASCOBA), la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur (RECOMPAS), el Consejo Comunitario Mayor del Medio Atrato (COCOMACIA), la organización Proceso de Comunidades Negras (PCN), la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), la organización Asociación para el Desarrollo Integral de la Mujer, la Juventud y la Infancia, “Asomujer y Trabajo”, la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), el Comité de Desplazados Gestión y Veeduría (CODEGEVED) y el Consultivo de Alto Nivel y Consejero Nacional de Cultura por las Comunidades Negras.]

Auto A-251 de 2007

[Resumen automatizado: Informe actual sobre la situación de violencia en los pueblos Wiwa y Kogui en la Sierra Nevada de Santa Marta Colombia (informe preparatorio para la Misión Internacional de Verificación de septiembre de 2006). || Documento titulado “Situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario pueblo Kankuamo Sierra Nevada de Santa Marta, Valledupar, Cesar, 2005-2006 (Primer Trimestre)”, por el Consejo Nacional Indígena de Paz CONIP, Septiembre de 2006. || Informe titulado “Situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario Pueblo Embera Katío Tierralta, Córdoba, 2005-2006 (primer trimestre)”, por el Consejo nacional Indígena de Paz CONIP, septiembre de 2006. || Documento titulado “Informe Actual sobre la Situación de Violencia en las Comunidades Embera Chamí, Riosucio-Caldas” Informe Preparatorio para la Misión Internacional de Verificación de la Verdad en Pueblos Indígenas, septiembre de 2006. || Documento titulado “Informe Actual sobre la Situación de Violencia en los pueblos indígenas del Departamento del Putumayo/Colombia” Informe preparatorio para la Misión Internacional de Verificación de la Verdad en Pueblos Indígenas, julio de 2006.]

Auto A-233 de 2007

[Resumen automatizado: del Auto 109 de 2007, teniendo en cuenta los criterios de pertinencia, adecuación y suficiencia, la Sala Segunda de Revisión, identificó de los indicadores de resultado propuestos por el gobierno -indicadores principales, complementarios y sectoriales asociados - aquellos que a pesar de cumplir con algunos de estos criterios y podían ser adoptados en el Auto 109 de 2007, pero tenían aún fallas significativas que debían ser llenados y destacó dos falencias principales: (i) Respecto de todos los derechos, la falta de indicadores de resultado con enfoque diferencial que midieran de manera sistemática el goce efectivo de derechos de los sujetos de especial protección constitucional, tales como las mujeres, los niños, los ancianos, las personas con discapacidad, los indígenas y los afrocolombianos; y (ii) en relación con los indicadores sobre el derecho al retorno, el que el gobierno sólo hubiera cobijado los aspectos de estabilización socioeconómica y dejado por fuera aspectos esenciales del derecho al retorno, y definió un procedimiento breve para superar las falencias identificadas.]

Auto A-168 de 2007

[Resumen automatizado: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 241, numeral 8 de la Constitución Política, ha proferido la siguiente decisión, relativa a las objeciones presidenciales al proyecto de ley n° 86/05 Senado 205/04 Cámara, “por medio de la cual se dicta la Ley de Teatro Colombiano, se crea el Fondo Nacional del Teatro y se dictan otras disposiciones”. || Segundo.- REMITIR al Presidente de la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley n° 86/05 Senado 205/04 Cámara, “por medio de la cual se dicta la Ley de Teatro Colombiano, se crea el Fondo Nacional del Teatro y se dictan otras disposiciones, con el objeto de que rehaga e integre las disposiciones afectadas en términos concordantes con el dictamen de la Corte, de conformidad con los previsto en el artículo 167 de la Constitución y las razones expuestas en la sentencia C-856 de 2006. || 86/05 Senado 205/04 Cámara, “por medio de la cual se dicta la Ley de Teatro colombiano, se crea el Fondo Nacional de Teatro y se dictan otras disposiciones”, no cumplía con las exigencias del artículo 167 Superior, “razón por la cual no es procedente que la Corte Constitucional dicte aún la sentencia definitiva sobre este proyecto”, y en consecuencia, ordenó remitir, una vez más, el mencionado proyecto a la Cámara de Representantes para efectos de que fue rehecho.]

Auto A-109 de 2007

(Auto A-109-07) Indicadores de goce efectivo de derechos, complementarios y asociados de la población desplazada, que permiten conocer el cumplimiento de las obligaciones, entre otras en salud, protección y demás derechos de la población en situación de desplazamiento. Rechaza los indicadores propuestos por el Gobierno Nacional para los derechos a la vida, la integridad, y la libertad y seguridad personales, la reparación y participación y a la reunificación familiar - [Resumen automatizado: Que los organismos de control, la Comisión de Seguimiento y el ACNUR han presentado a lo largo de todo este proceso, entre el 12 de diciembre de 2006 y el 30 de abril de 2007, los siguientes documentos relativos a los indicadores de resultado de goce efectivo de derechos: 1) Durante los días 11, 12, 13 y 14 de diciembre de 2006, la Corte Constitucional recibió las baterías de indicadores diseñadas y aplicadas por el gobierno nacional, por la Procuraduría General de la Nación, por la Contraloría General de la República, por la Defensoría del Pueblo, por la Comisión de Seguimiento de la Política Pública frente al Desplazamiento Forzado y un documento de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados denominado "El proceso de construcción de instrumentos de medición de la política pública de prevención, protección y atención al desplazamiento forzado interno en Colombia, en función del criterio de goce efectivo de derechos", así como dos anexos con la aplicación de esa metodología para el caso de la Ayuda Humanitaria de Emergencia.]

Auto A-27 de 2007

[Resumen automatizado: Que debido a lo anterior, mediante Auto 337 de 2006, la Sala de Tercera de Revisión adoptó una metodología de trabajo e intercambio de documentos técnicos sobre el diseño y la aplicación de las baterías de indicadores empleadas o diseñadas por distintas entidades, a fin de contar en el corto plazo con indicadores de resultado que permitan medir el avance, estancamiento o retroceso en la superación del estado de cosas inconstitucional y en la garantía del goce efectivo de los derechos de la población desplazada. || Solicitará al gobierno, a la Procuraduría General de la Nación, a la Comisión de Seguimiento a la Política Pública para el Desplazamiento Forzado, a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General de la Nación que remitan a la Corte Constitucional, a más tardar el 12 de diciembre de 2006, un documento que contenga (i) la batería de indicadores de resultado diseñados y aplicados hasta el momento; (ii) la aplicación de esos indicadores de resultado ya diseñados; y (iii) la batería de indicadores de resultado propuestos, así no hayan sido aplicados, que permitirán medir el goce efectivo de los derechos de la población desplazada.]

early_on

2006

Auto A-333 de 2006

[Resumen automatizado: A continuación, presentamos los resultados de la aplicación del Modelo de Seguimiento y Evaluación[8] a las unidades territoriales de Acción Social, en el componente de valoración de las declaraciones para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2006[9] a Arauca, Barranquilla, Bogotá D.C., Cartagena, Manizales, Montería, Riohacha, Sincelejo, Ibagué y Cali) y dieciocho departamentos (Amazonas, Antioquia, Boyacá, Caquetá, Cesar, Chocó, Guainía, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda y Vichada). || Verificada, con base en los informes presentados, la aparente persistencia de una falta de coordinación efectiva del sistema por parte de Acción Social, así como el retraso en el cumplimiento de la orden impartida al CNAIPD y el vencimiento del término dentro del cual debió ser cumplida, debe resaltar la Corte que la ausencia de una instancia central de coordinación en la ejecución de la política pública de atención al desplazamiento interno tiene como consecuencia directa la fragmentación y falta de armonía de sus diferentes componentes, todo lo cual redunda negativamente sobre la protección de los derechos fundamentales de las personas desplazadas por la violencia.]

Auto A-49 de 2006

[Resumen automatizado: Como tercer argumento se indica que el juez competente para conocer en última instancia de los procesos electorales es el Consejo de Estado y por lo tanto es éste quien debe decidir sobre la elección de Ati Quigua y aunque la providencia se haya dictado como mecanismo transitorio, la misma deja sin efectos la sentencia del Tribunal Administrativo. || No obstante, reconocer que puede solicitarse la nulidad de una providencia de la Corte Constitucional, no implica reconocer que existe “un recurso contra sus providencias” ni una “nueva oportunidad para reabrir el debate o examinar controversias que ya fueron concluidas.” En el Auto 031a de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) se indicó que “[p]or razones de seguridad jurídica y de necesidad en la certeza del derecho, la declaratoria de nulidad de una sentencia de la Corte reviste características particulares, pues 'se trata de situaciones jurídicas especialísimas y excepcionales, que tan sólo pueden provocar la nulidad del proceso cuando los fundamentos expuestos por quien la alega muestran, de manera indudable y cierta, que las reglas procesales aplicables a los procesos constitucionales, que no son otras que las previstas en los decretos 2067 y 2591 de 1991, han sido quebrantadas, con notoria y flagrante vulneración del debido proceso.]

early_on

2005

Auto A-178 de 2005

[Resumen automatizado: 7. Que mediante auto del día 27 de mayo de 2005, la Sala Tercera de Revisión decidió convocar a una audiencia de información "con el fin de acopiar los últimos elementos de juicio relevantes para resolver si hubo o no cumplimiento de las órdenes de la sentencia T-025 de 2004 relativas a la superación del estado de cosas inconstitucional, para luego adoptar las medidas a que hubiere lugar."[1] A dicha audiencia fueron citados, el Ministro del Interior y de Justicia, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, el Director del Departamento Nacional de Planeación, el Director de la Red de Solidaridad Social y el Secretario General de la Presidencia de la República en su condición de Presidente del Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, así como los demás miembros del Consejo que tuvieran información pertinente, considerando que "la carga de demostrar el cumplimiento de lo ordenado recae sobre las autoridades administrativas competentes y responsables, las cuales en sus informes y en sus comentarios a las evaluaciones efectuadas por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo no han respondido todas las inquietudes pertinentes." Igualmente, la Sala invitó al Procurador General de la Nación y al Defensor del Pueblo, en su calidad de evaluadores del cumplimento de la sentencia, así como también a algunas organizaciones gubernamentales y representantes de la población desplazada que habían enviado a la Corte informes generales o regionales de evaluación del cumplimiento de la sentencia (la Comisión Colombiana de Juristas, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento - CODHES, la Mesa de Trabajo de Bogotá sobre Desplazamiento, la Mesa Nacional de Desplazados, los Espacios Regionales de Población Desplazada de Urabá, Magdalena Medio, Atlántico, Sucre, Cundinamarca, Tolima y Putumayo, la Mesa Departamental de Población Desplazada de Nariño, la Mesa de Trabajo Distrital, la Asociación de Refugiados Internos Colombianos, la Asociación de Desplazados por un Nuevo Futuro y la Coordinación Nacional Independiente de la Población Desplazada del Atlántico).]

Auto A-37 de 2005

[Resumen automatizado: Conflicto de Competencia suscitado entre el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Antioquia y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Envigado en la acción de tutela promovida por Alvaro A. || Provee la Corte Constitucional sobre el aparente Conflicto de Competencia suscitado entre el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Antioquia y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Envigado en la acción de tutela promovida por Alvaro A. || 3. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Envigado mediante auto de diez (10) de noviembre de 2004, se declaró incompetente para conocer de la acción a que se ha hecho referencia, por cuanto estima que si se trata de una acción popular ejercida contra una entidad territorial del orden municipal, la competencia corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, en tal virtud, ordenó la remisión de la actuación al Tribunal Administrativo de Antioquia. || 4. El Tribunal Administrativo de Antioquia Sala Primera de Decisión-, mediante auto de 2 de diciembre de 2004 manifestó su incompetencia para conocer de la acción aludida y ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional, para que esta resuelva el conflicto surgido entre la jurisdicción ordinaria y la contencioso administrativa.]

early_on

2004

Auto A-185 de 2004

[Resumen automatizado: 6. El 9 de agosto de 2004, la Red de Solidaridad Social envió a la Corte un informe sobre el cumplimiento del ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia T-025 de 2004, en el cual describe las acciones realizadas por la Red y las demás entidades del Sistema de Atención Integral a la Población Desplazada "tendientes a hacer entrega real y efectiva de los beneficios de aquellos derechos de contenido prestacional, concretamente, el derecho a una subsistencia mínima (atención humanitaria de emergencia), salud (urgente e indispensable), educación (hasta los quince años) e información sobre oportunidades para generación de ingreso." El informe contiene más de 10.000 folios e incluye 23 fólderes AZ con información relativa a los distintos componentes de la política, presentada de manera dispersa, a través de documentos no clasificados ni identificados según las referencias empleadas en el informe general de la Red. En dicho informe se reportan como acciones concluidas, decisiones adoptadas por las distintas entidades del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, medidas de carácter general aplicadas a toda la población, la realización de reuniones de coordinación para iniciar una acción concreta o para definir el tipo de acción a seguir, la mención de los propósitos y metas futuras de los distintos programas, o la descripción de trámites adelantados, así como también algunos resultados puntuales.]

early_on

2003

Auto A-231 de 2003

[Resumen automatizado: 1. El ciudadano Edgar Eduardo Robles Fonnegra, interpuso acción de tutela en contra de la Asociación Scouts de Colombia, para que le fueran protegidos el derecho a la igualdad y al libre desarrollo de su personalidad, por cuanto según su afirmación por su condición de homosexual fue desvinculado de la Asociación Scouts de Colombia a la cual pertenecía con una antigüedad de 24 de años, en los cuales ocupó distintos cargos de liderazgo y jerarquía, sin que en su hoja de vida hubiera anotación alguna de carácter negativo. || La Corte Constitucional, mediante Sentencia T-808 de 18 de septiembre de 2003, proferida por la Sala Segunda de Revisión revocó la decisión del Juzgado 50 Penal del Circuito de Bogotá en esta acción de tutela acabada de mencionar y, en su lugar, concedió el amparo a los derechos fundamentales impetrados por el actor, razón por la cual impartió orden al representante legal de la Asociación Scouts de Colombia, o a quien haga sus veces, para que en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de la sentencia de la Corte inscriba al actor como Scouts dentro de esa Asociación. || DENEGAR la solicitud formulada por la Asociación Scouts de Colombia para que se declare la nulidad de la Sentencia T-808 de 18 de septiembre de 2003, proferida por la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional., en la acción de tutela promovida por el ciudadano Edgar Eduardo Robles Fonnegra contra esa Asociación.]

early_on

2000

Auto A-58 de 2000

[Resumen automatizado: 3. El Juzgado Veintitrés Civil del Circuito de Santafé de Bogotá al que correspondió el expediente por reparto, mediante auto de 7 de diciembre de 1999, también declaró su incompetencia para conocer de esta acción de tutela, bajo la consideración de que, si bien es verdad que las entidades contra las cuales ella está dirigida tienen su sede en la Capital de la República, no es menos cierto que el actor optó por incoar la acción ante el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga, por considerar que en esa ciudad se produjo la violación de los derechos cuya protección solicita, razón por la cual ese despacho adquirió competencia para pronunciarse sobre el particular. || 4. Aplicadas las nociones anteriores para dirimir este conflicto de competencia, se concluye, sin esfuerzo, que la decisión sobre el mismo corresponde a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil, como quiera que los Juzgados Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga y Veintitrés Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, pertenecen a distintos distritos judiciales, de los cuales es aquella Corporación el superior común. || Abstenerse de resolver el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga y Veintitrés Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, en la acción de tutela promovida por Jorge J.]

early_on

1997

Auto A-47 de 1997

[Resumen automatizado: Recurso de Súplica contra el auto proferido por el Magistrado Jorge Arango Mejía, mediante el cual se rechazó la demanda interpuesta contra el artículo 411, numeral 9 del Código Civil. || Procede la Sala Plena de la Corte Constitucional a resolver el recurso de súplica interpuesto en tiempo por el ciudadano RAFAEL SOTO BELTRAN, contra el auto de diez (10) de octubre del año en curso, por el cual el Magistrado Sustanciador, Jorge Arango Mejía, rechazó la demanda formulada en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, contra el artículo 10 del Decreto 2651 de 1991. || El actor, en su escrito de demanda argumenta que "el artículo 411 del C.C. numeral 9, al establecer que están obligados a dar alimentos a los hermanos legítimos, dejando de lado a los hermanos extramatrimoniales y adoptivos, hace una distinción carente de respaldo constitucional y por ello quebranta ostensiblemente los derechos de los niños (art. || "El artículo 6° inciso 4° del decreto 2067 de 1991, establece que una vez repartida la demanda de inconstitucionalidad, el Magistrado Sustanciador podrá rechazarla cuando las normas acusadas estén amparadas por una sentencia que hubiere hecho tránsito a cosa juzgada constitucional.]

Auto A-19 de 1997

[Resumen automatizado: Cuando con la decisión que se va a tomar en el fallo de tutela se pueden ver afectadas personas diferentes al demandado, V.g. cuando a una autoridad, sin haberse hecho parte en el proceso, se le impone a través de una sentencia de tutela una orden para que realice o ejecute determinado acto, ello debe estar precedido de su participación en el proceso y corresponde al juez integrar el litis consorcio necesario y citarla para que comparezca. || La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Vladimiro Naranjo Mesa -Presidente de la Sala-, Jorge Arango Mejía y Antonio Barrera Carbonell, procede a revisar el fallo de tutela proferido por el Juez 7º Civil Municipal de Ibagué, de fecha 7 de abril de 1997, mediante el cual se resolvió negar la acción de tutela presentada por los Padres de Familia de la Escuela Urbana Mixta Tulio Varón, contra el Gobernación del Tolima y el Secretario de Educación Departamental. || De conformidad con el artículo 34 del decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional entra a revisar la sentencia proferida por el Juzgado 7º Civil Municipal de Ibagué, de fecha 7 de abril de 1997.]

Normograma de la Defensoría del Pueblo

ISBN : [PENDIENTE]

Última actualización:

Control de versiones

Créditos y reserva de derechos de autor

Defensoría del Pueblo - DRA © 2023

QUIÉNES SOMOS

Atención al ciudadano: Carrera 9 No. 16-21

Código Postal: 110231

ÚNICA línea Nacional: 01-8000-914-814

PBX: (60) (1) 314 40 00

PBX: (60) (1) 314 73 00

Sede Nacional: Calle 55 No. 10-32

Bogotá D.C - Colombia

Notificaciones Judiciales

ENLACES DE INTERÉS

ProSedHer
Escuela de Defensoría Pública “Roberto Camacho Weverberg”
Sistema de información interinstitucional de justicia transicional
Observatorio

ORGANIZACIONES SINDICALES

ASEMDEP
SINDHEP
ASDEP

ENLACES DE USO INTERNO

Visión WEB
Correo Electrónico
La Paloma Mensajera
SISAT - Sistema de Información del Sistema de Alertas Tempranas

Image description

#NosUnenTusDerechos

© 2022Políticas de privacidad | Términos y condiciones de uso

Siguenos en nuestras redes sociales